Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00017-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00017-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00017-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
19 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 110010326000-2022-00017-00 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
TEMAS: ACUERDO DE VOLUNTADES Y FORMACIÓN DEL CONTRATO – Solo cuando
la intención de los contratantes sea exteriorizada, positiva y coincidente respecto de lo
convenido, se estará en presencia de un pacto que pueda determinar la celebración y
existencia del negocio jurídico. / PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DEL CONTRATO – El
negocio jurídico, por regla general, es fuente de derechos y obligaciones únicamente
respecto de quienes con su consentimiento asistieron a su formación. / PARTES DEL
CONTRATO – Son quienes se ven involucrados bajo sus efectos porque concurrieron con
su voluntad a celebrarlo, esto es, aquellos que con su querer, formaron el consentimiento
que posibilitó la formación del respectivo acuerdo / PRUEBA DE LA CALIDAD DE PARTE
EN EL CONTRATO – Presupone acreditar haber concurrido a la celebración del negocio
jurídico exteriorizando la voluntad de producir unos efectos jurídicos determinados, junto
con la aquiescencia libre de vicios de sus cocontratantes.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia del 12 de agosto de 2020 proferida por la Sección Tercera, Subsección
C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se: (i) declaró la
nulidad parcial de la cláusula segunda de la Adición No. 2 del contrato de
arrendamiento No. 018 de 1999; (ii) revocó la condena en costas, y (iii) confirmó en
lo restante la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo oral de
Zipaquirá.
El recurrente plantea la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral
5º del artículo 250 del CPACA, aduciendo que no se conformó el litisconsorcio
necesario durante el curso del proceso ordinario, lo que vulneró el debido proceso,
al haberle impedido ejercer el derecho de contradicción y defensa que le
correspondía como parte contratista dentro del negocio jurídico sobre el que recayó
el fallo cuestionado.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial y su fundamento
1
Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
1. La Empresa de Energía de Bogotá (en adelante E.E.B), en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales1, instauró demanda en contra de la
Fundación Colegio Odontológico Colombiano (en adelante la Fundación), con el fin
de que se declarara terminado el contrato de arrendamiento No. 018 de 19992 (en
adelante el contrato), se restituyera el inmueble arrendado, y se pronunciara sobre
el pago de las mejoras reclamadas por la Fundación demandada.
2. De manera subsidiaria solicitó que se declarara la nulidad del contrato3,
aduciendo que el contrato no podía regirse por las disposiciones del derecho civil y
comercial relacionadas con la prórroga automática y renovación tácita.
Sentencia de primera instancia
3. El Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá, en sentencia del 29 de junio
4
2018 , accedió a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia de ello,
procedió a la declaratoria de nulidad absoluta de las prórrogas del contrato; indicó
que no era viable aplicar al negocio jurídico las disposiciones del derecho civil y
comercial sobre la prórroga automática y la renovación tácita. Adicionalmente,
declaró la nulidad de los reajustes del canon de arrendamiento y concluyó que las
partes excedieron su libertad negocial al pactar cláusulas que contenían prórrogas
contrarias a la ley, a los principios de la contratación estatal y la función
administrativa, por lo que ordenó a la Fundación restituir a la E.E.B el inmueble
arrendado.
4. Inconforme con esta decisión, el apoderado de la Fundación interpuso
recurso de apelación.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
5. Mediante sentencia del 12 de agosto de 2020, la Sección Tercera,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó parcialmente
la sentencia de primera instancia con las siguientes precisiones:
(i) Aclaró que el contrato era regido por el derecho privado y no le era aplicable
la limitación relacionada con la adición del valor en un porcentaje superior al 50%
del valor inicial, contenida en la Ley 80 de 1993.
