Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01587-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01587-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01587-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01587-00
Actores: Yenny Moscoso y Carlos Alberto Díaz López
Demandado: Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
Derecho Fundamental Invocados: i) Debido proceso, ii) petición y iii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Secretaría de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio,
al no haber dado respuesta a las peticiones de noviembre de 2020 y marzo de 2021,
mediante las cuales solicitó “[…] se entreguen las copias auténticas de la sentencia
de primera y segunda instancia [...] con las constancias que son fiel copia del original
y que prestan merito ejecutivo […]”, dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número de radicación 250002326000200900066-01, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, petición y acceso a la administración
de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01587-00
Actores: Yenny Moscoso y Carlos Alberto Díaz López
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, obrando mediante apoderada, presentaron solicitud de tutela contra la
Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
porque, a su juicio, al no haber dado respuesta a las peticiones de noviembre de
2020 y marzo de 2021, mediante las cuales solicitó “[…] se entreguen las copias
auténticas de la sentencia de primera y segunda instancia [...] con las constancias
que son fiel copia del original y que prestan merito ejecutivo […]”, dentro de la acción
de reparación directa identificada con el número de radicación
250002326000200900066-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso,
petición y acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió sentencia dentro del proceso de reparación directa identificado con el
número único de radicación 250002326000200900066-01, en el que fungían como
demandantes Yenny Moscoso y Carlos Alberto Díaz López.
4. Expresó que “[…] en el mes de noviembre del año 2020, se hizo la solicitud, de
que se expidieran las copias auténticas con la debida constancia, de que se
encontraba en firme y ejecutoriada, acto por el cual; el magistrado ponente las
ordeno (sic) […]”.
5. Señaló que “[…] una vez ordenadas, se solicitó que se entregaran las mismas,
para proceder a radicarlas en las instituciones condenadas, solicitud que se hizo
desde el mes de marzo del año 2021 y se le ha reiterado en varias veces en el
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mismo sentido, para que nos fije fecha y se pague lo necesario y así poder retirarlas
[…]”.
6. Adujo que “[…] Pero a pesar de esto, no han dado contestación a las solicitudes,
por lo cual no se ha podido radicar en las entidades condenadas, para entrar en
turno, para pago […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] Que mediante fallo de tutela se amparen los derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, a la cumplida y pronta justicia, al debido proceso,
derecho de petición; solicitándole que ordene a la SECRETARIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA., que en el termino
(sic) de cuarenta y ocho (48) horas, se fije fecha y se entreguen las copias auténticas
de la sentencia de primera y segunda instancia del referido, con las constancias que
son fiel copia del original y que prestan merito ejecutivo […]”.
8. Consideró que “[…] Con este actuar se me ha vulnerado el debido proceso,
derecho a petición, acceso a la administración de justicia y a la cumplida y pronta
justicia […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de marzo de 2022; i) admitió la
acción de tutela, y ii) ordenó notificar al Secretario de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y iii) vinculó a la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a Carolina Díaz Hernández, a Karol Tatiana Díaz
Moscoso, a Miguel Díaz López, a Kevin Steveen Díaz Hernández, a Duglas
Alexander Díaz Barrera, a Miguel Arturo Díaz Rodríguez, a Rosa Cecilia López, a la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Nación-
Fiscalía General de la Nación – Comisión Nacional de Administración de Carrera, a
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la Dirección Nacional de Inteligencia y a la Nación – Procuraduría General de la
Nación – Procuraduría 48 Judicial II para Asuntos Administrativos, en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitaron que se les desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez
que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que:
“[…] Frente a lo anterior, este Despacho indica que una vez se profirió la sentencia
correspondiente, en sede de segunda instancia, esta se notificó mediante edicto
fijado entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2018. Seguidamente, el
expediente fue devuelto al tribunal de origen el 15 de noviembre de 2018 para lo de
su cargo, esto es, que de acuerdo con los artículos 115 y 334 del Código de
Procedimiento Civil1, al a quo le correspondía expedir las copias para ejecutar la
sentencia condenatoria en favor de los demandantes.
