Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01778-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01778-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01778-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
4 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01778-00
Demandantes: Humberto Rodríguez Arias y otra
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01778-00
Demandantes: HUMBERTO RODRÍGUEZ ARIAS Y OTRA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – congestión judicial – declara la improcedencia
del mecanismo de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala se pronuncia sobre la demanda que, en ejercicio de esta acción
constitucional, presentaron los señores Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco
Monsalve1, que fue remitida a esta Sección del Consejo de Estado por el
conocimiento previo de las acciones acumuladas bajo el radicado N.º 11001-03-15-
000-2022-01691-00.
Lo anterior, porque comparten identidad de situación fáctica, causa petendi y
autoridades accionadas con la inicialmente ejercida por los señores Miguel Ángel
Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez y Manuel Enrique Flórez,
que fue resuelta en sentencia del 16 de junio de 2022.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 18 de marzo de 2022 en el correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Humberto Rodríguez Arias y
Victoria Vasco Monsalve, actuando en nombre propio y en calidad de magistrados de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó, ejercieron acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial, la Organización Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso de la República,
1
En ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-01778-00
Demandantes: Humberto Rodríguez Arias y otra
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría
General de la República, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas.
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la presunta omisión de las autoridades que, en el
marco de sus competencias, no han generado las medidas para solventar la alta
congestión judicial por la que atraviesan actualmente las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial en la que laboran como magistrados, situación que les ha privado
“(…) del derecho elemental de dedicar tiempo a nuestras familias, al deporte, a
actividades socio-culturales en nuestro tiempo libre, en desmedro incluso de nuestra
propia salud”.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron:
“(...) 1. SE ORDENE A LOS ACCIONADOS PRESENTAR Y TRAMITAR AL
INICIO DEL SIGUIENTE PERIODO LEGISLATIVO, PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO QUE PERMITA LA ELECCIÓN DE UNO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA POR PARTE DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.
2. SE ORDENE A LOS ACCIONADOS, CADA UNO DENTRO DE SUS
COMPETENCIAS, ASIGNAR PARTIDAS PRESUPUESTAL (sic)
INDEPENDIENTE Y SUFICIENTES QUE REESTRUCTURE Y DE (sic)
DETERMINEN PARA ESTA COMISIÓN SECCIONAL AL MENOS UN
MAGISTRADO MÁS Y LA DOTACIÓN DE PERSONAL SUFICIENTE PARA
ADELANTAR LABORES DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO QUE DEBE
INCLUIR CUANDO, PARA CADA UNO DE LOS TRES DESPACHOS DE
MAGISTRADOS, AL MENOS:
1 ABOGADO ASISTENTE,
1 AUXILIAR JUDICIAL,
1 OFICIAL MAYOR,
1 ESCRIBIENTE Y
1 AUXILIAR DE SISTEMAS
Y DOTAR A LA SECRETARÍA JUDICIAL DE:
2 OFICIALES MAYORES
2 ESCRIBIENTES
1 AUXILIAR DE SISTEMAS 2 CITADORES.
LO ANTERIOR EN ORDEN A SOLVENTAR RAZONABLEMENTE LA ALTA
CONGESTIÓN QUE REGISTRAMOS, LAS NUEVAS COMPETENCIAS Y
NUEVOS PROCEDIMIENTOS A ASUMIR, EN UN PLAZO MAXIMO (sic) DE UN
MES, ANTE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO
DISCIPLINARIO LEY 1952 Y 2094 DE 2021 DE MODO QUE SE NOS PERMITA
TRABAJAR EN CONDICIONES DIGNAS, COMO LAS DEMÁS
JURISDICCIONES”.
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1.3. Del expediente que se identificó con el radicado N.º 11001-03-15-000-2022-
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1.3.1. Primera instancia
4. En providencia del 16 de junio de 2022, esta Sección del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la tutela instaurada por los señores Miguel Ángel
Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada, Gloria Iza Gómez y Manuel Enrique Flórez,
por considerar que este no era el instrumento idóneo y eficaz para pretender
reformar la Constitución Política, ni para ordenar la apropiación de partidas
presupuestales que permitan ordenar la ampliación de las plantas de personal de las
corporaciones que componen la jurisdicción disciplinaria y, en esa medida, sustituir la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura para determinar la estructura de
la Rama Judicial.
