Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03897-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de procedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-03897-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03897-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOC
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la defensa y contradicción, cuya vulneración le atribuyó a la providencia
de 19 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de revisión con el número de
radicación 11001-03-26-000-2022-00017-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que la Empresa de Energía de Bogotá interpuso el medio de control de
controversias contractuales con radicado núm. 25899-33-33-001-2017-00070-00 por
restitución de inmueble arrendado, con relación al contrato de arrendamiento núm.
018 de 1999 suscrito entre la Fundación Colegio Odontológico Colombiano y el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
Colegio Odontológico Colombiano -hoy UNICOC- en calidad de arrendatarias; y la
Empresa de Energía de Bogotá, como arrendador.
2.2. Indicó que el asunto le correspondió en primera Instancia al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, autoridad judicial que, mediante providencia
de 29 de junio de 2018, determinó que el contrato mencionado había terminado y que
por consiguiente la Fundación Colegio Odontológico Colombiano debía restituirlo a la
entidad pública.
2.3. Refirió que, en segunda instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 12 de agosto de
2020, resolvió: (i) declarar la nulidad parcial de la cláusula segunda de la adición núm.
2 del contrato de arrendamiento, (ii) revocar la condena en costas, y (iii) confirmar en
lo restante la decisión apelada.
2.4. Relató que el 13 de abril de 2021, la Fundación Colegio Odontológico Colombiano
y la Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC interpusieron acción de
tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Primero Administrativo de Zipaquirá, por la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso y al principio de confianza legítima.
2.5. Señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró, a través de la decisión de 7 de mayo de 2021, improcedente la acción de
tutela, decisión que fue confirmada, mediante providencia de 19 de noviembre de
2021, por la Subsección A de la Sección Tercera de esta misma Corporación.
2.6. Afirmó
que como no fue parte y tampoco vinculada al medio de control de
controversias contractuales núm. 25899-33-33-001-2017-00070-00, radicó el recurso
extraordinario de revisión núm. 11001-03-26-000-2022-00017-00.
2.7. Mencionó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró, mediante sentencia de 19 de febrero de 2024, infundado el recurso
extraordinario de revisión en razón a que “[…] atendiendo a la estrecha relación
existente entre UNICOC y la Fundación, donde inclusive la última fue fundadora y
conforma y participa del máximo organismo de gobierno de la primera 25, resulta
cuestionable que el recurrente no hubiese tenido conocimiento oportuno de la
demanda de restitución presentada en contra de la Fundación […]”.
2.8. Informó que contra la anterior decisión presentó solicitud de aclaración, y a través
de auto de 19 de abril de 2024 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado resolvió negar la solicitud de aclaración y adición, porque con esa
petición se buscaba reabrir el debate probatorio y jurídico resuelto de fondo dentro
del recurso extraordinario de revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
2.9. Frente al defecto fáctico, refirió que la autoridad accionada incurrió en este “[…] por
valorar de forma arbitraria las pruebas, no valorarlas de forma completa y valorar en
el fallo únicamente aquellas que servían de soporte para la tesis del Despacho y no
aquellas que ponen en duda la postura […]”.
2.10. Sobre la violación directa de la Constitución aseguró que “[…] en este caso, se
presenta la omisión por parte del Juez de los derechos fundamentales señalados,
porque no analizó todas [las] pruebas obrantes en el expediente como ya se señaló y
se limitó a analizar aquellas que le permitían soportar la tesis del fallo […]”.
2.11. Sostuvo que se cometió un error procedimental absoluto debido a que “[…] en la
etapa de valoración probatoria el Juez de Instancia omitió realizar una valoración
integral de las pruebas para después tomar una decisión a partir de estas y en su
lugar tomó y valoró solo aquellas pruebas que soportaban la tesis del Despacho sin
pronunciarse sobre aquellas que debilitaban o contradecían tal tesis […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso, derecho
de defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva; y además deje sin efecto la sentencia del 19 de febrero de
2024.
