Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01658-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01658-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01658-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., seis (06) de mayo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL– Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción
de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional de conformidad con lo
consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 5 de abril de 2023, la parte actora a través de apoderado judicial 23 presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
Hechos relevantes
1
Que ingresó para fallo el 19 de abril de 2024.
2
Se confirió poder a la abogada Carolina Bernal Téllez, identificada con la cédula de ciudadanía No.
3
.314.972 de Bogotá, con tarjeta profesional No. 107.395 de. C.S.J.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
2. El señor Wilmar Libardo Castellanos Buriticá ingresó a la escuela Alejandro
Gutiérrez para iniciar su carrera en la Policía Nacional. Con el tiempo se graduó
como profesional el 2 de mayo de 2006.
3. El 28 de marzo de 2014 con ocasión a sus labores de interdicción en el Norte
de Santander, al realizar un descenso en soga rápida desde un helicóptero, cayó
de una altura de 2 metros lo que le provocó lesiones en la columna vertebral.
4. Tras realizarse varios estudios, en el mes de febrero de 2016, la Junta Médico
Laboral de la Policía Nacional en Santa Marta le practicó un examen de pérdida de
capacidad laboral y mediante el acta No. 670 determinó que tenía una incapacidad
permanente parcial del 12%. Por esta razón se recomendó la reubicación laboral ya
que podía desempeñarse en labores administrativas dentro de los niveles de gestión
administrativa, operativa o docente.
5. Con relación a lo expuesto por la Junta Médico Laboral, el patrullero
Castellanos Buriticá fue trasladado a la dirección de antinarcóticos Regional No. 3
de la ciudad de Pereira, desempeñando el cargo de secretario.
6. En abril de 2016, el señor Castellanos Buriticá presentó recurso de apelación
en contra del dictamen de la Junta Médica y en el mes de octubre el Tribunal Médico
Laboral del Ejército y Policía Nacional emitió el dictamen No. TML-16-1-558 en el
que determinó que no se encontraba apto para la actividad policial e incrementó el
porcentaje de pérdida de capacidad laboral al 28% sin determinar que podía
continuar dentro de la institución realizando otras labores.
7. Una vez la Junta de Calificación de Santa Marta realizó valoración de pérdida
de capacidad laboral, lo reubicó en el cargo de titular del sistema de gestión
ambiental CREG.
8. La Dirección General de la Policía Nacional emitió la resolución No. 08062 de
15 de diciembre de 2016 en la que se retiraba del servicio por haber sido calificado
con la pérdida de capacidad laboral en un 28% y a pesar de que se encontraba en
tratamientos médicos, fue desvinculado del cargo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
9. Inconforme con lo anterior, el señor Wilmar Libardo Castellanos Buriticá
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional con el
fin de que se declarara (i) la nulidad de la resolución No. 08062 del 15 de diciembre
de 2016; (ii) el reintegro al cargo de titular sistemas de gestión ambiental CREG 3 y
(iii) se reconocieran las asignaciones salariales dejadas de percibir desde el 29 de
diciembre de 2016 hasta la fecha de su reintegro.
10. El proceso correspondió al Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Pereira
que, por medio de la sentencia del 8 de marzo de 2021, declaró la nulidad de la
resolución No. 080062 del 15 de diciembre de 2016, ordenó a la Policía Nacional a
reintegrar al señor Wilmar Libardo Castellanos Buriticá y solicitó reconocer y pagar
los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir desde la fecha que
se hizo efectivo el retiro del servicio hasta que se concrete el reintegro al cargo,
entre otros.
11. Contra dicha decisión la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional
interpuso apelación, recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Risaralda que, a través de providencia del 29 de septiembre de 2023, confirmó la
sentencia de primera instancia y modificó el numeral que reconocía y pagaba al
señor Wilmar Libardo Castellanos Buritica en el apartado “suma de la cual se
descontará todo lo percibido en ese lapso por el demandante, como remuneración
por concepto del desempeño de cargos públicos”.
