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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07553-01

Fecha
20 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-07553-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE 17 Al respecto, se pueden revisar las siguientes providencias: fallo de tutela del 22 de abril de 2022 (radicado 11001-03-15-000-2022-01561-00), fallo de tutela del 14 de julio de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-01064- 01), fallo de tutela del 19 de abril de 2024 (radicado 11001-03-15-000-2023-06902-01), fallo de tutela del 13 de diciembre de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-04235-01), fallo de tutela del 19 de febrero de 2024 (radicado 11001-03-15-000-2023-07495-00), entre otras. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01 Accionante: Diana Paola Rueda Castaño Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Quinta. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad de la señora Diana Paola Rueda Castaño y, en consecuencia, dejar sin efectos la providencia de 22 de junio de 2023, proferida Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A, en el marco del proceso de reparación directa 11001-33-43-061- 2021-00170-01 para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la Sala accionada dicte una nueva decisión, teniendo en cuenta el fallo de 3 de marzo de 2023 dictado dentro del proceso de reparación directa 11001-33-43-060-2021-00231-00/01, con una motivación explícita y suficiente que dé cuenta de los motivos por los cuales se aparta o acoge tal postura, según lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-07553-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – REVOCA /
Desconocimiento del precedente horizontal- se concede el amparo.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 7 de marzo de 2024, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo respecto de
los cargos invocados que se refieren a la presunta trasgresión de los derechos de
acceso a la administración de justicia y debido proceso, y negó el cargo de violación
del derecho a la igualdad.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 14 de diciembre de 2023, la señora Diana Paola Rueda Castaño instauró acción
de tutela, con el fin de que se dejen sin efectos las sentencias del 6 de septiembre
de 2022 y 22 de junio de 20231, proferidas por el Juzgado 61 Administrativo del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección A, en el marco del proceso de reparación directa2 que promovió junto
con otros3 contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, cuyo
propósito era que se declarara la responsabilidad de las demandadas por la privación
de la libertad como consecuencia de un proceso penal adelantado en su contra por
el delito de extorsión.

1 Notificada el 30 de junio de 2023.
2 Radicado: 110013343061-2021-00170-01.
3 Los otros demandantes eran: Juan Manuel Devia Zabala, José Miguel Peña Rueda, Diana Marcela Salinas

Rueda, Johan Andrés Devia Velásquez, Yanet Castaño, Carlos Arturo Rueda Meneses y Carolina Delgado
Castaño.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2.
En sentencia de 22 de junio de 2023, el Tribunal accionado confirmó la decisión del
a quo 4 , de negar las pretensiones. Estimó que la medida de aseguramiento fue
solicitada y decretada conforme a los lineamientos fijados en el ordenamiento
jurídico, contando con los elementos probatorios necesarios con los cuales se podía
inferir la participación de la señora Rueda Castaño en la comisión del delito imputado.

3.
Frente a la presunta mora en el trámite del proceso penal, sostuvo que no encontró
que la parte demandante hubiere solicitado impulso procesal con el fin de que el
proceso culminara. Sumado a ello, no observó una omisión de las demandadas en
ese sentido, ni la configuración de algún perjuicio a la actora.

4.
En el escrito de tutela, la parte accionante sustentó que la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia al incurrir en un defecto sustantivo 5 . Realizó una
interpretación equivocada del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y
de la Ley 906 de 2004, así como un estudio erróneo de todo el expediente penal que
se allegó al medio de control de reparación directa, concretamente del escrito de
acusación de la Fiscalía General de la Nación. En este último, se encontraban todos
los errores procedimentales en los que incurrió la entidad, los cuales fueron
reconocidos por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de
Conocimiento de Chigorodó (Antioquia).

5.
Señaló que los despachos accionados no tuvieron en consideración que la Fiscalía
General de la Nación actuó de manera omisiva y negligente en el proceso penal.
Incumplió su función como ente acusador en la etapa de juicio, ya que no hizo ningún
intento probatorio tendiente a demostrar la tesis planteada al momento de formular
la acusación, la cual acompañó con documentación que correspondía a otros casos
y no guardaban relación con el objeto de juicio. Dilató sin justificación el proceso
sometiendo a la imputada a un daño que no estaba en obligación de soportar.
Además, vulneró su derecho a la libertad. Todo eso debió llevar a concluir que se
presentó falla en el servicio.

