Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01511-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-01511-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01511-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01511-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Demandado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD - existencia de otro mecanismo idóneo y eficaz–
no se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por la Institución Universitaria
Colegios de Colombia contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 7 de marzo de 2022, la Institución Universitaria Colegios de Colombia –
UNICOC –, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé, al
negar la solicitud de oposición presentada por la parte actora dentro de la diligencia
de lanzamiento y restitución de bien inmueble arrendado (Rad. 25899-33-33-001-
2017-00070-00/01) que se llevó a cabo los días 15 de febrero y el primero de marzo
de 2022.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:2
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 Expediente digital, folios 15 - 17 del escrito de demanda.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
<< Se amparen los derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso,
derecho a la defensa de UNICOC dentro de la diligencia de entrega y lanzamiento y
en consecuencia se ordene la nulidad de la decisión de negar la oposición presentada
en la mencionada diligencia por UNICOC para que sea el Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá quien decida sobre este.
Y de forma subsidiaria, se deje sin efectos de la decisión de imprimirle al recurso de
apelación interpuesto por UNICOC el efecto devolutivo, para que se le imprima el
suspensivo.
(…) Solicito como medida cautelar se suspenda la entrega material del bien objeto de
la diligencia de entrega y lanzamiento fijada para el lunes 7 de marzo de 2022 a las
11:00 am como quiera que esta es la materialización de la vulneración de los derechos
al debido proceso y defensa de UNICOC >>.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior, de las pruebas allegadas y de lo expuesto por el
accionante se tiene que3:
3.1.- En 1983, la Fundación Colegio Odontológico Colombiano y la Institución
Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC –, celebraron un contrato de
arrendamiento con la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP. Posteriormente,
suscribieron el Contrato No. 018 de 9 de febrero de 1999, por el mismo objeto, el
cual se prorrogó de manera automática hasta el 10 de febrero de 2017, fecha para
la cual, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, dentro del término estipulado,
solicitó la entrega del inmueble, en razón a que en dicha propiedad se construiría un
proyecto de interés público.
3.2.- En desacuerdo con lo anterior y en ejercicio del derecho de retención, las
arrendatarias se negaron a entregar el inmueble, al considerar que la arrendadora
debía restituir las mejoras realizadas al mismo.
3.3.- El 3 de marzo de 2017, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, interpuso
demanda de controversias contractuales contra la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano, para que se declarara la terminación del contrato de Arrendamiento
N°018 del 09 de febrero de 1999, en atención a la expiración del plazo pactado entre
las partes y, en consecuencia, se ordenara la restitución del predio objeto de
arrendamiento.
3.4.- El 29 de junio de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá: (i)
accedió a las pretensiones de la demanda; (ii) decretó la terminación del contrato de
arrendamiento; y (iii) ordenó a la parte demandada restituir el bien inmueble.
Además, declaró la nulidad de todas las estipulaciones adicionales y demás
documentos contentivos de las cláusulas que prorrogaron el contrato de
3 Expediente digital, folio 7 del escrito de demanda.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
arrendamiento, al considerar que el contrato no podía ser adicionado en más del
50% de su valor. También, se abstuvo de ordenar restituciones mutuas, al concluir
que no había obligación de pagar las mejoras, de conformidad con lo pactado en la
cláusula sexta del contrato de arrendamiento. Inconforme con la decisión adoptada,
la entonces demandada, interpuso recurso de apelación en contra del fallo de
primera instancia.
3.5.- El 12 de agosto de 2020, la Subsección C, de la Sección Tercera, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, confirmó la decisión apelada, excepto el ordinal
cuarto, que fue modificado para señalar “que las adiciones del contrato que debían
declararse nulas fueron aquellas que no se surtieron por escrito y no en razón a la
cuantía, por lo que las dos primeras adiciones no estaban viciadas de nulidad y el
contrato de arrendamiento terminó el 10 de febrero de 2008”. Adicionalmente,
revocó la condena en costas impuesta a la demandada.
3.6.- Contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
Fundación Colegio Odontológico presentó solicitud de aclaración y adición.
3.7.- El 28 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la
solicitud de aclaración y adición propuesta por la entidad demandada.