1.3.2. Segunda instancia
5. Inconforme con dicha determinación, la parte actora la impugnó. El asunto fue
asignado para resolver la segunda instancia a la magistrada María Adriana Marín,
integrante de la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin
embargo, a la fecha no se ha proferido tal decisión.
1.4. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
6. Explicaron que son magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Chocó en virtud del concurso de méritos que superaron
satisfactoriamente y cuya función esencial es la de investigar jueces, fiscales,
abogados, auxiliares de la justicia, árbitros, conciliadores, notarios cuando asumen
funciones jurisdiccionales y, recientemente, empleados de la Rama Judicial, lo que
se constituye como “(…) un mecanismo de control social institucional que contribuye a
prevenir y combatir la corrupción dentro de todo el ámbito de la administración de justicia y
pública cuando vincula abogados en ejercicio (…)”.
1.5. Fundamentos de la vulneración
7. Los señores Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco Monsalve indicaron
que, pese a cumplir la función de “jueces (…) con una gran misión constitucional de
combatir la corrupción latente en el contexto judicial” en virtud de su calidad de
magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó, las
autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y al
trabajo en condiciones dignas.
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8. Alegaron que la discriminación se origina desde la misma Constitución, que no
contempla que la cabeza de la jurisdicción disciplinaria participe en la elección de los
miembros del Consejo Superior de la Judicatura, ente que administra los recursos de
la Rama Judicial y que se encarga, entre otros, de presentar el informe sobre el
estado de la administración de justicia (descongestión) al Congreso de la República,
lo que genera que los recursos en materia de estructuración de plantas de personal
se destinen a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de
Estado, como corporaciones que los eligen, sin tener en cuenta la situación particular
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y menos aún las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial.
9. Reprocharon que desde la perspectiva de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia se observa que la jurisdicción disciplinaria tampoco cuenta con
representación ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, como órgano
de gobierno que define las políticas del sector, en el que “tampoco tenemos voz ni
voto”.
10. Destacaron que su función consiste en iniciar procesos y decretar pruebas
para cumplir con el objeto de investigar y juzgar a quienes ejercen funciones
permanentes y transitorias -jueces, fiscales, empleados, jueces de paz,
conciliadores, tribunales de arbitramento, notarios, así como empleados y auxiliares
de la justicia en todo Chocó-, a través del procedimiento escritural Ley 734 de 2002 y
que investigan abogados por el sistema oral desde la Ley 1123 de 2007, lo que
implica un análisis de alta complejidad por investigar personal de alto conocimiento
jurídico.
11. Explicaron que cada proceso debe avocarse, sustanciarse, instituirse,
calificarse, juzgarse y fallarse, lo que naturalmente requiere un apoyo con el que no
cuentan, razón por la que viven en permanente reinvención, “(…) todo el tiempo
mirando cómo sustanciar, practicar pruebas, asistiendo a audiencias, casi que de manera
permanente abriendo espacio en nuestras agendas, para poder emitir nuestras sentencias,
que luego se llenan porque aparecen asuntos prioritarios como las mismas audiencias de
juzgamiento, con un solo colaborador a nuestro lado”.
12. Indicaron que, desde luego, todo ello implica dedicar mas tiempo del laboral
ordinario, lo que los priva de su derecho elemental de dedicar tiempo a sus familias,
al deporte, a actividades socioculturales en su tiempo libre, en desmedro de su salud.
13. Mencionaron que en 1992 cuando se crearon las Salas Disciplinarias de los
Consejos Seccionales de la Judicatura, la Seccional de Caldas contaba con 8
servidores en total, 2 magistrados, 2 “auxiliares de magistrado o judiciales (1 por
despacho)”, 1 secretario, 1 oficial mayor, 1 escribiente y 1 citador, sin embargo, para
la época el número de abogados era inferior, pues ahora “al parecer ronda los 350.000”.
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14. Asimismo, agregaron que no conocen la razón de ello, pero que al
posesionarse (2018-2019), ya la secretaría no contaba con el escribiente, pese a que
se han venido creando innumerables cargos de magistrados, jueces y fiscales, y se
han visto nacer jueces de pequeñas causas, extinción de tierras, de ejecución civil,
de ejecución de penas, contencioso administrativo, por lo que, una planta de 7
personas para administrar justicia disciplinaria en el departamento de Chocó es
insuficiente, teniendo en cuenta que los destinatarios siguen creciendo
progresivamente, sin contar la nueva competencia que les fue asignada de juzgar a
los empleados judiciales que multiplican la cifra en un 500%.
