Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01691-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01691-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01691-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
16 de junio de 2022
Demandantes: Miguel Ángel Barrera Núñez y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicados: 11001-03-15-000-2022-01691-00 y
11001-03-15-000-2022-01758-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicados: 11001-03-15-000-2022-01691-00
11001-03-15-000-2022-01758-00
Demandantes: MIGUEL ÁNGEL BARRERA NÚÑEZ Y OTROS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – congestión judicial – declara la improcedencia
del mecanismo de amparo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la demanda presentada por los señores Miguel Ángel Barrera
Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez y Manuel Enrique Flórez, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 14 de marzo de 2022 en el buzón de Recepción de
Tutelas y Habeas Corpus en línea del Consejo Superior de la Judicatura, remitido el
mismo día al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, los
señores Miguel Ángel Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez y
Manuel Enrique Flórez, actuando en nombre propio y en calidad de magistrados de
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Caldas y Caquetá, ejercieron
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del Trabajo -OIT,
el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del
Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de
Planeación y la Contraloría General de la República, con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones
dignas.
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Demandantes: Miguel Ángel Barrera Núñez y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicados: 11001-03-15-000-2022-01691-00 y
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2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la presunta omisión de las autoridades que, en el
marco de sus competencias, no han generado las medidas para solventar la alta
congestión judicial por la que atraviesan actualmente las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial en la que laboran como magistrados, situación que les ha privado
“(…) del derecho elemental de dedicar tiempo a nuestras familias, al deporte, a
actividades socio-culturales en nuestro tiempo libre, en desmedro incluso de nuestra
propia salud”.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, los accionantes de ambos procesos solicitaron:
“(...) 1. SE ORDENE A LOS ACCIONADOS PRESENTAR Y TRAMITAR AL
INICIO DEL SIGUIENTE PERIODO LEGISLATIVO, PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO QUE PERMITA LA ELECCIÓN DE UNO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA POR PARTE DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
2. SE ORDENE A LOS ACCIONADOS, CADA UNO DENTRO DE SUS
COMPETENCIAS, ASIGNAR PARTIDAS PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE Y
SUFICIENTES QUE REESTRUCTURE Y DE DETERMINEN PARA ESTA
COMISIÓN SECCIONAL AL MENOS UN MAGISTRADO MÁS Y LA DOTACIÓN
DE PERSONAL SUFICIENTE PARA ADELANTAR LABORES DE
INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO QUE DEBE INCLUIR CUANDO, PARA CADA
UNO DE LOS TRES DESPACHOS DE MAGISTRADOS, AL MENOS:
1 ABOGADO ASISTENTE,
1 AUXILIAR JUDICIAL,
1 OFICIAL MAYOR,
1 ESCRIBIENTE Y
1 AUXILIAR DE SISTEMAS
Y DOTAR A LA SECRETARÍA JUDICIAL DE:
2 OFICIALES MAYORES
2 ESCRIBIENTES
1 AUXILIAR DE SISTEMAS 2 CITADORES.
LO ANTERIOR EN ORDEN A SOLVENTAR RAZONABLEMENTE LA ALTA
CONGESTIÓN QUE REGISTRAMOS, LAS NUEVAS COMPETENCIAS Y
NUEVOS PROCEDIMIENTOS A ASUMIR, EN UN PLAZO MAXIMO DE UN
MES, ANTE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO
DISCIPLINARIO LEY 1952 Y 2094 DE 2021 DE MODO QUE SE NOS PERMITA
TRABAJAR EN CONDICIONES DIGNAS, COMO LAS DEMÁS
JURISDICCIONES”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
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4. Explicaron que son magistrados de las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial de Caldas y Caquetá en virtud del concurso de méritos que superaron
satisfactoriamente y cuya función esencial es la de investigar jueces, fiscales,
abogados, auxiliares de la justicia, árbitros, conciliadores, notarios cuando asumen
funciones jurisdiccionales y, recientemente, empleados de la Rama Judicial, lo que
se constituye como “(…) un mecanismo de control social institucional que contribuye
a prevenir y combatir la corrupción dentro de todo el ámbito de la administración de
justicia y pública cuando vincula abogados en ejercicio (…)”.
1.4. Fundamentos de la vulneración
5. Los señores Miguel Ángel Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza
Gómez y Manuel Enrique Flórez indicaron que, pese a cumplir la función de “jueces
(…) con una gran misión constitucional de combatir la corrupción latente en el
contexto judicial” en virtud de su calidad de magistrados de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial de Caldas y Caquetá, las autoridades demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones
dignas.
6. Alegaron que la discriminación se origina desde la misma Constitución, que no
contempla que la cabeza de la jurisdicción disciplinaria participe en la elección de los
miembros del Consejo Superior de la Judicatura, ente que administra los recursos de
la Rama Judicial y que se encarga, entre otros, de presentar el informe sobre el
estado de la administración de justicia (descongestión) al Congreso de la República,
lo que genera que los recursos en materia de estructuración de plantas de personal
se destinen a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de
Estado, como corporaciones que los eligen, sin tener en cuenta la situación particular
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y menos aún las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial.
7. Reprocharon que desde la perspectiva de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia se observa que la jurisdicción disciplinaria tampoco cuenta con
representación ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, como órgano
de gobierno que define las políticas del sector, en el que “tampoco tenemos voz ni
voto”.
8. Destacaron que su función consiste en iniciar procesos y decretar pruebas
para cumplir con el objeto de investigar y juzgar a quienes ejercen funciones
permanentes y transitorias -jueces, fiscales, empleados, jueces de paz,
conciliadores, tribunales de arbitramento, notarios, así como empleados y auxiliares
de la justicia en todo Caldas, a través del procedimiento escritural Ley 734 de 2002 y
que investigan abogados por el sistema oral desde la Ley 1123 de 2007, lo que
implica un análisis de alta complejidad por investigar personal de alto conocimiento
jurídico.
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9. Explicaron que cada proceso debe avocarse, sustanciarse, instituirse,
calificarse, juzgarse y fallarse, lo que naturalmente requiere un apoyo con el que no
cuentan, razón por la que viven en permanente reinvención, “(…) todo el tiempo
mirando cómo sustanciar, practicar pruebas, asistiendo a audiencias, casi que de
manera permanente abriendo espacio en nuestras agendas, para poder emitir
nuestras sentencias, que luego se llenan porque aparecen asuntos prioritarios como
las mismas audiencias de juzgamiento, con un solo colaborador a nuestro lado”.
