Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02057-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02057-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02057-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de julio de 2022
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandados: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02057-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02057-01
Demandante: JORGE ELIÉCER CUERVO CUERVO
Demandados: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN F
Temas: Tutela de fondo y contra providencia judicial – confirma –
temeridad – uso del lenguaje.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera
instancia del 11 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera – Subsección B. En esta providencia se rechazó por temeraria la acción de
tutela presentada por el accionante y se le exhortó a que cese de plasmar en sus
memoriales expresiones irrespetuosas hacia la función judicial.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandados: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02057-01
CREMIL)1. El peticionario sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, seguridad social y al
debido proceso.
2. El accionante consideró violadas las referidas garantías constitucionales por
la negativa de la CREMIL para “reliquidar su asignación de retiro desde la fecha de
su reconocimiento (5 de septiembre de 1985) y con la aplicación de la bonificación
por compensación creada por la Ley 420 de 19982”. Lo anterior, a pesar de haber
presentado más de “70 peticiones”3 ante esta entidad para obtener tal
reconocimiento.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó:
“PRIMERA
Declarar probado: El ilegal e inconstitucional (1) Despojo gubernamental de las
partidas computables) prima de especialista, (ii) subsidio de alimentación, y (iii) jinetas
de buena coducta y (2) la ilegal e inconstitucional disminución en porcentaje de
prima de actividad del 33% al 20% hasta junio 30 de2007 y del 49,5% al 30% a partir
de julio 01 de 2007, (3) el Ilegal e inconstitucional despojo del 28% en cuantía de
asignación de retiro por la no devolución de la hoja de servicios al comando de la Fuerza
Aérea para sus corrección (inclusión de tiempo doble NO computado) y cuyas pruebas
del ilegal proceder la constituyen la NO aplicación dolosa y de MALA FE del artículo
222 Literal B del Decreto 089 de 1982 y la OMISIÓN igualmente de lo dispuesto en
Artículo 229 del Decreto 089 de 1984, provocando con ello La violación de un Derecho
Fundamental como el DEBIDO PROCESO Y EL MINIMO VITAL.
SEGUNDA
Declarar probado que la liquidación efectuada por el entonces Jefe de Liquidación y
Control de Nomina dela Caja deRetiro de Fuerzas Militares JORGE ELIÉCER
RODRIGUEZ ORJUELA y cuyos valores obran en Resolución 4310 de 2004 constituyen
un claro DESACATO a lo ordenado en sentencia 02-7905 en cuanto:
1
Se advierte que la tutela fue radicada ante los Juzgados del Circuito de Duitama y por reparto le
correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito Oral de Duitama, quien con auto de 31 de marzo
de 2022 se declaró impedida para conocerla y ordenó enviar el expediente al Juzgado Segundo Civil
del Circuito Oral de Duitama, quien a su vez con auto de 1º de abril de 2022 remitió el expediente al
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, que con auto de 4 de abril de 2022 remitió el proceso
a esta Corporación, por considerar que la solicitud de amparo se reclamó por las actuaciones de la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Folio 1 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
3
Folio 2. Ibídem.
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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• NO le formó el nuevo monto a la Asignación Base con la Prima de Actualización
como lo ordenó la sentencia 02-7905.
• NO Re liquidó la asignación de retiro con la prima de actualización como lo ordenó
la sentencia 02-7905.
• NO RE liquidó la Asignación de Retiro a Partir de 1996 como lo ordenó la sentencia
02-7905.
TERCERA
Declarar que las Certificaciones de Liquidación de Mesadas expedidas por
CREMIL y obrantes constituyen Plena prueba del la ilegal e inconstitucional
DESPOJO de i) prima de especialista, (ii) subsidio de alimentación, y (iii) jinetas
de buena conducta; (iv) Ley 4 de1992 y sentencia 02-7905, (IV) Ley 420 de 1998,
(vi) Decreto 2863 DE 2007, 673 de2008 y subsiguiente en lo relacionado con la
Prima de Actividad, (vii) el 28 en cuantía de asignación de retiro.
CUARTA
Declarar probado que lo expuesto a pretensiones primera, segunda y tercera y
cuyo sustento son las normas aplicables al suscrito y documentales oficiales,
constituye plena prueba de que ilegal e inconstitucional despojo de partidas
computables y desacato de sentencia 02-7905 produjo:
4.1. Una asignación de retiro ostensiblemente inferior al mínimo legal.
4.2. La violación de mis derechos constitucionales fundamentales
4.2.1. Al debido proceso
4.2.2. A la seguridad social
4.2.3. Al mínimo vital
4.2.4. Dignidad humana.
QUINTA
TUTELAR al suscrito mis Derechos Constitucionales Fundamentales al Debido
Proceso, Seguridad social Mínimo Vital y Dignidad ,vulnerados de manera sistemática
y Continua por a Accionada y en Concordancia Ordenarle que en el Termino de 48
Horas proceda a Re liquidarme mi Asignación de Retiro en la Forma Prevista en la
Normatividad Aplicable al suscrito que es como con fundamento en la ley y lo Ordenado
en sentencia 02-7905
(…)
SEXTA:
Declarar que de conformidad con la Constitución, el Decreto 2591, la Jurisdicción
Constitucional transcrita y reproducida y sustentada en esta demanda de tutela no ha
lugar a declaratorias de improcedencia; negación o rechazo de la misma invocando
6.1. Prescripción
6.2. Inmediatez
6.3. Cosa juzgada
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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6.4. Cosa juzgada constitucional
6.5. Temeridad
6.6. Principio de sostenibilidad fiscal
SEPTIMA
Declarar que el suscrito no tiene porque asumir las consecuencias del daño
patrimonial causado al ESTADO, pues quienes deben asumir las consecuencias de su
ilegal e inconstitucional proceder, son los funcionarios públicos que actuaron al
margen de la Constitución y la Ley.
OCTAVA
Declarar que ante la declaratoria de inexibilidad de los artículos 235 y 237 del Decreto
089 de1984 y la irretroactividad de la ley el suscrito No Tiene Obligación Alguna de
hacer Contribuciones para
8.1. Paseos mensuales por las regiones del Director General, sus coronales y
abogadas con la inaceptable excusa de que iban a “rendirle homenaje a la reserva
activa”.
