Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01741-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01741-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01741-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01741-00
Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-01741-00
Demandante LUIS ARIEL RODRÍGUEZ FERREIRA
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Temas Acción de tutela. Convocatoria Nro. 22 de la Rama Judicial.
Actuación temeraria. Cosa juzgada. Principio del mérito y
vacancias temporales en la Rama Judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de marzo de 2022, el señor Luis Ariel Rodríguez Ferreira interpuso acción de
tutela, en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Carrera Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por considerar
vulnerados sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Tutelar mis de derechos fundamentales, AL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO y el ACCESO A CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE EL MÉRITO, así como
los demás que el/la Honorable Magistrado/a encuentre afectados dentro del trámite de la
presente acción constitucional.
SEGUNDA: ORDENAR que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se abstenga de seguir
incumpliendo e irrespetando los términos legales y constitucionales para el nombramiento de
funcionarios de carrera y se ajuste a los lapsos dispuestos para ello por la Ley Estatutaria 270
de 1996 en el artículo 167, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (T-735/99,
T066/01, T-077/05, entre otras).
TERCERA: ORDENAR que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se abstenga de
continuar nombrando en provisionalidad a personas que no hacen parte de la lista de elegibles
de la convocatoria 22 y de hacerse necesario cubrir una vacante temporal o definitiva se haga
uso de la lista. Para ello una vez se presente una vacante para el cargo de Magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial, se proceda al nombramiento del primero de la lista
de candidatos. De no ser aceptado el cargo por el primero en la lista de candidatos, se proceda
al nombramiento del segundo, y así consecutivamente, respetando los términos establecidos
en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996.
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CUARTA: ORDENAR que, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial- se proceda a todo lo anterior, aún en
el evento en que la vigencia de la lista haya llegado a su fin el 19 de marzo de 2022, para lo
cual, de ser necesario, se proceda a emitir los Actos Administrativos o Acuerdos que así lo
dispongan. Y lo anterior, porque la mora administrativa ha sido una práctica ejercida sin
justificación legal alguna por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, atentando
contra el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a cargos públicos mediante el
mérito”2.
2. Hechos
Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Mediante el Acuerdo Nro. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013 (Convocatoria
Nro. 22), el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa convocó a
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.
2.2. El accionante participó en tal convocatoria, en su momento, para el cargo de
magistrado de la sala disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura,
hoy, comisiones seccionales de disciplina judicial.
2.3. En el año 2021, el Consejo Superior de la Judicatura publicó el registro de
elegibles actualizado con posesiones y reclasificación para el cargo de
magistrado de comisión seccional de disciplina judicial. El tutelante ocupó el
quinto puesto con un puntaje de 633,06.
3. Fundamentos de la acción de tutela
El accionante aseguró que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha
desconocido el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, en el cual se establece, por una
parte, que las vacantes definitivas de cargos en la Rama Judicial podrán proveerse
bajo la modalidad de provisionalidad, solo "hasta tanto se pueda hacer la designación
por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses". Y, por la otra,
se dispone que tratándose de vacancias temporales esta procederá cuando no se
haga la designación en encargo o cuando esta sea superior a un mes.
Asimismo, sostuvo que dicha autoridad también ha hecho caso omiso a la Circular
PCSJC17-36, de 25 de septiembre de 2017, mediante la cual el Consejo Superior
de la Judicatura estableció los lineamientos para que dentro de la Rama Judicial las
vacantes transitorias se suplieran con los integrantes de los registros de elegibles.
Y agregó que, al optar por los nombramientos en provisionalidad con personas no
incluidas en el registro de elegibles, incluso se contradice el propio Reglamento
Interno de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como fallos de tutela del
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia,
Como ejemplo de lo anterior trajo a colación lo sucedid o con los cargos creados
mediante el Acuerdo Nro. PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020,
correspondientes a las seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle
del Cauca.
El tutelante aseveró que en esas plazas la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
nombró en provisionalidad a personas que no hacían parte del registro de elegibles.
Informó que los nombrados fueron Elda Patricia Correa Garcés en Antioquia, Julián
Fernando Pérez Carbonell en Atlántico, Martha Cecilia Botero Zuluaga en
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Cundinamarca y Eduardo Castillo González en el Valle del Cauca. Y agregó que
una de las consecuencias de esa maniobra fue "que por varios meses se haya dilatado
y desperdiciado el tiempo que quienes ocupaban los primeros lugares de la lista tenían para
agotar el trámite de postulación y lograr el anhelado, luchado y merecido nombramiento en
propiedad".
Afirmó que, tras esa maniobra inicial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
logró mantener la vinculación de Julián Fernando Pérez Carbonell, esta vez
nombrado en provisionalidad en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Magdalena. En criterio del tutelante, esto significó que "la aspiración de quienes
hacemos parte de la lista de elegibles de optar por un cargo de Magistrado Seccional fue
dilatada por aproximadamente 11 meses y 15 días (a hoy), negándosenos la posibilidad,
legal y constitucional de acceder a desempeñar un cargo de carrera".
Adicional a los nombramientos en provisionalidad mencionados, el accionante
denunció que la vacante que se produjo en la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Antioquia tras la renuncia del magistrado Luis Fernando Zapata Arrubla,
además de no ser comunicada oportunamente al Consejo Superior de la Judicatura,
fue suplida el 28 de octubre de 2021 bajo la modalidad de provisionalidad, con el
nombramiento de Yira Lucía Olarte Ávila. Y agregó que aquella "continua (sic)
desempeñando dicho cargo de carrera, pese a no hacer parte de la lista de elegibles de la
convocatoria Nro. 022".
Por otra parte, se refirió a las renuncias presentadas por los magistrados Lucas
Monsalvo Castilla, Orlando Díaz Atehortúa, Hernán Reina, Carmelo Tadeo
Mendoza y Antonio Suárez Niño, quienes se desempeñaban en las Comisiones de
Disciplina Judicial de César, Bolívar, Guajira y Santander. Aseguró que desde
noviembre de 2021 tales renuncias fueron de conocimiento público, ya que en el
encuentro anual de la jurisdicción disciplinaria se les rindió un homenaje a los
magistrados. No obstante, aseguró que a dichas renuncias no se les ha dado trámite
a seguir, "están 'engavetas' (sic), sin considerar el grave perjuicio que esta conducta
omisiva ocasiona a quienes estamos esperando se genere una vacante antes del
vencimiento de la vigencia de la lista".
Puntualizó que previo a la renuncia del magistrado Antonio Suárez Niño, durante el
año sabático que se le concedió a este último no se nombró a ninguno de los
integrantes del registro de elegibles, "sino que se optó por nombrar en
PROVISIONALIDAD al doctor ALFONSO ESTRELLA OTERO, quien, valga señalarlo
enfáticamente, no hace parte de lista alguna de la convocatoria 22".
De otro lado, se refirió al vencimiento del registro de elegibles para el cargo de
magistrado de las comisiones de disciplina judicial. Al respecto solicitó se
concedieran las pretensiones formuladas aún ante el inminente vencimiento.
Fundamentó tal solicitud en que "a marzo de 2022, y por un largo periodo, no existe ni
existirá otra lista o registro de elegibles diferente a la que nació luego de agotado el trámite
de la convocatoria número 22 para los cargos de Magistrados de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial producto de un concurso de méritos. Esto (…) porque en la convocatoria
número 27, diseñada para proveer cargos de Jueces y Magistrados de la Rama Judicial
una vez se agotaran las listas de la número 22, se han de presentar nuevamente las
pruebas conforme fuera dispuesto en la Resolución CJR20-0202 del Consejo Superior de
la Judicatura, que por errores en el diseño y calificación ordenó la anulación de los
resultados 16 iniciales y dispuso la repetición de las pruebas escritas".
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Además, agregó que debe privilegiarse el principio del mérito sobre el mero paso
del tiempo.
Finalmente, se refirió a su legitimación en la causa y a los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y al acceso a cargos públicos mediante concurso
de méritos.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 24 de marzo de 2022, el consejero de Estado Hernando Sánchez
Sánchez, a quien inicialmente se le repartió la tutela, ordenó remitirla al
Despacho de la magistrada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
2 del artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015.
4.2. Mediante auto de 4 de abril de 2022, el despacho ponente avocó conocimiento
y admitió la tutela presentada por Luis Ariel Rodríguez Ferreira, quien actúa
en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
De otra parte, se ofició al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial para que notificara en calidad de terceros
con interés a las siguientes personas, que de acuerdo con lo informado por el
actor fungen como magistrados en provisionalidad en diferentes seccionales
de disciplina judicial: (i) Elda Patricia Correa Garcés magistrada de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, (ii) Julián Fernando Pérez
Carbonell magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Atlántico, (iii) Martha Cecilia Botero Zuluaga magistrada de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, (iv) Eduardo Castillo
González magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle
del Cauca, (v) Yira Lucia Olarte Ávila magistrada de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia y (vi) Alfonso Estrella Otero magistrado de la
Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá.
Se aclaró que en caso de que las personas incluidas en el párrafo anterior ya
no fungieran como magistrados en la respectiva seccional (Antioquia,
Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bogotá), el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial tendría que notificar,
en calidad de terceros con interés, a quienes a la fecha ocupen tales cargos.
También se ofició al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial para que notificara en calidad de terceros
con interés a las siguientes personas, que de acuerdo con el tutelante
renunciaron a sus cargos como magistrados seccionales de disciplina judicial:
(i) Lucas Monsalvo Castilla Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del César, (ii) Orlando Díaz Atehortúa Magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, (iii) Hernán Reina Magistrado de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, (iv) Carmelo Tadeo
Mendoza Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander y (v) Antonio Suárez Niño Magistrado de la Comisión Seccional de
Disciplina de Bogotá.
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E igualmente, se dispuso que, en caso de que las anteriores personas ya no
ocuparan dichos cargos en las respectivas seccionales (César, Bolívar,
Guajira, Santander y Bogotá), el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial debería notificar, en calidad de terceros con
interés, a quienes a la fecha ocupen tales cargos.
Finalmente, se ofició al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial para que notificara en calidad de terceros
con interés a los integrantes del registro de elegibles para el cargo de
magistrado de comisiones seccionales de disciplina judicial, ofertados
mediante Acuerdo Nro. PSAA13- 9939 de 25 de junio de 2013 (Convocatoria
Nro. 22). Es decir, a las siguientes personas: (i) Rodrigo Hernán Ortiz Rosero,
(ii) Wilson René González Cortés, (iii) Ricardo Ernesto Valdivieso Salguero,
(iv) Iván Elías Bader Pico, (v) Jairo Alberto Fajardo Rondón y (vi) Antonio
Manuel Barrios Guardiola.
