Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06079-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06079-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06079-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., tres (03) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Accionado: TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE SANTANDER,
CHOCÓ, CAUCA Y SUCRE
Tesis: No existe vulneración al derecho fundamental de petición,
cuando se presenta una solicitud que guarda relación
directa con la litis y no ha sido contestada porque se
encuentra en estudio por parte de la autoridad judicial.
No existe vulneración del derecho fundamental de
petición por parte de la autoridad judicial cuando el
objeto del derecho de petición es la solicitud de copias de
piezas procesales por tratarse de un asunto judicial.
Carece de objeto la acción de tutela cuando en el curso
del proceso y antes de proferir fallo la accionada cumplió
la conducta solicitada.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio de su
representante judicial1, en contra de los Tribunales Administrativos de
Santander, Chocó, Cauca y Sucre, al considerar vulnerado el derecho
fundamental de petición en conexidad con el derecho al debido proceso.
I. LA SOLICITUD DE AMPARO
I.1. el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por intermedio de su
representante judicial, promovió acción de tutela en contra de los
Tribunales Administrativos de Santander, Chocó, Cauca y Sucre, con el
fin de que le fuera protegido el derecho fundamental de petición en
conexidad con el derecho al debido proceso, en la que formuló la siguiente
pretensión:
1 Firma Litigar Punto COM S.A.S.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
«[…] PRIMERO: Se declare que el accionado, vulneró los derechos
fundamentales al DERECHO DE PETICIÓN en conexidad con el
DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
SEGUNDO: Con el fin de garantizar restablecer los derechos
fundamentales que le asisten a la Entidad que represento, solicito
respetuosamente ordenar al accionado, que en el término máximo de
(48) cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación del fallo
de primera instancia, proceda a resolver de fondo las peticiones
incoadas dentro de los procesos judiciales relacionados en la
cronología que antecede.
TERCERO: Exhórtese al Honorable Despacho para que en lo sucesivo,
como garantía de no repetición, se abstenga de incurrir en actuaciones
como las que dieron lugar a la presentación de la presente acción de
tutela.
CUARTO: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito a los
Honorables Consejeros, ordenar todo lo que el Honorable Despacho
considere pertinente para garantizar el restablecimiento del derecho
fundamental vulnerado.[…]»
II. SITUACIÓN FÁCTICA
II.1 Señaló que, el 26 de abril de 2021, radicó solicitud ante el Tribunal
Administrativo del Cauca, dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el
núm. 19001-23-00-000-2002-01188-00, adelantado por el Ministerio
de Agricultura en contra del Municipio de Patía – Cauca, para que se
aprobara la actualización de la liquidación del crédito hasta marzo de
2021.
II.2. Indicó que la anterior solicitud fue reiterada mediante memoriales
de fecha 05 de noviembre, 06 de diciembre de 2021, 15 de febrero, 08
de abril, 13 de mayo, 12 de agosto y 18 de octubre de 2022, sin evidenciar
que haya procedido con lo solicitado.
II.3. Manifestó que, el 03 de diciembre de 2021, radicó memorial ante el
Tribunal Administrativo del Santander, dentro del proceso ejecutivo con
radicado bajo el núm. 68001-23-31-000-2002-02749-00, adelantado
por el Ministerio de Agricultura en contra del Municipio de Guaca –
Santander, en el cual solicito la entrega de los depósitos judiciales
existentes a favor de la entidad demandante, solicitud que fue reiterada
los días 25 de marzo, 24 de junio y 27 de septiembre de 2022, sin que
hasta la fecha haya procedido el tribunal con lo solicitado.
II.4. Relato que, el 28 de agosto de 2019, presentó impulso procesal
dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el núm. 68001-23-31-000-
2005-00098-00, promovido por el hoy accionante en contra del
Municipio de la Paz – Santander, para que se tramitara una solicitud
dirigida a que se oficiara a las entidades bancarias, con el fin de que se
pronunciara sobre la situación financiera de la entidad territorial y
confirme si se decretó el embargo y si existen recursos disponibles
puestos a disposición del despacho.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
II.5. Petición reiterada mediante los memoriales de fecha 28 de
noviembre de 2019, 26 de febrero de 2020, 02 de julio, 05 de octubre de
2021, el 25 de marzo, 24 de junio y 27 de septiembre de 2022; hasta la
fecha, el Tribunal Administrativo de Santander no ha atendido las
solicitudes.