3.8. El 13 de abril del año 2021, la Fundación Colegio Odontológico Colombiano
y la Institución Universitaria Colegios De Colombia – UNICOC –, interpusieron
acción de tutela en contra de las decisiones judiciales proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y el Juzgado
Segundo Administrativo de Zipaquirá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la confianza legítima, con ocasión de las
sentencias proferidas el 12 de agosto de 2020 y el 29 de junio de 2018,
respectivamente, dentro del proceso de controversias contractuales con radicado
25899-33-33-001-2017-00070-00. En el recurso de amparo, UNICOC señaló que la
Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, convocó como demandada, únicamente,
a la Fundación Colegio Odontológico Colombiano y no convocó a UNICOC, a pesar
de conocer que ambas entidades son personas jurídicas diferentes y que UNICOC
era parte firmante dentro del contrato de arrendamiento N° 018 de 1999, situación
plenamente conocida por la demandante, en atención a los comunicados de
prórroga y reajuste de canon emitidos a los distintos funcionarios de UNICOC.
A partir de los hechos referidos, la parte accionante solicitó que se revocaran las
decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en: (i) un defecto material o sustantivo, al tener
como válidas únicamente las prórrogas presentadas por escrito, configurándose así
un exceso ritual manifiesto, puesto que todos los actos de la Empresa de Energía
de Bogotá, como la aceptación del pago del canon y las comunicaciones sobre el
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reajuste del valor del mismo, se entendían como manifestaciones que validan las
prórrogas del contrato; (ii) violación directa de la Constitución, ya que las
pretensiones subsidiarias que se formularon en la demanda, en procura de que se
declarara la nulidad de las cláusulas concernientes a las prórrogas automáticas, y
que fueron acogidas por las autoridades judiciales accionadas, van en contra del
principio de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa; y (iii) un defecto
procedimental, toda vez que la Empresa de Energía de Bogotá solo demandó a la
Fundación Colegio Odontológico Colombiano y no a la Institución Universitaria
Colegios de Colombia – UNICOC –, siendo una persona jurídica diferente y,
además, parte del contrato. Agregó que como en las pretensiones subsidiarias
formuladas por la Empresa de Energía de Bogotá se dirigían a pedir la nulidad de
las prórrogas del contrato de arrendamiento, debió convocarse también a la
Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC.
3.9.- El 7 de mayo de 2021, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado, declaró improcedente la acción de tutela. En desacuerdo con esto, la
entidad accionante, impugnó la decisión.
3.10.- Posteriormente, la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, en
sentencia de 19 de noviembre de 2021, confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que la acción interpuesta no cumplía con los requisitos de inmediatez,
subsidiariedad y relevancia constitucional. Este proceso fue adelantado bajo el Rad.
11001031500020210161101.
3.11.- El 15 de diciembre de 2021, la Institución Universitaria Colegios de Colombia
– UNICOC interpuso recurso de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues, a su juicio, la Empresa de Energía de Bogotá
se encontraba obligada a conformar el litisconsorcio necesario de la parte pasiva,
por cuanto la relación contractual era con las dos entidades señaladas, por lo que si
la Empresa de Energía de Bogotá, pretendía dar por terminado el contrato No. 018
de 1999, era necesario que todos los participantes del vínculo contractual
participaran del proceso.
Según UNICOC, la situación descrita impidió a la entidad ejercer su derecho a la
defensa, al no ser parte dentro del proceso, razón por la cual, solicitó que se
declarara la nulidad del proceso de controversias contractuales instaurado por la
Empresa De Energía De Bogotá S.A. ESP, desde el auto admisorio y, en
consecuencia, se ordenara constituir el contradictorio incluyendo como demandada
a la UNICOC.
3.12.- El recurso al cual se hizo referencia fue asignado a la Sección Tercera de
esta Corporación, proceso que actualmente se adelanta bajo el Rad.
110010326000202200017004.
4 Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.13. - El 7 de marzo de 2022, la UNICOC interpuso la presente acción de tutela
contra el Juzgado Promiscuo de Sesquilé, al considerar que en el marco de la
diligencia de lanzamiento y entrega realizada el 15 de febrero y primero de marzo
de 2022, en virtud del despacho comisorio N° 2021-00153 ordenado por el Juzgado
Segundo Administrativo de Zipaquirá, se vulneraron sus derechos al debido proceso
y a la igualdad.
3.14.- La parte actora señaló que, en su calidad de tenedor del predio objeto de la
mencionada diligencia, se opuso al procedimiento de restitución, dado que el
contrato de arrendamiento fue firmado por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. -
ESP como arrendadora y por la Fundación Colegio Odontológico Colombiano y el
Colegio Universitario Colombiano ahora Institución Universitaria Colegios De
Colombia – UNICOC –, como arrendatarias.
El accionante indicó a la autoridad judicial accionada que, al no ser parte del proceso
de controversias contractuales No. 25899-33-33-001-2017-00070-00 no era posible
extender los efectos de las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Zipaquirá a su caso, ya que estas solo eran vinculantes para las
partes que fueron parte del pleito y no son extensibles a terceras personas.