4.3. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial aseguró que carece de legitimación por pasiva, debido a que
las actuaciones reprochadas por el accionante han sido adelantadas por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como autoridad nominadora en la
provisión de los cargos de magistrado de las comisiones seccionales de
disciplina judicial. Es a esa autoridad a la que le corresponde decidir sobre los
nombramientos y provisiones del cargo. De ahí que no tiene injerencia alguna
en la situación narrada por el actor.
Añadió que de las pretensiones de la tutela se observa que lo solicitado por el
actor es el nombramiento del primero en la lista de elegibles y que dicha
competencia recae en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Asimismo, sostuvo que cumplió con su deber al publicar las vacantes
reportadas para el cargo de magistrado de comisión seccional de disciplina
judicial y al conformar las listas de elegibles y enviarlas a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial para la provisión del respectivo cargo.
Así sucedió con las vacantes de los cargos de magistrado de Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Magdalena y de Antioquia. La primera fue
publicada del 1 al 8 de junio de 2021 y se procedió a conformar la lista de
elegibles a través de Acuerdo PCSJA21-11809 de 30 de junio de 2021 y
enviarla el 2 de julio de 2021 a la autoridad nominadora para la provisión del
cargo. Y la segunda se publicó del 11 al 17 de enero de 2022 y se procedió a
integrar la lista de elegibles a través de Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de
febrero de 2022 y enviarla por correo electrónico con oficio PCSJO22-74 el 9
de febrero de 2022 a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
De otra parte, manifestó que el registro de elegibles para el cargo de
magistrado de comisión seccional de disciplina judicial tuvo vigencia desde el
20 de marzo de 2018 hasta 19 de marzo de 2022. E indicó que en ese término
cumplió con sus obligaciones al publicar las vacantes reportadas por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
4.4. Antonio Manuel Barrios Guardiola, integrante del registro de elegibles para
el cargo de magistrado de comisión seccional de disciplina judicial, aseguró
que pertenece a la Rama Judicial hace 32 años como juez de la República y
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que actualmente funge como juez quinto penal del circuito de Santa Marta con
funciones de conocimiento en propiedad.
Indicó que las dos autoridades accionadas no solo han transgredido los
derechos de Luis Ariel Rodríguez Ferreira, sino también los suyos y los de los
demás integrantes del registro de elegibles. Esa transgresión se ha provocado
porque se ha nombrado en provisionalidad a personas que no son integrantes
del registro de elegibles, en vez de nombrar a quienes sí pertenecen a este.
Se refirió como ejemplo a lo sucedido en la Seccional de Santa Marta, en la
cual durante casi un año se nombró en provisionalidad al señor Julián
Fernando Pérez Carbonell como magistrado de dicha seccional, pese a que él
no hace parte del registro de elegibles mencionado. Dicha sede estuvo
vacante desde el 7 de abril de 2021 y solo fue publicada hasta junio de 2021.
Gestión para la cual tuvo que interponer un derecho de petición ante la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a fin de que se reportara la vacante.
Aseguró que “no es justo Honorable Magistrada que los que ganamos el concurso en
franca lid para Magistrado Seccional de Sala Disciplinaria –hoy Comisión Seccional de
Disciplina Judicial-, después de pasar 4 años esperando que se nos nombre nos salgan
ahora a decir que la lista solo estuvo vigente hasta el 19 de marzo de este año, con lo
cual se está generando una tremenda injusticia y una violación del derecho fundamental
a que hace referencia el artículo 125 de la Constitución Nacional”. Y añadió que “es injusto
que una de las entidades accionadas, como es la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, que precisamente fue creada para vigilar y sancionar a los funcionarios de la
rama judicial a fin de que cumplan la ley y la Constitución Nacional, a su vez no cumpla
con las normas de carácter estatutarias y constitucionales, como son el artículo 167 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia o Ley 270 de 1996, el artículo 125 de la
Constitución Nacional y el Acuerdo Nro. PSAA13- 9939 del 25 de junio de 2013”.
Por lo expuesto, solicitó que además de tutelar los derechos del accionante,
se ordene a las entidades accionadas que en lo sucesivo se abstengan de
nombrar en provisionalidad a personas ajenas al registro de elegibles y que en
su lugar nombren a los que sí aparecen en dicho registro. Asimismo, pidió que
“en un acto de grandeza jurídica y mediante una Sentencia Hito que quede para la historia,
se disponga ordenar la prolongación de la vigencia del Registro de Elegibles para
magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial hasta que se agote este o
hasta que 4 empiece a regir el futuro Registro de Elegibles del nuevo concurso para jueces
y magistrados. Lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 44 de
la Constitución Nacional, prevalece el artículo 125 ejusdem sobre cualquier otra
disposición legal o Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura”.
4.5 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en primer lugar, manifestó que
el tutelante carece de legitimación en la causa por activa, pues si bien él hizo
parte de uno de los registros de elegibles conformado en el marco de la
Convocatoria Nro. 22, cuando este se encontraba vigente, lo cierto es que, en
palabras de la Comisión, “este ciudadano no hace parte de alguna lista pendiente
de proveer”. De manera que el actor solo tuvo una expectativa de resultar
nombrado, mientras estuvo vigente el registro, el cual venció el 19 de marzo
de 2022.
En segundo lugar, la autoridad informó que mediante el Acuerdo Nro. 069 de
2021 nombró a Rodrigo Hernán Ortiz Rosero, en régimen de carrera judicial,
como magistrado en propiedad de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Magdalena; y que el 16 de diciembre de 2021 aquel aceptó el cargo.
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Agregó que, pese a que en providencia de 10 de febrero de 2022 la Sección
Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la sentencia de primera
instancia del 2 de diciembre de 2021 en la que se había ordenado proceder al
nombramiento de un funcionario como magistrado de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Magdalena, en Acuerdo 014 de 24 de marzo de 2022
se confirmó el nombramiento del magistrado Ortiz Rosero. Y, por último,
respecto a dicho nombramiento, aseguró que “la posesión del citado funcionario
se efectuará el 18 de abril de 2022”.
En tercer lugar, se refirió a la vacante de la sede en Antioquia. Indicó que en
sentencia de 10 de marzo de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
le ordenó efectuar “el nombramiento del magistrado para la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Antioquia, con base en la lista de candidatos contenida en el
Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de febrero de 2022. Gestión que debe realizarse
incluso de llegar a fenecer el registro de elegibles, antes de haberse efectuado el
referido nombramiento”. Frente a dicho mandato, aseguró que la decisión de
segunda instancia se encuentra en trámite.
Asimismo, explicó que “para el momento de notificación del fallo de tutela del 10 de
marzo de 2022, (…) la Sala Plena de la Comisión de Disciplina Judicial, en virtud de sus
competencias como Nominador, ya había dispuesto el traslado del funcionario Gustavo
Ledesma Henao a la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia, en la medida que,
según el orden del día de la sesión ordinaria del 16 de marzo de 2022, el asunto fue
llevado a Sala como punto No. 5”. Aseguró que dicha decisión, materializada
mediante Acuerdo Nro. 016 de 31 de marzo de 2022 con efectos a partir del
19 de abril de 2022, obedeció a varias razones objetivas:
● Que el puntaje de ingreso a la carrera judicial del magistrado Gustavo
Eduardo Ledesma fue de 724,44, es decir superior al del accionante que
fue de 661,35.
Que el magistrado Gustavo Eduardo Ledesma funge como tal desde el
12 de marzo de 2008 y que mediante Resolución Nro. PR 15/14 de 27 de
febrero de 2015 se le concedió la medalla al mérito José Ignacio
Márquez, en categoría Bronce.
● Que el traslado lo solicitó a fin de cuidar a una familiar de 79 años que
padece de “enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica no Específica”, que
vive sola y que recibe atención médica en la ciudad de Medellín.
● Que para el momento de la conformación de la lista de elegibles del
Acuerdo PCSJA22-11922 del 9 de febrero de 2022, ya existía concepto
favorable emitido por la Unidad de Carrera Judicial, para el traslado del
magistrado Ledesma.
Con fundamento en lo anterior, la Comisión sostuvo que la decisión de aceptar
el traslado se basó en “un reconocimiento a la experiencia, trayectoria, y ponderó
la salud de un miembro del grupo familiar del funcionario en carrera, lo que además
deviene en un estímulo para otros que se encuentren en carrera en las comisiones
seccionales de Disciplina Judicial”.
De igual manera, aseveró que el haber accedido al traslado no implica el
desconocimiento de los derechos de las personas inscritas en la carrera
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judicial, en la medida que queda otra vacante: la del funcionario sujeto del
traslado, que en el caso corresponde a la ciudad de Tunja.
Por lo expuesto hasta el momento, la Comisión aseguró que no vulneró
derechos fundamentales, dado que nombró al primer integrante de la lista de
elegibles, es decir a Rodrigo Hernán Rosero y a su vez realizó el traslado
referido.
Agregó que, en reconocimiento del valor del mérito para el acceso a cargos,
efectuó los nombramientos en propiedad de 4 magistrados en comisiones
seccionales de disciplina judicial: Martha Liliana Arteaga Pantoja, Derys
Susana Villamizar, Inés Lorena Varela y Rodrigo Hernán Ortiz. Y puntualizó
que dichas gestiones se empezaron a efectuar desde el 13 de enero de 2021,
fecha en que el presidente de la República posesionó a los magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y los habilitó para ejercer la función
jurisdiccional disciplinaria desde ese momento.
Finalmente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial transcribió la
certificación de 8 de abril de 2022, emitida por el secretario judicial de dicha
corporación, sobre el reporte de vacantes:
“Vacante Boyacá́ y Casanare. Mediante oficio SJ-JAGF 009871 de 6 de abril de 2022,
se informó́ a la Unidad de Carrera Judicial la vacante presentada en la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá́ y Casanare, con ocasión al antelado traslado
del Dr. GUSTAVO ADOLFO LEDESMA HENAO.
Vacante Cesar. El Dr. LUCAS MONSALVO CASTILLA, magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, presentó su dejación del cargo por alcanzar
la edad de retiro forzoso, a partir del 20 de abril de 2022, el que le fue aceptado mediante
Acuerdo 018 del 6 de abril de 2022. Dicha novedad fue comunicada a la Unidad de
Carrera Judicial con oficio SJ-JAGF 10127 de 7 de abril de 2022.