10. Indicaron que, desde luego, todo ello implica dedicar mas tiempo del laboral
ordinario, lo que los priva de su derecho elemental de dedicar tiempo a sus familias,
al deporte, a actividades socioculturales en su tiempo libre, en desmedro de su salud.
11. Mencionaron que en 1992 cuando se crearon las Salas Disciplinarias de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, la Seccional de Caldas contaba con 8
servidores en total, 2 magistrados, 2 “auxiliares de magistrado o judiciales (1 por
despacho)”, 1 secretario, 1 oficial mayor, 1 escribiente y 1 citador, sin embargo, para
la época el número de abogados ascendía a 30.000, cifra que actualmente rebasa
los 350.000.
12. Por su parte, los magistrados de la seccional de Caquetá reprocharon que,
luego de la cumbre de poderes que se llevó a cabo en la ciudad de Pasto, con
ocasión del escándalo conocido como “el cartel de la toga”, evento en el que se firmó
el compromiso de fortalecer la jurisdicción disciplinaria, “(…) se nos quitó el
escribiente que venía prestando sus servicios en las (sic) Secretaría de la Sala desde
1994, de modo que ya no somos 8 sino 7 servidores de la jurisdicción disciplinaria
atendiendo a todo un departamento”.
13. Afirmaron que se han venido creando innumerables cargos de magistrados,
jueces y fiscales, y se han visto nacer jueces de pequeñas causas, extinción de
tierras, de ejecución civil, de ejecución de penas, contencioso administrativo, por lo
que, una planta de 8 y 7 personas para administrar justicia disciplinaria en los
referidos departamentos es insuficiente, teniendo en cuenta que los destinatarios
siguen creciendo progresivamente, sin contar la nueva competencia que les fue
asignada de juzgar a los empleados judiciales que multiplican la cifra en un 500%.
14. Revelaron que con la expedición del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015 fueron creados nuevos cargos para todas las jurisdicciones, en
todos los niveles, desde altas cortes hasta centros de servicios, no obstante, a la
jurisdicción disciplinaria ni siquiera se les mencionó, lo que en su criterio constituye
un acto abiertamente discriminatorio.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Del auto admisorio
1.5.1.1. Expediente 11001-03-15-000-2022-01691-00
15. Mediante auto del 18 de marzo de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación de
la parte accionante, del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del Trabajo -OIT,
el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del
Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de
Planeación, la Contraloría General de la República y, de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el
artículo 610 del Código General del Proceso.
1.5.1.2. Expediente 11001-03-15-000-2022-01758-00
16. En auto del 24 de marzo de 2022, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil
admitió el mecanismo de amparo y dispuso la notificación de la parte actora, del
Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial,
la Organización Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría
General de la República y, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
17. Asimismo, ordenó la vinculación, en calidad de terceros con interés, de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Caquetá, a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva – Florencia.
1.5.2. Del auto que niega la solicitud de la medida de suspensión provisional
18. A través de memorial enviado el 29 de marzo de 2022 al correo electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, los accionantes solicitaron i) la
suspensión del Acuerdo N.º 11941 de 2022 a través del cual el Consejo Superior de
la Judicatura creó unos distritos judiciales disciplinarios transitorios y; ii) el decreto de
una serie de pruebas; asuntos que fueron negados mediante auto del 27 de abril de
2022, el primero, porque no allegaron elementos de juicio que demostraran la
necesidad de decretar la suspensión del citado acto administrativo y, el segundo,
debido a que respecto de dichos elementos no se argumentaron las razones de
conducencia, pertinencia y utilidad para resolver los planteamientos expuestos en
esta tutela, aunado a que el material probatorio aportado al expediente resulta
suficiente para adoptar la decisión que en derecho corresponda.
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1.5.3. Del auto que decretó la acumulación de procesos
19. El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil remitió el proceso identificado con el
radicado N.º 11001-03-15-000-2022-01758-00, para que se estudiara la posibilidad
de decretar la acumulación, por lo que, al observarse que compartían identidad de
derechos vulnerados, se dirigen contra las mismas autoridades y se elevaron
pretensiones idénticas, la magistrada ponente de esta providencia avocó el
conocimiento de dicho proceso y lo acumuló con el radicado 11001-03-15-000-2022-
01691-00, en auto del 24 de mayo de 2022.
1.5.4. De la manifestación de impedimento y el auto que lo declara fundado
20. De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, mediante oficio del 15 de junio
de 2022, manifestó su impedimento para conocer y fallar la presente acción de tutela,
con fundamento en lo previsto en el numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
Código de Procedimiento Penal. Lo anterior, por cuanto en su calidad de presidente
del Consejo de Estado hace parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial, autoridad que figura como demandada en este mecanismo constitucional.
A través de auto del 16 de junio de 2022, la Sala que suscribe esta providencia
declaró fundado el impedimento del magistrado Moreno Rubio al advertir que, en
efecto, en virtud del artículo 96 de la Ley 270 de 19961, la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial está integrada, entre otros, por el presidente del Consejo de
Estado, razón por la cual en atención a que actualmente desempeña tal calidad y a
que en la acción de tutela de la referencia se notificó a la comisión, se encuentra
inmerso en la causal de impedimento consignada en el numeral 4.° del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.
1.5.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.5.5.1. Corte Suprema de Justicia
21. El presidente de la Corporación y miembro de la Comisión Interinstitucional de
la Rama Judicial, explicó que la protección de derechos que se invoca en este
trámite se funda en que las entidades demandadas no han adoptado medidas
orientadas a solventar la alta congestión que atraviesa la jurisdicción de la que
1
“ARTÍCULO 96. DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Habrá una
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, el
Fiscal General de la Nación, y un representante de los funcionarios y empleados de la Rama elegido
por éstos en la forma que señale el reglamento. (…)”. (Subrayado y destacado fuera del texto).
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forman parte y, por ende, solicitaron impulsar un proyecto de Ley tendiente a permitir
la elección de uno de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura por parte
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como la asignación de partidas
presupuestales para la reestructuración del personal de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caldas.