8.2. Compra de lotes para que U tal “memo fantasma” les construya edificios y
parqueaderos a Altos Funcionarios, como lo denunció el Diario El Tiempo en Edición
Digital de julio 21 de 2020.
8.3. Mantenimiento y remodelación de entidades públicas (causa de acusación y
declaratoria de inexiquibilidad de los artículos 235, 236 y 237 del Decreto 089 de1984)
como Los edificios Bachue, Bochica, Residenciales y Hotel Tequendama (utilizado a su
arbitrio por el Gobierno)4”. (SIC en toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos5
4. El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución 0398 del 14 de febrero de 2001, proferida por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares. En este acto administrativo se negó al actor el reconocimiento y
pago de la prima de actualización como parte de la asignación mensual de retiro.
5. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B. Esta autoridad judicial, mediante sentencia del 3 de
septiembre de 2004, accedió a las pretensiones de la demanda y, como
consecuencia, ordenó el pago de la prima de actualización reclamada por el aquí
4
Folios 15-19 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
5
Pese a la vaguedad de la acción de tutela, a partir del material probatorio que obra en el plenario
junto con el escrito de amparo se logró observar que esta tiene sustento en los hechos aquí
mencionados.
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandados: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y otro
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demandante, en calidad de suboficial técnico primero de la Fuerza Aérea, a partir
del 1 de enero de 1993 y hasta cuando estuvo vigente dicha prestación,
«reajustando con ella su asignación de retiro y revisando igualmente los reajustes
anuales de ley a partir del año 1996».
6. A continuación, la CREMIL por medio de la Resolución 4310 del 27 de
diciembre de 2004, reliquidó su asignación básica. Sin embargo, en sentir del
accionante omitió dar cumplimiento a la anterior providencia, porque no liquidó en
debida forma el pago ordenado.
7. Por lo anterior y con el fin de solicitar el cumplimiento de la sentencia del 3
de septiembre de 2004, el accionante presentó demanda ejecutiva ante el Juzgado
9º Administrativo del Circulo Judicial de Bogotá6.
8. Posteriormente, el expediente fue repartido al Juzgado 1º Administrativo de
Descongestión del Circulo Judicial de Bogotá, que, mediante sentencia del 31 de
mayo de 2013, declaró probada la excepción de pago propuesta por la entidad
ejecutada. Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de
apelación, el cual fue decidido en providencia del 25 de febrero de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en la que se confirmó el fallo de primera instancia.
1.4. Fundamentos de la vulneración
9. Parara el accionante, la CREMIL vulneró sus derechos fundamentales al
haberle negado la reliquidación de su “asignación de retiro en la forma prevista en
la Ley”7; y porque utiliza “delincuentes” 8 para “expedir documentos contentivos de
falsedad” y “enviarlos a delinquir en estrados judiciales donde contra toda evidencia
probatoria y violando la constitución y la ley termina favorecida en sus ilegítimos
intereses a través de sentencias espurias” 9.
6
Rad. 11001-33-31-009-2010-00034-00/01.
7
Folio 1 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
8
Folio 2 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
9
Folio 2 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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10. Sostuvo que ha presentado más de “70 peticiones”10 ante esta entidad
solicitando la reliquidación de su mesada. Sin embargo, siempre le han dado
respuesta con “falsedades”11, “normas expulsadas del ordenamiento jurídico por
inconstitucionales”12 y “sentencias espurias como la proferida en el proceso
ejecutivo”13.
11. También refirió que la CREMIL no ha dado cumplimiento a la sentencia del 3
de septiembre de 2004 por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la “ilegal e inconstitucional
ayuda de funcionarios judiciales”14.
12. Por otro lado, consideró que la CREMIL incurrió en las siguientes omisiones
y acciones, que se extraen de los argumentos inextenso, planteados en el escrito
de tutela15:
“OMITIO el Deber que le imponía el Articulo 229 Literal B del Decreto 089 de1.984
de Devolver al Comando de la Fuerza Aérea mi Hoja de Servicios Militares -070 –
FAC-175 de junio 19 de1985 que No cumplía con los Requisitos Legales para su
Corrección (Incluirle los 6 años y 8 meses y 8 Días de Tiempo Doble
Correspondientes a la Declaratorias de Estado de Sitio efectuadas mediante
Decretos 1249 de1975 (levantado con decreto 1263 de1976) y 2131 de 1976
(levantado con Decreto 1674 de1982)
OMISION que para el Suscrito Representa.
• La Perdida del 7 % en la Partida Computable Prima de Antigüedad ( en
concordancia con Articulo 83 Decreto 089 de1.984 bajo Cuya Vigencia me reconoció́
mi Asignación de Retiro )
• La Perdida del 28% en la Cuantía o Porcentaje Liquidatario de la Asignación de
Retiro ( en concordancia con el Articulo 155 del Decreto 089 de 1984 )
2a - OMITIO el Deber que le Imponía el Articulo 222 Literal B del Decreto 089
de1.984 de Liquidar mi Asignación de Retiro sobre los haberes Devengados durante
10
Folio 2 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
11
Ibídem.
12
Ibídem.
13
Ibídem.
14
Folio 3 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
15
Folios 5-8 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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el ultimo Mes , que son los que Obran en Certificación de Haberes 179 de1985
Expedida por la Fuerza Aérea
OMISIÓN que para el suscrito Representó la Ilegal e inconstitucional
• Exclusión para Asignación de Retiro de las Partidas Integrantes de mi Ultimo
Salario Certificadas por la Fuerza Aérea (i) Prima de Especialista ,(ii) Subsidio de
Alimentación, y (iii) Jinetas de Buena Conducta :
• Disminución el Porcentaje (%) de Prima de Actividad del 33% al 20%16. (SIC para
toda la cita)
13. También señaló que la CREMIL le ha dado un “trato discriminatorio”17 frente
a las asignaciones de retiro que se le reconocen a “coroneles y generales”18, lo cual
atenta contra su derecho fundamental a la dignidad humana.
14. Por otra parte, de acuerdo con el accionante, las decisiones proferidas en el
proceso ejecutivo aludidas son “espurias”19. También, señaló que en ellas se
incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y fáctico20. Sin embargo, no
planteó algún argumento sobre tales yerros.
