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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02777-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02777-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por Medardo García Lozano, quien actúa a nombre propio, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02777-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: MEDARDO GARCÍA LOZANO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
Subsidiariedad / improcedencia – El actor contó con la posibilidad de alegar el
desconocimiento dentro del proceso ordinario y no lo hizo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Medardo García Lozano contra la Sección
Primera del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 9 de mayo de 20251, el señor Medardo García Lozano, quien actúa a nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección A. En su criterio, dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, buen nombre, justicia, confianza
legítima, seguridad jurídica, así como los principios constitucionales de
transparencia, imparcialidad, confianza legítima, seguridad jurídica, y buena fe.

Hechos relevantes

2. El 28 de noviembre de 2017, el Juez de Control de Garantías ordenó la captura
del señor Medardo García Lozano a solicitud de la Fiscalía 64 Local de Ibagué, por
su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, hurto
calificado, secuestro simple, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y
receptación.

1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 9 de mayo de 2025 con secuencia: 4320 - Cuad.:1”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

3. El 29 de noviembre de 2017, el señor Medardo García Lozano fue vinculado
formalmente al proceso penal y se le impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva en su lugar de residencia. El juez consideró que existían
elementos que lo vinculaban con la compra de vehículos hurtados. Contra dicha
medida no se interpusieron los recursos de ley.

4. El 6 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Penal con Función de Control
de Garantías del Espinal-Tolima resolvió conceder la libertad por vencimiento de
términos a Medardo García Lozano, al verificarse el cumplimiento del plazo legal sin
que se hubiera adelantado el juicio en su contra.

5. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2019, se celebró la audiencia de juicio oral
ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento del
Espinal- Tolima, instancia en la que se profirió sentencia absolutoria a favor del
demandante. El despacho judicial concluyó que las deficiencias probatorias de la
Fiscalía General de la Nación impidieron alcanzar el grado de conocimiento exigido
por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 para dictar una condena.

6. En aplicación estricta del principio in dubio pro reo, consagrado en el artículo 7
de la Ley 906 de 2004, el juez absolvió al señor Medardo García Lozano de los
cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia de esta
decisión, la autoridad judicial dispuso el archivo definitivo de la actuación, siempre
que la providencia no fuera objeto de recurso.

7. El actor presentó demanda de reparación directa2 contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación y Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la
privación de la libertad que soportó entre el 30 de noviembre de 2017 y el 6 de
noviembre de 2018. La medida restrictiva se impuso en el marco de un proceso
penal seguido contra el tutelante por los delitos de concierto para delinquir, hurto
calificado, secuestro simple, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y
receptación.

8. Mediante Sentencia del 17 de junio de 2024, el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al no acreditarse
actuación irregular por parte de las autoridades demandadas. Sostuvo que la
medida de aseguramiento domiciliaria impuesta al señor Medardo García Lozano
fue proporcional y conforme a derecho, toda vez que existían indicios y elementos
probatorios suficientes que respaldaban su imposición. Concluyó que no se
demostró falla en el servicio, pues la restricción de la libertad se adoptó con
fundamento en la ley y en las pruebas legalmente recaudadas, sin evidencia de
arbitrariedad.

9. El tutelante apeló la decisión al considerar que el a quo descartó la falla en el
servicio y omitió analizar la responsabilidad estatal bajo el título de daño especial.
En su opinión, la medida de aseguramiento fue desproporcionada, carente de

2 Identificada bajo el radicado: 110013336037 2021 00301 00.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

soporte probatorio y sin inferencia razonable de autoría o participación, además de
que la restricción de la libertad se prolongó indebidamente más allá de los términos
procesales previstos en el Código de Procedimiento Penal.

10. A través de providencia del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A confirmó la decisión de primera
instancia por las mismas razones.