22. En ese orden, aseguró que la acción de tutela se dirigió contra la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, presidida por el presidente del Consejo
Superior de la Judicatura, razón por la que solicitó la desestimación del amparo por
falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que atañe a la corporación que
dirige.
1.5.5.2. Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
23. La secretaria ad hoc de la Comisión explicó que la dependencia que integra es
un foro de colaboración y participación previsto por el constituyente de 1991 en el
que se ejercen funciones eminentemente consultivas.
24. En ese contexto, explicó que carecen de legitimación en la causa por pasiva
para atender los requerimientos de esta acción constitucional, dado que el artículo 97
de la Ley 270 de 1996 no les asignó la función de fijar partidas presupuestales para
la creación de cargos en la Rama Judicial, ni tienen competencia para proferir una
orden en tal sentido.
25. Finalmente, puso de presente que la conformación de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial fue determinada por el legislador, en aplicación
de la amplia facultad que le otorgó el constituyente. En ese orden, explicó que la
participación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solo la puede fijar el
Congreso de la República.
1.5.5.3. Congreso de la República
26. El secretario general del Senado explicó que, aunque el Congreso de la
República hace las leyes, según el artículo 150 de la Constitución, lo cierto es que el
artículo 29 consagra que todas las actuaciones judiciales y administrativas atienden
al debido proceso, razón por la que les compete adelantar los procesos legislativos y
de control político, más no conocer sobre temas relacionados con las pretensiones
de esta tutela, por considerar que ello es competencia exclusiva de la rama ejecutiva.
En esa medida, solicitó su exclusión de la acción constitucional y que se envíe por
correo electrónico la decisión que frente a ello se adopte.
27. Posteriormente, a través de escrito del 28 de marzo de 2022, el jefe de la
División Jurídica del Senado de la República indicó que solo ante la ausencia de las
vías ordinarias y extraordinarias, o cuando las mismas no resulten idóneas para
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evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es admisible acudir a la acción de
tutela.
28. Asimismo, explicó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 5
de 1992, pueden presentar proyectos de ley, los senadores y representantes a la
cámara, el Gobierno Nacional, a través de sus ministros, la Corte Constitucional, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República, el fiscal general de la Nación y el Defensor del
Pueblo.
29. En ese contexto, aseguró que al existir otras instituciones habilitadas para
presentar a consideración normativa las diferentes políticas que deben reglarse, no
es dable concluir que la pasividad sea del Congreso sino del Consejo Superior de la
Judicatura.
30. En virtud de ello, solicitó que se nieguen las súplicas de la demanda respecto
del Congreso, teniendo en cuenta que no se demostró que la Corporación hubiese
vulnerado los derechos de la parte actora y, además, porque carece de legitimación
en la causa por pasiva para atender los requerimientos de la tutela.
1.5.5.4. Consejo Superior de la Judicatura
31. La magistrada auxiliar solicitó que se declare la improcedencia de la acción o,
en su defecto, se niegue el amparo deprecado con fundamento en que se han
implementado las medidas de conformidad con el presupuesto asignado por el
Gobierno Nacional para esta vigencia.
32. Explicó que la acción de tutela no es el mecanismo previsto para crear
despachos y cargos permanentes, ni para modificar los procedimientos dispuestos
en la Constitución, en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en la Ley de
Presupuesto y demás leyes que regulan la asignación de los recursos de la Rama
Judicial y los temas de competencia en materia disciplinaria.
33. Aclaró que de conformidad con los artículos 374 y siguientes de la Carta
Política es evidente que la Constitución solo podrá ser reformada por el Congreso de
la República, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo a través de un
referendo, iniciativa que podrá ser ejercida por el Gobierno Nacional, diez miembros
del Congreso, el 20% de los concejales o diputados y los ciudadanos en un número
equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente.
34. En ese contexto, indicó que lo pretendido en esta tutela por los magistrados de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas es abiertamente
improcedente, dado que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene la facultad de
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presentar proyectos de Actos Legislativos ante el Congreso de la República, lo que
demuestra la falta de legitimación en la causa por pasiva.
35. Asimismo, explicó que a través de la tutela no es posible solicitar la creación
de cargos permanentes, pues ello incide directamente en el presupuesto de la Rama
Judicial. Además de eso, recordó que la Constitución Política y la Ley 270 de 1996
establecen que el Consejo Superior de la Judicatura “(…) no podrá establecer con
cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo
servicio en la ley de apropiaciones iniciales (…)”.
36. De otro lado, trajo a colación diversas sentencias en las que, en sede de
tutela, la Corte Suprema de Justicia ha declarado la improcedencia del mecanismo
de amparo para disponer la creación de despachos judiciales y cargos en la Rama
Judicial, por ser el Consejo Superior de la Judicatura el órgano competente para ello,
razón por la que concluyó que no hay lugar a que en este asunto se ordene la
asignación de partidas presupuestales con el objeto de que se amplíen las plantas de
personal de las comisiones seccionales de disciplina judicial pues, no es posible
modificar la estructura de las corporaciones sin los estudios y documentos técnicos
que los soporten.
37. No obstante lo anterior, comentó que desde que fue creada la jurisdicción
disciplinaria a la fecha, la oferta judicial de dicha corporación ha tenido un
crecimiento del 15%, tal como se ha expuesto en los informes y rendición de cuentas
que se presentan ante el Congreso ya que en 1996 se contaba con 58 despachos a
nivel nacional, y actualmente existen 62 comisiones seccionales, fortalecimiento que
se fundó en las necesidades del servicio, pese a que no se han asignado partidas
presupuestales específicas.
38. De igual manera, expuso que con ocasión de la sentencia SU-355 del 27 de
agosto de 2020 de la Corte Constitucional, que dejó sin efectos la providencia del 6
de febrero de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, se iniciaron las
gestiones administrativas tendientes a dar cumplimiento inmediato. Por tal motivo, a
través del Acuerdo PCSJA20-11633 de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió las reglas de la convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a
magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la posterior publicación
de preseleccionados.