1 Visible en el expediente del Juzgado Administrativo de Zipaquirá Cuaderno principal. Folio 1 a 27 (SAMAI,
índice No. 45)
2 El contrato tenía por objeto “La Empresa da en arrendamiento al Arrendatario un predio ubicado en el Municipio
de Sesquilé, Vereda San José Kilometro 8 costado occidental de la Sesquilé que conduce a Guatavita, con un
área de 4,14 Has, con los siguientes linderos: NORTE. Del mojón No. 1 marcado en el plano que hace parte
integral del este contrato, pasando por el No. 2 hasta llegar al Mojón No. 3 en longitud de 219.58 metros, con
predios de la Empresa de Energía de Bogotá S.A., Empresa de Servicios Públicos. ORIENTE. Del mojón No. 3
pasando por el mojón No. 4 hasta llegar al mojón No. 5 en longitud de 212.79 metros, con la vía Sesquilé
conduce a Guatavita. SUR. Del mojón No. 5 al mojón No. 6 en longitud de 182.95 metros con predio de
propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. Empresa de Servicios Públicos. OCCIDENTE. Del mojón
No. 6 al mojón No. 1 y encierra en 235.13 metros con el Embalse de Tominé”.
3 Para dicho efecto afirmó que en el adicional No. 2 de 2005 se pactaron unas prórrogas automáticas no
autorizadas por la ley.
4 SAMAI índice 2.
2
Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
(ii) Declaró nulas las prórrogas automáticas del contrato de arrendamiento, por
cuanto la permanencia indefinida de un particular en un bien fiscal contraría los
principios de la función administrativa; declaró la nulidad parcial de la cláusula
segunda de la Adición No. 2 que las permitía.
(iii) Aclaró que las mejoras útiles reclamadas por la Fundación no podían
reconocerse en tanto se llevaron a cabo con ocasión de un vínculo contractual
diferente; además, no se pactó su pago en el contrato, ni se probó que hubieren
sido autorizados.
(iv) Ordenó la restitución a la E.E.B del inmueble arrendado por finalización del
vínculo contractual.
El recurso extraordinario de revisión
6. A través de escrito presentado el 16 de diciembre de 2021 5, la Institución
Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC) interpuso recurso extraordinario de
revisión en contra de la anterior providencia, invocando la causal contemplada en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA, esto es, “existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
7. Sostiene el recurrente que no se integró en debida forma el litisconsorcio
necesario durante el proceso ordinario, sin que la falta de vinculación al proceso de
la recurrente hubiera podido ser alegada antes de la sentencia. En este sentido,
explicó que:
(i) UNICOC era parte arrendataria bajo el negocio jurídico; en este sentido firmó
el contrato, realizó directamente algunos pagos del canon de arrendamiento, y
adelantó actividades de bienestar y capacitación en el predio arrendado.
(ii) En tanto las pretensiones de la demanda estaban enfocadas a discutir la
nulidad de las prórrogas automáticas del contrato y su terminación, era necesario
vincular a todos los partícipes del vínculo contractual y no a uno de los
arrendatarios, configurando con ello una irregularidad procesal que constituye una
violación del debido proceso, y de los derechos de defensa y contradicción de quien
no fue demandado.
Intervenciones
8. El apoderado de la E.E.B., se opuso a los planteamientos del recurso6,
considerando que:
(i) El contrato fue celebrado exclusivamente entre la Fundación y E.E.B, sin que
se hubieren pactado obligaciones que vincularan a terceros7; indicó que la firma
5 SAMAI, índice 2.
6
SAMAI, índice 23.
7 Indicó que la firma accidental del contrato no le otorgaba la naturaleza de contratista a UNICOC, porque no
existió manifestación de consentimiento entre la E.E.B y UNICOC, y la última, no otorgó la póliza de
cumplimiento exigida en el contrato, como tampoco suscribió ninguna modificación contractual.
3
Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
accidental del contrato por UNICOC no le otorgaba la naturaleza de contratista,
porque no existió manifestación de consentimiento entre la E.E.B y UNICOC,
evidenciado en que la última no otorgó la póliza de cumplimiento exigida en el
contrato, como tampoco suscribió alguna modificación contractual.
