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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01561-00

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01561-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la señora Ilda Rosa del Socorro Giraldo Alzate, de conformidad con las razones aquí anotadas. 22 Radicación: 11001-03-15-000-2022-01561-00 Demandante: Ilda Rosa del Socorro Giraldo Alzate Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia Sentencia de tutela de primera instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-01561-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01561-00
Demandante: ILDA DEL SOCORRO GIRALDO ALZATE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Ilda del Socorro
Giraldo Alzate contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 9 de marzo de la presente anualidad1, la señora Ilda del Socorro Giraldo Alzate
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque
consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad. Formuló
las siguientes pretensiones:

1.Tutelar los derechos fundamentales invocados y como consecuencia se
ordene dejar sin efectos la sentencia No. 033 del 22 de febrero de 2022,
proferida por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del
radicado No. 05001 23 33 000 2021 01950 00.

2. En consecuencia, se ordene se profiera una nueva sentencia por parte de la
Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia materializando los derechos
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y
derecho a la igualdad.

3. Prevenir a las entidades accionadas para que en adelante no vulneren los
derechos fundamentales señalados.

1
La Sala advierte que, el 29 de marzo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-01561-00
Demandante: Ilda Rosa del Socorro Giraldo Alzate
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Sentencia de tutela de primera instancia

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

La señora Ilda del Socorro Giraldo Alzate manifestó que, mediante oficio SG-06-
384 del 5 de junio de 2018, el municipio de Rionegro canceló la declaratoria de
utilidad pública relacionada con la adquisición del inmueble con matrícula
inmobiliaria 020-23542, para obtener el inmueble a través del proceso de
expropiación. Mediante la Resolución 0401 del 2018, se dispuso la expropiación
por vía administrativa del referido inmueble, con el fin de construir la Terminal de
Transporte de Rionegro; el anterior acto se inscribió en el registro de instrumentos
públicos el 11 de julio de 2018.

El 16 de noviembre de 2021, demandó al municipio de Rionegro con el fin de que
se verificara la utilización del bien expropiado, en los términos del artículo 70 de la
Ley 383 de 1997, toda vez que, desde la fecha de inscripción de la Resolución de
expropiación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, habían
transcurrido 3 años y 128 días sin que el municipio ejecutara obra alguna
relacionada con la construcción de la Terminal de Transporte.

En sentencia de única instancia del 22 de febrero de 2022, el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró que la entidad demandada no incumplió la
obligación de utilizar el bien inmueble expropiado.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
los siguientes defectos:

1.3.1 Defecto sustantivo, por interpretación contraevidente de lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, pues los tres (3) años de la
obligación de utilización del inmueble expropiado se cuentan a partir de la
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. Señaló que el legislador en ningún momento extendió ese
marco legal a circunstancias de saneamiento del bien. Precisó que, de hecho, la
querella en contra de los ocupantes fue interpuesta por el municipio de Rionegro

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y, además, el 30 de noviembre de 2018, en la diligencia de entrega, les
concedieron a los querellados hasta el 7 de diciembre de ese mismo año para
entregar el bien «lo que evidencia el control y el derecho de dominio ejercido por
el Gobierno Local desde el 11 de julio de 2018, momento en el cual se registra la
expropiación del bien».

Añadió que al desbordar el término judicial de la Ley 388 de 1997, se favorecieron
los intereses de la administración de Rionegro, la cual, a su juicio, no ha sido
diligente en la utilización del inmueble para los fines de la expropiación, el cual se
encuentra en completo abandono.

Señaló que la respuesta del municipio de Rionegro no cumplió con la exigencia de
que las respuestas fueran explícitas a lo solicitado por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, por lo que se debió aplicar la sanción advertida en el auto admisorio
de la acción de verificación de cumplimiento.

En su criterio, la jurisprudencia exige ejecución material «y en este caso era lo
único que debía analizar el tribunal y en ese sentido no podía dictar una sentencia
distinta a la devolución del predio a los expropiados propietarios». Agregó que es
sujeto procesal de especial protección constitucional, porque cuenta con 77 años
y la propiedad expropiada fue suya por más de 50 años.

