Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01728-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01728-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01728-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
8 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-01
Accionante: OLGA INÉS RODRÍGUEZ POPAYÁN
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO
– se declara improcedente el amparo por incumplimiento del
requisito de la subsidiariedad – la actora dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la salvaguarda de los
derechos fundamentales
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra de la
sentencia de 6 de mayo de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Olga Inés Rodríguez Popayán solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «al trabajo, mínimo vital, vida digna, al debido proceso, a la
seguridad social, salud, a la protección especial como pre pensionada y madre
cabeza de familia», cuya vulneración le atribuyó a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y al Juez Coordinador del
Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial Pacho -Cundinamarca-, al
haber ofertado el cargo que desempeña en la Rama Judicial.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que, desde el 23 de junio de 2004, se encuentra laborando para la
Rama Judicial y que, desde el 11 de enero de 2016, se desempeña, en
provisionalidad, en el cargo de profesional universitario, grado 14, adscrito al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial de Pacho -
Cundinamarca-.
2.2. Señaló que, en la actualidad, tiene 55 años y que cuenta «con 1.186 semanas
cotizadas al Sistema General de Pensiones».
2.3. Indicó que: «conforme a lo establecido en el Acuerdo CSJCUA20-18 del 13 de
febrero de 2020, le comunique a la Juez Coordinadora del Centro de Servicios
Judiciales, en su momento, Doctora Lyda Astrid Muñoz Aponte, mediante oficio
fechado 23 de julio de 2021, mi condición de Pre pensionada para que se
adelantara el trámite interno para afectar la publicación de vacantes definitivas de
la página Web de la Rama Judicial».
2.4. Relató que, con fecha 10 de junio de 2021, solicitó ante el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca el «reconocimiento como sujeto de especial
protección (…) para gozar de protección laboral reforzada como Pre pensionada,
con ocasión de mi edad, vínculo laboral con la Rama Judicial, semanas cotizadas,
entre otras».
2.5. Destacó
que: «el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
mediante sesión de fecha 28 de julio de 2021, al decidir mi petición y con base en
mi condición de Pre pensionada, decidió que “(…) EFECTIVAMENTE LA
PRECITADA PETICIÓN FUE CONSIDERADA PETICIÓN FUE CONSIDERADA EN
SESIÓN DE ESTE CONSEJO SECCIONAL EN FECHA 28 DE JULIO DE 2021,
CONCLUYENDO QUE, EL CARGO DEL CUAL USTED ESTÁ EN PROVISIONALIDAD
QUEDARÁ EXCLUIDO DE LA PUBLICACIÓN (…)QUE LA VACANTE SE EXCLUYE DE
LA PUBLICACIÓN QUEDANDO PENDIENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
SEMANAS MÍNIMAS DE COTIZACIÓN, POR LO QUE UNA VEZ SE CUMPLA EL
PERIODO DE PROTECCIÓN, LA VACANTE SERÁ OFERTADA CON LA
DENOMINACIÓN DEL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 14 EN LA
OFICINA DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PACHO».
2.6. Anotó que, pese a que la anterior decisión se encuentra en firme y
ejecutoriada, el Consejo Seccionado accionado ofertó el cargo que ella ocupa en
el Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial de Pacho -
Cundinamarca-, desconociendo la confianza legítima que se generó con la
respuesta que le fue dada el 28 de julio de 2021.
2.7. Expuso que, el 9 de febrero de 2022, le fue comunicado al Juez Coordinador
del Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial de Pacho -
Cundinamarca- el Acuerdo CSJCUA22-15 de 28 de enero de 2022, mediante el
cual se conformó la lista de elegibles de las personas que optaron al cargo que
ella desempeña.
2.8. Indicó que: «mediante Resolución No. 008 de 2022, el Juez Coordinador negó
el reconocimiento de mi condición de prepensionada y de madre cabeza de
familia, y así mismo nombró a la doctora FLOR NAYIBE GUZMÁN BUITRAGO,
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
para desempeñar en propiedad el cargo de Profesional Universitario Grado 14,
cargo que vengo ocupando desde el 11 de enero de 2016».