Vacante Bogotá́ . El Dr. ANTONIO SUAREZ NIÑO, magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá́ , radicó renuncia a su cargo, con efectos a
partir del 15 de abril de 2022; vacante definitiva aceptada con Acuerdo 017 de 6 de abril
de 2022 e informada a la Unidad de Carrera Judicial el 7 de abril de 2022, con oficio
JAGF 10126.
A la fecha, aún no se tiene lista de elegibles para proveer los cargos de magistrados de
la Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Boyacá́ y Casanare, Cesar y
Bogotá́ , toda vez que la Unidad de Carrera Judicial no ha informado a esta Corporación
la lista de elegibles y/o solicitudes de traslado que se hayan presentado para dicha
dignidad”.
Por lo expuesto, solicitó negar el amparo, porque consideró que su actuar se
ha basado en el criterio del mérito; o declararlo improcedente, ante la falta de
legitimación en la causa del actor.
4.6. Wilson René González Cortés, integrante del registro de elegibles para el
cargo de magistrado de comisión seccional de disciplina judicial, manifestó que
coincide con lo expuesto por el tutelante, por considerar que “ha habido un total
desprecio por los registros de elegibles por parte de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial”.
Sostuvo que adicionalmente a los nombramientos en provisionalidad
mencionados por el tutelante, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
nombró a Maritza Viancha Monroy como magistrada en provisionalidad de la
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Demandante: Luis Ariel Rodríguez Ferreira
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá. Esto en detrimento de
los derechos de los integrantes del registro de elegibles.
Aseguró que la conducta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no solo
ha sido omisiva, sino dilatoria, pues mediante diferentes maniobras tal
Corporación ha evitado que las personas que aprobaron el concurso sean
nombradas en propiedad, a sabiendas de que el registro de elegibles tiene un
vencimiento legal.
Indicó que un ejemplo de la dilación en que ha incurrido la referida Comisión
es lo sucedido en las seccionales de Antioquia y Magdalena. Estas vacantes
no fueron reportadas oportunamente, pese a que la ley dispone que dicha
gestión se debe efectuar en cuestión de días.
Además de demorarse meses en reconocer que dichas plazas se encontraban
vacías, en el caso de Antioquia dilataron el nombramiento, en palabras del
interviniente, “a tal punto que habiéndose publicado el cargo en el mes de enero y
habiendo conocido la lista de elegibles y las peticiones de traslado desde febrero, solo
tomaron la decisión de trasladar cuando la sección cuarta del Consejo de Estado les
ordenó mediante tutela nombrar en esa vacante. Después de dilatar la decisión,
´casualmente´ el mismo día que les notificaron la orden (16 de marzo), resolvieron
´prontamente´ trasladar (…) Aquí les era imperioso trasladar porque el real objetivo
era burlar el nombramiento, buscar que formalmente se venciera el Registro de
Elegibles y dejar vacante el cargo de Boyacá ya creyendo vencido el Registro de
Elegibles”.
Por otro lado, sostuvo que de acuerdo con las sentencias C-713 de 2008, C-
532 de 2013, SU-553 de 2015 de la Corte Constitucional, “los cargos
provisionales que han existido durante la vigencia del Registro de Elegibles, o los que
llegaren a existir mientras se conforma un nuevo Registro de Elegibles como producto
de un concurso de méritos, deben tener en cuenta los registros de elegibles
existentes”. De lo contrario, la provisionalidad, y demás situaciones
administrativas como traslados, se convierte en un mecanismo para burlar el
principio de mérito.
Finalmente, manifestó que el registro de elegibles quedó en firme al día
siguiente de resuelto el último recurso contra este, es decir el 3 de julio de
2018. En consecuencia, su vigencia inició el 4 de julio de 2018 y el vencimiento
será el 5 de julio de 2022.
4.7. Antonio Suárez Niño informó que el 25 de noviembre de 2020 el Consejo
Superior de la Judicatura le confirió el galardón de la condecoración al mérito
judicial “José Ignacio de Márquez”, en su condición de magistrado de la antigua
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá.
Por consiguiente, en acto administrativo PCSJSR21-015 del 3 de marzo de
2021 se le concedió comisión para realizar estudios por el término de un año.
Como consecuencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sesión del
17 de marzo de 2021, nombró en reemplazo suyo a Alfonso Estrella Otero,
bajo la modalidad de provisionalidad y por el mismo tiempo de la comisión de
estudios mencionada; quien tomó posesión del cargo el 14 de abril de 2021.
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De otra parte, informó que el 11 de marzo de 2022 presentó renuncia al cargo
de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial a partir del 15
de abril de 2022; y que la Comisión Nacional de Disciplina la aceptó mediante
Acuerdo Nro. 017 del 6 de abril de 2022 y comunicada en Oficio Nro. SJ-DGT
10131 de 7 de abril de 2022.
Por último, subrayó que no tuvo la condición de nominador, pues dentro de las
funciones que llevó a cabo hasta el 14 de abril de 2022 no figuraba la de
proveer los cargos para cubrir las vacantes que eventualmente surgieran en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá o en alguna otra
corporación homóloga. Solicitó, consecuentemente, ser desvinculado del
presente trámite constitucional.
4.8. Alfonso Estrella Otero informó que fungió como magistrado en
provisionalidad de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
durante el 14 de abril de 2021 al 14 de abril de 2022. Explicó que su
nombramiento obedeció a que al magistrado Antonio Suárez Niño se le
concedió comisión de estudios por el término de un año.
Aseguró que su nombramiento tuvo carácter temporal y que a la fecha se
encuentra desvinculado de la Rama Judicial. Añadió que mediante Oficio Nro.
SJ-JAGF-010146 de 7 de abril de 2022 la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial le informó que su designación culminaría el 14 de abril de 2022.
4.9. El accionante presentó memorial en el cual informó que el 28 de abril de 2022
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial nombró en provisionalidad a Yira
Lucia Olarte Ávila, a Julián Fernando Pérez Carbonell y a Sandra Karyna
Jaimes Durán como magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial del César, de Magdalena y de Bogotá, respectivamente.
4.10. Mediante auto de 17 de mayo de 2022, el despacho ponente recordó que, en
auto de 4 de abril de 2022, se le ordenó a las autoridades accionadas brindar
información y acreditar lo relacionado con dos cargos formulados por el actor
en el escrito de tutela.
El primer punto al que debían referirse las autoridades accionadas hizo
referencia a seis (6) magistrados (Elda Patricia Correa Garcés, Julián
Fernando Pérez Carbonell, Martha Cecilia Botero Zuluaga, Eduardo Castillo
González, Yira Lucía Olarte y Alfonso Estrella Otero) que según el actor fueron
nombrados en provisionalidad en diferentes comisiones seccionales de
disciplina judicial. Plazas en las que, en criterio del actor, debió nombrarse a
los integrantes del registro de elegibles. El segundo tema frente al que se
solicitó información en el referido auto admisorio versó sobre cinco (5)
presuntas renuncias de magistrados de comisiones seccionales de disciplina
judicial (Lucas Monsalvo Castilla, Orlando Díaz Atehortúa, Hernán Reina,
Carmelo Tadeo Mendoza y Antonio Suárez Niño). Vacantes que según el actor
tampoco fueron suplidas con las personas incluidas en el registro de elegibles.
No obstante lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se
pronunció integralmente sobre la información solicitada en auto de 4 de abril
de 2022. De igual forma, la Comisión tampoco acreditó documentalmente lo
relacionado con dichos nombramientos y renuncias, pese a que así se le
ordenó en el referido auto.
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Por otra parte, se hizo referencia a lo manifestado por los señores Wilson René
González Cortés y Luis Ariel Rodríguez Ferreira en sus memoriales
posteriores al auto de 4 de abril de 2022, referente a los presuntos
nombramientos en provisionalidad denunciados de Maritza Viancha Monroy,
Yira Lucia Olarte Ávila, Julián Fernando Pérez Carbonell y Sandra Karyna
Jaimes Durán como magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial de Boyacá, del César, de Magdalena y de Bogotá, respectivamente.
Por lo anterior, se le ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
brindar la información y allegar los documentos que acreditaran si
efectivamente se realizaron los nombramientos en provisionalidad y renuncias
referidas previamente.
Igualmente, se le ordenó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial notificar
en calidad de terceros con interés a las siguientes personas: (i) Elda Patricia
Correa Garcés, presuntamente nombrada como magistrada en provisionalidad
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia; (ii) Yira Lucía
Olarte, presuntamente nombrada como magistrada en provisionalidad de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar; (iii) Sandra Karyna
Jaimes Durán presuntamente nombrada como magistrada en provisionalidad
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, y (iv) Maritza
Viancha Monroy presuntamente nombrada como magistrada en
provisionalidad de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá. Y
en el caso de que aquellos no funjan como magistrados en provisionalidad de
las referidas comisiones seccionales, se le ordenó a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial notificar en calidad de terceros con interés a quienes a la
fecha ocupan tales cargos.
Finalmente, en caso de que Orlando Díaz Atehortúa, Hernán Reina y Carmelo
Tadeo Mendoza (quienes presuntamente renunciaron) ya no funjan como
magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Bolívar,
de la Guajira y de Santander, respectivamente, se le ordenó a tal autoridad
notificar en calidad de terceros con interés a quienes a la fecha ocupan tales
cargos.
4.11. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante su secretaría
judicial, certificó lo siguiente:
● Que el 28 de octubre de 2020 se creó vacante en la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Antioquia. En esta, el 7 de diciembre de 2020
se nombró a Elda Patricia Correa Garcés como magistrada en
provisionalidad, mientras se proveía el cargo por el sistema de carrera
judicial.
Que mediante Acuerdo Nro. 016 de 11 de febrero de 2021, se nombró en
esa vacante a Luis Fernando Zapata Arrubla, como magistrado en
propiedad; nombramiento confirmado mediante Acuerdo Nro. 033 de 25
de marzo de 2021; y que aquel se posesionó el 19 de abril de 2021.
Que mediante el Acuerdo Nro. 058 de 3 de septiembre de 2021 se aceptó
la renuncia de Luis Fernando Zapata Arrubla y que por medio del Acuerdo
Nro. 066 de octubre 27 del 2021 se nombró en provisionalidad a Yira
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Lucía Olarte Ávila en reemplazo de aquel, como magistrada de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia.