II.6. Refirió que el 16 de diciembre de 2019, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, en su calidad de sucesor procesal del Fondo de
Cofinanciación para la Inversión Rural Fondo DRI, dentro del proceso
ejecutivo núm. 68001-23-31-000-2002-02751-00 promovido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra el Municipio de La
Belleza - Santander, presentó al Tribunal Administrativo de Santander,
solicitud de entrega de los depósitos judiciales existentes a favor de la
Entidad; solicitud reiterada mediante memoriales de fecha 22 de
septiembre y 17 de diciembre de 2020, 23 de marzo, 02 de julio del 2021,
24 de febrero, 27 de mayo, 26 de agosto y 18 de octubre de 2022, hasta
la fecha, el Tribunal no ha realizado la entrega de los depósitos judiciales
existentes a favor de la Entidad accionante.
II.7. Expresó que, el 27 de mayo de 2022, el Ministerio de Agricultura,
en calidad de sucesor procesal del Fondo de Cofinanciación para la
Inversión Rural Fondo DRI, dentro del proceso ejecutivo núm. 68001-
23-31000-2002-02752-00 adelantado por el accionante en contra del
Municipio de Santa Bárbara - Santander, presentó al Tribunal
Administrativo de Santander solicitud de aprobación de acuerdo
conciliatorio, la entrega de depósito judicial por hacer parte del acuerdo
conciliatorio y decretar la terminación del proceso ejecutivo; sin que hasta
la fecha exista pronunciamiento.
II.8. El 15 de julio de 2022, el Ministerio de Agricultura, como sucesor
procesal del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural Fondo DRI,
a través de su representante judicial, presentó petición ante el Tribunal
Administrativo del Chocó, encaminada a que se remitieran los expedientes
digitalizados o se asignara cita con el fin de obtener piezas relevantes
(mandamiento de pago, contestaciones, sentencias, etc.) dentro de los
procesos judiciales identificados con radicados 2002-01385, 2004-
00227, 2002-00972, 2004-00346, 2002-00960 y 2005-00054.
II.9. Manifestó que, el 8 de septiembre de 2022, radicó nuevamente
petición ante el despacho ponente a fin de que tramite la digitalización de
los procesos relacionados en el punto anterior o, en su defecto, le fuera
asignada cita al dependiente de la ciudad de Quibdó con el fin de tomar
copia de algunas piezas procesales.
II.10. El 15 de julio de 2022, el Ministerio de Agricultura, en calidad de
sucesor procesal del Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural
Fondo DRI, presentó petición ante el Tribunal Administrativo del Chocó,
dentro del proceso 27001-23-31-000-2004-00347-00 adelantado por
el Ministerio de Agricultura contra el Municipio de Acandí – Chocó, con el
fin de que fuera remitido el expediente digitalizado o se asignara cita con
el fin de obtener piezas relevantes (mandamiento de pago,
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
contestaciones, sentencias, etc.), petición reiterada el 08 de septiembre
de 2022, hasta la fecha, sin que se haya atendió la solicitud por parte del
Tribunal Administrativo del Chocó.
II.11. Indicó que en el proceso con radicación 27001-333-30-03-
2004-00344-00, El 08 de septiembre de 2022 presentó petición ante el
Tribunal Administrativo del Chocó, Magistrado Ponente Dr. Ariosto Castro
Perea, encaminada a que se remitiera el expediente digitalizado o se
asignara cita con el fin de obtener piezas relevantes (mandamiento de
pago, contestaciones, sentencias, etc.), sin que la misma haya sido
atendida.
II.12. Manifestó que el 06 de junio de 2022, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, como sucesor procesal del Fondo de Cofinanciación
para la Inversión Rural Fondo DRI, presentó petición ante el Tribunal
Administrativo de Sucre, solicitando la remisión del expediente
digitalizado o asignación de cita con el fin de tomar copias de algunas
piezas procesales como mandamiento de pago, contestaciones,
sentencias, etc., dentro del proceso judicial núm. 70001-23-31-000-
2002-01263-00 promovido por el Ministerio de Agricultura en contra el
Municipio de San Marcos- Sucre; petición reiterada el 08 de septiembre
de 2022, sin que a la fecha haya dado tramite a la solicitud de
digitalización del referido expediente o en su lugar, asignado cita al
dependiente de la ciudad de Sincelejo para que sea puesto a su
disposición el expediente del proceso ejecutivo, con el fin de tomar copia
de piezas relevantes de la acción, vulnerando de esta manera el derecho
fundamental al derecho de petición y al debido proceso que le asiste.
II.13. Señaló que, mediante auto del 09 de noviembre de 2020, el
Tribunal Administrativo del Sucre, dentro del proceso ejecutivo núm.
70001-23-31-000-2002-01250-00 adelantado por el Ministerio de
Agricultura en contra del Municipio de Guaranda - Sucre, decidió no
reconocer personería a la sociedad LITIGAR PUNTO COM S.A.; en fecha
del 05 de abril de 2022, la apoderada judicial de la parte ejecutante radicó
poder conferido y solicitud de reconocimiento de personería y “tramite a
la continuación del proceso ejecutivo”; solicitud reiterada mediante
memoriales de fecha 13 de mayo, 14 de junio, 15 de julio, 12 de agosto,
16 de septiembre y 18 de octubre de 2022, hasta la fecha, el Tribunal no
ha realizado pronunciamiento alguno respecto a la petición.
