Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06168-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06168-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06168-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de enero de 2023
Demandantes: Institución Universitaria Colegios de Colombia-UNICOC- y otro
Demandados: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06168-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06168-00
Demandantes: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA —
UNICOC- Y FUNDACIÓN COLEGIO ODONTOLÓGICO
COLOMBIANO
Demandados: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SESQUILÉ –
CUNDINAMARCA Y JUZGADO SEGUNDO (2.º)
ADMINISTRATIVO DE ZIPAQUIRÁ
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por
falta de relevancia Constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la Institución
Universitaria Colegios de Colombia -en adelante UNICOC- y la Fundación Colegio
Odontológico Colombiano, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 16 de noviembre de 2022, UNICOC y la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano, a través de apoderados, presentaron acción de tutela ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1, con el fin de que se les amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Sesquilé y el Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de Zipaquirá al
proferir los autos de fecha 10 de octubre y 8 de noviembre de 2022, respecto de la
primera autoridad, y de 20 de octubre y 10 de noviembre de 2022, frente a la
segunda, al interior de un proceso de restitución de bien inmueble arrendado
identificado con el radicado N.º 25899-33-33-001-2017-00070-002.
1
El expediente fue recibido en esta Corporación el 21 de noviembre de 2022, comoquiera que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la actuación el 19 de noviembre de 2022 a las 5:22
p.m.
2
La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, interpuso demanda de controversias contractuales
contra la Fundación Colegio Odontológico Colombiano, con el fin de que se declarara la terminación
del contrato de arrendamiento N°018 del 09 de febrero de 1999.
1
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Demandantes: Institución Universitaria Colegios de Colombia-UNICOC- y otro
Demandados: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca y otro
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1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que
se adoptará en esta sentencia:
• Se precisó que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. presentó el medio
de control de controversias contractuales contra la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano, con el fin de que se declarara la terminación del contrato de
arrendamiento N°018 del 09 de febrero de 1999, en atención a la expiración del
plazo pactado y, en consecuencia, se ordenara la restitución del bien inmueble.
• El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Segundo (2.º)
Administrativo de Zipaquirá, que el 29 de junio de 2018 accedió a las pretensiones
de la demanda y resolvió: (i) la terminación del contrato de arrendamiento y (ii)
ordenó a la parte demandada restituir el inmueble objeto de litigio. Decisión que la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó el 12 de agosto de 2020.
• Con ocasión de lo anterior, el Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de
Zipaquirá, dispuso comisionar al Juzgado Promiscuo de Sesquilé, para que
realizara la diligencia de lanzamiento y la entrega del bien objeto de disputa3.
• El 15 de febrero de 2022, UNICOC se negó a entregar el bien y formuló la
respectiva oposición al ostentar la calidad de tenedora, ser coarrendataria junto con
la Fundación Colegio Odontológico Colombiano y no haber sido llamada al pleito.
Oposición que fue negada por el despacho comisionado.
• Contra el auto que negó la oposición se interpuso recurso de apelación que fue
concedido en el efecto suspensivo. Sin embargo, la fundación realizó la entrega del
bien inmueble de acuerdo con la orden judicial, pero destacó que la tenencia de la
edificación era del coarrendatario, esto es, de UNICOC.
• El 3 de marzo de 2022, UNICOC y la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano solicitaron la nulidad de la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal
de Sesquilé que resolvió la oposición presentada, al considerar que ese despacho
carecía de competencia para resolverla, de conformidad con el numeral 7.º del
artículo 309 con el CGP.
• El 8 de marzo de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé se abstuvo
de resolver la nulidad formulada y ordenó remitir el expediente al Juzgado Segundo
(2.º) Administrativo de Zipaquirá, al estimarlo competente.
• El 14 de julio de 2022, el Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de Zipaquirá
devolvió el compendio procesal al despacho comisionado, “a fin de que resuelva sobre
las solicitudes pendientes, incluida la nulidad presentada”.