15. Revelaron que con la expedición del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015 fueron creados nuevos cargos para todas las jurisdicciones, en
todos los niveles, desde altas cortes hasta centros de servicios, no obstante, a la
jurisdicción disciplinaria ni siquiera se les mencionó, lo que en su criterio constituye
un acto abiertamente discriminatorio.
1.6. Trámite de la acción de tutela
1.6.1. Del auto admisorio
16. Mediante auto del 24 de marzo de 2022, el magistrado ponente de la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la demanda de
tutela de la referencia y ordenó la notificación de la parte accionante, del Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la
Organización Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría
General de la República.
17. Asimismo, ofició a i) la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Chocó para que informe el número total de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial adscritos actualmente al distrito judicial de Chocó, incluyendo los servidores
de esa dirección; ii) a la Dirección Seccional de Fiscalías de Quibdó y/o Chocó para
que certifique el número total de funcionarios de esa dependencia, sumado a los
servidores de Medicina Legal y el Cuerpo Técnico de Investigación; iii) a la Unidad
de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura para que
informe el número total de abogados inscritos desde el 1º de enero de 1992 hasta
hoy, incluyendo aquellos que tengan licencia temporal vigente y; finalmente, a iv) la
Dirección Nacional de Administración Judicial – Control Interno Disciplinario para que
indique cuantos procesos ingresaron para su conocimiento desde el 2018 hasta el
2021, año por año, cuantos se han registrado en lo que va corrido de este año y
cuantos procesos estaban vigentes a 31 de diciembre de 2021, así como el número
de servidores que se han asignado a la planta de personal de esa dirección, para los
años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, año por año.
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1.6.2. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.2.1. Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial
18. La secretaria ad hoc de la Comisión explicó que la dependencia que integra es
un foro de colaboración y participación previsto por el constituyente de 1991 en el
que se ejercen funciones eminentemente consultivas.
19. En ese contexto, explicó que carecen de legitimación en la causa por pasiva
para atender los requerimientos de esta acción constitucional, dado que el artículo 97
de la Ley 270 de 1996 no les asignó la función de fijar partidas presupuestales para
la creación de cargos en la Rama Judicial, ni tienen competencia para proferir una
orden en tal sentido.
20. Finalmente, puso de presente que la conformación de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial fue determinada por el legislador, en aplicación
de la amplia facultad que le otorgó el constituyente. En ese orden, explicó que la
participación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solo la puede fijar el
Congreso de la República.
1.6.2.2. Ministerio del Trabajo
21. La asesora de la Oficina Jurídica de la cartera indicó que, una vez analizados
los hechos y pretensiones manifestados en el escrito tutelar, se concluyó que el
ministerio no ha violado o amenazado los derechos deprecados, toda vez que no
interviene en la creación de cargos del sector estatal. Así las cosas, alegó la falta de
legitimación en la causa por pasiva teniendo en cuenta que no existen obligaciones
ni derechos recíprocos entre los accionantes y la entidad, razón por la que solicitó la
desvinculación del proceso constitucional.
1.6.2.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
22. La abogada delegada por el ministro explicó que no son los llamados a cumplir
lo solicitado por la parte accionante, dado que las apropiaciones presupuestales no
se asignan a las entidades por actividades específicas, puesto que dicha
desagregación le corresponde a cada entidad al ejecutar los recursos en virtud de la
autonomía presupuestal que el Estatuto Orgánico del Presupuesto le otorgó a las
entidades públicas, por lo que en este caso corresponde a la Rama Judicial la
responsabilidad de ejecutar lo asignado y determinar la estructura y plantas de
personal de las corporaciones y juzgados.
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23. Destacó que la Corte Constitucional considera que no se puede interferir en la
ejecución del presupuesto de las entidades, so pena de invadir la órbita de
competencia de cada una de ellas. Finalmente exhibió que los recursos asignados a
la Rama Judicial para la vigencia de 2022, por cada una de las unidades ejecutoras
es el siguiente:
24. A partir de ello, mencionó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene
asignado un presupuesto independiente por la suma de “$84.939.7 millones (sic)” en la
Unidad Ejecutora 27-01-09 que corresponde a la financiación de los gastos para el
funcionamiento de dicha corporación, y que los recursos para las comisiones
seccionales fueron solicitados por el director ejecutivo de administración judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los oficios N.º DEAJO21-104
del 24 de febrero de 2021, DEAJO21-178 del 25 de marzo de 2021 y DEAJO21-287
del 3 de junio de 2021.
