Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01979-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-01979-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01979-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01979-00
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Referencia: Acción de tutela
Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
TESIS: SE DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA DEL ACTOR. SE RECHAZA POR IMPROCEDENTE LA
PETICIÓN DE AMPARO PRESENTADA POR EL SEÑOR EUGENIO
RANGEL MANRIQUE, TITULAR DEL DERECHO AL CONFIGURARSE LA
TEMERIDAD.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I. ANTECEDENTES
1
En adelante Sección Quinta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01979-00
Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
I.1.- La Solicitud
El señor CESAR EMILIO VALERO SOTO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección del derecho
fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por la
SECCIÓN QUINTA al proferir la providencia de 27 de enero de
2022, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
con el número único de radicación 54001-23-33-000-2020-00010-
02, al que le fue acumulado el expediente con el número de
radicación 54001-23-33-000-2020-00013-00.
I.2.- Hechos
Manifestó que el señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE fue elegido
Alcalde del Municipio de Villa del Rosario del Departamento de Norte
de Santander para el período constitucional 2020-2023.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01979-00
Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
Indicó que contra el acto de elección se presentaron dos demandas
a través del medio de control de nulidad electoral ante el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER2, por presuntas
irregularidades en los escrutinios, trashumancia electoral y
parentesco con uno de los jurados de votación. Los procesos se
identificaron con los números únicos de radicación 54001-23-33-
000-2020-00010-02, 54001-23-33-000-2020-00013-00
(acumulados), dentro de los cuales actuó en condición de
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
impugnador.
Señaló que el 3 de junio de 2021, el TRIBUNAL profirió sentencia
de primera instancia, mediante la cual anuló 65 votos depositados a
favor del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE en la mesa de
votación núm. 11, puesto 01 de la Zona 01; declaró la nulidad del
acta parcial de escrutinio general para alcalde del Municipio de Villa
de Rosario formulario E-26 del 16 de noviembre de 2019 junto con
2
En adelante Tribunal.
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
la respectiva credencial; y, declaró electo como alcalde al señor
CARLO JULIO SOCHA HERNÁNDEZ.
Manifestó que la anterior decisión fue apelada por las partes
interesadas y por él en calidad de impugnador, ante la SECCIÓN
QUINTA que, mediante sentencia de 27 de enero de 2022, confirmó
parcialmente la providencia recurrida y, en su lugar, modificó el
ordinal quinto ordenando la compulsa de copias de la decisión y el
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría
General de la Nación, para lo de su competencia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Señaló que la providencia cuestionada, incurrió en defecto material
o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación de
normas constitucionales.
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Arguyó que la providencia adolece de los defectos mencionados, al
considerar que al estudiar caducidad del medio de control se incurrió
en vía de hecho, al darle valor probatorio a los documentos
aportados por un sujeto extraño a la actuación judicial,
trasgrediendo el régimen procesal y soslayando la facultad oficiosa
del juez.
Indicó que la prueba documental que determinó la suspensión de
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términos durante los días 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2019,
constituyó una prueba sin el lleno de los requisitos legales y,
además, la autoridad judicial desatendió el artículo 213 del CPACA,
pues tales documentos fueron aportados en momentos procesales
diferentes y en forma extemporánea.
Manifestó que la actuación judicial violó el debido proceso, por
cuanto las pruebas fueron inoportunamente aceptadas de oficio lo
que convierte la actuación nula de pleno derecho.
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I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo del derecho fundamental invocado como
violado y, en consecuencia, solicitó dejar sin efecto la sentencia
objetada y, en su lugar, ordenar a la SECCIÓN QUINTA emitir un
nuevo pronunciamiento, en los siguientes términos:
“[…] 1. Que se conceda el amparo al derecho fundamental al
debido proceso.