(ii) El hecho de que UNICOC hubiese realizado pagos a la E.E.B, no la consolida
como parte en la relación contractual, pues lo pudo hacer como un tercero, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1630 del Código Civil. Destacó que
UNICOC solo manifestó ser parte en el negocio jurídico cuando la Fundación perdió
el litigio y se debía materializar la entrega del inmueble.
(iii) La única interpretación que puede resultar de la firma del contrato que hizo
UNICOC, sin que se hubiere dejado claridad de la condición en que lo hacía, es que
hubiese firmado en condición de avalista o garante de las obligaciones adquiridas
por la Fundación en su condición de arrendataria, lo que en todo caso descartaría
la existencia de un litisconsorcio necesario.
9. El representante del Ministerio Público guardó silencio.
10. Mediante auto del 7 de noviembre de 2023, se ordenó vincular al trámite del
proceso, en calidad de litisconsorte, a la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano, quien coadyuvó la posición de UNICOC en el recurso extraordinario;
particularmente, indicó que UNICOC era parte en el contrato de arrendamiento No.
018 de 1999, así como en otros celebrados con la E.E.B con anterioridad, y que,
como prueba de su calidad de arrendataria, pagó cánones de arrendamiento y
realizó labores de mantenimiento del bien, sin que la arrendadora hubiese
presentado alguna objeción en su momento8.
II. CONSIDERACIONES
11. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala adoptar una
medida de saneamiento, procede la Sala a resolver el recurso indicado.
Procedencia del estudio de la nulidad aducida por el recurrente
12. La legislación procesal ha considerado como causal de nulidad, la indebida
integración del contradictorio; así lo dispone el numeral 8 del artículo 133 el Código
General del Proceso (CGP), al igual que estaba contemplado en el numeral 9 del
artículo 140 del derogado Código de Procedimiento Civil (CPC).
13. Tal hipótesis normativa se estructura, entre otros supuestos, cuando el
proceso se adelanta sin la debida notificación de todos los litisconsortes necesarios,
previsión que tiene por fin evitar la afectación de las garantías del debido proceso,
derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.
8 SAMAI, índice 62.
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Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
14. La legislación procesal contempla numerosas previsiones encaminadas a
evitar configurar una nulidad como la referida o lograr su saneamiento, que
comprenden desde la posibilidad de formular la falta de integración como excepción
previa, pasando por la facultad de convocar a los litisconsortes en caso de que no
se hubiera dictado sentencia de primera instancia, hasta la posibilidad de solicitar la
nulidad de la sentencia en aquellos casos en que ni el juez ni las partes se percaten
de la falta de integración del contradictorio.
15. Ante hipótesis como la última referida, el sujeto afectado podrá solicitar la
nulidad de la sentencia sobre la base de que tal nulidad no aprovechará a los demás
litisconsortes que concurrieron al proceso, pues se trata de proteger la garantía de
su derecho a la contradicción que será el que está llamado a ser restablecido; de
ahí que no se deberá declarar la nulidad de todo el proceso, sino al igual que sucede
cuando la nulidad se advierte en el curso del mismo, se invalidará la sentencia y las
actuaciones surtidas en la única o segunda instancia, para que el juez o tribunal a
quo sea quien proceda a integrar el contradictorio y así conferir la garantía de
defensa del vinculado para que la sentencia que se dicte lo cobije. Se insiste que
esta última posibilidad sólo legitima al sujeto afectado, quien fue parte del proceso,
participó del debate, ejercitó sus derechos, y eventualmente, guardó silencio
asumiendo las consecuencias que de ello se derivan.
16. Frente a una eventual nulidad por falta de integración del contradictorio ante
una sentencia en firme, deberán diferenciarse las hipótesis en las que la misma se
advierta de oficio o cuando procede a solicitud del sujeto afectado. En este último
caso, la literalidad del artículo 134 del CGP, aplicable en virtud de lo señalado en
los artículos 208 y el 306 del CPACA, menciona que tal irregularidad se podrá
alegar: (i) en la diligencia de entrega; (ii) como excepción en la ejecución de la
sentencia; o, (iii) mediante el recurso de revisión, aunque la disponibilidad del
recurso extraordinario estará restringido a las hipótesis en las que el sujeto
presuntamente afectado no pudo alegar la irregularidad en las dos oportunidades
antes indicadas.
