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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01828-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01828-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 25 de abril de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01828-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Impugnación de fallos de tutela/deber de cumplir con una carga
argumentativa mínima

Derecho Fundamental Invocado: Igualdad

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 25 de abril de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió “[…] Rechazar por improcedente
la acción de tutela interpuesta por el señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto al desacuerdo relativo al
desconocimiento del precedente judicial, y negar el amparo solicitado, respecto a
la configuración del defecto fáctico […]”.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Cesar, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 9 de
septiembre de 2021, dentro del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
200013333008201700017-01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de El Paso – Cesar, con
el fin de que se declarara la nulidad del Oficio sin número de 3 de agosto de 2016
expedido por la Secretaria General de dicha entidad, por medio del cual negó el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales derivadas de la existencia de
un contrato realidad entre las partes. Precisó que, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó i) que se declarara que entre las partes existió un contrato de
trabajo desde el 2 de enero de 2008 hasta el 15 de abril de 2016; y ii) el
reconocimiento y pago de “[…] todas las prestaciones sociales tales como primas
de servicios, prima de navidad, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías,
subsidio familiar la devolución de los aportes sufragados al sistema de seguridad
social (salud, pensión y ARL), la devolución de la retención en la fuente
descontada, además de la cancelación del pago de la indemnización por la no
consignación de las cesantías y demás emolumentos dejados de reconocer
durante el tiempo que duro (sic) la relación laboral […]”.

3.1. Precisó que, como fundamento de dicha demanda, se indicó que, i) el actor
desempeñó a través de diversos contratos y órdenes de prestación de servicios, el
cargo de Técnico en Sistemas en el Municipio de El Paso – Cesar, desde el día 2
de enero de 2008 hasta el 15 de abril de 2016; y ii) durante el tiempo que prestó sus

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

servicios personales a favor del municipio, estuvo sometido a un horario de trabajo
bajo una permanente subordinación, cumpliendo órdenes de su superior y
devengando un salario mensual.

4. Sostuvo que, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2019, resolvió acceder a las
pretensiones de la demanda.

5. Expuso que, la entidad demandada presentó recurso de apelación contra la
sentencia mencionada anteriormente.

Sentencia proferida el 9 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo
del Cesar dentro del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
200013333008201700017-01

6. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 9 de septiembre
de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR de fecha 18 de
noviembre de 2019, y en su lugar se NIEGAN las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las consideraciones expuestas previamente […]”.

6.1. Como fundamento de su decisión consideró que, si bien en el caso del actor
se encontraban configurados los elementos de la prestación personal del servicio y
la remuneración económica que caracterizan una relación laboral, lo cierto es que
el actor no acreditó el elemento de la subordinación, por las siguientes razones:

“[…] De conformidad con lo expuesto, las pruebas aportadas (contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes intervinientes y testimonios)
demuestran la existencia de una relación contractual, y los parámetros en que esta
se pactó.

De otra parte, el hecho de recibir instrucciones o que se reporte información, o el
cumplimiento de un horario, no conlleva necesariamente a que exista el elemento de
subordinación, ya que este tipo de pruebas no resultan suficientes para acreditar
dicho elemento.

Resulta necesario para desvirtuar la relación contractual, que el empleador ejerza un
poder disciplinario para asegurar que el trabajador adopte el comportamiento y la

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

disciplina que exija cada empresa, situación que se echa de menos en esta
oportunidad, en la que no se demostró que el señor ELCTHON URIEL MUÑOZ
MEJÍA fuera objeto de sanción o llamado de atención por parte de quienes afirman
actuaban como sus jefes inmediatos.

Adicionalmente, resulta necesario que se acredite que las funciones desarrolladas
por el contratista sean similares a las asignadas a un cargo de planta en la entidad
contratante, lo que tampoco se probó en este proceso.

Se reitera que la asignación de turnos es un indicador de la necesaria coordinación
que debe realizar el tercero en la relación contractual, por lo que el cumplimiento
del mismo obedece más a un elemento de coordinación que de subordinación.

