Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01890-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01890-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-01890-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
12 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C. doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01890-00
Accionante: JOSÉ APOLINAR ARIAS MARTÍNEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la
igualdad, al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia/ Defectos fáctico y
sustantivo
Acción de tutela – sentencia de primera instancia
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
José Apolinar Arias Martínez, actuando en nombre propio, en contra de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, a los derechos adquiridos con justo título y a
la tutela efectiva, ocurrida con ocasión de la expedición de la
providencia de 21 de octubre de 2021, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número
25000-23-42-000-2017-01279-01.
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I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección a los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
El señor José Apolinar Arias Martínez instauró medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto Distrital
de Recreación y Deporte (IDRD), con el fin de obtener el reconocimiento
del contrato de trabajo y en consecuencia el pago de las prestaciones
sociales y de los aportes al sistema de seguridad social.
En primera instancia el proceso correspondió a la Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual,
en sentencia de 25 de octubre de 2018, declaró probada la relación
laboral, y, en consecuencia, ordenó el pago de todas las prestaciones
sociales, y de los aportes al sistema de seguridad social, con ocasión de
todos los contratos de prestación de servicios suscritos por la
administración de parques a cargo del IDRD y el señor Apolinar Arias.
Apelada la decisión por la entidad demandante, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 21 de octubre
de 2021, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y
declaró probada la excepción de prescripción de algunos contratos, por
haber transcurrido más de 30 días entre la terminación y la suscripción
de los subsiguientes.
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2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
« II. PETICIONES PRINCIPALES
Solicito respetuosamente se conceda de manera definitiva la tutela
interpuesta, para la protección de mis derechos fundamentales a la
igualdad (C.P art. 13), trabajo (C.P art. 25) debido proceso (C.P art. 29),
seguridad social (C.P art.48), al acceso a la administración de justicia o
de tutela judicial efectiva (C.P arts. 228 y 229), entre otros que se
hubieran podido vulnerar, mediante la sentencia de segunda instancia de
fecha 21 de octubre de 2021, notificada por correo electrónico el
jueves 2 de diciembre de 2021, proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con radicado
número 25000-23-42-000-2017-01279-01 (3817-2019), por la
Subsección B, Sección Segunda, Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado, integrada por los Consejeros Carmelo Perdomo
Cuéter (ponente), Sandra Lisset Ibarra Vélez y César Palomino Cortés,
en la cual se incurrió en violación directa de la constitución (arts. 1, 2,
13, 29, 53, 228 y 229 C.P), en la cual se incurrió en violación directa de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución
Política (arts.1, 2, 13, 29, 53, 228 y 229 C.P), en desconocimiento del
precedente judicial, y, en gracia de discusión, en defecto fáctico, en
consecuencia, solicito se disponga lo siguiente:
1. Se revoque y/o se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia
atacada.
2. Se ordene a los accionados proferir el fallo que en derecho
corresponda, es decir, sin dar aplicación retroactiva al precedente
judicial contenido en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado».
I III. PETICIONES SUBSIDIARIAS
1. Si finalmente se considera que se debe dar aplicación a la sentencia
SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, entonces solicito
subsidiariamente que se ordene a los accionados analizar las
circunstancias que llevaron a que la mencionada interrupción de los
contratos superara los 30 días, en el entendido que en la nueva regla
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jurisprudencial se dijo expresamente que esta no era una camisa de
fuerza que impidiera tener en cuenta tiempos de interrupción superiores
a los 30 días, es decir, que no es una regla objetiva».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en:
Defecto fáctico: La autoridad judicial accionada se limitó a dar
aplicación a la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre
de 2021 y no valoró las pruebas aportadas que determinaban los
motivos por los cuales el término de interrupción contractual superó
los treinta días y dicha regla no es una camisa de fuerza.
Sobre el contrato 154 de 2010, la entidad demandada manifestó
que no fue posible ubicar el expediente físico del contrato, por lo
que el IDRD realizó la respectiva denuncia, situación que fue
informada en el proceso ordinario. Así las cosas, no se entiende
como el jefe de contratación certificó la suscripción del contrato y
su fecha de terminación si el documento del contrato se encontraba
extraviado.
En ese orden de ideas no podía tenerse claridad de si la ejecución
del contrato tuvo una duración mayor o menor a la señalada por lo
que en virtud del principio de favorabilidad, debió tenerse en cuenta
y no decretarse la prescripción.
Sobre el contrato 1229 de 2012, su suscripción se tardó un poco
más, en virtud del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, a través del
cual se crearon las plantas temporales, situación que se probó en el
proceso ordinario con Resolución del IDRD n° 156 de 2013, por la
cual se modificó el manual de funciones, con ocasión de la creación
de la planta temporal.