17. Frente a los asuntos que se debaten en la jurisdicción contencioso
administrativa, atendiendo a los sujetos, intereses y recursos que se comprometen,
pero de manera principal, al objeto y fin de la misma -artículo 103 del CPACA-, la
nulidad por omisión en la integración del contradictorio es insaneable, asunto que
de todas maneras no compromete la regla al tenor de la cual, quien ya hubiere
alegado sin éxito la misma en la diligencia de entrega o como excepción en la
ejecución de la sentencia, no tendrá disponible el recurso extraordinario de revisión,
pues en tal caso se deberá entender que ya fue un asunto debatido y definido.
18. En el caso concreto, aunque está acreditado que UNICOC presentó
oposición a la entrega durante la diligencia de restitución del inmueble alegando ser
tenedor del bien y que los efectos del fallo no le son oponibles, tal oposición no fue
definida bajo el proceso ordinario. Constata la Sala que mediante auto del 30 de
junio de 20239 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, ordenó devolver el expediente al Juzgado Segundo Administrativo
9 SAMAI. Proceso 25899-33-33-001-2017-00070-04, índice 04.
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Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
de Zipaquirá para: (i) resolver la nulidad propuesta por UNICOC relativa a la
eventual falta de competencia del Juzgado Promiscuo de Sesquilé -como
comisionado- para decidir sobre la oposición y, (ii) decidir sobre el mérito de la
oposición planteada. Sobre las actuaciones subsiguientes, no obra información en
el expediente.
19. Al lado de lo anterior, la oposición a la entrega contenida en el artículo 308
del CGP, no comprende la interposición, trámite y posterior definición de una nulidad
del fallo de restitución por falta de integración del contradictorio, que es lo aducido
en el presente asunto, pues además de que corresponde a asuntos distintos, con
procedimientos y supuestos de análisis y procedencia también diferentes, en los
términos de los artículos 134 y 135 del CGP, la nulidad debe proponerse indicando
expresamente la causal invocada, así como los hechos en que se fundamenta junto
con las pruebas que se pretenden hacer valer, lo cual no se hizo por parte de
UNICOC, como tampoco se corrió traslado a las partes del proceso de una presunta
nulidad por falta de integración del contradictorio.
20. En esta medida, atendiendo al carácter insaneable de la nulidad aducida por
el recurrente, y no existiendo evidencia de que la misma hubiese sido objeto de
estudio y definición en el trámite ordinario, resulta procedente su análisis en el
escenario del presente recurso extraordinario de revisión.
Problema jurídico
21. De conformidad con los términos del recurso interpuesto, corresponde a la
Sala establecer si la situación denunciada por el recurrente, esto es, no haber sido
vinculado al proceso ordinario pese a ostentar la calidad de arrendatario bajo el
negocio jurídico objeto de la litis, constituye una nulidad originada en la sentencia
que definió el proceso promovido por la E.E.B contra la Fundación Colegio
Odontológico Colombiano.
22. De conformidad con lo establecido en los artículos 149410, 149511, 150212 y
1602 del Código Civil, los contratos o convenciones surgen del concurso real de las
voluntades de dos o más personas, donde una parte se obliga para con otra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa, siempre que consienta en esa declaración y su
consentimiento no adolezca de vicios; en ese escenario, lo acordado será ley para
los contratantes y no podrá ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales.
23. A partir de las disposiciones anotadas, se está en presencia de un contrato
cuando quienes intervienen en la convención manifiestan de manera clara la
intención de obligarse, concertando todos los puntos que conforman el acuerdo de
10 “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos
o convenciones”.
11 “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna
cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”.
