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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01861-00

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01861-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Carmen Sofía Solís de Loaiza, actuando a nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección www.consejodeestado.gov.co 15 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-01861-00 Ac c i o n a n t e : C a r m e n S o f í a S o l í s d e L o a i z a Tercera – Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01861-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. cinco (05) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01861-00
Accionante: CARMEN SOFÍA SOLÍS DE LOAIZA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derecho
fundamental al debido proceso / Irregularidades
procesales en medio de control de reparación directa
/ Recurso extraordinario de revisión / Circunstancias
en que se declara infundado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Carmen Sofía Solís de Loaiza, actuando a nombre propio, en
contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión
de la expedición de la providencia del 8 de octubre de 2021, dentro
del recurso extraordinario de revisión radicado número 11001-03-26-
000-2018-00052-00.

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ACCIÓN DE TUTELA
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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso
se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS1

1.1. La señora Carmen Sofía Solís de Loaiza presentó recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, argumentando que, al
desestimar sus pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho por considerar que la pensión de jubilación era incompatible
con la de invalidez, el Tribunal Administrativo del Magdalena había
contrariado lo considerado en la sentencia proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 17 de agosto de
2012.

1.2. La Secretaría del Tribunal Administrativo del Magdalena remitió
el recurso a un juzgado administrativo, que despachó
desfavorablemente las pretensiones del recurso.

1.3. Por considerar que el juzgado administrativo no tenía
competencia funcional para resolver el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. La parte accionante presentó acción de
tutela solicitando la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.

1.4. El amparo precitado fue concedido y el recurso fue conocido por
el Consejo de Estado, que negó lo pretendido porque la sentencia del
1
En el escrito contentivo de la acción de tutela, la parte accionante no refiere las fechas en las cuales se
dictaron varias de las providencias judiciales en cuestión, ni el nombre completo de los despachos
judiciales que las profirieron. Sin embargo, en aras de garantizar el derecho al debido proceso, el
recuento de los hechos se hará de la forma más clara posible con base en las pruebas que obran en el
expediente, pese a que algunas de las sentencias no están fechadas.

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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se ajustó
a su jurisprudencia.

1.5. Como consecuencia de lo anterior, la accionante interpuso medio
de control de reparación directa en contra de la Nación – Rama
Judicial, por considerar que al remitir el expediente de unificación
jurisprudencial a un juzgado administrativo se había configurado un
error jurisdiccional.

1.6. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Santa Marta que, a través de sentencia de 31 de mayo de
2016, negó las pretensiones de la demanda.

1.7. Contra la decisión precitada se interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena que,
por medio de providencia de 20 de septiembre de 2017, confirmó lo
fallado en primera instancia.

1.8. El 23 de febrero de 2018, la parte accionante presentó recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de reparación
directa, proceso que fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C, mediante providencia de 8 de octubre de
2021, la cual lo declaró infundado.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«La presente Acción de Tutela se dirige a la OMISIÓN que existe en la
providencia del Consejo de Estado de fecha 08 de Octubre de 2.021 en
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN que no consideró en su
estudio la PRETENSIÓN del RECURSO DE REPARACIÓN DIRECTA […].

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[…]

[…] se pretende en esta ACCIÓN DE TUTELA reclamar la
INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS, en diferentes
eventos por las autoridades encargadas de administrar justicia,
solicitada ante el juzgado sexto administrativo de Santa Marte en fecha
06 de Mayo de 2.015 en demanda de REPARACIÓN DIRECTA […]». (sic
en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección C no tuvo en cuenta al momento de resolver el
recurso extraordinario de revisión que el medio de control de
reparación directa reúne todos los requisitos y formalidades para su
prosperidad, pues la jurisdicción de lo contencioso administrativo
incurrió en una falla en el servicio al remitir de forma errada el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia a un juzgado
administrativo y no al Consejo de Estado.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 30 de marzo de 2022, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C, como accionado, y a la Nación – Rama Judicial, como
tercero interesado en las resultas del proceso, para que ejercieran su
derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

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5. INTERVENCIONES

5.1. El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, a
través de su Secretaría, informó que el proceso del recurso
extraordinario de revisión se encuentra en formato PDF y los archivos
están asociados en el aplicativo SAMAI, conforme con la anotación
índice núm. 39 del proceso.