Pretensiones

11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Tal como se puede apreciar y establecer dentro del asunto, las oficinas
judiciales accionadas no obraron o actuaron con el debido apego a las
normas y precedentes judiciales y cuya ausencia u omisión, condujeron
indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda, pues en las
condiciones en que acontecieron los hechos, es deber y obligación del
Estado en aceptar su responsabilidad y en consecuencia reparar el daño
antijurídico a mi causado por la injusta privación de la libertad a que fui
sometido, tal y como lo prevé el artículo 90 de nuestra Constitución. Tal y
como ha sostenido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia de la H.
Corte Suprema de Justicia, e inclusive, la Corte Constitucional al referirse a
dicha figura jurídica de “La Privación de la Libertad.
Le solicito a tan selecto grupo que compone a tan excelentísima
DESPACHO se revise minuciosamente los hechos acaecidos y que son
motivo de este reclamo constitucional, para que conceda el amparo
Constitucional solicitado, y en consecuencia a ello se ordene que la entidad
accionada, tome los correctivos necesarios y que ha bien estime pertinentes,
con el fin de garantizar los derechos conculcados, por haberse transgredido
o vulnerado mis derechos al DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD
JURÍDICA, CONFIANZA LEGITIMA, IGUALDAD Y A LA BUENA FE, BUEN
NOMBRE. En consecuencia, se ordene que el Estado asuma su
responsabilidad y en consecuencia reparar el daño antijurídico a mi causado
por la injusta privación de la libertad a que fui sometido.
Sería bueno se preguntará porque existen tantas bandas con el mismo
nombre CORRECAMINOS lo cual con ello terminan involucrando a
personas inocentes. Y los verdaderos culpables sueltos. A esto se llama
injusticia”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

12. El peticionario manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A desconoció el precedente judicial, en particular la
Sentencia del 15 de diciembre de 2023, proferida por la Sección Tercera,
Subsección B de la misma corporación. En dicha providencia, el Tribunal declaró la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama
Judicial por los perjuicios ocasionados al señor Leider Chaves Velásquez, quien fue
investigado dentro del mismo proceso penal adelantado contra Medardo García
Lozano. El tutelante sostuvo que, en esa decisión, la Corporación reconoció que la
medida privativa de la libertad impuso a la víctima una carga que no estaba en el

3 Índice electrónico 02 de SAMAI. 4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

3

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Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

deber jurídico de soportar, razón por la cual, a su juicio debía aplicarse el mismo
criterio en el presente caso.

Trámite en primera instancia

13. El 19 de mayo de 20254, el Magistrado Oswaldo Giraldo López realizó una
manifestación de impedimento para participar en el trámite del presente proceso.
Mediante Auto del 29 de mayo de 20255, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró infundado dicho impedimento, al considerar que no se configuraba ninguna
de las causales previstas en la ley para apartarlo del conocimiento del asunto.

14. Posteriormente, mediante Auto del 1° de julio de 20256, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y dispuso la notificación a la
parte demandada, así como la vinculación de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, a las
señoras Amira Lozano de García, Irma García Lozano y Yuri Bibiana García Lozano,
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en calidad de terceros con
interés.

Intervenciones

15. La Dirección Ejecutiva de la administración judicial7 solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que los
derechos alegados por la parte actora como vulnerados no son consecuencia de
una acción u omisión atribuible a la entidad, toda vez que dentro de sus funciones
no se encuentra la de dar órdenes a los despachos judiciales. Además, señaló que
las providencias cuestionadas fueron proferidas conforme a la ley y sin vulnerar los
derechos fundamentales alegados.

16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección
A8 pidió declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumple el
requisito de relevancia constitucional, pues el accionante busca convertirla en una
tercera instancia. Señaló que el escrito no evidencia la vulneración de derechos
fundamentales, sino que se orienta a cuestionar la valoración probatoria y la
argumentación jurídica de la sentencia que negó las pretensiones por privación
injusta de la libertad.

17. Añadió que el actor no desvirtuó el análisis judicial que descartó la arbitrariedad
o falta de soporte probatorio de la medida de aseguramiento, ni acreditó que la
privación de la libertad fuera injustificada. Por tanto, la controversia se limita a una

4 Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Manifestaciond_20250277700MedardoGa(.pdf) NroActua 4.
5 Índice electrónico 09 de SAMAI. 7Autoqueresuel_35ACaExp20250277700M(.pdf) NroActua 9.
6 Índice electrónico 015 de SAMAI. 10Autoqueadmite_G20250277700MedardoG(.pdf) NroActua 15.
7Índice electrónico 021 de SAMAI. 38_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda
DEAJALO256962CON(.pdf) NroActua 21.
8 Índice electrónico 022 de SAMAI. 40RECIBEMEMORIAL_CONTESTACIONTUTELA20(.pdf)
NroActua 22.

