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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-13-33-008-2012-00146-01

Recurso extraordinario de revisión

Fecha
8 de mayo de 2019
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 52001-13-33-008-2012-00146-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Nariño el 13 de febrero de 2015. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Por Secretaría de la Sección, LIQUIDAR los gastos procesales. TERCERO: FIJAR por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la parte demandada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 52001-13-33-008-2012-00146-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

8 de mayo de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada. (…) Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

NOTA DE RELATORIA: en sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221. Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sentencia proferida el 18 de octubre de 2005, REV–173, CP. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.

COMPETENCIA – El Consejo de Estado es competente de acuerdo a la naturaleza del asunto

La Sala es competente para proferir la presente decisión, de conformidad con lo normado en el inciso segundo del artículo 249 del C.P.A.C.A. (…) En este caso, la providencia materia de revisión fue proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro de un proceso de reparación directa.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 249

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Causal segunda: Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

[La] jurisprudencia de los años noventa de esta Corporación sostuvo que la falsedad o adulteración debían demostrarse, bien mediante sentencia penal que la declarara o bien mediante la tacha de falsedad en un proceso judicial, pero que de ninguna manera “puede pretenderse configurar tal vicio con posterioridad a la sentencia, con la simple manifestación de ser falso o adulterado el documento, sin haber adelantado la actividad judicial necesaria para lograr tal declaración”. Posteriormente, el Consejo de Estado dejó de lado el criterio anterior y sostuvo que el juez del recurso extraordinario de revisión es el que establece la falsedad o adulteración del documento o documentos que sirvieron de fundamento para proferir la sentencia que se pide revisar, de modo que no se requiere pronunciamiento previo del juez penal en ese sentido, pues el artículo 188 (numeral 1) del C.C.A., contrario a lo que ocurre con el artículo 380 (numeral 2) del C. de P.C., no contempla dicha exigencia. En torno al análisis que le corresponde al juez de lo contencioso administrativo sobre los documentos falsos o adulterados, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación sostuvo que dicho examen es de carácter puramente objetivo, “sin que de manera alguna se detenga a discurrir sobre la responsabilidad del actor, aspecto que le corresponderá determinar al Juez (sic) Penal (sic) competente”, de suerte que, “una vez establecida la falsedad o adulteración”, el Consejo de Estado deberá dar traslado a la justicia ordinaria para que investigue la responsabilidad personal del autor del delito. [Por último,] en sentencia del 26 de febrero de 2013, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación dijo que, para determinar si un documento aportado como prueba a un proceso era falso o había sido adulterado, debía entenderse que “la falsedad documental siempre será dolosa y que puede ser material o ideológica, siendo la primera la mutación física del documento y correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su contenido”. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto se puede consultar el fallo de 26 de febrero de 2013, exp. 00638(REV).

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Causal primera de revisión / SENTENCIA PROFERIDA CON BASE EN DOCUMENTOS FALSOS O ADULTERADOS / CONSTANCIA SECRETARIAL - La constancia secretarial frente a los días en que el juzgado permaneció cerrado no constituye una falsedad ideológica

[L]a Sala estima que la causal alegada por la parte actora no está llamada a prosperar en este caso, toda vez que el hecho de que las actividades laborales en el circuito judicial administrativo de San Juan de Pasto hubieren reiniciado a partir del 13 de noviembre de 2012 (fecha de presentación de la demanda de reparación directa), no demuestra que la constancia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de ese circuito estuviere afectada de falsedad ni que en su expedición hubiese mediado una conducta dolosa por parte de la funcionaria que la emitió. (…) [Por ello,] (…) la certificación que tuvo a su alcance el Tribunal Administrativo de segunda instancia no contenía una información que pueda catalogarse como falsa, en primer lugar, porque encontraba respaldo en documentos oficiales suscritos por los actores del paro judicial, tal como lo refleja el acta suscrita el 7 de noviembre de ese año en la que consta (transcripción de forma literal). (…) En segundo lugar, porque en el documento cuya legalidad se cuestiona no se indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de San Juan de Pasto estuviere laborando, es decir, que permitiera entender al operador judicial de segunda instancia que una situación era el funcionamiento judicial del despacho y otra lo era la parte operativa de la oficina de apoyo judicial, para así considerar, en ese momento, una alternativa distinta, esta es, que la radicación de la demanda no se pudo llevar a cabo el mismo día en que finalizó el cese de actividades de la Rama Judicial.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - No es una tercera instancia judicial

