RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07454-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07454-00

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07454-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07454-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Américo Cabezas Molina
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Penal
• Presidencia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Improcedencia por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Cali.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Desde el 1° de marzo de 2024, el accionante se encuentra nombrado
en provisionalidad en el cargo de escribiente nominado adscrito a la
secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, el cual se posesionó ese mismo día.

1.2. Mediante Resolución No. 032 de 2 de octubre de 2024, se aclaró que
que el nombramiento del accionante “[…] se hace como consecuencia de
la licencia concedida al doctor Luís Eduardo Molina Salazar y durante el
tiempo que ésta dure […]”.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

1.3. El actor nació el 11 de junio de 1963, por lo que cumplió los 62 años
el 11 de junio de 2025, fecha para la cual seguía vinculado a la Rama
Judicial en el cargo y dependencia antes descrito.

1.4. A través de Oficio 113 de 4 de septiembre de 2025, el Presidente de
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali le
comunicó al actor la terminación de su nombramiento en provisionalidad
como escribiente nominado.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social, a
la vida, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada y al trabajo digno,
al dar por terminando su vinculación laboral pese a que tiene la calidad de
prepensionado.

Aseguró que al momento de su desvinculación laboral le faltaba “[…] 80
semanas, para completar las 1300 semanas requeridas para acceder a la
pensión de vejez […]” y, que no cuenta “[…] con los recursos necesarios que
me permitan subsistir hasta el reconocimiento e inclusión en nómina de
pensionados, es obvio que por mi edad encontrar un nuevo empleo es de difícil
probabilidad […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primero. TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad
humana, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y al
mínimo vital del señor AMERICO CABEZAS MOLINA.

Segundo: Se ORDENE a la PRESIDENCIA Y A LOS MAGISTRADOS
DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, designar en
provisionalidad al señor AMERICO CABEZAS MOLINA en un empleo
vacante igual o similar al que venía desempeñando hasta que sea incluida
en la nómina de pensionados de Colpensiones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

Tercero: Se ORDENE al Pagador de la ADMINISTRACION SECCIONAL
JUDICIAL SEDE CALI, pagar los salarios y demás emolumentos
constitutivos del mismo, por los meses dejados de cancelar desde el día
en que se materializó la desvinculación del cargo del señor AMERICO
CABEZAS MOLINA, identificada con la C.C. 16.685.491 de Cali, esto es,
a partir del día 05 de septiembre de 2025 hasta que se dé cumplimiento a
la respectiva sentencia por esta acción. […]”. (negrita en texto original)

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 12 de noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia remitió por competencia el presente proceso al
Consejo de Estado, correspondiéndole por reparto a esta Sección.

2. Mediante auto de 28 de noviembre 2025, se admitió la presente acción de
tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Penal –
Presidencia y se vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali como tercero con interés en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali rindió
informe en el que solicitó su desvinculación al considerar que se configura la
falta de legitimación en la causa por pasiva por no ser titular del interés jurídico
debatido.

2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala Penal - Presidencia
señaló que le fueron brindadas las respuestas a los derechos de petición
elevados por el accionante, en los que se le indicaron las razones por las
cuales no es posible mantener su nombramiento al no existir vacantes a las
que pueda acceder, sin que le fuera desconocida su situación y destacó que
en el momento en que se presente la oportunidad sería estudiada su situación.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que le corresponde a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali el cumplimiento de las
novedades laborales conforme a los actos administrativos que profiera el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, le asiste interés directo en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, por tanto, se negará la
solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si el acto administrativo de 4 de septiembre de 2025
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19912.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, es
decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad3.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

En el caso objeto de estudio, el accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la accionada
reintegrarlo al cargo que tenía y pagar todos los salarios y demás emolumentos
constitutivos del mismo desde el 5 de septiembre de 2025 a la fecha.

Respecto de lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto el tutelante
expresamente no solicitó que se deje sin efectos el acto administrativo de 4 de
septiembre de 2025 mediante el cual se terminó su nombramiento en
provisionalidad como escribiente nominado de la Secretaría de la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, la realidad es que cualquier
pronunciamiento en este asunto se encuentra centrado a determinar si dicha
decisión administrativa vulneró o no sus derechos fundamentales.

De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir el acto administrativo del 4 de septiembre de 2025
mediante el cual se terminó su nombramiento en provisionalidad.

En razón a lo anterior, la Sala considera que el oficio del 4 de septiembre de
2025 se enmarca en la categoría de actos administrativos definitivos, en tanto
que resuelven el fondo del asunto. Por tanto, el aquí accionante cuenta con un
medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 a través del cual
puede discutir la legalidad del acto administrativo en cuestión, en el que,
además, podrá solicitar medidas cautelares.

En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores4 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.

4 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1o. de marzo de 2018, C.P. María
Elizabeth García González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-
2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la
Nación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia5, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.

En ese orden de ideas, cabe destacar que, si bien el actor manifiesta que es
un sujeto de especial protección constitucional por tener la calidad de
prepensionado, la realidad es que dicha condición resulta insuficiente para
demostrar la ineficacia del medio judicial ordinario6, porque, además de
cumplir con los requisitos de dicha garantía de estabilidad, el extremo
accionante debe acreditar la ocurrencia de un perjuicio irremediable para que
la tutela sea procedente7. Al respecto, en la sentencia de tutela T-554 de 2019,
se señaló lo siguiente:

[…] Si bien al momento de la terminación del contrato de trabajo, al actor
le faltaban menos de tres años para adquirir la edad pensional de 62 años,
y había cotizado un total de 1327,29 semanas al sistema de seguridad
social en pensiones, ésta sola circunstancia, la de prepensionado, no
hace procedente el amparo solicitado puesto que el actor, a más de
contar con un mecanismo idóneo al cual debe acudir para que se
defina su derecho, no acreditó la configuración del perjuicio
irremediable. […]8 (Se destaca)

5 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
6 Ver sentencia del 8 de julio de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de

Estado, expediente 11001-03-15-000-2022-01728-01.
7 Corte Constitucional. Sentencia T – 554 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal

Pulido.
8 Corte Constitucional. Sentencia T – 229 del 20 de abril de 2017. M.P.: María Victoria Calle

Correa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la parte actora debe
utilizar los medios ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
para efectos de revisar la legalidad del acto administrativo objeto de
cuestionamiento, ya que no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07454-00

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.