3.15.- Teniendo en cuenta lo anterior, el Juez Promiscuo de Sesquilé permitió que
dentro de la diligencia se presentara la oposición y que se adjuntaran las pruebas
que acreditaban a la accionante como tenedora del bien en calidad de
coarrendataria. Además, la parte actora indicó que en los comunicados remitidos
por la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP a UNICOC, se reconoce a la entidad
como arrendataria, estos comunicados incluyen cobros prejurídicos por atraso en el
pago del canon de arrendamiento, facturas por concepto de arrendamientos,
solicitudes de acompañamiento a visitas de las diferentes entidades de control al
predio, entre otras pruebas documentales.
3.16.- El Juzgado Promiscuo de Sesquilé, además de admitir las pruebas
documentales, accedió a la práctica de los testimonios solicitados por la Institución
Universitaria, sin embargo, negó la oposición, al considerar que sólo los poseedores
tienen derecho a oponerse a la diligencia de entrega y lanzamiento, es decir, que la
sentencia que ordena la restitución se puede extender a otros coarrendatarios (no
codeudores solidarios) sin que estos hayan sido parte del proceso, vulnerando así
su derecho al debido proceso.
3.17.- Por lo anterior, la Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC ,
interpuso recurso de apelación por considerar que el Código General del Proceso,
evidentemente no prevé todas las situaciones en las que se puede presentar
oposición, como en aquellos casos en los que, a pesar de ser coarrendataria del
bien, el opositor no fue convocado por la parte demandante, al proceso de restitución
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
del bien inmueble arrendado, situación que fue puesta en conocimiento de la
autoridad judicial comisionada, razón por la cual manifestó a la autoridad judicial
accionada que, al ser coarrendataria del predio y no poseedora no le eran oponibles
los efectos de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo de
Zipaquirá, ya que esta solo vinculaba a las partes que participaron del proceso.
3.18.- En contra de la decisión adoptada, la parte actora interpuso recurso de
apelación alegando que el Juzgado Promiscuo de Sesquilé actuó sin tener presente
los principios enunciados en el artículo 11 y 12 del Código General del Proceso, al
extenderle los efectos de una decisión judicial en la cual no participó.
3.19.- El Despacho comisionado admitió el recurso de apelación interpuesto y
señaló que le correspondía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolverlo,
ya que, de conformidad con el Código General del Proceso y al no existir una norma
especial, el efecto del recurso era el devolutivo por lo que se debía realizar la entrega
del bien inmueble y retirar los bienes muebles propiedad de UNICOC.
4. - La parte actora considera que el Juzgado Promiscuo de Sesquilé vulneró sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia,
al incurrir en un defecto sustantivo, ya que no tenía competencia para resolver la
oposición a la restitución del bien inmueble, en virtud de lo dispuesto en el numeral
7 del artículo 309 del Código General del Proceso 5 que prevé que el juzgado
comisionado actúa con la competencia del juzgado comitente, razón por la cual
solicitó declarar la nulidad de la decisión adoptada. Además, considera que, al
admitir el recurso de apelación, en el efecto devolutivo, el referido juzgado vulneró
los derechos de UNICOC, debido a que, en caso de prosperar dicho recurso,
UNICOC estaría asumiendo los costos de traslado de los bienes muebles y el pago
del almacenamiento de los mismos, de igual forma, refirió que el predio cuenta con
seis cabañas, un salón de conferencias, un taller de mantenimiento, una bodega
general y una casa en la que habita el administrador y su cónyuge.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 10 de marzo de 2022, el despacho admitió la acción de tutela,
negó la medida provisional solicitada por la parte accionante, ordenó notificar a la
autoridad judicial demandada y vinculó al Juzgado Segundo Administrativo de
Zipaquirá, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Empresa de Energía de
Bogotá, como terceros interesados en el proceso.
5 “OPOSICIONES A LA ENTREGA. Las oposiciones a la entrega se someterán a las siguientes reglas:
(…) 7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto
de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en el numeral
anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho
comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia”
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
5.1.- También se requirió al Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá para que
remitiera, en calidad de préstamo, el proceso de restitución de inmueble, identificado
con el radicado número 2017- 00070.