[A]unque en este asunto se alega la falsedad ideológica de un documento que resultó determinante para adoptar la decisión cuestionada, lo que en realidad entraña el recurso extraordinario de revisión es que la Sala defina cuál de los documentos que se allegaron es el que tendría mérito probatorio para determinar si hubo o no caducidad del medio de control ejercido, cuestión que desborda el margen de aplicación de ese mecanismo de impugnación extraordinario, dado que este no comporta una tercera instancia

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN /

[L]a Sala insiste en que en sede de revisión no es posible reabrir el debate jurídico ni probatorio que se surtió en el proceso originario de reparación directa, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el objeto del recurso extraordinario de revisión ver: Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, entre muchas otras decisiones.

COSTAS – Condena en costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.12.2.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, corresponde a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…) En este caso, en atención a que la parte demandada actuó a través de apoderada, quien presentó la respectiva contestación y su argumentación, en buena medida, fue acogida en esta decisión, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., mayo ocho (08) de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 52001-13-33-008-2012-00146-01 (54722)

Actor: TATIANA KATHERINE PORTILLA DÍAZ

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN (LEY 1437 DE 2011)

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Objeto / CAUSAL SEGUNDA DEL ARTÍCULO 250 DE LA LEY 1437 – Haberse dictado sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados / CONSTANCIA SECRETARIAL – Reanudación laboral después de paro judicial / PRUEBA DOCUMENTAL – Aunque fue determinante en la decisión cuestionada, no se trató de un documento falso / FALSEDAD IDEOLÓGICA – Requiere de una actuación dolosa.

Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Tatiana Katherine Portilla Díaz en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Nariño el 13 de febrero de 2015, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia y se declaró probada, de oficio, la caducidad del medio de control de reparación directa.

I. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda inicial y su trámite

La señora Tatiana Katherine Portilla Díaz, por conducto de apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable de la muerte del señor Christian Javier Enríquez Torres, acaecida el 2 de septiembre de 2010 en el municipio de Ricaurte, Nariño.

Surtido el trámite procesal en sede de primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de San Juan de Pasto, mediante sentencia de 25 de abril de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, providencia que fue apelada por ambas partes.

2.- La sentencia cuestionada

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 13 de febrero de 2015, revocó el fallo apelado, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y condenó en costas a la parte actora.

3.- El recurso extraordinario de revisión

El 2 de julio de 2015, la parte demandante, por conducto de apoderada judicial, interpuso ante esta Corporación recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 250 del C.P.A.C.A. <<haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados>>.

A juicio de la parte actora, la constancia secretarial de fecha 8 de noviembre de 2012, acogida por el Tribunal Administrativo ad quem dentro del análisis para determinar que el medio de control ejercido se encontraba caducado, contiene información falsa (falsedad ideológica), en relación con la duración del paro judicial que se presentó en 2012, pues no es cierto que el cese de actividades de la Rama Judicial hubiere transcurrido entre el 16 de octubre y el 7 de noviembre de ese año, como se consignó en la aludida constancia.

Señaló que los Distritos Judiciales de San Juan de Pasto y Mocoa resultaron afectados con el paro judicial hasta el 13 de noviembre de 2012, fecha a partir de la cual se reanudó la jornada laboral, se permitió el ingreso a los funcionarios judiciales y, por tanto, se pudo radicar el libelo demandatorio, información que es corroborada con los oficios OJP-0942 y 146 de 2015.

