Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02062-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02062-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02062-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de mayo de 2022
Demandante: Adriana Constanza Pavas Quiñones
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02062-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02062-00
Demandante: ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA
TEMA: Tutela contra providencia judicial - Declara la improcedencia por
no agotar los medios de defensa judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Adriana
Constanza Pavas Quiñones contra el Consejo de Estado, Sección Primera, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La señora Adriana Constanza Pavas Quiñones, actuando en nombre propio,
mediante escrito enviado por correo electrónico el 5 de abril de 2022, al buzón de la
oficina de servicios judiciales de Popayán y remitido en la misma fecha a la
Secretaría General del Consejo de Estado, presentó acción de tutela, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida
digna y al mínimo vital.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de:
(i) la providencia de 21 de enero de 2022 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad promovido por la
Universidad del Cauca contra la señora Pavas Quiñones, mediante la cual se
decretó la medida cautelar de suspensión de los efectos de los actos administrativos
por medio de los cuales la referida universidad otorgó el título de abogada a la
accionante, proceso que se identifica con el radicado No. 11001-03-24-000-2021-
00601-00; y (ii) la presunta indebida notificación del referido auto.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
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Demandante: Adriana Constanza Pavas Quiñones
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
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• En el escrito de tutela la señora Adriana Constanza Pavas Quiñones manifestó
que es una persona en condición de discapacidad con movilidad reducida, y que es
abogada de profesión1.
• Luego, y sin precisar fecha, afirmó que le fue notificado el acto administrativo No.
1331 de 10 de febrero de 2022, proferido por la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, por
medio del cual se decretó “la pérdida de fuerza ejecutoria de la inscripción como Abogado
y la Tarjeta Profesional de Abogado No. 323612 del 19 de febrero de 2019 de la señora,
ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, (…)”.
• Agregó que en esa oportunidad también se enteró que lo dispuesto por la Unidad
se dio en cumplimiento de un auto interlocutorio de fecha 21 de enero de 2022, en
el cual se decretaron medidas cautelares al interior de un proceso judicial que
iniciaron en su contra2.
1.3. Pretensiones
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“1. Señor Juez le ruego que tutele mis derechos fundamentales al trabajo, vida digna,
trabajo digno, mínimo vital, y ordene a la Universidad del Cauca cesar los efectos de
la suspensión provisional decretada, que SUSPENDE mi titulo de abogado y no me
permite ejercer mi profesión, trabajar, tener un buen nombre y que todo caso, existe
duda si el resultado del mismo proceso que cursa será o favorable o no a la entidad
referida.
2. Ordenar la continuidad de los efectos jurídicos del artículo primero de la Resolución
núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por la cual se confiere título profesional a una
estudiante de pregrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de
mi persona.
3. Anular la suspensión provisional de los efectos del acta de grado núm. 7 de 29 de
enero de 2019 y del diploma núm. 007-19 de la misma fecha, expedidos por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de abogada
a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.” (Sic a toda la cita).
1.4. Sustento de la petición
La parte demandante consideró vulnerados sus derechos fundamentales por la
presunta omisión de la demandada en notificar el auto que decretó la medida
cautelar, lo cual le impidió “ejercer la defensa requerida”.
1
La Universidad del Cauca, mediante la Resolución R-048 de 28 de enero de 2019, le confirió el
título de profesional de abogada.
2
La Sala precisa que, según el material probatorio allegado a este trámite constitucional, el proceso
que cursa en contra de la señora Pavas Quiñones corresponde a una demanda de nulidad (artículo
137 del CPACA), “tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de
los efectos de la Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, del acta de grado núm. 7 de 29 de
enero de 2019 y del diploma núm. 007-19 de la misma fecha, (…) por medio de las cuales se le
concedió el título de abogada a ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.”. Demanda que
corresponde al radicado No. 11001-03-24-000-2021-00601-00 y se fundó en el hecho de que, “luego
de unas investigaciones iniciadas a raíz de unas denuncias recibidas, pudo constatar que los actos
administrativos controvertidos se expidieron con fundamento en una documentación falsa
presentada por una estudiante a la que se le otorgó el título de abogada, quien, a su juicio, actuó de
mala fe y la hizo incurrir en un error”.
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Agregó que es “una persona Discapacitada -paraplejia- y no puedo hacer labores
distintas a las intelectuales en razón de mi (sic) misma movilidad reducida, lo cual afecta
lesivamente mi derecho al mínimo vital, trabajo y vida digna”.
Puntualizó que “la medida resulta excesiva, (…) Teniendo en cuenta que los procesos
judiciales tardan y van más allá de los términos de suspensión provisional del ejercicio de
funciones dentro del proceso disciplinario interno. (…) teniendo la obligación legal de
hacerlo”.