Señaló que la administración de Rionegro realizó todo lo que no había realizado
en tres (3) años en el término de tres (3) días, pero desconoció la principal gestión
que debía realizar, esto es, el concepto favorable del Ministerio de Transporte, el
que, mediante radicado 20224160228231 del 1 de marzo de 2022, manifestó que,
a la fecha, no se había solicitado por parte del ente municipal.

1.3.2 Defecto fáctico, porque se realizó un análisis desbordado de la realidad
fáctica. Al respecto, citó el concepto rendido por el procurador judicial 113 II para
asuntos administrativos, el cual indica que las actuaciones más relevantes se
realizaron «en un lapso de 3 días (del 9 al 12 de noviembre de 2021) que en más
de 3 años no había adelantado el ente territorial».

Indicó que no se tuvo en cuenta el artículo 217 de la Ley 1437 de 2011 y el 195
del Código General del Proceso, porque el tribunal aceptó y valoró los elementos
allegados «extemporáneamente por la Alcaldía Municipal» ya que los términos

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estaban interrumpidos por el recurso de reposición que se interpuso contra el auto
admisorio de la demanda y, además, porque no se realizó ningún tipo de control a
las respuestas brindadas.

Precisó que la autoridad judicial no valoró las pruebas aportadas por ella, en las
que advertía y demostraba las afirmaciones hechas en la demanda y, tampoco se
pronunció sobre el informe pericial del estado del inmueble que concluyó la
«ociosidad perenne».

1.3.3. Desconocimiento del precedente, por cuanto no se tuvo en cuenta que el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 26 de junio de 2018, con
radicado 15001-23-33-000-2018-00250-00, resolvió un caso de idéntica
connotación jurídica, en el que se determinó que el término legal se debía contar
a partir del registro de la expropiación en el folio de matrícula inmobiliaria y, por
tanto, ordenó la devolución del bien al ciudadano y el retorno del dinero a la
entidad que realizó la expropiación.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 11 de marzo de 2022, se admitió la presente acción de
tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integral la Sala Cuarta del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de parte demandada, y al
municipio de Rionegro, como tercero con interés. Asimismo, se ordenó notificar a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. En memorial del 17 de marzo de 2022, el apoderado de la parte demandante
solicitó que se vinculara como tercero con interés en el resultado del proceso a la
Procuraduría General de la Nación, representada por el procurador 113 judicial II
para asuntos administrativos, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público
o de los derechos y garantías fundamentales «conforme al concepto rendido en el
proceso el día 11 de enero de 2022».

2.3. El Municipio de Rionegro solicitó que se negara el amparo, toda vez que lo
pretendido por la parte demandante es utilizar la acción de tutela como una
segunda instancia de un proceso que por disposición legal es de única.

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Respecto de la violación al debido proceso alegada por la accionante, manifestó
que a la parte demandante se le permitió allegar y solicitar pruebas al momento
en que radicó la demanda de verificación de cumplimiento, sin que se le
permitiera al Municipio de Rionegro presentar alguna solicitud probatoria, por lo
que, cuando solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia que se le diera la
oportunidad de realizar oposición a la demanda «la parte demandante guardara
total silencio (por considerar que el procedimiento se encontraba en el marco del
artículo 29 Constitucional)», pero como obtuvo fallo desfavorable a sus intereses,
considere que se le vulneraron sus derechos fundamentales.

Expuso que la decisión del tribunal estuvo soportada en las pruebas del proceso,
por lo que fue razonable que concluyera que el Municipio de Rionegro realizó las
acciones para llevar a cabo la ejecución del proyecto para el cual se realizó el
proceso de expropiación. Expuso que, a diferencia del caso tratado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el presente asunto sí se está ejecutando el proyecto
y, en todo caso, no es una decisión que vinculara al Tribunal Administrativo de
Antioquia.

En relación con el documento del Ministerio de Transporte, expuso que fue
proferido el 1 de marzo de 2022, es decir, «por fuera del período de tiempo en el
que se surtió la acción de verificación, se trata de una prueba nueva que no hizo
parte del proceso cuya decisión hoy se cuestiona».