II.14. Concluyó que las peticiones realizadas al interior de los procesos
judiciales relacionados en el acápite anterior fueron presentadas con el fin
de continuar con las respectivas etapas de la acción ejecutiva.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
III.1. El 21 de noviembre de 2022, este despacho admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación a los Tribunales Administrativos accionados.
III.2. Tras haber sido notificados en debida formal, sólo el Tribunal
Administrativo del Cauca, a través del magistrado sustanciador que
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
conoce del proceso ejecutivo con radicado núm. 190012300000-2002-
01188-00, presento informe en el que solicitó se niegue el amparo
solicitado, dado que, mediante auto del 1° de diciembre de 2022, se
aprobó la liquidación presentada por el accionante.
IV. CONSIDERACIONES
IV.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución
de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.
IV.2. Análisis de la Sala
Respecto de los derechos de petición presentados dentro de un proceso
judicial, la Corte Constitucional2 ha señalado que, si bien es cierto puede
ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la
obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten3,
también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial
está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las reglas
del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales
contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en
su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio”.4
En este sentido, la Corte ha sostenido que el alcance del derecho de
petición encuentra limitaciones respecto de las peticiones presentadas
frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos
de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a
actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que
por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las
normas generales del derecho de petición que rigen la
2 Corte Constitucional, sentencia T 394 de 2018
3 Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
4 Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
administración y,5 en especial, de la Ley 1755 de 20156. (Destaca
la Sala)
En el mismo sentido, esta Sala precisó que el derecho de petición que se
ejerce ante autoridades judiciales, su amparo no resulta procedente por
vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso
que guarden relación directa con la litis7.
Así, si la petición está relacionada con actuaciones administrativas
adelantadas por el juez, el trámite estará regulado por la Ley 1755 de
2015; y si la petición se presenta con el fin de impulsar una actuación
judicial u obtener pronunciamiento relativo a la litis estará sometida a las
reglas propias del proceso judicial.
VI.2.2. Caso en concreto
Teniendo en cuenta que las pretensiones corresponden a los distintos
procesos que tramita la actora, la Sala revisará cada una de las solicitudes
presentadas, con el fin de determinar si las autoridades judiciales
vulneraron el derecho fundamental invocado por el accionante.
En el sub- lite encuentra la Sala que, ante el Tribunal Administrativo de
Santander en el proceso con radicado 2002-02752-00, la apoderada
judicial del Ministerio de Agricultura solicitó la aprobación del acuerdo
conciliatorio.
Asimismo, en los procesos ejecutivos radicados bajo los números
680012331000 2002-02749-00, 680012331000 2005-00098-00,
680012331000 2002-02751-00; la apoderada judicial solicitó la entrega
de depósitos judiciales8, y en otro la actualización de la liquidación del
crédito9, sin que exista pronunciamiento alguno al respecto.
Ante el Tribunal Administrativo del Sucre radicó memorial el 6 de de junio
de 2022, en el proceso con radicado 2002-01250-00, encaminada al
reconocimiento de personería para representar al accionante del proceso
ejecutivo.
5 Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y T-2015A de 2013. M.P. Mauricio González
Cuervo
6 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-
15-000-2017-02583-00, en la que se indicó que:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala
ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades
judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en
los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.
8 Proceso ejecutivo rad. 20020274900 y 20020275100
9 Proceso ejecutivo rad. 20050009800
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Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
En cuanto a estas peticiones, según la jurisprudencia constitucional10, no
procede la solicitud de amparo del derecho fundamental de petición,
comoquiera que se trata de obtener vía tutela un pronunciamiento de
cuestiones netamente judiciales, las cuales deben ser atendidas según las
formalidades procesales indicadas en las normas procesales aplicables a
cada proceso en particular.
En consecuencia, para la Sala, sobre las anteriores peticiones, al no estar
relacionadas con una actuación administrativa propia del juez, sino al
tratarse de una actuación jurisdiccional, procede declarar improcedente
la acción.
Ahora bien, respecto de los siguientes memoriales presentados11,
encuentra esta Sala que las solicitudes son de carácter judicial, toda vez
que van dirigidas a obtener copias de algunas piezas procesales de los
siguientes expedientes:
Ante el Tribunal Administrativo del Chocó, procesos ejecutivos
radicados bajo los números 2002-01385-00, 2002-00227-00, 2002-
00972-00, 2004-00346-00, 2002-00960-00, 2005-00054-00,
2700123310002004-00347-00 y 2700133330032004-00344-00, la
representante judicial del accionante pidió acceso a los expedientes con
el fin de tomar copias de algunas piezas procesales o en su defecto le
fueran digitalizados los procesos, con el fin de poder revisar el estado y
actuaciones surtidas dentro de ellos, sin obtener respuesta12.