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2. Que se dejen sin efectos la Sentencia de segunda instancia de
fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN QUINTA
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación:54001-23-33-000-
2020-00010-02 (ppal) 54001-23-33-000-2020-00013-00
(Acumulado) Demandante: EDGAR MASTRANGELO ROJAS
MONTAÑO Demandado: EUGENIO RANGEL MANRIQUE - alcalde de
Villa del Rosario - Norte de Santander para el periodo 2020-2023
Temas: Jurado de votación pariente dentro del tercer grado de
consanguinidad del candidato. Trashumancia.
3. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que en el término de 48 horas, a
partir de la notificación del fallo de tutela, proceda a dictar una
nueva providencia, ajustada a la Constitución y la Ley y respetuosa
de los derechos fundamentales del accionante, en la cual no se
consideren como fundamentos de la misma las pruebas decretadas
de oficio.
4. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se
consideren necesarias. […]”.
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó denegar la solicitud de amparo
de la referencia y resaltó que el juicio efectuado en la providencia
cuestionada fue razonable y proporcional frente a los hechos
probados dentro del proceso de nulidad electoral.
Desarrolló un análisis de las presuntas inconsistencias del estudio de
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
la caducidad e indicó que en uso de las atribuciones legales del
artículo 213 de la ley 1437 de 2011, incorporó al plenario los
documentos allegados por las partes y dispuso el traslado de las
pruebas para garantizar el debido proceso.
Manifestó que decretó las pruebas de oficio que estimó necesarias a
fin de esclarecer la verdad y que tal determinación, tuvo sustento en
el ordenamiento legal en virtud del interés público que reviste el
medio de control electoral y los derechos e intereses que eran objeto
de protección.
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Resaltó que el decreto de pruebas de oficio después de los alegatos
de conclusión se refiere a la práctica de pruebas para esclarecer
puntos oscuros o difusos, por lo que el juez cuenta con la posibilidad
de decretar pruebas con la misma finalidad, garantizándole a las
partes el derecho de contradicción.
Señaló que comoquiera que uno de los argumentos objeto de estudio
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
en el recurso correspondía a la incertidumbre relacionada con la
presentación oportuna de la demanda, resultó imperativo ejecutar la
facultad probatoria de oficio antes de proferir la sentencia que le
pusiera fin al proceso.
I.5.2.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al
considerar que no goza de competencia para pronunciarse sobre lo
pretendido por el tutelante.
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Indicó que el amparo constitucional se dirige contra la decisión
proferida por la Sección Quinta, juez natural de la causa y, por lo
tanto, no está llamada a proteger los derechos señalados por el
accionante, por lo que se configura una falta de legitimación en la
causa por pasiva.
I.5.3.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL señaló que coadyuva
las pretensiones de la tutela, al considerar que se dio valor
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
probatorio a pruebas presentadas extemporáneamente,
desconociéndose el precedente judicial horizontal.
I.5.4.- El señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE, vinculado como
tercero con interés directo en las resultas del proceso, por ser la
persona contra quien se dirigió el medio de control de nulidad
electoral, allegó escrito coadyuvando en su totalidad las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
Indicó que el actor instauró una nueva tutela contra la sentencia
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proferida por la SECCIÓN QUINTA, con el propósito de describir de
manera detallada la violación del derecho fundamental deprecado y,
la nulidad que reviste la decisión objetada, al fundamentarse en
pruebas obtenidas con trasgresión del debido proceso.
I.5.5.- El TRIBUNAL y los señores ROBERT PAUL VACA
CONTRERAS y EDGAR MASTRANGELO ROJAS MONTAÑO, estos
últimos vinculados como terceros interesados en las resultas de la
presente acción, pese a ser notificados en debida forma, guardaron
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
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Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) la solicitud de
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desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL; ii) la solicitud de medida cautelar presentada por el actor y,
iii) la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor EUGENIO
RANGEL MANRIQUE.