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,

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concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por

2
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

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ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia

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cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 3 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Cuestión previa: de la solicitud de vinculación del procurador 113 judicial
II para asuntos administrativos

La parte demandante solicitó que se vinculara a la Procuraduría General de la
Nación, representada por el procurador 113 judicial II para asuntos
administrativos, toda vez que, en su criterio, tiene interés en el resultado del
proceso «conforme al concepto rendido en el proceso el día 11 de enero de
2022».

Pues bien, la Sala no accederá a la referida solicitud, toda vez que, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 19914, no se advierte de qué manera

3
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
4
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la
solicitud.

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el ministerio público pueda tener un interés legítimo en el resultado del presente
proceso que lo habilite para intervenir como coadyuvante de la parte demandante
o demandada.

Que el Ministerio Público a través de sus agentes intervenga en los procesos
ordinarios que se surten ante los jueces que integran la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, no significa que estos tengan la calidad de parte
dentro del proceso ordinario, sino como sujeto procesal interviniente por virtud de
la ley, lo cual implica que «no pueda hacer uso indiscriminado de los instrumentos
procesales con miras a obtener la protección de los derechos individuales de las
partes en contienda de los cuales son titulares exclusivamente éstas, porque ello
implicaría que asumiera la posición de coadyuvante en el proceso para
defender un interés individual»5.

En efecto, el hecho de que el procurador 113 judicial II para asuntos
administrativos hubiera intervenido en el proceso con radicado 05001-23-33-000-
2021-01950-00 y que su concepto fue favorable a las pretensiones de la aquí
accionante, no significa que, por ese motivo, tenga interés en el resultado del
presente proceso de tutela. En las anteriores condiciones, como se anticipó, la
Sala negará la solicitud de vinculación del Ministerio Público.

3. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el
estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo
de Antioquia, al proferir la sentencia del de febrero de 2022, vulneró los derechos
fundamentales de la señora Ilda Rosa del Socorro Giraldo Alzate e incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del precedente.

4. Análisis del caso

4.1. Requisitos generales de procedibilidad

4.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia de única instancia data del 22 de febrero de 2022 y fue notificada

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2011, M.P.
Gladys Agudelo Ordóñez (E). Expediente 76001-23-24-000-1997-04283-01 (20481).

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el 23 de febrero siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 9 de
marzo del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
expedición y notificación de la decisión. Este término resulta razonable.

4.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

4.1.3. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que el accionante alegó que la autoridad
judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, derechos
tradicionalmente relevantes en la institución de la acción de tutela. Además, se
observa que no se está utilizando el mecanismo de amparo constitucional como
una instancia adicional al proceso ordinario.

4.1.4 Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala considera
este requisito también está cumplido, teniendo en cuenta que, de conformidad con
lo establecido en el artículo 70.56 de la Ley 388 de 1997, la sentencia que pone fin
al proceso de verificación de cumplimiento de la utilización del bien expropiado es
inapelable.

4.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegado por la parte actora

4.2.1. Del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte

6 «5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía administrativa,

adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido
invocados, en un término máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de la
decisión correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien expropiado podrá
solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso abreviado que se
limitará exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente
en la demanda, durante un término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la entidad, la
sentencia así lo declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de
que el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se
determinará el valor y los documentos de deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá
reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos del registro de la
sentencia que se acredite mediante certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro
ordenado».

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Constitucional7 ha dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos
probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión
negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso 8 ; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión9; o (iii) no decretar
pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo10.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez
en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas
ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 11; o (v) por
decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar
el hecho en que se basa la providencia12.

4.2.2. Del defecto sustantivo

En general, el defecto sustantivo es una forma auténtica de violación directa de la
ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta de aplicación, por indebida aplicación o
por interpretación errónea.

Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador
ignora su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución
del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta la
existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el
tiempo o en el espacio.

En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree,
equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento
típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón

7 Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002.
8 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
10 Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2008.
11 Ibidem.

12 Corte Constitucional, sentencia SU-226 de 2013.

11

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de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo
valer en la parte resolutiva de la sentencia.

