Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00768-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00768-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00768-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
8 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: POLICIA NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA. PERSONAL RETIRADO POR
DISMINUCION DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA .
DISCUSIÓN SOBRE LOS LÍMITES
INDEMNIZATORIOS. SE INVOCA EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE Y SE NIEGA
PORQUE AL RESPECTO NO EXISTE UNA POSTURA
UNIFICADA.
Síntesis del caso: el demandante estimó vulnerados sus derechos fundamentales
de igualdad y debido proceso, por considerar que en la providencia objeto de tutela
se incurrió en desconocimiento de precedente jurisprudencial frente al límite
indemnizatorio para el reconocimiento de las sumas dejadas de pagar al personal
retirado por disminución de la capacidad psicofísica. La Sala denotó que no existe
una posición unificada sobre ese particular y que la postura de la autoridad
accionada resultó razonable. Por consiguiente, se negará las pretensiones de la
tutela.
La Sala decide la acción de tutela presentada, por intermedio de apoderado judicial,
por la Policía Nacional para la protección de sus derechos fundamentales de
igualdad y debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado el 16 de febrero de 2023, la Policía Nacional promovió
proceso de acción de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia judicial del 23 de enero de 2023 proferida por la Sala de Decisión Oral
C del Tribunal Administrativo de Atlántico.
1. Los hechos de la demanda.
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) La autoridad actora manifestó que el señor patrullero Haxel Andrés Ramírez de
la Pava demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho las Actas nos. 270 del 17 de abril de 2012 expedida por la Junta Médico
Laboral de Policía que no recomendó su reubicación laboral y 3786-8389 MDNSG-
TML 41.1 del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del 13 de
febrero de 2015, así como la Resolución no. 01898 del 6 de mayo de 2015 expedida
por el Director General de la Policía Nacional, mediante los cuales se decidió su
retiro del servicio activo de la Policía Nacional por disminución de la capacidad
psicofísica.
2) El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante
sentencia del 11 de marzo del 2022, negó las pretensiones, por cuanto los actos
demandados se emitieron con fundamento en un dictamen de la junta médico
laboral válido.
3) El señor Ramírez de la Pava apeló esa decisión judicial y manifestó que podía
ser reubicado en la institución en actividades administrativas o de investigación,
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
dado que incluso después del accidente continuó trabajando en la institución hasta
el 11 de mayo de 2015, es decir, 5 años después de su lesión1.
4) Mediante sentencia del 27 de enero del 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico revocó la decisión de primera instancia, declaró la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados y condenó a la entidad a reintegrarlo y pagarle
todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su
desvinculación hasta la fecha de su reintegro.
5) Adicionalmente, manifestó que si bien la Junta Médica de revisión Militar y de
Policía consideró que el señor Ramírez de la Pava no acreditó debidamente
capacidades ni aptitudes ocupacionales para desempeñarse en actividades de tipo
administrativo, lo cierto es que no se tuvo en cuenta las capacidades y cursos que
se relacionaron en la hoja de vida del allí actor, quien además acreditó que continuó
laborando en la seccional de investigación criminal y en otras dependencias sin que
su situación se agravara.
2. Los fundamentos de la vulneración.
La Policía Nacional señaló que la providencia del 27 de enero del 2023 proferida
por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo de Atlántico vulneró sus
derechos fundamentales constitucionales de igualdad y debido proceso, por cuanto
incurrió en desconocimiento de precedente jurisprudencial frente a los límites
indemnizatorios que se reconocieron en la sentencia condenatoria al señor Haxel
Andrés Ramírez de la Pava.
Específicamente, señaló que se desconoció la sentencia SU-053 de 2015 proferida
por la Corte Constitucional en la cual se hizo extensiva a los miembros de la fuerza
1
El día 18 de mayo de 2010, el patrullero Haxel Ramirez de la Pava, se trasladaba hacia las
instalaciones de su lugar de trabajo en la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla y sufrió
un accidente que le produjo una herida en la mano derecha.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
pública las reglas relacionadas con los límites indemnizatorios y descuentos
previstos en la sentencia SU-556 del 2014, según la cual la indemnización en casos
de reintegro no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 24 meses.
En este caso la autoridad judicial ordenó el pago al demandante de las mesadas
salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento
de su desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, pese a que la
indemnización no podía superar los 24 meses.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda instancia
de fecha 27 de enero del 2023, proferidas por el Honorable Tribunal
Administrativo del Atlántico- Sala de Decisión Oral “C”, demandante
Patrullero (r) HAXEL ANDRES RAMIREZ DE LA PAVA, Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, violó los derechos a la
Igualdad y al Debido Proceso, de la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se
conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se
DEJE SIN EFECTOS la sentencia citada, y se ordene al
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO del ATLÁNTICO- Sala
de Decisión Oral “C”, dentro del término razonable que se considere,
dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los
argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando
el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y
Honorable Consejo de Estado en las sentencias SOBRE LÍMITES
INDEMNIZATORIOS DEL REINTEGRO AL SERVICIO ACTIVO del
citado demandante, cuyo desconocimiento se invocó.” - Archivo
Aplicativo SAMAI
3. Actuación procesal
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
Mediante auto de 16 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al presidente y magistrados de la Sala de Decisión Oral C del Tribunal
Administrativo del Atlántico, al tiempo que se vinculó al titular del Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Barranquilla y al señor Haxel Andrés Ramírez de la
Pava, último que actuó como parte demandante en el proceso ordinario.