En ese sentido, en mi condición de llamada a rendir informe al ser vinculada en
calidad de tercera con interés, señalo que, a esta Subsección no le corresponde
atender la pretensión de los tutelantes, máxime, cuando la petición de expedir las
copias que prestan mérito ejecutivo de la sentencia condenatoria ha sido dirigida
directamente a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Corporación en la que se encuentra el expediente contentivo de la decisión […]”.
12. La Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca afirmó que:
“[…] Ahora respecto a la asignación de citas, es de precisar que en atención a
las instrucciones contendidas en los acuerdos de aforos e ingresos a sedes
judiciales expedidas por el H. Consejo Superior de la Judicatura, estas
permanecen abiertas para atención al publico (sic).
De igual manera se agendó cita para el próximo 18 de abril de la presente
anualidad a las 2:30 p.m., para el retiro de las mismas […]”.
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13. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Carolina Díaz Hernández, Karol Tatiana Díaz Moscoso, Miguel Díaz
López, Kevin Steveen Díaz Hernández, Duglas Alexander Díaz Barrera, Miguel
Arturo Díaz Rodríguez, Rosa Cecilia López, la Dirección Nacional de Inteligencia y
la Nación – Procuraduría General de la Nación – Procuraduría 48 Judicial II para
Asuntos Administrativos guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Cuestión previa
16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
17. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20064, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
4 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[5]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
19. La Sala advierte que la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
20. Al respecto, es preciso indicar que la posible afectación de los derechos
fundamentales de los actores, se debe a la omisión en que incurrió la Secretaría de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al no haber dado
respuesta a las peticiones de noviembre de 2020 y marzo de 2021, mediante las
cuales solicitó “[…] se entreguen las copias auténticas de la sentencia de primera y
segunda instancia [...] con las constancias que son fiel copia del original y que
prestan merito ejecutivo […]”, dentro de la acción de reparación directa identificada
con el número de radicación 250002326000200900066-01.
21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que la Fiscalía General de la Nación y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no son las entidades que están
vulnerando o amenazando los derechos fundamentales de los actores, por lo que
5
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada.
Problema Jurídico
22. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, ii) corresponde establecer si la acción
de tutela es procedente para proteger los derecho fundamentales al debido proceso,
de petición y de acceso a la administración de justicia invocados por los actores, los
cuales consideran vulnerados por la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al no haber dado respuesta a las peticiones de
noviembre de 2020 y marzo de 2021, mediante las cuales solicitó “[…] se entreguen
las copias auténticas de la sentencia de primera y segunda instancia [...] con las
constancias que son fiel copia del original y que prestan merito ejecutivo […]”, dentro
de la acción de reparación directa identificada con el número de radicación
250002326000200900066-01.
23. Para resolver los anteriores problemas jurídicos, esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del
marco de la acción de tutela; ii) el análisis del caso en concreto, y iii) las
conclusiones de la Sala.
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
24. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
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25. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 20056, se pronunció en el
siguiente sentido:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
26. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado7:
[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que
la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha
situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de
amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
27. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección8.
6 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
8 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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28. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o
el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la
acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Análisis del caso concreto
29. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales desarrollados en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
30. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el siguiente
documento:
31.1. Copia del informe de tutela rendido por la Secretaría de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Solución del caso en concreto
32. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud presentada por los actores ha
sido tramitada.
33. La Sala evidencia que obra copia del informe de tutela rendido por la Secretaría
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en donde
consta lo siguiente9:
“[…] Ahora respecto a la asignación de citas, es de precisar que en atención a las
instrucciones contendidas en los acuerdos de aforos e ingresos a sedes judiciales
expedidas por el H. Consejo Superior de la Judicatura, estas permanecen abiertas
para atención al público.
De igual manera se agendó cita para el próximo 18 de abril de la presente anualidad
a las 2:30 p.m., para el retiro de las mismas.
[…]”.
34. De la lectura del escrito de tutela, se advierte que su pretensión se dirigía a
lograr que la autoridad demandada “[…] fije fecha y se entreguen las copias
9 Imágenes tomadas de los documentos obrantes en el aplicativo Samai.
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auténticas de la sentencia de primera y segunda instancia del referido, con las
constancias que son fiel copia del original y que prestan merito ejecutivo […]”.