Agregó que el Tribunal Administrativo de Nariño dio validez a una certificación que, además de contener una información falsa, fue emitida por el Juzgado Administrativo que conoció del proceso en primera instancia, pero lo cierto es que ese despacho no es el que recibe las demandas, pues solo conoce de ellas, una vez le son repartidas por la oficina de apoyo judicial, dependencia que es la única autorizada para la radicación de aquellas, tal como lo constata el oficio 199 de 2015.

En ese sentido, expresó que la certificación cuya información se cataloga de falsa incidió, de manera directa, en la decisión que ahora se cuestiona, dado que consideró que la demanda debía presentarse el 8 de noviembre de 2012.

4.- La admisión de la demanda contentiva del recurso extraordinario de revisión

Mediante auto de 13 de noviembre de 2015, previa inadmisión para subsanar defectos formales, el recurso extraordinario de revisión se admitió y se ordenó la notificación a las partes y al Ministerio Público.

5.- La oposición

El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario interpuesto, pues a su juicio no se configuró en este caso la falsedad ideológica en documento público alegada, toda vez que esa conducta requiere de dolo, lo que no se presentó en este caso, como incluso lo acepta la propia demandante, al señalar que el funcionario que elaboró la constancia judicial actuó “seguramente sin alguna intención”.

Indicó que es cierto que el Juzgado que emitió la constancia laboró a partir del 8 de noviembre de 2012, pues incluso el aplicativo siglo XXI de la Rama Judicial registra providencias proferidas por ese despacho el 9 de noviembre d el mismo año, notificadas el 13 de noviembre siguiente.

Sostuvo que revisada la página web de la Rama Judicial, se advierte que la nota secretarial frente a la que aquí se predica una falsedad ideológica fue publicada para toda la comunidad judicial y se anexó a todos los procesos tramitados en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto.

De otra parte, adujo que es posible que exista un error judicial por parte del Tribunal Administrativo de segunda instancia “en la verificación de los términos”, para lo cual se requeriría de un debate probatorio mayor, pero ello no comporta una falsedad ideológica y, por ende, la causal de revisión invocada en la demanda.

Señaló, finalmente, que mal podría exigírsele al juzgado administrativo de conocimiento que supiera si la oficina de apoyo judicial se encontraba laborando o no, pues están ubicados en lugares distintos, máxime cuando en la página web del Ministerio de Justicia aparece registrado que el cese de actividades de la Rama Judicial finalizó el 7 de noviembre de 2012 a nivel nacional, de modo que la reanudación de labores se produjo a partir del día siguiente. Que de llegar a existir excepciones, como posiblemente ocurrió con los juzgados administrativos de San Juan de Pasto, ello tendría que analizarse de manera individual.

Con base en lo anterior, la parte demandada solicitó declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto, dado que el documento que tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo de Nariño para adoptar la decisión que aquí se controvierte, no adolece de falsedad alguna, requisito necesario para que prospere la causal de revisión propuesta.

A través de proveído de 15 de septiembre de 2016 se decretaron como pruebas los documentos allegados por las partes y de ellos se dio el traslado previsto en el artículo 269 del C.G.P., sin manifestación alguna de los sujetos procesales.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para proferir la presente decisión, de conformidad con lo normado en el inciso segundo del artículo 249 del C.P.A.C.A., que prevé:

“De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.

En este caso, la providencia materia de revisión fue proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro de un proceso de reparación directa promovido por la señora Tatiana Katherine Portilla Díaz para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional por la muerte del señor Christian Javier Enríquez Torres, ocurrida el 2 de septiembre de 2010 en el municipio de Ricaurte, en el mencionado departamento.

2.- Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada.

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

De otra parte, el recurso en mención debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia cuestionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, y procede por la ocurrencia de una de las causales taxativamente consagradas en el artículo 250 de este cuerpo normativo.

3.- La causal de revisión invocada

La parte actora propuso la causal prevista en el numeral 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, por cuya virtud el recurso extraordinario procede cuando se haya “dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.

