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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01495-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01495-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En su lugar: www.consejodeestado.gov.co 20 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01495-01 Ac c i o n a n t e : N a c i ó n – M i n i s t e r i o d e D e f e n s a – Policía Nacional SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01495-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01495-01
Accionante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derecho
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho / Defecto
fáctico y desconocimiento del precedente / Limites
indemnizatorios miembros de la Fuerza Pública

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Richardson Bohórquez Bohórquez, actuando a nombre propio, en
contra de la sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá.

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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia se fundamenta en los
siguientes:

1. HECHOS

El señor Richardson Bohórquez Bohórquez presentó medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin que se declarara la
nulidad de los actos administrativos que lo retiraron del servicio y se
ordenara el reconocimiento y pago de los emolumentos dejados de
percibir.

El proceso correspondió al Juzgado Octavo Administrativo Oral de
Tunja que, mediante sentencia de 12 de septiembre de 2019, negó
las pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión se interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Boyacá que, a través de providencia de 9 de
diciembre de 2021, revocó lo fallado en primera instancia y, en su
lugar, accedió a lo pretendido.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«PRIMERO: Que se tutelen los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa vulnerados en la providencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 06, con ponencia del
Doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros del día 09 de diciembre de 2021

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notificada por correo electrónico el 16 de diciembre de 2021 dentro del
medio de control de reparación directa No.
15001333300920150015800.

SEGUNDO: (sic) Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Decisión No. 02, con ponencia del
doctor Luis Ernesto Arciniegas Triana del día veintiocho 28 de abril de
2021 y en consecuencia se ordene a esa autoridad judicial que, en
término de 1 mes siguiente a la notificación de esta providencia, dicte
un nuevo fallo dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 15001333300820180018600 que
tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas». (sic en toda la
cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con la expedición de la sentencia de 9 de diciembre de 2021,
incurrió en:

 Defecto fáctico: por indebida valoración probatoria, dado que
las actas médico laborales estuvieron sustentadas en conceptos
médicos proferidos en las áreas de psiquiatría, neurología y
salud ocupacional en los que se indicó que el señor Bohórquez
Bohórquez presenta patología mental que le impide permanecer
en este tipo de instituciones que generan estrés, lo que sin duda
puede agravar su patología.

Señaló que, al estar jerarquizado, puede tener acceso a
armamento situación que puede generar riesgo para la salud
propia o la de sus compañeros y, en esa medida, se omitió que
no era posible la reubicación ordenada conforme al criterio de la
única entidad facultada para valorar la condición psicofísica del
personal.

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 Desconocimiento del precedente judicial: concretamente,
de las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 en las que
se estableció que el monto de la indemnización es proporcional
al daño efectivamente causado, es decir, debe ser una cifra
cercana a lo dejado de percibir a consecuencia del retiro y debe
estar enmarcada dentro de los topes indemnizatorios señalados
en las sentencias de unificación precitadas.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 9 de marzo de 2022, el Consejo de Estado – Sección
Cuarta admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Boyacá, como accionado, y al Juzgado
Octavo Administrativo Oral de Tunja y al señor Richardson Bohórquez
Bohórquez, como terceros interesados en las resultas del proceso,
para que ejercieran su derecho de defensa.

Adicionalmente, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera
en el presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, por conducto de
su titular, se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que
carece de legitimación en la causa por pasiva dado que la decisión
acusada en el presente trámite constitucional fue la dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.

5.2. Las demás partes guardaron silencio.

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6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través de sentencia de 19
de mayo de 2022, amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y ordenó:

«2. Dejar sin efecto el numeral quinto de la sentencia del 9 de
diciembre de 2021 en el que se indicó:

“QUINTO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL, PAGAR al señor RICHARDSON BOHORQUEZ BOHORQUEZ,
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir,
correspondientes al cargo que venía desempeñando, desde la fecha
en que fue retirado del servicio y hasta la calenda en que se produzca
su reintegro, debiéndose hacer los descuentos legales
correspondientes por concepto de aportes pensionales en el
porcentaje que corresponde, los cuales deberán ser consignados en el
fondo de pensiones al que estaba afiliado el actor.”