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En ese orden de ideas, la demora en la suscripción del contrato 861
de 2013, no tuvo origen en la intención de las partes de interrumpir
el vínculo contractual, sino en un elemento de organización interna
de la entidad y presupuestal.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 5 de abril de 2022, fue admitida la presente acción de
tutela y se ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como accionado, y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá y
al Ministerio Público, como tercero interesado en las resultas del
proceso, para que dentro de los (3) días siguientes al recibo de la
notificación, se pronunciaren sobre los hechos que originaron la solicitud
de tutela, si a bien lo tuviesen.
Por último, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
para que, de considerarlo necesario, interviniera en el asunto.
5. INTERVENCIONES
5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de
reproche, manifestó que en lo concerniente a los hechos sobre los
cuales se fundamenta la acción de tutela se atiene a lo que se
demuestre durante el trámite y el criterio sobre las razones que
sirvieron de fundamento están consignadas en las motivaciones.
5.2. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicitó denegar
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad
judicial accionada, siguiendo los lineamientos normativos y
jurisprudenciales pertinentes, adoptó una determinación y pese a no ser
del agrado y aceptación del accionante, contiene una decisión expresa y
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clara sobre cada uno de los argumentos de la apelación y de los demás
asuntos, ajustada a derecho.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
establecidos por la jurisprudencia para la procedencia del
mecanismo constitucional contra providencia judicial?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
¿La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al expedir la sentencia de 21 de octubre de 2021,
que modificó parcialmente el fallo de primera instancia en el
1Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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sentido de declarar probada parcialmente la excepción de
prescripción de los derechos deprecados por la labor
realizada del 20 de agosto de 2003 al 15 de enero de 2013,
incurrió en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se analizará: i) la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii)
el defecto fáctico y iii) el análisis del caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la
ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que
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se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.3. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el
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particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las
que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.
b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas
no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento
determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los
hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»7.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
4
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
(i) La pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional, en
la medida en que se contrae a establecer de manera central si el la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en
un defecto fáctico, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa;
(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la presentación
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto
la providencia cuestionada fue proferida el 21 de octubre de 2021,
notificada el 2 de diciembre de 2021 y la tutela de la referencia se
radicó el 25 de marzo de 2022.
(iv) de encontrarse probados el defecto alegado, este tiene la vocación
de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
(vi) no se trata de una tutela contra tutela, toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con todos
los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela presentada por la
parte accionante en contra de la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, al debido
proceso, el acceso a la administración de justicia, a los derechos
adquiridos con justo título y a la tutela efectiva, ocurrida con ocasión de
la expedición de la providencia de 21 de octubre de 2021, proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado número 25000-23-42-000-2017-01279-01, promovida por el
señor José Apolinar Arias.
Esta decisión, a criterio de la parte accionante, incurrió en un defecto
fáctico por cuanto la autoridad judicial accionada se limitó a dar
aplicación a la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, pero no tuvo en cuenta los motivos por los cuáles los contratos
superaron la continuidad de los 30 días exigida.
Al respecto la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sostuvo lo siguiente:
« (…)
Pese a lo anterior, se procede a revisar lo atinente al fenómeno
prescriptivo, en atención a que hubo interrupciones en forma
considerable8 entre algunos de los períodos laborados mediante órdenes
y contratos de prestación de servicios:
8
Superiores a 30 días hábiles. Al respecto, en sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 de la sección segunda del Consejo de Estado, se estableció, como regla, «[…] un periodo
de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de
la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente».
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Lapso Contrato Inicio Finalización
1 506-03 20/08/2003 19/03/2004
Interrupción de 2 meses
242-04 18/05/2004 18/07/2004
860-04 y su prórroga 17/08/2004 28/02/2005
193-05 06/04/2005 05/01/2006
23-06 26/01/2006 25/07/2006
226-06 08/08/2006 07/02/2007
2 73-07 y su prórroga 14/02/2007 13/02/2008
263-08 y su prórroga 27/02/2008 26/06/2008
1226-08 21/07/2008 20/01/2009
58-09 11/02/2009 10/05/2009
1216-09 04/06/2009 29/12/2009
154-10 21/01/2010 20/12/2010
Interrupción de 39 días hábiles
3 338-11 y sus 4 prórrogas 15/02/2011 29/06/2012
1229-12 y su prórroga 03/08/2012 15/01/2013
Interrupción de 44 días hábiles
4 861-13 19/03/2013 18/05/2013
1316-13 28/05/2013 03/10/2013
Ahora bien, como la solicitud ante la entidad se formuló el 29 de
septiembre de 2016, de cara a los primeros tres lapsos contractuales se
encuentra configurada la prescripción, por cuanto desde el 15 de enero de
2013 (fecha en la que culminó el contrato 1229-12 y su prórroga) hasta
la presentación de la reclamación administrativa trascurrieron más de tres
años, por ende, al demandante le asiste el derecho a que le sean
reconocidos los emolumentos prestacionales derivados del último período
de vinculación (en virtud de los contratos 861-13 y 1316-13 de 2013),
por lo que se modificará la sentencia de primera instancia y se declarará
parcialmente probada la excepción de prescripción.