5.2. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».2

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, con la
expedición de la providencia de 8 de octubre de 2021, que
resolvió el recurso extraordinario de revisión radicado número
11001-03-26-000-2018-00052-00, incurrió en una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso de la parte
accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales y ii) el
caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

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En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la

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vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la parte accionada incurrió en la violación de los
derechos fundamentales ya señalados.

Así mismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la providencia cuestionada se notificó el 16 de febrero de 2022
y la acción de tutela se presentó el 25 de marzo de 2022.

No se trata de irregularidades procesales ni de una tutela contra
tutela.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
la señora Carmen Sofía Solís de Loaiza, actuando a nombre propio, en
contra del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso
ocurrida con ocasión de la expedición de la a providencia del 8 de
octubre de 2021, dentro del recurso extraordinario de revisión
radicado número 11001-03-26-000-2018-00052-00.

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Al respecto, esta Sala de Subsección considera:

4.1. El recurso extraordinario de revisión se consagró como excepción
al principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a
cosa juzgada material, y que permite controvertir un fallo
ejecutoriado, cuando se configure alguna de las causales establecidas
en el artículo 250 del CPACA, que en esencia corresponden a las
contenidas en el artículo 188 del CCA, con el único fin de que se
produzca una decisión ajustada a la ley.

Este recurso constituye una verdadera acción impugnatoria con
efectos rescisorios y se dirige a reexaminar circunstancias fácticas o
probatorias que ameritan que se adopte una nueva decisión, contraria
a aquella objeto de revisión.

Para que prospere el recurso extraordinario se requiere, como
antecedente, una sentencia ejecutoriada, bien sea de los Tribunales
Administrativos o del Consejo de Estado, en única, primera o segunda
instancia, creadora de la cosa juzgada material, la cual, una vez
censurada, solo puede ser revocada y perder sus efectos luego de la
comprobación de una de las causales contenidas en el artículo 250 del
CPACA y con la concurrente y necesaria definición de que el fallo
reprochado es erróneo o injusto por esa causa, es decir, que hay
lugar a otra decisión distinta.

La parte accionante en su recurso invocó la causal de revisión del
artículo 250 del CPACA, consistente en haberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados, frente a lo cual
el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C señaló:

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«Tras considerar, en un principio, que la causal análoga, prevista en
el artículo 188.1 del CCA, exigía que la falsedad o adulteración
documental fuera declarada en sentencia penal4 o con tacha de
falsedad en proceso judicial5, la jurisprudencia contencioso-
administrativa ha sostenido pacíficamente, en los últimos años, que
corresponde al juez de revisión su determinación, mediante un
estudio riguroso de los documentos presentados por el recurrente6.
Este es un análisis objetivo, ya que el análisis de responsabilidad del
autor le corresponde al juez penal7. En todo caso, el documento falso
o adulterado “debe haber influido ostensiblemente en la decisión,
hasta el punto, si se quiere, que sin su concurso, sin su incidencia, el
fallo se hubiera tomado en otro sentido, de tal forma que al excluirlos
del proceso, la sentencia pierda consistencia y cambie de alcance”8.

4.3. Mediante la sentencia impugnada9, el Tribunal Administrativo
del Magdalena confirmó el fallo desestimatorio, proferido el 31 de
mayo de 2016 por el Juzgado 6º Administrativo del Circuito de Santa
Marta.

El Tribunal consideró que: (i) el auto del 6 de febrero de 2013, al que
se le imputaba un error jurisdiccional, no había puesto fin al proceso,
ya que no era eficaz, por virtud de lo ordenado en tutela; (ii) la
providencia errónea no había afectado a la señora Solís de Loaiza, ya
que el trámite del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial

4
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de febrero de
1993, rad. REV-037.
5
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 19 de diciembre de
1995, Rad. REV-076.
6
«En ese orden, se observa que a diferencia del recurso de Revisión regulado en el artículo 379 del C. de
P.C. y precisamente de la causal del artículo 380.2 ibídem: “haberse declarado falsos por la justicia penal
documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”, la del numeral 1 del
artículo 188 del C.C.A., no requiere previa sentencia judicial que declare la falsedad del documento.
Exige, por tanto, un extremo rigor en el análisis y evaluación de su procedencia, por parte del juez del
recurso, con base en determinar la falsedad o adulteración del documento que se aduce como
fundamento del mismo. Esa falsedad debe ser indiscutible e integral y a su verificación puede llegar el
juez, siguiendo la naturaleza de la falsedad que se aduzca, mediante el examen del documento tanto
desde el punto de vista de su conformación material como de su contenido y su prueba debe ser
completa e inobjetable. Por las características de su regulación la causal solo podrá ser admitida o
declarada su prosperidad cuando no exista duda sobre la falsedad del documento que le sirve de soporte
y sobre la condición de determinante de la sentencia acusada». CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencias de 25 de septiembre de 2001, rad. REVPI-003; reiterada en las
sentencias de 12 de julio de 2005, rad. núm. 11001-03-15-000-1998-00161-01(REV-00161), y del 26 de
febrero de 2013, rad. núm. 11001-03-15-000-2008-00638-00(REV), de la Subsección de la Sección
Tercera del 30 de octubre de 2017, rad. núm. 11001-33-31-001-2009-00096-01(AG); y de la Sala 21
Especial de Decisión del 3 de diciembre de 2019, rad. núm. 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV),
entre otras.
7
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de mayo de 2009,
rad. REV-039; reiterada en la sentencia de la Sala Veintitrés Especial de Decisión del 3 de abril de 2018,
rad. núm. 11001-03-15-000-2016-02057-00(REV); y en la sentencia de la Sección Tercera, Subsección
A, del 8 de mayo de 2019, rad. núm. 52001-13-33-008-2012-00146-01 (54722), entre otras.
8
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de noviembre de
1993, rad. REV-040.
9
Copia simple a folios 41 a 52.

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había concluido con sentencia del 23 de noviembre de 2015 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar que la
sentencia recurrida se ajustaba a la jurisprudencia de esta
Corporación; (iii) si bien, la remisión a un funcionario incompetente
no había sido adecuada, el trámite del recurso había sido subsanado;
(iv) no se configuró el daño alegado ni se acreditaron los perjuicios
morales y materiales deprecados; (v) el amparo concedido no
reafirmaba el daño antijurídico, ya que se había dado trámite al
recurso; y que (vi) no se acreditó un actuar doloso de los funcionarios
al remitir el proceso de unificación jurisprudencial al Juzgado 4º
Administrativo del Circuito.

4.4. Ahora bien, como prueba de la falsedad o alteración de los
documentos que fundamentaron el fallo recurrido, la actora aportó a
este proceso, los siguientes documentos:

4.4.1. Copia simple del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia10 interpuesto el 18 de diciembre de 2012 por Carmen
Sofía Solís de Loaiza, en los términos de los artículos 256 a 260 del
CPACA, contra la sentencia dictada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Magdalena el 28 de noviembre de 2012
(rad. núm. 47-001-3331-004-2010-00260-01).

Como fundamento del recuso, arguyó que dicho fallo contrariaba la
sentencia de unificación proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 17 de agosto de 2012 [rad. núm.
15001-23-31-000-2004-01994-01 (1071-10)], que, en su apartado
5º, consideró que la pensión de gracia y la pensión ordinaria de
jubilación eran compatibles, lo que se predicaría también de la
pensión de invalidez. Agregó que la señora Solís de Loaiza, quien se
desempeñaba como docente, había perdido sus dos (2) rodillas, por lo
que su situación fue calificada con pérdida del 96% de capacidad
profesional por enfermedad laboral, pese a lo cual se había negado la
solicitud de pensión de invalidez, por incompatibilidad con la pensión
ordinaria de jubilación. Al encontrarse así en los mismos “supuestos
fácticos y jurídicos” del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, deberían “extender los efectos” de la sentencia de unificación
referida.

4.4.2. Copia simple de oficio núm. 7951 del mismo día 11, 18 de
diciembre de 2012, mediante el cual el Oficial Mayor del Tribunal

10
Folios 7 y 8.
11
Folio 9.

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Administrativo del Magdalena, Fernando Martínez Benjumea, remitió
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con rad. núm.
2010-00260 al Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Santa Marta.

