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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01828-00

Fecha
25 de abril de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01828-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto al desacuerdo relativo al desconocimiento del precedente judicial, y negar el amparo solicitado, respecto a la configuración del defecto fáctico, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01828-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

25 de abril de 2022

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 82 8- 0 0
Ac c io n a nt e : Elc t ho n U ri el Mu ñ oz M e jí a

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veintidós (2022)

F.T: 109
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01828-00
Accionante: ELCTHON URIEL MUÑOZ MEJÍA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida en medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se revocó el fallo de primera
instancia y, en consecuencia, se negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones salariales derivadas de la existencia de una relación laboral.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente al desconocimiento del
precedente judicial, y ausencia del defecto fáctico.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra del municipio El Paso,
con el fin de que, de un lado, se declarara la nulidad del Oficio, sin número, del 3
de agosto de 2016, mediante el cual la entidad territorial mencionada negó la
existencia de la relación laboral y, de otro, se reconocieran las prestaciones
salariales y prestacionales reclamadas como consecuencia de lo anterior.

El 18 de noviembre de 2019 el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control, por lo
que declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó al municipio
reconocer y pagar al demandante las prestaciones sociales devengadas por un
empleado de la misma naturaleza, desde el 3 de enero de 2008 hasta el 15 de
abril de 2016 y los aportes a salud realizados en ese mismo período. Dicha
decisión fue apelada por el ente territorial. El 9 de septiembre de 2021 el Tribunal
Administrativo del Cesar revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó
las súplicas de la demanda.

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b) Inconformidad

El accionante indicó que el Tribunal Administrativo del Cesar, al proferir la
sentencia del 9 de septiembre de 2021, transgredió sus derechos fundamentales a
la igualdad y las garantías mínimas del trabajador definidas en el artículo 53 de la
Constitución Política y desatendió el principio de la seguridad jurídica. Como
fundamento de la acción, afirmó que aquel desatendió el precedente del Consejo
de Estado definido en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, expediente 2013-01143-01 (1317-2016), en la que el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo analizó, entre otras
cosas, el uso indebido del contrato de prestación de servicios en la administración
para encubrir una relación laboral.

De otra parte, señaló que la corporación accionada no tuvo en cuenta la valoración
que realizó el juez de primera instancia, la cual fue adecuada y acorde a las reglas
de la sana crítica. Sobre el particular, precisó que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, en la sentencia del 18 de
noviembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar
acreditados los elementos de la relación laboral, lo cual se ajusta a la realidad del
caso y a lo probado en el proceso.

PRETENSIONES

El solicitante de la salvaguarda requirió, primero, amparar sus derechos
fundamentales antes mencionados y, segundo, revocar la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En
consecuencia, peticionó ordenar al accionado emitir, dentro de los diez días
siguientes, una nueva decisión, en la que acoja los lineamientos jurisprudenciales
definidos en la sentencia de unificación invocada como desatendida.

CONTESTACIONES

Tribunal Administrativo del Cesar

La magistrada Doris Pinzón Amado, presidente de la corporación, señaló que la
acción de tutela de la referencia no satisface las exigencias especiales de
procedencia contra una providencia judicial, puesto que los fundamentos jurídicos
de la sentencia del 9 de septiembre de 2021 se ajustaron al criterio jurisprudencial
fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-386 de 2000, y por el Consejo
de Estado, en el fallo de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso 2013-
00260 y a los pronunciamientos del 11 de abril de 2019, expediente 2014-00232;
26 de septiembre del mismo año, expediente 2011-01310 y 3 de octubre y 16 de
octubre de igual anualidad, expedientes 2013-00195 y 2013-00185,
respectivamente, sobre la existencia de una relación laboral.

Igualmente, refirió que, a partir de esas decisiones, infirió que la configuración de
la subordinación podía admitirse cuando estuviera acreditado que: (i) la actividad

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del trabajador estaba dirigida constantemente por órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos; (ii) el empleador ejerce un poder disciplinario para
asegurar el comportamiento del trabajador y la disciplina de la empresa y (iii) las
funciones desarrolladas por el contratista son ejercidas también por otro empleado
de planta de la entidad; así mismo, indicó que la asignación de turno o de horarios,
las instrucciones de un superior o la solicitud de informes al contratista no eran
indicios suficientes para declarar la subordinación, en tanto podían relacionarse
con la coordinación entre los contratantes.