De este modo, se concluye que entre el demandante y el MUNICIPIO DE EL PASO
– CESAR, existió una relación de coordinación de actividades, en virtud de la cual
se daban directrices y se solicitaba información, circunstancias que devenían
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Que se ampare los derechos fundamentales al DERECHO
FUNDAMENTALES (sic) DE LA IGUALDAD, SEGURIDAD JURIDICA (sic), EL
RESPETO AL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ARTICULO (sic) 23 C.S.T, ART
53 DE LA CONSTITUCIÓN Y DEMAS (sic) DERECHOS FUNDAMENTALES
CONEXOS que invocamos en la presente acción de tutela.

2. Que se deje sin efectos las providencias dictadas por el dictada (sic) por el Tribunal
Administrativo del Cesar, Valledupar, nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
(SEGUNDA INSTANCIA – ORALIDAD – EXPEDIENTE DIGITAL) DEMANDANTE:
ELCTHON URIEL MUÑOZ MEJÍA DEMANDADOS: MUNICIPIO DEL PASO –
CESARRADICADO (sic): 20-001-33-33-008-2017-00017-01 MAGISTRADA
PONENTE: DORIS PINZÓN AMADO se están violando los derechos
constitucionales fundamentales al DERECHO FUNDAMENTALES DE LA
IGUALDAD, SEGURIDAD JURIDICA (sic), EL RESPETO AL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL ARTICULO (sic) 23 C.S.T, ART 53 DE LA CONSTITUCIÓN Y
DEMAS (sic) DERECHOS FUNDAMENTALES CONEXOS.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar, MAGISTRADA PONENTE:
DORIS PINZÓN AMADO, que dentro de los 10 días siguientes emita una sentencia
siguiendo los lineamientos jurisprudenciales dados el por Consejo de Estado
Sección Segunda, en lo referente a la figura jurídica de los Contratos Realidad según
la sentencia del 21 de septiembre del año 2021 […]”.

7. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico, el cual sustentó en los siguientes términos:

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

“[…] En primer lugar hay que indicar que tanto el Juez A Quo hizo una valoración bajo
la san (sic) critica (sic) como lo estipula el art 176 del CGP, valoración que no tuvo en
cuenta el Tribunal Ad Quem,

Las valoraciones del Aquo (sic) fueron las siguientes:

El JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, en
sentencia de fecha 18 de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, partiendo de la consideración que en el proceso quedó debidamente
acreditado que el señor ELCTHON URIEL MUÑOZ MEJÍA prestó sus servicios de
manera personal, continua e ininterrumpida, cumpliendo un horario determinado en la
sede de la entidad demandada y bajo la supervisión de un jefe, elementos que
resultaron suficientes para demostrar el aspecto sustancial de la subordinación en las
actividades prestadas desde el 3 de enero de 2008 hasta el 15 de abril de 2016, en
virtud de diferentes pero sucesivos vínculos contractuales. El Juez de Primera
Instancia consideró que se acreditó que las actividades desempeñadas por el aquí
demandante, configuraron los elementos propios para la existencia de una relación
laboral, quedando en evidencia que el MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR utilizó
inequívocamente la figura contractual (contrato y/u órdenes de servicios) para encubrir
la naturaleza de la labor desempeñada por el actor, por lo que se configuró en este
caso el contrato realidad en aplicación del principio consagrado en el artículo 53 de la
Carta Política, en la medida que las vinculaciones contractuales sostenidas con el
señor ELCTHON URIEL MUÑOZ MEJÍA, no se ajustaron a la normatividad aplicable,
y atentaron contra los derechos laborales y prestaciones sociales de este último.