2.9. Aseguró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, porque se encuentra «en circunstancias especiales por ser Pre
Pensionada y madre cabeza de hogar, debido a que se estableció por parte del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la no publicación de mi
cargo, Profesional Grado 14 del Centro de Servicios Judiciales de Pacho
Cundinamarca, hasta tanto no se cumpliera con el mínimo de semanas cotizadas
para optar por la pensión, haciéndose caso omiso a la decisión adoptada,
debidamente notificada, en firme y ejecutoriada, razón por la cual conforme al
artículo 91 del CPACA es obligatorio el cumplimiento del Acto Administrativo
relacionado en el numeral cuarto del presente acápite».
III. PRETENSIONES
3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital,
al trabajo, a la seguridad social, vida digna, al debido proceso, como sujeto de
especial protección por encontrarme en circunstancias especiales por ser Pre
pensionada y madre cabeza de hogar.
2. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR SUSPENDER de inmediato, la
publicación del cargo realizada en la página web realizada por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, hasta el cumplimiento de las
semanas mínimas de cotización (1.300).
3. Ordenar al Juez Coordinador nominador del Centro de Servicios Judiciales
de Pacho Cundinamarca, SUSPENDER el trámite de la lista de elegibles,
enviada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el
pasado miércoles 9 de febrero de 2022, mediante oficio CSJCUO22-410,
allegada vía e-mail, hasta el cumplimiento de las semanas mínimas de
cotización, esto es, 1.300.
4. Exhortar al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que
se abstenga de publicar el cargo de Profesional Universitario Grado 14, hasta
tanto se cumpla el requisito establecido de las 1300 semanas de cotización.
[…]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del
magistrado a cargo de la sustanciación y mediante auto de 24 de marzo de 2022,
admitió el presente mecanismo de amparo en contra de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Juez Coordinador
del Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial Pacho -
Cundinamarca-.
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
5. En la misma providencia, negó la medida provisional solicitada por la accionante
y vinculó como tercera con interés directo en los resultados del proceso a la
señora Flor Nayibe Guzmán Buitrago.
V. INTERVENCIONES
6. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
produjeron las siguientes intervenciones:
6.1. Ladirectora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura rindió informe en el que advirtió que carece
de competencia funcional para atender la pretensión de amparo de la accionante
porque «la autoridad competente para determinar el nombramiento en el cargo de
profesional universitario grado 14 o la existencia de estabilidad laboral reforzada
es el Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados
Penales de Pacho».
6.2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por intermedio del
presidente de la Corporación, rindió informe en el que solicitó su desvinculación
del presente trámite, en atención a que:
[…] este Consejo, debe publicar las vacantes y remitir las correspondientes
Listas de Elegibles, en pro de garantizar los derechos de las personas que
concursaron, en garantía al debido proceso, de otro lado y existiendo
personas que en la fecha están ocupando cargos en provisionalidad y en el
evento que los Nominadores hayan concedió derecho a la “estabilidad laboral
reforzada”, en prevalencia de la igualdad y el debido proceso, se publica la
vacante empero, con la respectiva anotación.
En este orden, y escogida la vacante pese a estar con la anotación de
estabilidad laboral, la decisión, respecto del nombramiento, escapan a la
competencia de esta Corporación cuyas facultades están fijadas en la Ley
270 de 1996, limitándose nuestra competencia, a la administración de la
carrera judicial, que implica como ya se dijo líneas atrás, entre otros a
convocar a concurso de méritos, conformar los registros de elegibles y
formular las respectivas listas de elegibles, que resulten del precitado
concurso, amén, que en el evento de presentarse controversia de derechos
entre el empleado en provisionalidad y el elegible, se reitera que la decisión
corresponde sólo a la autoridad nominadora quien debe decidir sobre la
prevalencia de los derechos invocados por parte del empleado en
provisionalidad y el elegible que está en la Lista de Elegibles. [….]
6.3. El
Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Circuito
Judicial Pacho -Cundinamarca- rindió informe en el que expuso, entre otros
argumentos, los siguientes:
[…] es claro que frente al acto administrativo objeto de litis, el Centro de
Servicios Judiciales de Pacho no tiene legitimación en la causa por pasiva,
observando que la trasgresión se encuentra en cabeza del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, quien al realizar la publicación del cargo de
Profesional Universitario, grado 14, para que optaran los aspirantes de lista al
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
cargo mentado, evidentemente cerceno los derechos fundamentales de la
accionante, desconociendo la eficacia del acto administrativo proferido en
sesión del 28 de julio de 2021 del Consejo Seccional de la judicatura de
Cundinamarca, y por lo tanto, ya se encuentra dicho acto administrativo en el
ordenamiento jurídico para conceder una prerrogativa de exclusión de la
publicación de lista para el cargo de Profesional Universitario, grado 14, del
Centro de Servicios Judiciales, teniendo como única condición resolutoria el
cumplimiento del mínimo de semanas de cotización (reglado en el Acuerdo
CSJCU20-18 del 13 de febrero de 2020), demostrándose en el plenario que,
faltan por cotizar 214 semanas para cumplir con el requisito establecido.