6.- El 18 de abril de 2022, las Magistradas María Adriana Marín, Marta Nubia
Velásquez Rico y el Magistrado José Roberto Sáchica presentaron una
manifestación conjunta de impedimento, al considerar que en el caso objeto de
estudio se configuraba la causal del numeral 6 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
toda vez que aun cuando la tutela recae sobre el proceso de lanzamiento que
adelantó el Juzgado Promiscuo de Sesquilé, por comisión del Juzgado Primero
Administrativo de Zipaquirá, esta diligencia se llevó a cabo con motivo del proceso
judicial cuestionado en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-01611-01, que
fue resuelta por la Subsección A, de la Sección Tercera de esta Corporación,
conformada por los mencionados magistrados, a través de la sentencia el 19 de
noviembre de 2021. Por lo anterior, se indicó que ambos recursos no solo compartían
supuestos fácticos y partes similares, sino que también en ambos escritos se solicita
la nulidad de las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales con
fundamento en la no vinculación de la Institución Universitaria Colegios de Colombia
en el proceso ordinario.
6.1.- El 16 de mayo de 2022, el expediente fue remitido a la Sala de Conjueces, la
cual negó el impedimento a través de providencia de 2 de junio de 2022, por
considerar que el mismo no se ajustaba a ninguna de las causales previstas en la
ley ya que los magistrados no tuvieron participación o intervención alguna en el
proceso judicial que se adelantó en ejercicio de la acción relativa a controversias
contractuales y a que la decisión adoptada en el trámite de tutela No. 11001-03-15-
000-2021-01611-01 no tenía la capacidad de comprometer y/o afectar la
imparcialidad, la ecuanimidad y la rectitud de los referidos magistrados.
6.2.- El 15 de junio de 2022, la Secretaria Judicial de esta Corporación remitió el
expediente al despacho para proferir el fallo correspondiente.
(i) Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá6
7.- El 18 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Zipaquirá solicitó declarar improcedente el amparo constitucional presentado, ya
que, debido a las decisiones adoptadas por el juez comisionado, el juzgado “no ha
tenido la oportunidad de tomar la decisión que en derecho corresponde y, por ende,
mal se puede pretender que el Juez Constitucional desplace la competencia sin
poder tomar una determinación previa”.
Al respecto, manifestó que no tenía conocimiento de los hechos objeto de la presente
acción constitucional, ya que las situaciones fácticas y jurídicas presentadas en la
6 Expediente digital, intervención contenida en 2 folios.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
demanda fueron resueltas en su totalidad por el funcionario judicial comisionado y
precisó que solo hasta el 17 de marzo de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé, mediante oficio No. 204, le remitió el despacho comisorio sin diligenciar.
De igual forma, reiteró que desconoce el contenido de las determinaciones tomadas
por el funcionario comisionado. Sin embargo, “con ocasión al trámite de la acción
constitucional, el Juzgado sí encuentra una irregularidad respecto de la decisión
tomada de negar la oposición planteada, dado que esta es una determinación que le
corresponde al Juzgado comitente, como lo señala el numeral 7º del artículo 309 del
Código General del Proceso. Esta es una determinación que le atañe a este estrado
judicial tomar, una vez ingresado el expediente al Despacho y analizado el conjunto
de determinaciones del funcionario comisionado”.
Por último, precisó que el asunto propuesto por la accionante ya había sido sometido
a examen constitucional bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-01611-00 cuya
primera instancia conoció la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado
corporación que dictó fallo el 7 de mayo del 2021 y en segunda instancia, la Sección
Tercera, Subsección A, de esta Corporación, que definió el asunto, en la sentencia
de 19 de noviembre de 2021.
(ii) Grupo Energía Bogotá S. A. ESP (Antes Empresa de Energía de Bogotá S.
A. ESP – EEB)7
8.- El 23 de marzo de 2022, el Grupo Energía Bogotá S. A. ESP, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que esta no cumple con el requisito
de subsidiariedad, toda vez que la decisión de negar la oposición fue cuestionada a
través del recurso apelación adelantado ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de una solicitud de nulidad que se encuentra en curso ante el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá.
Además, señaló que los alegatos relacionados con la supuesta calidad de
arrendataria de la entidad accionada han sido objeto de pronunciamientos judiciales
en el proceso de controversias contractuales No. 25899-33-33-001-2017-00070-00,
en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2021-01611-00 y actualmente es objeto
de debate en el marco del recurso de revisión asignado a la Sección Tercera de esta
Corporación bajo el Radicado 11001032600020220001700, sin que a la fecha
ninguna de las autoridades judiciales encargadas de los procesos a los cuales se ha
hecho referencia hayan accedido a las pretensiones de la parte actora.
