Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03493-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03493-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-03493-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03493-00
Demandante: Asmet Salud E.P.S. S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 110010315000-2025-03493-00
Demandante: ASMET SALUD E.P.S. S.A.S.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda pretende reabrir y continuar la controversia en torno a su
responsabilidad solidaria frente a los daños generados por su I.P.S. Clínica Emcosalud, debate
que ya quedó zanjado en el proceso ordinario.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Asmet Salud E.P.S. S.A.S.
contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado
Sexto Administrativo de Neiva.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 6 de junio de la presente anualidad, la sociedad Asmet Salud E.P.S. S.A.S.
interpuso acción de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila y el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
con ocasión de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas el 16 de
octubre de 2018 y el 5 de noviembre de 2024, respectivamente, en el marco del proceso
de reparación directa con radicado 41001-33-33-006-2016-00478-02. Formuló las
siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores incluidos):
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, establecidos en el artículo 29 y 229 de la Constitución
Política de Colombia en favor de ASMET SALUD EPS SAS, así como también,
disponer la garantía del interés general sobre el particular en la resolución del
presente asunto.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva el 16 de octubre de
2018, y la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Huila el 5 de noviembre de 2024, dentro del proceso de reparación
1 Se advierte que el 8 de julio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03493-00
Demandante: Asmet Salud E.P.S. S.A.S.
directa con radicado 41001-33-33-006-2016-00478-00/02 en el cual se condena en
solidaridad a Asmet Salud EPS SAS; y en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas emitan una nueva providencia corrigiendo los defectos de los fallos
demandados.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Emilio Buitrón
López y Margoth Caicedo Ordoñez, en nombre propio y en representación de Sandro
Yesid, Cindy Vanessa, Yicela, Yuly Mildred, Deivin Stiven Buitrón Caicedo, Dayan Emilio
y Marlyn Buitrón Caicedo, Feniver Caicedo, Guillermo Caicedo y Magdalena Ordóñez
demandaron a la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito (Huila); Asmet
Salud E.P.S. y Clínica Emcosalud S.A., con el fin de que se les declarara administrativa
y patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios derivados de la muerte de un
bebé de 37 semanas de gestación.
4. Según se narró en la demanda, la señora Margoth Caicedo Ordóñez, de 37 años de
edad, quedó embarazada a finales de febrero de 2014 y, a partir del quinto mes de
gestación, comenzó a asistir a los controles prenatales, según los cuales el feto se
encontraba en óptimas condiciones y la madre no presentaba síntomas de
complicaciones médicas. Es decir, se cumplían los parámetros de un embarazo normal.
No obstante, el 1° de octubre de 2014, la demandante asistió a un control con la
especialidad de ginecología en la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
(Huila), en el que, luego de ser atendida, se ordenó su hospitalización inmediata y
permanencia intrahospitalaria durante 8 días para «endurecer o madurar los pulmones
del feto en gestación».
5. Días después, los médicos decidieron ordenar el traslado de la señora Caicedo
Ordóñez a la Clínica Emcosalud S.A. de la ciudad de Neiva, porque allí contaban con
UCI para neonatos. Además, en la remisión se indicó que debía practicársele una
cesárea para evitar complicaciones y riesgos para la vida del feto, pues el control prenatal
era pobre y había iniciado tardíamente -el primer control se realizó a las 29 semanas de
embarazo-, la madre era gestante añosa, padecía de sobrepeso y contaba con un
historial de 8 embarazos previos algunos de ellos catalogados como «de alto riesgo».
6. Por lo anterior, la demandante permaneció hospitalizada en la Clínica Emcosalud S.A.
durante 8 días y, luego, fue dada de alta, sin que se le hubiera practicado la cesárea,
pues, en criterio de los profesionales tratantes, se debía esperar a que el feto completara
36 semanas de gestación.
7. En la noche del 24 de octubre de 2014, la señora Caicedo Ordóñez empezó a sentir
contracciones, por lo que, en la madrugada del día siguiente, acudió a la E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito, en donde fue hospitalizada de inmediato y se le
aplicaron medicamentos para inducir el parto, porque no se percibía fetocardia.
8. Sin embargo, se produjo la muerte del feto y la señora Caicedo Ordóñez tuvo que ser
remitida a la unidad de cuidados intensivos, en donde permaneció hospitalizada hasta el
27 de octubre siguiente, y, el 29 del mismo mes y año, fue dada de alta.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03493-00
Demandante: Asmet Salud E.P.S. S.A.S.
9. La parte demandante alegó que la falla en el servicio consistió en que la Clínica
Emcosalud dio de alta a la señora Caicedo Ordóñez en lugar de realizar la cesárea para
la que fue remitida, sin tener en cuenta que, por la edad de la paciente, se trataba de un
embarazo de alto riesgo, por lo que la práctica de dicho procedimiento era necesaria
para salvaguardar la vida del feto. Asimismo, aseguró que el Hospital Departamental San
Antonio de Pitalito, al percatarse de que en Neiva no se había practicado la cesárea,
debió haber hecho la intervención, pues tenía conocimiento de los riesgos de la no
extracción del feto antes de completar la gestación, porque allí se habían llevado a cabo
los controles prenatales.
10. Al proceso se le asignó el radicado 41001-33-33-006-2016-00478-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que, mediante sentencia del 16
de octubre de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó
solidariamente a las sociedades Clínica Emcosalud S.A. y Asmet Salud E.P.S. S.A.S. a
pagar, a favor de los demandantes, una suma total de dinero equivalente a 700
S.M.L.M.V., por concepto de daños morales.
11. El a quo descartó la falla en el servicio respecto de la E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito, por considerar que en la atención que allí se brindó a la
demandante no existió negligencia, tardanza u omisión alguna; no obstante, no consideró
lo mismo del servicio prestado en la Clínica Emcosalud S.A., pues allí se dio de alta a la
paciente, pese a la existencia del diagnóstico de preeclampsia moderada y a la anotación
realizada por la E.S.E. relativa a que el único tratamiento para salvaguardar la vida del
feto y de la madre era el «desembarazo controlado». A lo anterior, indicó el juez de
primera instancia, se sumó el hecho de que, de acuerdo con la literatura médica y las
declaraciones de los galenos Javier Andrés Ramírez Martínez y Armando Corena Díaz,
el manejo clínico de una paciente que presenta dicha enfermedad placentaria es la
supervisión de índole intrahospitalaria hasta la semana 37 de gestación, prolongando así
el embarazo hasta un límite temporal.