35. De igual manera, el Despacho sustanciador del proceso se comunicó vía
telefónica con la apoderada de los actores, doctora Jahel Jurado Rincón 10, quien
aseguró que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le entregó
las respectivas copias auténticas de las sentencias proferidas al interior del proceso
de reparación directa identificada con el número de radicación
250002326000200900066-01, en donde además, y en aras de tener mayor
información sobre el asunto en cuestión, la doctora Jahel Jurado Rincón envió un
correo electrónico al Despacho sustanciador11 informando lo siguiente:
“[…] el presente tiene como fin informar que el día de hoy retiré las copias solicitadas
ante la entidad accionada dándose así el hecho superado de la tutela interpuesta. El
18 de abril de la presente anualidad tenía cita en la secretaría del tribunal
administrativo para poder determinar el valor de las copias apagar una vez se realiza
el pago debe acercarme a las instalaciones de la entidad a recibir las copias
situación que se presenta el día de hoy […]”.
36. En ese orden de ideas, para la Sala al revisar el acervo probatorio obrante en el
expediente, considera que en el presente caso se presentó el fenómeno jurídico de
la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite
de la presente acción de tutela, la autoridad judicial accionada entregó a la
apoderada de los actores, doctora Jahel Jurado Rincón, las respectivas copias
auténticas de las sentencias proferidas al interior del proceso de reparación directa
identificada con el número de radicación 250002326000200900066-01.
37.Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente12:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de
10 La comunicación vía telefónica con la doctora Jahel Jurado Rincón se llevó a cabo el día 9 de junio del
presente año.
11 La doctora Jahel Jurado Rincón remitió el respectivo correo electrónico al Despacho sustanciador el día 9 de
junio del presente año.
12 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar de
la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante13. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado14 […]”. (Resaltado por la Sala).
38. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que entre el momento de la presentación de la
presente acción de tutela y el momento en que se dictara la respectiva sentencia, la
autoridad judicial accionada entregó a la apoderada de los actores, doctora Jahel
Jurado Rincón, las respectivas copias auténticas de las sentencias proferidas al
interior del proceso de reparación directa identificada con el número de radicación
250002326000200900066-01, y en ese orden de ideas, se garantizó por completo
lo pretendido en el escrito del amparo.
39. Por último, la Sala en esta oportunidad precisará que tipo de actuaciones que
realizan las Secretarías de los juzgados y de los jueces colegiados, son judiciales y
cuales son meramente administrativas:
ACTUACIONES JUDICIALES ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1. Autorizar con su firma todas las 1.Constancia de recibido.
providencias del proceso y las actas de
las audiencias y diligencias, los
2. Dar los informes que la ley ordene o
certificados que se expidan y los
que el Juez o Magistrado solicite.
despachos y oficios que se libren.
3. Verificar cuestiones relativas al
proceso.
4. Redactar las actas de las sesiones.
13 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
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Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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2. Hacer las notificaciones, citaciones, y 5. Citar a los magistrados para las
emplazamientos y autorizar las que sesiones de Sala.
practiquen los subalternos.
6. Redactar la correspondencia y
3. Pasar oportunamente al despacho documentos de trámite de la secretaría.
del Juez o Magistrado los asuntos en
que deba dictarse providencia, sin que
sea necesario petición de parte, so
pena de incurrir en una multa de cien
pesos por cada vez que no lo hiciere; si
el Juez o Magistrado no la impusiere, se
hará responsable de ella.
4. Efectuar el reparto.
5. Para el sorteo de conjueces se fijará
fecha y hora, acto que tendrá lugar
públicamente en la secretaría.
6. Las copias de las providencias que
se pretendan utilizar como título
ejecutivo.
7. La expedición de certificaciones
sobre la existencia de procesos, el
estado de los mismos y la ejecutoria de
providenciales judiciales.
8. Los desgloses.
9. La certificación que se expide para el
cobro ejecutivo de multas, en donde
conste el deudor y la cuantía.
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Actores: Yenny Moscoso y Carlos Alberto Díaz López
10. En los eventos de acumulación de
demandas, el suministro de la
reproducción de la demanda y de sus
anexos.
Conclusiones de la Sala
40. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formuladas por la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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Actores: Yenny Moscoso y Carlos Alberto Díaz López
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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