4

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Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

discrepancia sobre la valoración de las pruebas, lo cual no configura una
vulneración directa de derechos fundamentales.

18. Los señores Amira Lozano, Irma García Lozano, Flordely García Lozano,
Yury Bibiana García Lozano y Jhon Freddy García Lozano9 en calidad de parte
demandante dentro del proceso de reparación directa, solicitaron el amparo de los
derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela. Expusieron que la
investigación penal adelantada contra el señor Medardo García Lozano tuvo un
profundo impacto en su núcleo familiar y provocó una grave afectación en su estado
de salud, hasta el punto de que perdió la visión.

19. A su vez, los peticionarios ratificaron los argumentos expuestos en la acción de
amparo constitucional, al señalar que la Sección Tercera, Subsección B, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una sentencia proferida dentro del
mismo proceso penal, reconoció la reparación de perjuicios a otro de los
procesados, hecho que, en su criterio, debió considerarse como precedente
aplicable al presente asunto.

20. La Fiscalía General de la Nación a pesar de haber sido notificada guardó
silencio10.

Sentencia de primera instancia

21. Mediante providencia del 21 de agosto de 202511, la Sección Primera de esta
Corporación declaró improcedente la presente acción de tutela, al considerar que
no satisface el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la parte
demandante citó una decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pero no demostró la identidad fáctica ni jurídica
entre ese caso y el presente, ni acreditó la aplicabilidad de la ratio decidendi
invocada.

22. La Sala concluyó que el escrito de tutela no cumplió la carga argumentativa
mínima exigida para alegar un desconocimiento del precedente judicial, y que la
parte actora solo expresó su inconformidad con la decisión judicial y buscó reabrir
el debate ya resuelto en el proceso de reparación directa.

Impugnación12

23. El tutelante manifestó que la investigación penal adelantada en su contra generó
un impacto en su núcleo familiar y ocasionó una grave afectación en su salud, que
derivó en la pérdida de la visión. Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en la
acción de tutela, al indicar que la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en una sentencia dictada dentro del mismo

9 Índice electrónico 025 de SAMAI. 46RECIBEMEMORIAL_ESCRITOFAMILIARMEDAR(.pdf)
NroActua 25.
10 Índice electrónico 019 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 19.
11 Índice electrónico 031 de SAMAI. 53Sentencia_G20250277700MedardoG(.pdf) NroActua 31.
12 Índice electrónico 036 de SAMAI. 57RECIBEMEMORIAL_apelacion(.docx) NroActua 36.

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Accionante: Medardo García Lozano
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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

proceso penal, declaró la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía
General de la Nación y de la Rama Judicial, y reconoció la reparación de perjuicios
a favor de Leider Chávez Velásquez, decisión que, en su criterio, debió asumirse
como precedente aplicable a su caso.

CONSIDERACIONES

Competencia

24. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201913.

Problema jurídico y metodología de la decisión

25. El señor Medardo García Lozano presentó acción de tutela contra el Juzgado
37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, al considerar que las providencias
proferidas por dichas autoridades vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la justicia, a la confianza legítima, a la
seguridad jurídica y los principios de transparencia, imparcialidad, confianza
legítima y buena fe.

26. Las entidades judiciales accionadas negaron las pretensiones de la demanda al
concluir que el actor no acreditó irregularidad alguna en la actuación de las
autoridades demandadas. Señalaron que la medida de aseguramiento domiciliaria
impuesta al señor García Lozano fue proporcional y ajustada a derecho, respaldada
en indicios y elementos probatorios suficientes, y que no se demostró falla en el
servicio, puesto que la restricción de la libertad se adoptó conforme a la ley y a las
pruebas legalmente recaudadas, sin evidencia de arbitrariedad.