12. En lo concerniente a la responsabilidad de Asmet Salud E.P.S. S.A.S., el juez de
primera instancia consideró que aquella también estaba comprometida en el asunto
analizado, como quiera que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación
–puntualmente se refirió a la sentencia del 10 de agosto de 2005 dictada en el proceso
con radicado interno 15.178, con ponencia de la magistrada María Elena Giraldo Gómez–
, en los eventos en los que, como en el caso de estudio, una Empresa Promotora de
Salud brindó el servicio por cuenta de una Institución Prestadora del Servicio2, no pueden
desvincularse el sujeto que física o materialmente prestó el servicio del que jurídicamente
también lo hizo.
13. Inconformes con la decisión, la Clínica Emcosalud S.A. y Asmet Salud E.P.S. S.A.S.
interpusieron recurso de apelación. La primera insistió en que, contrario a lo sostenido
por el a quo, en el expediente no se acreditó la falla en el servicio alegada en la demanda
y alegó que, al contrario, brindó la atención requerida por la señora Caicedo Ordóñez,
teniendo en cuenta que presentaba un embarazo de alto riesgo y que el diagnóstico no
fue fácil.
2 La relación jurídica entre la E.P.S. y la I.P.S. se probó con los contratos de prestación de servicios de
salud de mediana y alta complejidad por actividad H-454-14 y H-438-14, vigentes al momento de
ocurrencia de los hechos.
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14. La Entidad Promotora del Servicio de Salud, por su parte, adujo que el juez de
primera instancia valoró indebidamente los medios de convicción allegados al plenario,
pues, contrario a lo sostenido en la providencia recurrida, aquellos, acreditaban que el
tratamiento brindado a la demandante fue adecuado y oportuno e, incluso, que el daño
devino de la negligencia de la propia demandante, quien omitió su deber de asistir a
tiempo a los controles prenatales. En lo relativo a la responsabilidad por solidaridad con
la I.P.S., argumentó que «ni en la demanda ni a lo largo del proceso se demostró» que
hubiera incurrido en alguna acción u omisión constitutiva de error, antes bien, garantizó
ampliamente la prestación de los servicios médicos requeridos por la demandante. Así,
cuestionó que el fallador de primer grado le hubiera endilgado responsabilidad
únicamente en virtud del vínculo contractual que tenía con la Clínica Emcosalud, sin
evaluar si su conducta había contribuido efectivamente en la producción del resultado
dañoso.
15. Mediante sentencia del 5 de noviembre de 2024, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido
de ajustar la tasación de perjuicios realizada por el a quo, pero mantuvo la decisión
respecto de los restantes puntos de inconformidad.
16. Para el ad quem, la falta de certeza de la causa la muerte del feto –pues no se le
realizó autopsia– tornaba inviable la atribución de responsabilidad a las demandadas por
falla en el servicio médico con fundamento en tal daño; no obstante, consideró que, en
este caso, se concretó la pérdida de oportunidad como daño autónomo, por cuanto la
conducta del médico tratante, al dar de alta a una paciente que presentaba preeclampsia,
en lugar de realizar el manejo expectante intrahospitalario, faltando únicamente una
semana para que, de acuerdo con la literatura médica y las declaraciones de los galenos
que acudieron al proceso en calidad de testigos, procediera el desembarazo, ciertamente
incrementó el riesgo de complicaciones y disminuyó las posibilidades de darles un
manejo oportuno.
17. Ahora bien, desestimó los cargos del recurso propuestos por la aquí demandante,
por considerar que sí le asistía responsabilidad, pues, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 177 de la Ley 100 de 1993, las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud
tienen como función básica organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación
del plan de salud obligatorio a los afiliados y en virtud del numeral 6 del artículo 178
ibidem, la obligación específica de «[e]stablecer procedimientos para controlar la
atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las
instituciones prestadoras de servicios de salud».
18. Con fundamento en lo anterior, el ad quem indicó que «existe una obligación clara
en cabeza de este tipo de entidades, no solo de garantizar los servicios de salud a su
cargo, sino de controlar a sus IPS´S para que estas presten un servicio en las
condiciones ya indicadas».
19. Además, sostuvo que la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación
ha establecido la imputabilidad de un daño a las entidades públicas, por el hecho de sus
contratistas cuando estos causan un daño con ocasión del ejercicio de las funciones
administrativas que les fueron confiadas.
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20. Respecto de la solidaridad entre las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud y
el prestador del servicio médico asistencial, citó la sentencia del 10 de agosto de 2005,
dictada en el marco del proceso con radicado interno 15178, C.P. María Elena Giraldo,
en la que se precisó:
Cuando los servicios ofrecidos son deficientes, inoportunos y como resultado
sobreviene la muerte del paciente, el agravamiento del estado de salud o algún
perjuicio para los usuarios del sistema, esas instituciones responden solidariamente.
Tanto las EPS como las IPS, a través de las cuales aquellas prestan sus servicios,
deben asumir las consecuencias patrimoniales por los daños y perjuicios que puedan
sufrir los pacientes o afiliados por la deficiente prestación de los servicios de salud
ofrecidos3.
26.5. En lo que respecta al segundo interrogante, relacionado con la responsabilidad
administrativa en la que incurren las EPS como consecuencia de la inapropiada
prestación del servicio médico por parte de los profesionales adscritos a esta, se tiene
que hacer precisión que las actuaciones desplegadas por los médicos de una EPS,
se entienden realizadas por esta última, ya que estos profesionales están ejerciendo
funciones en su representación, tal como sucede con las IPS con las que suscriben
contrato las EPS para que sean aquellas las que físicamente presten los servicios de
atención médica.