En este orden de ideas, concluyó que de acuerdo con el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades y las pruebas obrantes en el plenario, la vinculación
del demandante con el MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR, que se dio a través de
los contratos y/u órdenes de prestación de servicios suscritos entre el 3 de enero de
2008 hasta el 15 de abril del 2016, resultaron ser una manera de “disimular” el vínculo
laboral de subordinación que en realidad subyacía entre el Nulidad y Restablecimiento
del Derecho.

Decisión que se adapta a la realidad, por lo probado en el proceso, y las valoraciones
de las pruebas aportadas, que dan certeza de que en realidad existió un contrato
laboral entre el hoy demandante y el municipio de El Paso – Cesar […]”.

8. Igualmente, el actor manifestó que, a su juicio, el Tribunal Administrativo del
Cesar incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente,
por las siguientes razones:

“[…] En primer lugar sin temor equivocarme existe una clara violación al precedente
jurisprudencial trazado por el Honorable Consejo de Estado Sección Segunda, por
parte del Tribunal Ad Quem, precedente que nos establece en sentencia de unificación
jurisprudencial en lo relacionado con los contratos realidad mas (sic) an (sic) con el
ultimo (sic) pronunciamiento del alto tribunal a (sic) en cuanto a la simulación de los
contratos de prestación de servicios, vulnerando los derechos laborales de los
trabajadores. De igual manera el mismo precedente establece cuando se debe
exonera (sic) de responsabilidad al Estado, como veremos. En este orden se dice en
voces del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONFORME
AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011 Medio de control: Nulidad y
restablecimiento del derecho Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

2016) Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz Demandado: municipio de Medellín -
Personería de Medellín y otro. Sentencia que transcribimos en lo pertinente […]”.

Actuación

9. El Despacho Sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 28 de marzo de 2022; i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar; y
iii) vinculó al Municipio de El Paso, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción de tutela, al
considerar que “[…] la providencia proferida por esta Corporación no es constitutiva
de vía de hecho judicial […]”. Para tal efecto, el Tribunal se remitió a las
consideraciones expuestas en la sentencia cuestionada, frente a lo cual concluyó
que no se configuró vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor.

11. El Municipio de El Paso guardó silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 25 de abril de 2022, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:

“[…] Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Elcthon Uriel Muñoz Mejía en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto
al desacuerdo relativo al desconocimiento del precedente judicial, y negar el amparo
solicitado, respecto a la configuración del defecto fáctico, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] El señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía consideró que la autoridad judicial
accionada desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2- 2021 del 9 de septiembre de 2021, en el que la Sección Segunda del Consejo

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

de Estado fijó algunas reglas sobre el uso indebido del contrato de prestación de
servicios en la administración para encubrir una relación laboral.

Sobre el particular, la Subsección advierte que la inconformidad del solicitante del
amparo recae en que la autoridad judicial accionada desconoció una sentencia de
unificación del Consejo de Estado, en la que fijó las reglas respecto al concepto de
«término estrictamente indispensable» al que alude el ordinal 3.° del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993; el período para entender que no existió solución de continuidad
y la improcedencia de la devolución de los aportes de salud.

En esos términos, se considera que aquel pudo acudir al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, previsto en los artículos 256 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, el cual procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda
instancia por los tribunales administrativos, precisamente cuando aquellas contrarían
o se oponen a una sentencia de unificación del órgano de cierre de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, como, a su juicio, ocurre en el presente asunto […]”.

[…]

“[…] Sobre el particular, la Subsección encuentra, en primer lugar, que el señor
Muñoz Mejía no individualizó las pruebas valoradas de manera incorrecta, lo que
impide un estudio pormenorizado de la causal de procedibilidad invocada, pues el
juez constitucional no puede entrar a revisar todos los elementos probatorios, so
pena de invadir las competencias del juez natural. Asimismo, se avizora que el
accionante pretende que se ordene a la autoridad judicial accionada que acoja la
interpretación y las determinaciones probatorias del a quo, lo cual no resulta
procedente, máxime cuando aquel no explicó las razones por las cuales estima que
se presentó un yerro en el análisis efectuado por parte del accionado.