27. En primer lugar, la Sala debe establecer, si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedencia, en particular el de relevancia
constitucional y subsidiariedad. Ello resulta necesario, en tanto el actor ya contó con
la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario, lo que
permite advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate previamente
resuelto por el juez natural de la controversia. Adicionalmente, el actor contó con la
posibilidad de alegar dentro del proceso ordinario que se aplicara el precedente de
la Sentencia que profirió la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 15 de diciembre de 2023 y no lo hizo.

28. En caso de superar dicho examen preliminar, en segundo lugar, será
procedente estudiar ¿si el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

13 Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, al
proferir las decisiones del 17 de junio de 2024 y 28 de noviembre de 2024,
respectivamente, incurrieron en un desconocimiento del precedente?

29. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia Constitucional (iii) el requisito
de subsidiariedad y, (iii) análisis del caso concreto.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

30. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200514, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

31. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la

14 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
16 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
20 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

El requisito de relevancia constitucional

32. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

33. La Corte Constitucional indicó21 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

34. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate22: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

35. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia23.

Principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela

36. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un
mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es
brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derechos resultan
vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.

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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales
ordinarios15.

37. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que
sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de
existir, estos no son lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio
irremediable. Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este
mecanismo de amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo
judicial disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño
irreparable.

38. Por esta razón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o
complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada
para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos
o etapas propias de los procesos ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela
no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una
herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces
competentes16.

Análisis del caso concreto

39. Medardo García Lozano interpuso acción de tutela contra el Juzgado 37
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, al considerar que las providencias
del 17 de junio de 2024 y 28 de noviembre de 2024, respectivamente, incurrieron
en un desconocimiento del precedente. En su criterio, dichas autoridades judiciales
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen
nombre, a la justicia, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica y los principios
de transparencia, imparcialidad, confianza legítima y buena fe.

40. Mediante Sentencia del 17 de junio de 2024, el Juzgado 37 Administrativo del
Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al concluir que no se
acreditó actuación irregular y que la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta
al señor Medardo García Lozano fue proporcional, ajustada a derecho y sustentada
en pruebas suficientes.

41. Por su parte, mediante providencia del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la
decisión de primera instancia por los mismos fundamentos.

42. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

43. En primer lugar, Medardo García Lozano cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya

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Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por las decisiones adoptadas por el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección
A, providencias que, según afirma, transgredieron sus garantías constitucionales.

44. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el
Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, autoridades judiciales que
emitieron las providencias a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos
fundamentales reclamados por el accionante.

45. La Dirección Ejecutiva de la administración judicial solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, la Sala advierte que la
entidad fungió como parte demandada dentro del proceso ordinario, razón por la
cual se mantendrá vinculada en el presente trámite.

46. Como punto de partida, la Sala advierte que conoció de un caso en el que el
tutelante de ese entonces también alegó el desconocimiento del precedente
horizontal en el marco de un proceso penal que originó una demanda de reparación
directa por privación injusta de la libertad de dos personas acusadas en una misma
causa. La parte demandante correspondía a Diana Paola Rueda Castaño y la parte
demandada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera-
Subsección A, identificado con el radicado 11001-03-15-000-2023-07553-01. En
dicha oportunidad, se examinaron los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación, orientados a demostrar un presunto trato desigual por parte de la
autoridad accionada, consistente en que la autoridad judicial reconoció la
responsabilidad del Estado en el proceso promovido por la señora Sujey Aristizábal,
mientras que en su caso se negaron las pretensiones, a pesar de que ambas
personas fueron juzgadas en un mismo proceso penal y privadas de la libertad.

47. En ese contexto el debate jurídico se centró en determinar si existió un
desconocimiento del precedente horizontal, particularmente el fallo proferido el 3 de
marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera-
Subsección B, dentro del proceso de reparación directa identificado bajo el radicado
11001-33-43-060-2021-00231- 00/01.