Y que mediante Acuerdo Nro. 016 de 31 de marzo de 2022 se accedió a
la solicitud de traslado del magistrado Gustavo Adolfo Ledesma Henao
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare a
la de Antioquia. E informó que aquel tomó posesión el día 18 de abril de
2022.
● Que mediante Acuerdo Nro. 034 de 25 de marzo de 2021, se accedió a
la solicitud de traslado del magistrado Luis Wilson Laureano Báez
Salcedo, nombrado en propiedad, de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Magdalena a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá.
Que en la vacante dejada en la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Magdalena fruto del traslado, el 25 de marzo de 2021 se
nombró a Julián Fernando Pérez Carbonell como magistrado en
provisionalidad; y que la posesión se realizó el 7 de abril de 2021. Que,
en esa vacante, mediante acuerdo Nro. 069 de 16 de diciembre de 2021,
se nombró a Rodrigo Hernán Ortiz Rosero, como magistrado en
propiedad en virtud del régimen de carrera judicial; nombramiento
confirmado mediante Acuerdo Nro. 014 de 24 de marzo de 2022; y que
aquel se posesionó el 18 de abril de 2022.
Que mediante Acuerdo Nro. 027 del 26 de abril de 2022 se le concedió
licencia no remunerada a Tania Victoria Orozco Becerra, nombrada como
magistrada en propiedad de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Magdalena en el régimen de carrera judicial, por el término
de 4 meses contados a partir del 29 de abril de 2022. Y que, en esa
vacante, mediante Acuerdo Nro. 027 de 26 de abril de 2022, se nombró
como magistrado en provisionalidad a Julián Fernando Pérez
Carbonell, a partir del 29 de abril de 2022. Y que actualmente se
encuentra ocupando tal cargo.
● Que mediante Acuerdo Nro. 018 de 6 de abril de 2022 se aceptó la
renuncia presentada por Lucas Monsalvo Castilla, quien fungía como
magistrado nombrado en propiedad y en virtud del régimen de carrera
judicial en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, a
partir del 20 de abril de 2022.
Que, en esa vacante, mediante el Acuerdo Nro. 024 del 25 de abril de
2022, se nombró como magistrada en provisionalidad a Yira Lucía
Olarte; y que la posesión se realizó el 29 de abril de 2022.
● Que mediante Acuerdo Nro. 017 del 6 de abril de 2022 se aceptó la
renuncia presentada por Antonio Suárez Niño como Magistrado
nombrado en propiedad y en virtud del régimen de carrera judicial en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a partir del 15
de abril de 2022.
Que, en esa vacante, mediante el Acuerdo Nro. 025 del 25 de abril de
2022, se nombró como magistrada en provisionalidad a Sandra Karyna
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Jaimes Durán; y que aquella se posesionó en el cargo el 29 de abril de
2022.
● Que mediante Resolución Nro. 016 del 1 de junio de 2021 se reconoció
la incapacidad otorgada por la Fundación Santa Fe de Bogotá, desde el
19 de mayo de 2021, al magistrado nombrado en propiedad en la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare
José Oswaldo Carreño Hernández.
Que, en esa vacante, mediante Acuerdo Nro. 049 del 1 de junio de 2021,
se nombró a Maritza Viancha Monroy como magistrada en
provisionalidad del 30 de abril y hasta el 16 de junio de 20211.
● Que, a la fecha, Orlando Díaz Atehortúa se encuentra vinculado como
magistrado en propiedad de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar, “sin que se tenga noticia de su dimisión”.
● Que, a la fecha, Hernán Reina se encuentra vinculado como magistrado
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, “sin que
se nos haya noticiado su dejación del cargo”.
● Que actualmente Carmelo Tadeo Mendoza se encuentra vinculado
como magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, nombrado en propiedad; que el 5 de mayo de 2022, aquel
informó su renuncia a dicho cargo, a partir del 1 de julio de 2022; y que
“su renuncia aún no ha sido aceptada por la Sala”.
Finalmente, certificó que “las vacantes definitivas surgidas a la fecha ya fueron
informadas a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.”
Asimismo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial acreditó haber notificado
a las personas mencionadas en el auto de 17 de mayo de 2022.
4.12. Gustavo Adolfo Ledesma Henao informó que mediante el Acuerdo de 16 de
marzo de 2022 fue trasladado a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Antioquia, como magistrado en propiedad del régimen de carrera; y que se
posesionó en dicho cargo el 19 de abril de este año. Aseguró que su traslado
fue concedido con fundamento en la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA10-
6837 de 2010. Por ende, consideró no haberle vulnerado ningún derecho al
tutelante, motivo por el cual solicitó su desvinculación.
4.13. Yira Lucía Olarte Ávila, actual magistrada nombrada en provisionalidad de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, aseguró que en el caso
existe temeridad, debido a que el actor ha presentado acciones de tutela por
el mismo objeto, derechos fundamentales involucrados y accionados.
Puntualizó que en el año 2020 el tutelante interpuso otra acción de tutela, la
cual fue resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
1 Información extraída de la Constancia Nro. 235-2022 expedida por la Secretaría de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
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Justicia, bajo el radicado 11001-02-30-000-2020-00764-00 número interno
113859. Oportunidad en la cual se negó el amparo solicitado.
Asimismo, indicó que el actor también ha presentado acciones semejantes
ante el Consejo de Estado, como las tramitadas bajo los radicados 11001-03-
15-000-2021-07384-00 y 11001-03-15-000-2022-01461-00; frente al último de
estos aclaró que “en éste figura como actor WILSON RENE GONZALEZ CORTES”.
Por lo anterior, aseguró que, al interponer varias tutelas semejantes, el actor
ha abusado de la acción, a fin de obtener un resultado favorable a sus
intereses. En palabras de la interviniente: “esa Corporación no puede dejarse usar
de manera arbitraria, abusiva y flagrante. Semejante despropósito debe ser evitado y
sancionado por su despacho. ¿Cuántas tutelas se van a tramitar por los mismos
peticionarios?”
De otra parte, manifestó que no se cumple el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela, debido a que el actor, al solo tener una mera expectativa por
no ocupar el primer lugar en lista de elegibles, puede acudir a la acción de
cumplimiento o al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Y agregó que aquel tampoco acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable.
Aseveró que no podía proferirse un fallo contrario a derecho ni ordenarle a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial violar la ley, en sus palabras, “al no
tener en cuenta la fecha de vencimiento del registro de elegibles, que fue el pasado
19 de marzo de 2022”.
También sostuvo que la norma constitucional que consagra el derecho al
debido proceso “hace referencia a las investigaciones que se adelanten contra el
ciudadano, como en un proceso penal, fiscal, disciplinario e incluso en el proceso
policivo”, ya que el precepto solo incluye las expresiones: “juzgados” y
“sindicados”. Y adujo que en el caso del actor no existe ninguna investigación,
ni judicial ni administrativa contra aquel. Por ende, en su criterio, “No se puede
asimilar el proceso de una convocatoria y concurso de méritos a una investigación
judicial o administrativa”.
Aseguró que tampoco se ha vulnerado el derecho a acceder a cargos públicos,
porque el actor no cumplió con los requisitos para ser nombrado como
magistrado, “Si hubiera ocupado el primer lugar en el concurso, y en la
correspondiente lista de elegibles, lo cual debe estar probado y en esta acción no
existe su confirmación, allí si vería afectado su derecho fundamental, pero ocupar el
5 puesto, como lo indica él mismo, lo convierte en simple expectativa de un posible
derecho, un albur, a futuro de una posible condición, y la tutela no está prevista para
proteger casos hipotéticos”.
Finalmente, informó que en la vacante de la Seccional de Antioquia se efectuó
el traslado solicitado por un magistrado en carrera judicial, lo que para la
interviniente “acredita aún más la superación del hecho e inconformidad del actor y
no permitiría de manera alguna, proteger derecho del actor”.
4.14. El accionante informó lo siguiente:
“la emisión de Acuerdo del mes de junio de 2022, emanado de la presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se anuncia y dispone la creación
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de dieciséis (16) nuevos cargos de Magistrados para ser nombrados en las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial del país. Resulta siendo de la mayor importancia esta
información, pues con ella se completan los insumos que han de permitir emitir una
decisión que efectivamente materialice, haga vivo, real, palpable, el mandato del canon
125 Constitucional, que ha de ser la norma que inspire y guie el rumbo de la solución a
los problemas jurídicos que su señoría se ha de plantear, tendientes, todos ellos, a
dilucidar, en primer lugar, si existe responsabilidad de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en la mora administrativa, que generó y tuvo como consecuencia,
nefasta por demás, el que quienes hacemos parte de ella no alcanzáramos a ser
nombrados en los cargos que se generaron en los cuatro años de su vigencia (marzo
de 2018 a marzo de 2022) por vacantes definitivas o provisionales, pues, contrariando
la Constitución política en los mandatos de los cánones 29, 209,125, se optó por la
Comisión, dolosa, obstinadamente, desconocer nuestros méritos, y nombrar, a dedo,
caprichosamente, reviviendo el nepotismo, a otros ciudadanos que no ocupaban lugar
o puesto alguno en dicho catálogo”.
Propuso que, para resarcir el daño causado por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, al incurrir en mora administrativa durante los cuatro años
de vigencia de la lista, se le ordene a dicha autoridad ofertar los nuevos 16
cargos prioritariamente a quienes hicieron parte de la lista de elegibles de la
Convocatoria Nro. 22.
Sobre esta posibilidad hizo referencia al artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, que
dispone lo siguiente: “Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del
Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto
orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con
esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó
el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que
surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad”.
Precepto que en criterio del actor permitió la utilización de las listas de
elegibles para vacantes definitivas no convocadas de cargos equivalentes
surgidas con posterioridad a la realización del concurso.
5. Sorteo de conjuez
Mediante auto de 14 de julio de 2022, el despacho ponente ordenó sorteo de
conjuez, en razón a que el proyecto de sentencia no alcanzó la mayoría requerida
en la Sala.
El 19 de julio de 2022, se realizó dicho sorteo, del cual resultó elegida la doctora
Eleonora Lozano Rodríguez.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, Mediante
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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2. Planteamiento de los problemas jurídicos
Con base en los antecedentes expuestos, en primer lugar, la Sala establecerá si en
el caso existe actuación temeraria de parte del actor, tomando como referencia la
acción de tutela Nro.11001-02-30-000-2020-00764-00 (113859), a la que se refirió
la magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar Yira Lucía
Olarte Ávila, en el trámite de la presente acción.