12
“Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1o.) que sea
legalmente capaz. 2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3o.) que recaiga sobre un objeto lícito. 4o.) que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona
consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”
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Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
voluntades; por tanto, solo cuando la intención de los contratantes sea positiva y
coincidente respecto de lo convenido se estará en presencia de un pacto que pueda
determinar la celebración y existencia del negocio jurídico, de manera que, si esa
voluntad “es negativa, o disímil en algún punto -determinante- materia del negocio,
no tendrá lugar el surgimiento o floración plena del contrato (…)”13.
24. Esta definición denota, además, que el contrato, por regla general, es fuente
de derechos y obligaciones únicamente respecto de quienes con su consentimiento
asistieron a su formación, premisa que la doctrina y la jurisprudencia han
desarrollado bajo el principio de relatividad contractual, conforme al cual, la
declaración de voluntad está llamada a surtir eficacia jurídica “únicamente entre
quienes al otorgar su voluntad, perfilaron el consentimiento formador del respectivo
negocio jurídico”14.
25. En esta medida, la definición misma del contrato o convención revela que
solo pueden considerarse como parte aquellas personas que se ven involucradas
bajo los efectos del negocio jurídico porque concurrieron con su voluntad a
celebrarlo15; esto es, quienes con su querer formaron el consentimiento que al
mismo tiempo posibilitó la formación del acuerdo respectivo. Esa expresión de
voluntad enmarca una relación de exclusividad frente a los efectos que se derivan
de los acuerdos realizados, las cuales, como dicta la norma, son catalogados como
ley para quienes los concertaron.
26. En el caso concreto, del claro y expreso contenido del contrato de
arrendamiento No. 018 de 199916, así como de las demás pruebas obrantes en el
plenario, la Sala observa lo siguiente:
(i) De manera inequívoca, se definió que las únicas partes del contrato eran la
E.E.B como arrendador, y la Fundación en calidad de arrendataria, en los siguientes
términos: “GUILLERMO MEJÍA ARAUJO, (…), en su calidad de Apoderado General
de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A., EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS (…) por una parte, quien en adelante se llamará la EMPRESA y de
otra parte JORGE RENE ARANGO (…) en su calidad de Representante Legal de
la FUNDACIÓN COLEGIO ODONTOLÓGICO COLOMBIANO (…) quien en
adelante se denominará EL ARRENDATARIO, hemos convenido celebrar el
presente contrato de arrendamiento que se regirá por las siguientes cláusulas
(…)”17.
(ii) Las prestaciones derivadas del contrato se definieron únicamente en cabeza
de las personas jurídicas antes mencionadas. En el objeto del contrato se determinó
que la E.E.B entregaría en arrendamiento el inmueble a la Fundación, y que la última
debía destinarlo para sus fines sociales y recreativos (cláusula primera); así mismo,
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006, Exp. 1998-10363-
01.
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 8 de agosto de 2016. M.P. Luis Armando
Tolosa Villabona. Exp. 2011-00213-01.
15 La exteriorización de la manifestación de la voluntad es fundamental para quienes se involucran en el negocio
jurídico, en la medada que en razón a ella se delimitan las condiciones que enmarcaran la ejecución del contrato.
Por eso debe ser expresa e inequívoca respecto de lo que se pretende con la celebración del contrato.
16 El contrato obra en el expediente por escrito.
17 Subrayas y negrillas propias.
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Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
la Fundación se obligó, entre otros, a pagar los cánones de arrendamiento en el
valor y la forma acordados (cláusulas cuarta y quinta), a encargarse de la vigilancia
y conservación del inmueble (cláusulas sexta y séptima), así como a constituir a
favor de la E.E.B las garantías pactadas (cláusula decima primera).
(iii) El contrato fue modificado en cuatro (4) oportunidades, donde precisamente,
únicamente la E.E.B y la Fundación, como partes del contrato de arrendamiento,
suscribieron los documentos contentivos de esos acuerdos tendientes a alterar las
condiciones inicialmente pactadas.