21. En lo que atañe a la responsabilidad solidaria, citó la sentencia del 19 de julio de
2010 proferida por esta Corporación -no especificó la Sala, Sección o Subsección que la
expidió, el número de radicado, ni el magistrado ponente de la misma-, y, con
fundamento en ella, concluyó que Asmet Salud E.P.S también debía ser declarada
responsable, «al recaer en ella la obligación jurídica de la prestación del referido servicio
a través de la mencionada IPS». No obstante, aclaró que lo anterior procedía, «sin
perjuicio de las estipulaciones contractuales pactadas y de la posibilidad de repetir que
les asiste en virtud de tales pactos».
22. En el escrito de tutela, Asmet Salud E.P.S. S.A.S. alegó que las sentencias de
primera y segunda instancia antes citadas adolecen de los defectos fáctico, por omisión
e indebida valoración probatoria y sustantivo o material, por indebida interpretación
y aplicación de 2344 del Código Civil y 177 y 178 de la Ley 100 de 1993, así como por
prescindir de considerar y aplicar otras normas relativas a la autonomía e independencia
profesional de los profesionales de la salud.
23. En lo referente al defecto fáctico afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila no le
otorgó suficiente mérito probatorio a las siguientes pruebas documentales y
testimoniales: i) las autorizaciones de servicios de salud expedidas por la E.P.S. a la
demandante para que accediera a los servicios de salud que requería; ii) los contratos
de prestación de servicios de salud que tenía vigentes con las I.P.S. demandadas para
que la señora Margoth Caicedo Ordóñez fuera debidamente atendida, por medio de los
que se estipuló la cláusula de inexistencia de responsabilidad de la E.P.S.; iii) los
certificados de habilitación de los servicios contratados con la Clínica Emcosalud; y iv)
las declaraciones de los señores Lola Patricia Osorio y Javier Andrés Ramírez.
24. La accionante adujo que los referidos medios de convicción demostraban su
diligencia en el trámite de autorizaciones requeridas para la atención y tratamiento de la
3 Cita original: MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Editorial
Temis, Bogotá 1998, pág. 423.
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señora Caicedo Ordóñez e inclusive, que las mujeres embarazadas no requieren
autorización para el acceso a los servicios de salud que necesiten para atender su estado
de gestación, que, además, contaba con una amplia red de prestadores del servicio de
baja, mediana y alta complejidad para el acceso y atención de la paciente, y que tenía
un programa de prevención de riesgos materno fetales al que la demandante pudo asistir
en el primer trimestre de embarazo, a fin de que se diagnosticaran oportunamente las
posibles complicaciones y se les otorgara un tratamiento médico adecuado.
25. Por otra parte, aseguró que el defecto fáctico también se concretó cuando el Tribunal
accionado omitió «valorar» que, en los hechos narrados en la demanda, lo demostrado
en el proceso y lo alegado por la parte actora, no se encontraba «ninguna conducta
antijuridica imputada a mi defendida, ni se evidenció, o se criticó que hubiese incumplido
con sus deberes como E.P.S.».
26. En lo atinente al defecto sustantivo o material señaló que la autoridad judicial
accionada interpretó y aplicó erróneamente las siguientes disposiciones normativas: i) el
artículo 2344 del Código Civil, pues aquella dispone que procede la responsabilidad
solidaria cuando un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas; no obstante,
insistió que, en este caso, su conducta no contribuyó a la causación del resultado dañoso
y, por ende, la condena solidaria resultaba completamente desacertada; y ii) los artículos
177 y 178 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, , como quiera que, en su tenor literal, esta
última dispone que la obligación de las Empresas Prestadoras del Servicio de Salud
consiste en «establecer procedimientos para controlar la calidad de los servicios de salud
prestados» y que, una de las formas de cumplir con dicha función4, consiste, por ejemplo,
en realizar «la verificación de la habilitación de los servicios de las IPS contratadas,
función con la cual se demuestra la diligencia de mi defendida, toda vez que la
habilitación de una Institución Prestadora de Servicios de Salud implica que ella ha
cumplido con las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa».
27. Afirmó también que otro de los procedimientos establecidos para cumplir con la
obligación que le impone el numeral 6 del artículo 178 de la Ley 100 de 1993 es verificar
los reportes enviados por la propia I.P.S. sobre la existencia de un evento adverso,
trámite que se realiza mediante una notificación formal que documenta un «incidente no
deseado» que causó o podría causar daño a un paciente con ocasión de la atención
brindada por la prestadora del servicio.
28. En ese orden, alegó que la obligación con fundamento en la que se le declaró
responsable, no implica que la E.P.S. deba revisar o verificar la prestación de los
servicios que reciban todos sus afiliados, pues, de ser así, cumplirla sería imposible,
«considerando los más de 1.700.000 afiliados con los que cuenta actualmente».
29. Así, la accionante estimó que la interpretación que hizo la autoridad judicial
accionada es una apreciación absolutamente arbitraria e irrazonable, que se aparta
completamente de la realidad del sistema de salud y desconoce otras disposiciones
4 La accionante también citó varios artículos del Decreto 1011 de 2006, relativos a la autoevaluación del
cumplimiento de las condiciones para la habilitación a cargo de las Instituciones Prestadoras del Servicio,
y a la obligación de las entidades departamentales y distritales de salud de verificar el cumplimiento de las
condiciones para la habilitación de las referidas instituciones.
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normativas. Sumado a que aquello sería tanto como «interpretar restrictivamente las
normas que imponen la obligación al Ministerio de Salud de vigilar el funcionamiento del
sistema de salud, imponiéndole que vigile cada actuación de todos los actores del
sistema, lo cual es imposible y para ello es necesario que se adopten procedimientos
para verificar tan solo determinados casos que lo ameriten».
30. Con fundamento en lo anterior, la sociedad actora estimó vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el
principio de primacía del interés general sobre el particular5, bajo el entendido de que se
le impuso una condena por un daño en cuya causación no contribuyó, es decir,
prescindiendo de la demostración del nexo causal y sin ningún fundamento fáctico o
jurídico.