3
Despacho comisorio Nº. 2021-00153
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• El 10 de octubre de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé dispuso:
“PRIMERO: ABSTERNERSE de resolver la nulidad por exceso de los límites de las
funciones del comisionado, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: No hay lugar a modular el efecto del recurso de apelación en contra del
auto de fecha 1 de marzo de 2022, por medio del cual no se atendió la oposición
planteada por UNICOC, por las razones anotadas en las consideraciones.
TERCERO: Fijar el día veintinueve (29) de noviembre de 2022 a las 10:00 am, con el
fin de llevar a cabo continuación de la diligencia de entrega del inmueble ubicado en
la vereda San José de Sesquilé Km 8 costado occidental, vía Sesquilé – Guatavita”.
• Contra este proveído la institución y la fundación mencionadas presentaron
recurso de reposición, sin embargo, el 8 de noviembre de 2022, la autoridad judicial
decidió no reponer.
• El 20 de octubre de 2022 el Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de Zipaquirá
aclaró que “[a]cierta el Juzgado Comisionado que no debe resolver la nulidad que
consagra el inciso final del artículo 40 del Código General del Proceso, toda vez que esa
decisión le corresponde es al Juzgado Comitente. La cuestión está es en la oportunidad
procesal para ello, que es cuando el despacho se encuentre diligenciado”.
• Además, precisó “el memorialista deb[ía] aguardar a que el despacho se diligencie
para que una vez devuelto el mismo, el Juzgado Comitente revise si el comisionado excedió
sus facultades o no”. Auto que fue objeto de recurso reposición y oportunidad en la
que se resaltó que no se “comprend[ía] porque no se ha resuelto un incidente de nulidad
sobre la oposición planteada”.
• El 10 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de
Zipaquirá desató de forma negativa el recurso de reposición interpuesto en contra
de la providencia de 20 de octubre de 2022.
• La solicitud de tutela se presentó el 16 de noviembre de 2022.
1.3. Fundamentos de la solicitud
Del escrito de tutela se infiere que los tutelantes consideraron que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto y
sustantivo, comoquiera que a la fecha no han resuelto la solicitud de nulidad
formulada, lo que en su sentir no tiene ningún fundamento normativo.
Resaltaron que el Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé debe remitir el
expediente al Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de Zipaquirá, para que este, a
su vez, pueda pronunciarse acerca de la solicitud de nulidad elevada al interior del
expediente ordinario, sin que sea condicionada su remisión al diligenciamiento del
despacho comisorio.
Destacaron que se debe “tener en cuenta que aún cuando existe un incidente de nulidad
propuesto, el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE ZIPAQUIRÁ, hoy no lo ha
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resuelto ni se va a resolver oportunamente para evitar el inminente perjuicio a UNICOC”
(…) (Mayúsculas del texto original).
1.4. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“Se amparen los derechos fundamentales y constitucionales al debido proceso,
derecho a la defensa en consecuencia se revoque el Auto proferido por parte
del JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE SESQUILÉ, del 10 de octubre de 2022
hasta tanto no sea resuelto el incidente de nulidad por parte del JUZGADO
SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE ZIPAQUIRÁ”. (Negritas del texto original y sic
para toda la cita)
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 23 de noviembre de 2022, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los demandantes, así como al
Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé y al Juzgado Segundo (2.º)
Administrativo de Zipaquirá, en calidad de accionados, a los cuales les otorgó el
término de dos (2) días para que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991.