La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico, que se
hace valer, se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es
objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso,
no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada
inconstitucional.

Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es
la que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y así,
la aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido que
no le corresponde.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo
se presenta cuando13: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable
al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y
la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se
hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma
se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al
caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la
norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación
fáctica a la que se aplicó.

4.2.3. Desconocimiento del precedente

Concretamente, en cuanto al desconocimiento del precedente, esta Corporación
ha sostenido que el examen de dicho defecto debe realizarse a partir de las
siguientes reglas14:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció15.

13
Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.
14
Sobre el tema, ver, entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
15
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se

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b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio
jurisprudencial supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse
(principios de transparencia y razón suficiente16).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto17.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y
la garantía de la confianza legítima.

Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que
está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en
especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica» (se destaca).
16
En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
17
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base
de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.

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En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

No obstante la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es
absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la
actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios
de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma.

Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su
propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que
explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica
su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la
separación del caso resuelto con anterioridad.

En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias
que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es
tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, dado que es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma
jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos.

5. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, se tiene que la parte actora manifestó que en la decisión
atacada se incurrió en defecto fáctico, en defecto sustantivo y en desconocimiento
del precedente (i) porque se interpretó erróneamente el numeral 5 del artículo 70
de la Ley 388 de 1997, según el cual la obligación de utilización del bien inmueble
expropiado para los fines de utilidad pública o interés social, surge a partir de la
fecha de inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos; (ii) porque no se pronunció sobre el dictamen pericial que
daba cuenta del estado del predio expropiado, y, además, no tuvo en

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consideración que el municipio de Rionegro no contaba con el concepto favorable
del Ministerio de Transporte para la construcción de la terminal de transporte, de
conformidad con la respuesta del 1 de marzo de 2022, y (iii) porque ignoró que el
Tribunal Administrativo de Boyacá, en un caso de contornos fácticos y jurídicos
similares, señaló que el término legal se debía contar a partir del registro de la
expropiación en el folio de matrícula inmobiliaria y, en consecuencia, ordenó la
devolución del bien al ciudadano y el retorno del dinero a la entidad que realizó la
expropiación.

En la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó
que el Municipio de Rionegro no incumplió lo dispuesto en el numeral 5 de la Ley
388 de 1997, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La Sala encuentra, conforme a lo afirmado por el Alcalde Municipal, que
basta con analizar uno de los aspectos señalados para concluir que, en
efecto, el inicio del término de los tres (03) años se postergó en el
tiempo, en tanto la situación de contar con un inmueble no saneado por
el entonces promitente vendedor, en el sentido de entregarlo sin
contratos de arrendamientos conforme a la obligación contraída, sí
conllevó a que, por lo menos entre el 11 de julio de 2018 y el 17 de
diciembre de la misma anualidad, el ente territorial no pudiera realizar
ninguna actividad en el predio objeto de la litis, pues solo hasta ese día-
17 de diciembre de 2018- terminaron los procesos verbales abreviados
en la Inspección de Policía Norte en contra de los arrendatarios.

(…)

Así las cosas, si bien la obligación de entregar el inmueble saneado por
parte de los demandantes desapareció al momento de efectuarse la
expropiación del bien, dado que ya no tenía vigencia el contrato de promesa
de compraventa que había sido suscrito entre los aquí demandantes y el
municipio de Rionegro para la adquisición del inmueble, y donde se plasmaba
dicho deber, lo cierto es que ese incumplimiento impidió que el municipio
pudiera disponer plenamente del predio para dar inicio a todos los
trámites que conllevaran a darle la utilidad para el cual fue expropiado.

No puede entonces la Sala desconocer, que es a partir del 17 de diciembre
de 2018, que el ente territorial tiene pleno dominio y posesión del
inmueble, pues mientras este estaba ocupado, no podía llevar a cabo
ninguna actividad en él como lo serían los estudios de suelos,
elaboración de diseños, preparación del terreno, etc, actividades ligadas
al objeto de la utilidad pública.