48. Al respecto, este Despacho observa que en el proceso de tutela identificado
bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-07553-01, la parte actora solicitó al juez del
proceso ordinario que tuviera en cuenta el fallo proferido el 3 de marzo de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera- Subsección B, en
tanto dicho precedente presentaba notorias similitudes fácticas y jurídicas con su
caso24. En efecto, en ambos procesos las demandantes fueron capturadas por el

24 “Una revisión de la providencia cuestionada -22 de junio de 2023- permite evidenciar que, en la
misma el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, a la hora de
analizar el caso bajo estudio no tuvo en cuenta el fallo dictado por la Subsección B de esa misma
Sección y Corporación, a pesar de que aquella sentencia fue proferida meses antes, específicamente
el 3 de marzo de 2023 y, en los alegatos de conclusión la parte demandante puso de presente su

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

delito de extorsión y sufrieron privación de la libertad en el marco del mismo proceso
penal, circunstancia que, en criterio de la parte actora, justificaba la aplicación del
mismo entendimiento judicial adoptado en la decisión invocada.

49. En la presente acción de amparo constitucional, la Sala advierte que la parte
actora no puso en conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A la existencia de otro caso con similares supuestos
fácticos, decidido por la Subsección B de la Sección Tercera de la misma
corporación. En concreto, se trata de la Sentencia del 15 de diciembre de 2023, la
cual fue proferida con anterioridad al fallo cuestionado ahora en tutela25, de manera
que pudo haberse alegado oportunamente dentro del trámite ordinario, para solicitar
su valoración como precedente horizontal aplicable.

50. Por consiguiente, si bien la Sala reconoce haber conocido antes un asunto con
particular semejanza fáctica, aclara que no se trata del mismo supuesto, pues en el
presente caso el actor no informó dicho precedente ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, lo que impidió que este fuera
tenido en cuenta en la decisión cuestionada. En consecuencia, no puede predicarse
un desconocimiento del precedente horizontal, al no haberse aportado ni invocado
de manera oportuna dentro del proceso ordinario.

Relevancia Constitucional

51. La Sala considera que el desconocimiento del precedente no supera el requisito
general de relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para
reiterar argumentos que ya fueron resueltos en las dos instancias del proceso de
reparación directa26.

52. En primer lugar, la Sala advierte que el defecto alegado carece de la carga
argumentativa mínima exigida para demostrar la vulneración directa de un derecho
fundamental. Recuerda que la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales exige una exposición clara, razonada y suficiente que
evidencie de qué manera la decisión judicial impugnada desconoció una providencia
vinculante aplicable al caso concreto.

53. En el presente asunto, el accionante simplemente mencionó el desconocimiento
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, sin explicar en qué consistió dicha omisión ni cuál era la
relación material y jurídica entre ambos casos. Tampoco demostró los elementos
esenciales del defecto por desconocimiento del precedente, a saber: (i) la existencia
de una regla jurisprudencial vinculante a su situación; y (ii) el desconocimiento de
dicha regla, al punto que fuera contradictoria a lo decidido en la providencia
impugnada.

existencia. Se advierte con suma claridad que en el fallo acusado no se hace ninguna referencia a
aquella providencia”.
25 Toda vez que la Sentencia ahora atacada en tutela se profirió el 28 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
26 Identificada bajo el radicado: 110013336037-2021-00301-00/01

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

54. En segundo lugar, en criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia
constitucional implica que el accionante no solo identifique un derecho fundamental
presuntamente afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y
suficiente la forma en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha
garantía. El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la
transgresión de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión
la forma en que estos han sido afectados, lo que evita la utilización de la tutela como
un mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.

55. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el único propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-
administrativa, donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la
luz del acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene
recordar que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias
desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un
análisis dentro del proceso ordinario.

56. En particular, el tutelante insiste en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, desconoció el precedente judicial,
en concreto la Sentencia del 15 de diciembre de 2023 proferida por la Sección
Tercera, Subsección B de la misma corporación, en la cual se declaró la
responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama
Judicial por los perjuicios ocasionados al señor Leider Chaves Velásquez,
investigado dentro del mismo proceso penal adelantado contra Medardo García
Lozano. No obstante, en ambas instancias del proceso ordinario27 se concluyó que
no existió actuación irregular por parte de las entidades demandadas y que la
medida de aseguramiento domiciliaria impuesta al señor García Lozano fue
proporcional, ajustada a derecho y sustentada en pruebas suficientes.