Como tercero con interés, vinculó al Juzgado Primero (1.º) Administrativo de
Zipaquirá, [quien presuntamente tramitó en algún momento el proceso N.º 25899-33-33-001-2017-
00070-00], la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca [que profirió la sentencia de segunda instancia del proceso N.º 25899-33-33-001-
2017-00070-00], la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado [en
donde se tramita el recurso extraordinario de revisión N.º 11001-03-26-000-2022-00017-00 (67.927)
por no haberse incluido dentro del contradictorio a la Institución Universitaria Colegios De Colombia-
UNICOC en el proceso de restitución de bien arrendado], Empresa de Energía de Bogotá
S.A. ESP [demandante en el proceso N.º 25899-33-33-001-2017-00070-00], Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá [en donde se adelanta un proceso disciplinario
por el trámite del N.º 25899-33-33-001-2017-00070-00, que se identificó con el N.º 25000-25-02000-
2022-01152-00] y a la Procuraduría General de la Nación [en donde se adelanta un proceso
disciplinario presuntamente por el trámite del N.º 25899-33-33-001-2017-00070-00, que se identificó
con el N.º E-2022-596985]; para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en esta
acción dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo de
la correspondiente notificación.
Por otro lado, el despacho sustanciador negó la solicitud de medida cautelar
consistente en que se suspendieran los efectos del auto de 10 de octubre de 2022,
al considerar que no cumplía con el requisito de urgencia, por alto grado de
afectación, o inminencia de la ocurrencia de un daño mayor, ya que si bien los
efectos de la entrega del inmueble en arrendamiento implicaban una afectación
económica, no podía perderse de vista de que estábamos en presencia de un
trámite judicial del cual se presume su legalidad, ya que su génesis proviene de una
sentencia debidamente ejecutoriada.
Esta decisión fue objeto de reposición y el magistrado ponente rechazó por
improcedente el 12 de enero de 2022, “teniendo en cuenta que no existe norma expresa
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ni tesis jurisprudencial que reconozca que dicho mecanismo procesal pueda ser utilizado
en el trámite de la acción de tutela, (…)”.
De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.
1.6. Intervenciones
Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes
pronunciamientos:
1.6.1. La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
del magistrado ponente del recurso extraordinario de revisión N.º 11001-03-26-000-
2022-00017-00 (67.927), indicó que “en tanto a que no se cuestiona el contenido de la
providencia proferida por este Despacho, quedo a lo que se defina en relación con la
misma”.
1.6.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, por intermedio
del magistrado Fernando Augusto Ayala Rodríguez, informó que, por auto de 25 de
noviembre de 2022, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de
la doctora Marlyn Paola Cabrera Rivas, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de
Sesquilé (Cundinamarca), dentro de la radicación 2022-01152.
Además, solicitó su desvinculación de este trámite procesal, ya que “la presunta
vulneración alegada no puede ser atribuida a este Despacho, pues hace referencia a
decisiones emitidas por el Juez de conocimiento dentro del proceso administrativo”.
1.6.3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé, por conducto de la
funcionaria instructora, solicitó declarar la improcedencia de la acción, comoquiera
que la autoridad judicial competente ya se pronunció, oportunidad en la que se les
indicó a los tutelantes cuándo se resolvería la nulidad elevada en el proceso
ordinario, sumado a que no se puede usar el mecanismo Constitucional como un
recurso adicional, con el fin de “revivir términos y oportunidades fenecidas o simplemente
se quiere desconocer el principio rector del juez natural de la causa”.
1.6.4. La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, expuso que “[l]a solicitud de la
presente tutela no goza de los fundamentos y parámetros constitucionales que permitan
abrir paso a las pretensiones deprecadas, motivo por el cual solicitamos la denegación del
amparo.
1.6.5. La Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, enfatizó que su actuación, a la fecha, se limitó a proferir la
sentencia de segunda instancia al interior del proceso N.º 25899-33-33-001-2017-
00070-00.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por UNICOC y la Fundación Colegio Odontológico Colombiano, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, pidió que se le
desvinculara del trámite constitucional, sin embargo, la Sala negará esta solicitud,
toda vez que su llamado a esta Litis se dio en calidad de tercero con interés en las
resultas del proceso y no como demandada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé y el Juzgado Segundo (2.º)
Administrativo de Zipaquirá al proferir los autos de fecha 10 de octubre y 8 de
noviembre de 2022, respecto de la primera autoridad, y de 20 de octubre y 10 de
noviembre de 2022, frente a la segunda, al interior de un proceso de restitución de
bien inmueble arrendado identificado con el radicado N.º 25899-33-33-001-2017-
00070-0.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad; (iii) las generalidades de los
defectos alegados y; (iv) el examen del caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.