• De la solicitud de desvinculación presentada por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
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precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, formuló petición de desvinculación en la presente
acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación
en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
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desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
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por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL, actuó como parte demandada dentro del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
54001-23-33-000-2020-00010-02, al que le fue acumulado el
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expediente con el número de radicación 54001-23-33-000-2020-
00013-00, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a la
citada entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
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• De la solicitud de medida cautelar presentada por el
actor
Junto con la demanda y en escrito separado, el accionante presentó
solicitud de medida cautelar3 consistente en la suspensión de los
efectos de la sentencia proferida el 27 de enero de 2022 por la
SECCIÓN QUINTA, hasta que se profiera sentencia de primera
instancia.
3
Índice No. 2 aplicativo Samai.
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Frente a este punto, se advierte que comoquiera que en este
momento procesal se profiere el fallo de la solicitud de amparo, la
Sala se relevará de hacer más análisis al respecto.
• De la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor
EUGENIO RANGEL MANRIQUE
Encuentra la Sala que el señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE, en
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
su calidad de alcalde electo del municipio de Villa del Rosario del
Departamento de Norte de Santander para el período constitucional
2020-2023, allegó escrito coadyuvando en su totalidad las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia con el propósito
de requerir el amparo de su derecho fundamental al debido proceso
y, en consecuencia, obtener la nulidad de la decisión objetada.
De lo anterior se infiere que la solicitud de amparo está encaminada
a que se restablezca el derecho que se encuentra en cabeza del
mencionado ex mandatario, situación que lo convierte en parte
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dentro del presente proceso, pues es el titular del derecho
fundamental que allí se invoca como transgredido.
En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-269 de 29 de
marzo de 20124, precisó:
“…1.4 Precisamente en el trámite de la acción de tutela,
reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prevé que
los terceros con interés legítimo pueden intervenir en el
proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal
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como se señaló anteriormente, el artículo 13 del Decreto
2591 dispone que “quien tuviere un interés legítimo en
el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
1.5 En el trámite de las acciones de tutela esta
delimitación del papel de los terceros debe armonizarse
con el principio de informalidad y de prevalencia de lo
sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una
persona que no solicitó el amparo y que luego es
vinculada a su trámite, bien por solicitud de las partes o
por decisión oficiosa del juez, puede advertir que su
interés no se reduce al resultado del proceso, sino que
también es titular de los derechos que se ven vulnerados
o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud
de los mismos hechos más o menos delimitados desde la
instauración de la tutela, y porque es la misma persona o
autoridad pública accionada quien con su conducta ha
generado esta situación presentada al juez de tutela.
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Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
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En estos casos, el juez de tutela está facultado para
involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a
favor de sus propias pretensiones, la convierte en una
verdadera parte dentro del proceso, dejando así de ser
un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia
puede pronunciarse sobre los derechos afectados de
quien promovió la acción de tutela, y de otros vinculados
al mismo proceso en calidad de partes del mismo (…)”.
(Negrillas y subrayas fuera del texto original).
Comoquiera que la solicitud de amparo está encaminada a que se
restablezca el derecho del mencionado ex mandatario, quien
coadyuvó las súplicas incoadas en la acción de tutela de la
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referencia, situación que, lo convierte en parte dentro del presente
proceso, pues es el titular del derecho fundamental que se invoca
como transgredido, la Sala tendrá como parte accionante al señor
EUGENIO RANGEL MANRIQUE y, por ende, más adelante
estudiará la solicitud de amparo.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
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forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el señor CESAR
EMILIO VALERO SOTO pretende que se deje sin efecto la
providencia proferida por la SECCIÓN QUINTA el 27 de enero de
2022, por medio de la cual se anularon 65 votos depositados a favor
del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE en la mesa de votación
11, puesto 01 de la Zona 01 y, en consecuencia, se declaró la nulidad
del acta parcial de escrutinio general para alcalde del Municipio de
Villa del Rosario, formulario E-26 del 16 de noviembre de 2019, junto
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
con la respectiva credencial y se declaró como Alcalde electo al señor
CARLO JULIO SOCHA HERNÁNDEZ, dentro del medio de control
de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
54001-23-33-000-2020-00010-02, al que le fue acumulado el
expediente con el número de radicación 54001-23-33-000-2020-
00013-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio de la
parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
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material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación de
normas constitucionales.