6.
Finalmente adujo que se vulneró su derecho a la igualdad. La señora Sujey
Aristizábal estuvo involucrada en el mismo asunto penal. Pero, a diferencia del caso
de la accionante, en el proceso de reparación directa6 que la mencionada señora
inició, se declaró administrativa, patrimonial y solidariamente responsables a la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

B. Sentencia de primera instancia

4 El Juzgado 61 Administrativo del Circuito de Bogotá, que en sentencia de 6 de septiembre de 2022 negó las

pretensiones.
5 Folio 19 a 22 del escrito de tutela.
6 Radicado 11001-33-43-060-2021-00231-00/01.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7.
En sentencia de 7 de marzo de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo, en relación con la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales la actora consideró lesionados por la alegada configuración de un
defecto sustantivo. Estimó que el asunto no superaba el requisito general de
relevancia constitucional, ya que el debate propuesto frente a los yerros alegados
obedeció a los mismos aspectos discutidos en el proceso ordinario, pretendiéndose
una tercera instancia.

8.
Por otra parte, la Sala negó el amparo del derecho a la igualdad. Lo que se
resolviera en el proceso de reparación directa de la señora Sujey Aristizábal no
determinaba el curso del medio de control que la accionante inició. Los casos fueron
conocidos por dos Subsecciones diferentes, y los magistrados gozan de autonomía
funcional para analizar cada caso, de manera independiente.

C. La impugnación
9.
La parte accionante indicó que no está de acuerdo con la decisión de negar sus
pretensiones. Reiteró que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a
la igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso. Sostuvo que el
A quo no realizó un estudio detallado de los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales
que la motivaron a promover la presente acción.

10.
Concretamente expuso que el presente debate constitucional giró en torno al trato
diferencial que se dio a la demanda de reparación directa promovida por Sujey
Aristizábal y la presentada por ella, donde evidentemente se le vulneró el derecho a
la igualdad y debido proceso. Agregó que en la decisión cuestionada se desconoció
el precedente constitucional, específicamente la sentencia T-220 de 2023 (citó
extractos de la providencia), en el cual se ha hecho un estudio del derecho a la
igualdad en casos que involucran la existencia de un precedente horizontal.

II. C O N S I D E R A C I O N E S
11.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19917.

D. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

El Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada que uno de los requisitos
12.

generales alusivos a la procedencia formal de la acción de tutela interpuesta en
contra de una providencia judicial8, radica en la necesidad de que la cuestión que se

7 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

discuta tenga relevancia constitucional. Para verificar ello, es necesario examinar9
que el actor motive con suficiencia argumentativa las razones por las cuales estima
que la decisión judicial objetada se proyecta como una afectación a un derecho
fundamental, pues de la rigurosidad en ese ejercicio dependerá que la crítica
planteada a la providencia sea admitida como un verdadero reproche constitucional,
y no simplemente como la pretensión de generar una suerte de instancia adicional
en la que el juez de tutela funja como superior funcional del juez natural de la causa.

13.Dicho presupuesto no busca entonces imponer una carga no admitida en este
especial medio de defensa y protección de derechos fundamentales, que por su
naturaleza debe ser ágil y expedito, despojado de formalidades procesales y
exigencias que se constituyan en obstáculo para su ejercicio. De lo que se trata es
de verificar que no se está ante la formulación de un medio alternativo, adicional o
complementario a las instancias del proceso en cuyo desarrollo se hubiere emitido
la decisión judicial que se cuestiona.

14.De ahí que esta exigencia tenga por objeto el de poder verificar que no se está
ante argumentos repetitivos ya definidos en el proceso ordinario o que se presenten
como elementos que no fueron puestos en conocimiento del juez natural
oportunamente. Así, en la especial hipótesis de la acción de tutela contra
providencias judiciales, al interesado le corresponde exponer las razones por las
cuales estima que la decisión adoptada no atiende a los supuestos de legitimidad
que la acompañan desde la perspectiva constitucional, asunto que va más allá de la
mera exposición de las razones propias de orden legal sobre las cuales el sujeto
estima tener la razón en un conflicto ya decidido, pues en esta especial materia no
se trata de definir si le asiste la razón, sino de poder identificar si se está en realidad
frente a un defecto con proyección directa sobre un derecho fundamental, que
autorice la intromisión del juez constitucional.