En consecuencia, frente a lo afirmado en sesión del 28 de julio de 2021 del
Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca, “… quedará excluido de
la publicación… quedando pendiente hasta el cumplimiento de las semanas
mínimas de cotización …”, ha de ampararse a la administrada, accionante, por
la confianza legitima que a esta le asiste, protegiendo sus derechos
fundamentales, máxime cuando el texto citado se ajusta a lo REGLADO en el
Acuerdo CSJCU20-18 del 13 de febrero de 2020. […]
6.4. La señora Flor Yanibe Guzmán Buitrago rindió informe en el que solicitó que
se «mantenga mi derecho al nombramiento en el cargo de profesional
universitario grado 14, en el Centro de Servicios Judiciales de Pacho, y se
prorrogue la fecha para posesión en el mismo, preservando el derecho de
estabilidad laboral reforzada de la Dra. OLGA INÉS RODRÍGUEZ POPAYÁN, y
que una vez culmine el período del beneficio, sea mi derecho a posesionarme en
el cargo, en carrera judicial».
6.5. Lo expuesto, en razón a que: «desde el momento que fue ofertado el cargo, el
mismo se encontraba con la anotación de contar con estabilidad laboral reforzada;
lo cual indicaba que una vez cumplido el período de estabilidad laboral, yo
tendría la opción de posesionarme en ese cargo».
VI. FALLO IMPUGNADO
7. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 6 de mayo de 2022, resolvió declarar improcedente el amparo
deprecado por la accionante, al considerar que no se cumplía con el requisito
atinente a la subsidiariedad, en tanto que se disponía del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para pretender la suspensión de los actos
administrativos acusados y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En ese sentido, precisó lo siguiente:
[…] De conformidad con lo expuesto, se advierte que la solicitud de amparo es
improcedente, toda vez que carece del requisito de subsidiariedad, en la
medida en que el accionante no ha agotado los mecanismos judiciales
ordinarios, idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le otorgaba para
proteger sus derechos, pues, aquel cuenta con el medio de control establecido
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, es decir, el de nulidad y
restablecimiento del derecho, no obstante, no ha hecho uso del mismo.
[…]
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
12.8.- También se advierte que los argumentos expuestos por la actora, no
son suficientes para que la tutela sea el mecanismo apropiado para proteger
los derechos que alega fueron vulnerados por las autoridades accionadas,
pues dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la
señora Olga Rodríguez puede solicitar, como medida cautelar, la “suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo acusado”, sin embargo, no ha
hecho uso de los mecanismos ordinarios para discutir la legalidad de los actos
administrativos proferidos por las accionadas. […].
8. En cuanto al perjuicio irremediable, el a quo consideró lo siguiente:
[…] si bien la accionante afirma que con los referidos actos administrativos se
le ha causado un perjuicio irremediable; lo cierto es que no se evidencia
situación alguna que imposibilite a la actora ejercer como profesional del
derecho, pues se observa que la misma se encuentra en plenas capacidades
para trabajar y no se avizora alguna limitación o discapacidad que le impida
desarrollar las diferentes labores que eventualmente le sean atribuidas en el
ámbito laboral; más aún, cuando, en el presente caso, la edad no se advierte
como un obstáculo para acceder a las diferentes oportunidades que ofrece el
mercado laboral.