Pretensiones
12. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia la
cual accede a las pretensiones de la demanda, emitida por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda, del 29 de septiembre de 2023,
ejecutoriada el 11 de octubre de 2023, Magistrado Ponente Dr. DUFAY
CARVAJAL CASTAÑEDA, la cual confirmó y modificó la sentencia de
primera instancia emanada por el Juzgado Primero (1) Administrativo de
Pereira en la cual se habían denegado las pretensiones de la demanda,
vulneró el derecho a la Igualdad y al Debido Proceso, de la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda
el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJE SIN
EFECTOS la sentencia citada, y se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA - dentro del término razonable que se
considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los
argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el
precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y el
Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento se
invocó, esto frente a los límites indemnizatorios mencionados dentro del
presente escrito […].
Fundamentos de la demanda de tutela
13. La parte tutelante alega que la sentencia objeto de la acción de tutela vulneró
el derecho a la igualdad y al debido proceso porque desconoció la sentencia SU-
053 del 2015 la cual se hizo extensiva a los miembros de la fuerza pública en los
límites indicados en la sentencia SU-556 del 2014 en lo relacionado al título
indemnizatorio. En concreto, en criterio de la Policía Nacional solo se debe pagar lo
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de
la sentencia, descontando el monto de cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente e independiente que haya recibido la persona, estableciendo como
límite que no sea inferior a 6 meses ni exceda los 24 meses de salario.
14. En cuanto al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
argumenta que, la acción de tutela los cumple a cabalidad debido a que es relevante
desde el punto de vista constitucional por las graves consecuencias para la
seguridad jurídica y la protección del patrimonio público, pues la no aplicación de
las sentencias SU-053 de 2015 y la SU-556 de 2014, afecta ostensible las finanzas
del Estado colombiano y no tiene en cuenta los límites indemnizatorios.
15. En cuanto al requisito de inmediatez, considera que la presentación de la
tutela resulta oportuna toda vez que la sentencia de segunda instancia objeto de
tutela quedó ejecutoriada el 11 de octubre de 2023.
16. Arguyó que en las causales específicas hay un desconocimiento del
precedente jurisprudencial vertical, porque el AD-QUEM debía aplicar la sentencia
de unificación emitida por la Corte Constitucional y revestida con efectos erga
omnes los cuales hacen tránsito a cosa juzgada e incluso, se aplica el artículo 243
de la Constitución Política. Sumado a que dichos pronunciamientos no solo son
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
aplicables a los servidores vinculados en provisionalidad, sino que se hace
extensivo a los miembros de la Policía Nacional.
17. Aduce que las personas tienen la responsabilidad de su propio sostenimiento,
porque si bien tienen derecho al trabajo deben procurar sus medios económicos y
asumir la responsabilidad de estos, máxime si se trata de una desvinculación.
18. Por último, realiza un análisis jurisprudencial respecto de varias sentencias
del Consejo de Estado4 con situaciones fácticas y jurídicas similares en los cuales
se ha efectuado una indemnización por desvinculación sin motivación y por la que
se aplica la regla general prevista en la sentencia de unificación SU-556 del 2014.
Trámite en primera instancia
19. Mediante auto del 9 de abril de 2024, el despacho sustanciador admitió la tutela
de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Risaralda como
accionado, y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, a Wilmar
Libardo Castellanos Buriticá y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
como terceros con interés.
Intervenciones
20. El apoderado del señor Wilmar Libardo Castellanos Buriticá5 solicitó que
se niegue la acción de tutela de la referencia pues la resolución por la cual fue
separado del cargo se fundaba en la disminución de la capacidad laboral
correspondiente al 28%, frente a lo cual, la sentencia del 26 de septiembre de 2019
del Consejo de Estado6 ordenó que es necesario analizar si el servidor estaba en la
capacidad de desarrollar actividades administrativas, docentes o de instrucción en
la entidad antes de proceder al retiro del servidor.
4
Menciona las sentencias proferidas por esta Corporación dentro de las acciones de tutela números
11001031500020140206801, 11001031500020140172500, 11001031500020160079100 y
11001031500020160066100.