25. Finalmente, explicó que la asignación presupuestal no es discrecional, sino
que obedece a los mandatos legales establecidos en la Constitución y en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto y sus reglamentos, es así como la incorporación de los
gastos de las entidades se supeditan a i) la disponibilidad de recursos que permitan
financiar el gasto; ii) el marco fiscal de mediano plazo que contiene el plan financiero
y; iii) la Ley de Regla Fiscal, cuya finalidad es mantener la sostenibilidad del Estado.
26. En ese orden de ideas, solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo respecto del Ministerio y se ordene su desvinculación del trámite.
1.6.2.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Unidad de
Control Interno Disciplinario
27. El director de la Unidad de Control Interno Disciplinario de la entidad informó
que los procesos que ingresaron para conocimiento fueron los siguientes: 2018 (23);
2019 (32); 2020 (72); 2021 (131) y 2022 (24).
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28. Asimismo, indicó que los procesos vigentes a 31 de diciembre de 2021 eran
312, que se dividían entre indagaciones preliminares, investigaciones disciplinarias,
segundas instancias y quejas por evaluar.
29. Finalmente, explicó que el número de servidores que se han asignado a la
planta de personal son; 2018 (2); 2019 (2), 2020 (3); 2021 (4) y 2022 (4), y aclaró
que la cifra señalada se refiere a abogados sustanciadores asignados para adelantar
procesos disciplinarios.
1.6.2.5. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín -
Antioquia
30. La coordinadora del Área de Talento Humano de la entidad certificó que, de
acuerdo con el aplicativo liquidador de nómina, existe a la fecha un total de 361
servidores judiciales activos adscritos a la Coordinación Administrativa de Chocó.
31. De otro lado, el coordinador Administrativo de la Seccional de Chocó afirmó
que el número de funcionarios y empleados actuales en la Rama Judicial, adscritos
al Distrito Judicial de Chocó son: 70 jueces; 10 magistrados y; 281 empleados
adscritos.
1.6.2.6. Ministerio de Salud y Protección Social
32. La apoderada judicial de la cartera ministerial se opuso a las pretensiones
formuladas al considerar que la entidad no ha violado ni amenazado derecho alguno.
En ese orden, alegó la improcedencia del mecanismo por carecer de legitimación en
la causa por pasiva, ante la ausencia de responsabilidad que les sea imputable,
máxime, si se tiene en cuenta que no ha tenido ningún vínculo laboral con los
accionantes ni es superior del Consejo Superior de la Judicatura.
1.6.2.7. Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la
Judicatura
33. La directora de la dependencia solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo constitucional o que, en su defecto, se nieguen las súplicas de la
demanda por haberse acreditado que el Consejo Superior de la Judicatura ha
implementado las medidas que han sido posibles, de acuerdo con el presupuesto
que les ha sido asignado el Gobierno Nacional. Lo anterior, con sustento en los
argumentos que pasan a exponerse:
34. Lo primero que precisó fue que el Consejo Superior de la Judicatura es
autónomo para determinar las plantas de personal de las corporaciones y juzgados,
tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 2012, razón por
la que no es posible, como lo pretende la parte actora, que se emplee el mecanismo
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de amparo constitucional, que por su naturaleza es excepcional y subsidiario, para
que se cercenen las competencias del órgano, sin los estudios y documentos
técnicos que permitan variar la estructura de los despachos.
35. Posterior a ello, explicó que desde que se creó la jurisdicción disciplinaria en la
Constitución Política de 1991 hasta la fecha, la oferta judicial ha tenido un
crecimiento del 15%, tal como se desprende de los informes que se han presentado
ante el Congreso y la rendición de cuentas. Mencionó que en 1996 contaban con 58
despachos de magistrados a nivel seccional, y actualmente la cifra asciende a 62,
fortalecimiento que se fundamentó en las necesidades, pese a que no se han
asignado partidas presupuestales específicas.