B. Trámite impartido e intervenciones
31. Mediante auto del 12 de julio de 20256, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra los magistrados que integran la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, y vinculó a los señores Marly, Sandro Yesid, Sindi
Vanessa, Gisela, Yuli Mildred, Deivy Stiven y Dayan Emilio Buitrón Caicedo; Guillermo
Caicedo, Magdalena Ordóñez, Emilio Buitrón López; Margoth y Feniver Caicedo
Ordóñez, así como a los representantes legales de las sociedades Clínica Emcosalud
S.A., Seguros Confianza S.A., y La Previsora S.A., y a la gerente de la E.S.E Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito, en calidad de terceros con interés. Asimismo,
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
32. El Juzgado Sexto Administrativo de Neiva7 allegó copia del expediente digitalizado
del proceso de reparación directa con radicado 41001-33-33-006-2016-00478-00 e
informó las direcciones de notificación requeridas por el Despacho sustanciador del
proceso en el auto admisorio de la demanda, pero no se pronunció respecto de la
solicitud de amparo.
33. La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito 8 luego de hacer un
recuento de los antecedentes, actuaciones y decisiones proferidas en el marco del
proceso ordinario, solicitó que se declara improcedente la acción de tutela, por considerar
que la sociedad accionante pretende reabrir un debate ya definido, en el marco del cual
tuvo la oportunidad procesal de defenderse; no obstante, para adoptar la decisión, tanto
el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, como el Tribunal Administrativo del Huila
realizaron un análisis exhaustivo del material probatorio allegado al plenario y tuvieron
en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicables al asunto. Además, solicitó que se le
desvinculara del presente trámite, pues carece de legitimación en la causa por pasiva.
5 Al respecto, sostuvo que la decisión censurada le genera un detrimento patrimonial que está íntimamente
ligado a la afectación en la prestación del servicio a otros afiliados, pues es una Entidad Promotora del
Servicio del régimen subsidiado, es decir sus afiliados son personas en condición de vulnerabilidad.
6 SAMAI, índice 4.
7 SAMAI, índices 10, 11, 12 y 13.
8 SAMAI, índices 17 y 18.
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34. Mediante sendos memoriales del 26 y 27 de junio de 20259, la apoderada de la
sociedad accionante se opuso a la contestación de la demanda del Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito y reiteró los reproches contenidos en la demanda.
35. El Tribunal Administrativo del Huila, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y los demás vinculados en calidad de terceros con interés no intervinieron, pese
a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
36. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
37. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
5 de noviembre de 2024, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila adolece del defecto sustantivo por desconocimiento adolece de
los defectos: i) fáctico, por omisión e indebida valoración probatoria y ii) sustantivo, por
indebida interpretación y aplicación de los artículos 2344 del Código Civil, 177 y 178
numeral 6, así como la omisión de aplicar otras disposiciones normativas relacionadas
con la autonomía de los profesionales de la salud y, por ende, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de Asmet
Salud E.P.S. S.A.S.
E. Análisis de la Sala
Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
38. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de censurada fue
proferida el 5 de noviembre de 2024 y quedó en firme el 13 de enero del año en curso10,
mientras que la solicitud de amparo se presentó el 6 de junio de 2025, esto es, dentro de
los seis meses siguientes a su ejecutoria. Este término resulta razonable.
39. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela, un tipo de
decisión que, por regla general, no admite cuestionamientos mediante una acción de la
misma naturaleza11. Tampoco se trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y
9 SAMAI, índices 20, 21, 22 y 25.
10 De acuerdo con la constancia de ejecutoria obrante en el índice 38 de SAMAI del proceso ordinario de
reparación de reparación directa con radicado 41001-33-33-006-2016-00478-02.
11 En la sentencia de unificación 627 de 2015, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Si la acción de
tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (...). Si la sentencia de tutela
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el Consejo de Estado, que, en su orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de
nulidad por inconstitucionalidad12, ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por
la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una
petición específica de algún órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente
un carácter general, impersonal y abstracto»13.
40. Subsidiariedad14. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.
41. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
42. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron
los medios disponibles en el proceso ordinario.
43. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se
requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que
no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
44. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 15 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
ha sido proferida por [un juez o un tribunal distinto a la Corte Constitucional], la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando (…) se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta
(…). Si la acción se de tutela se dirige contra (…) [una actuación anterior] a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela (…), la acción de tutela sí procede, (…). Si la actuación acaece con posterioridad
a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato (…), la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional».
12 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU 114
y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
13 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022,
así como la sentencia T-131 de 2021.
14 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
15 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
45. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
F. Cumplimiento de la relevancia constitucional en el caso en concreto
46. En el caso bajo estudio, la sociedad Asmet Salud E.P.S. S.A.S. presentó acción de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, vulnerados con ocasión de las sentencias de
primera y segunda instancia, proferidas, en su orden, el 16 de octubre de 2018 y 5 de
noviembre de 2024, por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.
47. Específicamente, la accionante atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia que definió la controversia y en virtud de la cual el Tribunal
Administrativo del Huila la condenó, junto a la Clínica Emcosalud S.A., a pagar a favor
de los señores Emilio Buitrón López, Margoth Caicedo Ordoñez, Sandro Yesid, Cindy
Vanessa, Yicela, Yuly Mildred, Deivin Stiven, Dayan Emilio y Marlyn Buitrón Caicedo,
Feniver Caicedo, Guillermo Caicedo y Magdalena Ordóñez, una suma de dinero
equivalente a 350 S.M.L.M.V., por concepto de los perjuicios morales que les fueron
causados con ocasión del fallecimiento de un no nato de 37 semanas de gestación.
48. En el escrito de tutela, la accionante alegó que las sentencias de primera y segunda
instancia adolecen de los defectos fáctico y sustantivo o material. El primero lo
fundamento en la omisión e indebida valoración probatoria en que, en su criterio,
incurrieron los jueces de la causa, en particular frente a las autorizaciones de servicios
expedidas para la atención de la usuaria, los contratos celebrados con las I.P.S
demandadas -que incluían cláusulas de exoneración de responsabilidad-, los certificados
de habilitación de la Clínica Emcosalud, y los testimonios rendidos por los señores Lola
Patricia Osorio y Javier Andrés Ramírez.