Segunda: se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera, Subsección “A”
– Consejero Ponente José Roberto Sáchica Méndez emitir un nuevo fallo
dentro del recurso extraordinario de revisión bajo el radicado
11001032600020220001700 valorando todas las pruebas, entre estas:
• Cobros pre jurídicos que la Empresa de Energía de Bogotá le realizó
directamente a esta Institución Universitaria identificada con NIT
860045054-1 sí la misma no era deudora o presuntamente parte del
negocio contractual. (Documentos que reposan en las carpetas de
soportes de pago del canon que obran dentro del expediente)
• Avisos de prórroga del contrato enviados a ambas partes (UNICOC) y
(Fundación)
• Pólizas de seguro presentadas como garantía del referenciado contrato
de arrendamiento a nombre de esta Institución Universitaria identificada
con NIT. 860045054-1
• Certificados de pagos de impuestos por parte de UNICOC.
• Pago de servicios públicos, mantenimiento de infraestructura, atención
de visitas de entes externos, etc.
• Pronunciamiento del Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá
[…]”.
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Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 1.º de agosto de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Empresa de Energía
de Bogotá S.A. E.S.P., la Fundación Colegio Odontológico Colombiano, la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó, a
través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, que lo que busca la
accionante es una “[…] cuarta instancia […]” porque presentó “[…] los mismos
argumentos que fueron objeto de estudio y decisión al momento de ser decidido el
recurso de revisión […]”, por lo que es claro que el asunto no tiene relevancia
constitucional y se debe declarar improcedente.
5.2. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó, a través del magistrado ponente de la decisión de 12 de
agosto de 2020, declarar improcedente la presente acción de tutela porque la
Institución Universitaria presentó “[…] los mismos argumentos que fueron objeto de
estudio y decisión al momento de ser decidido el recurso de revisión […]”.
5.3. ElGrupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. solicitó, a través de su
representante legal, que se declarara improcedente el presente mecanismo
constitucional, “[…] [p]orque cada uno de los requisitos específicos de procedibilidad
invocados, lejos de configurarse como tales, son meras inconformidades de la
Accionante respecto de una decisión judicial que le resultó desfavorable […]”.
5.4. La Fundación Colegio Odontológico manifestó, a través de apoderado
judicial, que estaba de acuerdo con lo propuesto por la accionante por medio de la
presente acción de tutela, al considerar que “[…] en el fallo del recurso extraordinario
de revisión no se hizo una revisión integral probatoria por cuanto en el fallo se dejaron
de apreciar diferentes pruebas vitales para resolver el caso como por ejemplo que los
pagos del canon de arrendamiento, tanto contablemente como materialmente, los
hacia UNICOC […]”.
5.5. Aseguró que lo que pretende la accionante “[…] es, que se la declare como
“coarrendataria” del Contrato, está desvirtuada no sólo por numerosas decisiones en
firme, sino además por la contundencia de los hechos probados […]”.
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Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
5.6. La Juez Segundo Administrativo del Circuito de Zipaquirá precisó que “[…]
[a]unque el proceso se radicó inicialmente en el Juzgado Primero, que emitió fallo
el 29 de junio de 2018, confirmado parcialmente por providencia del 12 de agosto
de 2020 de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, este
juzgado asumió la competencia del caso mediante auto del 31 de agosto de 2021,
tras el traslado del Juzgado Primero Administrativo a la ciudad de Bogotá en el año
2019 […]”.
5.7. Señaló que “[…] [l]a acción de tutela es abiertamente improcedente, puesto que
sobre la decisión adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado no procede
recurso alguno, conforme lo establece la normatividad vigente y la jurisprudencia
constitucional. La tutela no puede convertirse en una instancia adicional para
cuestionar decisiones judiciales que han sido adoptadas de manera definitiva […]”.