15. Finalmente, reconoció que, en anterior oportunidad, interpuso acción de
tutela en contra de la CREMIL, que aún no han sido objeto de revisión por parte de
la Corte Constitucional21. Sin embargo, consideró que las “pretensiones materiales
e inmateriales”22 aquí solicitadas eran diferentes de aquellas. Por esto, consideró
que no había lugar a declarar cosa juzgada.
1.5. Trámite de la acción de tutela
16. En auto del 8 de abril de 202223, el magistrado ponente de primera instancia
admitió la demanda, dispuso su notificación a la CREMIL. También ordenó la
vinculación del Juzgado 1º Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de
16
Folio 5 del escrito de tutela. Ibídem.
17
Folio 9 del escrito de tutela. Ibídem.
18
Folio 9 del escrito de tutela. Ibídem.
19
Folios 1 y 2 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
20
Folio 3 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
21
Rad. 15238310900220220001400.
22
Folio 13 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
23
Documento 21 cargado a SAMAI.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
Demandados: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02057-01
Bogotá y a los magistrados integrantes de la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (autoridades judiciales que conocieron
del proceso ejecutivo rad. 2010-00034-00/01).
1.6. Intervenciones
17. Realizadas las notificaciones ordenadas24, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Juzgado 1º Administrativo Transitorio Oral del Circuito Judicial de
Bogotá
18. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado25, la autoridad judicial solicitó su desvinculación de la presente acción
constitucional. Esto, porque este Juzgado sólo fue creado única y exclusivamente
para el conocimiento y resolución de temas relacionados con los procesos de
reclamaciones salariales y prestacionales de la Rama Judicial desde el 2019, lo cual
no guarda relación alguna con los hechos y pretensiones de esta solicitud de
amparo.
1.6.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
19. A su turno, la entidad accionada por medio de escrito enviado al buzón web
de la Secretaría General de esta Corporación26, en el que solicitó que se declarara
que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada. Y solicitó que se negara la acción
de tutela “por improcedente”.
20. Así, señaló que el “accionante ha promovido múltiples acciones de tutela en
distintos despachos judiciales, pretendiendo los mismos reconocimientos”. En este
punto, el apoderado de la CREMIL relacionó 6 tutelas presentadas por el accionante
con similares supuestos fácticos a los de la presente demanda relacionadas con la
reliquidación de su mesada pensional y que fueron resueltas por distintas
autoridades judiciales, que, a su vez, lo instaron a cesar en su intención de emplear
a la tutela como mecanismo para lograr las pretensiones que aquí reclama.
24
Documento 36 cargado a SAMAI.
25
Documento 25 cargado a SAMAI.
26
Documento 28 cargado a SAMAI.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo
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21. Sin embargo, consideró que el señor Cuervo hizo “caso omiso a los fallos
judiciales e insiste en instaurar acciones de tutela por los mismos hechos y con las
mismas pretensiones, encaminado a obtener multiplicidad de decisiones judiciales,
que generan una grave incertidumbre, afectando la seguridad jurídica por causa de
un actuar desmedido con la simple intención de lograr una decisión favorable y
generando un desgaste absurdo del aparato judicial del país”27.
22. Finalmente, consideró que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez. Esto, porque la pretensión, el accionante pretende por esta vía el
reconocimiento prestaciones económicas a su favor cuando han transcurrido más
de 30 años desde el reconocimiento de la prestación.
1.6.3. Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
23. La autoridad judicial vinculada solicitó28 que, con relación al fondo del asunto
planteado en la presente acción de tutela, se tengan en cuenta las razones fácticas
y jurídicas que la Sala en su momento consideró para tomar la decisión de la
providencia censurada por el accionante y que se encuentra contenida en la misma.
24. También, señaló que el accionante pretende por este mecanismo
constitucional que se estudie nuevamente una situación jurídica que ya fue resuelta
por el juez natural, es decir convertir esta acción en una tercera instancia, lo cual no
es procedente; y solicitó que se verifique el requisito de inmediatez respecto de la
sentencia objeto de reproche proferida en marzo de 2016.
25. Por último, solicitó que se verifiquen las acciones de tutela presentadas con
anterioridad por el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, toda vez que ya ha acudido
a este mecanismo ante esta jurisdicción, solicitando que se haga el pago por
concepto de prima de actualización en la asignación de retiro, por lo que podría
tratarse de temeridad.
27
Folio 13. Ibídem.
28
Documento 42 cargado a SAMAI.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.6.4. Presidencia de la República
26. La presidencia de la República (pese a que no fue vinculada o figure como
accionada, pero fue notificada de la presente acción de tutela por error involuntario)
mediante escrito29 enviado al buzón web de la Secretaria General de esta
Corporación solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Esto, porque no existe nexo de causalidad entre la presunta violación o amenaza
de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y esa entidad.
1.7. Actuaciones del accionante con posterioridad a la admisión de la presente
acción de tutela
27. El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo presentó 2 memoriales30 mediante los
cuales quiso controvertir los planteamientos de defensa del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y la CREMIL.
28. En estos escritos afirmó que los magistrados ponentes de la providencia del
28 de marzo de 2016 en el proceso ejecutivo tomaron su decisión con una “delirante
ideología de izquierda”, producto del odio y como retaliación a la labor que
desempeña la Fuerza Pública; y otra serie de afirmaciones descalificativas de
contenido similar en contra de los jueces de la República, que la Sala por respeto a
aquellos se abstendrá de reproducir en esta oportunidad.
1.8. Fallo impugnado
29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 11 de mayo de 2022, notificada el 20 del mismo mes y año 2022,
rechazó por temeraria la acción de tutela presentada por el señor Jorge Eliécer
Cuervo Cuervo y lo exhortó a que cese de plasmar en sus memoriales expresiones
irrespetuosas hacia la función judicial, so pena de que cualquier autoridad judicial
facultada para ello, pueda proceder a ejercer las facultades sancionatorias
otorgadas en el artículo 44 del CGP y a compulsar copias ante las autoridades
competentes. Esto, por los siguientes argumentos:
29
Documento 47 cargado a SAMAI
30
Documentos 24 y 34 cargados a SAMAI.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1.8.1. Sobre la temeridad
30. El accionante afirmó en su solicitud de amparo que presentó multiplicidad de
acciones de tutela con identidad de objeto. Igualmente, con ocasión de la
información suministrada por las autoridades demandadas que alegaron la
configuración de una temeridad en el presente asunto. Por esto, el juez de tutela de
primera instancia ingresó al sistema de consultas de procesos de la Rama Judicial,
así como al aplicativo web de consultas SAMAI y encontró el registro de más de 77
acciones de tutela presentadas por el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo.