36. Asimismo, puso de presente que tanto para el 2021 como el año en curso se
adoptaron medidas de descongestión para la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, como para ciertas comisiones seccionales de disciplina judicial, de acuerdo
con los recursos concedidos y las diferentes necesidades que tiene la Rama Judicial
en cada una de sus jurisdicciones y especialidades.
37. Mencionó que en el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022 se
solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la creación de 4.296 cargos
permanentes que permitieran atender las necesidades más apremiantes de la rama
en cuanto a la planta de personal, de los cuales 168 serían para la jurisdicción
disciplinaria. Al reiterar tal solicitud la citada cartera indicó que las disponibilidades
fiscales que sirvieron de base para la programación del presupuesto 2022 no
permitieron atender el monto de la petición elevada.
38. Así las cosas, aseguró que, por medio de la adopción de medidas transitorias,
la Corporación ha impactado positivamente a la gestión judicial de la comisión
nacional y las seccionales de disciplina, con sustento en el informe que se presentó
ante el Congreso de la República, en el que se indicó que “se reportan egresos
efectivos superiores a los ingresos del periodo, significando esto una reducción en los
inventarios de la jurisdicción”.
39. Luego de ello, afirmó que para el anteproyecto 2023 se solicitó aumentar el
número de despachos de magistrados en cada comisión seccional, teniendo en
cuenta los niveles de demanda de justicia, la cual se concreta en el fortalecimiento
de las plantas que actualmente operan en los despachos y las secretarías, con el
propósito de que cada comisión cuente con el número suficiente para garantizar la
separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos
disciplinarios que exige la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 12 de la Ley
1952 de 2019.
40. Finalmente, puso de presente que las comisiones seccionales de disciplina
judicial de Santander, Caldas, Magdalena, Bolívar, Risaralda, Nariño y Tolima
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también presentaron acciones de tutela con identidad de partes accionadas y
pretensiones.
1.6.2.8. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
Organización Internacional del Trabajo –OIT, el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, el Congreso de la República y la Fiscalía General de la
Nación, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
1.6.3. Del auto de remisión de la tutela de la referencia
41. A través de auto interlocutorio dictado el 13 de junio de 2022, el Magistrado
Alberto Montaña Plata remitió a esta Sección de la Corporación la acción de tutela
ejercida por los señores Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco Monsalve,
contra la Rama Judicial, la Organización Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso
de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y
la Contraloría General de la República.
42. La decisión de remisión del expediente se sustentó en lo dispuesto por el
artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1069 de 2015, adicionado por el artículo 1º del
Decreto 1834 de 20152, que determina las reglas de reparto para las tutelas masivas,
en virtud del cual se dispone que se deben enviar al despacho que hubiera avocado
en primer lugar el conocimiento, aun cuando se haya dictado fallo.
43. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sección Quinta del Consejo de Estado
conoció de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-01691-003,
promovida por los señores Miguel Ángel Barrera Núñez, Juan Pablo Silva Prada,
Gloria Iza Gómez y Manuel Enrique Flórez, contra la Rama Judicial, la Organización
Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República,
con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y al
trabajo en condiciones dignas.
1.6.4. Del auto que asumió la competencia
44. En proveído del 30 de junio de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia avocó el conocimiento de la acción de tutela ejercida por los señores
2
[…] Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales,
presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de
competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se
presenten, incluso después del fallo de instancia […].
3
Expediente acumulado con el radicado 10001-03-15-000-2022-01758-00.
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco Monsalve, bajo el radicado No. 11001-
03-15-000-2022-01778-00, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
2.2.3.1.3.2. del Decreto 1834 de 2015.
1.6.5. De la manifestación de impedimento y el auto que lo declara fundado
45. De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, mediante oficio del 3 de agosto
de 2022, manifestó su impedimento para conocer y fallar la presente acción de tutela,
con fundamento en lo previsto en el numeral 4° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004,
Código de Procedimiento Penal. Lo anterior, por cuanto en su calidad de presidente
del Consejo de Estado hace parte de la Comisión Interinstitucional de la Rama
Judicial, autoridad que figura como demandada en este mecanismo constitucional.