4. Actuación de la autoridad demandada
La Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico refirió que su
decisión se basó en el hecho de que el acto administrativo allí enjuiciado incurrió en
falsa motivación, en la medida que dispuso retirar del servicio activo de la Policía
Nacional al patrullero Haxel Andrés Ramírez de la Pava por disminución de la
capacidad psicofísica, tomando como fundamento el acta emitida por el Tribunal
Médico de Revisión Militar y de Policía, sin el previo análisis de las competencias
del señor Axel en su hoja de vida, y sin haber realizado una valoración de las
habilidades, destrezas y capacidades del afectado, a fin de establecer si existían
actividades que podría cumplir dentro de la institución.
Además, consideró que la acción de tutela se torna improcedente habida cuenta
que no se estructuró ninguno de los requisitos generales de la acción constitucional
enmarcada en alguno de los defectos.
El señor Haxel Andrés Ramírez de la Pava, mediante apoderado judicial, manifestó
que la Policía Nacional argumentó que la decisión adoptada por el tribunal
desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias SU 556 de
2014 y SU 053 de 2015, pero la sentencia SU 556 de 2014 no es aplicable a
miembros de la fuerza pública, pues en ella se resolvió un caso insubsistencia de
empleados provisionales y, por lo tanto, no es aplicable a miembros de la Policía
Nacional y mucho menos cuando el retiro obedece a la disminución de la capacidad
psicofísica.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
Esgrimió que esa sentencia versa sobre otro tipo de funcionarios -se transcribe- “a.
FISCALIA GENERASL DE LA NACIÒN – Declaratoria de insubsistencia Fiscal
seccional. b. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) –
Declaratoria de Insubsistencia - Profesional Administrativo. c. SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE”.
Lo mismo señaló respecto de la sentencia SU 053 de 2015, pues en ese caso no
se trató de miembros de la fuerza pública y mucho menos retirados con ocasión de
su disminución de la capacidad psicofísica.
Manifestó entonces que el único precedente vigente en relación con el reintegro de
uniformados de la Fuerza Pública por la causal de retiro por disminución de la
capacidad psicofísica es el adoptado en sentencia T- 328 de 2022, en el cual la
Corte Constitucional resolvió que la accionante tenía derecho al reconocimiento y
pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde el retiro de la
demandante de la institución.
En el caso en concreto el retiro por disminución de la capacidad psicofísica por
antonomasia es una facultad o un procedimiento reglado que no se acredita como
un ejercicio o potestad discrecional del Gobierno Nacional o del director general de
la Policía Nacional, de ahí que solicitó se infirme la sentencia del tribunal y se ordene
a la Policía Nacional dar cumplimiento a la decisión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
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Acción de tutela
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamos judiciales preestablecidos o para revivir
términos prelucidos o acciones caducadas. De esta manera previniendo un perjuicio
irreparable superior o que no se pudiera enmendar
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional a la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico
con el fin de que se proteja los derechos fundamentales antes referidos, por cuanto
incurrió en desconocimiento de precedente jurisprudencial frente a los límites
indemnizatorios tratándose de miembros de la fuerza pública.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederá a exponer:
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
En primer lugar, se advierte que se cumplen los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la parte
actora; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la
acción fue promovida dentro de los 6 meses2 siguientes a la notificación de la
providencia atacada; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se tutela y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y,
finalmente; vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional por
cuanto se alegó el supuesto desconocimiento del precedente judicial, argumento
que no pudo invocarse en el proceso ordinario por la Policía Nacional porque la
decisión de primera instancia había sido favorable a sus intereses, por ende, no
constituye una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.
1) La sentencia SU-556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional definió las
reglas aplicables al momento de definir el restablecimiento del derecho en casos en
los que se ordena el reintegro de servidores públicos que ocupaban cargos en
provisionalidad y dispuso que solo se debe reconocer el equivalente a sumas
dejadas de pagar descontando de ese valor las sumas percibidas por cualquier
concepto laboral, público o privado y con un tope máximo de 24 meses de salario.
2) Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-053 de 20156, unificó su
postura sobre i) el mínimo y/o estándar de motivación de los actos discrecionales
de retiro del servicio activo de los miembros de la Policía Nacional; ii) la orden
judicial de reintegro de aquellos, cuando dicho retiro resulta ilegal y iii) extendió a
los miembros de la fuerza pública los límites indemnizatorios previstos en la
2 Sentencia de Segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de 27
de enero de 2023.