39. Surtidas dichas etapas de la convocatoria y en cumplimiento del cronograma
inicialmente fijado, se formuló el Acuerdo PSCJA20-11676 de noviembre de 2020
ante el Congreso de la República, corporación que, en sesión del 2 de diciembre de
dicho año, eligió a los 7 dignatarios que ahora conforman la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial por un periodo constitucional de 8 años.
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40. En ese orden, explicó que para poder garantizar la transición de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Judicial a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de
las Salas disciplinarias seccionales a las comisiones seccionales de disciplina
judicial, se consideró, entre otras disposiciones, suspender los términos judiciales
con el objeto de hacer el inventario de asuntos, se establecieron unas reglas para la
entrega de los procesos y se reglamentó el reparto, se definió la planta de cargos.
41. En esa medida, indicó que para el año anterior y para esta vigencia se
adoptaron medidas de descongestión para la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y unas comisiones seccionales, de acuerdo con los recursos asignados y las
diferentes necesidades que tiene la Rama Judicial en sus jurisdicciones y
especialidades.
A. Para el año 2020, las comisiones seccionales que tuvieron una medida
permanente fueron, i) Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca, con la
creación de un despacho de magistrado; ii) Bolívar, Boyacá, Cauca,
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño y Valle del Cauca, en las que se incluyó
un cargo de sustanciador en cada despacho y; iii) Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, en donde se sumaron los cargos de
escribiente y citador en las secretarías.
B. Para el año 2021, se dispuso a nivel seccional el fortalecimiento transitorio (del 26
de febrero al 10 de diciembre de ese año), con un cargo de sustanciador para los
despachos de magistrado de las comisiones de Antioquia, Boyacá, Bolívar,
Nariño, Magdalena, Meta, Santander y Tolima.
C. Para el año 2022, en el anteproyecto de presupuesto que se presentó ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público se solicitó “(…) la creación de 4.296
cargos permanentes para atender las necesidades más apremiantes de la Rama
Judicial en cuanto a planta de personal, de los cuales 168 serían para la
Jurisdicción Disciplinaria (46 para la Comisión Nacional y 122 para las comisiones
seccionales). No obstante, al reiterar esta solicitud (…) el precitado Ministerio
señaló que las disponibilidades fiscales que sirvieron de base para la
programación del presupuesto 2022 no permitieron atender el monto de la
solicitud efectuada”.
42. Así las cosas, comentó que el Gobierno Nacional no asignó recursos
adicionales en el presupuesto del 2022 que permitiera la creación de cargos a
efectos de atender lo previsto en la Ley 2094 de 2021 que modificó la Ley 1952 de
2019, por medio de la cual se expidió el Código General Disciplinario. No obstante,
resaltó que ante la evidente congestión que se presenta en los despachos judiciales
de todo el país, el Consejo Superior de la Judicatura solicita cada año los recursos
que permitan fortalecer las diferentes jurisdicciones a través de la creación de cargos
permanentes y transitorios.
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Demandantes: Miguel Ángel Barrera Núñez y otros
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43. Mencionó que en la medida en que los recursos presupuestales lo han
permitido, la corporación ha dispuesto los traslados para atender las necesidades
evidenciadas en la jurisdicción disciplinaria, por ejemplo, para la vigencia de 2021 se
crearon 42 cargos transitorios para apoyar la Comisión Nacional, mientras que en la
que ahora va en curso se han creado 31, de los cuales 12 corresponden a las
comisiones seccionales, medidas que han impactado positivamente la gestión
judicial, tal como se puso de presente en el informe que se radicó en el Congreso, en
el que se consignó “(…) se reportan egresos efectivos superiores a los ingresos del
periodo, significando esto una reducción en los inventarios de la jurisdicción”.
44. Finalmente, puso de presente que para el anteproyecto 2023 se va a solicitar
el aumento de despachos de magistrados en cada comisión seccional de disciplina
judicial, atendiendo a los niveles de demanda de justicia, con el propósito de que
cada comisión del país cuente con el número de despachos suficientes para
garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en los
procesos disciplinarios, en cumplimiento de la Ley que ahora lo regula.
1.5.5.4. Contraloría General de la República
45. El contralor delegado para el Sector Justicia de la entidad propuso la falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, solicitó la desvinculación del
trámite tutelar con fundamento en que el órgano de control fiscal no ha realizado
alguna acción u omisión que amenace o vulnere los derechos fundamentales de la
parte actora.
1.5.5.5. Consejo de Estado
46. El presidente de la Corporación y miembro de la Comisión Interinstitucional de
la Rama Judicial manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Acuerdo N.º CIRJA21-08 del 10 de junio de 2021, indicó que la presidencia de la
mencionada comisión está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y, en tal
medida, es el llamado a presentar el informe de tutela a que haya lugar.
1.5.5.6. Ministerio de Justicia y del Derecho
47. El director de Justicia Formal del ministerio afirmó que luego de revisar los
hechos y pretensiones de la tutela, observó que la presunta vulneración no puede
alegarse respecto de la entidad. En ese orden, mencionó que, desde el punto
constitucional y legal, no se advierte que tengan injerencia y participación en los
procesos de la Rama Judicial, pues corresponde a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura ejecutar el Plan Nacional de Descongestión, situación que
demuestra la falta de relación causal o de imputación del ministerio en lo ocurrido en
el presente asunto. En ese contexto, solicitó la desvinculación del trámite por carecer
de legitimación en la causa por pasiva.
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1.5.5.7. Ministerio del Trabajo
48. La asesora de la Oficina Jurídica de la cartera indicó que, una vez analizados
los hechos y pretensiones manifestados en el escrito tutelar, se concluyó que el
ministerio no ha violado o amenazado los derechos deprecados, toda vez que no
interviene en la creación de cargos del sector estatal. Así las cosas, alegó la falta de
legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta que no existen obligaciones
ni derechos recíprocos entre los accionantes y la entidad, razón por la que solicitó la
desvinculación del proceso constitucional.
1.5.5.8. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
49. La abogada delegada por el ministro explicó que no son los llamados a cumplir
lo solicitado por la parte accionante, dado que las apropiaciones presupuestales no
se asignan a las entidades por actividades específicas, puesto que dicha
desagregación le corresponde a cada entidad al ejecutar los recursos en virtud de la
autonomía presupuestal que el Estatuto Orgánico del Presupuesto le otorgó a las
entidades públicos, por lo que en este caso corresponde a la Rama Judicial la
responsabilidad de ejecutar lo asignado y determinar la estructura y plantas de
personal de las corporaciones y juzgados.