46. A través de auto del 4 de agosto de 2022, la Sala que suscribe esta
providencia declaró fundado el impedimento del magistrado Moreno Rubio al advertir
que, en efecto, en virtud del artículo 96 de la Ley 270 de 19964, la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial está integrada, entre otros, por el presidente del
Consejo de Estado, razón por la cual en atención a que actualmente desempeña tal
calidad y a que en la acción de tutela de la referencia se notificó a la comisión, se
encuentra inmerso en la causal de impedimento consignada en el numeral 4° del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
47. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
los señores Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco Monsalve, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
48. En primer lugar, la Sala advierte que los señores Humberto Rodríguez Arias y
Victoria Vasco Monsalve están legitimados en la causa por activa, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49
del Decreto Ley 2591 de 1991, en la medida en que la acción de amparo puede ser
4
“ARTÍCULO 96. DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Habrá una
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, el
Fiscal General de la Nación, y un representante de los funcionarios y empleados de la Rama elegido
por éstos en la forma que señale el reglamento. (…)”. (Subrayado y destacado fuera del texto).
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desplegada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos
fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii)
apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos
fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden
interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales5.
49. En el caso concreto, se tiene que los tutelantes, en calidad de magistrados de
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Chocó, presentaron la tutela con
ocasión de la alta congestión judicial por la que atraviesa la jurisdicción disciplinaria,
situación que ha vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que es claro que son
los titulares del derecho fundamental cuya vulneración alegan.
50. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la parte actora dirigió la
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, la Organización Internacional del Trabajo-OIT, el Congreso de la
República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y
la Contraloría General de la República al considerar que a través de estas entidades
es posible adelantar todas las diligencias tendientes a solventar la alta congestión
que registra la jurisdicción disciplinaria.
51. Para analizar la legitimación en la causa por pasiva, resulta pertinente
recordar que lo pretendido a través de este mecanismo es que se ordene a las
entidades accionadas, i) que presenten y tramiten un proyecto de ley que permita
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial participe en la elección de los
miembros del Consejo Superior de la Judicatura y; ii) que se asignen las partidas
presupuestales necesarias para reestructurar las plantas de personal de la
jurisdicción disciplinaria, de manera que se puedan ampliar los recursos humanos
que laboran al servicio de las comisiones seccionales de disciplina judicial.
52. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 5ª de 1992, se observa
que la iniciativa legislativa en Colombia está, en principio6, en cabeza de “los
Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas; el
Gobierno Nacional, a través de los Ministros del Despacho, la Corte Constitucional, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el
Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del Pueblo”.
53. Asimismo, debe precisarse que de conformidad con el artículo 23 de la
Constitución Política, las entidades internacionales, como es el caso de la OIT, no
5
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
6
Toda vez que de acuerdo con el artículo 141 del mismo cuerpo normativo, también pueden presentar
proyectos de ley, en razón del mecanismo popular de participación, i) un número de ciudadanos igual
o superior al 5% del censo electoral existente a la fecha respectiva; ii) un 30% de los concejales del
país y; iii) un 30% de los diputados del país.
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tienen la calidad de autoridad pública en el ordenamiento jurídico interno, ya que no
ejercen ningún tipo de potestad sobre los ciudadanos.
54. Al respecto, los principios del derecho internacional reconocidos por Colombia
en el artículo 9 superior, consagran inmunidades y privilegios que los eximen del
deber de comparecencia ante los tribunales nacionales, lo que en manera alguna
significa el desconocimiento de derechos ni la privación del acceso a la debida
administración de justicia, toda vez que, “(…) en aquellos casos en los que una persona
sufra un daño del que se derive la obligación de indemnizar en cabeza de un sujeto que goza
de inmunidad, el llamado a responder será el Estado colombiano7”.
55. En ese contexto, es evidente que de las entidades accionadas, las únicas que
de manera general carecerían de legitimación en la causa por pasiva son la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del
Trabajo-OIT y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, por ello se decretará
en la parte resolutiva de esta providencia, sobre la base de considerar que tampoco
tienen la capacidad de asignar partidas presupuestales que permitan ampliar la
planta de personal de las comisiones seccionales de disciplina judicial.
56. De otro lado, se observa que de las autoridades que fueron vinculadas a este
trámite constitucional, los Ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo y de
Hacienda, alegaron la falta de legitimación en la causa por considerar que la
presunta vulneración de derechos no deviene de alguna acción u omisión de su parte
y, en ese orden, pidieron la desvinculación del instrumento de amparo. En ese orden,
debe precisarse que esta Sala de Decisión no accederá a ello porque fueron
vinculados como terceros con interés y no como demandados, dado el interés que
les asiste en la resolución de este trámite constitucional.