(iii) Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé8
7 Expediente digital, intervención contenida en 83 folios.
8 Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9.- El 23 de marzo de 2022, la entidad judicial accionada solicitó que la acción de
tutela se declare improcedente, para fundamentar su solicitud el juzgado indicó que
el recurso de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad debido a que aún
se encuentra en trámite la solicitud de nulidad presentada por la parte actora en
contra de la decisión que negó la oposición al proceso de restitución del bien
inmueble que dio origen a la presente acción.
(iv) Tribunal Administrativo de Cundinamarca
10.- A pesar de haber sido notificada en debida forma el 18 de marzo de 2022, la
autoridad judicial no se pronunció sobre los hechos de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. De la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales9.
11.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior10.
11.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes11:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
11.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional12.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
11.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional13 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 14 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales15; e (iii)
12 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
13 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo
siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión
de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso
concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia”.
14 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a
la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la
jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no
tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés
constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-
1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338
de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de
2014 de la Corte Constitucional.
15 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los
fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales16.
11.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales17: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
11.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”18.
11.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
16 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.
17 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para
comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía
de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de
la Corte Constitucional.
18 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado19.
D. Análisis del caso concreto
12.- Revisado el expediente, se advierte que, en el caso objeto de estudio, se
cuestiona la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé de
negar la oposición presentada en la diligencia de lanzamiento de restitución del bien
inmueble arrendado, propiedad del Grupo de Energía Bogotá S. A. ESP, realizada
los días 15 de febrero y el primero de marzo de 2022. A juicio de la Institución
Universitaria de Colegios de Colombia, la autoridad judicial accionada carecía de
competencia para resolver la referida oposición ya que, de conformidad con el
numeral 7 del artículo 309 del Código General del Proceso, al fungir como
comisionado, el juzgado se encontraba obligado a remitir al despacho comitente las
actuaciones correspondientes para que este se pronunciara de fondo sobre la
solicitud presentada. Así mismo, considera que, al admitir el recurso de apelación
en contra de la decisión adoptada, en el efecto devolutivo, el juzgado vulneró sus
derechos fundamentales, debido a que, en caso de prosperar dicho recurso, la parte
actora estaría obligada a asumir los costos de traslado de los bienes muebles y el
pago del almacenamiento de estos, generando un detrimento patrimonial a la
accionante.
13.- Al respecto, observa la Sala que los alegatos y pretensiones que presenta la
parte actora en contra de la decisión emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Sesquilé carecen del requisito de subsidiariedad, en la medida en que a la fecha se
encuentran en trámite el recurso de apelación y la solicitud de nulidad que se formuló
en su contra 20 . Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, el
recurso de amparo solo procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa judicial salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso
de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo
que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de
noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte
Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.
20 Expediente digital, Rad. No. 25899-33-33-001-2017-00070-00, Cuaderno No. 1 3C, fl. 710 – 712 y
716.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
En los casos en que concurren otros medios de defensa, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que existen dos excepciones que justifican la
procedibilidad de la acción de tutela: “(i) cuando el medio de defensa judicial
dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a
las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como
mecanismo definitivo; y (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial
idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio”21.
13.1.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser
reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que
ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.
13.2.- Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, a saber: “es aquel (i) que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii)
que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente
la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”22.
14.- De conformidad con lo expuesto, se advierte que la solicitud de amparo es
improcedente, toda vez que carece del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que están en curso mecanismos judiciales idóneos para resolver los reproches que
plantea la parte actora, aunado a que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo
transitorio, en asuntos que no son de su competencia, pues aun cuando la
accionante afirma que, en caso de prosperar las acciones judiciales adelantadas en
contra de la decisión objeto de reproche, se vería obligada a asumir los costos de
traslado de los bienes muebles y el pago del almacenamiento de los mismos, esto,
por sí solo no configura un perjuicio irremediable desde el punto de vista
constitucional, pues, solo de forma excepcional, la jurisprudencia ha reconocido que
en controversias de carácter económico, pueden resultar vulnerados derechos
fundamentales que harían procedente la acción de tutela como mecanismo
21 Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-695 de 2014. Citando a: Corte Constitucional, Sentencias T-225
de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01511-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia
Accionado: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
transitorio. Específicamente cuando, además del daño económico, se genera otro
tipo de impacto que hace impostergable el recurso de amparo23, situación que no se
encuentra debidamente acreditada en la presente acción.
15.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de subsidiariedad, por lo cual, esta Sala declarará improcedente el amparo
impetrado por la Institución Universitaria Colegios de Colombia.
16.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE24
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDE
23 Corte Constitucional, Sentencias SU-544/2001 y SU-219/2003.
24
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.