Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01461-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01461-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01461-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01461-01
Accionante: WILSON RENÉ GONZÁLEZ CORTÉS
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
Acción de tutela - sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación formulada por el accionante contra la
sentencia del 6 de mayo de 2022 mediante la que la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado declaró la carencia de objeto por
hecho sobreviniente dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor Wilson René González Cortés, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso administrativo, acceso al ejercicio de funciones y cargos
públicos, trabajo e igualdad, con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
El señor Wilson René González Cortés se inscribió en la convocatoria
No. 22 de 2013, “por medio de la cual se adelanta el proceso de
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selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial”, para el cargo de
magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial).
Superadas las etapas del proceso, fue incluido en el registro nacional
de elegibles conformado el 20 de marzo de 2018 con vencimiento el 19
de marzo de 2022.
El 10 de septiembre de 2021, al señor Luis Fernando Zapata Arrubla se
le aceptó la renuncia al cargo de magistrado que desempeñaba en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia por lo que, en la
misma fecha, el accionante le solicitó al presidente de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que, en aplicación del artículo 167 de la
Ley 270 de 1996, reportara dicha vacante, solicitud frente a la que, a
la fecha de presentación de la acción de tutela, no había recibido
respuesta alguna.
Describió que finalizando octubre de 2021, la entonces secretaría
judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue nombrada en
provisionalidad en el cargo de magistrada de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, “sin atender lo dispuesto en la Circular
PCSJC17-36 del 25 de septiembre de 2017, y reglas jurisprudenciales
establecidas en las sentencias S-553 de 2015, C-713 de 2008, C-333
de 2012 y 532 de 2013”.
Ante el silencio de la entidad, el 9 de noviembre de 2021 le solicitó a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial que le informara si “había
sido reportado el cargo de Antioquia para poder optar por él”, ante lo
que, el 12 de noviembre de 2021, se le comunicó que “no había sido
reportada la vacante y por eso no había sido publicada” y que, además,
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se le remitiría copia de la petición a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
Señaló que pese a que la Comisión desconoció el término legal de 3
días para reportar la vacante desde que se produce, pues solamente lo
hizo el 2 de diciembre de 2021, optó por dicha plaza y ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles con 661.35 puntos.
No obstante, le pidió a la unidad informarle si se había presentado
alguna solicitud de traslado a dicho cargo, ante lo que se le comunicó
que se habían radicado dos peticiones en ese sentido por un magistrado
en propiedad de la Seccional Boyacá y otro de la Seccional Cesar, por
lo que pidió darle prelación a su nombramiento, en consideración a que
el registro de elegibles estaba próximo a vencerse.
El 9 de febrero de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJ22-11922 –publicado en la gaceta del 10 de febrero de
2022–, mediante el cual formuló ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial la lista de candidatos, tomada del registro nacional de elegibles
para proveer la vacante de la seccional de Antioquia, figurando en
primer lugar el accionante con 661.35 puntos.
Mediante oficio CJO22-769 del 1.º de marzo de 2022, la directora de la
Unidad de Carrera Judicial le informó que el anterior Acuerdo se envió
al nominador el 14 de febrero de 2022.
Señaló que, según el artículo 167 de la Ley 270 de 1996, el
nombramiento debe efectuarse dentro de los 10 días siguientes a la
radicación de la lista de elegibles, lapso que, según manifestó, ya se
encuentra superado por circunstancias que ignora, por lo que el 17 y el
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25 de febrero de 2022 le solicitó a la Comisión incluir en el orden del
día de la Sala Plena su nombramiento.
En atención a ello, el 2 de marzo de 2020 recibió oficio por parte de la
presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el que le
informó que “el asunto será incluido en el orden del día de la próxima
Sala”; sin embargo, ello no garantiza que la situación se defina.