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Boyacá que, en el término
de veinte días contados a partir de la notificación de esta providencia,
profiera sentencia complementaria en la que se pronuncie respecto a
la indemnización ordenada en el numeral quinto, para que en el nuevo
pronunciamiento tenga en cuenta lo contemplado en la parte
considerativa de esta providencia respecto a los topes indemnizatorios
señalados en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015».

Frente al defecto fáctico alegado, el a quo indicó que este no se
configura por cuanto de la valoración probatoria realizada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá se concluyó que existía una
inconsistencia entre los conceptos médicos emitidos en la historia
clínica del actor en los que se señaló que «existía un pronóstico
favorable sin secuelas» y por su parte los dictámenes de la junta
médico laboral y del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía afirmaron que el señor Bohórquez no contaba con la capacidad
psicofísica pues fue calificado con un porcentaje del 12.00% de

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pérdida de la capacidad laboral, sin posibilidad para desempeñar
ninguna actividad policial por lo que se recomendó no reubicarlo.

En ese sentido, precisó que el tribunal concluyó que la actuación va
en contravía de las normas constitucionales que brindan especial
protección constitucional a las personas que han sufrido disminución
en sus capacidades psicofísicas y/o discapacidad con ocasión de los
servicios prestados, pues conforme al criterio de la Corte
Constitucional se debió intentar la reubicación del actor pues al no
hacerlo se dejó desprotegido.

Ahora bien, en lo relacionado con el desconocimiento del precedente,
consideró que la providencia objetada ordenó que se paguen todas las
sumas dejadas de percibir desde el acto de retiro hasta el efectivo
reintegro, sin embargo, no estableció los límites indemnizatorios
fijados en las sentencias SU-556 de 2014 y SU- 053 de 2015 a la
indemnización reconocida a favor del señor Bohórquez con motivo de
su retiro de la Policía Nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la interpretación
que se ha dado por esta corporación en los citados precedentes, la
subregla de derecho que allí se establece se extiende, sin distinción
alguna, a los casos en los que se declara la nulidad del acto
administrativo de retiro de los miembros de Fuerza Pública, por lo que
la causal que motivó el retiro, así como el tipo de vinculación con la
institución, no tienen incidencia directa en la aplicación de esta.

Al respecto, resaltó que la finalidad que se persigue con las sentencias
de unificación cuya regla no se aplicó por parte de la autoridad judicial
demandada es proteger el erario y evitar pagos excesivos y

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desproporcionados en relación con el daño sufrido a causa de la
desvinculación, partiendo además de la base que a la persona le
corresponde proveer su propio auto sostenimiento.

7. IMPUGNACIÓN

El señor Richardson Bohórquez Bohórquez, actuando a nombre
propio, presentó impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia y señaló que: «no estoy de acuerdo en lo que se resuelve
máxime cuando controvierte una decisión judicial del tribunal
administrativo de Boyacá, quien había fallado en derecho amparando
mis derechos fundamentales y por extensión los de mi familia».

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o

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subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»1.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, con la expedición de la
sentencia de 9 de diciembre de 2021, que resolvió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
número 15001-33-33-008-2018-00186-00, incurrió en un
defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, iv) el
desconocimiento del precedente y v) el caso concreto.

1
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional, en la
medida en que se contrae a establecer de manera central si la parte
accionada incurrió en la violación de los derechos fundamentales ya
señalados.

Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo

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constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la providencia cuestionada se profirió el 9 de diciembre de
2021 y la acción de tutela se presentó el 7 de marzo de 2022.

No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra
tutela.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional3 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo

3
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios».6

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma7. En ese sentido, el

6
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
7
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.

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precedente judicial8 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento,
pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos
sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho9.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido10. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”11.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una

8
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
9
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
10
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»12.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales13, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial14.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, la Sala de Subsección decide la impugnación
presentada por el señor Richardson Bohórquez Bohórquez, actuando a
nombre propio, en contra de la sentencia de 19 de mayo de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que accedió a
las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá.

12
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
14
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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El impugnante alega que: «no estoy de acuerdo en lo que se resuelve
máxime cuando controvierte una decisión judicial del tribunal
administrativo de Boyacá, quien había fallado en derecho amparando
mis derechos fundamentales y por extensión los de mi familia», por lo
que considera que la sentencia de 9 de diciembre de 2021, que
resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado número 15001-33-33-008-2018-00186-00, se dictó en
derecho y siguiendo las garantías procesales de las partes.