15.En el caso concreto se estima que la accionante ha puesto a consideración de la
Sala una discusión de relevancia constitucional, en la medida en que el sustento del
reclamo relacionado con la presunta vulneración del derecho a la igualdad por no
tenerse en cuenta una providencia similar al caso estudiado, no parte de una mera
discrepancia interpretativa o un descontento infundado, sino de la convicción de que
en su ejercicio hermenéutico el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A habría excedido su margen de discrecionalidad judicial y
con ello desconocido el precedente judicial horizontal para no acceder a las
pretensiones de la demanda.

En ese contexto, resulta claro que el debate que ahora presenta la accionante
16.

ante el juez de la acción de tutela no es una reiteración de las razones que
sustentaron la defensa de sus intereses en el proceso ordinario, pues con su

9 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

argumentación ilustra un escenario que puede comportar el compromiso de los
derechos fundamentales invocados, principalmente el de igualdad, si se constata
que la autoridad judicial habría dejado de considerar el precedente horizontal emitido
por el mismo Tribunal, pero diferente Sala de Subsección, para dar solución al caso
bajo análisis.

17.Aunado ello a que el asunto es de relevancia constitucional, la Sala encuentra que
concurren los otros requisitos generales de procedencia del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales10 contra una providencia judicial, en tanto: (i) la sentencia
de 22 de junio de 2023 es de segunda instancia y contra ella no procede ningún otro
recurso; (ii) dicha providencia fue notificada el 30 de junio de 2023 y la demanda se
presentó el 14 de diciembre siguiente, es decir dentro de los 6 meses que la
jurisprudencia constitucional ha fijado como término razonable; (iii) la irregularidad
que se alega es determinante, pues la aplicación o no del precedente horizontal tiene
incidencia en las resultas del proceso, aspecto que impacta de forma directa en el
posible reconocimiento que se haga en la parte resolutiva; (iv) la accionante indicó
los hechos que sustentan la solicitud de su amparo constitucional y evidenció de
manera clara y concreta la forma en que estima vulnerados los derechos
fundamentales invocados; y, (v) la providencia censurada no fue proferida en el
marco de una acción de tutela.

E. Análisis del caso concreto
18.
La Sala centrará su estudio en los argumentos esgrimidos en el escrito de
impugnación. Los mismos se orientan a sustentar el trato diferencial que la parte
actora considera que se le dio en su proceso, en contraste con lo acaecido en el
medio de control iniciado por la señora Sujey Aristizábal.

19.
Teniendo claro lo anterior, el asunto se centra en un posible desconocimiento
del precedente horizontal, específicamente, del fallo de 3 de marzo de 2023
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, dentro del proceso de reparación 11001-33-43-060-2021-00231-
00/01.

20.
En lo que concierne con el precedente judicial, la Corte Constitucional ha
establecido que aquel se concibe como un pilar del Estado de Derecho, pues lo que
busca es asegurar la coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través
de decisiones judiciales que sean razonablemente previsibles. Su alcance se
constituye en una herramienta de protección de la confianza legítima y la buena fe,
en la medida en que proscribe el uso y la interpretación caprichosa de los elementos
jurídicos aplicables por las autoridades judiciales al momento de resolver un caso
sometido a su jurisdicción. Además, no cabe duda de que el respeto a las decisiones

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

anteriores también obedece a la guarda del principio de igualdad, el cual resultaría
transgredido si frente a casos idénticos se brinda una respuesta disímil11.

21.
El precedente judicial ha sido definido por dicha Corte como “la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse
por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”12. Una característica
importante del precedente radica en la autoridad judicial que lo crea, por cuanto de
ello depende su alcance. De modo que, la jurisprudencia constitucional ha
diferenciado, según su origen, dos clases de precedente: el horizontal y el vertical.
Respecto al primero, se ha dicho que comprende “aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”13; mientras que el
segundo “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores
encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel
constitucional”14.

22.
La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad
judicial (artículo 230 CN). No obstante, el ordenamiento constitucional también
garantiza el derecho a la igualdad (artículo 13 CN) y se compromete a asegurar la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica
(artículos 1 y 2 CN). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial tiene
entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los
casos diferentes de manera distinta”. No obstante, el juez cuenta con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso
de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo
con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente horizontal15.