31. Del resultado de la anterior búsqueda, el juez de tutela de primera instancia
destacó 4 solicitudes de amparo31 que fueron decididas por diferentes Secciones
de esta Corporación y que en su sentir comparten identidad de causa y de partes
con la actual.
32. Por lo anterior, concluyó que el actuar del peticionario era “temerario”. Esto,
porque pretende volver a debatir los mismos hechos que ya fueron objeto de
pronunciamiento en anteriores acciones de tutela. Además, porque el señor Cuervo
Cuervo no señaló alguna justificación para presentar esta nueva solicitud de amparo
ni tampoco se encuentra demostrado algún tipo de estado de indefensión o
ignorancia por parte del demandante o por lo menos un asesoramiento errado.
1.8.2. Sobre las manifestaciones del demandante en su escrito de tutela y en
los memoriales presentados durante el trámite procesal
33. El juez de tutela de primera instancia encontró que, el accionante en su
escrito de amparo y en los memoriales presentados durante el trámite procesal,
afirmó que el proceder de los magistrados integrantes de la autoridad judicial
accionada fue malintencionado, perverso y que la decisión por ellos adoptada tenía
un sesgo ideológico.
34. Por lo anterior, indicó que tales afirmaciones constituyen un argumento para
ordenar la devolución de los documentos que integran la acción de tutela al
demandante, en aplicación de las facultades correccionales del juez previstas en el
31
Entre ellas, destacó las siguientes: Rads. 11001-03-15-000-2020-01431-00/01, 11001-03-15-000-
2019-02763-01, 11001-03-15-000-2021-05388-00, 11001-03-15-000-2022-00038-00/01.
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artículo 4432 del CGP. Sin embargo, en virtud de los principios pro homine y pro
actione, esa Sala estudió los planteamientos de la tutela, sin referirse a tales
expresiones teniendo en cuenta que se trata de la acción que reviste un carácter de
informalidad, pero le advirtió al actor que en lo sucesivo se abstenga de emplear
ese tipo de expresiones y adjetivos, máxime si no están acompañados del
respectivo soporte probatorio en cuyo caso puede recurrir a las denuncias ante las
autoridades competentes.
1.9. Impugnación
35. El 23 de mayo de 2022, el accionante impugnó la decisión de primera
instancia33. Como sustento de su recurso, el peticionario realizó diferentes
afirmaciones sobre el proceder de los magistrados integrantes de la autoridad
judicial accionada y del juez de tutela de primera instancia que, en su sentir, fue
malintencionado y con sesgo ideológico34.
36. Además de lo anterior, el accionante pretendió en aquella oportunidad:
I. REVOCAR la sentencia proferida por la Sección Tercera – Subsección B del
CONSEJO DE ESTADO (…) por ser claramente violatoria de i) Los artículos 86,
29 y 229 Constitucionales (artículo 38 Decreto 2591 de 1991) y Tratados
Internacionales firmados y ratificados por Colombia como la Convención
Americana de Derechos Humanos en sus artículos 8, 24 y 25 y estar sustentada
en FALSEDADES en cuanto:
• Es Absolutamente Falsa la Ocurrencia de la TEMERIDAD que declara en cuanto
de la Tutela 11001031500020220205700 No Pude Afirmarse sin Faltar a la Verdad
que sea “La Misma Tutela”, que cualesquiera otra Impetrada por el su suscrito, Por
lo que No se Cumple lo señalado en Articulo 38 del Decreto 2591 de1991 y
Tampoco se Cumplen dos (2) de los Requisitos para su Ocurrencia Señalados por
la Honorable Corte Constitucional en sentencia SU168 de 2017
• Es Absolutamente Falso que la Tutela Radicada en el Consejo de Estado con el
Numero 11001031500020220205700 haya sido contra Autoridad Judicial, como se
Prueba con el Escrito de la misma y Faltando a la Verdad lo Afirma el magistrado
Ibarra Martínez en clara Referencia a la subsección F del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
32
Artículo 44. Poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya
lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:
(…)
6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros”.
33
Documento 52 cargado a SAMAI.
34
Folios 3-5 del escrito de impugnación. Documento 52 cargado a SAMAI.
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• La “confirmación” de la decisión de tener probada la excepción de pago
total de la obligación es un prevaricato sustentado en la confirmación de
vergonzosas FALSEDADES JUDICIALES.
• Es absolutamente FALSA la existencia de identidad de objeto, pareciera ser
que el Magistrado Ibarra Martínez NUNCA ha leído lo que Expresa la Honorable
Corte Constitucional Sentencias C-774 de 2001 y 622 de 2007, sobre la
IDENTIDAD DE OBJETO, como parece ser que tampoco entiende que los
derechos pensionales y cunado respecto de ellos Existe Sentencia Judicial (02-
7905) que no ha sido acatada, sufren variaciones legales (diarias, mensuales y
anuales) por la Condición de tracto sucesivo de la prestación social asignación
de retiro y A partir de 1993 por los intereses moratorios ordenados en sentencia
02-7905.
• Decir la verdad sobre el inconstitucional proceder judicial NO puede
calificarse de “expresiones irrespetuosas hacia la función judicial” porque
absolutamente claro es que la función judicial no tiene por finalidad la violación
de la Constitución para el ilegal e inconstitucional DESPOJO JUDICIAL de
Derechos Fundamentales y Legales en Materia Prestacional y Pensional a los
Suboficiales de las Fuerzas Militares como el suscrito y quienes IRRESPETAN
LA FUNCIÓN JUDICIAL son quienes Actúan de manera Contraria a la
Constitución que les impone Someterse al imperio de la Ley.