En relación con esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido:

“2.4.2 En cuanto a la causal 2, esto es, haberse dictado sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados, la jurisprudencia de los años noventa de esta Corporación sostuvo que la falsedad o adulteración debían demostrarse, bien mediante sentencia penal que la declarara o bien mediante la tacha de falsedad en un proceso judicial, pero que de ninguna manera ‘puede pretenderse configurar tal vicio con posterioridad a la sentencia, con la simple manifestación de ser falso o adulterado el documento, sin haber adelantado la actividad judicial necesaria para lograr tal declaración’.

“Posteriormente, el Consejo de Estado dejó de lado el criterio anterior y sostuvo que el juez del recurso extraordinario de revisión es el que establece la falsedad o adulteración del documento o documentos que sirvieron de fundamento para proferir la sentencia que se pide revisar, de modo que no se requiere pronunciamiento previo del juez penal en ese sentido, pues el artículo 188 (numeral 1) del C.C.A., contrario a lo que ocurre con el artículo 380 (numeral 2) del C. de P.C., no contempla dicha exigencia.

“En torno al análisis que le corresponde al juez de lo contencioso administrativo sobre los documentos falsos o adulterados, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación sostuvo que dicho examen es de carácter puramente objetivo, ‘sin que de manera alguna se detenga a discurrir sobre la responsabilidad del actor, aspecto que le corresponderá determinar al Juez (sic) Penal (sic) competente’, de suerte que, ‘una vez establecida la falsedad o adulteración’, el Consejo de Estado deberá dar traslado a la justicia ordinaria para que investigue la responsabilidad personal del autor del delito.

“En sentencia del 26 de febrero de 2013, la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación dijo que, para determinar si un documento aportado como prueba a un proceso era falso o había sido adulterado, debía entenderse que ‘la falsedad documental siempre será dolosa y que puede ser material o ideológica, siendo la primera la mutación física del documento y correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su contenido’” (se destaca).

4.- El caso concreto

En este caso, la parte actora señaló que la constancia que acogió el Tribunal Administrativo de Nariño, para establecer que la reanudación de actividades por el paro que atravesó la Rama Judicial en el 2012 se produjo a partir del 8 de noviembre de ese año, adolece de falsedad ideológica, pues realmente la labores judiciales en San Juan de Pasto reiniciaron a partir del 13 de noviembre de 2012.

La Subsección encuentra que el Tribunal Administrativo de Nariño sustentó su decisión en la constancia emitida por la secretaría del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de San Juan de Pasto, que obraba en el proceso de reparación directa desde su inicio, en la que se consignó lo siguiente (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

“San Juan de Pasto, Nariño, 08 de Noviembre de 2012.- En la fecha, dejo constancia que a partir del mártes 16 de octubre de 2012 y hasta el 07 de noviembre de 2012, se adelantó la jornada de protesta convocada por la Rama Judicial. En constancia se firma como aparece”.

Con base en la anterior información, el Tribunal ad quem efectuó el siguiente análisis (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

“Así, los hechos constitutivos de la demanda ocurrieron el 02 de septiembre de 2010. ES entonces que el término de caducidad del medio de control corrió entre el 3 de septiembre de 2010 y 3 de septiembre de 2012.

“La solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público fue presentada el día 08 de agosto de 2012 (Fol. 7) y la audiencia de conciliación se llevó a cabo el día 03 de octubre de 2012. Su constancia se expide con fecha 03 de octubre de 2012.

“Es entonces que el término de caducidad se suspendió cuando faltaban 26 días calendario para fenecer; valga reiterar, entre el día 8 de agosto y el 3 de septiembre de 2012.

“El término de caducidad se reanudó a partir del 4 de octubre de 2012 y vencía el 29 de octubre de 2012 (26 días calendario).

“No obstante, conforme a la constancia secretarial que obra a folio 32 del expediente en la Rama Judicial se presentó un cese de actividades entre el martes 16 de octubre de 2012 y el miércoles 7 de noviembre de 2012. Valga indicar que dentro de dicho lapso ocurrió el vencimiento del término de caducidad para el presente proceso, según ya se indicó, el 29 de octubre de 2012.

