Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03897-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03897-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03897-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de octubre de 2024
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC)
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03897-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-01
Demandante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA
(UNICOC)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma primera instancia
que declaró improcedente por falta de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 22 de agosto de 2024, por el Consejo
de Estado, Sección Primera. En esta providencia se determinó que el presente
asunto era improcedente por no satisfacer el requisito de la relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La Institución Universitaria Colegios de Colombia (en adelante UNICOC),
por intermedio de su representante legal, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Con la solicitud de amparo
pretenden que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
la providencia del 19 de febrero de 2024, dictada por la autoridad judicial
accionada en el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-26-
000-2022-00017-00 (67927).
1.2. Pretensiones
3. La parte actora pidió las siguientes:
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Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC)
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03897-01
Primera: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso, derecho de
defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial
efectiva; y además deje sin efecto la sentencia del 19 de febrero de 2024.
Segunda: se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección “A” –
Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez emitir un nuevo fallo dentro del
recurso extraordinario de revisión bajo el radicado 11001032600020220001700
valorando todas las pruebas, entre estas:
• Cobros pre jurídicos que la Empresa de Energía de Bogotá le realizó directamente
a esta Institución Universitaria identificada con NIT 860045054 1 sí la misma no
era deudora o presuntamente parte del negocio contractual. (Documentos que
reposan en las carpetas de soportes de pago del canon que obran dentro del
expediente)
• Avisos de prórroga del contrato enviados a ambas partes (UNICOC) y
(Fundación)
• Pólizas de seguro presentadas como garantía del referenciado contrato de
arrendamiento a nombre de esta Institución Universitaria identificada con NIT.
860045054-1
• Certificados de pagos de impuestos por parte de UNICOC.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La Empresa de Energía de Bogotá (en adelante EEB) presentó demanda
de controversias contractuales contra la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano (en adelante la Fundación) con el fin de que se declarara la
terminación del contrato de arrendamiento 018 de 1999 y se restituyera el
inmueble arrendado.
6. En sentencia del 29 de junio de 2018, el Juzgado Primero Administrativo
de Zipaquirá accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, ordenó
restituir el inmueble por parte de la Fundación a EEB y declaró la nulidad de las
prórrogas del contrato y de los ajustes del canon. El apoderado de la Fundación
apeló el fallo de primer grado.
7. La Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió fallo el 12 de agosto de 2020, en el que confirmó
parcialmente la decisión del a quo. Aclaró que el contrato objeto de la demanda
era regido por las normas del derecho privado «y no le era aplicable la limitación
relacionada con la adición del valor en un porcentaje superior al 50% del valor
inicial», declaró nulas las prórrogas automáticas del contrato de arrendamiento1
y estableció que las mejoras no podían reconocerse «en tanto se llevaron a cabo
con ocasión de un vínculo contractual diferente».
1 Por cuanto la permanencia indefinida de un particular en un bien fiscal contraría los principios
de la función administrativa.
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8. UNICOC presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
que finalizó el proceso de controversias contractuales. Invocó la causal del
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), por
considerar que no se conformó debidamente el litisconsorcio, dado que era parte
arrendataria del contrato 018 de 1999, pues pagó directamente algunos cánones
de arrendamiento y adelantó actividades de bienestar y capacitación en el predio
arrendado. La Fundación coadyuvó los alegatos de UNICOC.
9. Sin embargo, en sentencia del 19 de febrero de 2024, la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión propuesto por UNICOC contra el fallo del 12 de agosto de 2020. Lo
anterior, con fundamento en lo siguiente:
• En el objeto del contrato 018 de 1999 se determinó que la EEB entregaría
en arrendamiento el predio sobre el que se suscitó la controversia a la
Fundación, la cual debía destinarlo para fines sociales y recreativos.
• La Fundación se obligó a pagar los cánones de arrendamiento en el valor
y la forma acordados y a encargarse de la vigilancia y conservación del
inmueble.
• El contrato fue modificado en cuatro oportunidades y en todas, los
suscriptores de los acuerdos fueron la EEB y la Fundación.
• Si bien la parte final del contrato contiene la rúbrica del representante legal
de UNICOC, no se indicó en qué calidad acudía y la firma sin especificidad
no implica que posea la calidad de arrendatario.