Ante el Tribunal Administrativo del Sucre, proceso ejecutivo radicado
bajo el número 700012331000-2002-01263-00, solicitó cita para
revisar el proceso y eventualmente tomar copias del mismo, sin que se
hubiera dado respuesta13.
Conforme lo expuesto, encuentra la Sala que los memoriales radicados
en los procesos ejecutivos anteriormente señalados son peticiones que
deben ser atendidas por las autoridades judiciales bajo las normas propias
10 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-
03-15-000-2017-02583-00 «[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta
procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos
por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho
sí resulta procedente.
11 Folios 50 al 199 del escrito de tutela
12
Cfr. folio 158. “por medio del presente reitero respetuosamente la petición de fecha 08 de abril
del año en curso, en lo concerniente a: solicito respetuosamente se fije fecha para que el
dependiente …tome piezas procesales relevantes de los siguientes procesos ejecutivos…”.
13 Cfr. folio 163. “Por medio del presente solicito respetuosamente se remita el expediente
digitalizado del siguiente proceso ejecutivo…2002-01263-00…De no contar con la digitalización de
los mismos, solicito respetuosamente se fije cita para que la dependiente …tome piezas procesales
relevantes de los procesos ejecutivos…”.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
de cada juicio, es decir, se tratan de tramites judiciales respecto de los
cuales no son aplicables las reglas del derecho de petición14.
En consecuencia, concluye la Sala respecto de las solicitudes de
expedición de copias presentadas por el actor, al ser de naturaleza
judicial, se declarará improcedente el amparo solicitado.
Finalmente, en cuanto a la solicitud elevada en el proceso ejecutivo
radicado número 190012300000-2002-01188-00, adelantado en el
Tribunal Administrativo del Cauca, teniendo en cuenta que, dentro del
trámite de la presente solicitud de amparo, la autoridad judicial
accionada, cumplió con la actuación administrativa reclamada, como era
la aprobación de la liquidación del crédito presentada por la apoderada
del tutelante, se procederá a declarar la carencia de objeto por hecho
superado, comoquiera que lo pretendido con la acción de tutela era una
orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, la autoridad judicial
cumplió la conducta solicitada y resulta suficiente para impedir que
continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la
tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto, resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez
que “la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”15.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado respecto
a las solicitudes presentadas en los procesos ejecutivos con radicados
números 680012331000-2002-02752-00, 680012331000-2002-02749-
00, 680012331000-2005-00098-00, 680012331000-2002-02751-00,
adelantados por el Tribunal Administrativo de Santander y el proceso
14
Sección Primera, Consejo de Estado, CP Hernando Sánchez Sánchez, expediente
número 11001-03-15-000-2020-04855-00. […] en relación con el derecho de petición
que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que
su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende
es obtener copias de un pronunciamiento proferido por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido,
en esa medida, corresponde determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, por lo que, resulta necesario señalar
que la solicitud de copias de actuaciones adelantadas al interior de un proceso judicial,
corresponde a una actuación judicial. […]
Por lo expuesto, la Sala considera que el derecho de petición no es idóneo para tal fin,
teniendo en cuenta que, el trámite de la solicitud elevada por la actora es de carácter
judicial, caso en el cual la petición se debe tramitar, de acuerdo a los procedimientos
propios del asunto y, en consecuencia, corresponde a esta autoridad judicial determinar
si la parte demandada incurrió en una mora injustificada en la entrega de las copias
solicitadas […]. (Se destaca)
Cfr Sección Primera, Consejo de Estado CP Hernando Sánchez Sánchez 9 de junio de
2022, radicación número: 11001-03-15-000-2022-01587-00.
15Corte Constitucional, sentencias T-519 de 1992, C-540 de 2007, T-218 de 2008 y T-112 de
2010.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06079-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
ejecutivo con radicado 700012331000-2002-01250-00 tramitado en el
Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad a las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado respecto
a las solicitudes de expedición de copias, presentadas ante el Tribunal
Administrativo del Chocó en los procesos ejecutivos con radicados número
2002-01385-00, 2002-00227-00, 2002-00972-00, 2004-00346-00,
2002-00960-00, 2005-00054-00, 2004-00347-00, 2004-00344-00 y ante
el Tribunal Administrativo de Sucre, en el proceso ejecutivo radicado con
número 2002-01263-00
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
de la solicitud presentada en el proceso ejecutivo radicado bajo número
190012300000-2002-01188-00, adelantado en el Tribunal
Administrativo del Cauca, de conformidad a las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19
de noviembre de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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