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sentencia SU-556 de 2014, en lo relativo al restablecimiento del derecho cuando se
origine en retiros del servicio sin motivación. Al respecto, señaló:
“[S]e admite que los actos administrativos de retiro discrecional de la Policía
Nacional no necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las razones
en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén
sustentados en razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar
de motivación justificante es plenamente exigible.
ii. La motivación se fundamenta en el concepto previo que emiten las juntas
asesoras o los comités de evaluación, el cual debe ser suficiente y razonado.
iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y
razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre
acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el
mejoramiento del servicio.
(…)
vii. Si bien los informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por
las juntas asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben
ser valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica
que se confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de
desempeño, las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan
esclarecer si hubo o no motivos para el retiro.
De esa manera, en caso de que los jueces de instancia ordinarios o
constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de retiro, deben
considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de i) ordenar
los eventuales reintegros a que tengan derecho los demandantes, y ii) determinar
los límites a las indemnizaciones que les serán reconocidas. Específicamente
deben observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe aplicarse
el principio de igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados
de sus cargos en contravía de la Constitución”.
3) En ese sentido, la sentencia SU-053 del 2015 dispuso que cuando se evidencie
la falta de motivación en los actos de retiro de miembros de la Fuerza Pública,
particularmente de la Policía Nacional, el funcionario judicial debe remitirse a la
sentencia SU-556 de 2014, para fijar los límites de la indemnización a reconocer en
el proceso judicial.
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4) En esa decisión se analizó el caso de miembros de la fuerza pública retirados en
ejercicio de la facultad discrecional y no así el de aquellos que obedecieron a la
disminución de la capacidad psicofísica, como es el caso que nos ocupa.
5) Ahora bien, sobre la aplicación de las reglas contenidas en esa sentencia de
unificación a miembros de la fuerza pública independientemente de la causa del
retiro del demandante, existen distintos criterios en la Corporación frente a si tales
reglas deben o no extenderse a tales casos.
6) En efecto, mientras la Sección Cuarta, por ejemplo, ha dicho en algunos
pronunciamientos que sí debe atenderse ese precedente a todos los asuntos, entre
otros en la sentencia que trae a colación la Policía Nacional3; por el contrario, la
Sección Primera4, la propia Sección Segunda5 e incluso recientemente esta Sala de
Decisión6 en decisiones de tutela han sostenido que no es posible predicar el
desconocimiento del precedente a los eventos en que no se aplica el precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 053 de 2015,
en tanto que en esa decisión los topes de indemnización se previeron para los
miembros de la Fuerza Pública retirados en ejercicio de la facultad discrecional y no
para aquellos retirados por disminución de su capacidad psicofísica.
7) Como consecuencia de lo anterior es forzoso concluir que al respecto no existe
un criterio unificado, pues como lo ha dicho esta misma Sala “sobre el tema
específico del retiro de uniformados de la Policía por disminución de la capacidad
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 22 de marzo de 2018, Radicado no. 2017-01344-
01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia 24 de abril
de 2019, Radicado no. 2018-04648-00, CP Stella Jeannette Carvajal Basto.
4
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 4 de octubre de 2018, Radicado no. 2018-
01327-01, CP Hernando Sánchez Sánchez.
5
Consejo de Estado, Sección Subsección B, sentencia del 16 de enero de 2019, Radicado no. 2018-
04124-00, CP César Palomino Cortés.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de junio de 2022, Radicado
no. 2022-00761-01, CP Alberto Montaña Plata.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
psicofísica no existe una postura de unificación que permitiera a la autoridad judicial
adoptar un criterio jurisprudencial7”.
8) Por consiguiente, para la Sala no se configuró el defecto invocado en la medida
que en dicha providencia se analizaron dos casos en los que el Ministerio de
Defensa Nacional retiró del servicio activo a dos miembros de la Policía Nacional
por "voluntad del Gobierno", supuesto distinto con el que aquí se analiza, pues el
señor Ramírez de la Pava fue retirado, como se indicó, por "disminución de la
capacidad psicofísica".
9) En ese orden, el tribunal se decantó por una de las posturas válidas, ejercicio que
no puede considerarse constitutivo de un defecto o vía de hecho, sino la
manifestación de los principios de autonomía e independencia judicial, lo cual se
considera razonable.
10) En consecuencia, como la autoridad judicial accionada adoptó la postura que
consideró más adecuada para resolver la controversia el juez constitucional no
puede inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte con el único fin de imponer
su criterio o proponer una mejor solución al caso, pues dicho proceder se encuentra
vedado. En consecuencia, como se no advierte un precedente vinculante que se
pueda reputar como desconocido se negará el amparo pretendido por la Policía
Nacional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
7
Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00768-00
Demandante: Policía Nacional
Acción de tutela
FALLA:
1°) Niéganse el amparo invocado por la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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