4.4.3. Copia simple de providencia fechada el 6 de febrero de 2012 o
2013[12], con la que el Jugado 4º Administrativo del Circuito de Santa
Marta negó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, por considerar que el proceso que terminó con el
fallo impugnado se regía por el CCA, no por el CPACA, y, en cualquier
caso, había sido interpuesto extemporáneamente.

4.4.4. Copia simple de la sentencia de segunda instancia del 11
de diciembre de 2013[13], con la que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al
debido proceso de la señora Solís de Loaiza, vulnerado por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y del Juzgado 4º Administrativo
del Circuito de Santa Marta al rechazar el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en el proceso con rad. núm. 2010-
00260. Consideró que, conforme a los artículos 259, 261 y 265 del
CPACA, la competencia para conceder y admitir tal recurso radicaba
en los tribunales administrativos y el Consejo de Estado,
respectivamente, por lo que, al actuar sin competencia para ello en la
providencia del 6 de febrero de 2013, había vulnerado el debido
proceso. En consecuencia, dispuso dejar sin efectos dicha decisión y
ordenó que, en un término de cinco (5) días, el Tribunal
Administrativo del Magdalena iniciara el trámite correspondiente al
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia».

En ese sentido, concluyó que los documentos en los que el recurrente
cimentó la actual solicitud extraordinaria de revisión fueron tenidos en
cuenta en el fallo, ya que el juicio de responsabilidad por error
jurisdiccional se centró justamente en la providencia con la que fue
rechazado el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial
interpuesto por la señora Solís de Loaiza y el amparo del derecho al
debido proceso con el que tal rechazo fue dejado sin efectos.

12
Ambas fechas aparecen en el documento, constando el año 2012 en letras y números impresos,
mientras el 2013 fue escrito en números sobre el documento impreso. Folios 10 a 11.
13
Folios 17 a 24.

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De igual modo, precisó que las pretensiones de la entonces
demandante no fueron desestimadas debido a que no se hubiera
presentado una irregularidad en la remisión del expediente de
unificación de jurisprudencia, sino porque no se había acreditado el
daño, que es el primer elemento de la responsabilidad
extracontractual, ni podía configurarse, debido a que la providencia no
era definitiva y esta había devenido ineficaz, además de no haberse
acreditado el dolo alegado en sustento de la alzada.

Frente a esto, esta Sala de Subsección al momento de resolver el
recurso extraordinario de revisión ha indicado que la cosa juzgada
constituye uno de los principios esenciales del proceso, pues en virtud
de ella se impide que un debate judicial se prolongue de tal modo que
por su indeterminación llegue hasta negar la seguridad que el
ordenamiento jurídico debe proveer, poniendo fin a la incertidumbre
que sobre los derechos exista, cuando estos han sido puestos en
peligro.

Así las cosas, ha de entenderse que el referido recurso tiene una
naturaleza netamente excepcional, hecho por el cual el legislador, al
momento de su creación, previó que para su admisión, trámite y
posterior resolución, era necesario acreditar la estricta, rigurosa y
ajustada configuración de las causales que expresamente se
consagraron como fundamento del mismo, con el fin de limitar el
alcance de dicha figura, para así, de forma paralela, prever la
protección del antedicho principio de la cosa juzgada.

En este orden de ideas, se reitera que tal medio de impugnación no
constituye una tercera instancia dentro del proceso, en la que se
puede intentar una nueva valoración de la prueba o provocar una
interpretación adicional de las normas aplicables al caso. Por el

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contrario, los errores de apreciación probatoria en que haya podido
incurrir el tribunal, son extraños al recurso de revisión, pues este no
es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.

Lo anterior tiene fundamento en la necesidad de evitar que el vencido
en un proceso pueda a su capricho reanudar el debate concluido, so
pretexto de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga
un nuevo y supuesto mejor juicio respecto de ella, o para reclamar
una más aguda interpretación de la ley.

En este orden de ideas, se advierte que las conclusiones a las que
llegó la parte accionada para resolver el caso no obedecieron a un
capricho o arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas
aplicables al asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el
caso concreto. Por lo anterior, al no existir vulneración alguna de
derechos fundamentales, se negará lo pretendido por la señora
Carmen Sofía Solís de Loaiza, actuando a nombre propio, en contra
del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la señora Carmen Sofía Solís de Loaiza,
actuando a nombre propio, en contra del Consejo de Estado – Sección

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Tercera – Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN COMISION

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