• De la firma de UNICOC en el contrato no es posible extraer la voluntad
expresa de esta de obligarse como arrendataria.
• El hecho de que UNICOC haya pagado algunas actividades de bienestar
y capacitación en el predio objeto del contrato no implica que tenga la
calidad de arrendataria dentro del contrato.
• Si bien UNICOC aportó constancias de pago dirigidas a la EEB, de estos
no se puede inferir que se hayan realizado en virtud del contrato 018 de
1999, o que correspondan al uso del inmueble objeto del arrendamiento o
que se hubieren hecho para atender el canon al que se obligó la
Fundación.
1.4. Sustento de la vulneración
10. La parte tutelante manifestó su desacuerdo con la decisión que declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en que se
encuentra viciada de defecto fáctico. Refirió que la valoración efectuada sobre
los pagos realizados por parte de UNICOC a la EEB es errada, «por cuanto no
existía otro vínculo entre UNICOC y el Grupo de Energía de Bogotá del cual se
derivará el pago».
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11. Aludió que no se valoraron los cobros prejurídicos realizados por la EEB a
UNICOC, los avisos de prórroga del contrato enviados tanto a la Fundación como
a UNICOC, las pólizas de seguro presentadas como garantía del contrato las
cuales se encontraban a nombre de UNICOC y el pago de los impuestos
cobrados por las mejoras realizadas sobre el predio.
12. Agregó que la decisión censurada incurrió en violación directa de la
Constitución y en defecto procedimental absoluto por no efectuar la debida
valoración probatoria.
1.5. Trámite de primera instancia
13. Por auto del 1 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como
accionada a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. Asimismo,
dispuso la vinculación como terceros con interés de la Fundación, la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la EEB y
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá.
1.6. Informes
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
14. En su sentir, la acción de tutela de la referencia pretende convertir el
asunto en «una cuarta instancia», con el fin de discutir la calidad de la tutelante
de arrendataria dentro del negocio jurídico objeto de la controversia, pese a que
tal situación fue descartada tanto en sede del proceso ordinario, como en el
recurso extraordinario de revisión. Afirmó que, contrario a lo que sostiene la parte
actora, las pruebas arrimadas al plenario fueron valoradas y consideradas en su
totalidad, pero insuficientes para comprobar que UNICOC era arrendataria en el
contrato de arrendamiento 018 de 1999.
15. Como sustento de lo anterior expuso que:
i. El contrato determina que UNICOC no era arrendataria o arrendadora,
dado que no se fijó ningún derecho u obligación en su cabeza.
ii. La ejecución de actividades dentro del predio objeto del contrato, por
parte de UNICOC, no implican que fungiera como arrendadora o
arrendataria. Incluso si se tienen en cuenta las modificaciones
contractuales en las cuales no figuró UNICOC.
iii. Pese a que UNICOC haya pagado algunos cánones de arrendamiento,
tal situación no puede desconocer el contrato como documento que
definió el negocio jurídico, ni el hecho de que la ley colombiana habilita
a UNICOC a realizar pagos como persona ajena a la relación
obligacional.
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16. Aludió que la totalidad de pruebas y actuaciones aducidas por la tutelante
sobre el interés que podría tener en el predio objeto del contrato fueron
debidamente valoradas. Sin embargo, el que se haya definido de forma contraria
a sus pretensiones no habilita la intervención del juez de tutela. En todo caso,
precisó que los argumentos traídos al debate constitucional coinciden con los
expuestos en el recurso extraordinario de revisión.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C
17. Sostuvo que la decisión sometida a discusión no supera el requisito de
procedibilidad de la relevancia constitucional, pues el debate propuesto coincide
con el resuelto por la autoridad judicial tutelada en el recurso extraordinario de
revisión.
18. Precisó que no tuvo injerencia alguna en la decisión objetada, pues su
actuación se circunscribió a definir la demanda de controversias contractuales en
torno al contrato 018 de 1999 en segunda instancia a través de la sentencia del
12 de agosto de 2020.
1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
19. Solicitó que se declare que el asunto es improcedente. Lo anterior con
fundamento en que, la tutela se limita a cuestionar la sentencia del recurso
extraordinario de revisión, cuyo asunto fue definido en una decisión judicial que
se encuentra en firme y se definió conforme a las normas y jurisprudencia
vigentes y aplicables al caso, aunado a que la parte tutelante ha pretendido
reabrir el debate mediante la proposición de recursos, nulidades y otros medios
procesales.