En todo caso, se resalta que el Tribunal Administrativo del Cesar examinó las
pruebas allegadas al proceso y, a partir de ellas, consideró que aquellas no eran
suficientes para probar la subordinación o dependencia del demandante frente al
municipio El Paso y, de esta forma, no era posible declarar la existencia de una
relación laboral entre aquellos. En concreto, señaló que el ejercicio de la labor por
parte de aquel no estuvo supeditado a un poder disciplinario, ya que no fue objeto
de sanciones o de llamados de atención ni demostró que las funciones a su cargo
fueran similares a las asignadas a un cargo de la planta de personal de la entidad
territorial, elementos necesarios para acreditar el requisito mencionado, lo que
conlleva descartar el disenso sobre el asunto […]”.

La impugnación

13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en los siguientes términos1:

“[…] dentro de los términos legales previstos y en especial lo dispuesto por el Decreto
2591 del 1991 y demás normas concordantes, por medio del presente escrito
manifiesto que Interpongo y Sustento el recurso de APELACION (sic) contra el fallo
del SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –

1 Al respecto, la Sala precisa que, de conformidad con los documentos registrados en la Sede Electrónica para

la Gestión Judicial – Samai, el actor sólo allegó el documento (1 folio) en el que manifestó que “[…] Interpongo
y Sustento el recurso de APELACION (sic) […]”, información que a su vez fue verificada con la Secretaría
General de esta Corporación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

SUBSECCIÓN A del 25 de abril del 2022, que fue notificada al suscrito el día 05 de
mayo de la presente anualidad, bajo radicado 11001-03-15-000-2022-01828-00,
mediante el cual se le niega el amparo Constitucional invocado en la presente Tutela,
con el fin de que mediante este recurso, se revoque dicho fallo y en su lugar se le
reconozcan los derechos Fundamentales Vulnerados […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en determinar si, en efecto:

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

i) es procedente conocer y decidir de fondo la impugnación presentada contra la
sentencia de tutela proferida el 25 de abril de 2022 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, y de ser así;

ii) establecer si, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento
de los requisitos generales y especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales.

17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la impugnación de las sentencias de tutela; ii) los sujetos de
especial protección constitucional dentro del marco del Estado Social de Derecho;
iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv)
análisis del caso concreto, y finalmente v) las conclusiones de la Sala.

La impugnación de las sentencias de tutela

18. El artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916 dispone lo
siguiente:

“[…] Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la
autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión […]”.

19. En ese orden de ideas, con base en lo anteriormente expuesto, dentro del
marco de la acción de tutela se establece el derecho de la doble instancia en donde
el actor podrá, por medio del respectivo escrito de impugnación, que su caso sea
estudiado y revisado por otro juez constitucional, contando además, con la
posibilidad de que la sentencia de tutela adversa a sus pretensiones sea revisada
eventualmente por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, frente al alcance
de la impugnación, consideró que7:

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
7 Corte Constitucional, Auto 235 de 13 de julio de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

“[…] La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la
doble instancia guarda estrecha relación con el debido proceso como forma de
garantizar la recta administración de justicia, y se constituye en un mecanismo para
que el superior jerárquico de la autoridad judicial que realizó el pronunciamiento,
evalúe los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, bien sea
confirmando o revocando la sentencia de primera instancia […]”.

20. Debe señalarse además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco
de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado Social de
Derecho, toda vez que garantiza, en forma eficaz y plena, el derecho fundamental
de defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar
una decisión en primera instancia, pueda adoptar una nueva decisión judicial,
estudiando y revisando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por el
impugnante.

Los sujetos de especial protección constitucional dentro del marco del Estado
Social de Derecho

21. Los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que,
debido a su condición psicológica, social o física, merecen acciones positivas por
parte del Estado, con el fin de lograr una verdadera igualdad real y efectiva. En ese
orden de ideas, los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la carta política,
disponen que:

“[…] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.