De superarse tal estudio, en segundo lugar, se estudiará si en el caso se configura
el fenómeno de la cosa juzgada entre la tutela objeto de esta providencia y la
referida en el párrafo anterior; así como con la tutela también interpuesta por Luis
Ariel Rodríguez Ferreira tramitada bajo radicado Nro. 11001-03-15-000-2021-
07384-00, que dio origen a la sentencia de 10 de marzo de 2022, proferida por esta
Sección.
De encontrar superado tal análisis procedimental, en tercer lugar, la Sección
estudiará si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró el derecho al acceso
a cargos públicos, así como al principio al mérito, al efectuar nombramientos en
provisionalidad con personas ajenas al registro de elegibles para el cargo de
magistrado de comisiones seccionales de disciplina judicial, consolidado en el
marco de la Convocatoria Nro. 22.
3. Actuación temeraria y su análisis en el caso
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional1 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante
actúa de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021, subrayó que el juez
de tutela, al realizar el análisis para determinar si existe o no actuación
temeraria, "debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio
pormenorizado del expediente. (…) Así, la labor del juez constitucional no es
simplemente la de verificar los elementos que constituirían la triple identidad entre las
acciones de tutela para concluir que hay una actuación temeraria y, en consecuencia,
declarar su improcedencia. Si no que, de acuerdo a todo lo expuesto, deben
estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso específico".
En ese estudio se deben considerar otros factores, pues es posible que incluso
existiendo multiplicidad de tutelas y cumpliéndose las tres identidades
referidas la acción no sea temeraria. Este evento se presenta, por ejemplo,
cuando la acción de tutela se funda en: “(i) la ignorancia del accionante; (ii) el
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asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a
un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran
por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”15.
Tampoco se configura actuación temeraria cuando se adviertan " eventos
nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que
se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante" (pie página
Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021).
3.2. Expuesto lo anterior, la Sala determinará si existe actuación temeraria de parte
del actor. Al respecto, la magistrada nombrada en provisionalidad de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar Yira Lucía Olarte Ávila
manifestó que en el año 2020 el actor presentó una acción de tutela, cuyo
objeto fueron los nombramientos en provisionalidad en las seccionales de
Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, creados mediante
Acuerdo Nro. PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020.
Para acreditar su afirmación, la referida magistrada allegó la sentencia de
tutela de 3 de diciembre de 2020, radicado 11001-02-30-000-2020-00764-00
(113859), proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Sala de Decisión de Tutelas Nro. 3, mediante la cual se negó el amparo.
Providencia que no fue impugnada por ninguna de las partes de ese proceso.
Con relación a los elementos dispuestos por la jurisprudencia constitucional,
se encuentra que solo existe identidad de partes, debido a que ambas se
acciones se interpusieron contra la otrora Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, ahora Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura.
No se advierte, sin embargo, que exista identidad de objeto ni de causa
petendi. Frente a la primera, en la acción de tutela resuelta por la Corte
Suprema de Justicia, según se indicó en la providencia, el actor solicitó que se
dejaran sin efecto los nombramientos realizados en provisionalidad, con
personas no integrantes del registro de elegibles, en los cargos creados
mediante Acuerdo Nro. PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020 y que
consecuentemente se nombraran a las personas que sí hace parte del registro.
Por su parte, en la tutela objeto de esta sentencia el actor no solicitó que se
dejara sin efecto ningún nombramiento. Lo solicitado en esta oportunidad
consistió en que se le ordenara a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
abstenerse de seguir incurriendo en una serie de prácticas en las que, a juicio
del actor, ha incurrido repetidamente, en detrimento de los derechos de los
integrantes del registro de elegibles. Puntualmente, el tutelante solicitó que se
le ordenara a esa autoridad no "seguir incumpliendo e irrespetando los términos
legales y constitucionales para el nombramiento de funcionarios de carrera y se ajuste
a los lapsos dispuestos para ello por la Ley" y no "continuar nombrando en
provisionalidad a personas que no hacen parte de la lista de elegibles de la
convocatoria 22 y de hacerse necesario cubrir una vacante temporal o definitiva se
haga uso de la lista". De ahí que las pretensiones de ambas tutelas no son las
mismas.
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Pese a lo anterior, es notorio que ambas tutelas guardan un punto en común,
que es la inconformidad del actor frente a que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial supla vacantes, sean definitivas o temporales, con personas
que no hacen parte del registro de elegibles. Por lo tanto, podría argüirse que
si bien, formalmente las pretensiones de las dos tutelas contrastadas son
diferentes, lo cierto es que ambas se basan en los mismos hechos, lo cual
conduciría a concluir que existe identidad de objeto.
La Sala, sin embargo, considera que no existe identidad en los hechos que
fundan las dos tutelas. La razón obedece a que la tutela presentada en el año
2020, y de la cual conoció la Corte Suprema de Justicia, se presentó por una
conducta puntual que el actor consideró errada: el hecho de que las vacantes
definitivas de las seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle
del Cauca se hayan suplido con personas no incluidas en el registro de
elegibles.
En contraste, en la tutela objeto de análisis lo censurado por el actor no son
específicamente los nombramientos en esas cuatro seccionales en vacancia
definitiva, sino la práctica generalizada de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial (i) de nombrar por periodos de tiempo prolongados a personas que no
pertenecen al registro de elegibles para el cargo de magistrado seccional de
disciplina judicial, sea en vacantes definitivas o temporales, en diversas
seccionales ; (ii) de dilatar en exceso los nombramientos de quienes
aprobaron el concurso de méritos, a fin de mantener personas de su
predilección.
Entonces, la diferencia en términos del objeto de ambas tutelas radica en que
en una se reprochó una conducta puntual respecto a cuatro vacantes
definitivas, mientras que en la actual se reprocha un conjunto de gestiones
frente a vacantes definitivas y temporales que, en criterio del actor, se han
reiterado durante años y que han obstaculizado el nombramiento en propiedad
de quienes aprobaron el concurso.
Entre esas actuaciones el actor, efectivamente, mencionó como ejemplo lo
sucedido con los nombramientos de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y
Valle del Cauca en el año 2020, pero no centró allí su argumentación. También
llamó la atención sobre los casos puntuales de las vacantes de Antioquia y del
Magdalena; sobre un nombramiento en provisionalidad con una persona no
integrante del registro para cubrir una licencia de un año en el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá; y sobre una serie de renuncias de
magistrados no tramitadas oportunamente, con miras a que se produjera el
vencimiento del registro de elegibles y una vez acaecido dicho fenómeno
nombrar a personas predilectas para la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.
Así las cosas, no solo se reafirma la inexistencia de identidad de objeto entre
las dos tutelas mencionadas, sino que se considera que este caso alude a uno
de los eventos puntuales, en los que la Corte Constitucional indica que no se
configura actuación temeraria. Es el siguiente: cuando existen "eventos nuevos
que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es)".
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En efecto, ninguna otra de las circunstancias censuradas por el actor fue
analizada en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nro. 3, pues en esa oportunidad
el análisis se restringió a los nombramientos efectuados en provisionalidad,
para suplir las vacantes definitivas en las seccionales de Cundinamarca,
Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca.
Además de lo expuesto, la actuación del tutelante no se trata de aquellas en
las que simultáneamente se presentan dos o más tutelas con miras a que
alguno de los jueces falle favorablemente, lo cual denota notoriamente un
obrar de mala fe. Por el contrario, el hecho de que el accionante haya
presentado dos tutelas en el lapso de dos años simplemente responde a la
manera cómo se ha desenvuelto en el tiempo la etapa final del concurso.
Por consiguiente, la Sala considera que el señor Rodríguez Ferreira no ha
actuado de forma temeraria.
4. Cosa juzgada y su análisis en el caso
4.1. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela .
En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.
4.2. En consideración a lo anterior, la Sala considera que frente algunos de los
cargos expuestos por el actor en la tutela objeto de esta providencia existe
cosa juzgada y como se indicó en el acápite anterior, no se encuentra que
entre la tutela resuelta el 3 de diciembre de 2020, por la Corte Suprema de
Justicia exista la triple identidad de partes, causa petendi y objeto.
Especialmente, en lo relativo a los hechos en que se fundan ambas tutelas, se
explicó que no se trataba de los mismos reproches. Aun así, lo cierto es que
en la sentencia de tutela de 3 de diciembre de 2020, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nro. 3 estudió
si al señor Rodríguez Ferreira se le transgredieron sus derechos
fundamentales, como consecuencia de que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no haya designado "de la lista de elegibles actualizada (...) los titulares de
los despachos creados mediante Acuerdo PCSJA20-11650, en las Salas
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Disciplinarias de los Consejos Seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y
Valle del Cauca"2.
Por lo tanto, al considerar que dicha autoridad ya se pronunció puntualmente
sobre los nombramientos efectuados en dichas vacantes definitivas, la Sala se
abstendrá de efectuar análisis alguno al respecto, por considerar que frente a
ese punto existe cosa juzgada.
Lo mismo sucede con los reproches manifestados nuevamente por el actor
respecto a lo ocurrido en las vacantes de Antioquia y de Magdalena. Estos
cargos ya fueron objeto de estudio por esta Sección, en la sentencia de 10 de
marzo de 2022, radicado: 11001-03-15-000-2021-07384-00, y las
inconformidades respecto al presunto incumplimiento de la orden allí impartida
deberán ventilarse en el incidente de desacato que se encuentra en trámite
ante esta Sección.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
únicamente, respecto a los cargos relativos a los nombramientos efectuados
en las Consejos Seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del
Cauca, plazas creadas mediante Acuerdo Nro. PCSJA20-11650 del 28 de
octubre de 2020; y respecto la mora administrativa en la cual, para esta
Sección, incurrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en las vacantes
definitivas de Antioquia y de Magdalena.
5. Provisión de empleos en la Rama Judicial, mérito como principio
fundante y su análisis en el caso
5.1. En varias oportunidades esta Sección ha reiterado que el mérito constituye el
principio fundante que rige el ingreso, permanencia y retiro de los cargos del
Estado. De esta manera se logra la incorporación de personal óptimo y
capacitado para el ejercicio de la función pública, se garantiza el derecho a la
igualdad de los ciudadanos que aspiran al ejercicio de un cargo público y se
busca eliminar las prácticas clientelistas, el "amiguismo" y el nepotismo.