5
El abogado Javier David Orbes Bastidas, identificado con cédula de ciudadanía 1.088.241.869
expedida en Pereira y portador de la tarjeta profesional No. 215.371 del C.S.J.
6
Radicado No.1001-03-15-000- 2019-03784-00.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
21. Afirmó que conforme a las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 los
empleados públicos en provisionalidad, el acto de desvinculación no fue motivado,
sin embargo, estos no guardaban relación pues se diferencia en la disminución de
capacidad laboral psicológica. Citó varias sentencias del Consejo de Estado 7 e
indicó que se debe aplicar de acuerdo a este criterio. Además, realizó una similitud
con la sentencia T-328 del 2022 en lo referente a la estabilidad laboral reforzada en
miembros de la fuerza pública que tiene más similitud con el presente caso.
22. Por último, expresó que la Corte Constitucional en sentencias posteriores y
en lo que atañe la desvinculación de la entidad de personas que pertenecen a la
fuerza pública, gozan de estabilidad laboral reforzada, debido a que la disminución
se presenta menor al 50% y no indica un mínimo o máximo indemnizatorio previsto
en la SU-556 del 2014, precisando que la premisa adecuada corresponde a que la
entidad deberá cancelar todas las prestaciones sociales y salarios dejados de
percibir.
23. El Juzgado 1° Administrativo del Circuito de Pereira rindió informe y
expuso que no se superan los presupuestos de procedencia de la acción de tutela,
debido a que no se agotaron los recursos ordinarios para cuestionar la decisión
atacada, ya que si bien la sentencia atacada es la dictada por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Risaralda, sin embargo, desde la decisión de primera
instancia se dispuso el pago de los salarios dejados de percibir por el actor sin
imponer un límite temporal que se reclama a través del mecanismo de amparo.
24. Sumado a lo anterior afirmó que en el recurso de apelación se limitó a indicar
las razones por las cuales el criterio de la Policía Nacional en el acto que expidió se
apega a derecho, pero no formuló inconformidades claras sobre el periodo objeto
de indemnización, por esto no agotó de manera adecuada este recurso.
25. El Tribunal Administrativo de Risaralda manifestó que la acción de tutela
es improcedente y carece de relevancia constitucional porque no tiene una relación
directa con la presunta afectación de los derechos fundamentales, aspectos que no
se esgrimieron tampoco en el recurso de apelación.
7
Cita las sentencias con radicado No.11001-03-15-000-2023-00768-00; radicado No. 11001-03-
15000-2022- 01495-01 y la sentencia T-328 del 2022 de la Corte Constitucional.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
26. Por otro lado, indicó que lo pretendido por la parte accionante es una tercera
instancia, porque a pesar de que no se mencionó en el recurso de apelación, desde
la primera instancia ordinaria se definió que se debe realizar el pago desde la fecha
en la que se hizo efectivo el retiro del servicio y hasta que se concretó el reintegro
al cargo. A su vez, no se presenta un desconocimiento del precedente
jurisprudencial ya que la sentencia SU-556 del 2014 y SU-053 del 2015 no guardan
identidad fáctica ni jurídica con el caso bajo estudio, incluso el Consejo de Estado 8
precisó que, para efectos indemnizatorios, no resultan aplicables a un patrullero de
la Policía Nacional.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
27. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
28. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces8.
29. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber9:
30. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E),
expediente 11001-03-15-000-2019-04646-00; Sentencia de tutela del 16 de enero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-04124-00, M.P. César Palomino Cortés; entre otros. 8 Sentencia
T–422 de 2018.
9
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está constituido para
proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial.