Manifestó que “… el uso de la lista de elegibles por parte de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial para el nombramiento, confirmación y
posesión de quienes me antecedieron en el Registro de Elegibles, se
presentó sin tropiezos, varias magistradas y magistrados ejercen hoy
el cargo en la jurisdicción seccional disciplinaria en virtud del registro
de elegibles proveniente de la convocatoria N° 22, lo que me hace ver
un trato discriminatorio por parte del nominador y por consiguiente
vulnerador del derecho a la igualdad. Estamos a solo días del
vencimiento del Registro de Elegibles lo que torna dramática mi
situación, requiero que en cumplimiento de los artículos 13, 25, 29, 40-
7 y 125 de la constitución Política, así como la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
ordene mi nombramiento, o en su defecto, ordene inmediatamente el
traslado que corresponda, para que se genere el cargo del funcionario
trasladado antes de que pierda vigencia el Registro de Elegibles”.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERA: Tutelar mis de derechos fundamentales, AL DEBIDO PROCESO, ACCESO
AL EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS, IGUALDAD, Y TRABAJO violados, o en
inminente riesgo, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEGUNDA: Que en consecuencia se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
que en el término MÁXIMO DE CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, proceda al
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nombramiento de este servidor en el cargo de Magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, ordenando, además, la comunicación inmediata de esa
decisión.
TERCERA: Subsidiariamente, y en el evento que proceda y se materialice un traslado, se
ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura,
que el mismo se realice inmediatamente, se reporte el cargo dentro de los tres (3) días
siguientes, y me garanticen el acceso al cargo de magistrado de Comisión Seccional de
Disciplina Judicial, en el lugar donde se genere el cargo del magistrado trasladado, o, en su
defecto, en cualquiera que se genere por renuncia del titular en otra seccional de disciplina
judicial».
3. INTERVENCIONES
Mediante auto del 10 de marzo de 2022, la Sección Tercera, Subsección
A de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como
accionado y a los señores Gustavo Alfonso Ledesma Henao y Édgar
Ricardo Castellanos Romero – solicitantes de traslado a la vacante de
magistrado en la Seccional de Antioquia –, Ricardo Ernesto Valdivieso
Salguero y Antonio Manuel Barrios Guardiola – integrantes de la lista
de candidatos para proveer la vacante – y a la señora Yira Lucia Olarte
Ávila – magistrada en provisionalidad de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia –.
3.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó negar el
amparo reclamado, argumentando que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del señor González Cortés, toda vez que ha actuado con
fundamento en el criterio del mérito.
Al efecto, manifestó que, de conformidad con la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, una de las formas para proveer un cargo de
carrera en propiedad es el traslado, por lo que “no implica el
desconocimiento de los derechos a acceder a la carrera judicial de
quienes participan en los concursos de méritos y hacen parte del
respectivo registro de elegibles, por cuanto la figura del traslado de un
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funcionario de carrera introducida, no implica la desaparición de la
vacante en términos absolutos”.
Precisó que en el caso puntual de la provisión de la vacante en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, la presidenta de
la corporación convocó a sesión los días 9, 11 y 16 de marzo de 2022,
y que en la última de ellas decidió trasladar al doctor Gustavo Eduardo
Ledesma Henao, acogiendo el concepto favorable emitido por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial el 28 de enero de 2022.
Asimismo sostuvo que las situaciones y sujetos interesados en dicha
vacante no resultan comparables, dado que la situación jurídica de
quien desempeña un cargo en la Rama Judicial y se encuentra inscrito
en carrera es diferente a la de quien se encuentra concursando y “tan
solo tiene una expectativa de acceder a ella”, por lo que el nominador,
en el marco de su potestad, bien puede dar prioridad en la selección de
las plazas vacantes a quienes ya se encuentran inscritos en la carrera
judicial.
A ello agregó que, en términos de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, no puede desconocerse que la selección del funcionario
para proveer una vacante es de resorte del nominador, previo análisis
de la lista de candidatos y las solicitudes de traslado y que aunque en
esta decisión deben garantizarse los derechos fundamentales también
se debe ponderar el derecho de acceder a cargos públicos en igualdad
de oportunidad, el derecho a la salud e, incluso, a la vida del funcionario
y sus familiares.
En ese contexto, señaló que existieron razones objetivas para conceder
el traslado del señor Gustavo Eduardo Ledesma a la vacante en la
seccional Antioquia, tales como su puntaje al ingreso a la carrera
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judicial, la antigüedad en el ejercicio del cargo de magistrado, que para
el momento de la conformación de la lista de elegibles ya existía el
concepto favorable emitido por la Unidad de Carrera Judicial y, además,
que “la aceptación de un traslado por salud de un familiar, responde a
razones objetivas tendientes a proteger derechos fundamentales, y ello
no es óbice para que se desconozcan por completo los derechos que le
asisten a las personas inscritas en la carrera judicial, en la medida que
en todo caso queda otra vacante, en la ciudad de Tunja, (la del
funcionario sujeto de traslado)”.