De la misma manera, advirtió que, en el caso concreto, al examinar las pruebas
aportadas al dossier para resolver la situación jurídica particular, no encontró que
el señor Muñoz Mejía hubiera recibido llamados de atención por parte de quienes
afirmaba eran sus superiores o sancionado por alguna razón ni que las funciones
a su cargo eran desarrolladas por un funcionario de planta del municipio
demandado, por lo que no existía subordinación, elemento indispensable para
declarar la existencia de la relación laboral entre este y el municipio El Paso.

Por lo anterior, aseguró que no existe una transgresión de los derechos
fundamentales señalados por el accionante y solicitó denegar el amparo
constitucional requerido.

El municipio El Paso no rindió informe alguno, a pesar de que el auto admisorio
se le notificó en debida forma.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.

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admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos

3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:

1. ¿El señor Muñoz Mejía contaba con otro mecanismo judicial idóneo y
eficaz, para discutir el desconocimiento, por parte del Tribunal
Administrativo del Cesar, de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 del 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está demostrado que el accionante se encontraba
en una situación que le impidiera utilizar el mecanismo con el que contaba
y/o está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

3. ¿La autoridad judicial precitada valoró las pruebas obrantes en el
expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) existencia de otro mecanismo de defensa,
(III) perjuicio irremediable, (IV) ausencia del perjuicio irremediable o de una
situación de imposibilidad en el caso bajo estudio, (V) defecto fáctico y (VI) estudio
del desacuerdo frente a la valoración probatoria realizada por la corporación
accionada. Veamos:

• Primer problema jurídico

¿El señor Muñoz Mejía contaba con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz, para
discutir el desconocimiento, por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en

5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el

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principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o
asunto se encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene
algunas excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela
resulta procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único
mecanismo de defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho
fundamental y que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. Ahora, en
cuanto a la excepción frente al segundo y tercero de los eventos, se configura
cuando los otros mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Existencia de otro mecanismo de defensa judicial

El señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía consideró que la autoridad judicial accionada
desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 del 9 de septiembre de 2021, en el que la Sección Segunda del Consejo de
Estado fijó algunas reglas sobre el uso indebido del contrato de prestación de
servicios en la administración para encubrir una relación laboral.

Sobre el particular, la Subsección advierte que la inconformidad del solicitante del
amparo recae en que la autoridad judicial accionada desconoció una sentencia de
unificación del Consejo de Estado, en la que fijó las reglas respecto al concepto de
«término estrictamente indispensable» al que alude el ordinal 3.° del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993; el período para entender que no existió solución de continuidad
y la improcedencia de la devolución de los aportes de salud.

En esos términos, se considera que aquel pudo acudir al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, previsto en los artículos 256 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, el cual procede contra las sentencias dictadas en única y en
segunda instancia por los tribunales administrativos, precisamente cuando
aquellas contrarían o se oponen a una sentencia de unificación del órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como, a su juicio, ocurre
en el presente asunto.

ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

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De esta manera, se concluye que la acción de la referencia no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, para la procedibilidad de la tutela en contra de
providencias judiciales, el cual exige que se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico, para proteger el derecho
que se estima conculcado, antes de formular esta acción constitucional. Lo
anterior encuentra su justificación en su carácter residual. Así las cosas, debe
repararse en que en el presente asunto lo pretendido podía resolverse a través del
precitado recurso, por lo cual, en primer lugar, el solicitante de la salvaguarda
debió hacer uso de este, para que fuera en esa instancia donde se resolviera lo
aquí expuesto.

En consecuencia, la petición de amparo, en lo que se refiere a la desatención del
precedente judicial definido en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
del 9 de septiembre de 2021 por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, se
torna improcedente y, por ende, se rechazará la solicitud relacionada con esa
inconformidad. En todo caso, en los acápites siguientes se verificará si existe
alguna situación que demuestre la probable e inminente configuración de un
perjuicio irremediable que flexibilice este requisito general o la acreditación de una
circunstancia que le impidiera a la accionante acudir al medio de control con el que
contaba y, por consiguiente, amerite el análisis del fondo del asunto.

• Segundo problema jurídico

¿Está demostrado que el accionante se encontraba en una situación que le
impidiera utilizar el mecanismo con el que contaba y/o está acreditada la probable
e inminente configuración de un perjuicio irremediable?

III. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo sostenido por la Corte Constitucional6, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es,
que revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y, que por ende, amerita
la atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse
que las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de
aplazar su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se
reitera que para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro

6 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.

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medio de defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar esa afectación.

IV. Ausencia del perjuicio irremediable o de una situación de imposibilidad
en el caso bajo estudio

Una vez revisado el escrito de tutela, se denota que el accionante no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable, pues si bien expuso que se presentaba
una afectación que permitía la procedencia del mecanismo constitucional, lo cierto
es que no explicó en qué consistía esta. Igualmente, se advierte que, de las
pruebas obrantes dentro del expediente, no es posible determinar una
circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la intervención del juez de
tutela, por lo cual no es viable efectuar un análisis de fondo, menos aun cuando
aquel tampoco explicó las razones por las cuales no agotó el mecanismo judicial
con el que contaba para resolver lo alegado en esta sede ni acreditó que se
hallaba en una situación que se lo impedía.

En esos términos, se concluye que la presente acción de tutela no cumple con la
exigencia de subsidiariedad, como requisito general de procedibilidad para acudir
al presente trámite, frente a la configuración del desconocimiento del precedente
judicial.

• Tercer problema jurídico

¿La autoridad judicial precitada valoró las pruebas obrantes en el expediente, de
conformidad con las reglas de la sana crítica?

V. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura
cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y, adicionalmente, debe tener
una incidencia directa en la decisión.

La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede
presentarse un defecto fáctico: 1) Una negativa que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración
y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente; esta dimensión comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez y 2) Una positiva, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución Política.

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A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente
reducido. En primer lugar, el respeto por los principios de autonomía judicial y del
segundo de los mencionados impiden que el juez constitucional realice un examen
exhaustivo del material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055
de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco
es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva
valoración de la actividad evaluativa realizada por la autoridad judicial que
ordinariamente conoce de un asunto.

VI. Estudio del desacuerdo frente a la valoración probatoria realizada por la
corporación accionada

El solicitante de la salvaguarda considera que el Tribunal Administrativo del Cesar
incurrió en un defecto fáctico porque no atendió las conclusiones probatorias del
juez de primera instancia, quien, a partir de las pruebas allegadas al proceso,
determinó que se configuraban los elementos de la relación laboral.

Sobre el particular, la Subsección encuentra, en primer lugar, que el señor Muñoz
Mejía no individualizó las pruebas valoradas de manera incorrecta, lo que impide
un estudio pormenorizado de la causal de procedibilidad invocada, pues el juez
constitucional no puede entrar a revisar todos los elementos probatorios, so pena
de invadir las competencias del juez natural. Asimismo, se avizora que el
accionante pretende que se ordene a la autoridad judicial accionada que acoja la
interpretación y las determinaciones probatorias del a quo, lo cual no resulta
procedente, máxime cuando aquel no explicó las razones por las cuales estima
que se presentó un yerro en el análisis efectuado por parte del accionado.

En todo caso, se resalta que el Tribunal Administrativo del Cesar examinó las
pruebas allegadas al proceso y, a partir de ellas, consideró que aquellas no eran
suficientes para probar la subordinación o dependencia del demandante frente al
municipio El Paso y, de esta forma, no era posible declarar la existencia de una
relación laboral entre aquellos. En concreto, señaló que el ejercicio de la labor por
parte de aquel no estuvo supeditado a un poder disciplinario, ya que no fue objeto
de sanciones o de llamados de atención ni demostró que las funciones a su cargo
fueran similares a las asignadas a un cargo de la planta de personal de la entidad
territorial, elementos necesarios para acreditar el requisito mencionado, lo que
conlleva descartar el disenso sobre el asunto.

Por consiguiente, fuerza concluir que la accionada no incurrió en un defecto
fáctico, comoquiera que la corporación accionada analizó el acervo probatorio
obrante en el expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Por tanto, al no encontrarse acreditadas las causales invocadas, previamente
referidas, se negará el amparo deprecado por el señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía,
mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo del

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Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 1 82 8- 0 0
Ac c io n a nt e : Elc t ho n U ri el Mu ñ oz M e jí a

Cesar, en relación con el defecto fáctico, y se rechazará por improcedente, frente
al desacuerdo relativo al desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Elcthon Uriel Muñoz Mejía en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, en
cuanto al desacuerdo relativo al desconocimiento del precedente judicial, y negar
el amparo solicitado, respecto a la configuración del defecto fáctico, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR

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