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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2021-00601-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00601-00

Fecha
17 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00601-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero interesado en las resultas del proceso. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por la cual se confiere título profesional a una estudiante de pregrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES. TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 7 de 29 de enero de 2019 y del diploma núm. 007-19 de 29 de la misma fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00601-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA se le otorgó el título de abogada a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES. CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada. QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00601-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00601-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

17 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00601-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-048 de 28 de enero

de 2019, “Por la cual se confiere título profesional a una

estudiante de pregrado”, del acta de grado núm. 7 de 29 de enero

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00601-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

de 2019 y del diploma núm. 007-19 de 29 de enero de 2019, actos por

medio de los cuales otorgó el título de abogada a la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderada

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-048 de fecha 28 de enero de 2019, por la que se
confiere a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUINONES,
identificada con C.C. No. 25274209 expedida en Popayán - Cauca,
el título de abogada.

3.2. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 07 de fecha 29 de
enero de 2019, y Diploma No. 007-2019 - 18 de fecha 29 de enero
de 2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de su Resolución No. R-048 de fecha 28 de enero de 2019 y otorga
el título de Abogada a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS
QUIÑONES, identificada con C.C. No. 25274209 expedida en
Popayán - Cauca.

3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 323612,
otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura al señor
ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, identificada con
C.C. No. 25274209 expedida en Popayán – Cauca (sic) […]”.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado

el programa de pregrado de Derecho.

2°. Adujo que la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES2

se matriculó en el programa de Derecho en el segundo semestre del

año 2002 y, posteriormente, canceló sus estudios cuando se

encontraba cursando el segundo semestre. Señaló que mediante

Resolución núm. 194 de 30 de octubre de 2003, se aceptó su reingreso

al programa de Derecho, a partir del primer período académico de

2004, por lo que le era exigible como requisito de grado la presentación

y aprobación de exámenes preparatorios, de conformidad con lo

previsto en el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de

2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios

del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.

2
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas

y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema

Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y

salvo académico a favor de la estudiante ADRIANA CONSTANZA

PAVAS QUIÑONES quien, dentro de la oportunidad otorgada por la

Secretaría General, presentó la documentación exigida para el

otorgamiento del título de abogada a fin de ser incluida en la ceremonia

colectiva de graduación que tuvo lugar el 29 de enero de 2019, en la

cual recibió el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución

núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con

el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían

presentado en el registro de tales exámenes.

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en

el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por

uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba

que a varios estudiantes del programa de derecho se les registraron

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como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA, a pesar de

que no los habían superado.

6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector

de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la Resolución

núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el

SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de

exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde

el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos

soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente

historia académica.

7°. Señaló que respecto de la situación académica de la señora

ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES se advirtió que, según

la información registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado

los siete (7) exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin

embargo, corroborado dicho reporte con el expediente de la historia

académica, pudo advertir que la graduada solo había aprobado cinco

(5) exámenes, quedando pendiente de aprobación los

correspondientes a las áreas de derecho penal y derecho procesal civil.

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8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por la señora PAVAS QUIÑONES para obtener el registro de

notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,

situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades

competentes.

9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que la señora ADRIANA CONSTANZA

PAVAS QUIÑONES había cumplido con todos y cada uno de los

requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogada.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en

las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran

los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución

Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437

de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de

2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios

del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en

concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el

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cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de

Estudios del programa de Derecho”.

Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la

presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes

preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual el

estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no

tendría derecho a que se le confiera el título de abogado y, de otorgarse

sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título deberá ser

dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable

Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.

Aseveró que la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES no

cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos

de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogada, pues

de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento

se pudo establecer que la graduada no aprobó los exámenes

preparatorios de las áreas de derecho penal y derecho procesal civil.

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II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 12 de noviembre de 20213 se

admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular a la señora

ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, en calidad de tercero

con interés directo en las resultas del proceso.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida

de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la

cual se accedió mediante proveído de 9 de septiembre de 20224.