49. A su juicio, los anteriores elementos de prueba -ignorados por las autoridades
judiciales accionadas- demostraban su diligencia en la gestión de autorizaciones, la
existencia de una red integral de prestadores del servicio y el funcionamiento de un
programa de prevención materno-fetal, al cual la paciente pudo acceder desde etapas
tempranas del embarazo.
50. Por otro lado, afirmó que el defecto fáctico también se concretó cuando las
autoridades judiciales accionadas omitieron valorar que, «dentro de los hechos indicados
en la demanda, lo demostrado en el proceso y lo alegado por la parte actora, no se
encontraba ninguna conducta antijuridica imputada a mi defendida, ni se evidenció, o se
criticó que hubiese incumplido con sus deberes como EPS».
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51. En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que el fallo censurado incurrió en indebida
interpretación y aplicación del artículo 2344 del Código Civil, al declarar la
responsabilidad solidaria sin que existiera prueba de culpa concurrente en la producción
del daño. Asimismo, señaló que el juez de segunda instancia erró en la interpretación y
aplicación de los artículos 177 y 178, numeral 6, de la Ley 100 de 1993, pues pasó por
alto que su obligación legal consiste en «establecer procedimientos» de control sobre la
calidad del servicio prestado por las I.P.S., lo cual, según afirmó, se cumple, por ejemplo,
mediante la verificación de requisitos para la habilitación de los prestadores contratados
y el seguimiento de los reportes sobre eventos adversos emitidos por dichas instituciones
y no, como desacertadamente lo concluyó el Tribunal accionado, realizando un control
directo de la atención que recibe cada paciente.
52. Según la demanda, aceptar la interpretación del Tribunal accionado, relativa a que la
E.P.S. debe ejercer control directo y permanente sobre la totalidad de los servicios
recibidos por todos sus afiliados resulta irrazonable e inviable, tanto desde el punto de
vista práctico como normativo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en su caso cuenta
con más de 1.700.000 afiliados.
53. En suma, explicó que el análisis realizado por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila desconoce la estructura del sistema de salud,
atribuyéndole a las Entidades Promotoras de Salud una carga de control incompatible
con la lógica del modelo y con las funciones que realmente le corresponden.
54. No obstante, de entrada, la Sala advierte que la presente acción de amparo carece
de relevancia constitucional, por un lado, porque los reproches planteados en la
demanda son una reiteración de las inconformidades que la ahora accionante puso de
presente en el recurso de alzada y, por otro, en la medida en que algunos cargos carecen
de congruencia en relación con lo decidido por el Tribunal Administrativo del Huila en la
providencia cuestionada, tal como se pasa a explicar.
55. Valga recordar que el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante sentencia
del 16 de octubre de 2018, declaró solidariamente responsables a las sociedades Asmet
Salud E.P.S. S.A.S. y Clínica Emcosalud S.A., por los daños morales causados a los
demandantes con ocasión de la falla en el servicio médico que devino en la muerte de
un no nato de 37 semanas de gestación.
56. Respecto de la responsabilidad de las Entidades Promotoras de salud, la referida
autoridad judicial precisó que aquellas están llamadas a responder por los daños que se
causen con ocasión de la prestación del servicio de salud ofrecida por alguno de sus
contratistas e indicó que, en virtud de los contratos de prestación de servicios de salud
H-454-14 y H-438-14, Asmet Salud E.P.S. «es quien impone a los afiliados la institución
y el personal médico a través de los cuales prestará el servicio de salud, sin que los
cotizantes o beneficiarios tengan la libertad de escoger el médico o la institución tratante,
y, a su turno, también es la EPS la que fija los procedimientos, características y
autorizaciones por medio de las cuales las instituciones y el personal médico por ella
contratado, prestará el servicio de salud».
57. Entonces, para el juez ordinario de primera instancia la E.P.S., al ser la entidad que
jurídicamente prestó el servicio a la señora Caicedo Ordóñez, debía ser declarada
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solidariamente responsable por los daños derivados de la falla médica en que incurrió su
contratista.
58. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación por parte de la aquí
accionante, en el que, respecto de la solidaridad con su I.P.S., destacó que resultaba
«inadmisible» que el a quo le hubiera endilgado responsabilidad «por el solo hecho de
tener un contrato vigente con la Clínica Emcosalud», sin verificar que cumplió con sus
obligaciones como Entidad Promotora de Salud, pues garantizó íntegramente la
prestación de los servicios requeridos por la señora Caicedo Ordoñez, al ponerle a su
disposición una amplia red de prestadores de servicios para que atendieran sus controles
prenatales y de urgencias, e, incluso, autorizó todos los servicios médicos que aquella
requirió, incluyendo la remisión a la Clínica Emcosalud.
59. En conclusión, aseguró que el daño no le era imputable, pues el debate versaba
únicamente en torno al criterio médico-asistencial que correspondía determinar a los
profesionales de la salud que atendieron a la paciente y, sobre el cual no tenía ninguna
incidencia.
60. En efecto, al desatar la alzada en ese punto en específico, la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila en sentencia del 5 de noviembre de 2024,
precisó:
Ahora, la Sala debe pronunciarse acerca de si el daño solamente es imputable a la
clínica Emcosalud o también debe ser imputado a ASMET SALUD EPS., tal y como
lo solicita esta última en el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de
primera instancia.
En este sentido, la mencionada EPS indica que no le asiste responsabilidad solidaria
por los hechos demandados, como lo consideró el a quo, por cuanto las conductas
desplegadas por los galenos tratantes se encuentran alejadas de la órbita la EPS,
quien autorizó y garantizó la prestación de servicios de salud requeridos por la
paciente, y por cuanto en la cláusula décima del contrato No. H-454-14 suscrito con
la Clínica Emcosalud, como Institución encargada de Prestar Servicios de Salud, se
estipuló que se excluía cualquier tipo de responsabilidad solidaria entre los
contratantes frente a reclamaciones de terceros.