Por su parte, el señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE coadyuvó en
su totalidad las pretensiones de la acción de tutela de la referencia,
pues es el titular de los derechos fundamentales que se invocan
como vulnerados.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si al señor CESAR EMILIO VALERO SOTO
le asiste legitimación en la causa por activa como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela y, ii) determinar si el señor
EUGENIO RANGEL MANRIQUE incurrió en una actuación
temeraria al solicitar el amparo del derecho fundamental deprecado
dentro de la presente acción de tutela.
• La legitimación por activa en las acciones de tutela
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El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
«Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales».
De las normas transcritas, se desprende que quien promueve acción
de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia
oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal
circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el
agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona6.
En el presente caso, la Sala advierte que el medio de control de
nulidad electoral objeto del presente estudio, tuvo origen en la
demanda presentada en contra de la elección del señor EUGENIO
RANGEL MANRIQUE como alcalde del Municipio de Villa del Rosario
del Departamento de Norte de Santander para el período
6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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constitucional 2020-2023, por presuntas irregularidades en los
escrutinios, trashumancia electoral y parentesco con uno de los
jurados de votación.
Ahora bien, el actor promueve la presente solicitud de amparo en
nombre propio justificando la legitimación en la causa por activa, al
comprobar su participación como coadyuvante impugnador dentro
del medio de control de nulidad electoral, sin embargo, del escrito
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
de tutela se logra desprender que la solicitud de amparo está
encaminada a proteger la garantía constitucional al debido proceso
en cabeza del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE.
Para la Sala, es evidente que el actor no es titular del derecho cuya
protección reclama, pues el medio de control de nulidad electoral
discute la elección como alcalde municipal del señor EUGENIO
RANGEL MANRIQUE.
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Sobre el particular, en sentencia de 31 de enero de 20197, esta Sala
sostuvo:
“[…] En ese orden, y según lo señalado por la Corte Constitucional,
una persona se encuentra legitimada por activa para presentar una
acción de tutela “[…] cuando demuestra que tiene un interés
directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo
que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de
que el funcionario judicial pueda concluir que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante. […]”8. En
consecuencia, la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto esencial de la procedencia de la acción de tutela por
lo que el juez debe analizar la calidad subjetiva de las partes
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso, de
manera que fácilmente pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
Así las cosas, si bien se reconoce el carácter informal que rige el
trámite de la acción de tutela, no por ello el juez constitucional se
encuentra autorizado para presumir las condiciones de
legitimación en la causa por activa, cuando el accionante ni
siquiera hace mención a ello en su escrito de tutela, pues, salvo
en eventos en los que el peticionario se encuentre en una evidente
condición de indefensión, la carga de la prueba incumbe al
accionante9. Por consiguiente, en el asunto bajo examen no resulta
procedente inferir, sin más, que quienes intervienen como parte
actora son estudiantes de la Universidad del Tolima y tener por
demostrado, a partir de esa circunstancia hipotética, la vulneración
a sus derechos fundamentales a la educación, igualdad y dignidad
humana. […]”.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero
de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, identificada con número único de radicación 73001-23-33-000-
2018-00517-01.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-571 de 2015. M.P.: María Victoria Calle Correa.
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En consecuencia, al no ser el titular del derecho cuya protección
solicita, en términos del artículo 86 de la Constitución Política, no es
el llamado a reclamar por sí mismo la protección de estos.
Por lo anterior, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa
por activa del señor CESAR EMILIO VALERO SOTO, por cuanto no
acreditó el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 10º del
Decreto 2591 de 1991, como en efecto lo dispondrá en la parte
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
resolutiva de esta providencia.