El mérito como regla general para el acceso a cargos estatales es un mandato
de estirpe constitucional, consagrado en el artículo 125 de la Carta, el cual
establece lo siguiente: "Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera", con excepción de los cargos de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales.
Sobre la importancia del principio del mérito en el funcionamiento del Estado y
las consecuencias de su desconocimiento, en la Sentencia C-588 de 2009 la
Corte Constitucional explicó lo siguiente:
"Asimismo, dentro de la estructura institucional del Estado colombiano, la carrera
administrativa es, un principio constitucional, y como tal una norma jurídica superior de
aplicación inmediata, que contiene una base axiológico jurídica de interpretación, cuyo
desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional y, por lo
mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución
de la Constitución, cuando se la desconoce en conjunto con otras garantías
constitucionales, y en el caso presente, la carrera administrativa no constituye un
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nro. 3. Sentencia de tutela
de 3 de diciembre de 2020. Radicado 113859. M.P: Gerson Chaverra Castro. Actor: Luis Ariel Rodríguez
Ferreira.
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referente aislado, pues sus relaciones con distintos contenidos constitucionales se
despliegan en tres órdenes, relativos al cumplimiento de los fines del Estado, a la
vigencia de algunos derechos fundamentales y al respeto del principio de igualdad, todo
lo cual demuestra que en el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, la carrera
administrativa constituye un eje definitorio de la identidad de la Constitución y
que su ausencia trastoca relevantes contenidos de la Carta adoptada en 1991".
La Rama Judicial no es ajena a la provisión de cargos en atención al mérito.
De hecho, cuenta con un sistema especial de carrera administrativa que se
encuentra regulado en los artículos 156, 164 y siguientes de la Ley 270 de
1996. Y la forma de proveer los cargos parte en gran medida de ese principio,
como lo deja ver el artículo 132 de ese último estatuto normativo:
“ARTICULO 132. FORMAS DE PROVISION DE CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL. La
provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se
trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de
vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema
legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia
temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior
a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador
solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura,
según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán
reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la
designación se hará directamente por la respectiva Corporación”.
De la norma transcrita se desprende que los nombramientos en la Rama
Judicial se realizan en propiedad, cuando el cargo a proveer es de carrera
administrativa, cuando este se encuentra en vacancia definitiva y cuando ya
han culminado todas las etapas del concurso. La provisión en provisionalidad,
por su parte, se aplica tanto para vacantes definitivas o temporales.
Tratándose de las primeras, el nombramiento se efectuará bajo la modalidad
de provisionalidad, mientras que se lleva a cabo la designación mediante
concurso de méritos o el sistema legalmente previsto; designación que, en
todo caso no podrá exceder de seis meses. Asimismo, las vacantes
temporales también deben proveerse en provisionalidad, siempre que el cargo
no sea designado en encargo o cuando la vacante sea superior a un mes.
5.2. Uno de los cargos principales que formuló el actor consiste en que los
nombramientos en provisionalidad, independientemente de si se trata de una
vacante definitiva o una temporal, deben efectuarse con base en el registro de
elegibles.
Para sustentar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estaba
efectuando dichos nombramientos con personas ajenas al registro se refirió
(1) a las vacantes definitivas de las seccionales creadas en el 2020 de
Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca; (2) a las vacantes
también definitivas de las Seccionales de Antioquia y Magdalena, objeto de la
acción de tutela resuelta por esta Sección bajo el radicado 11001-03-15-000-
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2021-07384-00; (3) a las vacantes definitivas producto de las presuntas
renuncias de los magistrados Lucas Monsalvo Castilla, Orlando Díaz
Atehortúa, Hernán Reina, Carmelo Tadeo Mendoza y Antonio Suárez Niño,
quienes se desempeñaban en las Comisiones de Disciplina Judicial de Cesar,
Bolívar, Guajira y Santander; (4) a los nombramientos en provisionalidad,
efectuados en abril de 2022, de Yira Lucia Olarte Ávila, Julián Fernando Pérez
Carbonell y Sandra Karyna Jaimes Durán como magistrados de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial del Cesar, de Magdalena y de
Bogotá, respectivamente; y (5) a la vacancia temporal que se produjo por "el
año sabático" que se le concedió al magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá Antonio Suárez Niño, previo a su renuncia, en la que se
nombró en provisionalidad a Alfonso Estrella Otero.
Asimismo, en el curso de la tutela el interviniente e integrantes del registro de
elegibles Wilson René González Cortés manifestó que (6) en la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá se nombró en provisionalidad a
Maritza Viancha Monroy, persona no perteneciente al registro de elegibles.
5.2.1. Con relación a los numerales (1) y (2) no se hará pronunciamiento por
considerar que estos ya fueron resueltos judicialmente en el curso de
otras acciones de tutela, como se explicó en el acápite previo.
5.2.2. En lo que respecta a los nombramientos efectuados para suplir las
renuncias (numeral 3), se precisa que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial certificó, mediante su Secretaría Judicial, que los
magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de
Bolívar Orlando Díaz Atehortúa y de la Guajira Hernán Reina no han
renunciado. Por lo que tampoco se efectuará pronunciamiento alguno,
pues de acuerdo con lo certificado por dicha autoridad a la fecha dichas
plazas no están vacantes.
La referida Comisión también certificó que el 5 de mayo de 2022 el
magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander Carmelo Tadeo Mendoza informó su renuncia a dicho cargo,
a partir del 1 de julio de 2022.
Asimismo, aquella acreditó que el magistrado Lucas Montalvo de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar presentó renuncia
por retiro forzoso el 28 de marzo de 2022, con efectos a partir del 20 de
abril de 2022, según consta en el Acuerdo Nro. 018 de 6 de abril de
2022, en el que se aceptó la renuncia. Y también comprobó que,
mediante escrito de 11 de marzo de 2022, Antonio Suárez Niño
magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
presentó renuncia, a partir del 15 de abril de 2022, según consta en el
Acuerdo Nro. 017 de 6 de abril de 2022, en el que se aceptó la renuncia.
De lo anterior, la Sala llama la atención frente a que las renuncias de
los magistrados Carmelo Tadeo Mendoza, Lucas Monsalvo Castilla y
Antonio Suárez Niño se produjeron con efectos a partir de abril y julio
de 2022. Esto significa que las plazas vacantes surgieron con
posterioridad al vencimiento del registro de elegibles que, según el
Acuerdo PSAA13-9939 contentivo de este último, operó el 19 de marzo
de 2022.
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Si bien en una oportunidad previa3 la Sala ordenó el nombramiento en
propiedad de la persona que seguía en turno en la lista de elegibles
pese al vencimiento de esta última, en esa oportunidad se trataba de
una plaza ocupada en provisionalidad desde antes del vencimiento del
registro. Y por estar ocupada bajo esa modalidad antes de que operara
el vencimiento, el siguiente en turno tenía derecho a ser nombrado, en
tanto que los derechos de carrera prevalecen sobre la provisionalidad.
Por el contrario, los magistrados Carmelo Tadeo Mendoza, Lucas
Monsalvo Castilla y Antonio Suárez Niño ocuparon tales cargos en
propiedad, en virtud del régimen de carrera judicial; y sus renuncias
solamente fueron presentadas a partir de abril y julio de 2022, es decir
luego del vencimiento del registro de elegibles (19 de marzo de 2022).
Esto significa que antes de que venciera el registro, esas plazas no
estaban disponibles para nombrar a las personas que aprobaron cada
una de las etapas de la Convocatoria Nro. 22, para el cargo de
magistrado de disciplina judicial. Y al estar dichas plazas ocupadas en
propiedad, no podía exigírsele a sus titulares la dejación del cargo para
continuar con los nombramientos de los integrantes del registro de
elegibles.
Por consiguiente, por no tratarse de vacantes definitivas
disponibles para ser provistas desde antes del vencimiento del
registro, no hay lugar a ordenar el nombramiento en propiedad, aún
vencido el registro, de la persona siguiente en turno en el registro de
elegibles, como en alguna oportunidad lo dispuso esta Sección.
5.2.3. En ese sentido, no pasa inadvertido que los nombramientos en
provisionalidad de Yira Lucia Olarte Ávila, Julián Fernando Pérez
Carbonell y Sandra Karyna Jaimes Durán como magistrados de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial del Cesar, de Magdalena
y de Bogotá (numeral 4) se efectuaron una vez vencido el registro de
elegibles. Y aún más relevante, las plazas en las que aquellos fueron
nombrados no estaban disponibles antes de que venciera el
registro, pues estas tres personas fueron nombradas en las vacantes
que surgieron a raíz de las renuncias mencionadas en los párrafos
anteriores.
5.2.4. Otro de los argumentos del tutelante consistió en que previo al
vencimiento del registro se nombró en provisionalidad a Alfonso Estrella
Otero, en la vacante temporal que se produjo por "el año sabático"
concedió al magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá Antonio Suárez Niño, previo a su renuncia (numeral 5). En
criterio del actor, dicha vacante temporal debió suplirse con alguno de
los integrantes del registro de elegibles.
En el mismo sentido, el interviniente Wilson René González Cortés
manifestó que (numeral 6) en la Comisión Seccional de Disciplina
3 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 8 de agosto de 2019. Radicado: 25000-23-42-000-
2019-00730-01. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Actor: Laura Marcela Olier Martínez.
Demandado: Procuraduría General de la Nación.
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Judicial de Boyacá se nombró en provisionalidad a Maritza Viancha
Monroy, persona no perteneciente al registro de elegibles.
Al respecto, la Sala precisa que ambas se trataban de vacantes
surgidas previo al vencimiento del registro. Frente a la primera de estas
vacantes, el interviniente Alfonso Estrella Otero aseveró que su
nombramiento en provisionalidad tuvo lugar del 14 de abril de 2021 al
14 de abril de 2022, en virtud de la comisión de estudios otorgada al
magistrado Antonio Suárez Niño, por el término de un año. Y respecto
a la segunda, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial certificó que
nombró en provisionalidad a Maritza Viancha Monroy como magistrada
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare
del 30 de abril y hasta el 16 de junio de 20214, para cubrir la vacante del
magistrado José Oswaldo Carreño Hernández, quien tuvo que
ausentarse por una incapacidad médica.