Siendo ello así, y quedando claro entonces que el término de los tres (3) años
no había fenecido al momento de radicar la solicitud objeto de estudio, es
claro que el ente territorial sí ha realizado actividades encaminadas a
utilizar el inmueble para los fines establecidos y dentro del plazo
señalado en el numeral 5° del artículo 70 de la Ley 388 de 1997. De lo
anterior da cuenta lo siguiente:

(…)

Conforme a lo expresado en el informe por parte del señor Alcalde del
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municipio de Rionegro, es claro que sí se han adelantado gestiones para
llevar a cabo la obra para la construcción de la Terminal de Transporte de
dicho municipio, como se pasa a ver:

-Se manifiesta que el 17 de agosto de 2021, se radicó ante la Secretaría de
Planeación, la solicitud de Licencia Urbanística y de Construcción para
la Terminal de Transporte del Municipio de Rionegro, que estaría ubicada
en los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 020-23542 y
020-6292.

-La anterior licencia fue otorgada a través de la Resolución 1023 del 28 de
octubre de 2021, notificada el 02 de noviembre de la misma anualidad.

-El 12 de noviembre de 2021, se suscribió el contrato interadministrativo
de administración delegada No. 1080-06-09-066-2021, cuyo objeto es
“Contrato interadministrativo de administración delegada de recursos
para la construcción e interventoría de la terminal para la integración
física de las rutas del sistema de transporte público intermunicipal con
el Sistema Integrado de Transporte Inteligente de Rionegro”, el cual inició
su ejecución el 16 de noviembre de la misma anualidad, por un plazo de
nueve (9) meses.

-Mediante Acuerdo No. 030 del 10 de noviembre de 2021, “POR EL CUAL
SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS
FUTURAS ORDINARIAS”, el Concejo del municipio de Rionegro autorizó al
Alcalde hasta el 31 de diciembre de 2022, para comprometer vigencias
futuras ordinarias, dentro de las cuales se encuentra el objeto contractual
“Construcción de Terminal de Transporte para la integración física de
las rutas de Sistema de Transporte Publico -sic- Intermunicipal con el
Sistema Integrado de Transporte Inteligente de Rionegro”, por
$5.073.899.421.

En atención a todo lo anterior, y en virtud de lo establecido en el numeral 5°
del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, el municipio de Rionegro sí ha
venido utilizando para los fines de utilidad pública o interés social, el
bien expropiado, demostrando la iniciación de los trámites respectivos
para tal fin.

En este sentido, ha dicho el Consejo de Estado18:

En efecto, y en ese sentido orientó el Tribunal su decisión pues no es
que se deba terminar la obra, pero sí, que acredite la existencia de
actividades que demuestren que el municipio ha realizado y orientado
su accionar hacia la realización de conductas positivas tendientes a dar
cumplimiento a ese fin preestablecido al momento de adelantar la
expropiación, las que en el caso particular no fueron controvertidas.

Al tenor de la jurisprudencia traída a colación el término de los tres (3) años
establecido en el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, no
exige que la obra de interés general o público, que justifica la medida de
expropiación, se culmine en ese término, sino que lo importante es que
el inmueble se utilice durante ese lapso con fines de utilidad pública o
interés social, entendiendo la Sala por “utilización” no solamente la
ejecución de la obra, sino la realización de actos jurídicos que se
encaminen a la culminación del proyecto, que para el caso concreto es
la construcción de la Terminal de Transportes del municipio de

18
Cita original: «Consejo de Estado. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E). Sentencia registrada
el 12 de mayo de 2017. Radicado 11001031500020160349800».

16

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Rionegro.

Visto lo anterior, la Sala considera que la autoridad judicial accionada no incurrió
en el defecto sustantivo alegado por las razones que se pasan a explicar.

El numeral 5 del artículo 70 de la Ley 388 de 1997, estableció lo siguiente:

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía
administrativa, adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de
utilidad pública o interés social que hayan sido invocados, en un
término máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de
inscripción de la decisión correspondiente en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien
expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se
encuentre ubicado el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la
práctica de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes, transcurrido el cual se
pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de
la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará su inscripción en la
respectiva Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere la
titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se determinará el
valor y los documentos de deber que la persona cuyo bien fue expropiado
deberá reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los
efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante certificación
auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado.

El Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el término de tres (3) años se
debía contar a partir del 17 de diciembre de 2018, pues fue a partir de ese
momento en que el Municipio de Rionegro pudo ejercer plenamente su derecho de
propiedad sobre el inmueble expropiado y, de esa manera, iniciar todos los
trámites que conllevaran a darle la utilidad para el cual fue expropiado.

En efecto, luego de valorar los elementos probatorios que obraban en el
expediente, sostuvo que desde el 11 de julio de 2018 hasta el 17 de diciembre de
esa misma anualidad, el Municipio de Rionegro no podía ejercer con plenitud las
facultades del derecho real de dominio sobre el bien inmueble expropiado, pues
no tenía la posesión de este al estar en curso el proceso verbal abreviado de
policía ante la Inspección de Policía del Norte en contra de los arrendatarios. Lo
cual, en estricto sentido, le impedía realizar las actividades tendientes a utilizar el
inmueble para los fines por los cuales fue expropiado, pues no era posible que se
realizaran los estudios de suelos, la elaboración de diseños y la preparación del
terreno, entre otras actividades.

17

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En esos términos, en criterio de la Sala, la interpretación que realizó el Tribunal
Administrativo de Antioquia resulta razonable y no merece reproche alguno desde
el punto de vista constitucional, pues obedeció a la aplicación del principio del
efecto útil de la norma19, consistente en que el término se debe contar a partir del
momento en que la autoridad pública, en ejercicio de sus plenas facultades como
titular del derecho real de dominio del bien inmueble expropiado, pueda realizar
todas las actividades necesarias para darle a ese bien los fines de interés social o
utilidad pública. Por lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se
configuró el defecto sustantivo alegado.

De otra parte, en relación con el defecto fáctico, la Sala considera que los
argumentos de la accionante no están llamados a prosperar.

Al respecto, se manifestó que el Tribunal Administrativo de Antioquia no tuvo en
cuenta los documentos aportados con la demanda, en especial el dictamen
pericial del 11 de noviembre de 2021, que demostraba el estado de ociosidad
perenne del bien expropiado.

En ese sentido, si bien el tribunal demandado no hizo mención de ese material
probatorio en la sentencia cuestionada, lo cierto es que ese documento, en criterio
de la Sala, no tendría la contundencia necesaria para modificar la decisión
adoptada, teniendo en cuenta que el proceso judicial que se surte con ocasión de
lo dispuesto en el artículo 70, numeral 5 de la Ley 388 de 1997, tiene como
finalidad verificar que el inmueble que fue expropiado hubiera sido utilizado para
los fines de utilidad pública o interés social.

Por lo anterior, luego de valorar conjuntamente los documentos que obraban en el
expediente, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el municipio de
Rionegro sí había ejecutado acciones con el fin de utilizar el bien expropiado,
tales como: (i) la solicitud de Licencia Urbanística y de Construcción para la
Terminal de Transporte del Municipio de Rionegro, otorgada a través de la
Resolución 1023 del 28 de octubre de 2021, notificada el 02 de noviembre de la
misma anualidad; (ii) la celebración del contrato interadministrativo de
administración delegada No. 1080-06-09-066-2021, y (iii) la expedición del

19
Sentencia del 14 de mayo de 2014, expediente 05001-23-31-000-2011-00462-01. M.P. Enrique
Gil Botero «En esa perspectiva, el principio del efecto útil de las normas tiene como finalidad no
sólo garantizar la interpretación conforme a la Constitución, sino, de igual forma, evitar confusión e
incertidumbre entre los operadores jurídicos».

18

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Acuerdo No. 030 del 10 de noviembre de 2021, «por el cual se concede una
autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias» dentro de las cuales
se encuentra el objeto contractual «Construcción de Terminal de Transporte para
la integración física de las rutas de Sistema de Transporte Publico -sic-
Intermunicipal con el Sistema Integrado de Transporte Inteligente de Rionegro»,
por $5.073.899.421.