II. ACCEDER a las pretensiones de la demanda de tutela, las cuales están
sustentadas en:
• La Constitución (requisitos de procedencia de la tutela por violación de derechos
fundamentales y la inexistencia de otro medio de defensa judicial)
• El agotamiento de la vía judicial ordinaria y extraordinaria cuando se presentaron
las causales señaladas en la Ley 1427 de 2011 para el recurso extraordinario de
revisión ante el Consejo de Estado, caso concreto, las Espurias sentencias
proferidas en proceso ejecutivo 2010-00034.
• Sentencias de la Honorable Corte Constitucional sobre (i) procedibilidad
excepcional de la tutela, (ii) y (ii) La posibilidad de Presentar una NUEVA TUTELA
(como la Tutela 1100103150002022205700 y como se expresó en su escrito
solamente guarda algunas similitudes, más no identidades con la tutela
15238310900220220001400 sobre la que el magistrado IBARRA MARTINEZ no
se pronunció.
• La ley, la normatividad aplicable al suscrito, NO la normatividad con la que fui
despojado de mis derechos en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
y ejecutivo por la izquierda judicial (los defensores y deudores de favores de
desmovilizados Gustavo Petro y las que utilizaron sus cargos en la Rama Judicial
para hacerse favores familiares.
• La NO OCURRENCIA DE TEMERIDAD, la cual fue sustentada en la sentencia
SU-168 de 2017 que señala Cuales son los Requisitos para su ocurrencia35.
35
Folios 1 – 2 y 9-11 del escrito de impugnación. Documento 52 cargado a SAMAI.
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37. Por último, el peticionario señaló que rechaza los “exhortos con los que se
pretende constreñir (…) o amenazar (…) para que no siga demandado lo que de
acuerdo a la Ley me corresponde”36.
1.10. Trámite de impugnación
38. Mediante auto del 7 de junio 2022, el juez de tutela de primera instancia
concedió la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la sentencia del
11 de mayo del mismo año; y adicionalmente señaló frente a las afirmaciones
hechas por el peticionario en sede de impugnación:
“(…) [E]l despacho no puede dejar de pasar por alto que en su memorial el actor
empleó calificativos irrespetuosos y descomedidos en los cuales, se insiste, se
refiere a un supuesto “interés legítimo” de la Sala, así como a expresiones
descalificativas e injuriosas tales como que recurrió “a la falsedad” para “sin
fundamento legal rechazar por temeridad una tutela.
Sobre el particular, se recuerda que entre los poderes correccionales del juez, de
conformidad con el artículo 44 ordinal 6º del Código General del Proceso, se
encuentra la facultad de devolver los escritos irrespetuosos contra los funcionarios,
por lo cual, el despacho en aplicación de dicha norma, procederá de conformidad37”.
1.11. Trámite en segunda instancia
39. Una vez el proceso fue designado en segunda instancia al magistrado
ponente, el accionante presentó escrito en el que señaló que de la sentencia que
se profiera en segunda instancia constitucional, se deben “apartar”38 los demás
Magistrados de la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO (todos
violadores de [sus] derechos fundamentales)” 39.
40. Además de lo anterior, el peticionario refirió que era un ciudadano de 70 años
de edad, diabético, hipertenso, con problemas cardio vasculares y respiratorios, “sin
cargos de conciencia ni manos untadas de sangre”40 que debería tener igual
derechos a otras personas que han cometido delitos.
36
Folio 11 del escrito de impugnación. Documento 52 cargado a SAMAI.
37
Folios 4-5 del auto que concede impugnación. Documento 55 cargado a SAMAI.
38
Folio 1 del escrito presentado en segunda instancia. Documento cargado a SAMAI.
39
Ibídem.
40
Ibídem.
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41. Mediante auto del 5 de julio de 2022, el Despacho ponente rechazó por
improcedente la solicitud de recusación presentada por el accionante en contra de
los demás consejeros miembros de esta Sala de Decisión. Esto, porque de acuerdo
con el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 en las acciones de tutela es
improcedente este tipo de peticiones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 11 de mayo de 2022, dictado por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Límite de la impugnación
43. En este punto resulta pertinente señalar que en virtud de los principios pro
homine y pro actione así como en virtud del carácter informal41 de esta acción
41
Decreto 2591 de 1991. ARTICULO 14. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. Informalidad. En la
solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva,
el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible,
o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias
relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del
solicitante.
No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente
el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o
autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito,
para lo cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá
ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en
peligro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger
una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el
acta correspondiente sin formalismo alguno.
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constitucional42, la Sala –sin que considere pertinente hacer mención a las
afirmaciones hechas por el peticionario, categóricamente descorteses hacia las
autoridades judiciales y administrativas que dieron origen a la presente acción
constitucional así como en contra del juez de tutela que conoció del asunto en
primera instancia, máxime cuando no vienen acompañadas del respectivo soporte
probatorio, razón por la que incluso el a quo hizo la devolución de unos escritos
presentados por el peticionario, por haberse hecho afirmaciones de carácter
irrespetuosas en contra de los funcionarios–, se pronunciará solamente frente a los
siguientes cargos:
(i) Sobre la inconformidad presentada por el accionante frente al rechazo de
la acción de tutela en primera instancia por su actuar temerario.
(ii) Respecto del exhorto realizado en primera instancia consistente en que
el actor que en lo sucesivo se abstenga de emplear ese tipo de
expresiones y adjetivos en sus escritos.
2.2.2. Solicitud de desvinculación de la Presidencia de la República
44. La presidencia de la República pese a que no fue vinculada o figura como
accionada, sí fue notificada de la presente acción de tutela por error involuntario.
Por esto, rindió informe dentro de este asunto y en éste manifestó que no tenía
relación alguna con el proceso de tutela de la referencia.
45. Al respecto, la Sala declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el accionante ni en el escrito de tutela ni en la impugnación, presentó
cargo alguno en su contra ni tampoco se evidencia alguna acción u omisión de esta
entidad que afecten los derechos fundamentales invocados por el señor Jorge
Eliécer Cuervo Cuervo.
46. Por esto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia pero
42
En este sentido, esta Corporación se ha pronunciado en una anterior oportunidad así: “en
aplicación de los principios Pro Homine y Pro Actione la Sala analizó los cargos de la tutela sin
referirse a [las] expresiones [irrespetuosas o injuriosas], como garantía para la parte actora, teniendo
en cuenta que se trata de una acción de tutela la cual reviste un carácter de informalidad y no requiere
representación de abogado”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B. Sentencia del 10 de noviembre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-
03875-00.