22. Respecto a los sujetos de especial protección constitucional, la Corte
Constitucional ha considerado que8:

“[…]Tratándose de sujetos de especial protección, esta Corporación ha sostenido que
el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del
reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la
que se han visto sometidos históricamente. Así la Constitución Política en su artículo
13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Al

8 Corte Constitucional, sentencia T-736 de 17 de octubre de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a
los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de
discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual
considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia
directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las
condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos
de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar
la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos
mencionados […]”.

23. En ese orden de ideas, dentro del marco del Estado Social de Derecho9, y
con fundamento en los principios de la dignidad humana y de la solidaridad, los
sujetos de especial protección constitucional, merecen un trato preferencial, en
donde es deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

24. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

9 La Corte Constitucional en la paradigmática sentencia T-406 de 1992 con ponencia del magistrado Ciro

Angarita Barón, estableció el contenido y alcance de la cláusula del Estado Social de Derecho, al considerar
que: “[…] La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita
esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema
del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de
Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos
hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente.a. El estado
bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el movimiento obrero
europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones
adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos, sirvieron para
transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la
dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza
estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los
ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975).b. El Estado
constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del
Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera
generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos
de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la
consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y
el funcionamiento de la organización política […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.

25. Atendiendo a que la Corte Constitucional10 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Análisis del caso en concreto

26. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

27. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

28. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

10 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

28.1. Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 200013333008201700017-01.

Solución del caso concreto

29. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de tutela de 25 de abril de 2022, resolvió “[…] Rechazar por improcedente
la acción de tutela interpuesta por el señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto al desacuerdo relativo al
desconocimiento del precedente judicial, y negar el amparo solicitado, respecto a la
configuración del defecto fáctico […]”. La decisión quedó notificada el 6 de mayo de
202211.

30. El actor, mediante escrito recibido el 9 de mayo de 202212 en la Secretaría
General de esta Corporación, presentó escrito de impugnación contra la sentencia
proferida el 25 de abril de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Al respecto señaló:

“[…] dentro de los términos legales previstos y en especial lo dispuesto por el Decreto
2591 del 1991 y demás normas concordantes, por medio del presente escrito
manifiesto que Interpongo y Sustento el recurso de APELACION (sic) contra el fallo
del SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A del 25 de abril del 2022, que fue notificada al suscrito el día 05 de
mayo de la presente anualidad, bajo radicado 11001-03-15-000-2022-01828-00,
mediante el cual se le niega el amparo Constitucional invocado en la presente Tutela,
con el fin de que mediante este recurso, se revoque dicho fallo y en su lugar se le
reconozcan los derechos Fundamentales Vulnerados […]”.

31. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 23 de mayo de 2022, concedió la impugnación
presentada por el actor.

11 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días

hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la
sentencia de tutela de la referencia se envió el 4 de mayo de 2022, se entiende notificada personalmente el 6
de mayo de 2022 y los términos comenzaron a correr a partir del 9 de mayo de 2022.
12 Cfr. Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CORREO_CAROLINAMOR(.pdf ) NroActua 23”. Archivo en medio magnético.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202201828-01
Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

32. El trámite de la impugnación, correspondió, por reparto, a la Sección Primera
del Consejo de Estado.

33. Ahora bien, para efectos de resolver el caso sub examine, es importante
mencionar que esta Sección mediante la sentencia de 28 de febrero de 2019 13, fijó
unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las
impugnaciones presentadas dentro del marco de la acción de tutela, considerando
las siguientes:

“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra autoridades
públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia,
no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad
de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el impugnante lo presente
dentro del término legal correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto
2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad
quem, el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando los
argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el
ii) acervo probatorio obrante en el expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida
en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima14, en
donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial,
incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v)
error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii)
violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 200515,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de

2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03163-01
14 Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:

“[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para
delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de
providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional.
Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra
facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados
por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las
instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio
oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la
finalidad del amparo constitucional.
Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo
el ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y
así establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los
lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación,
presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de
desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la
carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio
oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01).
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

15

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Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

31 de julio de 201216, salvo que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el
Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de
justicia […]”.