5.8. Agregó que “[…] la parte actora ha interpuesto múltiples recursos, nulidades y
otros medios procesales, cuyo propósito ha sido dilatar el cumplimiento de las
decisiones judiciales. Ninguno de estos recursos ha prosperado, lo que evidencia una
conducta dilatoria y abusiva del derecho procesal, afectando la celeridad y eficacia de
la administración de justicia […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
b) Si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico, en un defecto procedimental absoluto y en violación directa
de la Constitución.
8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución7.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
7
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
7
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Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”8 que encaje en dichos
parámetros.
14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
16. La Institución Universitaria Colegios de Colombia – UNICOC solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia y a la defensa y contradicción, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 19 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, dentro del recurso extraordinario de revisión con el
número de radicación 11001-03-26-000-2022-00017-00.
17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales de
relevancia constitucional.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
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Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental9 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones10.
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales11, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12.
20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación13, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202214 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
9
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
11
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
12
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
13
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
14
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
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22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202315.
23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales16.
24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la defensa y contradicción, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto
fáctico, en un defecto procedimental absoluto y en violación directa de la
Constitución.
25. Frente al defecto fáctico, refirió que la autoridad accionada incurrió en este “[…] por
valorar de forma arbitraria las pruebas, no valorarlas de forma completa y valorar en
el fallo únicamente aquellas que servían de soporte para la tesis del Despacho y no
aquellas que ponen en duda la postura […]”.
26. Sobre la violación directa de la Constitución aseguró que “[…] en este caso, se
presenta la omisión por parte del Juez de los derechos fundamentales señalados,
porque no analizó todas pruebas obrantes en el expediente como ya se señaló y se
limitó a analizar aquellas que le permitían soportar la tesis del fallo […]”
27. Sostuvo que se cometió un error procedimental absoluto debido a que “[…] en la
etapa de valoración probatoria el Juez de Instancia omitió realizar una valoración
integral de las pruebas para después tomar una decisión a partir de estas y en su
lugar tomó y valoró solo aquellas pruebas que soportaban la tesis del Despacho sin
pronunciarse sobre aquellas que debilitaban o contradecían tal tesis […]”.
28. La argumentación de la parte accionante para acreditar la vulneración de sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa
y contradicción reitera los argumentos expuestos dentro del del recurso
15
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
extraordinario de revisión de jurisprudencia con el número de radicación 11001-03-
26-000-2022-00017-00.
29. En criterio de esta Sala de Decisión, la controversia propuesta por la Institución
Universitaria Colegios de Colombia carece de relevancia constitucional porque: i)
el caso involucra un debate eminentemente legal, y ii) la parte accionante pretende
utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca reabrir la
discusión que fue resuelta por los jueces naturales.
30. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.
31. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra unas providencias judiciales
que han hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de
una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”17. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto].
32. Por otra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de
revisión, para evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una tercera
instancia.
33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió, dentro
del recurso extraordinario de revisión, lo siguiente:
“[…] En el caso concreto, del claro y expreso contenido del contrato de
arrendamiento No. 018 de 199918, así como de las demás pruebas obrantes en
el plenario, la Sala observa lo siguiente:
17
Sentencia SU-074 de 2022.
18
El contrato obra en el expediente por escrito.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
(i) De manera inequívoca, se definió que las únicas partes del contrato eran la
E.E.B como arrendador, y la Fundación en calidad de arrendataria, en los
siguientes términos: “GUILLERMO MEJÍA ARAUJO, (…), en su calidad de
Apoderado General de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.,
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS (…) por una parte, quien en adelante
se llamará la EMPRESA y de otra parte JORGE RENE ARANGO (…) en su
calidad de Representante Legal de la FUNDACIÓN COLEGIO
ODONTOLÓGICO COLOMBIANO (…) quien en adelante se denominará EL
ARRENDATARIO, hemos convenido celebrar el presente contrato de
arrendamiento que se regirá por las siguientes cláusulas (…)”19.