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únicamente para ordenar la desvinculación del presente trámite constitucional a la
Presidencia de la República por los motivos aquí expuestos.
2.3. Legitimación en la causa
47. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
48. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU-454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda43.
49. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.
2.3.1. Legitimación en la causa por activa
50. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
51. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
43
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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52. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo se encuentra legitimado en la causa por activa,
en razón a que le fue reconocida la asignación de retiro, de la que por este medio
pretende su reliquidación; así como figuró como demandante en el proceso
ejecutivo en el que se profirieron las decisiones que reprocha a través de
mecanismo constitucional.
2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva
53. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello44.
54. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra de la CREMIL, entidad
que reconoció la asignación de retiro del accionante, de la que por este medio
pretende su reliquidación. Por esto, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
55. Por otro lado, la Sala nota que, si bien las pretensiones de la acción de tutela
no se dirigen en contra de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que el accionante sí presenta
diferentes cargos en contra de la providencia proferida por este operador judicial al
interior de un proceso ejecutivo, razón por la que es procedente tenerla como
autoridad accionada.
56. Así las cosas, la Sección también encuentra legitimada en la causa por
pasiva a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
44
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
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2.4. Problemas jurídicos
57. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado, los informes presentados, el escrito de impugnación
y el estudio oficioso del caso, a la Sala le corresponde determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia del 11 de mayo de 2022, dictado por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
58. Para esto, le corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se configura el fenómeno de la temeridad, con ocasión de la acción de
tutela que el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo instauró contra la CREMIL
por la negativa de la reliquidación de su asignación de retiro; y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que
confirmó la decisión de primera instancia, que declaró probada la excepción
de pago propuesta por la entidad demandada dentro del proceso ejecutivo
iniciado en su contra?
• ¿Se vulneraron los derechos fundamentales del accionante con ocasión del
exhorto realizado en primera instancia consistente en que el actor que en lo
sucesivo se abstenga de emplear ese tipo de expresiones y adjetivos en sus
escritos?
59. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela y su procedencia excepcional en
contra de providencia judicial; ii) la configuración del fenómeno de la temeridad y;
iii) el caso concreto.
2.5. Generalidades de la acción de tutela
60. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que
resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.
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61. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
62. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
63. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.
2.6.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
64. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201245. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema46. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales47.
65. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201448. En esta sentencia se
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
46
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
47
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia49 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial50.
66. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno los presupuestos
generales, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo
del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
49
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
50
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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2.7. La configuración de la temeridad51
67. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en
el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o
su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. (Negrilla y
subrayado fuera del texto).
68. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su posible
configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los siguientes: 1. Que
se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber,
se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud. 2.
Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no
constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por
la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que
pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un
desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los
dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud52.
69. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez
constitucional deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 9 de
junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-02376-00.
52
Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021.
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• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado por la
misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o representantes y se
dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la acción de
tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción
de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos
fundamentales.
70. Superado este estudio, adujo la Corte, y de encontrarse acreditada la triple
identidad, el fallador de la acción deberá verificar si el actuar del demandante resultó
contrario a la buena fe, caso en el cual deberá declarar la improcedencia del
mecanismo constitucional e imponer las sanciones a las que hubiere lugar.
2.8. Análisis del fenómeno de la temeridad en el caso concreto
71. En el sub judice el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo presentó acción de
tutela en contra de la CREMIL y la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la
dignidad humana.
72. Como se dijo al inicio de esta providencia, el accionante considera
vulnerados sus derechos fundamentales con ocasión de los actos administrativos
que le negaron el reajuste y reliquidación de su asignación de retiro; y con la
sentencia proferida del 25 de febrero de 2016 al interior del proceso ejecutivo y en
la que la autoridad judicial accionada confirmó la decisión de tener como probada la
excepción de pago total de la obligación.
73. Ahora bien, en la medida que el señor Cuervo Cuervo afirmó en su solicitud
de amparo que presentó multiplicidad de acciones de tutela con identidad de objeto,
con ocasión de la información suministrada por las autoridades judiciales
accionadas, así como la decisión del A quo, la Sala considera pertinente estudiar si
se si se configura la triple identidad junto con las demás acciones de tutela que
ejerció el accionante en anterior oportunidad.
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74. Para esto, la Sala tal como lo hizo el juez de tutela de primera consultó
aplicativo web SAMAI y encontró el registro de más de 52 acciones de tutela
presentadas por el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo ante esta Corporación53, de
los cuales evidencia alrededores 4 solicitudes de amparo que ya cuentan con
sentencia debidamente notificada y ejecutoriada que guardan relación de identidad
de parte, de causa y de objeto, y de las cuales se destacan las siguientes que se
relacionan en el siguiente gráfico:
Presupuesto Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente ¿cumple identidad?
11001-03-15-000-2022- 11001-03-15-000-2022- 11001-03-15-000-01431- 11001-03-15-000- 11001-03-15-000-
02057-01 05388-00 00/01 2016-01465-00 2019-02763-01
(actual)
Accionante: Jorge Accionante: Jorge Accionante: Jorge Accionante: Jorge Accionante: Jorge SÍ. A pesar de que al presente
Eliecer Cuervo Eliecer Cuervo Eliecer Cuervo Eliecer Cuervo Eliecer Cuervo asunto obra como accionada la
CREMIL. Es preciso señalar que
Identidad de Accionados: La Accionados: Accionados: Accionados: Accionados: en algunos asuntos si bien esta
CREMIL – Tribunal Tribunal Administrativo La CREMIL – Tribunal Tribunal Tribunal Administrativo autoridad no figura como
partes
Administrativo de de Cundinamarca – Administrativo de Administrativo de de Cundinamarca – accionada, lo cierto es que fue
Cundinamarca – Subsección F Cundinamarca – Cundinamarca – Subsección F vinculada a tales trámites, en
Subsección F Subsección F Subsección F tanto que las pretensiones del
accionante siempre han estado
dirigidas a obtener la
reliquidación de la asignación de
retiro y el reconocimiento de la
prima de actualización. Considera vulnerados Considera vulnerados El sustento fáctico de las Consideró que la En sentir del SÍ. Todas las acciones se
sus derechos sus derechos pretensiones subyace de CREMIL, liquidó accionante, la entidad fundamentan en los mismos
fundamentales por los fundamentales porque la misma situación, esto indebidamente la liquidó de forma hechos que le sirven de
actos administrativos la CREMIL, entidad es, del hecho de que el asignación de retiro a indebida el pago sustento.