34. En el caso objeto de estudio, la Sala observa que el actor, en su escrito de
impugnación, no planteó ningún argumento jurídico de fondo con el fin de
efectuar algún reproche contra la sentencia proferida en primera instancia el 25
de abril de 2022, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por cuanto solamente indicó que: “[…] por medio del presente escrito
manifiesto que Interpongo y Sustento el recurso de APELACION (sic) contra el fallo
del SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A del 25 de abril del 2022, que fue notificada al suscrito el día 05 de
mayo de la presente anualidad, bajo radicado 11001-03-15-000-2022-01828-00,
mediante el cual se le niega el amparo Constitucional invocado en la presente
Tutela, con el fin de que mediante este recurso, se revoque dicho fallo y en su lugar
se le reconozcan los derechos Fundamentales Vulnerados […]”, pero en esta
instancia, no presentó algún tipo de argumentación jurídica, por lo que la Sala no
puede emitir un pronunciamiento de fondo.

35. Frente al tema en cuestión, esta Sección ha considerado lo siguiente17:

“[…] En el presente caso, se advierte que el actor pretende que se ordene su
reintegro al empleo que desempeñaba en la Cámara de Representantes del
Congreso de la República y, en consecuencia, se le garantice el derecho a la salud
con el fin de acceder a un tratamiento oportuno e ininterrumpido a su enfermedad,
así como el pago de las incapacidades adeudadas.

Lo anterior, por cuanto padece una afectación grave en su salud que le impide
desempeñar cualquier empleo y, por ende, debe ser considerado como un sujeto de
especial protección que goza de estabilidad laboral reforzada, lo que impedía su
retiro de la Institución.

No obstante lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un
estudio de fondo del asunto, habida consideración que el actor en su escrito de
impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta los
reparos respecto de la sentencia de primera instancia, razón por la que no se

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, CP.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre

de 2018, C.P (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 44001234000020180011301. De
igual manera, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 11 de abril de 2019, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-
15-000-2019-00237-01.

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Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

encuentran los elementos necesarios para revisar si el fallo proferido por el Tribunal
se encuentra ajustado a derecho […]”.

36. En ese orden de ideas, se evidencia que el actor en el escrito de impugnación
solamente manifestó que “[…] Interpongo y Sustento el recurso de APELACION
(sic) […]”, lo que evidencia que, dentro del término otorgado por el artículo 31 del
Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, no argumentó de manera
razonable, persuasiva y convincente las razones de índole jurídica por las cuales, a
su juicio, la decisión proferida en primera instancia debía revocarse.

37. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto18, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio19, el señalamiento de las razones jurídicas de índole
constitucional para demostrar por ejemplo que la sentencia proferida en primera
instancia no está ajustada a derecho, lo que implica para el actor cumplir con una
carga argumentativa mínima.

38. Además, resulta necesario precisar, como se señaló supra, que el Decreto
núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal
adicional para exponer los argumentos de la impugnación, de forma que, de
conformidad con el artículo 31 de la norma referida, corresponde al interesado
plantear los argumentos de su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para
impugnar la sentencia de primera instancia.

Conclusiones de la Sala

39. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
25 de abril de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual resolvió “[…] Rechazar por improcedente
la acción de tutela interpuesta por el señor Elcthon Uriel Muñoz Mejía en contra del

18 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio de 2011, M.P. Jorge

Iván Palacio Palacio.
19 Decreto núm. 2591 de 1991, artículo 14.

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Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

Tribunal Administrativo del Cesar, en cuanto al desacuerdo relativo al
desconocimiento del precedente judicial, y negar el amparo solicitado, respecto a
la configuración del defecto fáctico […]”, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 25 de abril de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente con permiso

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Actor: Elcthon Uriel Muñoz Mejía

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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