3.2. El señor Gustavo Adolfo Ledesma Henao, en su condición de
magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare,
se opuso a la prosperidad de la acción de tutela argumentando que no
se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, porque
su nombramiento como magistrado en la Seccional de Antioquia es una
mera expectativa, dado que “no es el único con opción para que sea
nombrado”.
Agregó que “… es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la que
según su competencia y autonomía puede hacerlo, de entre quienes
nos encontramos con igual derecho, para lo cual debe ponderar los
intereses de cada aspirante a ocupar la vacante mencionada”, y que “…
cuento con aprobación del Consejo Superior de la Judicatura, de la
solicitud que hice de mi traslado, como funcionario de carrera, como lo
reconoce el mismo accionante, al aparecer en la lista de aspirantes el
7 de febrero del presente año, debe la honorable Comisión Nacional de
Disciplina Judicial ponderar los intereses de quienes aparecemos en la
mencionada lista, para lo cual, considero, son los que manifesté para
el derecho que tengo al traslado, los que deben prevalecer, esto es,
como magistrado inscrito en carrera desde el 12 de marzo de 2008 y
porque el fundamento de la solicitud de mi traslado se apoya en lo
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dispuesto en el artículo 134-1, Ley 270 de 1996, por la necesidad
urgente de acompañar a mi madre anciana y viuda de 79 años, quien
reside en Medellín, y padece EPOC SEVERO (oxígeno dependiente),
operada de corazón abierto y de fractura de cadera, por lo que requiere
de acompañamiento permanente …”.
3.3. El señor Antonio Barrios Guardiola, como integrante del
registro de elegibles para el mismo cargo, coadyuvó las pretensiones
del señor González Cortés y señaló que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial “no solo le viene vulnerando a él los derechos que
menciona sino también al suscrito, quien también aparece inscrito en
la lista de elegibles para la vacante que desde el 7 de abril de 2021 se
viene presentando en la seccional de Santa Marta, sin que tampoco por
este caso la accionada proceda a darle cumplimiento al artículo 167 de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia…”.
Refirió que es “injusto” que la entidad creada para vigilar y sancionar a
los funcionarios de la Rama Judicial que incumplan la Constitución
Política y la ley no acate lo previsto en el artículo 125 superior y el
artículo 167 de la Ley 270 de 1996 y expuso que, en su caso particular,
tuvo que presentar una petición para que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial publicara la vacante de la seccional de Santa Marta,
lo que solo ocurrió en junio de 2021, pese a que la vacante se presentó
desde el 7 de abril de ese año.
Por tanto, pidió que, además de conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados en protección, se ordene a la entidad
abstenerse de nombrar personas que no hacen parte del registro de
elegibles y pidió que se disponga “la prolongación de la vigencia del
Registro de Elegibles para magistrado de la Comisión Seccional de
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Disciplina Judicial, hasta que se agote la lista o hasta que empiece a
regir el futuro registro de elegibles”.
3.4. El señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira, integrante, también,
del registro de elegibles, señaló que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial ha desacatado, en dos oportunidades, la orden impartida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela
radicada con el n.º 2021-0738, “al no haber efectuado la confirmación
y posesión de Rodrigo Hernán Ortiz Rosero (numeral 2 del fallo), como
tampoco realizó el nombramiento del magistrado para la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia (numeral 4 del fallo)”,
incumplimiento que también se materializó el pasado 16 de marzo,
cuando se decidió trasladar al magistrado Gustavo Adolfo Ledesma
Henao de la Seccional de Boyacá a la de Antioquia, situación que
contribuye a la vulneración de los derechos fundamentales de quienes
concursaron, pues, pese a que el traslado es una forma de proveer
cargos, no es aceptable que la Comisión utilice dicha figura para
desconocer los derechos de carrera de quienes hacen parte del registro
de elegibles.
3.5. El señor Wilson René González Cortés aportó al proceso,
copia de la sentencia del 10 de marzo de 2022 proferida por la Sección
Cuarta de esta corporación bajo el radicado n.º 2021-07384, mediante
la cual se ordenó “(…) a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, realice el nombramiento del magistrado para la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con base en la lista de
candidatos contenida en el Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de febrero de
2022. Gestión que debe realizarse incluso de llegar a fenecer el registro
de elegibles, antes de haberse efectuado el referido nombramiento”.