(ii) Las prestaciones derivadas del contrato se definieron únicamente en cabeza
de las personas jurídicas antes mencionadas. En el objeto del contrato se
determinó que la E.E.B entregaría en arrendamiento el inmueble a la
Fundación, y que la última debía destinarlo para sus fines sociales y recreativos
(cláusula primera); así mismo, la Fundación se obligó, entre otros, a pagar los
cánones de arrendamiento en el valor y la forma acordados (cláusulas cuarta y
quinta), a encargarse de la vigilancia y conservación del inmueble (cláusulas
sexta y séptima), así como a constituir a favor de la E.E.B las garantías
pactadas (cláusula decima primera).
(iii) El contrato fue modificado en cuatro (4) oportunidades, donde
precisamente, únicamente la E.E.B y la Fundación, como partes del contrato
de arrendamiento, suscribieron los documentos contentivos de esos acuerdos
tendientes a alterar las condiciones inicialmente pactadas.
(iv) Las garantías acordadas fueron otorgadas por la Fundación, como
obligación a cargo del arrendatario, en los términos de la cláusula décima
primera del contrato.
27. Aunque está acreditado que UNICOC asentó su firma en la parte final de la
minuta del contrato de arrendamiento, no se indicó en qué condición o calidad
lo hizo, rúbrica que por sí sola resulta insuficiente para afirmar que posee la
condición de arrendatario, no solo porque el mismo contrato no fue expreso en
definir que tenía tal connotación, sino, especialmente, porque de esa firma no
es posible extraer su voluntad clara y expresa de obligarse, bajo qué
condiciones, y mucho menos, el consentimiento de los demás contratantes,
considerando que no se estableció derecho ni obligación alguna a cargo de la
Fundación referida .
28. La sola firma de la minuta del contrato por parte de UNICOC no es suficiente
para acreditar su condición de parte, pues ello presupone que ésta hubiese
acudido al negocio jurídico exteriorizando, manifestando o declarando su
voluntad20 para producir unos efectos o consecuencias jurídicas
determinadas21, con la aquiescencia libre de vicios de sus cocontratantes,
aspecto ausente en las pruebas allegadas. El mismo contrato de arrendamiento
contentivo de la voluntad de los contrayentes, que obra por escrito, determina
de forma expresa e inequívoca que UNICOC no era parte arrendadora o
19
Subrayas y negrillas propias.
20
Derecho Privado, Tomo III Derecho de los contratos, Autor: Carlos Ignacio Jaramillo J, respecto a la exteriorización de la
voluntad asegura que “(…) Voluntad y declaración forman un todo indisoluble, (…). En ellos se conjuga lo subjetivo y lo
objetivo, lo interno y lo externo, formando un solo concepto, que no es otro que el resultado de la amalgama de la voluntad
y de la declaración. De ahí que de este hibrido surja, como elemento fundamental del negocio, la declaración de voluntad”.
21
Esa declaración o manifestación de la voluntad es precisamente la expresada por quienes se denominan partes del
contrato. Curso de derecho civil, Gonzalo Figueroa Yáñez, Capítulo X.
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arrendataria, y por ende, de forma plenamente concordante y coherente, no
asumió derecho u obligación bajo su clausulado, no expidió la garantía de
cumplimiento, no suscribió las modificaciones contractuales, y tampoco fue
advertido en el proceso ordinario como extremo procesal a ser vinculado.
29. Aunque el recurrente afirmó como sustento de su condición como parte que
efectuó pagos por concepto de cánones de arrendamiento y adelantó
actividades de bienestar y capacitación en el inmueble objeto del contrato de
arrendamiento, la Sala encuentra que tales circunstancias, aún de estar
probadas, resultan insuficientes para acreditar la calidad de parte bajo el
contrato de arrendamiento, en tanto y en cuanto:
(i) El contrato es ley para los contratantes al manifestar su intención de
obligarse, por lo que únicamente a éstos perjudican y aprovechan sus efectos,
y solo en virtud del mutuo consentimiento o por causas legales puede ser
invalidado; por tanto, la ejecución de las actividades realizadas por UNICOC,
aunque pudieren estar relacionadas con el bien objeto del negocio jurídico, no
podía modificar su acreditado y definido contenido. En este caso, está probado
que bajo el negocio jurídico no se indicó que UNICOC fungiera como
arrendatario, y aunque ese acuerdo inicial fue modificado en cuatro (4)
oportunidades por parte de la E.E.B y la Fundación, en ninguna de ellas fue
variado ese aspecto.