13.1.- En este punto, es preciso tener en cuenta que el cargo que
desempeñaba la accionante en el Centro de Servicios Judiciales del Circuito
Judicial de Pacho – Cundinamarca, era un cargo en provisionalidad que, por
su naturaleza, es de carácter excepcional y transitorio, vinculación que tiene
como fin atender las necesidades del servicio, así como garantizar la correcta
administración de justicia, mientras se realizan los procedimientos respectivos
para cubrir dichas vacantes. […]
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La accionante presentó impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia, al considerar que en el sub examine sí se cumple con el requisito de la
subsidiariedad, toda vez que el acto administrativo por medio del cual fue
desvinculada «está vigente y produciendo plenos efectos jurídicos, por lo que,
está en riesgo mi mínimo vital y el de mi hija, y el derecho a la educación de esta,
pues sus estudios los financio con mi salario» y, en ese sentido, se encuentra
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable.
10. Destacó que en el fallo de primera instancia no se analizó la condición de
prepensionada ni la de madre cabeza de familia que alegó en el escrito de tutela,
lo cual resultaba de gran relevancia para determinar que efectivamente existió la
vulneración de sus derechos fundamentales.
11. Advirtió que es la acción de tutela el mecanismo judicial idóneo y eficaz para
salvaguarda de sus derechos fundamentales, «bien sea de manera definitiva o
transitoria, puesto que, someter el conflicto de manera principal a la justicia
ordinaria, y de cara a la congestión judicial, sería quedarme sin recursos
económicos para sostener a mi entorno familiar y proporcionarme una vida digna,
y también, se afectaría mis expectativas de cara la configuración de mi derecho
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
pensional, pues, no cuento con las semanas suficientes para obtener el status de
pensionada».
12. Indicó que, en todo caso, «no es posible presentar una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto hay un decaimiento del acto
administrativo, es decir, hay pérdida de fuerza ejecutoria (art. 91 CPACA)».
13. Por último, puntualizó lo siguiente:
[…] Se presenta una tutela por su inmediatez, y me asisten derechos
fundamentales como administrada en los actos administrativos que emiten las
entidades, razón por la cual, frente a la decisión adoptada en sala el pasado
28 de julio de 2021 por el Consejo Superior de la Judicatura, se profirió un
acto administrativo donde se me concedió el derecho y garantía a la no
publicación de mi cargo de Profesional Universitario Grado 14 en la oficina del
Centro de Servicios Judiciales del municipio de Pacho Cundinamarca.
El hecho generador del daño es la publicación del cargo, y como
consecuencia del incumplimiento, pusieron en riesgo mis derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, pues el acto
administrativo del 28 de julio de 2021, está vigente, nunca ha sido revocado,
es un acto particular, concreto, en firme, y ejecutoriado.
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que el hecho generador del daño,
es la publicación del cargo, está plenamente demostrado la violación a mis
derechos fundamentales, siendo la acción constitucional de tutela el
mecanismo idóneo para amparar mis derechos fundamentales. […]
14. Con fundamento en las anteriores premisas, la accionante solicitó revocar el
fallo impugnado para que, en su lugar, se le ordene «al Consejo Superior de la
Judicatura, eliminar las publicaciones, y ordenar que no haya nuevamente lista,
hasta que la suscrita cuente con las 1.300 semanas cotizadas al sistema de
pensiones».
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 20172 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183,
respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de
Estado.
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-01
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
VIII.2. Problemas jurídicos
16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.
b) Si ello es así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales del extremo accionante, al haber ofertado el cargo
que desempeña en la Rama Judicial.
17. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) de la estabilidad laboral reforzada; (ii) de la
estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad; (iii) del marco
jurisprudencial respecto de la condición de prepensionados; procediendo
posteriormente a (iv) resolver el caso concreto.
VIII.3. La estabilidad laboral reforzada
18. Con fundamento en el artículo 13, inciso 2º, de la Constitución Política, el
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y
adoptará medidas afirmativas en favor de los grupos discriminados. También
dispensará protección a las personas en estado de debilidad manifiesta, entre las
cuales se encuentran los sujetos que por su condición de salud están en situación
desfavorable para el desarrollo de su trabajo.
19. El artículo 46 de la Carta Política le impone al Estado el deber de adelantar una
política de prevención, rehabilitación e integración social, en favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles
capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo
acorde a quienes se encuentran en situación de discapacidad.
20. La estabilidad laboral reforzada encuentra fundamento en el artículo 3º, numeral
1º, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación, y en el numeral 1º del artículo 27 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con
Discapacidad. También viene reconocida como garantía en el Convenio 159 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el
empleo de personas inválidas adoptado por la Conferencia Internacional del
Trabajo, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 82 de 1988.