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3.6. Posteriormente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
informó que, por medio de Acuerdo No. 016 de 31 de marzo de 2022,
dispuso el traslado del magistrado Ledesma Henao al cargo a la
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, a partir del 19 de abril de
2022, en atención a su solicitud de “postergar su posesión una vez
finalizada la Semana Santa, aduciendo que aún no había finiquitado el
inventario de procesos a su cargo” y aclaró que “a la fecha, aun no se
tiene lista de elegibles para proveer el cargo de magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, por
cuanto, la Unidad de Carrera Judicial no ha informado a esta
Corporación la lista de elegibles y/o solicitudes de traslado que se hayan
presentado para dicha dignidad”.
Por otra parte, la Unidad de Administración de Carrera Judicial informó
que, mediante Oficio SJ-JAGF-009871 del 6 de abril de 2022, se remitió
a esa unidad el acuerdo por medio del cual se trasladó al señor Ledesma
Henao – magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Boyacá y Casanare – a la Seccional de Antioquia y que este tomaría
posesión del cargo el 19 de abril del año en curso. Agregó que, en esa
misma fecha (6 de abril de 2022), se reportó la vacante del cargo de
magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y
Casanare a partir del 19 de abril de 2022 y, por ende, su publicación
“se hará dentro de los cinco primeros días hábiles del mes de mayo”.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 6 de mayo de 2022, declaró la carencia de objeto por
hecho sobreviniente, toda vez que los cuestionamientos que se
plantean en la presente acción de tutela relacionados con el retardo
injustificado en proveer la vacante para la Seccional de Antioquia se
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resolvieron en la sentencia del 10 de marzo de 2022 proferida por la
Sección Cuarta de esta corporación, en la que dispuso:
[…] 4. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, realice el
nombramiento del magistrado para la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Antioquia, con base en la lista de candidatos contenida en el Acuerdo PCSJA22-
11922 del 9 de febrero de 2022. Gestión que debe realizarse incluso de llegar a
fenecer el registro de elegibles, antes de haberse efectuado el referido nombramiento
[…].
Ello porque, aunque dicha acción de tutela no fue promovida por el hoy
accionante, la orden se encaminó a proveer la plaza de la Seccional de
Antioquia con el Acuerdo PCSJA22.11922 del 9 de febrero de 2022,
donde figura en el primer lugar de elegibles el accionante y, en ese
sentido, el amparo dispuesto en ese proceso efectivamente cobijó al
señor González Cortés.
5. IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia, argumentando que
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, la acción de tutela es procedente para la protección del
derecho adquirido de quien se encuentra de primero en una lista de
elegibles para la provisión de cargos por carrera administrativa y
judicial, en amparo del principio del mérito y los derechos de acceso a
los cargos públicos mediante concurso de méritos, debido proceso,
igualdad y trabajo y aclaró que si bien es cierto la sentencia dentro del
proceso de tutela Rad. No. 11001-03-15-000-2022-01741-00 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado ordenó nombrar al primero
de la lista de candidatos formulada por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de febrero de 2022,
en el que ese ocupó el primer lugar, aún no se han protegido de manera
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efectiva, real e íntegra sus derechos fundamentales, puesto que no ha
sido nombrado, confirmado y posesionado en el cargo.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, particularmente la
impugnación formulada por el accionante, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo es procedente para disponer el
nombramiento del señor Wilson René González Cortés en el cargo
de magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, tal
como fue ordenado en la sentencia del 10 de marzo de 2022
proferida por la Sección Cuarta de esta corporación?
2. Fundamentos de la decisión. De la improcedencia de la
acción de tutela para obtener el cumplimiento de una decisión
judicial preexistente
Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuandoquiera que ellos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de
los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente derechos
subjetivos fundamentales.
En este orden, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, establece que la tutela es
improcedente, entre otras cosas, “cuando existan otros recursos o
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medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
Ahora bien, por ser la tutela una acción que puede ser ejercida por
cualquier persona, no es posible exigir a quien la interpone ser versado
en asuntos constitucionales, en tanto que es deber del juez escudriñar
sobre el asunto puesto bajo su conocimiento e indagar sobre los hechos
para verificar no sólo su veracidad, sino las violaciones de la Carta
Política que, aunque no sean señaladas por el peticionario, surjan como
consecuencia de su labor judicial.