• De la solicitud de amparo presentada por el señor
EUGENIO RANGEL MANRIQUE
El señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE, allegó escrito10
coadyuvando en su totalidad las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, en el que señaló que apoya las pretensiones del
actor contra la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA, esto,
10
Índice 22, aplicativo Samai.
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con el propósito de requerir el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso y, en consecuencia, obtener la nulidad de la decisión
objetada.
Sea lo primero advertir que el señor EUGENIO RANGEL
MANRIQUE, actuó como accionante dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación
1100103150002022010710011, con el fin de controvertir la
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por la Sección Quinta de
esta Corporación dentro de la acción de nulidad electoral radicada
bajo el número de radicación 54001-23-33-000-2020-00010-02, al
que le fue acumulado el expediente con el número de radicación
54001-23-33-000-2020-00013-00.
Esta Sección dictó fallo de primer grado el 17 de marzo de 2022,
declarando improcedente el amparo solicitado por no cumplirse el
requisito de relevancia constitucional y, en la actualidad, está
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
11
0202201071001100103
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pendiente de resolverse la impugnación interpuesta contra dicha
decisión.
La presentación sucesiva12 o simultánea13 de varias acciones de
tutela sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera
reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha
estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la
temeridad.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del
magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte
Constitucional precisó que la cosa juzgada constitucional se
configura en aquellos eventos en que de manera sucesiva se
presentan acciones de tutela que guardan identidad de partes,
hechos y pretensiones, siempre que frente a una de ellas ya hubiese
un pronunciamiento definitivo e inmutable por parte del juez
constitucional.
12
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después
de haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
13
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.
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Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia
emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta
realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 199114; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide
no seleccionar para revisión el asunto15.
Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de
tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que
considere que dicha actuación:
“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.16
14
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
15
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.
16
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
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Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse
que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o
sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró17
los eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que
se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación
que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)
anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede resaltar
la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando
la Corte profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad
a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos
hechos y con la misma pretensión;[…]” (Destacado fuera de
texto).
17
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01979-00
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De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la
temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma
que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una
acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de
que la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se
observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con
la acción de tutela identificada con el número único de radicación
2022-01071-00 y, en consecuencia, si nos encontramos ante la
existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.
Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos
eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda
en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para
revisión.
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
En el caso concreto se advierte que la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 1100103150002022-01071-00
aún se encuentra en trámite, por cuanto aún no ha sido resuelta la
impugnación interpuesta por el señor EUGENIO RANGEL
MANRIQUE contra la decisión de primera instancia.
Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue
instaurada por el señor CESAR EMILIO VALERO SOTO y
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
coadyuvada por el señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE, quien por
ser el titular de los derechos fundamentales que se alegan
desconocidos tiene la calidad de accionante, contra el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER y la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número 2022-
01071-00 fue incoada por el señor EUGENIO RANGEL
MANRIQUE contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE
DE SANTANDER y la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01979-00
Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
ESTADO, razón por la cual la Sala considera que hay identidad de
partes en las solicitudes de amparo referidas.
Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra
que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y
persiguen exactamente lo mismo, esto es, controvertir la sentencia
de 27 de enero de 2022 proferida por la Sección Quinta de esta
Corporación dentro de la acción de nulidad electoral radicada bajo el
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
número de radicación 54001-23-33-000-2020-00010-02, al que le
fue acumulado el expediente con el número de radicación 54001-23-
33-000-2020-00013-00, por medio de la cual se anuló la elección
del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE como alcalde del
Municipio de Villa de Rosario .
Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la
acción de tutela radicada bajo el número 2022-01071-00, así como
en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la
misma situación, esto es, que el el señor EUGENIO RANGEL
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
MANRIQUE fue elegido Alcalde del Municipio de Villa del Rosario del
Departamento de Norte de Santander para el período constitucional
2020-2023 y, que en virtud de las demandadas de nulidad electoral
promovidas con ocasión a unas presuntas irregularidades en los
escrutinios, trashumancia electoral y parentesco con uno de los
jurados de votación, el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA a través
de las sentencias proferidas el 3 de junio de 2021 y 27 de enero de
2022, respectivamente, ordenaron la anulación de 65 votos
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
depositados a favor del señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE en
la mesa de votación núm. 11, puesto 01 de la Zona 01; declararon
la nulidad del acta parcial de escrutinio general para alcalde del
Municipio de Villa de Rosario formulario E-26 del 16 de noviembre
de 2019 junto con la respectiva credencial; y, declararon electo
como alcalde al señor Carlo Julio Socha Hernández.
Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor EUGENIO
RANGEL MANRIQUE afirmó que el propósito de incoar la acción
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
constitucional es obtener la protección de su derecho fundamental al
debido proceso.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada
la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
2022-01071-00, por lo que pasará a definir si se está en presencia
del fenómeno de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Precisado lo anterior, la Sala descarta la existencia de la cosa
juzgada, teniendo en cuenta que el expediente 2022-01071-00,
aún se encuentra en trámite, en tanto no ha sido resuelta la
impugnación interpuesta contra la decisión de primera instancia.
Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar
en su conjunto las intervenciones del señor EUGENIO RANGEL
MANRIQUE en los citados procesos, encuentra que no puso de
presente la existencia de la duplicidad de acciones de tutela en las
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que se solicitan las mismas pretensiones, por lo que en atención a lo
dispuesto por la Corte Constitucional, resulta evidente su propósito
desleal, pues pretende jugar con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiese resultar favorable,
dado que es evidente que su principal finalidad es que se deje sin
efecto la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA el 27 de
enero de 2022, a través de la cual se anuló su elección como alcalde
del Municipio de Villa de Rosario.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
En este punto, la Sala llama la atención respecto de la presentación
de la duplicidad de acciones de tutela con identidad de partes,
hechos y pretensiones que han promovido el señor EUGENIO
RANGEL MANRIQUE como titular del derecho, lo que evidencia el
abuso al derecho de promover este mecanismo constitucional, razón
por la que se le insta para que realice un uso racional y consciente
del mismo, con el fin de evitar congestionar el aparato jurisdiccional.
Siendo ello así, a juicio de la Sala, la actuación del señor EUGENIO
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
RANGEL MANRIQUE es temeraria, máxime si no se configura
ninguna de las circunstancias excepcionales a las que hace
referencia la Corte Constitucional en la sentencia analizada en
precedencia para enervar la actuación temeraria ante el ejercicio
simultáneo o sucesivo de una acción de tutela.
Al respecto, la Sala conviene en mencionar que el artículo 38 del
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199118, prevé:
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA.
Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes […]”.
En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera
innecesaria dado que se debe tener en cuenta que el EUGENIO
RANGEL MANRIQUE actuó en nombre propio y no se puede
catalogar su comportamiento como de mala fe, por lo que aun
cuando se configuran los elementos para calificar esta segunda
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-01979-00
Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
solicitud de amparo como temeraria, ello necesariamente no
conduce a la imposición de una sanción.
Siendo ello así, la Sala considera que en el presente caso se
configuró la figura de la temeridad, por lo que en atención al artículo
38 del Decreto Ley 2591 de 199119, la solicitud de amparo será
rechazada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por
activa del señor CESAR EMILIO VALERO SOTO, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
TERCERO: RECHAZAR por improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE en virtud
del artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: INSTAR al señor EUGENIO RANGEL MANRIQUE para
que se abstenga de promover acciones de tutela con identidad de
hechos y pretensiones a las de la presente acción de tutela.
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Actor: CESAR EMILIO VALERO SOTO
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede
en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Id Documento: 11001031500020220197900005025210036
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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