4
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6
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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto no es relevante
constitucionalmente, según los argumentos que se pasan a exponer.
En efecto, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por H. la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:
“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales (…)”.
Sobre el particular, la Sala resalta que este caso no tiene relevancia
constitucional, pues si bien los tutelantes alegaron la trasgresión de algunos
derechos fundamentales, lo que en realidad buscan es imponer una interpretación
legal del inciso 2.º del artículo 40 del CGP, que establece los poderes del
comisionado, discusión que a la postre, para el caso concreto es de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas.
En efecto, el inciso 2.º del artículo 40 del CGP establece:
“Artículo 40. Poderes del comisionado. (…)
Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es
nula. La nulidad podrá alegarse a más tardar dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el
comitente, y el auto que la decida solo será susceptible de reposición.”
De la normatividad trascrita se resaltan dos aspectos relevantes; (i) que la solicitud
de nulidad por extralimitación de funciones por parte del despacho comisionado
podrá alegarse “a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación
del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente”; y (ii) el hecho de
que esta “petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente”.
Descendiendo al caso concreto, se tiene que el juzgado comitente, el 20 de octubre
de 2022, resolvió que acertaba la autoridad judicial comisionada en afirmar que no
debía “resolver la nulidad que consagra el inciso final del artículo 40 del Código General
del Proceso, toda vez que esa decisión le corresponde es al Juzgado Comitente”, en donde
además destacó que la parte solicitante “deb[ía] aguardar a que el despacho
[comisorio] se diligencie para que una vez devuelto el mismo, el Juzgado Comitente revise
si el comisionado excedió sus facultades o no”.
En este orden de ideas, se considera que los aquí accionantes pretenden llevar a
esta Sala, investida como juez constitucional, a una discusión meramente legal en
cuanto a la oportunidad para resolver la nulidad en el trámite de un despacho
comisorio, sin que se justificara que este asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar o desarrollar la Constitución Política.
Ahora, cabe destacar que, tal y como se expuso al resolver la medida provisional
solicitada, la consecuencia de que no se resuelva la solicitud de nulidad en la
oportunidad que los accionantes pretenden se limita a la entrega del bien inmueble
objeto de restitución, lo que se considera de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas, ámbito que escapa de la esfera de
conocimiento de esta Sección en su labor como funcionario de tutela.
En efecto, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la existencia de una posible trasgresión de las
garantías Constitucionales de los tutelantes, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de evitar una afectación de carácter económico, en el marco
de una discusión eminentemente legal.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por los accionantes, la Sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza Constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la situación descrita es “de
8
competencia exclusiva del juez ordinario” y, por ello, al funcionario constitucional no le
corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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2.6. Conclusión
En consecuencia, se declarará la improcedencia del mecanismo constitucional,
porque no supera el requisito de procedibilidad adjetiva de la relevancia
constitucional, en el entendido que la discusión planteada por los accionantes es de
contenido legal y eminentemente económica y no frente a la afectación de una
garantía iusfundamental que haga necesaria la intervención del juez de tutela9.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN presentada por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Institución Universitaria Colegios de Colombia -UNICOC- y la Fundación Colegio
Odontológico Colombiano.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
9
En el mismo sentido, esta Sala profirió la sentencia del 29 de septiembre de 2022, expediente
11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandantes: Institución Universitaria Colegios de Colombia-UNICOC- y otro
Demandados: Juzgado Promiscuo Municipal de Sesquilé – Cundinamarca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06168-00
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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