En lo atañedero al fenómeno prescriptivo, en sentencia de unificación
CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 20169, la sección segunda de esta
Corporación precisó:
[R]especto de las controversias relacionadas con el contrato
realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción,
han de tenerse en cuenta las siguientes reglas
jurisprudenciales:
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral
con el Estado y, en consecuencia, el pago de las
9
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a
partir de la terminación de su vínculo contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio
pro operario, no regresividad y progresividad.
iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la
devolución de los dineros pagados por concepto de aportes
hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería
un beneficio propiamente económico para él, que no influye
en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar),
sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema
de seguridad social en pensiones, que podrían tener
incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados
al sistema integral de seguridad social derivados del contrato
realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones
periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del
medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1,
letra c, del CPACA).
v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación
extrajudicial como requisito previo para demandar a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales
irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a
obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de
ciertos e indiscutibles, no son conciliables.
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será
objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la
existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté
concernido el derecho pensional de la persona (exactamente
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones),
que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la
virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la
nulidad del acto administrativo que negó la existencia del
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vínculo laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar,
aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto
de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones,
una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello
implique la adopción de una decisión extra petita, sino una
consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los
derechos del trabajador.
De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a
que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones
por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia
de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines
pensionales proceden a título de restablecimiento del
derecho […].
Con base en la citada jurisprudencia, la Sala aclara, como ya se dijo,
que a pesar de que operó la prescripción de los derechos deprecados
por la labor realizada del 20 de agosto de 2003 al 15 de enero de 2013,
dado que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones son
imprescriptibles, la entidad accionada deberá completarlos al respectivo
fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía durante el
tiempo comprendido entre el el (sic) 20 de agosto de 2003 y el 3 de
octubre de 2013, salvo sus tres interrupciones».
Conforme a lo anterior, encuentra esta Sala de Subsección que la
autoridad judicial accionada de acuerdo a su sana crítica realizó una
relación de las pruebas aportadas al proceso, analizó los contratos de
prestación de servicios y las funciones desarrolladas por el
demandante.
Sumado a lo anterior, explicó los motivos por los cuales consideró
que sobre los contratos relacionados en el cuadro descrito, operó la
prescripción.
Asimismo, en procesos ordinarios en los que esta Sala de Subsección ha
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señalado10:
(…)
Ahora bien, el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, dispone que
«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador
ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un
lapso igual.»
Además, el artículo 102 del Decreto 1848 de 196911, con relación a la
prescripción de las acciones, consagra que «1°. Las acciones que emanen
de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este
Decreto, prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.»
Es de advertir que, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la
relación laboral, a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Corporación en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto
de 201612 estableció unas reglas13 respecto a la prescripción extintiva de
los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad.
Finalmente, de acuerdo con la posición asumida en sentencia de
unificación de la Sección Segunda SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021, proferida dentro del proceso radicado 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016) se estableció un período de treinta (30)
días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad.
10 Consejo de Estado. Sentencia Rad. 66001-23-33-000-2016-00815-01 Magistrado Ponente: Gabriel
Valbuena Hernández
11
«Por el cual se Reglam entan el Decreto 3135 de 1968.»
12
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto de 2016.
Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
13
«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del térm ino de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual .
[...]
ii) Sin em bargo, no aplica el fenóm eno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en
atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los der echos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios m ínim os laborales y l os
principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
[…]
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una
vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté
concernido el derecho pensional de la persona (exactam ente los aportes al sistem a de
seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aq uella no tiene la
virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto adm inistrativo
que negó la existencia del vínculo laboral) […]» (Negrilla y subrayado de la Sala)
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En ese orden de ideas, esta Sala de Subsección encuentra que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria, por cuanto sustentó su
decisión con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, en las
normas y jurisprudencia aplicable más cuando se trata de una sentencia de
unificación que en su numeral sexto dispuso lo siguiente:
SEXTO. Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de
unificación, constituyen precedente vinculante en los términos de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ibídem, para todos los casos en estudio, tanto en vía administrativa
como judicial, excepto los que hayan hecho tránsito a la cosa juzgada.
En conclusión, según los argumentos que anteceden, el amparo
solicitado por el señor José Apolinar Arias, será negado toda vez que
el defecto alegado contra la decisión judicial cuestionada no se
configuró.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – NEGAR el amparo solicitado por el señor José Apolinar
Arias, en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
decisión.
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SEGUNDO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. – De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚM P LASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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