50. Destacó que la Corte Constitucional considera que no se puede interferir en la
ejecución del presupuesto de las entidades, so pena de invadir la órbita de
competencia de cada una de ellas. Finalmente exhibió que los recursos asignados a
la Rama Judicial para la vigencia de 2022, por cada una de las unidades ejecutoras
es el siguiente:
51. A partir de ello, mencionó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene
asignado un presupuesto independiente por la suma de “$84.939.7 millones (sic)” en la
Unidad Ejecutora 27-01-09 que corresponde a la financiación de los gastos para el
funcionamiento de dicha corporación, y que los recursos para las comisiones
seccionales fueron solicitados por el director ejecutivo de administración judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los oficios N.º DEAJO21-104
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del 24 de febrero de 2021, DEAJO21-178 del 25 de marzo de 2021 y DEAJO21-287
del 3 de junio de 2021.
52. Finalmente, explicó que la asignación presupuestal no es discrecional, sino
que obedece a los mandatos legales establecidos en la Constitución y en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto y sus reglamentos, es así como la incorporación de los
gastos de las entidades se supeditan a i) la disponibilidad de recursos que permitan
financiar el gasto; ii) el marco fiscal de mediano plazo que contiene el plan financiero
y; iii) la Ley de Regla Fiscal, cuya finalidad es mantener la sostenibilidad del Estado.
53. En ese orden de ideas, solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo respecto del Ministerio y se ordene su desvinculación del trámite.
1.5.5.9. Alejandra María Zúñiga Sánchez y Sandra Milena Rincón Sánchez
54. La auxiliar judicial grado I del despacho del magistrado Miguel Ángel Barrera
Núñez, en nombre propio y como madre de los menores SPZ y PSZ y, la oficial
mayor de la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, en
nombre propio y como madre de los menores JCR y MJCR, respectivamente,
coadyuvaron las pretensiones de la tutela toda vez que, pese a los continuos
esfuerzos porque se amplíe la planta de personal en la jurisdicción disciplinaria, no
ha sido posible que el Consejo Superior de la Judicatura las atienda.
55. Para el efecto, manifestaron que pueden “(…) dar fe que lo descrito por los
actores resulta cierto y acorde con la realidad que vivimos las personas que
laboramos en la jurisdicción disciplinaria, en este momento, en la actual Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, antes Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, en punto a soportar volúmenes de
trabajo excesivos para el escaso personal que conforma cada uno de los despachos
(magistrado y auxiliar judicial) y la secretaría (secretario, oficial mayor y citador);
debiendo literalmente reinventarnos constantemente y, además, ocupar más del
tiempo reglamentario, trabajando horas extralaborales y fines de semana que
deberían ser dedicados a nuestras familias”.
1.5.5.10. Corte Constitucional
56. La presidente de la corporación indicó que la Corte Constitucional no está
legitimada en la causa por pasiva, con fundamento en que la presunta vulneración de
derechos no deviene de alguna acción u omisión de su parte. En consecuencia,
solicitó la desvinculación del trámite por no ser la llamada a responder por las
amenazas alegadas.
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1.5.5.11. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva –
Huila, Coordinación Administrativa de Florencia – Caquetá
57. Con documento suscrito por el asistente administrativo grado 6, la entidad
certificó que la planta permanente de personal del Distrito Judicial del Caquetá está
conformada por los funcionario y empleados que a continuación se relacionan:
1.5.5.12. Comisión Nacional de Disciplina Judicial
58. La presidenta de la Corporación consideró que no es posible hacer un
pronunciamiento sobre los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por los
accionantes de esta tutela, toda vez que las pretensiones de la demanda desbordan
las funciones constitucionales y legales que le fueron conferidas a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
59. No obstante, precisó que en dicha entidad son conscientes de la necesidad de
fortalecer las plantas de personal de la jurisdicción que dirigen, con el objeto de
garantizar la prestación eficiente del servicio, ante la entrada en vigencia de la Ley
1952 de 2019 y la reforma que trajo la Ley 2094 de 2021, razón por la cual se han
desplegado diferentes acciones de manera concomitante con el Consejo Superior de
la Judicatura, para obtener los recursos y/o adiciones presupuestales necesarias,
para la creación de nuevos cargos, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
60. Finalmente, indicó que la vulneración de derechos alegada no es endilgable a
la comisión, ni las solicitudes de los accionantes están encaminadas a su
vinculación, razón por la que solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva
de la entidad.
1.5.5.13. Fiscalía General de la Nación
61. El director de Asuntos Jurídicos de la entidad alegó la improcedencia del
mecanismo por no superarse el requisito de la subsidiariedad, con fundamento en
que “(…) la acción de tutela no puede ser concebida como una instancia idónea para
tramitar y decidir conflictos de orden legal, pues para ello el legislador dispuso las
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autoridades competentes, así como los medios y recursos adecuados”. Al respecto,
aseguró que dicho presupuesto puede flexibilizarse cuando, i) existiendo otros
medios de defensa, se compruebe que aquellos no son eficientes o idóneos y; ii)
cuando la acción constitucional sea usada como instrumento transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
62. A partir de dicha precisión, afirmó que en el presente asunto se pretende
emplear el mecanismo de amparo para impulsar un proyecto legislativo, amparados
en el presunto trato desigual con entidades como la Procuraduría General de la
Nación, situación que no está llamada a prosperar por las siguientes razones: a) la
igualdad se predica entre iguales y en este caso las funciones y competencias
encomendadas a cada entidad son diferentes; b) el legislador ya estableció cuál es el
trámite para impulsar un proyecto de ley y quiénes están legitimados para tal fin; c) lo
solicitado por la parte actora ya fue objeto de estudio al momento de la creación de la
Comisión de Disciplina Judicial y la fijación de sus funciones y; d) la tutela no es el
medio previsto para proponer como candidato a un miembro de un cuerpo colegiado
disciplinario para que integre la comisión de esta misma naturaleza jurídica.