que le negaron el demandada en el proceso ejecutivo por la que tenía derecho; ordenado en la Esta claro que, a pesar de
reajuste y reliquidación proceso ejecutivo, no medio del cual se y cuestionó la sentencia del 3 de algunas vacilaciones en los
de su asignación de dio cumplimiento a la encontró probada la sentencia de segunda septiembre de 2004,. escritos de tutela, la situación
Identidad de retiro; y con la orden proferida en la excepción de pago total instancia proferida en fáctica que origina los dos
causa sentencia que tuvo sentencia del 3 de de la obligación y por tal el proceso ejecutivo. También, cuestionó la procesos constitucionales es la
como probada la septiembre de 2004 y, motivo se decidió no providencia de misma, todas tienen su origen
excepción de pago total en ese orden de ideas, continuar con la segunda instancia en la falta de reliquidación de la
de la obligación. liquidó indebidamente la ejecución, tiene origen en proferida en el proceso asignación de retiro reconocida
asignación de retiro a la la providencia de 3 de ejecutivo. Esto, porque a favor del accionante.
que tenía derecho. septiembre de 2004. en su sentir se incurrió
También por la en los defectos
sentencia de segunda sustantivo y fáctico.
instancia que confirmó
la declaratoria de
excepción de pago total
de la obligación dentro
de un proceso ejecutivo. El accionante pretende Se pretende es dejar sin El objeto es el amparo de Que se deje sin Que se deje sin SÍ. A pesar de que en algunas
que la Caja de Retiro efectos las providencias sus derechos efectos la decisión de efectos la decisión de acciones de tutela se presenten
de las Fuerzas judiciales proferidas en fundamentales y en segunda instancia segunda instancia algunas vacilaciones, sí es
Militares, entidad el proceso ejecutivo consecuencia que se proferida al interior proferida al interior del evidente que lo que pretendido
demandada en el adelantado en contra de deje sin efectos la del proceso ejecutivo; proceso ejecutivo; y por el accionante es que la
proceso ejecutivo, de la CREMIL por no haber sentencia del 16 de y que se ordene a la que se ordene a la CREMIL en cumplimiento de la
cumplimiento a la dado cumplimiento a la marzo de 2016, dictada CREMIL la CREMIL la sentencia del 3 de septiembre
Identidad de sentencia del 3 de orden del fallo del 3 de por el Tribunal reliquidación de su reliquidación de su de 2004, reliquide la asignación
objeto septiembre de 2004 y septiembre de 2004.
Administrativo de asignación de retiro. asignación de retiro. de retiro a él reconocida; y que
en consecuencia que re Cundinamarca, Sección se deje sin efectos la decisión
liquide su asignación Segunda, Subsección F, proferida por el Tribunal
de retiro. respectivamente, en el Administrativo de Cundinamarca
marco del proceso – Sección Segunda –
ejecutivo y se emita la Subsección F que confirmó la
posterior orden de excepción de pago total de la
cumplimiento hacia la obligación. CREMIL de la sentencia
del 3 de septiembre de
2004.
75. Por lo anterior, la Sala evidencia que todos los procesos de tutela
mencionados guardan identidad de partes, de hechos y de pretensiones, en tanto
53
Consulta realizada el 3 de julio de 2022 a las 11:50 a.m.
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que lo que se pretende es dejar sin efectos la providencia judicial en cuestión,
respecto de la cual ya hubo decisiones de primera y de segunda instancia: una, en
el sentido de negar el amparo solicitado, y otras, por considerar que la solicitud de
amparo se tornaba improcedente, bien por incumplimiento del requisito de
inmediatez, o por haberse configurado la cosa juzgada y la temeridad; y que se
ordene la reliquidación de la asignación de retiro reconocida a favor del accionante,
frente a la cual también se pronunció el juez constitucional en anteriores
oportunidades.
76. En este punto, es importante mencionar que según información registrada en
la página web de la Corte Constitucional, las acciones de tutela identificadas con los
radicados 11001-03-15-000-2016-01465-00, 11001-03-15-000-2019-02763-00 y
11001-03-15-000-2020-01431-00 surtieron el proceso de selección ante ese alto
tribunal y no resultaron escogidas para revisión, tal como se desprende de los autos
del 28 de julio de 2016, del 3 de agosto de 2020 y del 29 de enero de 2021,
respectivamente.
77. De conformidad con lo expuesto, se advierte que las acciones de tutela en
cuestión con la que se decide en esta oportunidad, comparten la triple identidad a
la que se refiere el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y la Corte Constitucional,
para que se configure el fenómeno de la temeridad.
78. En ese sentido, se debe determinar si existió una justificación para que el
señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo ejerciera tantos mecanismos de amparo que
guardan identidad de partes, causa petendi y objeto.
79. Sobre el particular se tiene que el accionante en la solicitud de amparo y en
la impugnación señaló:
“Bajo la gravedad del juramento, me permito hacer las siguientes manifestaciones
1ª. Que esta tutela difiere en sus pretensiones materiales (económicas) e
inmateriales de cualquier otra presentada por el suscrito contra la Caja de Retiro
de Fuerzas Militares; y que no ha sido presentada ante ninguna otra autoridad
judicial.
(…)54”.
54
Folio 19 del escrito de tutela. Documento 5 cargado a SAMAI.
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80. En este punto, la Sala llama la atención que el accionante no señaló ningún
motivo tendiente a justificar su proceder, en tanto que se limitó a mencionar que
esta solicitud de amparo no guarda relación de causa con las anteriores. Sin
embargo, este argumento no constituye justificación alguna para la presentación de
esta nueva tutela y tampoco se evidencia, un estado de indefensión o
desconocimiento por parte del accionante, a partir de lo cual se pueda explicar su
actuar en esta oportunidad.