Así las cosas, se reitera, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró
intrascendente otorgarle valor probatorio al informe pericial aportado por la parte
demandante, pues pudo verificar que el municipio de Rionegro sí había ejecutado
acciones tendientes a utilizar el bien para los fines de la expropiación.

Ahora, en relación con el supuesto desconocimiento del oficio del Ministerio de
Transporte del 1 de marzo de 2022, que demostraba que el Municipio de
Rionegro no contaba con el concepto favorable para la construcción de la terminal
de transporte, la Sala advierte que ese documento no obraba en el expediente,
pues es posterior a la sentencia de única instancia del 22 de febrero de 2022, por
lo que, no podría exigírsele a la autoridad judicial accionada que lo tuviera en
cuenta al momento de adoptar la decisión.

En cuanto al supuesto desconocimiento de la sentencia proferida el 26 de junio de
2018 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del proceso con radicado
2018-002250-00, basta señalar que esa providencia no resultaba vinculante para
el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque fue dictada por un juez de la
misma jerarquía. En todo caso, se tiene que, en ejercicio de su independencia y
autonomía, este último concluyó razonablemente que, en los términos de la Ley
388 de 1997, por utilización se debía entender «no solamente la ejecución de la
obra, sino la realización de actos jurídicos que se encaminen a la culminación del
proyecto», sin que esa interpretación merezca reproche alguno desde el punto de
vista constitucional.

Finalmente, se advierte que la accionante también alegó que en el proceso de
verificación de cumplimiento del bien inmueble expropiado, con radicado 05001-
23-33-000-2021-01950-00, el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró su
derecho fundamental al debido proceso porque, a su juicio, valoró el informe
extemporáneo que presentó el municipio de Rionegro.

19

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Pues bien, verificado el trámite que se surtió en ese proceso, la Sala encuentra
que se surtieron las siguientes actuaciones:

1. Mediante auto del 19 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda y requirió al alcalde del municipio de Rionegro para
que rindiera un informe, el cual debía ser presentado en el término de 5 días. La
anterior providencia fue notificada por correo electrónico el 22 de noviembre
siguiente.

2. El 25 de noviembre de 2021, el municipio de Rionegro interpuso recurso de
reposición contra el auto admisorio de la demanda.

3. El 29 de noviembre de 2021, el municipio de Rionegro presentó el informe
solicitado.

4. El 1 de diciembre de 2021, la parte demandante se pronuncia sobre el recurso
de reposición interpuesto.

5. El 12 de enero de 2022, el Ministerio Público presentó concepto.

6. El 19 de enero de 2022, se profiere auto que niega el recurso de reposición,
notificado por anotación en estado del 20 de enero siguiente.

7. El 24 de enero de 2022, el municipio de Rionegro presentó solicitud de adición
del auto del 19 de enero de 2022.

8. El 26 de enero de 2022, se profiere auto que niega la solicitud de adición,
notificado por anotación en estado del 27 de enero siguiente.

9. El 8 de febrero de 2022, el municipio de Rionegro presentó memorial en el que
complementó el informe presentado el 29 de noviembre de 2021.

La accionante manifestó que, como se interpuso recurso de reposición contra el
auto admisorio de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo
118 del Código General del Proceso, se interrumpió el término de 5 días con el
que contaba el municipio de Rionegro para presentar el informe, por lo que «solo
le quedaban 21 y 24 de enero (…) empero, no es sino hasta el 8 de febrero de

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2022 que la Alcaldía Municipal allega un memorial denominado “complementación
del informe” con unos anexos y extrañamente es valorado y tenido en cuenta por
el Tribunal Administrativo de Antioquia».

Con fines comparativos, se tiene que en los informes del 29 de noviembre de 2021
y del 8 de febrero de 2022, el municipio de Rionegro indicó lo siguiente:

Informe del 29 de noviembre de 2021 Informe complementario del 8 de febrero de 2022

SEGUNDO: el contrato fue firmado el SEGUNDO: el contrato fue firmado el
día 12 de noviembre de 2021 y tiene día 12 de noviembre de 2021 y tiene
contemplado un plazo de ejecución de contemplado un plazo de ejecución de
nueve (9) meses. nueve (9) meses.