23.
En la sentencia SU-354 de 2017 se sostuvo que los jueces pueden abstenerse de
aplicar la regla de decisión que se desprenda de un caso análogo anterior, siempre
y cuando cumplan con los siguientes requisitos: “(i) haga referencia al precedente
que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo
inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia); y (ii) ofrezca
una carga argumentativa seria mediante la cual explique de manera suficiente y
razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus
propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía”. En
esa medida, cuando los operadores judiciales no cumplen con esa carga
argumentativa, la decisión que adopten puede estar viciada16.

11 Sentencia T-438 de 2016.
12 Sentencia SU-053 de 2015.
13 T-309 de 2015.
14 Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011
15 T-220 de 2023.
16 C-621 de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

24.
Una revisión de la providencia cuestionada -22 de junio de 2023- permite
evidenciar que, en la misma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A, a la hora de analizar el caso bajo estudio no tuvo en cuenta
el fallo dictado por la Subsección B de esa misma Sección y Corporación, a pesar de
que aquella sentencia fue proferida meses antes, específicamente el 3 de marzo de
2023 y, en los alegatos de conclusión la parte demandante puso de presente su
existencia. Se advierte con suma claridad que en el fallo acusado no se hace ninguna
referencia a aquella providencia.

25.
En virtud de lo expuesto en precedencia, es claro que la accionada no solo debía
tener en cuenta el precedente que, en este caso abandonó, sino también ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explicara de manera suficiente y
razonada los motivos por los cuales consideraba que era necesario apartarse de la
decisión adoptada por el juez de igual jerarquía, frente a un caso que guardaba
grandes similitudes con el analizado. Es decir, no podía simplemente ignorarlo como
si aquel no existiera, pues aquello atenta contra el derecho fundamental a la igualdad
y a la seguridad jurídica de las partes.

26.
El asunto fallado el 3 de marzo de 2023 por la Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera debía ser tenido en cuenta por
la ahora accionada, en la medida en que los casos de las señoras Diana Paola
Castaño -hoy accionante- y Sujey Aristizábal guardaban magnas similitudes, tales
como, que fueron capturadas por el delito de extorsión como consecuencia de la
denuncia presentada el 23 de febrero de 2016 por María Franquelina Mazo Puerta
ante la Policía Nacional, el 10 de marzo de 2017 la Fiscalía a cargo de la
investigación radicó escrito de acusación en contra de las dos imputadas y el 19 de
junio de 2019 dentro del radicado 05001-600-000-2017-00179 el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento emitió sentencia de primera
instancia en la cual se resolvió absolver a las mencionadas señoras porque no
contaba con el material probatorio para proferir una sentencia condenatoria. Es decir,
la privación de su libertad se dio en el marco del mismo proceso penal.

27.
Las investigadas acudieron en forma separada a la jurisdicción a través del medio
de control de reparación directa, con el fin de que les repararan los daños causados
por la privación de la libertad de la que fueron objeto. Sus casos correspondieron a
distintos jueces y Salas de Subsección, que optaron por aplicar dos regímenes de
imputación diferentes, derivando ello en que en un caso se accediera a las
pretensiones y en el otro se negaran. En el primero (sentencia de 3 de marzo de
2023) se encuadró el caso en el régimen objetivo y en el segundo (sentencia de 22
de junio de 2023) se resolvió el asunto aplicando el régimen de la falla del servicio.

28.
La jurisprudencia Constitucional y Contencioso Administrativa coinciden en que la
Constitución no privilegió ningún régimen de imputación de responsabilidad. El juez
administrativo es el llamado a definir el mismo consultando las condiciones fácticas

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

y jurídicas del caso. Pero el ejercicio de esa autonomía no lo exime de considerar
que si existe un fallo precedente con similitudes fácticas y jurídicas tan marcadas
como lo era el de la señora Sujey Aristizábal, no solo era indispensable, sino también
obligatorio hacer explícita su existencia y fijar una postura respecto al mismo.

29.
La Sala de decisión no estaba obligada a proferir una decisión en el mismo
sentido. Pero lo adecuado era evaluar las razones expuestas en la sentencia
precedente, y conforme a ello definir si había lugar a acoger el mismo criterio o
apartarse de aquél. Para ello pudo poner de presente situaciones fácticas puntuales
que marcaran diferencias sustanciales e hicieran disímiles los casos. O, incluso,
encontrando que tales diferencias no existían o no eran sustanciales, válidamente
podía expresar su desacuerdo con la forma en que sus pares abordaron el estudio
del caso. Todo ello sustentándolo de manera suficiente y razonada.