Con relación a las EPS´S, el artículo 177 de la Ley 100 de 1993, consagra como
función básica de estas entidades, la de organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados, y posee
como obligación específica en el numeral 6 del artículo 178 ibídem, la de “Establecer
procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en
los servicios prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud.”.
Por lo anterior, existe una obligación clara en cabeza de este tipo de entidades, no
solo de garantizar los servicios de salud a su cargo, sino de controlar a sus IPS´S
para que estas presten un servicio en las condiciones ya indicadas.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido la imputabilidad jurídica
que le asiste a las entidades públicas por el hecho de sus contratistas respecto
de los daños que se causen con ocasión del ejercicio de funciones administrativas
confiadas a aquellos.
Asimismo, respecto a la solidaridad entre la E.P.S. (Asegurador del P.O.S.) y la I.P.S.
(Prestador del servicio médico asistencial), ha precisado:
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“Cuando los servicios ofrecidos son deficientes, inoportunos y como resultado
sobreviene la muerte del paciente, el agravamiento del estado de salud o algún
perjuicio para los usuarios del sistema, esas instituciones responden
solidariamente. Tanto las EPS como las IPS, a través de las cuales aquellas
prestan sus servicios, deben asumir las consecuencias patrimoniales por los
daños y perjuicios que puedan sufrir los pacientes o afiliados por la deficiente
prestación de los servicios de salud ofrecidos.”
“26.5. En lo que respecta al segundo interrogante, relacionado con la
responsabilidad administrativa en la que incurren las EPS como consecuencia
de la inapropiada prestación del servicio médico por parte de los profesionales
adscritos a esta, se tiene que hacer precisión que las actuaciones desplegadas
por los médicos de una EPS, se entienden realizadas por esta última, ya que
estos profesionales están ejerciendo funciones en su representación, tal como
sucede con las IPS con las que suscriben contrato las EPS para que sean
aquellas las que físicamente presten los servicios de atención médica.
26.6. Habida cuenta de lo expuesto hasta el momento, están llamados a ser
declarados responsables administrativa y patrimonialmente y a ser condenados
en los mismos términos el oftalmólogo Roberto Ruiz Aranibar y la EPS Risaralda,
de conformidad con los pronunciamientos de la Sala en el sentido de que
“cuando un prestador de servicio médico lo hace por cuenta de otro,
jurídicamente lo atiende este; no pueden confundirse el sujeto prestador físico
con el sujeto prestador jurídico”16 , lo cual significa que en este caso, para la Sala
es tan responsable el médico, como la entidad que celebró el contrato con aquel
para que brindara los servicios a sus afiliados.
26.7. Si bien la recurrente alega que la intervención quirúrgica del menor César
Mauricio Marín se realizó en una IPS –clínica Los Rosales-, con instalaciones
médicas que no pertenecían a la EPS Risaralda y por un médico oftalmólogo que
al momento de la cirugía no se encontraba vinculado contractualmente con dicha
EPS, lo cierto es que aunque materialmente fueron estos los que prestaron el
servicio médico, este hecho no desvanece por sí solo la responsabilidad en
cabeza de la EPS Risaralda, por cuanto el servicio en sentido jurídico y de
afiliación lo prestó la demandada mediante la IPS y los respectivos profesionales
médicos.
26.8. Adicionalmente la Sala considera que la EPS es responsable frente a su
usuario, al tenerse en cuenta que este último no tiene libertad plena para elegir
el profesional de la salud o la institución hospitalaria que va a brindarle atención
médica, ya que debe sujetarse a ser atendido por parte de las instituciones que
tienen contratos con la EPS a la que se encuentra afiliado, y en razón de ese
vínculo contractual existente entre la EPS con las IPS y los respectivos
profesionales médicos, surge para la EPS responsabilidad frente al usuario17.
Así las cosas, esta Sala entiende que en virtud del contrato No. H-454- 14 la sociedad
Clínica Emcosalud fue contratada por ASMET SALUD EPS para la prestación de los
servicios de salud. Por ello, le asiste a dicha clínica la calidad de agente respecto de
ASMET SALUD EPS y corresponde entonces, a la Sala, determinar la
responsabilidad solidaria entre ellas.
(…)
En el presente proceso, si bien el daño reclamado por los demandantes fue producto
de una falla en la prestación del servicio de salud en la que incurrió la CLÍNICA
EMCOSALUD DE NEIVA, ASMET SALUD EPS, también debe ser declarada
responsable, tal y como lo consideró el a quo, al recaer en ella la obligación jurídica
16 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del
10 de agosto de 2005, exp. n.° 15178, C.P. María Helena Giraldo; en el mismo sentido, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2011, exp. n° 17959, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de mayo de 2013, exp. n.° 24832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
17 Cita original: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN “B”. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth. Sentencia del 30 de
octubre de 2013. Expediente: 24985. Radicado: 660012331000199800181 01. Actor: Olga Nedh Marín
Ramírez y otros. Demandado: E.P.S Risaralda Ltda. Naturaleza: Acción de reparación directa.
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de la prestación del referido servicio a través de la mencionada IPS, por lo cual está
llamado a indemnizar solidariamente a los demandantes, en la medida que la muerte
perinatal del hijo que esperaba MARGOTH CAICEDO ORDÓLEZ le es, igualmente,
imputable jurídicamente. Esto, sin perjuicio de las estipulaciones contractuales
pactadas y de la posibilidad de repetir que les asiste en virtud de tales pactos. (Se
destaca).
61. De lo anterior se desprende que la razón de la decisión de atribuir responsabilidad a
Asmet Salud fue la solidaridad que, en criterio de la autoridad judicial accionada, deviene
del vínculo jurídico existente entre la entidad que materialmente prestó el servicio -la
I.P.S. Clínica Emcosalud- y la que jurídicamente también lo hizo -la E.P.S-. Lo anterior,
en virtud de los contratos de prestación de servicios de salud vigentes al momento de la
ocurrencia de los hechos y no, como parece entenderlo la aquí accionante, de una falla
en el servicio por la omisión de control a la institución prestadora del servicio.