63. De otro lado, mencionó que la entidad carece de legitimación en la causa por
pasiva, debido a que el requerimiento no es de su competencia, dado que de la
conducta descrita en los hechos de la solicitud de amparo quedó demostrado que el
ente investigador y acusador no ha desplegado acciones que amenacen o
transgredan los derechos fundamentales de la parte actora.
1.5.5.14. Departamento Nacional de Planeación – DNP
64. La apoderada judicial de la entidad manifestó que los argumentos de los
actores evidencian prima facie que el instrumento se empleó para satisfacer
pretensiones que no son procedentes por esta vía, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
65. Mencionó que en este asunto se plantea un problema que apunta al
fortalecimiento de la planta de personal y logístico de las comisiones seccionales de
disciplina judicial, así como el trámite de un proyecto de Acto Legislativo que permita
la elección de uno de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura por parte
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como la asignación de partidas
presupuestales que permitan reestructurar los despachos, situaciones que
desbordan los aspectos propios de esta acción constitucional, pues existen otros
medios para invocar como es el caso de la acción de cumplimiento ante la
jurisdicción contencioso administrativa.
66. Aseguró que la entidad que representa no tiene a su cargo presentar
iniciativas legislativas ni asignar partidas presupuestales, razón por la que carecen
de legitimación en la causa por pasiva; asimismo, agregó que a partir de los
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argumentos expuestos en la tutela tampoco se evidencia que el DNP haya
transgredido o amenazado los derechos fundamentales de los actores, motivos por
los cuales solicitó la desvinculación del trámite de amparo.
1.5.5.15. Ministerio de Salud y Protección Social
67. La apoderada judicial de la cartera ministerial se opuso a las pretensiones
formuladas al considerar que la entidad no ha violado ni amenazado derecho alguno.
En ese orden, alegó la improcedencia del mecanismo por carecer de legitimación en
la causa por pasiva, ante la ausencia de responsabilidad que les sea imputable,
máxime, si se tiene en cuenta que no ha tenido ningún vínculo laboral con los
accionantes ni es superior del Consejo Superior de la Judicatura.
1.5.5.16. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura
68. La directora de la dependencia solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo o que, en su defecto, se nieguen las súplicas de la demanda por haberse
acreditado que el Consejo Superior de la Judicatura ha implementado las medidas
que han sido posibles, de acuerdo con el presupuesto que les ha sido asignado el
Gobierno Nacional. Lo anterior, con sustento en los argumentos que pasan a
exponerse:
69. Lo primero que precisó fue que el Consejo Superior de la Judicatura es
autónomo para determinar las plantas de personal de las corporaciones y juzgados,
tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 2012, razón por
la que no es posible, como lo pretende la parte actora, que se emplee el mecanismo
de amparo constitucional, que por su naturaleza es excepcional y subsidiario, para
que se cercenen las competencias del órgano, sin los estudios y documentos
técnicos que permitan variar la estructura de los despachos.
70. Posterior a ello, explicó que desde que se creó la jurisdicción disciplinaria en la
Constitución Política de 1991 hasta la fecha, la oferta judicial ha tenido un
crecimiento del 15%, tal como se desprende de los informes que se han presentado
ante el Congreso y la rendición de cuentas. Mencionó que en 1996 contaban con 58
despachos de magistrados a nivel seccional, y actualmente la cifra asciende a 62,
fortalecimiento que se fundamentó en las necesidades, pese a que no se han
asignado partidas presupuestales específicas.
71. Asimismo, puso de presente que tanto para el 2021 como el año en curso se
adoptaron medidas de descongestión para la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, como para ciertas comisiones seccionales de disciplina judicial, de acuerdo
con los recursos concedidos y las diferentes necesidades que tiene la Rama Judicial
en cada una de sus jurisdicciones y especialidades.
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72. Mencionó que en el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022 se
solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la creación de 4.296 cargos
permanentes que permitieran atender las necesidades más apremiantes de la rama
en cuanto a la planta de personal, de los cuales 168 serían para la jurisdicción
disciplinaria. Al reiterar tal solicitud la citada cartera indicó que las disponibilidades
fiscales que sirvieron de base para la programación del presupuesto 2022 no
permitieron atender el monto de la petición elevada.
73. Así las cosas, aseguró que, por medio de la adopción de medidas transitorias,
la Corporación ha impactado positivamente a la gestión judicial de la comisión
nacional y las seccionales de disciplina, con sustento en el informe que se presentó
ante el Congreso de la República, en el que se indicó que “se reportan egresos
efectivos superiores a los ingresos del periodo, significando esto una reducción en los
inventarios de la jurisdicción”.
74. Luego de ello, afirmó que para el anteproyecto 2023 se solicitó aumentar el
número de despachos de magistrados en cada comisión seccional, teniendo en
cuenta los niveles de demanda de justicia, la cual se concreta en el fortalecimiento
de las plantas que actualmente operan en los despachos y las secretarías, con el
propósito de que cada comisión cuente con el número suficiente para garantizar la
separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos
disciplinarios que exige la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 12 de la Ley
1952 de 2019.
75. Finalmente, puso de presente que las comisiones seccionales de disciplina
judicial de Santander, Caldas, Magdalena, Bolívar, Risaralda, Nariño y Tolima
también presentaron acciones de tutela con identidad de partes accionadas y
pretensiones.
1.5.5.17. La Organización Internacional del Trabajo -OIT y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, pese a haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
76. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
los señores Miguel Ángel Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez
y Manuel Enrique Flórez, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
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2.2. Legitimación en la causa
77. En primer lugar, la Sala advierte que los señores Miguel Ángel Barrera Núñez,
Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez y Manuel Enrique Flórez están legitimados
en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en
que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de
representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular
de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa.
También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los
personeros municipales2.
78. En el caso concreto, se tiene que los tutelantes, en calidad de magistrados de
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Caldas y Caquetá, presentaron
la tutela con ocasión de la alta congestión judicial por la que atraviesa la jurisdicción
disciplinaria, situación que ha vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que es
claro que con los titulares del derecho fundamental cuya vulneración alegan.
79. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la parte actora dirigió la
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, la Organización Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso de la
República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y
la Contraloría General de la República al considerar que a través de estas entidades
es posible adelantar todas las diligencias tendientes a solventar la alta congestión
que registra la jurisdicción disciplinaria.