(iv) Las garantías acordadas fueron otorgadas por la Fundación, como obligación
a cargo del arrendatario, en los términos de la cláusula décima primera del contrato.
27. Aunque está acreditado que UNICOC asentó su firma en la parte final de la
minuta del contrato de arrendamiento, no se indicó en qué condición o calidad lo
hizo, rúbrica que por sí sola resulta insuficiente para afirmar que posee la condición
de arrendatario, no solo porque el mismo contrato no fue expreso en definir que
tenía tal connotación, sino, especialmente, porque de esa firma no es posible extraer
su voluntad clara y expresa de obligarse, bajo qué condiciones, y mucho menos, el
consentimiento de los demás contratantes, considerando que no se estableció
derecho ni obligación alguna a cargo de la Fundación referida .
28. La sola firma de la minuta del contrato por parte de UNICOC no es suficiente
para acreditar su condición de parte, pues ello presupone que ésta hubiese acudido
al negocio jurídico exteriorizando, manifestando o declarando su voluntad 18 para
producir unos efectos o consecuencias jurídicas determinadas19, con la
aquiescencia libre de vicios de sus cocontratantes, aspecto ausente en las pruebas
allegadas. El mismo contrato de arrendamiento contentivo de la voluntad de los
contrayentes, que obra por escrito, determina de forma expresa e inequívoca que
UNICOC no era parte arrendadora o arrendataria, y por ende, de forma plenamente
concordante y coherente, no asumió derecho u obligación bajo su clausulado, no
expidió la garantía de cumplimiento, no suscribió las modificaciones contractuales,
y tampoco fue advertido en el proceso ordinario como extremo procesal a ser
vinculado.
29. Aunque el recurrente afirmó como sustento de su condición como parte que
efectuó pagos por concepto de cánones de arrendamiento y adelantó actividades
de bienestar y capacitación en el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, la
Sala encuentra que tales circunstancias, aún de estar probadas, resultan
insuficientes para acreditar la calidad de parte bajo el contrato de arrendamiento, en
tanto y en cuanto:
18 Derecho Privado, Tomo III Derecho de los contratos, Autor: Carlos Ignacio Jaramillo J, respecto a la
exteriorización de la voluntad asegura que “(…) Voluntad y declaración forman un todo indisoluble, (…). En
ellos se conjuga lo subjetivo y lo objetivo, lo interno y lo externo, formando un solo concepto, que no es otro que
el resultado de la amalgama de la voluntad y de la declaración. De ahí que de este hibrido surja, como elemento
fundamental del negocio, la declaración de voluntad”.
19 Esa declaración o manifestación de la voluntad es precisamente la expresada por quienes se denominan
partes del contrato. Curso de derecho civil, Gonzalo Figueroa Yáñez, Capítulo X.
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Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
(i) El contrato es ley para los contratantes al manifestar su intención de
obligarse, por lo que únicamente a éstos perjudican y aprovechan sus efectos, y
solo en virtud del mutuo consentimiento o por causas legales puede ser invalidado;
por tanto, la ejecución de las actividades realizadas por UNICOC, aunque pudieren
estar relacionadas con el bien objeto del negocio jurídico, no podía modificar su
acreditado y definido contenido. En este caso, está probado que bajo el negocio
jurídico no se indicó que UNICOC fungiera como arrendatario, y aunque ese
acuerdo inicial fue modificado en cuatro (4) oportunidades por parte de la E.E.B y la
Fundación, en ninguna de ellas fue variado ese aspecto.
(ii) Los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, aun cuando pueden
servir como elemento de interpretación, refieren a aquellos actos que ligan a los
contratantes bajo el negocio jurídico a interpretar, pues son éstos los que permiten
revelar la intención de las partes al contratar; en esa medida, los actos realizados
por terceros de la relación contractual resultan insustanciales para efectos de
interpretar lo acordado en el contrato, pero especialmente y como se pretende en el
caso concreto, para variar su claro y expreso tenor.