31. Una vez revisada la demanda de tutela, se colige que la Nación representada
por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, ha acudido a la jurisdicción
constitucional con el objetivo de garantizar que el monto indemnizatorio establecido
para el señor Wilmar Libardo Castellanos Buriticá sea consistente con lo dispuesto
en las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, lo que implica que el pago de
la indemnización solo cubra los salarios y prestaciones que el demandante dejó de
percibir, descontando cualquier suma recibida por el actor como trabajador, ya sea
público o privado, dependiente o independiente. Indemnización que no puede ser
inferior a seis (6) meses ni exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
32. En este caso, la Sala constata que el Juzgado de primera instancia después
de efectuar el estudio de legalidad del acto de retiro, decretó el restablecimiento del
derecho en los siguientes términos:
A título de restablecimiento del derecho se condenará a la entidad demandada
a reintegrar al demandante, sin solución de continuidad, al cargo que venía
ocupando para el momento de la expedición del acto administrativo demandado,
a cancelar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el retiro del
servicio y hasta el reintegro del actor, disponiendo además que el periodo
transcurrido es computable para efectos pensionales, debiendo realizarse los
aportes necesarios para el efecto.
En el evento que el demandante pretenda ejecutar esta sentencia, junto con la
solicitud de ejecución deberá adosar los certificados salariales y prestacionales
que acrediten lo devengado por un patrullero a partir del año 2016 y hasta que
se haga efectivo el reintegro, so pena de falta de claridad del título.
33. La Sala constata que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional en el libelo de la apelación10 se refirió a la ausencia de requisitos del señor
Wilmar Libardo Castellanos Buriticá para ser beneficiario de la pensión de invalidez,
10
El recurso de apelación se presentó el 18 de marzo de 2021. El recurso de apelación se encuentra
en Samai “expediente 66001333300120170017800” índice 28, en certificado EC9D6E8196F4816D
EB86E258819ACEE6 8AB659287A96EC8B 9133BBB5A9FCCD3F.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
al tiempo que efectuó un estudio de las normas que regulan la capacidad laboral de
los miembros de la Fuerza Pública y la Policía Nacional. En el escrito, sin embargo,
no se expresaron reparos frente al restablecimiento del derecho ordenado por el
Juez de primer grado.
34. Al desatar el recurso de apelación, el Tribunal accionado consideró que los
argumentos de la administración no estaban llamados a prosperar y en cuanto al
restablecimiento del derecho el ad quem consideró que debían efectuarse los
mencionados descuentos atendiendo la sentencia de unificación del 9 de agosto de
2022, emanada de la Sección Segunda de esta Corporación:
4.3. Descuento por ejercicio de cargos públicos.
Toda vez que el restablecimiento del derecho anunciado comprende el reintegro
y el pago de los emolumentos laborales causados hasta la fecha del mismo,
señala esta Colegiatura Judicial que resulta forzoso disponer que se efectúen
los descuentos por concepto de lo percibido por el demandante en el
desempeño de cargos públicos, en el interregno comprendido entre la
desvinculación materia de proceso y la efectividad del reintegro que se ordena
en este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la
Constitución Política, del siguiente tenor:
“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir
más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la
Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.
Igualmente, tal decisión tiene como fundamento la posición que, respecto de la
aplicación de dicha norma constitucional, fue adoptada por el órgano de cierre
de la jurisdicción, en sentencia de unificación del 9 de agosto de 202211, con
la siguiente regla:
«UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, estableciendo que son procedentes los descuentos efectuados
a la condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde
se obtenga la nulidad del acto que retiró del servicio a un empleado público
nombrado en provisionalidad, a razón de las sumas de dinero recibidos por la
parte demandante a título de salarios, prestaciones sociales de relaciones de
trabajo en el sector público». (resalta la Sala).
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B. CP Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia del 9 de agosto de 2022 Radicación: 11001-03-25-
0002017-00151-00 Nº interno: 0892-2017. Demandante: Sonia Yamile Rondón Tasco. Demandado:
Municipio de San Gil (Santander). Asunto: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
35. Conforme con lo anterior, la Sala concluye que la cuestión planteada por la
administración a través de la acción de tutela carece de relevancia constitucional.
Esto se debe a que la Policía Nacional no discutió la aplicabilidad de las sentencias
SU-053 de 2015 y SU-556 de 2014, durante los momentos procesales pertinentes
para la adecuada defensa de sus intereses.
36. Al no ser este el escenario idóneo para entrar a estudiar cuestiones que son
del resorte de los jueces naturales, es menester declarar la improcedencia de la
acción de tutela en el caso de referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01658-00
Accionante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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