Debe resaltarse lo que ya se ha Debe resaltarse lo que ya se ha
argumentado en el recurso de argumentado en el recurso de
reposición al auto admisorio de la reposición al auto admisorio de la
demanda allegado a su despacho, demanda allegado a su despacho,
esto es, el Municipio de Rionegro aún esto es, el Municipio de Rionegro aún
cuenta con un aproximado mínimo de cuenta con un aproximado mínimo de
11 meses para que se cumplan los 3 11 meses para que se cumplan los 3
años dispuestos por el artículo 70 años dispuestos por el artículo 70
numeral %, toda vez que el curso de numeral %, toda vez que el curso de
dicho plazo se materializaron dos dicho plazo se materializaron dos
situaciones fácticas imposibles de situaciones fácticas imposibles de
resistir: un inmueble entregado sin el resistir: un inmueble entregado sin el
saneamiento prometido por el saneamiento prometido por el
vendedor y una crisis de salud pública vendedor y una crisis de salud pública
a nivel global. a nivel global.

En tal sentido, teniendo en cuenta que En tal sentido, teniendo en cuenta que
el plazo contractual es de 9 meses, es el plazo contractual es de 9 meses, es
más que claro que el Municipio de más que claro que el Municipio de
Rionegro ha sido diligente. Rionegro ha sido diligente.

Ahora, para mayor claridad del
despacho, es preciso anexar al
presente documento, el informe de
ejecución del contrato realizado por
la empresa contratista SOMOS en
el cual se desarrollan de forma
extensa las actividades ejecutadas
en torno al contrato para la
construcción de la Terminal de
Transportes. En dicho informe se
visualizan entre otros los
siguientes avances:
(…)

Así las cosas, en mi posición de
representante legal del Municipio
de Rionegro, espero haber
clarificado, honorable Magistrado,
el estado a 25 de enero de 2022, del
contrato interadministrativo de
administración delegada No. 1080-
06-09-066-2021, cuyo objeto es:
“contrato interadministrativo de
administración delegada de
recursos para la construcción e
interventoría de la terminal para la
integración física de las rutas del
sistema de transporte público
intermunicipal con el Sistema
Integrado de Transporte Inteligente
de Rionegro”.

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Como se puede observar, en la referida complementación del informe, el municipio
de Rionegro se limitó a informar sobre el avance del contrato interadministrativo
que se celebró para la construcción de la terminal de transportes en el predio que
fue expropiado. No obstante, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al determinar que la entidad municipal demandada en el proceso
ordinario no incumplió la obligación establecida en el artículo 70, numeral 5, del
artículo 388 de 1997, se soportó en las actuaciones informadas en el memorial del
29 de noviembre de 2021, tales como la solicitud de la licencia urbanística y el
posterior otorgamiento, la celebración del contrato de administración delegada de
recursos, y que se hubiera proferido el Acuerdo Municipal que autorizaba al
alcalde para comprometer las vigencias futuras necesarias para el pago del
proyecto.

Por lo anterior, considera esta Subsección que el informe complementario del 8 de
febrero de 2022, presentado por el municipio de Rionegro, no tuvo incidencia en la
decisión, pues, en primer término, no es cierto que el Tribunal Administrativo de
Antioquia lo hubiera valorado, como erradamente lo afirmó la señora Giraldo
Alzate en el escrito de tutela y, de otra parte, se reitera, no se advierte de qué
manera pudo haber vulnerado sus derechos fundamentales, toda vez que el
tribunal demandado sustentó su decisión en la información que fue oportunamente
allegada al proceso en el memorial del 29 de noviembre de 2021. En esos
términos, se impone descartar la vulneración al debido proceso alegada por la
demandante.

En conclusión, la Sala negará la acción de tutela promovida por la señora Ilda
Rosa del Socorro Giraldo Alzate, dado que no se demostró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia hubiera vulnerado los derechos fundamentales
invocados o incurrido en los defectos endilgados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la señora Ilda Rosa del Socorro Giraldo
Alzate, de conformidad con las razones aquí anotadas.

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SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

23

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