1.5. Actuación procesal
El 8 de abril de 2022 el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la tutelante, y como accionada, a la Sección Primera del Consejo de
Estado. Asimismo, en su calidad de terceros con interés en las resultas del proceso,
vinculó a la Universidad del Cauca y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.
Igualmente, negó la medida provisional solicitada por la parte accionante al
considerar que, “si bien se evidencia que la tutelante padece una condición especial, lo
cierto es que no reviste la urgencia y necesidad exigida por el ordenamiento para que
resulte imperioso concederla en esta oportunidad procesal, sin realizar previo análisis de
fondo de los argumentos expuestos por las autoridades judiciales accionadas (…)”.
1.6. Contestaciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, por conducto de la ponente de
la decisión controvertida, solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo
Constitucional, debido a que en “el expediente digital no se observa que la actora haya
radicado memorial, recurso o solicitud de nulidad alguna, poniendo en conocimiento del
Despacho la falta de notificación invocada en el escrito contentivo de la acción de tutela, de
ahí que no haya decisión alguna frente a tal situación”.
Por lo anterior, manifestó “que la actora cuenta con mecanismos judiciales dentro del
proceso ordinario para obtener las pretensiones que persigue a través de la acción
constitucional de la referencia, lo que la hace improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiaridad (sic).
1.6.2. La Universidad del Cauca, a través del jefe de la oficina de asesoría jurídica,
también solicitó decretar improcedente la acción de tutela de la referencia, porque
la demandante no ha elevado la solicitud de nulidad al interior del proceso
contencioso, ni interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 1331 de
2022.
Finalmente, requirió la desvinculación de su representada de este trámite.
1.6.3. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de la directora de esa
unidad, manifestó que esa dependencia no ha vulnerado derecho fundamental
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alguno en atención a que la Resolución 1331 de 2022 fue proferida en cumplimiento
de una orden judicial.
Aclaró que contra esta decisión la señora Pavas interpuso recurso de reposición, el
cual fue resuelto desfavorablemente el 7 de marzo de 2022 con el acto
administrativo No. 2930, en el sentido de “NO REPONER la Resolución No. 1331 de
2022, (…)” (Mayúsculas y negritas del texto original).
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Adriana Constanza Pavas Quiñones contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019,
artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La Universidad del Cauca, en el informe presentado pidió su desvinculación del
trámite constitucional, sin embargo, la Sala advierte que negará esta solicitud, toda
vez que ésta actúa como tercero con interés en las resultas del proceso, al integrar
ambas partes del proceso en donde se profirió la providencia que hoy se discute en
sede constitucional.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en el evento de superar los requisitos de
procedibilidad adjetiva, si en el caso concreto se presenta una vulneración a los
derechos fundamentales “al debido proceso, al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital”
de la señora Adriana Constanza Pavas Quiñones por parte de la autoridad judicial
accionada, con ocasión del trámite de la notificación del auto interlocutorio de 21 de
enero de 2022, a través del cual se decretaron unas medidas cautelares, al interior
de la demanda identificada con el No. 11001-03-24-000-2021-00601-00.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el requisito de subsidiariedad; (iii) sujetos de especial
protección constitucional; y (iv) el caso en concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Del requisito de subsidiariedad
Ahora bien, en lo que se refiere a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de
la Constitución Política, consagra este requisito como presupuesto de procedencia
de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado
por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia7.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. ctor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
5
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Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos
judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.
2.6. Sujetos de especial protección constitucional
En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte
Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo
reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos,
síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y “todas aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera
que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la
intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad
manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos
judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”8.
Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos
13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea
material, es decir, real y efectiva.
2.7. Caso concreto
En el sub examine, la accionante busca que se deje sin efectos la providencia del
21 de enero de 2022, por indebida notificación, por medio de la cual se resolvió por
la autoridad judicial accionada decretar medidas cautelares en su contra al interior
del expediente con radicado No. 11001-03-24-000-2021-00601-00, consistentes en:
“PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional del artículo primero de la
Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por la cual se confiere título
profesional a una estudiante de pregrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL
CAUCA, respecto de la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.
SEGUNDO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos del acta de grado
núm. 7 de 29 de enero de 2019 y del diploma núm. 007-19 de la misma fecha,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el
título de abogada a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.
TERCERO: DENEGAR la medida cautelar consistente en ordenar al Consejo
Superior de la Judicatura suspender la tarjeta profesional de abogada de la señora
ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.
CUARTO: Por la Secretaría, PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados la presente providencia, con el fin de que evalúe si frente al
8
Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
6
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trámite de inscripción de la señora PAVAS QUIÑONES operó el fenómeno de la
pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le sirvió de fundamento a la
solicitud de inscripción en el Sistema de Información del Registro Nacional de
Abogados.” (Mayúsculas y negritas del texto original).