II.3.- Contestación

II.3.1. La señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES5, en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y manifestó,

en síntesis, que:

El registro de los exámenes preparatorios en la plataforma SIMCA era

de manejo exclusivo del personal administrativo de la

3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
4
Visible en el índice núm. 64 del expediente digital.
5
Visible en el índice núm. 59 del expediente digital.

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UNIVERSIDAD, por lo que la señora PAVAS QUIÑONES no tenía

acceso al mismo y, en consecuencia, se atenía a lo que resultara

probado dentro del proceso.

Sostuvo que el requisito de aprobación y presentación de los siete

exámenes preparatorios requeridos para obtener el título de abogada

se podía corroborar con la expedición del paz y salvo académico de 22

de enero de 2019, motivo por el cual las inconsistencias en el registro

de los exámenes preparatorios debía ser atribuible a un error

administrativo de la UNIVERSIDAD, la cual señaló pretendía

trasladarle su responsabilidad al tercero con interés directo en las

resultas del proceso, con fundamento en un informe que elaboró el

personal del mismo ente universitario.

Señaló que no se aprovechó de las situaciones administrativas a las

que alude la UNIVERSIDAD en la demanda, pues la señora PAVAS

QUIÑONES era la directamente afectada por “la falla sistemática del

ente universitario en el sentido de contar con personal de registro,

archivo y control, no calificado para ejercer sus funciones

administrativas”.

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Señaló que la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES

presentaba una discapacidad física y cuestionó la objetividad de los

resultados del informe de cumplimiento de requisitos de grado que

aportó la UNIVERSIDAD; y que su actuación fue de buena fe, pues

obró bajo el convencimiento de que el procedimiento para la

expedición de los actos acusados de nulidad estaba conforme a la ley.

Además, propuso las excepciones de ineptitud de la demanda por falta

de requisitos formales y caducidad, al igual que la de no comprender

la demanda todos los litisconsortes necesarios, para lo cual afirmó que

los actos acusados son de contenido particular y concreto, por lo que

la demandante debió incoar el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, frente al cual operó el fenómeno de la

caducidad.

Finalmente, sostuvo que el trámite de expedición de la tarjeta

profesional de abogada estaba a cargo del Consejo Superior de la

Judicatura, por lo que resultaba necesaria su vinculación al proceso.

II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 11 de octubre

de 2022 resolvió las excepciones previas formuladas por el tercero

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interesado6; en auto de 11 de noviembre de 20227 prescindió de realizar

la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación

de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo

42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio8 y resolvió sobre las pruebas

aportadas y solicitadas por las partes.

En auto de 27 de enero de 20239, se decidió correr traslado a las partes

y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de

conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD10 efectuó un recuento de lo reseñado en el

libelo introductorio e insistió en que debe accederse a las pretensiones

6
Expediente digital, índice núm. 72. En el mencionado proveído, el Despacho estimó que las excepciones
de “invocación indebida del medio de control” y de “caducidad del medio de control” formuladas por el
tercero interesado no correspondían a excepciones previas por no estar enlistadas en el artículo 100 del
CGP, por lo que su resolución se haría en la sentencia. De igual forma, en la citada providencia se declaró
no probada la excepción de “no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”.
7
Visible en el índice núm. 77 del expediente digital.
8
El litigio se fijó en los siguientes términos:

“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por
la cual se confiere título profesional a una estudiante de pregrado”, y el acta de grado núm. 7 de
29 de enero de 2019, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no los artículos 6º,
21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y el
Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el
Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de
diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del
programa de Derecho” […]”.

9
Visible en el índice núm. 87 del expediente digital.
10
Visible en el índice núm. 93 del expediente digital.

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de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que la señora

ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES incumplió con el

requisito de presentar y aprobar los exámenes preparatorios

requeridos para obtener el título de abogada.

Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en el

Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa

de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, pues las

pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de que la egresada

no aprobó los exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de

derecho penal y derecho procesal civil.