62. Si bien en la providencia censurada el Tribunal Administrativo del Huila aludió a la
obligación que le asiste a las Entidades Promotoras de Salud, en virtud del numeral 6 del
artículo 178 de la Ley 100 de 1993 -relativa a «[e]stablecer procedimientos para controlar
la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las
instituciones prestadoras de servicios de salud»-, lo cierto es que, de ninguna manera,
le reprocha a la aquí accionante el hecho de que no hubiera cumplido a cabalidad con
dicha obligación. Al contrario, invoca la referida disposición normativa como fundamento
para respaldar su tesis de que, en casos como el sub lite, existe responsabilidad solidaria
de la E.P.S., incluso en desarrollo de ciertos deberes legales como el establecido el
artículo ibidem.
63. Ciertamente, en el escrito de tutela, Asmet Salud E.P.S. también cuestionó la
indebida interpretación y aplicación del artículo 2344 del Código Civil, pues, a su juicio,
tal disposición autoriza la responsabilidad solidaria en los eventos en que «un delito o
culpa ha sido cometido por dos o más personas»; no obstante, insistió -como lo hizo a lo
largo del proceso ordinario- en que en el caso en concreto no se logró demostrar que
hubiera incurrido en una acción u omisión determinante en la producción del resultado
dañoso.
64. Al respecto, la Sala observa que en esta Corporación no existe una postura unificada
respecto de la responsabilidad solidaria de las Entidades Promotoras de Salud en
relación con las actuaciones de sus contratistas. En ese sentido, algunas Salas de
Conocimiento de la Sección Tercera de esta Corporación 18 han admitido -como, en
efecto, lo hizo el Tribunal aquí accionado- que basta con la existencia de un vínculo
contractual entre la E.P.S. y la I.P.S. para que se configure la responsabilidad solidaria,
bajo el argumento fundamental de que estas últimas prestan el servicio en
representación de aquellas, por lo que no puede desligarse la responsabilidad de una u
otra, por el simple hecho de que la primera no prestó materialmente el servicio. Sin
18 Al respecto, ver, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2005, radicado 15178, C.P. María Helena
Giraldo; en el mismo sentido, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2011, radicado
17959, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de mayo de 2013,
expediente radicado, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, C.P. Danilo Rojas
Betancourth, radicado 24985. Posición reiterada por esta Subsección en la sentencia del 3 de julio de
2020, radicado 57854, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico y en la sentencia del 4 de febrero de 2022,
radicado 47549, M.P. María Adriana Marín.
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embargo, también existe la posición jurisprudencial según la cual la responsabilidad de
la E.P.S. está determinada por su participación en la producción del daño, cuando se
demuestre que ha incurrido en una falla en el servicio por acción u omisión19.
65. Empero, al margen de la tesis jurisprudencial que acoge actualmente esta
Subsección en asuntos ordinarios similares al caso analizado, lo cierto es que en sede
de tutela el juez carece de facultades para exigir a una autoridad judicial que asuma una
u otra postura. Máxime cuando -como se expuso antes-, en relación con el asunto que
aquí se analiza, existen criterios disímiles.
66. Lo anterior, por cuanto el análisis que realiza el juez constitucional en esta instancia
judicial es un juicio de validez de la providencia censurada y no uno de corrección. La
Corte Constitucional ha señalado enfáticamente que la acción de tutela no es un
mecanismo para controvertir la legalidad o la interpretación del derecho en abstracto,
sino para verificar la validez constitucional de la decisión judicial cuando esta,
eventualmente, vulnera derechos fundamentales.
67. Entonces, se tiene que, para esta Subsección, la intención de la parte demandante
es reabrir el debate jurídico en torno a si había lugar a su declaratoria de responsabilidad
por solidaridad, mismo que ya se surtió en el proceso de reparación directa y que quedó
definido de acuerdo con la postura que asumió la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila. Tal circunstancia denota claramente que la presente acción de
tutela no reviste trascendencia constitucional alguna, pues este valioso mecanismo de
protección de derechos fundamentales no puede ser utilizado como un instrumento para
que el extremo accionante imponga su visión del litigio, ni para que provoque una
instancia adicional del proceso ordinario, con miras a obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses. Por tal motivo, el defecto sustantivo, por indebida
interpretación y aplicación de los artículos 2344 del Código Civil y 177 y 178, numeral 6,
de la Ley 100 de 1993 no está llamado a prosperar.
68. Ahora bien, siguiendo con el análisis de cargos de la demanda, la Sala observa que
la parte accionante también le atribuyó a la sentencia del 5 de noviembre de 2024 un
defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria.
69. En particular, se refirió a los siguientes medios de convicción: i) las autorizaciones de
servicios de salud expedidas por la E.P.S. a la demandante para que accediera a los
servicios de salud que requería; ii) los contratos de prestación de servicios de salud que
tenía vigentes con las I.P.S. demandadas para que la señora Margoth Caicedo Ordóñez
fuera debidamente atendida, por medio de los que se estipuló la cláusula de inexistencia
de responsabilidad de la E.P.S.; iii) los certificados de habilitación de los servicios
contratados con la Clínica Emcosalud; y iv) las declaraciones de los señores Lola Patricia
Osorio y Javier Andrés Ramírez.
19 Al respecto, ver, por ejemplo, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencias del: 18 de marzo de 2022, expediente 42834; 30 de agosto
de 2022, expediente 49835 3 de marzo de 2023, radicado 58201, 22 de agosto de 2023, radicado 57730;
1 de marzo de 2024, radicado 62506.
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70. Tales medios de prueba, según afirmó la demandante, daban cuenta, no solo de su
diligencia sino, especialmente, de la ausencia de nexo entre sus actuaciones y la falla
médica que ocasionó el daño.