57. Adicionalmente, no se configura vulneración del derecho al debido proceso en
su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho
solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que el accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A, en decisiones del
17 de junio de 2024 y 28 de noviembre de 2024, respectivamente, resolvieron la
controversia.

58. En esa misma lógica, no se advierte vulneración al derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El actor
dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción competente,

27 Identificada bajo el radicado: 11001333603720210030100/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir las
decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que permita inferir que
se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado
el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades
procesales para ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el
expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron respetadas,
lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.

Subsidiariedad

59. El actor sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección
A, desconoció el precedente judicial fijado por la Sección Tercera, Subsección B,
del mismo Tribunal, en la sentencia del 15 de diciembre de 202328. En dicha
providencia se accedió a las pretensiones formuladas por el señor Leider Chaves
Velásquez, quien fue investigado dentro del mismo proceso penal.

60. La Sala considera que el caso no supera el requisito general de subsidiariedad,
pues el accionante tuvo la oportunidad de invocar en el proceso ordinario la
aplicación del precedente contenido en la citada sentencia. La acción de tutela, por
su carácter excepcional y residual, no puede sustituir los mecanismos ordinarios de
defensa judicial que resultaban idóneos y eficaces para plantear esa discusión.

61. La sentencia que según el actor constituye el precedente desconocido fue
proferida el 15 de diciembre de 2023, y fue notificada el 18 de enero de 202429. Por
su parte, la providencia de primera instancia dentro del proceso ordinario, en la que
el señor Medardo García funge como demandante se profirió el 17 de junio de 2024
y notificada ese mismo día30, mientras que la decisión de segunda instancia se
adoptó el 28 de noviembre de 202431 y notificada el 5 de diciembre de 202432. De
lo anterior se desprende que la parte demandante contaba con un lapso razonable
y suficiente para poner en conocimiento de las autoridades judiciales de instancia la
existencia del fallo del 15 de diciembre de 2023, mediante el cual se declaró la
responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad del
señor Leider Chaves Velásquez, quien fue investigado dentro del mismo proceso
penal adelantado contra el señor Medardo García Lozano.

62. Pese a disponer de esa oportunidad procesal, la parte actora no informó la
existencia de dicha providencia ni solicitó su aplicación en las etapas ordinarias del
proceso, lo que evidencia una omisión procesal atribuible a su propia inactividad.
Tal circunstancia impide trasladar al juez constitucional un debate que debía
ventilarse ante la jurisdicción contenciosa en su momento oportuno. En

28 Identificada bajo el radicado: 11001334306220210028600/01.
29 Índice electrónico 021 del SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
30 Índice electrónico 031 del SAMAI del Juzgado 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
31 Identificada bajo el radicado: 11001333603720210030100/01.
32 Índice electrónico 012 del SAMAI Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02777-01
Accionante: Medardo García Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

consecuencia, la acción de tutela no puede operar como un mecanismo alternativo
para suplir la falta de diligencia procesal de la parte ni para reabrir controversias ya
resueltas por el juez natural.

63. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, al no cumplirse los requisitos generales de procedencia. En
particular, el asunto no supera el examen de subsidiariedad ni de relevancia
constitucional, toda vez que el accionante contó con mecanismos ordinarios idóneos
y eficaces para alegar el precedente judicial dentro del proceso contencioso y, pese
a ello, no lo hizo. La acción de tutela no puede erigirse en una instancia adicional
para reabrir debates ya definidos por la jurisdicción natural ni para corregir
omisiones imputables a las partes. En consecuencia, la Sala concluye que la
intervención del juez constitucional no resulta procedente, dado que el caso no
plantea un problema de vulneración directa de derechos fundamentales, sino una
mera discrepancia con las decisiones adoptadas en sede ordinaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por Medardo García Lozano, quien actúa a nombre propio, de
conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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