1.6.4. Fundación Colegio Odontológico
20. Manifestó que, como lo afirmó UNICOC, el juez accionado no se pronunció
sobre la totalidad del acervo probatorio que compone el expediente del recurso
extraordinario. Lo anterior, con sustento en que, en su sentir, las pruebas
relacionadas en la tutela comprueban la existencia de la relación contractual
entre UNICOC y la EEB. En particular, los cobros prejurídicos de la EEB a
UNICOC.
21. Aludió que el estudio del recurso extraordinario de revisión fue parcial y
que no es cierto que UNICOC haya actuado en nombre de la Fundación, pues el
contrato fue suscrito «por tres partes». Refirió que los comunicados de la EEB en
relación con el negocio jurídico iban dirigidos tanto a la Fundación como a
UNICOC, aunado a que las pólizas, algunas fueron adquiridas por la Fundación
y otras por UNICOC.
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22. Concluyó que coadyuva los argumentos de la tutelante y requirió la
protección de los derechos fundamentales invocados.
1.6.5. Grupo Energía Bogotá SA ESP (EEB)
23. Aseveró que UNICOC ha incurrido en temeridad y mala fe, a partir del
conjunto de medios judiciales de los que se ha valido para impedir el
restablecimiento del predio que se definió en el medio de control de controversias
contractuales de radicado 2017-00070. Al respecto, refirió los siguientes:
i. Acción de tutela de radicado 11001-03-15-000-2021-01611-01, en la
que cuestionó las sentencias del proceso ordinario. En ambas
instancias se declaró que el asunto resultaba improcedente.
ii. Oposición a la entrega del predio dentro del proceso 2017-00070.
iii. Acción de tutela de radicado 11001-03-15-000-2022-01511-00 en
contra de la decisión que negó la oposición de la entrega en el proceso
2017-00070.
iv. Solicitud de nulidad procesal dentro de la diligencia de entrega del
inmueble.
v. Acción de tutela de radicado 11001-03-15-000-2022-06168-00 contra
el comisionado y el comitente en el curso de la diligencia de entrega.
vi. Recurso extraordinario de revisión 11001-03-25-000-2022-00017-00
contra las sentencias del proceso de controversias contractuales.
24. Expuso que, si bien la Corte Constitucional protege el derecho de acceso
a la administración de justicia, ello no habilita a los usuarios a ejercer la tutela con
desmesura y abuso del derecho.
25. Precisó que en los múltiples procesos ejercidos por UNICOC se ha
demostrado que, si bien la tutelante y la Fundación son personas jurídicas
diferentes, actúan en la práctica como una misma institución. En particular porque
UNICOC fue creada por la Fundación, la dirección de notificaciones de UNICOC
coincide con el domicilio de la Fundación, el presidente de ambas instituciones
es el mismo, entre otros.
26. No es cierto que UNICOC no pudo hacerse parte del proceso antes de la
sentencia del 12 de agosto de 2020 -de la que fue objeto el recurso extraordinario
de revisión por la supuesta indebida integración del litisconsorcio-, teniendo en
cuenta lo anteriormente expuesto. En ese sentido, no compareció al proceso de
controversias contractuales por su voluntad, o para entorpecer el proceso de
restitución del bien inmueble.
27. Consideró que el asunto no reviste relevancia constitucional y que lo que
se pretende es que se tome una decisión que sea acorde con la valoración
probatoria e interés de la tutelante. Aclaró que la ley habilita a UNICOC como
tercera ajena al contrato de arrendamiento a pagar cánones frente a los que no
se obligó.
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28. Señaló que la tutelante pretende hacer incurrir en error al juez de tutela,
pues mientras en el proceso de restitución fue la Fundación quien reclamó las
mejoras realizadas al predio, en esta sede se las atribuye UNICOC. Es decir que,
lo dicho por la parte actora es inconsistente e impreciso.
1.6.6. UNICOC
29. En el término de traslado del auto admisorio y con posterioridad a la
intervención de la EEB presentó un memorial en el que adujo que la tutela de la
referencia sí ostenta relevancia constitucional y que lo que persigue es que se
ordene un análisis integral de las pruebas llevadas al recurso extraordinario de
revisión.