(ii) Los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, aun cuando
pueden servir como elemento de interpretación, refieren a aquellos actos que
ligan a los contratantes bajo el negocio jurídico a interpretar, pues son éstos los
que permiten revelar la intención de las partes al contratar; en esa medida, los
actos realizados por terceros de la relación contractual resultan insustanciales
para efectos de interpretar lo acordado en el contrato, pero especialmente y
como se pretende en el caso concreto, para variar su claro y expreso tenor.
(iii) Si bien el recurrente aportó constancia de unos pagos realizados por
UNICOC a la E.E.B, y aun cuando éstos señalan como concepto “PAGO
ARRIENDO TOMINÉ”, en ellos no se indica, ni de su contenido se puede inferir,
que se hubieren realizado con ocasión del contrato de arrendamiento No. 018
de 1999, o que correspondan al inmueble objeto del arrendamiento, como
tampoco hay evidencia de que efectivamente se recibieran para atender el
pago del canon que debía realizar la Fundación; y, aun acreditada tal
circunstancia, el pago hecho no acredita por sí solo su calidad de arrendatario.
(iv) Aunque se aceptara que los pagos efectuados por UNICOC a la E.E.B
fueron realizados y recibidos por cuenta del pago del canon de arrendamiento
del contrato que suscita la discusión, el título XIV, capítulo II del Código Civil es
claro al definir por quién puede hacerse el pago, explicando en su artículo 1630
que puede realizarse por cualquier persona a nombre del deudor, aún sin su
conocimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. En esa medida,
si bien el recurrente pudo efectuar algunos pagos del canon de arrendamiento
que correspondían al arrendatario en el contrato, extremo que expresamente
se definió era la Fundación, la ley habilitaba a UNICOC para hacerlo como
persona ajena a la relación obligacional, descartando que tal actuación variara
su condición de tercero frente al contrato de arrendamiento.
(v) La utilización del bien objeto del arrendamiento por parte de UNICOC,
aunque podría determinar algún tipo de relación convencional, institucional y
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comercial con la Fundación, o que durante la ejecución del contrato de
arrendamiento esta última permitió que la recurrente adelantara cierto tipo de
i actividades y se hiciera cargo de otras22, y aunque ello fuere permitido por la
E.E.B en calidad de arrendador23, no significa que UNICOC hubiere sustituido
a la Fundación como arrendatario en el negocio jurídico, ya que no hay
evidencia alguna de que ello hubiere ocurrido bajo las modificaciones
efectuadas al negocio jurídico.
(vi) Aunque las pruebas allegadas por la parte recurrente denotan que UNICOC
podría tener un interés sobre el bien arrendado, tal aspecto refiere a un asunto
que no es objeto del cargo de revisión que se analiza, y no se contrapone a la
de parte contractual.
30. En estas condiciones, verificada la materialidad, literalidad y alcance del
contrato de arrendamiento No. 018 de 1999, y analizadas las demás pruebas y
examinados los argumentos allegados por el recurrente, la Sala no tiene
evidencia certera que el recurrente fuese parte en el citado negocio jurídico.
Considerar lo contrario, con el material probatorio disponible, conllevaría a
suponer estipulaciones que el contrato no contiene, tergiversar su texto y
desconocer el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones contrarias
a la realidad que demuestran.