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
21. En suma, la estabilidad laboral reforzada adquiere la connotación de derecho
fundamental4 debido a diversas razones de índole constitucional, como son: i) la
existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores
sociales y el Estado5; ii) el principio de solidaridad social y de eficacia de los
derechos fundamentales6, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que
comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos,
o de personas en condición de debilidad manifiesta7.
22. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido
definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene
el trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por
presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el
cargo para el cual fue contratado.
VIII.4. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad
23. Sea lo primero indicar que el derecho al trabajo regulado en el artículo 25
superior lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo,
quienes ocupan cargos en provisionalidad, tienen una garantía de carácter relativo
e intermedio, comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece
que «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera», por lo
que las condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al
mérito y no a la discrecionalidad del nominador8.
24. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:
[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su
permanencia en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo,
justamente porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo
público a través de los concursos de méritos […]9. (negrillas por fuera del texto
original)
25. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue
seleccionada en el concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los
derechos de esta clase de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso de méritos, por lo que la estabilidad de los servidores en
4
Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.
5
Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13,47, y 54 de la Constitución Política.
6
A partir de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política.
7
Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
8
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
9
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01728-01
Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
provisionalidad está condicionada al término de duración del proceso de selección
y a las etapas del concurso de méritos10.
VIII.5. Marco jurisprudencial respecto de la condición de los prepensionados
26. La figura del “prepensionado” es de creación jurisprudencial y tiene como objeto
proteger las expectativas del empleado que está próximo a causar su derecho de
pensión de vejez o jubilación, en el sentido de no poder ser retirado o despedido
de su empleo hasta tanto no se les haya reconocido dicha prestación económica.
27. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-897 de 2012, sostuvo que:
[…] las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los
prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de
los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres
años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la
pensión de jubilación o vejez […]. (negrillas de la Sala)
28. En relación con los trabajadores que se encuentran vinculados en cargos de
provisionalidad y tienen la calidad de prepensionados, la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente:
[…] De manera excepcional, la ley permite que los empleos de carrera puedan
ser ocupados por servidores nombrados en provisionalidad cuando se
presenten vacancias definitivas o temporales y, por razones del servicio, se
requiera de personal suficiente para atender las necesidades de la
administración, mientras estos se proveen en propiedad conforme a las
formalidades legales o cesa la situación que originó la vacancia. En ese
contexto, ha dicho la Corte, si bien es cierto el servidor no podrá
permanecer indefinidamente en el cargo, tampoco se crea una
equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí que
no proceda su desvinculación por la simple voluntad discrecional del
nominador.
5.4. Bajo ese entendido, los servidores nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera, tal y como lo ha reconocido esta corporación en
reiterados pronunciamiento, gozan de una estabilidad laboral relativa o
intermedia, que se traduce en que su retiro del servicio público solo
tendrá lugar por causales objetivas previstas en la Constitución y en la
ley, o para proveer el cargo que ocupan con una persona que haya
superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones
todas estas que deberán ser claramente expuestas en el acto de
desvinculación, como garantía efectiva de su derecho al debido proceso y al
acceso en condiciones de igualdad a la función pública.
5.5. De esta forma, “la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó
el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios,
pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
10
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
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derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de
méritos”.
5.6. Ahora bien, a pesar del carácter eminentemente transitorio de los
nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera, la Corte ha sido
enfática en señalar que el servidor que se encuentra en dicha situación
administrativa y, además, es sujeto de especial protección constitucional,
como es el caso, entre otros, de las personas en condición de discapacidad o
que padecen grave enfermedad, “concurre una relación de dependencia
intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus
derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de
oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de
esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos
casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los
principios que informan la carrera administrativa”.
5.7. En ese sentido, el ente nominador está en la obligación de brindarle a
los servidores en las condiciones especiales anotadas, un trato
preferencial, como acción afirmativa, antes de proceder a nombrar en
sus cargos a quienes integraron la lista de elegibles una vez superadas
todas las etapas del respectivo concurso de méritos. Ello, con el fin de
garantizar el goce real de sus derechos fundamentales (art. 2º Const.) y
de llevar a efecto la cláusula constitucional que exige a las autoridades
en un Estado Social de Derecho, prodigar una protección especial a las
personas que, por su condición económica, física o mental, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, inciso 3º
Const.).