El punto de controversia respecto a estas situaciones radica en
establecer si las referidas vacantes temporales debían ser provistas en
provisionalidad con alguno de los integrantes del registro de elegibles,
según lo argumentó el tutelante y varios de los intervinientes.
En la Sentencia SU-553 de 2015, la Corte Constitucional se pronunció
sobre ese interrogante. Para fijar su postura hizo alusión a la Sentencia
C-713 de 2008 e indicó que ya desde en esa providencia se "fijó la regla
conforme a la cual los funcionarios judiciales deben ser elegidos de una
lista o registro conformado mediante concurso público de méritos, sin
importar que su cargo fuese tan sólo temporal"(Corchetes y negrillas
propias).
En la Sentencia SU-553 de 2015, la Corte también se refirió a las
Sentencias C-333 de 2012 y C-532 de 2013, precedentes con base en
los cuales reafirmó que los cargos de la Rama Judicial por regla general
deben ser provistos mediante el régimen de carrera judicial y que
incluso tratándose de vacantes temporales debe acudirse
preferentemente a aquellos que aprobaron la totalidad de las etapas del
concurso de méritos. Así lo expresó la Corte Constitucional:
"(...) en la Sentencia C-333 de 2012, la Corte tuvo la oportunidad de realizar un
estudio de constitucionalidad sobre la carrera judicial y la provisión de cargos
mediante concurso público de méritos, con ocasión de una demanda promovida
contra el artículo 67 de la Ley 975 de 2005[58], referente al sistema de elección
de los magistrados de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial. A partir de la regla fijada en la sentencia C-713 de 2008, la Corte
concluyó que, en este caso, la norma legal acusada violaba el artículo 125 de la
Constitución que impone como regla la carrera administrativa fundada en el
mérito, como criterio principal y primordial de selección de las personas
dedicadas a la función pública. Arribó a dicha conclusión, por cuanto, el artículo
67 de la ley de justicia y paz, no contempló un sistema de elección que, si bien
podía ser sensible a las especiales condiciones de las funciones a realizar, se
fundara en una elección pública basada en el mérito. En consecuencia, declaró
la exequibilidad de la norma acusada, en el entendido de que tales cargos se
deben proveer según el concurso público (Registro de elegibles) vigente para
cargos en la rama judicial.
4 Información extraída de la Constancia Nro. 235-2022 expedida por la Secretaría de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
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4.3.7. Posteriormente, dicha regla de decisión fue reiterada en la sentencia C-532
de 2013, en la que, en desarrollo del estudio de la constitucionalidad del artículo
28 de la Ley 1592 de 2012, se partió del mismo supuesto resuelto en la anterior
oportunidad. En ambos análisis se planteaba el desconocimiento del concurso
público de méritos como requisito constitucional para acceder a la carrera judicial,
incluso en cargos con vocación de transitoriedad, como lo serían los de la
jurisdicción de justicia y paz. La Corte decidió que la norma demandada era
exequible entendiendo que los empleos a los que se refiere dicho precepto legal,
es decir los cargos de magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial,
deberán ser provistos de las listas de elegibles vigentes enviadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en materia penal por ser
esta especialidad en la que se enmarca la actuación de los Jueces de Justicia y
paz.
Es claro que la provisión de los cargos de la Rama Judicial se debe hacer a
través de las reglas del concurso público y abierto contenido en la Ley 270
de 1996 y, teniendo en cuenta la lista de elegibles vigente. En todo caso, la
vocación transitoria del cargo no podrá entenderse como impedimento,
para que, en la selección del funcionario que lo vaya a ocupar, se aplique el
régimen de carrera judicial. Dicho régimen protege los derechos y garantías
constitucionales de aspirantes y servidores públicos, al mismo tiempo que,
cumple los fines estatales de transparencia y eficacia, comprometidos en los
mecanismos de ingreso al servicio público.” (Negrillas propias).
Con relación a ese interrogante, en la Sentencia SU-553 de 2015 la Corte
Constitucional aseguró que ya desde "la Sentencia C-713 de 2008 [se] fijó la
regla conforme a la cual los funcionarios judiciales deben ser elegidos de una
lista o registro conformado mediante concurso público de méritos, sin
importar que su cargo fuese tan sólo temporal"(Corchetes y negrillas
propias).
Asimismo, en la Sentencia SU-553 de 2015, la Corte se refirió a las
sentencias C-333 de 2012 y C-532 de 2013, precedentes con base en
los cuales reafirmó que los cargos de la Rama Judicial por regla general
deben ser provistos mediante el régimen de carrera judicial y que
incluso tratándose de vacantes temporales debe acudirse
preferentemente a aquellos que aprobaron la totalidad de las etapas del
concurso de méritos. Así lo expresó la Corte Constitucional:
“Es claro que la provisión de los cargos de la Rama Judicial se debe hacer a
través de las reglas del concurso público y abierto contenido en la Ley 270 de
1996 y, teniendo en cuenta la lista de elegibles vigente. En todo caso, la
vocación transitoria del cargo no podrá entenderse como impedimento,
para que, en la selección del funcionario que lo vaya a ocupar, se aplique el
régimen de carrera judicial. Dicho régimen protege los derechos y garantías
constitucionales de aspirantes y servidores públicos, al mismo tiempo que,
cumple los fines estatales de transparencia y eficacia, comprometidos en los
mecanismos de ingreso al servicio público.” (Negrillas propias).
Justamente, en virtud de esas consideraciones de la Corte
Constitucional, el 25 de septiembre de 2017 la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura expidió la Circular PCSJC17-36 mediante la
cual se dispuso que "tratándose de empleos que corresponden al régimen
de carrera judicial, las vacancias definitivas se deben proveer por el sistema
de méritos y en caso de vacancia transitoria, según los pronunciamientos
de la H. Corte Constitucional, sentencias C-713 de 2008, C-333 de 2012 y 532
de 2013, deben tenerse en cuenta los integrantes de los registros de
elegibles vigentes, como lo precisó en los mencionados fallos que por tratar
una situación semejante, pueden ser aplicables" (Negrillas propias). Y, por
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ende, se exhortó "a todos los nominadores de la Rama Judicial a cumplir las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como a observar
los precedentes jurisprudenciales que regulan la provisión de los empleos de
carrera en la Rama Judicial por vacancia definitiva o transitoria, orientados
siempre por el mérito como criterio de selección" (Negrillas propias).
En criterio de la Sala una alternativa que protege en mayor medida tanto
el mérito como pilar fundante de la función pública, como los esfuerzos
económicos y organizacionales en que incurre el Estado para la
realización de un concurso de méritos, es que la totalidad de las
vacantes que se presenten en cargos de carrera, independientemente
de si se trata de vacancias definitivas o temporales, se suplan con
quienes pertenecen al registro de elegibles. De esa manera, incluso si
no existen vacantes definitivas (por estar todas provistas con personas
que aprobaron la totalidad de un concurso de mérito), quienes lograron
una posición en el registro de elegibles pueden acceder por lo menos al
cargo al cual concursaron de forma temporal.
Se cae de su peso que este evento solo se presenta ante la inexistencia
de vacantes definitivas disponibles, pues la razón de ser someterse a
un concurso de méritos es ser nombrado en propiedad, no en
provisionalidad. Sin embargo, se insiste que en el supuesto de que la
totalidad de las plazas ya hayan sido provistas en propiedad y solo surja
una vacante temporal, guarda más armonía con el principio del mérito
nombrar en esta última al integrante del registro que siga en turno que
a una persona que no tiene los mismos méritos por no haber culminado
satisfactoriamente el concurso.
Y si bien tratándose de una vacancia temporal no puede desconocerse
la discrecionalidad que recae sobre el nominador, lo cierto es que esa
facultad cede ante el principio del mérito, pues por mandato
constitucional esta es la columna vertebral que guía el ingreso a los
cargos del Estado y no el criterio subjetivo del nominador.
En relación con lo anterior, en Sentencia C-288 de 2014, la Corte
Constitucional aseveró que "la única interpretación compatible con la
Constitución implica reconocer que no existe una absoluta discrecionalidad del
nominador, sino que por el contrario el mismo está limitado por los principios
de la función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad" (Negrillas propias).
Justamente en esa oportunidad, la Corte Constitucional estudió una
demanda de inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley 909 de 2004,
en el cual se consagra la figura de los empleos de carácter temporal
(categoría diferente a la vacancia temporal y que se opone a los cargos
de carrera administrativa).
De acuerdo con esa norma “los organismos y entidades a los cuales se les aplica
la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio” cuando (i) se trate de funciones que
no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades
permanentes de la administración, (ii) se busca desarrollar programas
de duración determinada, (iii) se pretende suplir necesidades puntuales
del personal por sobrecarga de trabajo, o (iv) se persigue desarrollar
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labores de consultoría y asesoría institucional que impliquen menos de
un año.
Asimismo, el numeral del tercero del artículo 21 de ese estatuto dispone
que “El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles
vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos
nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. De no ser posible la
utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades
y competencias de los candidatos”.
En esa oportunidad, el demandante consideró inconstitucional la
expresión subrayada, por considerar que se vulneraba el derecho a la
igualdad de los trabajadores. Esto en la medida en que se “establece una
diferenciación injustificada en relación con los cargos temporales, ya que no permite
la aplicación del concurso, ni del periodo de prueba, ni de la calificación del periodo
de prueba, ni de los derechos adquiridos, sino que consagra un procedimiento
especial que vulnera los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución”.
Ante este argumento, la Corte explicó que, si bien la provisión de los
empleos temporales mediante un procedimiento especial de evaluación
de las competencias de los candidatos era una medida idónea para
garantizar el principio de eficiencia de la función pública, lo cierto es
que no podía entenderse que tal mecanismo implicaba una
facultad ilimitada en cabeza del nominador.
Para la Corte, el considerar que el nominador goza de una
discrecionalidad absoluta significa una interpretación inconstitucional.
Las razones obedecen a que esa perspectiva desconoce el principio de
legalidad administrativa, según el cual la actuación de la administración
pública debe ser reglada; vulnera el principio de igualdad, pues no
establece ningún parámetro para garantizar la igualdad de
oportunidades; viola el debido proceso administrativo, pues no
establece los criterios para garantizar la moralidad, la publicidad, la
motivación y la contradicción.