Al respecto, esta Colegiatura considera que la acción constitucional es
improcedente, por cuanto la demandante cuenta con otro medio de defensa para la
protección de sus derechos, como lo es la solicitud de nulidad por indebida
notificación, razón por la cual, esta Sección, investida como juez de tutela, no puede
desplazar la competencia del juez natural de la causa.
Además, cabe destacar que esta Sección ha considerado que la procedencia de la
acción de tutela cuando el proceso contencioso se encuentra en trámite, es mucho
más restrictiva y excepcional que en casos donde se discute la vulneración de
derechos fundamentales con ocasión de una sentencia que puso fin de forma
definitiva a la controversia, dado que las partes en el primer escenario pueden
continuar debatiéndolas a lo largo del proceso, y en el segundo, los medios de
defensa, en principio, ya fueron agotados.
Aclarado lo anterior, se tiene que el artículo 133 del CGP establece lo siguiente:
“Artículo 133. Causales de nulidad: el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos:
(…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena,
o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula
la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no
se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.
(Negritas de la Sala)
De lo anterior se colige que la indebida notificación que alude la demandante es una
causal de nulidad, la cual debe alegarse en el proceso contencioso respectivo.
Ahora, debido a que la accionante no advirtió en su escrito de tutela si había o no
agotado este mecanismo de defensa judicial contemplado por el ordenamiento
jurídico, esta Sala de Decisión, de manera oficiosa, verificó el aplicativo web
SAMAI9, y evidenció que, posterior a la radiación de esta acción, la aquí
demandante, el 27 de abril de 2022, presentó solicitud de nulidad en el expediente
9
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103240
00202100601001100103
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No. 11001-03-24-000-2021-00601-0010, la cual no se ha resuelto a la fecha.
Luego tal requerimiento, veda, con mayor fuerza, la intervención de esta Sección
como juez de tutela, puesto que la tutela no se puede predicar como un mecanismo
alternativo o paralelo al proceso ordinario, donde solo es posible habilitar la
competencia del funcionario constitucional, cuando se esté en presencia de la
posibilidad de la consumación de un perjuicio irremediable.
Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de los derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces del Alto Tribunal Constitucional “(…)
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen(…)”11.
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables12. No obstante, no
se evidencia tal circunstancia en este asunto, porque del análisis del acervo
probatorio no es posible establecer que la demandante, a pesar de tener una
movilidad reducida, se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que
implique adoptar medidas inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales, tales como una precaria situación económica o de salud, donde
resulta relevante resaltar que en la historia clínica que aportó la misma señora
Pavas, se precisó que la consultante “puede realizar actividades de trabajo sin
dificultad”.
En efecto, si bien la demandante es un sujeto de especial protección constitucional,
por ser una persona de movilidad reducida13, ello no es óbice, por sí solo, para
flexibilizar o superar los requisitos de procedibilidad adjetiva contra providencia
judicial, ni mucho menos para omitir los mecanismos de defensa ordinarios al
10
Ver índice 33 del aplicativo SAMAI que corresponde al expediente No. 11001-03-24-000-2021-
00601-00.
11
Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
12
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación se reseña, en síntesis lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. (…)».
13
La Sala aclara que si bien en la historia clínica se anota en el acápite “Discapacidad: Ninguna”, es
claro, según las anotaciones subsiguientes, que la demandante usa silla de ruedas y tiene paraplejia.
8
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interior del proceso contencioso, aunado al hecho que para el caso concreto los
mismos se encuentran en trámite. Comoquiera que, siendo ello cierto, las personas
que pertenezcan a estos grupos, en todos los casos, podrían acudir directamente a
la acción de tutela, sin permitirle a juez natural de la causa, que también es un
garante de los principios constitucionales, revisar sus decisiones y de las
actuaciones de sus secretarías.
Luego, el funcionario de tutela debe ponderar, en cada caso concreto, si su
intervención, aún al no cumplirse los requisitos de procedibilidad, es urgente e
impostergable, situación que no se evidencia en este caso, porque la parte actora
en la actualidad, y con posterioridad a la radicación de este mecanismo, está
tramitando la solicitud de nulidad del auto que aquí se pretende dejar sin efectos,
requerimiento que radicó tan solo el 27 de abril de 2022, luego tampoco se evidencia
una mora que habilite la competencia de esta Sección, ya que solo han trascurrido
seis (6) días.
2.8. Conclusión
Así las cosas, es claro para esta Sala que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se supera el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN presentada por la
Universidad del Cauca.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Adriana Constanza Pavas Quiñones, por no superar el requisito
adjetivo de la subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Adriana Constanza Pavas Quiñones
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02062-00
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
10
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