Frente a lo anterior, se advierte que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, en la sentencia de 19 de mayo de 2022, encontró que la
decisión acusada incurrió en un desconocimiento del precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-
053 de 2015, en lo relacionado con los topes indemnizatorios en los
casos en que, a través de un acto sin motivación, se desvincula a
empleados nombrados de manera provisional en cargos de carrera
administrativa.

Sobre ello, esta Sala de Subsección advierte que la Corte
Constitucional unificó los estándares de motivación de los actos de
retiro discrecional de los miembros activos de la Fuerza Pública y
concluyó lo siguiente:

«i. Se admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la
Policía Nacional no necesariamente deben motivarse en el sentido de
relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso,
sí es exigible que estén sustentados en razones objetivas y hechos
ciertos.

En este sentido, el estándar de motivación justificante es plenamente
exigible.

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ii. La motivación se fundamenta en el concepto previo que emiten las
juntas asesoras o los comités de evaluación, el cual debe ser
suficiente y razonado.

iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y
razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre
acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es,
el mejoramiento del servicio.

[…]

vii. Si bien los informes o actas expedidos por los comités de
evaluación o por las juntas asesoras no son enjuiciables ante la
jurisdicción contenciosa, deben ser valorados por el juez para
determinar la legalidad de los actos.

Ello implica que se confronten las hojas de vida de los agentes, las
evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes y los demás
documentos que permitan esclarecer si hubo o no motivos para el
retiro.

De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o
constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de
retiro, deben considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional
para efectos de i) ordenar los eventuales reintegros a que tengan
derecho los demandantes, y ii) determinar los límites a las
indemnizaciones que les serán reconocidas. Específicamente deben
observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe
aplicarse el principio de igualdad entre los servidores públicos que han
sido desvinculados de sus cargos en contravía de la Constitución».

No obstante lo anterior, la obligación de acoger el precedente
constitucional no coarta la libertad del juez o la autonomía judicial,
pues existe la posibilidad para los operadores judiciales de apartarse
del precedente constitucional si cumple con los requisitos establecidos
para ello, esto es, siempre que cumpla con una carga argumentativa
adecuada y suficiente que justifique su actuar, evento que en
palabras de la Corte, puede darse: «cuando se verifica que existen
hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso

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concreto», o que «existan elementos de juicio no considerados en su
oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera más
coherente o armónica la institución jurídica».15

En ese sentido, si bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU-556
del 24 de julio de 2014 impuso límites al valor de la indemnización
para los casos de retiro del cargo de servidores públicos nombrados
en provisionalidad en cargos de carrera, en los siguientes términos:

«[…] Las órdenes que se deben adoptar en los casos de retiro sin
motivación de las personas vinculadas en provisionalidad en un cargo
de carrera, son: (i) el reintegro del servidor público a su empleo,
siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la
desvinculación no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido
suprimido o el servidor no haya llegado a la edad de retiro forzoso;
y,(ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
la persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea
inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24)
meses de salario […]». (Negrilla fuera de texto)

En la sentencia SU-053 de 2015, la Corte estudió varias acciones de
tutela en donde se analizaron providencias judiciales que no anularon
actos administrativos mediante los cuales retiraron del servicio a
servidores públicos sin motivación. La Corte realizó el estudio de dos
grupos de tutelas: en primer lugar, un grupo en el que se planteaban
problemas relacionados con la motivación de los actos administrativos
de retiro de empleados públicos, vinculados a cargos de carrera en
provisionalidad y, en segundo lugar, otro conjunto de acciones de
tutela contra sentencias judiciales, pero concernientes a la facultad

15
Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.

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discrecional de retiro de miembros activos de la Fuerza Pública,
específicamente de la Policía Nacional.

Es decir, que la Corte Constitucional hizo extensivos los topes
indemnizatorios que en principio eran aplicables sólo a los servidores
públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, a los
miembros de la Fuerza Pública que son retirados del servicio activo en
ejercicio de la facultad discrecional y aunque, en efecto, no se
evidencia que en la sentencia SU-053 de 2015 se hayan presentado
razones para ello, lo cierto es que la alta corporación manifestó
atenerse de manera integral a lo expuesto en la sentencia SU-556 de
2014, evento que también debe entenderse a la razón de la decisión o
ratio decidendi utilizada en la providencia con fundamento en la cual
se dio lugar a la limitación en la indemnización.