5.8. Así, respecto de las medidas que pueden adoptarse para no lesionar los
derechos fundamentales de este grupo de servidores, en la sentencia SU-446
de 2011, la Corte Constitucional destacó la importancia de que los
órganos del Estado y, en particular, la Fiscalía General de la Nación, (i)
dispongan lo necesario para garantizar que sean los últimos en ser
desvinculados y, (ii) de ser posible, procure su reubicación en empleos
que aún se encuentren vacantes, iguales o equivalentes a aquellos que
venían ocupando en provisionalidad, mientras estos son cubiertos en
propiedad mediante el sistema de carrera. […]11 (negrillas de la Sala)
29. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-003 de 2018 procedió a
«unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto al alcance del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable», y al abordar el tema que nos
ocupa, señaló lo siguiente:
[…] Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad,
dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el
requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la
pensión de vejez […]12. (negrillas de la Sala)
11
Sentencia T 096 de 20 de marzo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU- 003 de 8 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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30. De todo lo transcrito, se colige que, si bien es cierto que los empleados
vinculados en provisionalidad no adquieren derecho indefinido a permanecer en
un empleo de carrera, la realidad es que, cuando ostentan la calidad de
prepensionados son sujetos de especial protección constitucional, lo que
obliga a la entidad empleadora adoptar medidas por medio del cual se logre
garantizar sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y al
trabajo hasta que les sea reconocido la pensión de vejez o jubilación; sin embargo,
dicha protección únicamente resulta procedente cuando el trabajador le faltare
el requisito atinente a las semanas de cotización.
VIII.6. El caso concreto
31. Laciudadana Olga Inés Rodríguez Popayán solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al «al trabajo, mínimo vital, vida digna, al debido proceso,
a la seguridad social, salud, a la protección especial como pre pensionada y
madre cabeza de familia», cuya vulneración le atribuyó a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y al Juez Coordinador
del Centro de Servicios Judiciales del Circuito Judicial Pacho -
Cundinamarca-, al haber ofertado el cargo que desempeña en la Rama Judicial.
VIII.6.1. Del incumplimiento del requisito de la subsidiariedad en el sub
judice
32. Sobre el particular, es oportuno indicar que, de conformidad con lo establecido
por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla
general, no procede para controvertir actos administrativos de carácter particular y
concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial
para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y,
en su defecto, la acción de nulidad.
33. En consonancia con lo anterior, cabe destacar que la Corte Constitucional ha
precisado que la condición de prepensionado resulta insuficiente para demostrar la
ineficacia del medio judicial ordinario, porque, además de cumplir con los
requisitos de dicha garantía de estabilidad, el extremo accionante debe acreditar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable para que la tutela sea procedente13. Al
respecto, en la sentencia de tutela T-554 de 2019, se señaló lo siguiente:
[…] Si bien al momento de la terminación del contrato de trabajo, al actor le
faltaban menos de tres años para adquirir la edad pensional de 62 años, y
había cotizado un total de 1327,29 semanas al sistema de seguridad social en
pensiones, ésta sola circunstancia, la de prepensionado, no hace procedente
el amparo solicitado puesto que el actor, a más de contar con un
mecanismo idóneo al cual debe acudir para que se defina su derecho, no
acreditó la configuración del perjuicio irremediable. […]14 (Se destaca)
13
Corte Constitucional. Sentencia T – 554 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
14
Corte Constitucional. Sentencia T – 229 del 20 de abril de 2017. M.P.: María Victoria Calle Correa.
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34. Así las cosas, y teniendo en cuenta que lo pretendido por la actora es que se
dejen sin efectos el acto administrativo por medio del cual se ofertó y se conformó
la lista de elegibles para ocupar el cargo que ella desempeña en la Rama Judicial,
así como aquel que negó el fuero de estabilidad laboral reforzada y se realizó un
nombramiento, en propiedad, la Sala advierte que el mecanismo de amparo
deviene improcedente porque la accionante cuenta con la posibilidad de promover
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el
artículo 138 del CPACA para solicitar la nulidad de tales actos administrativos.
35. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
a través del cual puede discutir la legalidad de los actos administrativos en
cuestión, en el que, valga resaltarlo, podrá solicitar el decreto de medidas
cautelares.