1.7. Sentencia de primera instancia
30. Mediante sentencia del 22 de agosto de 2024, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró que el asunto devenía en improcedente por carecer
de relevancia constitucional. Explicó que:
• El asunto no tiene la entidad de interpretar, desarrollar o aplicar la
Constitución Política.
• El debate propuesto es meramente legal y económico.
• La tutela no tiene carga argumentativa.
• Es una reiteración de los argumentos expuestos en el recurso
extraordinario de revisión.
• De la transcripción extensa de los considerandos de la sentencia objetada,
se resolvieron todos los puntos que se pretenden reabrir, con el respeto
de todos los derechos fundamentales.
1.8. Impugnación
31. La parte actora impugnó el fallo del a quo. Sostuvo que la tutela no se
presentó como una tercera instancia y que su motivo de inconformidad se suscitó
por la omisión del análisis probatorio del recurso extraordinario de revisión.
Expuso que persigue que se determine si el juez de instancia está obligado a
valorar todas las pruebas aportadas, si las debe estudiar de forma individual y
sustentar sus tesis en el material probatorio incorporado.
32. Refirió que la autoridad judicial accionada se limitó a copiar la tesis del
Tribunal del proceso de controversias contractuales sin revisar si existió una
relación de arrendador-arrendatario entre UNICOC y la EEB. Señaló que, en
efecto, en el proceso de controversias contractuales se analizó únicamente el
contrato y lo mismo se hizo en el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo,
en el referido documento no estaban incluidas las pruebas que demuestran su
voluntad de ser y ejercer como arrendataria.
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33. Insistió que, pese a los múltiples procesos que ha promovido, ningún juez
se ha referido o analizado los medios de prueba que aduce en la tutela.
Especialmente: los cobros pre-jurídicos por parte de la EEB a UNICOC, los avisos
de prórroga del contrato en los que aparecen tanto la Fundación como UNICOC,
las pólizas de seguro que constituyó, el pago de los impuestos por las mejoras.
34. Solicitó que se tenga en cuenta la sentencia del 22 de agosto de 2024,
proferida en sede de tutela por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la
que en su sentir se analizó un caso similar. Pese a que no aportó el radicado del
referido proceso, copió el siguiente texto en relación con su petición:
Como se nota, esta información era relevante en el estudio de los elementos de
imprevisibilidad del hecho dañoso y por ello era importante que fuera valorado en
ese acápite específico de la sentencia . En suma, se evidencia la omisión de un
medio de prueba relevante y útil para resolver sobre la prosperidad de la eximente
de responsabilidad de la fuerza mayor por lo que se encuentra acreditado el
defecto fáctico por omisión probatoria.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 22 de agosto de
2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
36. La figura de la coadyuvancia encuentra respaldo en el inciso 2.º del artículo
13 del Decreto 2591 de 1991, en el siguiente sentido:
ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud2.
2 Énfasis propio.
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37. Cabe precisar que el coadyuvante interviene y es aceptado dentro de los
límites que impone la figura. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha
dispuesto que los coadyuvantes no reclaman un derecho propio sino que
intervienen y se aceptan sus argumentos, siempre que se circunscriban a
«afianzar y sostener las razones de un derecho ajeno»3.
38. Como se expuso en los antecedentes, la Fundación manifestó coadyuvar
los argumentos de la tutelante y será admitida en tal calidad, teniendo en cuenta
que sus argumentos coinciden entre sí. Sin embargo, se advierte que, cualquier
pretensión, hecho, acción u omisión que se salga del contexto establecido en los
hechos y fundamentos de la vulneración indicados en la sentencia, no serán
tenidos en cuenta. Lo anterior, se itera, dada la calidad de la figura de la
coadyuvancia que se limita a fortalecer y acompañar los argumentos de la parte
coadyuvada.
2.3. Legitimación en la causa
39. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
40. La Sala advierte UNICOC está legitimada en la causa por activa, ya que
promovió el recurso extraordinario de revisión en el que se dictó la sentencia que
se reprocha por esta vía.
41. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A está legitimado en la causa por pasiva por haber dictado la
providencia del 19 de febrero de 2024.