80. Para analizar la legitimación en la causa por pasiva, resulta pertinente
recordar que lo pretendido a través de este mecanismo es que se ordene a las
entidades accionadas, i) que presenten y tramiten un proyecto de ley que permita
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial participe en la elección de los
miembros del Consejo Superior de la Judicatura y; ii) que se asignen las partidas
presupuestales necesarias para reestructurar las plantas de personal de la
jurisdicción disciplinaria, de manera que se puedan ampliar los recursos humanos
que laboran al servicio de las comisiones seccionales de disciplina judicial.
81. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 5ª de 1992, se observa
que la iniciativa legislativa en Colombia está, en principio3, en cabeza de “los
Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas; el
Gobierno Nacional, a través de los Ministros del Despacho, la Corte Constitucional, el
2
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
3
Toda vez que de acuerdo con el artículo 141 del mismo cuerpo normativo, también pueden presentar proyectos de ley, en
razón del mecanismo popular de participación, i) un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente a
la fecha respectiva; ii) un 30% de los concejales del país y; iii) un 30% de los diputados del país.
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Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo”.
82. Asimismo, debe precisarse que de conformidad con el artículo 23 de la
Constitución Política, las entidades internacionales, como es el caso de la OIT, no
tienen la calidad de autoridad pública en el ordenamiento jurídico interno, ya que no
ejercen ningún tipo de potestad sobre los ciudadanos.
83. Al respecto, los principios del derecho internacional reconocidos por Colombia
en el artículo 9 superior, consagran inmunidades y privilegios que los eximen del
deber de comparecencia ante los tribunales nacionales, lo que en manera alguna
significa el desconocimiento de derechos ni la privación del acceso a la debida
administración de justicia, toda vez que, “(…) en aquellos casos en los que una persona
sufra un daño del que se derive la obligación de indemnizar en cabeza de un sujeto que goza
de inmunidad, el llamado a responder será el Estado colombiano4”.
84. En ese contexto, es evidente que de las entidades accionadas, las únicas que
de manera general carecerían de legitimación en la causa por pasiva son la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del
Trabajo -OIT y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, por ello se decretará
en la parte resolutiva de esta providencia, sobre la base de considerar que tampoco
tienen la capacidad de asignar partidas presupuestales que permitan ampliar la
planta de personal de las comisiones seccionales de disciplina judicial.
85. De otro lado, se observa que de las autoridades que fueron vinculadas a este
trámite constitucional, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso
de la República, así como los Ministerios de Justicia y del Derecho, de Salud y
Protección Social, del Trabajo y de Hacienda, así como la Contraloría General de la
República y el Consejo de Estado, alegaron la falta de legitimación en la causa por
considerar que la presunta vulneración de derechos no deviene de alguna acción u
omisión de su parte y, en ese orden, pidieron la desvinculación del instrumento de
amparo. En ese orden, debe precisarse que esta Sala de Decisión no accederá a ello
porque fueron vinculados como terceros con interés y no como demandados, dado el
interés que les asiste en la resolución de este trámite constitucional.
4
Corte Constitucional, sentencia T-093 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo. En dicha providencia, se destacó que “(…)
Colombia se ha inscrito en lo que la jurisprudencia constitucional y la emanada del Consejo de Estado refiere como
la inmunidad relativa de jurisdicción de agentes diplomáticos circunscrita a dos escenarios específicos: (i) en materia laboral
se ha indicado lo siguiente: según el artículo XXXI de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961 los
agentes diplomáticos tendrán inmunidad absoluta en materia penal, civil y administrativa, de manera que se ha interpretado
restrictivamente la norma concluyendo que la Convención no contempló la inmunidad en relación con la jurisdicción laboral,
además de que el Estado extranjero debe someterse a las normas de seguridad social del Estado receptor , siempre que no
esté acreditado que el ciudadano diplomático se haya sometido a las leyes extranjeras; (ii) por su parte el Consejo de Estado
relativizó también el tema de la inmunidad diplomática y solo la aplica cuando se trata de actuaciones que estén estrechamente
ligadas con el organismo internacional. De no ser así, no puede hablarse de inmunidad diplomática y por ende el organismo del
Estado tendría competencia para conocer del conflicto presentado”.
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2.3. Coadyuvancia
86. Las señoras Alejandra María Zúñiga Sánchez y Sandra Milena Rincón
Sánchez, la primera en su calidad de auxiliar judicial grado I del despacho del
magistrado Miguel Ángel Barrera Núñez y, la segunda, como oficial mayor de la
Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, en nombre
propio y en representación de sus hijos, coadyuvaron las pretensiones de la tutela
toda vez que, pese a los continuos esfuerzos porque se amplíe la planta de personal
en la jurisdicción disciplinaria, no ha sido posible que el Consejo Superior de la
Judicatura las atienda.
87. Para el efecto, manifestaron que pueden “(…) dar fe que lo descrito por los
actores resulta cierto y acorde con la realidad que vivimos las personas que laboramos en la
jurisdicción disciplinaria, en este momento, en la actual Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Caldas, antes Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Caldas, en punto a soportar volúmenes de trabajo excesivos para el escaso
personal que conforma cada uno de los despachos (magistrado y auxiliar judicial) y la
secretaría (secretario, oficial mayor y citador); debiendo literalmente reinventarnos
constantemente y, además, ocupar más del tiempo reglamentario, trabajando horas
extralaborales y fines de semana que deberían ser dedicados a nuestras familias”.
88. En materia de acciones de tutela, la coadyuvancia está prevista en el inciso 2º
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, el cual señala que “quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de
la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
89. En la sentencia de 30 de octubre de 20145, el Consejo de Estado explicó que
basta con demostrar el interés legítimo en las resultas del proceso para actuar como
coadyuvante en sede de amparo, pues con ello se materializa el fin esencial del
Estado de facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los
afectan, lo cual se encuentra contemplado en el artículo 2º de la Constitución
Política, de ahí que la solicitud de coadyuvancia pueda realizarse mientras no se
haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, de conformidad con el
artículo 716 del Código General del Proceso.
90. En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión aceptará la manifestación de
coadyuvancia de las citadas funcionarias.