81. Hasta aquí, lo que se advierte es que el interesado sí ha acudido de forma
sistemática y desproporcionada a la administración de justicia a exponer una misma
situación jurídica (la solicitud de reliquidación de su asignación de retiro), la cual ya
ha sido definida. Por esto, la Sala le recuerda al actor que no es posible tramitar y
resolver sucesivas e indefinidas acciones de tutela que mantienen la identidad en
las partes, en los supuestos fácticos y en el objeto; porque ello significa un abuso
del derecho, pasible de las sanciones pertinentes si se advierte la mala fe; y que es
importante hacer un uso racional y consiente de este mecanismo constitucional, con
el fin de evitar una congestión del aparato jurisdiccional.
82. Siendo ello así, en atención a que el actor ya había presentado varias
acciones de tutela que tienen identidad de partes, hechos y pretensiones respecto
de esta solicitud de amparo, sin justificar tal situación, la Sala considera que en el
presente caso se configuró la figura la temeridad, por lo que confirmará en este
punto la decisión de primera instancia.
83. Sin embargo, la Sala instará nuevamente55 al accionante a efectos de que
55
En este punto, es preciso señalar que en una anterior oportunidad esta Sección realizó este
llamado de atención al accionante en una causa que, si bien difiere de la actual, lo cierto es que
denota el uso desmedido de la acción de tutela por parte del accionante. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de junio de 2020. Rad. 11001-
03-15-000-2020-00272-01; y auto del 16 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2017-00559-01.
En esta última oportunidad, se le llamó la atención al accionante en el siguiente sentido: “le advierte
al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo que, de insistir nuevamente en lo peticionado en el memorial
objeto de análisis y en los demás memoriales relacionados en precedencia, se abrirá el respectivo
incidente sancionatorio en cumplimiento del artículo 44 del Código General del Proceso y del artículo
60A de la Ley 270 de 1996, ante las maniobras dilatorias y el entorpecimiento a la Administración de
Justicia por el uso desmedido e injustificado de los mecanismos procesales que tiene a su alcance”.
En el mismo sentido y en una acción constitucional que guarda identidad fáctica ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de junio de 2020.
Rad. 11001-03-15-000-2020-01431-00.
También, se evidencia que en anteriores oportunidades al accionante lo han sancionado con multa
hasta de 1 SMLMV en razón de la temeridad declarada, en uno de los asuntos que guarda identidad
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haga un uso razonable y proporcionado de los mecanismos judiciales establecidos
para la protección de sus derechos, pues su conducta deviene contraria a la lealtad
debida a la administración de justicia.
2.9. Pronunciamiento sobre el exhorto realizado en primera instancia por
medio del cual se le solicitó al actor que en lo sucesivo se abstenga de
emplear ese tipo de expresiones y adjetivos en sus escritos
84. Al respecto, la Sala nota que durante el trámite de esta acción de tutela, el
señor Cuervo Cuervo en diferentes oportunidades realizó afirmaciones en contra de
las autoridades administrativas y judiciales, para lo cual empleó un lenguaje
ofensivo y descalificativo.
85. Por esto, el juez de tutela de primera instancia exhortó al accionante a que
cese de plasmar en sus memoriales expresiones irrespetuosas hacia la función
judicial, so pena de que cualquier autoridad judicial facultada para ello, pueda
proceder a ejercer las facultades sancionatorias del artículo 44 del CGP.
86. Sin embargo, el accionante en su escrito de impugnación rechazó tal exhorto
porque en su sentir con éste se pretende “constreñir[lo] (…) o amenazar[lo] (…) para
que no siga demandando lo que de acuerdo a la Ley [l]e corresponde”.
87. En este punto, la Sala encuentra pertinente recordarle nuevamente al
accionante que para acudir ante las autoridades judiciales y/o administrativas e
incluso privadas, es necesario hacer uso de un lenguaje respetuoso, decoroso y
acorde al postulado de convivencia que orienta nuestro modelo de Estado social de
derecho. En igual sentido en anteriores oportunidades56, esta Corporación le ha
llamado la atención al accionante por el lenguaje descalificativo con el que el
peticionario se refiere en sus escritos a las autoridades administrativas y judiciales.
fáctica con esta solicitud de amparo. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 19 de noviembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-05388-00.
En otra oportunidad, esta Corporación le impuso al accionante, por la temeridad declarada, una multa
de 5 SMLMV. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 23 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-03950-00.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-03142-00. Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-01431-01.
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88. Por lo anterior, la Sala también confirmará el exhorto realizado al accionante
por el juez de primera instancia. Esto, para que cese de plasmar en sus memoriales
dirigidos a las autoridades judiciales expresiones indecorosas e irrespetuosas, so
pena de que cualquier autoridad judicial facultada para ello, pueda proceder a
ejercer las facultades sancionatorias establecidas en el artículo 44 del CGP.
2.10. Conclusiones
89. En primer lugar se accederá a la solicitud de declarar la falta de legitimación
por pasiva respecto de la presidencia de la República. En segundo lugar, se
confirmará la decisión de declarar improcedente la solicitud de amparo por
configurarse el fenómeno de la temeridad. Adicionalmente, se instará al accionante
a efectos de que haga un uso razonable y proporcionado de los mecanismos
judiciales establecidos para la protección de sus derechos, pues su conducta
deviene contraria a la lealtad debida a la administración de justicia. Finalmente, se
confirmará el exhorto realizado a la parte accionante para que cese de plasmar en
sus memoriales expresiones irrespetuosas hacia la función judicial so pena de que
cualquier autoridad judicial facultado para ello, pueda ejercer las facultades
sancionatorias establecidas en el artículo 44 del CGP.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el 11 de mayo de 2022, para DESVINCULAR del
presente trámite constitucional a la Presidencia de la República por los motivos aquí
expuestos.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 11 de mayo de 2022 que rechazó
por temeraria la solicitud de amparo, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva de esta providencia; y exhortó a la parte accionante para que cese de
plasmar en sus memoriales expresiones irrespetuosas hacia la función judicial so
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pena de que cualquier autoridad judicial facultado para ello, pueda proceder a
ejercer las facultades sancionatorias establecidas en el artículo 44 del CGP.
TERCERO: INSTAR al señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo a que haga un uso
razonable y proporcionado de los mecanismos judiciales establecidos para la
protección de sus derechos.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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