2.3. Problema jurídico
57. Corresponde a la Sala analizar lo siguiente:
7
Corte Constitucional, sentencia T-093 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo. En dicha
providencia, se destacó que “(…) Colombia se ha inscrito en lo que la jurisprudencia constitucional y
la emanada del Consejo de Estado refiere como la inmunidad relativa de jurisdicción de agentes
diplomáticos circunscrita a dos escenarios específicos: (i) en materia laboral se ha indicado lo
siguiente: según el artículo XXXI de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas de 1961
los agentes diplomáticos tendrán inmunidad absoluta en materia penal, civil y administrativa, de
manera que se ha interpretado restrictivamente la norma concluyendo que la Convención no
contempló la inmunidad en relación con la jurisdicción laboral, además de que el Estado extranjero
debe someterse a las normas de seguridad social del Estado receptor , siempre que no esté
acreditado que el ciudadano diplomático se haya sometido a las leyes extranjeras; (ii) por su parte el
Consejo de Estado relativizó también el tema de la inmunidad diplomática y solo la aplica cuando se
trata de actuaciones que estén estrechamente ligadas con el organismo internacional. De no ser así,
no puede hablarse de inmunidad diplomática y por ende el organismo del Estado tendría competencia
para conocer del conflicto presentado”.
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• ¿Si las autoridades demandadas, en el marco de sus competencias,
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas de los accionantes, por la presunta omisión de adelantar
las medidas tendientes a solventar la alta congestión judicial por la que
atraviesan actualmente las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, en
la que laboran como magistrados, puntualmente, i) por no presentar y tramitar
un proyecto de ley que permita que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
participe en la elección de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura
y; ii) por no asignar las partidas presupuestales necesarias para reestructurar
las plantas de personal de la jurisdicción disciplinaria, de manera que se
puedan ampliar los recursos humanos que laboran al servicio de la
corporación a la que pertenecen?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
58. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) del carácter subsidiario del
mecanismo de amparo; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.4.1. Panorama general de la acción de tutela
59. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
60. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio
de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para evitar la lesión del derecho fundamental.
2.4.2. Del carácter subsidiario del mecanismo de amparo
61. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591
de 1991.
62. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
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a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.
63. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia8.
64. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los
operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y legalidad.
2.4.2. Caso concreto
65. Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, en Sala del 16 de
julio del año en curso, esta Sección de la Corporación declaró la improcedencia del
mecanismo de amparo, en un asunto con identidad de situación fáctica, causa
petendi y autoridades accionadas.
66. Debido a que en el proceso al que se pretendía acumular la acción de la
referencia, ya había sido resuelto, ello tornaba improcedente la aplicación de la figura
de acumulación de procesos del Decreto 1069 de 2015, en su artículo 2.2.3.1.3.3.,
toda vez que dicho cuerpo normativo indica que ello es posible hasta antes de
dictar sentencia, para fallarlos todos en la misma providencia.
67. No obstante, sí resultó admisible que la Sección Quinta asumiera la
competencia por conocimiento previo, con fundamento en el artículo 2.2.3.1.3.2.,
descartando, por consiguiente, la aplicación del 2.2.3.1.3.3., sobre la base de
considerar que, en todo caso, el Decreto 1069 de 2015 permite la remisión de las
tutelas de iguales características, al despacho judicial que según las reglas de
competencia hubiese avocado el conocimiento de la primera de ellas, incluso
después del fallo de instancia como ocurre en este caso, con el fin de asegurar la
igualdad, homogeneidad y coherencia en la solución jurídica de tutelas idénticas.
8
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones.”
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En ese contexto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del mecanismo de
tutela para resolver los puntos que fueron puestos a consideración, tal como se
indicó en la providencia del 16 de junio de 2022 que zanjó las acciones acumuladas
bajo el radicado N.º 11001-03-15-000-2022-01691-00.
68. En criterio de los señores Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco
Monsalve, como magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Chocó, las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad y al trabajo en condiciones dignas.
69. Lo anterior, con fundamento en la presunta omisión de las entidades
demandas i) al no presentar y tramitar un proyecto de ley que permita que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial participe en la elección de los miembros del
Consejo Superior de la Judicatura y; ii) por no asignar las partidas presupuestales
necesarias para reestructurar las plantas de personal de la jurisdicción disciplinaria,
de manera que se puedan ampliar los recursos humanos que laboran al servicio de
la corporación a la que pertenecen.