36. Cabe poner de relieve que el medio de control de nulidad y restablecimiento
resulta ser un medio de defensa idóneo y eficaz puesto que, tal como lo ha
sostenido esta Sección15, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011,
ya no es aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no
son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado»16.
37. Enese orden de ideas, y tal como se expuso en el acápite VIII.5. de esta
providencia, la figura de “prepensionados” tiene como objeto proteger las
expectativas del empleado que está próximo a causar su derecho de pensión de
vejez o jubilación, de no ser retirado o despedido de su empleo hasta tanto no se
le haya reconocido dicha prestación económica. Sin embargo, la Corte
Constitucional, en sentencia de unificación SU-003 de 201817, restringió el nivel de
protección de las garantías fundamentales de los prepensionados, al excluir de
ese grupo poblacional a aquellas personas que cumplen el requisito de densidad
de semanas.
38. Con fundamento en la anterior premisa, la Sala advierte que la actora no
ostenta la condición de prepensionada, porque actualmente cuenta con más de
1.150 semanas cotizadas ante el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos, lo
que, en los términos del artículo 65 de la Ley 100 de 199318, le garantizaría el
reconocimiento de la pensión mínima de vejez. Es decir, el único requisito que le
hace falta a la aquí accionante es el cumplimiento de la edad mínima -57 años para
las mujeres - exigida por la normatividad.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González,
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU- 003 de 8 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
18
“ARTÍCULO 65. GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad
si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el
artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán
derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para
obtener dicha pensión”.
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39. Sumado a lo anterior, debe señalarse que si bien es cierto la actora manifestó y
acreditó que actualmente tiene en curso una demanda ordinaria laboral en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y del Fondo de
Pensiones y Cesantías Colfondos, con el fin de obtener la nulidad del traslado de
su afiliación a ese fondo, la realidad es que hasta tanto no se emita una decisión
definitiva por la autoridad competente, ella goza de las prerrogativas previstas
para los afiliados del régimen de ahorro individual con solidaridad.
40. Sumado a lo anterior y siguiendo esa misma línea argumentativa, es de
resaltarse que la posible desvinculación laboral de la aquí accionante tendría una
justificación legal, la cual encuentra fundamento en la provisión del cargo por
concurso de méritos. Es decir, su eventual desvinculación es consecuencia del
nombramiento de una de las personas que superó el concurso de méritos y que
conforma la lista de elegibles, quien, valga resaltarlo, tiene un mejor derecho de
acuerdo con la jurisprudencia trazada tanto por la Corte Constitucional como por
esta Corporación, tal como se explicó ampliamente en los acápites precedentes.
41. De allí, que esta Sala de Decisión considera que, en el presente caso, no se
desconoció la condición de madre cabeza de familia de la actora, pues lo que se
advierte es que su derecho de permanencia en el cargo es relativo y debe ceder
frente al mejor derecho que ostenta aquella persona que ganó el concurso de
méritos.
42. En cuanto el argumento de la actora asociado a que «no es posible presentar
una acción de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto hay un
decaimiento del acto administrativo, es decir, hay pérdida de fuerza ejecutoria (art.
91 CPACA)», la Sala advierte que dicha afirmación es desacertada, en la medida
que los actos administrativos por medio del cual se ofertó y se conformó la lista de
elegibles para ocupar el cargo que ella desempeña en la Rama Judicial, así como
aquel que negó la solicitud del fuero de estabilidad laboral reforzada y se realizó
un nombramiento, en propiedad, se encuentran surtiendo efectos, por tanto, son
susceptibles de control judicial.
43. En este contexto, resulta oportuno señalar que un evento de perjuicio
irremediable debe suponer una hipotética afectación grave y significativa de los
derechos fundamentales de la parte actora, y en ese sentido se justifica la
intervención del juez de tutela en forma transitoria para adoptar medidas urgentes
e impostergables que eviten la materialización del referido perjuicio, circunstancias
que, como se expuso previamente, no se advierten en el sub judice.
44. En conclusión, la Sala considera que la presente solicitud de amparo no
satisface el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la actora dispone de otro
medio de defensa judicial eficaz e idóneo para obtener la protección de los
derechos fundamentales que alega vulnerados. Por tanto, se confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
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Accionante: Olga Inés Rodríguez Popayán
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de mayo de 2022, proferida por la
Subsección A de la Sección tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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