“(…) en este caso, el término se traslada al primer día hábil siguiente. En este caso entonces el término para presentar la demanda se corrió al día jueves 8 de noviembre de 2012.

“Empero si la demanda fue presentada el 13 de noviembre de 2012 es evidente que lo fue cuando el término de caducidad del medio de control de reparación directa ya había fenecido”.

Ahora bien, con la demanda contentiva del recurso extraordinario de revisión, la parte actora allegó la siguiente documentación:

• Copia de un aviso emitido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de San Juan de Pasto, según el cual (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

“SE INFORMA QUE A PARTIR DE LA FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, EL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO SE ENCUENTRA LABORANDO NORMALMENTE”.

• Oficio CSJN.PSA.146 de 26 de marzo de 2015, mediante el cual el presidente (e) de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño certificó: “En cuanto al cese de actividades de la Rama Judicial en los Distritos Judiciales de de (sic) Pasto y Mocoa, me permito informarle que se inicio (sic) a partir de la jornada de la tarde del día 16 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2012”.

• Oficio DESAJ15-OJP-0942 de 13 de abril de 2015, a través del cual el jefe de la oficina judicial de San Juan de Pasto señaló (transcripción de forma literal, con inclusión de errores):

“… una vez revisada la base de datos del Sistema Administrativo de Reparto Judicial – SARJ – se encuentra que en el periodo del cese de actividades laborales de la Rama Judicial de Pasto, comprendido entre la tarde del día dieciséis (16) de Octubre de dos mil doce (2012) y las primeras horas de la mañana del trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012), no se realizó el reparto de los procesos, en razón, a que no se les permitió el acceso al Palacio de Justicia”.

• Oficio CSJN.PSA.199 de 30 de abril de 2015, por medio del cual la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño certificó que en la ciudad de San Juan de Pasto, la única dependencia encargada de recibir y repartir las demandas en la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la oficina de apoyo judicial y que esta se encuentra ubicada en un lugar distintito de donde funcionan los juzgados administrativos de ese circuito judicial.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que, evidentemente, existe información diferente acerca de cuándo finalizó el cese de actividades como consecuencia del paro judicial ocurrido en el 2012, lo que a su vez incide en la determinación de la reanudación de las labores tanto judiciales como administrativas en los juzgados administrativos del circuito de San Juan de Pasto.

En efecto, de acuerdo con la única información que en su momento tuvo el Tribunal Administrativo de Nariño (constancia del Juzgado Octavo Administrativo de esa ciudad fechada el 8 de noviembre de 2012), “la jornada de protesta convocada por la Rama Judicial” terminó el 7 de noviembre de 2012, mientras que, por el contrario, los oficios 146 y 0942 de 2015 muestran que el paro concluyó entre el 13 y el 14 de noviembre de ese año.

No obstante lo anterior, la Sala estima que la causal alegada por la parte actora no está llamada a prosperar en este caso, toda vez que el hecho de que las actividades laborales en el circuito judicial administrativo de San Juan de Pasto hubieren reiniciado a partir del 13 de noviembre de 2012 (fecha de presentación de la demanda de reparación directa), no demuestra que la constancia emitida por el Juzgado Octavo Administrativo de ese circuito estuviere afectada de falsedad ni que en su expedición hubiese mediado una conducta dolosa por parte de la funcionaria que la emitió.

Al respecto, se ha sostenido:

“3.3.- La jurisprudencia de la Corporación se ha apoyado en los conceptos de ‘falsedad ideológica’ y ‘falsedad material’ de la ciencia penal para abordar el estudio de la causal en mención. Con base en ellos ha precisado que:

“3.3.1.- La estructuración de la causal por falsedad ideológica requiere de la acreditación del dolo, so pena de que la alteración intelectual del contenido del documento pueda imputarse a un simple error o imprecisión involuntaria de su autor” (se destaca).