2.4. Problema jurídico
91. Corresponde a la Sala analizar lo siguiente:
5
M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-41-000-2014-01394-01.
6
“ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se
extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el
proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.”
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Demandantes: Miguel Ángel Barrera Núñez y otros
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicados: 11001-03-15-000-2022-01691-00 y
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• ¿Si las autoridades demandadas, en el marco de sus competencias,
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas de los accionantes, por la presunta omisión de adelantar
las medidas tendientes a solventar la alta congestión judicial por la que
atraviesan actualmente las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, en
la que laboran como magistrados, puntualmente, i) por no presentar y tramitar
un proyecto de ley que permita que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
participe en la elección de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura
y; ii) por no asignar las partidas presupuestales necesarias para reestructurar
las plantas de personal de la jurisdicción disciplinaria, de manera que se
puedan ampliar los recursos humanos que laboran al servicio de la
corporación a la que pertenecen?
2.5. Razones jurídicas de la decisión
92. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) del carácter subsidiario del
mecanismo de amparo; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.5.1 Panorama general de la acción de tutela
93. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
94. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio
de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para evitar la lesión del derecho fundamental.
2.5.2. Del carácter subsidiario del mecanismo de amparo
95. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591
de 1991.
96. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
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a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.
97. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia7.
98. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los
operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y legalidad.
2.5.3. Caso concreto
99. En criterio de los señores Miguel Ángel Barrera Núñez, Juan Pablo Silva
Prada, Gloria Iza Gómez y Manuel Enrique Flórez, como magistrados de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Caldas y Caquetá, las autoridades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas.
100. Lo anterior, con fundamento en la presunta omisión de las entidades
demandas i) al no presentar y tramitar un proyecto de ley que permita que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial participe en la elección de los miembros del
Consejo Superior de la Judicatura y; ii) por no asignar las partidas presupuestales
necesarias para reestructurar las plantas de personal de la jurisdicción disciplinaria,
de manera que se puedan ampliar los recursos humanos que laboran al servicio de
la corporación a la que pertenecen.
101. En ese contexto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
mecanismo de tutela para resolver los puntos que fueron puestos a consideración, de
acuerdo con los argumentos que pasan a exponerse.
7
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los
derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
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102. En relación con el primer punto, esta Sala de Decisión observa que el
reproche de los tutelantes se dirige a atacar el artículo 2548 de la Constitución
Política, que establece que son seis los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura y que éstos serán elegidos por los máximos órganos de las jurisdicciones
ordinaria, constitucional y contencioso administrativo, así: dos por la Corte Suprema
de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado, por un
periodo de ocho años.
103. Ello, al considerar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como
máximo juez de la jurisdicción disciplinaria, debería tener cabida en dicho proceso de
elección, sobre la base de considerar que también hacen parte de la Rama Judicial.
104. Al respecto, debe precisarse que, de acuerdo con lo dispuesto en el título
trece de la Constitución Política, la norma superior sólo podrá ser reformada por el
Congreso de la República, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo
mediante un referendo, iniciativa que podrá ejercerse por parte del Gobierno
Nacional, diez miembros del Congreso, por el 20% de los concejales o diputados del
país, o por un número de ciudadanos equivalentes a, por lo menos, el 5% del censo
electoral vigente.
105. En ese orden de ideas, es evidente que el mecanismo de amparo no es el
instrumento idóneo para conseguir que se incluya a un representante de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial dentro del grupo de las altas cortes que tienen a cargo
la elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura pues, se reitera,
dicho procedimiento se encuentra reglado por la Constitución Política en su artículo
254.
106. Igual suerte corre el segundo cargo puesto a consideración de esta Sala de
decisión, atendiendo a que lo pretendido por los magistrados tutelantes consiste en
que el juez constitucional invada la órbita de competencia del Consejo Superior de la
Judicatura como autoridad encargada de determinar la estructura y las plantas de
personal de las corporaciones y juzgados, para lo cual está facultada para crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, determinar sus
funciones y señalar los requisitos para su desempeño, según el artículo 2579 de la
Carta Magna.
8
ARTICULO 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un período de ocho
años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.
9
ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo
Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la
organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que
se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.
5. Las demás que señale la ley.
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107. Ello, teniendo en cuenta que el principal objetivo de este instrumento de
amparo era que se ordenara la asignación de partidas presupuestales que
permitieran lograr la ampliación de las plantas de personal de la jurisdicción
disciplinaria, con fundamento en la alta congestión de procesos que padecen.
108. Así las cosas, además de que por vía de tutela no es posible desconocer la
autonomía que la misma Constitución Política le otorgó al Consejo Superior de la
Judicatura para determinar y estructurar las plantas de personal como órgano de
gobierno de la Rama Judicial, tampoco se puede olvidar que las reformas en el
capital humano de las corporaciones y los juzgados deben atender siempre a unos
estudios estadísticos, presupuestales y técnicos, todo lo cual se encuentra
condicionado a la existencia de las partidas presupuestales correspondientes,
teniendo en cuenta que el numeral 9º del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 establece
de manera expresa que “(…) no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales”, pues ello se tramita con un proyecto de ley que debe cumplir con todas las
etapas previstas para tal fin.
2.6. Conclusión
109. La Sala declarará la improcedencia de la tutela por no ser este el mecanismo
idóneo y eficaz para pretender reformar la Constitución Política, ni para ordenar la
apropiación de partidas presupuestales que permitan ordenar la ampliación de las
plantas de personal de las corporaciones que componen la jurisdicción disciplinaria y,
en esa medida, sustituir la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para
determinar la estructura de la Rama Judicial.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva de la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del
Trabajo -OIT y el Departamento Nacional de Planeación – DNP.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por la Corte
Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso de la República, los Ministerios de Justicia y del Derecho, de Salud y
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Protección Social, del Trabajo y de Hacienda, así como la Contraloría General de la
República y el Consejo de Estado.
TERCERO: RECONOCER la calidad de coadyuvantes de las señoras Alejandra
María Zúñiga Sánchez y Sandra Milena Rincón Sánchez.
CUARTO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela instaurada por los
señores Miguel Ángel Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez y
Manuel Enrique Flórez contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del Trabajo -OIT,
el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del
Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de
Planeación y la Contraloría General de la República.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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