Sin embargo, esta Sala de Subsección16, al resolver casos similares ha
señalado que la Sección Segunda del Consejo de Estado no se ha
pronunciado con respecto de la aplicación de las sentencias de
unificación en tutela SU-053 de 2015 y SU-556 de 2014 proferidas
por la Corte Constitucional. Lo que se denota en sede de lo
contencioso administrativo, es la reiteración del precedente instituido
en la sentencia del 29 de enero de 2008 proferida por la Sala Plena
del Consejo de Estado,17 en la que se dejó sentado que en casos
donde se ordene el reintegro de un trabajador con el consecuente
pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir desde la fecha
del retiro hasta el efectivo reintegro, las cosas vuelven a su estado

16
Sentencia 2 de abril de 2020. Radicado número: 11001-03-15-000-2019-04718-01. Consejero
Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2008, consejero
ponente: Jesús María Lemus Bustamante, expediente 76001-23-31-000-2000-02046-02(IJ), Actor:
Amparo Mosquera Martínez.

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anterior, esto es, como si durante el tiempo en que se estuvo cesante,
el trabajador hubiera prestado el servicio efectivamente y devengado
el salario correspondiente. En efecto, esta Subsección ha sostenido:

«Bajo este contexto, esta Sala de decisión ha optado por señalar en
casos como el presente,18 que al ser el Consejo de Estado el tribunal
de cierre en materia de lo contencioso administrativo, no puede
considerarse que el juez ordinario incurre en vulneración de derechos
fundamentales cuando no acoge el criterio de la Corte Constitucional
sentado en las sentencias SU-053 de 2015 y SU-556 de 2014.

Lo anterior, porque si bien es cierto en la sentencia SU-053 de 2015,
la Corte Constitucional extendió para los miembros de la Fuerza
Pública retirados en ejercicio de la facultad discrecional, la aplicación
de los topes indemnizatorios previstos en la sentencia de unificación
SU-556 de 2014, también es cierto que sobre su aplicación el Consejo
de Estado aún no se ha pronunciado, evento que denota en el caso
«la existencia de un hecho que exculpa al juez de la aplicación del
precedente constitucional»,19 pues al no existir un criterio unificado
por las dos corporaciones, bien puede concluirse que el juez ordinario
actuó en derecho al acoger el criterio jurisprudencial en vigor en sede
de lo Contencioso Administrativo».20

En este orden de ideas, esta Sala de Subsección considera que no le
asiste razón al a quo al señalar que con la decisión acusada se
incurrió en un desconocimiento del precedente y al ordenar al Tribunal
Administrativo de Boyacá proferir sentencia complementaria en la que
tenga en cuenta los límites de los topes indemnizatorios propuestos
en las sentencias de unificación estudiadas.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2018, consejero
ponente: William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2018-00548-00, Actor: Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Colombia, Accionado: Tribunal Administrativo del Meta.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de septiembre de 2017, consejero
ponente: William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2018-00548-00, Actor: Oscar Germán
Montoya Duque, Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,Subsección D.
19
Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001.
20
Sentencia 2 de abril de 2020. Radicado número: 11001-03-15-000-2019-04718-01. Consejero
Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.

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Por lo anterior, no se evidencia en el caso la vulneración de derechos
fundamentales, pues aunque existe precedente de la Corte
Constitucional en materia de límites indemnizatorios en casos de
reintegro de miembros de la Fuerza Pública por desvinculación en uso
de la facultad discrecional de la administración, el Tribunal
Administrativo de Boyacá aplicó el restablecimiento del derecho de
acuerdo con el criterio reiterado por el Consejo de Estado, esto es,
aplicó la línea jurisprudencial que en uso de su autonomía e
independencia judicial podía adoptar, dado también el carácter
vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Así las cosas, esta Sala de Subsección revocará la sentencia de 19 de
mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta,
que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y, en su lugar, negará las pretensiones de la acción
de tutela.

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 19 de mayo de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional. En su lugar:

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SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CON ACLARACIÓN DE VOTO
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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