La Sala estima que la certificación que tuvo a su alcance el Tribunal Administrativo de segunda instancia no contenía una información que pueda catalogarse como falsa, en primer lugar, porque encontraba respaldo en documentos oficiales suscritos por los actores del paro judicial, tal como lo refleja el acta suscrita el 7 de noviembre de ese año en la que consta (transcripción de forma literal):
“ACTA DE ACUERDO SUSCRITA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

“Siendo las nueve y Cuarenta y uno (9:41) de la noche del día Martes Seis (6) de Noviembre de Dos Mil Doce (2012), reunidos en las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y, con el fin de realizar la nivelación de la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, los representantes de los FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION y el Gobierno Nacional,  por intermedio de los Ministerios de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Seguridad Social, junto con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación,

“ACUERDAN:

“…

“6. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación que participaron en el cese de actividades, se comprometen a recuperar el tiempo dejado de laborar con motivo de dicho cese.

“7. Los representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación convocan en la fecha del presente acuerdo a la reanudación de la prestación del servicio, a más tardar a las 2:00 de la tarde del día (7) siete de noviembre de 2012” (destaca la Sala).

En segundo lugar, porque en el documento cuya legalidad se cuestiona no se indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de San Juan de Pasto estuviere laborando, es decir, que permitiera entender al operador judicial de segunda instancia que una situación era el funcionamiento judicial del despacho y otra lo era la parte operativa de la oficina de apoyo judicial, para así considerar, en ese momento, una alternativa distinta, esta es, que la radicación de la demanda no se pudo llevar a cabo el mismo día en que finalizó el cese de actividades de la Rama Judicial.

Pero no fue así, en la constancia fechada el 8 de noviembre de 2012 se indicó <<que a partir del mártes (sic) 16 de octubre de 2012 y hasta el 07 de noviembre de 2012, se adelantó la jornada de protesta convocada por la Rama Judicial>>, de la cual se infería que la reanudación de labores se produjo el mismo 8 de noviembre de 2012, información que, como se vio, antes que faltar a la verdad, le hacía honor a la misma, o por lo menos a lo que las partes pactaron al momento de suscribir el acuerdo con el que dieron término al paro judicial.

Situación diferente, pero que no por ello torna falso el documento acogido por el Tribunal Administrativo de Nariño, es que la oficina de apoyo judicial para la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la ciudad de San Juan de Pasto reanudara sus labores días después de lo convenido.

En ese sentido, la Sala considera que, aunque el análisis hecho por el aludido tribunal respecto del cómputo del término de caducidad de la acción pudo llegar a ser diferente –de haber sabido que la demanda no se pudo radicar el mismo 8 de noviembre de 2012 sino hasta que la dependencia encargada de recibir las demandas entrara de nuevo en funcionamiento–, lo cierto es que ese aspecto no se enmarca en el supuesto del que pende la configuración de la causal invocada en la demanda, dado que la sentencia controvertida no tuvo como fundamento un documento falso.

Así las cosas, el fallo que aquí se cuestiona encontró sustento en la información que, para ese momento, obraba en el proceso y que, se reitera, permitía establecer que para el 8 de noviembre de 2012, la actividad judicial en el país se encontraba normalizada, de modo que la decisión de declarar probada la excepción de caducidad de la acción o del medio de control fue producto de una interpretación y de una valoración probatoria por parte del juez de la causa y no de una providencia adoptada mediante un documento falso.

Cabe agregar, en todo caso, que aunque en este asunto se alega la falsedad ideológica de un documento que resultó determinante para adoptar la decisión cuestionada, lo que en realidad entraña el recurso extraordinario de revisión es que la Sala defina cuál de los documentos que se allegaron es el que tendría mérito probatorio para determinar si hubo o no caducidad del medio de control ejercido, cuestión que desborda el margen de aplicación de ese mecanismo de impugnación extraordinario, dado que este no comporta una tercera instancia.