31. Finalmente, la Sala también advierte que verificada la información pública,
particularmente la contenida en la página web de UNICOC24, ésta Fundación
sin ánimo de lucro “fue creada por la Fundación Colegio Odontológico
Colombiano con personería jurídica No. 2087 del 9 de mayo de 1974 otorgada
por el Ministerio de Justicia”25, a partir de lo cual se pudo verificar, que tanto
para la época de los hechos como actualmente, la Fundación demandada en
el proceso de restitución, hace parte del Consejo Directivo de UNICOC26.
32. En esa medida, atendiendo a la estrecha relación existente entre UNICOC
y la Fundación, donde inclusive la última fue fundadora y conforma y participa
del máximo organismo de gobierno de la primera27, resulta cuestionable que el
recurrente no hubiese tenido conocimiento oportuno de la demanda de
restitución presentada en contra de la Fundación, asunto que resulta incluso
más ostensible cuando:
(i) Está acreditado que la dirección electrónica de la demandada en el proceso
ordinario, a la que de manera efectiva se realizó la notificación del auto
admisorio, corresponde a fundacioncoc@unicoc.edu.co, dirección que
corresponde al mismo dominio de la hoy recurrente.
22
UNICOC aportó documentos con el fin de demostrar la tenencia del bien y su actuación durante la ejecución del contrato.
Para dicho fin anexó documentos en los que se demostraban las actividades de mantenimiento del bien inmueble, tales como
el de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, la cotización de adecuaciones y manejo de vertimientos del
mismo, el inventario forestal que había sobre el inmueble entregado a la Fundación, soportes, algunos ilegibles sobre las
actividades de bienestar realizadas en el predio, el pago del personal de vigilancia del lugar, comunicaciones referidas a la
prórroga y actualizaciones del canon de arrendamiento.
23
En las pruebas aportadas, obran comunicaciones radicadas en las oficinas de UNICOC por parte de la E.E.B en las que
se le daban a conocer aspectos relacionados con la ejecución del contrato.
24
https://www.unicoc.edu.co/
25
https://www.unicoc.edu.co/unicoc.aspx?actid=1&secid=18&contid=18&rel=contenidos-generales.También puede verse:
https://www.unicoc.edu.co/Cargas/Archivos/2023/6/2023-6-30_23248.pdf.
26
Al respecto puede verse: https://www.unicoc.edu.co/Cargas/Archivos/2018/7/2018-7-18_15973.pdf y
https://www.unicoc.edu.co/Cargas/Archivos/2023/6/2023-6-29_23242.pdf.
27
https://www.unicoc.edu.co/unicoc.aspx?actid=0&secid=0&contid=0&rel=gobierno-institucional
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
(ii) De conformidad con los estatutos28 de la recurrente, el presidente de la
Fundación no solo participa, sino que a su vez preside el Consejo Directivo de
UNICOC.
(iii) Los poderes para actuar en el proceso ordinario fueron otorgados por María
Soledad Arango Mejía, presidente de la Fundación, quien a su vez funge como
presidente del máximo órgano social de UNICOC29.
33. Por tanto, en adición a lo expuesto en relación con la no configuración de
la nulidad aducida por el recurrente, la Sala no puede aceptar la argumentación
presentada por UNICOC bajo el recurso que se decide.
34. No estando demostrada la causal de nulidad que se alega bajo el presente
recurso extraordinario, se declarará infundado […]”. [Negrilla y subrayado
original del texto].
34. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que, contrario a lo expuesto
por la parte accionante, la autoridad judicial accionada garantizó sus derechos y
principios constitucionales, asimismo es evidente que la razón por la cual se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión se debió a que no era cierto, de
acuerdo con todas las pruebas obrantes en el expediente, que la Institución
Universitaria no hubiese tenido conocimiento de la demanda de restitución
presentada en contra de la Fundación.
35. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”30.
36. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”31. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”32.
37. Conforme a lo indicado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
28
https://www.unicoc.edu.co/unicoc.aspx?actid=2&secid=11&contid=11&rel=contenidos-generales
29
Como consta expresamente en las actas antes reseñadas.
30
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
31
Ibidem.
32
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-03897-00
Accionante: Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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