En consecuencia, la Corte concluyó que la norma demandada debía
interpretarse bajo el entendido de que el nominador no contaba con una
discrecionalidad ilimitada y absoluta para efectos de llevar a cabo el
procedimiento de evaluación de competencias y capacidades. A su vez,
resaltó que el actuar del nominador debía limitarse por los principios de
la función pública. Y para garantizar dichos principios, la Corte brindó
una serie de parámetros a seguir.
El primer paso para la provisión de empleos temporales es la utilización
de las listas de la carrera administrativa.
En segundo lugar, la Corte dispuso que, en caso de no poder utilizarse
la lista de elegibles, procederá la evaluación de competencias y
capacidades de los candidatos, con base en el principio del mérito. Para
garantizar dicho principio, “en el procedimiento se deberá permitir que aquellas
personas que se encuentren en carrera administrativa cumplan los requisitos para el
cargo y trabajen en la misma entidad pública, puedan acceder de manera preferente
a los empleos temporales, pues su previa selección a través de un procedimiento de
concurso garantiza su idoneidad”.
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En tercer lugar, la Corte ordenó que tendría que garantizarse la libre
concurrencia en el proceso, mediante la publicación de una
convocatoria para la provisión del empleo temporal en la página web de
la entidad, durante un tiempo suficiente. Y finalmente, dispuso que la
selección de las personas que se nombrarían en los empleos
temporales deberá tener en cuenta exclusivamente factores objetivos
como: el grado de estudios, la experiencia en el cumplimiento de
funciones señaladas en el perfil de competencias y los factores
directamente relacionados con la función a desarrollar.
Ahora bien, aunque las consideraciones expuestas en la Sentencia C-
288 de 2014 aluden a la forma de suplir empleos de carácter temporal
(que como se mencionó no son lo mismo que las vacancias temporales
en la Rama Judicial), lo relevante a efectos del caso analizado es que
la provisión de cargos estatales siempre debe propender por la
garantía de los principios de la función pública y por la limitación
de la discrecionalidad absoluta en cabeza del nominador.
Por consiguiente, no podrían admitirse interpretaciones contrarias a los
principios de la función pública, como lo sería, por ejemplo, que la
utilización de la lista de elegibles para la provisión de vacantes
temporales implique la pérdida de los derechos de carrera de los
integrantes del registro, bajo el argumento errado de que el candidato
del listado ya fue nombrado. Esto, a todas luces sería contrario al
principio de moralidad que rige la función pública, según el cual la
gestión pública debe caracterizarse por la transparencia y la buena fe.
A su vez, tras analizar los cargos del demandante, en la Sentencia C-
942 de 2003 la Corte Constitucional, reconoció que “la realización de
concursos implica un gran esfuerzo administrativo y económico para el Estado, por lo
que el procedimiento debe ser aprovechado al máximo”. A su vez, indicó que
“podría pensarse que habría vulneración a la Constitución si las normas que
garantizan y desarrollan la carrera administrativa establecieran disposiciones que en
lugar de privilegiar los nombramientos temporales a un servidor de carrera lo hiciera
a favor de quien no ostenta este carácter.”
Bajo ese escenario la provisión de empleos estatales no se regiría por
el principio del mérito y por los principios de la función pública, sino que
obedecería a “privilegios odiosos e injustificados”.
5.2.5. Así las cosas, se considera que las vacantes generadas, antes del
vencimiento del registro, por las siguientes situaciones debieron ser
provistas con los integrantes del registro de elegibles que seguían en
turno: la comisión de estudios otorgada durante un año al magistrado
Antonio Suárez Niño del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
producto de la cual se nombró a Alfonso Estrella Otero en
provisionalidad (numeral 5); y la incapacidad médica otorgada al
magistrado José Oswaldo Carreño Hernández del Consejo Seccional
de la Judicatura de Boyacá y Casanare, en virtud de la cual se nombró
a Maritza Viancha Monroy en provisionalidad (numeral 6) .
Basta contrastar el mejor derecho de quienes conformaban la lista de
elegibles versus alguno de los nombrados en el párrafo anterior y el
efecto adverso que se genera al preferir a las personas exógenas al
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registro de elegibles. Ejemplo de esto último es el hecho de que el señor
Alfonso Estrella Otero, quien no se sometió al mismo esfuerzo que sí
invirtieron aquellos que aprobaron en su totalidad el concurso de
méritos, gozó de un cargo de magistrado durante un año, mientras que
las personas que no alcanzaron a ser nombradas en propiedad por el
vencimiento del registro ni siquiera pudieron ejercer el cargo de
magistrado seccional, al menos, de forma provisional. Lo cual denota
un efecto contrario al principio de justicia material y, por su puesto al del
mérito.
5.3. Así las cosas, al analizar cada uno de los cargos expuestos por el actor y por
el interviniente Wilson René González Cortés, se encuentra un actuar no
ajustado al principio del mérito frente a los nombramientos en provisionalidad
de Alfonso Estrella Otero y Maritza Viancha Monroy para suplir las vacancias
temporales ya mencionadas, en los Consejos Seccionales de la Judicatura de
Bogotá, y de Boyacá y Casanare.
El motivo por el cual se considera que tal actuar fue contrario al principio del
mérito obedece a que se considera que incluso las vacantes provisionales
deben ser provistas con los integrantes del registro, no solo porque tratándose
de cargos de carrera la discrecionalidad del nominador pasa a un segundo
plano, sino porque todo motivo de duda, vacío o laguna que no esté
contemplado expresamente en la ley especial que gobierna el sistema de
carrera especial de la Rama Judicial debe suplirse con un solo eje: la
prevalencia a la alternativa que mejor proteja el principio del mérito. Como lo
indicó la Corte Constitucional en Sentencia C-588 de 2009 "la carrera
administrativa constituye un eje definitorio de la identidad de la Constitución (...) su
ausencia trastoca relevantes contenidos de la Carta adoptada en 1991 (...) cuyo
desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional" (Negrillas
propias).
De hecho, se insiste, el propio Consejo Superior de la Judicatura ha abogado
por ese criterio de interpretación. Como se mencionó previamente, dicha
autoridad expidió la Circular PCSJC17-36 de 25 de septiembre de 2017 en la
que, con fundamento en las Sentencias C-713 de 2008, C-333 de 2012 y C-
532 de 2013 de la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura
señaló que las vacancias transitorias debían proveerse teniendo en cuenta a
los integrantes de los registros de elegibles.
Este instrumento no es de menor relevancia pues, por una parte, fue expedido
por el ente al cual la Constitución Política le confió la administración de la
carrera judicial; y por la otra, su conclusión se fundamenta en sentencias de
constitucionalidad en las que se respalda la tesis de la provisión de vacancias
temporales con personas del registro de elegibles.
Así las cosas, la Sala considera que, ante la predilección sistemática de
personas no pertenecientes al registro de elegibles, incluso para proveer
vacancias temporales surgidas para el cargo de magistrado seccional de
disciplina judicial, debe tomarse una medida resarcitoria a fin de proteger el
derecho fundamental al acceso a cargos públicos del actor y el principio del
mérito.
No podría ordenarse el nombramiento en propiedad de las personas que
conforman el registro de elegibles mencionado, porque en el curso de tutela
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no se acreditó que antes del vencimiento del registro existieran vacantes
definitivas disponibles.
Aun así, nada obsta para que el registro de elegibles mencionado sea la fuente
principal para suplir vacancias temporales que a futuro se produzcan en el
cargo de magistrado seccional de disciplina judicial, hasta que se consolide un
nuevo registro de elegibles o hasta que el registro vencido se agote
definitivamente.
Es cierto que a la fecha ya venció tal registro. Sin embargo, no se puede
desconocer que, antes de la existencia de un nuevo registro, por uno u otro
motivo a futuro se requerirá proveer vacantes temporales a fin de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio. Entonces, al ponderar entre el
nombramiento de personas para suplir vacancias temporales que no
culminaron satisfactoriamente el concurso versus la escogencia de personas
que sí lo lograron, la Sala opta por la segunda opción por ser la que más
privilegia el principio del mérito y porque tratándose de cargos de carrera la
discrecionalidad del nominador cede. Es por lo que se optará por la medida
señalada en el párrafo anterior.
Y aún más relevante es que el accionante presentó la acción de tutela previo
a que ocurriera el vencimiento del registro de elegibles, por lo que resulta
paradójico que la entidad se excuse en la expiración de lista, pese a que,
desde antes del vencimiento de la lista, la accionante solicitó su
nombramiento.
En consecuencia, la Sala considera plenamente justificado el empleo del
registro, incluso tras su vencimiento, en tanto que la parte actora interpuso la
acción antes de que dicho fenómeno temporal acaeciera.
6. Conclusión
Con base en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
únicamente, respecto a los nombramientos efectuados en los Consejos Seccionales
de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, plazas creadas mediante
Acuerdo Nro. PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020; y respecto la mora
administrativa en la cual, para esta Sección, incurrió la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial en las vacantes definitivas de Antioquia y de Magdalena.
Por otra parte, se amparará el derecho al acceso a cargos públicos del accionante,
así como al principio del mérito. Por consiguiente, se le ordenará a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial proveer las vacancias temporales que a futuro surjan
para el cargo de magistrado seccional de disciplina judicial, con la totalidad de los
integrantes del registro de elegibles consolidado para ese cargo en el curso de la
Convocatoria Nro. 22, atendiendo a su posición en dicho listado, hasta que el
mencionado registro se agote definitivamente, o hasta que se logre un nuevo
registro de elegibles, lo que suceda primero.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Luis Ariel
Rodríguez Ferreira, respecto a los nombramientos efectuados en los Consejos
Seccionales de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, plazas
creadas mediante Acuerdo Nro. PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020;
y respecto a la mora administrativa en la cual, para esta Sección, incurrió la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en las vacantes definitivas de
Antioquia y de Magdalena, por considerar que existe cosa juzgada.
2. Amparar el derecho fundamental de acceso a cargos públicos de Luis Ariel
Rodríguez Ferreira, así como al principio del mérito.
3. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
proveer las vacancias temporales que a futuro surjan para el cargo de
magistrado seccional de disciplina judicial, con la totalidad de los integrantes
del registro de elegibles consolidado para ese cargo en el curso de la
Convocatoria Nro. 22, atendiendo a su posición en dicho listado, hasta que el
mencionado registro se agote definitivamente, o hasta que se logre un nuevo
registro de elegibles, lo que suceda primero.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salva Voto
(Firmado electrónicamente)
ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ
Conjuez
31
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