2.4. Problema jurídico
42. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, se deberá determinar
si:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto, en aras a establecer si procede confirmar, modificar
o revocar la sentencia de primera instancia, es el siguiente:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido
3 Sentencia SU-134 de 2022.
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proceso de UNICOC con la sentencia del 19 de febrero de 2024 por incurrir en
un defecto fáctico?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
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46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
50. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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posible vulneración de una garantía constitucional10.
51. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
52. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
53. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
54. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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55. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
56. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional11.
57. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
iv) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
v) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
vi) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
58. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
59. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
60. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
61. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
62. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona la providencia del 19 de febrero de 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En la citada decisión se
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la tutelante
contra el fallo del 12 de agosto de 2020, presentado con fundamento en la
configuración de la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por presunta
indebida integración del litisconsorcio del proceso de controversias contractuales
en el que se declaró la terminación del contrato de arrendamiento 018 de 1999 y
se dispuso la restitución del inmueble por parte de la Fundación a la EEB.
63. A juicio de la parte tutelante en la providencia acusada se incurrió en
defecto fáctico porque no se analizaron los cobros prejurídicos extendidos por la
EEB a UNICOC, los avisos de prórroga del contrato en los que figura su nombre,
las pólizas de seguro que constituyó sobre el inmueble y el pago de los impuestos
sobre las mejoras que realizó sobre el predio. Lo anterior, con el fin de acreditar
su calidad de arrendataria dentro del contrato 018 de 1999 y que por ello debió
estar dentro del proceso de controversias contractuales.
64. Se aclara que, si bien propuso los defectos de violación directa de la
Constitución y el procedimental absoluto, lo cierto es que todos los delimita a la
supuesta omisión de valoración probatoria mencionada.
65. La Sala coincide con lo concluido por el a quo, en el sentido que lo que
pretende la parte actora es que se reabra el debate ordinario de tal forma que se
determine que era arrendataria del bien que se ordenó restituir desde el proceso
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que culminó con la sentencia del 12 de agosto de 2020. Nótese que, como lo
concluyó el juez del recurso extraordinario de revisión, si bien se estudió que, por
ejemplo, realizaba actividades sobre el predio y pagó algunas obligaciones
relacionadas con el objeto del contrato, todas esas actividades las pudo hacer
válidamente como tercera sin que fuera parte arrendataria.
66. Se itera en este punto que lo que persigue la tutelante es que, a partir de
los medios de prueba que relacionó en la tutela se concluya que fungió como
arrendataria del contrato 018 de 1999 para que se retrotraiga lo definido en el
proceso de controversias contractuales, con fundamento en que hubo indebida
integración del contradictorio. Sin embargo, en sede del recurso extraordinario de
revisión ya se zanjó con base en las pruebas arrimadas al expediente que
UNICOC no acreditó la calidad de arrendataria.
67. De conformidad con lo anterior, para la Sala este asunto no reviste
relevancia constitucional. Se llega a esta conclusión, dado que, la parte tutelante
soporta la vulneración de sus derechos fundamentales en que no se acreditó su
condición de arrendataria por la presunta indebida valoración de unas pruebas,
cuando lo que en últimas persigue es que, por encontrarse inconforme con la
decisión de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el juez de
tutela se inmiscuya en un asunto definido.
68. Así las cosas, para la Sala lo que propone la parte tutelante se circunscribe
a inconformidades frente al análisis efectuado por el juez del recurso
extraordinario de revisión, con el fin que se reabra el debate ordinario y se
determine que UNICOC fue arrendataria dentro del contrato 018 de 1999.
Máxime, si se tiene en cuenta que sus argumentos no cuentan con una carga
argumentativa con enfoque constitucional, sino que se circunscriben a plantear
conjeturas que fueron abordadas en la sentencia objetada.
69. Por lo anterior, para la Sala, lo que pretende la parte actora por esta vía
cae en que se reabra el debate jurídico zanjado por los jueces naturales de la
causa. Por ende, se debe declarar improcedente este mecanismo judicial.
70. En vista de lo esbozado, corresponde confirmar la sentencia del 22 de
agosto de 2024, proferida por la sección Primera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: ADMITIR en calidad de coadyuvante de UNICOC a la Fundación
Colegio Odontológico de Colombia.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03897-01
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de julio de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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