Si como consecuencia de la labor investigativa desplegada, el juez
constitucional en sede de tutela advierte una violación ius fundamental
y en consecuencia, profiere un fallo mediante el cual da una orden para
corregir infracción, es deber de la autoridad pública accionada cumplirla
dentro del término prescrito en la sentencia. Pero, en caso de que la
autoridad pública no cumpla con la orden judicial, el interesado debe
poner en conocimiento de tal situación al juez, para que adopte
las medidas que la ley dispone con el objeto de procurar que se
dé estricto cumplimiento a lo ordenado, así como acudir al
incidente de desacato.
De esa manera, no puede el afectado interponer una nueva tutela para
suplantar el incidente de cumplimiento o de desacato, pues admitir una
solución como esta, sería convertir al recurso de amparo como la vía
judicial expedita para lograr la eficacia de una decisión judicial
preexistente.
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En ese sentido, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los
siguientes términos:
“No admite la Corte como plausible la posibilidad de la "cascada de tutelas", menos
en relación con asuntos claramente definidos por las instancias competentes, pues
ello comportaría innecesario y peligroso factor de perturbación en la actividad
judicial y en la misma función de defensa de los derechos fundamentales” 1
3. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Wilson René González Cortés invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, acceso al ejercicio de funciones y cargos públicos,
trabajo e igualdad, toda vez que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial se ha abstenido de efectuar su nombramiento como magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, pese a que
mediante el Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de febrero de 2022 ocupó
el primer lugar en la lista de elegibles conformada para proveer ese
cargo.
La Sección Tercera, Subsección A de esta corporación mediante
sentencia del 6 de mayo de 2022 declaró la carencia de objeto por
hecho sobreviniente, toda vez que la Sección Cuarta de esta
corporación, a través de providencia del 10 de marzo de 2022, le
ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dentro de los tres
días siguientes a la notificación del fallo, realizar el nombramiento del
magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia
con base en la lista de elegibles conformada mediante el Acuerdo
PCSJA22-11922 del 9 de febrero de 2022, en la que el accionante ocupó
1
Corte Constitucional. Sentencias T-088 del 17 de febrero de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)
y T-763 del 7 de diciembre de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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el primer lugar, por lo que consideró que su derecho se satisfizo con
dicha orden.
El accionante recurrió dicha decisión, argumentando que a pesar de la
orden mencionada, a la fecha de radicación del recurso no había sido
nombrado, confirmado y posesionado en el cargo, por lo que su derecho
no ha sido garantizado a plenitud.
De conformidad con lo expuesto, lo que advierte esta Sala es que la
existencia de la sentencia proferida por la Sección Cuarta de esta
corporación en la que ordenó “[…] a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de
esta providencia, realice el nombramiento del magistrado para la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, con base en la
lista de candidatos contenida en el Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de
febrero de 2022. Gestión que debe realizarse incluso de llegar a fenecer
el registro de elegibles, antes de haberse efectuado el referido
nombramiento […]” lo que implica es que el accionante cuenta con otros
mecanismos de defensa judiciales para obtener la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que, de no cumplirse dicho fallo,
puede interponer el respectivo incidente de cumplimiento y desacato
previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, por haber
sido vinculado a dicha acción de tutela y ser el directo beneficiario de
dicha decisión.
De esta manera, comoquiera que la inconformidad planteada por el
señor Wilson René González Cortés en la impugnación se refiere a que,
a la fecha de radicación del recurso, no había sido nombrado,
confirmado y posesionado en el cargo, no es dable a este juez
constitucional realizar un nuevo pronunciamiento, puesto que no está
dentro de la competencia del juez de tutela realizar un nuevo análisis
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de fondo frente a un asunto que ya fue discutido por otro juez
constitucional en un proceso en el cual es posible intentar el incidente
de desacato como, en efecto, ya ocurrió, pues verificada la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI, se observa que la
magistrada ponente de dicha sentencia dio trámite al respectivo
incidente mediante proveídos del 11 y 31 de mayo de 2022, proceso en
el cual puede participar de manera activa, en tanto fue vinculado y
participó dentro de la acción de tutela que dio génesis a la providencia
presuntamente incumplida.
De tal modo que, al contar el accionante con otro mecanismo de
defensa que resulta efectivo, se modificará la sentencia de primera
instancia que declaró la carencia de objeto por hecho sobreviniente
para, en su lugar, rechazar la acción de tutela de la referencia, por no
acreditarse el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 6 de mayo de 2022
proferida por la Sección Tercera, Subsección A de esta
corporación que declaró la carencia de objeto por hecho
sobreviniente. En su lugar,
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SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
formulada por el señor Wilson René González Cortés, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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