70. En relación con el primer punto, esta Sala de Decisión observa que el
reproche de los tutelantes se dirige a atacar el artículo 2549 de la Constitución
Política, que establece que son seis los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura y que éstos serán elegidos por los máximos órganos de las jurisdicciones
ordinaria, constitucional y contencioso administrativo, así: dos por la Corte Suprema
de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado, por un
periodo de ocho años.
71. Ello, al considerar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como
máximo juez de la jurisdicción disciplinaria, debería tener cabida en dicho proceso de
elección, sobre la base de considerar que también hacen parte de la Rama Judicial.
72. Al respecto, debe precisarse que, de acuerdo con lo dispuesto en el título
trece de la Constitución Política, la norma superior sólo podrá ser reformada por el
Congreso de la República, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo
mediante un referendo, iniciativa que podrá ejercerse por parte del Gobierno
Nacional, diez miembros del Congreso, por el 20% de los concejales o diputados del
país, o por un número de ciudadanos equivalentes a, por lo menos, el 5% del censo
electoral vigente.
73. En ese orden de ideas, es evidente que el mecanismo de amparo no es el
instrumento idóneo para conseguir que se incluya a un representante de la Comisión
9
ARTICULO 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos
para un período de ocho años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte
Constitucional y tres por el Consejo de Estado.
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Nacional de Disciplina Judicial dentro del grupo de las altas cortes que tienen a cargo
la elección de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura pues, se reitera,
dicho procedimiento se encuentra reglado por la Constitución Política en su artículo
254.
74. Igual suerte corre el segundo cargo puesto a consideración de esta Sala de
decisión, atendiendo a que lo pretendido por los magistrados tutelantes consiste en
que el juez constitucional invada la órbita de competencia del Consejo Superior de la
Judicatura como autoridad encargada de determinar la estructura y las plantas de
personal de las corporaciones y juzgados, para lo cual está facultada para crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia, determinar sus
funciones y señalar los requisitos para su desempeño, según el artículo 25710 de la
Carta Magna.
75. Ello, teniendo en cuenta que el principal objetivo de este instrumento de
amparo era que se ordenara la asignación de partidas presupuestales que
permitieran lograr la ampliación de las plantas de personal de la jurisdicción
disciplinaria, con fundamento en la alta congestión de procesos que padecen.
76. Así las cosas, además de que por vía de tutela no es posible desconocer la
autonomía que la misma Constitución Política le otorgó al Consejo Superior de la
Judicatura para determinar y estructurar las plantas de personal como órgano de
gobierno de la Rama Judicial, tampoco se puede olvidar que las reformas en el
capital humano de las corporaciones y los juzgados deben atender siempre a unos
estudios estadísticos, presupuestales y técnicos, todo lo cual se encuentra
condicionado a la existencia de las partidas presupuestales correspondientes,
teniendo en cuenta que el numeral 9º del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 establece
de manera expresa que “(…) no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que
excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones
iniciales”, pues ello se tramita con un proyecto de ley que debe cumplir con todas las
etapas previstas para tal fin.
10
ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación
de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los
aspectos no previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley.
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2.5. Conclusión
77. La Sala declarará la improcedencia de la tutela por no ser este el mecanismo
idóneo y eficaz para pretender reformar la Constitución Política, ni para ordenar la
apropiación de partidas presupuestales que permitan ordenar la ampliación de las
plantas de personal de las corporaciones que componen la jurisdicción disciplinaria y,
en esa medida, sustituir la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para
determinar la estructura de la Rama Judicial.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva de la
Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Organización Internacional del
Trabajo -OIT y el Departamento Nacional de Planeación – DNP.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por los Ministerios
de Salud y Protección Social, del Trabajo y de Hacienda.
TERCERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la tutela instaurada por los
señores Humberto Rodríguez Arias y Victoria Vasco Monsalve contra el Consejo
Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la
Organización Internacional del Trabajo -OIT, el Congreso de la República, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría
General de la República.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de ser impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente al
despacho de la Magistrada María Adriana Marín, para que resuelva este asunto en la
misma cuerda procesal del expediente que se identificó con el radicado N.º 11001-
03-15-000-2022-01691-00.
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Demandantes: Humberto Rodríguez Arias y otra
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
SEXTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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