(iii) Si bien el recurrente aportó constancia de unos pagos realizados por
UNICOC a la E.E.B, y aun cuando éstos señalan como concepto “PAGO
ARRIENDO TOMINÉ”, en ellos no se indica, ni de su contenido se puede inferir, que
se hubieren realizado con ocasión del contrato de arrendamiento No. 018 de 1999,
o que correspondan al inmueble objeto del arrendamiento, como tampoco hay
evidencia de que efectivamente se recibieran para atender el pago del canon que
debía realizar la Fundación; y, aun acreditada tal circunstancia, el pago hecho no
acredita por sí solo su calidad de arrendatario.
(iv) Aunque se aceptara que los pagos efectuados por UNICOC a la E.E.B fueron
realizados y recibidos por cuenta del pago del canon de arrendamiento del contrato
que suscita la discusión, el título XIV, capítulo II del Código Civil es claro al definir
por quién puede hacerse el pago, explicando en su artículo 1630 que puede
realizarse por cualquier persona a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o
contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. En esa medida, si bien el recurrente
pudo efectuar algunos pagos del canon de arrendamiento que correspondían al
arrendatario en el contrato, extremo que expresamente se definió era la Fundación,
la ley habilitaba a UNICOC para hacerlo como persona ajena a la relación
obligacional, descartando que tal actuación variara su condición de tercero frente al
contrato de arrendamiento.
(v) La utilización del bien objeto del arrendamiento por parte de UNICOC,
aunque podría determinar algún tipo de relación convencional, institucional y
comercial con la Fundación, o que durante la ejecución del contrato de
arrendamiento esta última permitió que la recurrente adelantara cierto tipo de
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Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
actividades y se hiciera cargo de otras20, y aunque ello fuere permitido por la E.E.B
en calidad de arrendador21, no significa que UNICOC hubiere sustituido a la
Fundación como arrendatario en el negocio jurídico, ya que no hay evidencia alguna
de que ello hubiere ocurrido bajo las modificaciones efectuadas al negocio jurídico.
(vi) Aunque las pruebas allegadas por la parte recurrente denotan que UNICOC
podría tener un interés sobre el bien arrendado, tal aspecto refiere a un asunto que
no es objeto del cargo de revisión que se analiza, y no se contrapone a la de parte
contractual.
30. En estas condiciones, verificada la materialidad, literalidad y alcance del
contrato de arrendamiento No. 018 de 1999, y analizadas las demás pruebas y
examinados los argumentos allegados por el recurrente, la Sala no tiene evidencia
certera que el recurrente fuese parte en el citado negocio jurídico. Considerar lo
contrario, con el material probatorio disponible, conllevaría a suponer estipulaciones
que el contrato no contiene, tergiversar su texto y desconocer el verdadero sentido
de sus cláusulas con deducciones contrarias a la realidad que demuestran.
31. Finalmente, la Sala también advierte que verificada la información pública,
particularmente la contenida en la página web de UNICOC22, ésta Fundación sin
ánimo de lucro “fue creada por la Fundación Colegio Odontológico Colombiano con
personería jurídica No. 2087 del 9 de mayo de 1974 otorgada por el Ministerio de
Justicia”23, a partir de lo cual se pudo verificar, que tanto para la época de los hechos
como actualmente, la Fundación demandada en el proceso de restitución, hace
parte del Consejo Directivo de UNICOC24.
32. En esa medida, atendiendo a la estrecha relación existente entre UNICOC y
la Fundación, donde inclusive la última fue fundadora y conforma y participa del
máximo organismo de gobierno de la primera25, resulta cuestionable que el
recurrente no hubiese tenido conocimiento oportuno de la demanda de restitución
presentada en contra de la Fundación, asunto que resulta incluso más ostensible
cuando:
(i) Está acreditado que la dirección electrónica de la demandada en el proceso
ordinario, a la que de manera efectiva se realizó la notificación del auto admisorio,
corresponde a fundacioncoc@unicoc.edu.co, dirección que corresponde al mismo
dominio de la hoy recurrente.