30.
Lo que no es aceptable desde la óptica constitucional y en perspectiva de la
garantía de igualdad, es que dos personas que se vieron compelidas a comparecer
a un mismo proceso penal, y fueron privadas de la libertad por la misma razón con
fundamentos probatorios iguales, acudan a la jurisdicción y el mismo Tribunal le
ofrezca respuestas disímiles a sus súplicas indemnizatorias, sin ponerles de
presente una razón válida para ese trato diferenciado.

31.
La Sala no puede pasar por alto que, a pesar de que se puso a consideración de
ambas Subsecciones del Tribunal el mismo proceso penal, y en las dos sentencias
se evidenciaron las falencias probatorias en que incurrió la Fiscalía General de la
Nación, la calificación disímil de presupuestos fácticos iguales determinó la
escogencia de regímenes de imputación distintos, que derivaron en exigencias
probatorias diametralmente opuestas para las investigadas.

32.
Así, en el caso de la señora Sujey Aristizábal, la Subsección B del Tribunal, en
sentencia del 3 de marzo de 2023 estimó que la incipiente actividad probatoria del
ente acusador llevaba a concluir que el delito no existió, abriendo con ello paso al
régimen objetivo. Ello lo indicó, en los siguientes términos:

<<En línea con lo expuesto, se observa que la absolución de a (sic) Sujey Aristizábal
sobrevino como consecuencia de la debilidad de la no comisión de delito alguno, pues
no se pudo construir una base incriminatoria sólida respecto de la responsabilidad de la
sindicada y se constituyó en un error de las autoridades, dado que la Fiscalía no llevó al
proceso a la práctica de pruebas los declarantes y conocedores de la extorsión alegada,
incluso cometió unas falencias como la de aportar un escrito de acusación con nombre
distinto a la acusada e invocar hechos y testigos que no correspondían al caso concreto
y que posteriormente la llevan a que ella misma solicite la absolución, actuación que fue
completamente avalada por la Rama Judicial quien profirió la medida de aseguramiento
y la mantuvo vigente por determinado tiempo.

Para la sala es pertinente indicar que en casos de privación injusta de la libertad cuando
el sindicado es absuelto porque no existe comisión de delito, sólo le corresponde a la
parte demandante acreditar los elementos que configuran la responsabilidad: actuación
8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

del Estado, daño antijurídico e imputación, y a la parte demandada demostrar, mediante
pruebas si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse
configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o
culpa exclusiva y determinante de la víctima por exposición.>>
33.
En contraste con esa apreciación sobre los hechos, la Subsección A del mismo
Tribunal estimó que la razón de la absolución no fue la inexistencia del delito.
Conforme a ello, en la sentencia del 22 de junio de 2023 que ahora se cuestiona,
resolvió sobre las pretensiones de la señora Diana Rueda Castaño y su grupo
familiar, aplicando el régimen subjetivo. Concretamente expresó:

<<3.4 Por consiguiente, dado que la absolución decretada en el presente asunto, no
tuvo como fundamento de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la
conducta no constituía hecho punible, el presente caso se estudiará bajo la figura
jurídica de la falla del servicio.>>

34.
Aún cuando las dos Subsecciones ponen de presente la postura pacífica sobre
este tipo de asuntos, reconociendo que no hay lugar a privilegiar ningún régimen de
responsabilidad, y mencionando las hipótesis que pueden determinar la aplicación
de uno u otro, frente a una misma situación fáctica presentan una apreciación
diferente que a la postre se concreta en un trato diferenciado a dos personas que
acuden al mismo Tribunal en busca de acceder a la justicia.

35.
La Sala estima que no hay justicia cuando se avalan situaciones como la descrita,
y la única razón que se da es la autonomía judicial. Aunque este último postulado es
un presupuesto del ejercicio judicial, no puede excusar el trato disímil ante
circunstancias similares.

36.
Lo expuesto hasta este punto no puede llevar a considerar que se elogie la
decisión adoptada por una de las Subsecciones de la Sección Tercera del Tribunal,
a la vez que se censure la proferida por la otra. De hecho, esta Sala no entra a
calificar la providencia de 3 de marzo de 2023 proferida por la Subsección B, ni
pretende que la Subsección A la tome como ejemplo.