Como consecuencia, se declarará infundado el medio de impugnación extraordinario interpuesto por la parte actora.

5.- Costas

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera específica la condena en costas con ocasión del recurso extraordinario de revisión, razón por la cual resulta aplicable la remisión normativa prevista en el artículo 306 ibídem.

En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso, en su numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de revisión que haya propuesto, razón por la cual hay lugar a proferir decisión en tal sentido.

En los términos del artículo 366 del C.G.P. corresponde a esta Corporación la liquidación de las costas y de las agencias en derecho, dado que se trata de un asunto tramitado en única instancia.

Por su parte, el artículo 361 del C.G.P. establece que las costas están integradas por los gastos procesales y por las agencias en derecho; en este sentido, la Secretaría deberá liquidar las expensas en mención, en tanto que la Sala procede a tasar las agencias en derecho de la siguiente manera:

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.12.2.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, corresponde a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este caso, en atención a que la parte demandada actuó a través de apoderada, quien presentó la respectiva contestación y su argumentación, en buena medida, fue acogida en esta decisión, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Nariño el 13 de febrero de 2015.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. Por Secretaría de la Sección, LIQUIDAR los gastos procesales.

TERCERO: FIJAR por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la parte demandada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folio 1 del cuaderno principal.
Folio 11 del cuaderno principal.
Folios 322 a 329 del cuaderno principal.
Folios 334 a 341 del cuaderno principal.
Folio 356 del cuaderno principal.
Norma que se debe analizar en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, que dispone:
“Artículo 13. Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
“…
“Sección Tercera
“…
“10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.

Se reafirman en este punto las consideraciones expuestas en relación con este medio de impugnación extraordinario en sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, reiterada recientemente por esta Subsección en sentencia de 11 de abril de 2019, exp. 47.692.
Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
En este caso, el plazo en mención se encuentra satisfecho, dado que el fallo de segunda instancia cuestionado se dictó el 13 de febrero de 2015 (folio 296 del cuaderno principal) y la demanda se presentó el 2 de julio del mismo año (folio 1 del cuaderno principal).
Original de la cita: “Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11 de febrero de 1993 (expediente Rv-037) y del 19 de diciembre de 1995 (expediente Rev-037 y Rev-076)”.

Original de la cita: “Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de abril de 2000 (expediente Rev-097)”.

Original de la cita: “Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de septiembre de 2001 (expediente Rev-003)”.

Original de la cita: “Esta causal fue reproducida por el artículo 250 (numeral 2) del C.P.A.C.A.”.

Original de la cita: “El artículo en cita, en su numeral 2, prevé como causal de revisión: ‘Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia …’. Esta causal fue reproducida por el artículo 355 (numeral 2) del Código General del Proceso”.

Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de mayo de 2009, expediente Rev-039”.
Original de la cita: “Expediente Rev-00638”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 23 Especial de Decisión, sentencia de 3 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2016-02057-00 (REV), M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Página 32 de la foliatura del proceso inicial, hoy folio 41 del cuaderno principal.
Folio 303 del cuaderno principal.
Folio 12 del cuaderno principal.
Folio 13 del cuaderno principal.
Folio 14 del cuaderno principal.
Folio 15 del cuaderno principal.
Original de la cita: “Afectación del carácter veraz de la información contenida en el documento.
Original de la cita: “Alteración de la integridad material del documento, sea total o parcial.
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1° de agosto de 2016, exp. 11001-03-27-000-2015-00027-00 (21635), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Información extraída de la página oficial del Ministerio de Justicia.
Al respecto, la Sala ha considerado que el recurso extraordinario de revisión no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la deficiencia probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho) o falta de aplicación de la norma o la indebida aplicación de la misma (error de derecho). [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, exp. 26.239, C.P. Danilo Rojas Betancourth].

Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 1° de agosto de 2016, exp. 11001-03-27-000-2015-00027-00 (21.635), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre muchas otras decisiones de la Corporación.

“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

“1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
“…
“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

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