20 UNICOC aportó documentos con el fin de demostrar la tenencia del bien y su actuación durante la ejecución
del contrato. Para dicho fin anexó documentos en los que se demostraban las actividades de mantenimiento del
bien inmueble, tales como el de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, la cotización de
adecuaciones y manejo de vertimientos del mismo, el inventario forestal que había sobre el inmueble entregado
a la Fundación, soportes, algunos ilegibles sobre las actividades de bienestar realizadas en el predio, el pago
del personal de vigilancia del lugar, comunicaciones referidas a la prórroga y actualizaciones del canon de
arrendamiento.
21 En las pruebas aportadas, obran comunicaciones radicadas en las oficinas de UNICOC por parte de la E.E.B
en las que se le daban a conocer aspectos relacionados con la ejecución del contrato.
22 https://www.unicoc.edu.co/
23 https://www.unicoc.edu.co/unicoc.aspx?actid=1&secid=18&contid=18&rel=contenidos-generales.También
puede verse: https://www.unicoc.edu.co/Cargas/Archivos/2023/6/2023-6-30_23248.pdf.
24 Al respecto puede verse: https://www.unicoc.edu.co/Cargas/Archivos/2018/7/2018-7-18_15973.pdf y
https://www.unicoc.edu.co/Cargas/Archivos/2023/6/2023-6-29_23242.pdf.
25 https://www.unicoc.edu.co/unicoc.aspx?actid=0&secid=0&contid=0&rel=gobierno-institucional
10
Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
(ii) De conformidad con los estatutos26 de la recurrente, el presidente de la
Fundación no solo participa, sino que a su vez preside el Consejo Directivo de
UNICOC.
(iii) Los poderes para actuar en el proceso ordinario fueron otorgados por María
Soledad Arango Mejía, presidente de la Fundación, quien a su vez funge como
presidente del máximo órgano social de UNICOC27.
33. Por tanto, en adición a lo expuesto en relación con la no configuración de la
nulidad aducida por el recurrente, la Sala no puede aceptar la argumentación
presentada por UNICOC bajo el recurso que se decide.
34. No estando demostrada la causal de nulidad que se alega bajo el presente
recurso extraordinario, se declarará infundado.
Costas
35. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 , establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas
28
y perjuicios al recurrente”.
36. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé que se
condenará en costas a la parte que se le resuelva desfavorablemente el recurso de
revisión, siempre y cuando se demuestren causadas y, en la medida de su
comprobación.
37. Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido
en el artículo 5, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que
dispone que la tarifa de agencias en derecho, tratándose de recursos
extraordinarios, debe oscilar entre uno (1) y veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
38. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, en atención a las reglas vigentes en la materia al momento de la
interposición del recurso, de manera que, en los términos del numeral 9 del Acuerdo
No. 10554 de 2016, se fijan como agencias en derecho a cargo de la parte
recurrente, la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor de la E.E.B,
teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión, que correspondió
al seguimiento a este trámite extraordinario no se incluirá suma alguna por concepto
de gastos y expensas por no aparecer causada.
26
https://www.unicoc.edu.co/unicoc.aspx?actid=2&secid=11&contid=11&rel=contenidos-generales
27 Como consta expresamente en las actas antes reseñadas.
28 El recurso de revisión se interpuso el 16 de diciembre de 2021, momento para el cual ya había entrado en
vigor la Ley 2080 de 2021 (enero del mismo año).
11
Radicación: 11001032600020220001700 (67927)
Demandante: Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC
Demandado: Empresa De Energía De Bogotá S.A. E.S.P.
Referencia: Recurso extraordinario de revisión.
III. PARTE RESOLUTIVA
39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por UNICOC en contra de la sentencia del 12 de agosto de 2020,
proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente; FIJAR como agencias en
derecho a su cargo y en favor de la E.E.B, la suma equivalente de tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.
TERCERO: Por Secretaría, LIQUIDAR lo correspondiente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLAS YEPES CORRALES (E)
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
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