37.
Lo que sí se exige es que se tenga como referente. Ya sea para acoger el criterio
plasmado en la misma respecto a los presupuestos fácticos presentados, o para
tomar distancia de aquel. Es decir, es a la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal accionado a quien le corresponde verificar si existe diferencia entre los dos
casos y considerar si aplica o no lo dicho por la otra Subsección con sustento en
razones claras. En eso se concreta su autonomía judicial y el principio de razón
suficiente.

38.
En este punto resulta indispensable destacar que esta Sala ha defendido la tesis
según la cual los criterios interpretativos acogidos por los magistrados de una
Sección, Subsección o Tribunal no pueden vincular o limitar la autonomía funcional

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

e independencia de sus pares para analizar las normas aplicables y el material
probatorio puesto a su consideración, y en virtud de ello se han descartado
solicitudes de amparo que se sustentan en el supuesto desconocimiento de
precedentes horizontales fijados por otra Sección, Subsección o Tribunal 17 . Lo
expuesto en esta providencia no se contrapone a esa tesis, ni supone un abandono
de la misma. Las discrepancias interpretativas o relativas a puntos de derecho
concretos, no determinan per se el desconocimiento de un precedente, ni pueden
ser objeto de reproche. De hecho, las posturas disímiles sobre un mismo aspecto
jurídico enriquecen la discusión y aportan insumos valiosos, cuando se decide fijar
criterios de unificación. Lo que se cuestiona en esta oportunidad es la divergencia,
no sobre un punto de derecho, sino en cuanto a la calificación de situaciones fácticas
prácticamente idénticas, y la omisión de aplicar el principio de razón suficiente, en
detrimento de los derechos de la accionante y de sus expectativas legítimas.

39.
Así, la ausencia total de una carga argumentativa mínima que explicara los
motivos por los cuales se separaba de fallo precedente, lleva a la Sala a concluir que
en la providencia objetada la autoridad judicial accionada desatendió el deber de
suficiencia necesario para apartarse del precedente horizontal vinculante,
configurándose el desconocimiento de aquél.

40.
La Sala amparará el derecho fundamental a la igualdad de la señora Diana Paola
Rueda Castaño, vulnerado como consecuencia del defecto por desconocimiento del
precedente horizontal en el que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, por lo que se dejará sin efecto el fallo de 22 de junio
de 2023, y se dispondrá que dentro del término de treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, dicte una decisión de reemplazo en la que considere
el precedente horizontal de la Sección Tercera, Subsección B de ese mismo Tribunal,
específicamente, el fallo de 3 de marzo de 2023 dictado dentro del proceso de
reparación directa cuyo radicado es 11001-33-43-060-2021-00231-00.

41.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala revocará la sentencia de 7 de marzo de
2024 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, para en su lugar amparar
el derecho fundamental a la igualdad de la parte actora, en los términos ya indicados.

42.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

17 Al respecto, se pueden revisar las siguientes providencias: fallo de tutela del 22 de abril de 2022 (radicado

11001-03-15-000-2022-01561-00), fallo de tutela del 14 de julio de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-01064-
01), fallo de tutela del 19 de abril de 2024 (radicado 11001-03-15-000-2023-06902-01), fallo de tutela del 13 de
diciembre de 2023 (radicado 11001-03-15-000-2023-04235-01), fallo de tutela del 19 de febrero de 2024
(radicado 11001-03-15-000-2023-07495-00), entre otras.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07553-01
Accionante: Diana Paola Rueda Castaño
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2024 por el Consejo
de Estado – Sección Quinta.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad de la señora Diana
Paola Rueda Castaño y, en consecuencia, dejar sin efectos la providencia de 22 de
junio de 2023, proferida Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección A, en el marco del proceso de reparación directa 11001-33-43-061-
2021-00170-01 para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, la Sala accionada dicte una nueva decisión,
teniendo en cuenta el fallo de 3 de marzo de 2023 dictado dentro del proceso de
reparación directa 11001-33-43-060-2021-00231-00/01, con una motivación explícita
y suficiente que dé cuenta de los motivos por los cuales se aparta o acoge tal postura,
según lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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