71. No obstante, en este punto en específico la demanda también carece de congruencia
en relación con lo decidido por el Tribunal Administrativo del Huila, pues, como se
explicó, el fundamento de la declaratoria de responsabilidad de la aquí accionante no fue
el hecho de que incumplió con sus obligaciones -lo que aquella parece querer controvertir
mediante los medios de convicción supuestamente desconocidos-, sino la solidaridad
que le asiste a la entidad promotora de salud respecto de las actuaciones de sus I.P.S.
únicamente con fundamento en el vínculo contractual que existe entre ellas.
72. Valga destacar, además, que, aunque la parte actora pretende enmascarar tales
argumentos bajo un defecto fáctico por omisión de valoración probatoria, lo cierto es que
sus reproches convergen siempre en la tesis que sostuvo a lo largo del proceso ordinario
y que, se insiste, ya fue objeto de pronunciamiento judicial: que actuó de manera diligente
y que no participó en la producción del daño, lo que, sin lugar a dudas, da cuenta de que
este mecanismo constitucional está siendo instrumentalizado para reabrir un debate que
ya se zanjó en el proceso ordinario e imponer su tesis en relación con la ausencia de
responsabilidad solidaria en estos casos.
73. Por otra parte, la Sala aclara que, aunque en la demanda la apoderada de Asmet
Salud E.P.S. indicó que la providencia censurada también adolece de defecto fáctico por
«no valorar que, dentro de los hechos indicados en la demanda, lo demostrado en el
proceso y lo alegado por la parte actora, no se encontraba ninguna conducta antijuridica
imputada a mi defendida, ni se evidenció, o se criticó que hubiese incumplido con sus
deberes como EPS», tal argumento, por un lado, consiste en una reiteración de su tesis
defensiva relativa a que observó sus obligaciones y, por otro, no fue expuesto en el
recurso de alzada20, lo que impidió al juez de segunda instancia abordar su estudio y
emitir un pronunciamiento al respecto.
74. Finalmente, se observa que la accionante también sostuvo que en otros casos
—puntualmente se refirió a las decisiones de primera y segunda instancia proferidas por
el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas en
el marco de los procesos de reparación directa con radicados 17001 33 39 005 2017
00011 00 y 17-001-33-33-002-2017-00194-00— los jueces de la responsabilidad han
condenado a la I.P.S. que atendió al paciente, pero se han absuelto a la E.P.S., al
reconocer que esta cumplió cabalmente con sus funciones.
75. Empero, la Sala reitera que en este asunto en específico no existe una posición
unificada, lo que ha llevado a que incluso en el interior de esta Corporación se adopten
posturas diferentes, por lo que, en casos como el sub lite esta Subsección ha sido
consistente en señalar que los criterios interpretativos acogidos por los magistrados de
una Sección, Subsección o Tribunal «no pueden vincular o limitar la autonomía funcional
e independencia de sus pares para analizar las normas aplicables y el material probatorio
20 Si bien se encuentra que, en el escrito de alzada, la parte actora adujo: «debe reiterarse que, dentro del
libelo de la demanda, ni en el proceso en general obra prueba alguna encaminada a establecer
responsabilidad por parte de Asmet Salud EPS SAS», lo cierto es que gramaticalmente de dicha afirmación
NO se desprende el argumento que ahora pretende formular en sede de tutela.
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puesto a su consideración, y en virtud de ello se han descartado solicitudes de amparo
que se sustentan en el supuesto desconocimiento de precedentes horizontales fijados
por otra Sección, Subsección o Tribunal»21.
76. En esas condiciones, resulta posible que las diferentes salas de decisión de una
misma corporación judicial y, más aún, de distintas corporaciones, tengan criterios
diferentes sobre un mismo asunto. Los jueces, se reitera gozan de autonomía judicial.
De manera que, no resulta posible exigirle a la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Huila que siga la tesis del Tribunal Administrativo de Caldas o de
algunas salas de conocimiento de esta Corporación, toda vez que, se insiste, cada una
de ellas es autónoma para adoptar una postura determinada sobre un punto de
derecho22.
77. Así las cosas, la Sala considera que la parte actora pretende que, por el solo hecho
de ser la tesis adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila contraria a sus intereses,
se le ordene a dicha corporación judicial que aplique la tesis adoptada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, situación que desborda las atribuciones del juez de tutela,
aunado al hecho de que, como se expuso, en aquellos eventos en los que existan
posturas encontradas debe privilegiarse la autonomía judicial que caracteriza el ejercicio
de función jurisdiccional.
78. En consecuencia, esta Subsección advierte que en el caso en concreto lo que existe
es un desacuerdo de la parte accionante con la providencia cuestionada, pero esa
disparidad de criterios en torno a los elementos debatidos no es una razón suficiente
para que el juez de tutela se pronuncie nuevamente respecto del fondo del asunto. Este
instrumento constitucional no constituye una instancia adicional del proceso ordinario
para que la parte actora imponga su visión del litigio, tanto más si la demanda está
desprovista de razonamientos de estirpe iusfundamental que permitan dar por superado
el requisito de relevancia constitucional.
79. Conviene precisar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales9. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
21 Sentencia del 20 de mayo de 2024, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Expediente 11001-03-15-000-
2023-07553-01. Si bien en ese asunto se amparó el derecho fundamental a la igualdad de la parte
demandante, por desconocimiento del precedente horizontal, lo cierto es que la decisión adoptada
obedeció a las particularidades del caso y ante «la divergencia, en cuanto a la calificación de situaciones
fácticas prácticamente idénticas, y la omisión de aplicar el principio de razón suficiente, en detrimento de
los derechos de la accionante y de sus expectativas legítimas».
22 Esta Subsección se pronunció en sentido similar en sentencia del 19 de febrero de 2024, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez. Expediente 11001-03-15-000-2023-07495-00.
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particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales10. (Se destaca).
80. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y que
sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de la
providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa con
los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser desconocidos
por el juez de tutela. Por tanto, como se anticipó, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo presentada por la sociedad Asmet Salud E.P.S. S.A.S. por
incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
81. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por Asmet Salud
E.P.S. S.A.S., por lo razonado en la parte motiva.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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