II.5.2- La señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES11

reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la

demanda, haciendo especial énfasis en que el Consejo Superior de la

Judicatura debía ser vinculado al proceso, pues fue la autoridad la que

expidió la tarjeta profesional de abogada; además de que las pruebas

aportadas al proceso no daban cuenta de que hubiere incurrido en

11
Visible en el índice núm. 94 del expediente digital.

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conductas fraudulentas relacionadas con la aprobación y presentación

de los exámenes preparatorios.

III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto12 en el que solicitó

acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que

dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la nulidad

de los actos acusados.

Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD la señora PAVAS

QUIÑONES se comprometió a cumplir con el reglamento académico

que preveía la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el

título de abogada y, además, era consciente de tal exigencia pues

presentó los aludidos exámenes sin superar dos de ellos.

Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos

los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa

y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de

aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el

correspondiente título profesional.

12
Visible en el índice núm. 92 del expediente digital.

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Agregó que aun cuando el tercero con interés directo alegó a lo largo

del proceso haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el

reglamento universitario para recibir su diploma profesional, lo cierto

es que no aportó al proceso pruebas que demostraran dicha

afirmación; por el contrario, lo que sí resultó acreditado es que la

señora PAVAS QUIÑONES incumplió con el requisito de grado

consistente en presentar y aprobar la totalidad de los exámenes

preparatorios, previstos en el reglamento de la institución.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del

Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

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IV.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo

primero de la Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, respecto

del título de abogada que se le otorgó a la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-048 DE 2019
(28 de enero)

Por la cual se confiere título profesional a una estudiante de
pregrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

La graduanda de pregrado de la Universidad del Cauca abajo
relacionada solicita por escrito a la Secretaría General se le confiera
el título de Abogada en ceremonia privada.

Para optar al título referido, la graduanda cumplió los requisitos de
Ley y los exigidos por cada unidad académica y demás instancias
administrativas universitarias.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que la graduanda de la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales cumplió los requisitos de
Ley y los reglamentarios de la Institución, le confiere el título de:

ABOGADA A:

ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES
CC. (…) de POPAYÁN […]”.

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De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado

núm. 7 de 29 de enero de 2019, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] ACTA DE GRADO No. 07 del 29 de enero de 2019

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 4:00 p.m., del día martes veintinueve (29) de
enero de dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la
Resolución R-048 del 28 de enero de 2019 expedida por la Rectoría
de la Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Salón
de los Consejos para la entrega de títulos conferidos por la
Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada la
Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADA
A:
ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES
CC. (…) de POPAYÁN

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogada

Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No: 007; Diploma
No: 007-19

La ceremonia finaliza a la(s) 4:15 p.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS – Secretaria
General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a veintinueve (29) de
enero de dos mil diecinueve (2019).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 007-19 de 29 de

enero de 2019, en el que se señaló que:

“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que ADRIANA CONSTANZA PAVAS
QUIÑONES (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 29 de enero de 2019. Registrado en el Libro
de Diplomas No. 083, Folio No. 007, Diploma No. 007-19 […]”.

III.3. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por

la cual se confiere título profesional a una estudiante de

pregrado”, del acta de grado núm. 7 de 29 de enero de 2019 y del

diploma núm. 007-19 de 29 de enero de 2019, actos por medio de los

cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título de abogada a la

señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.

A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos

6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la

Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y

el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa

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de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia

con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta

el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del

programa de Derecho”.

El fundamento de la demanda descansa en que la graduada no cumplió

con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD

para optar por el título de abogada, en tanto omitió la presentación y

aprobación de la totalidad de exámenes preparatorios previstos en el

plan de estudios.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

alegó que no está acreditado el incumplimiento de los requisitos para

optar por el título de abogada, especialmente la presentación y

aprobación de los exámenes preparatorios; que el Equipo de

Seguimiento que conformó la UNIVERSIDAD no era competente para

determinar la validez de los requisitos de grado y, por tanto, los

resultados de su gestión no son vinculantes, porque, además, tampoco

contaron con la participación de los involucrados; que no se advierte la

vulneración de normas superiores, sino un desorden administrativo por

parte del ente universitario; y que se debe garantizar el postulado de

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la buena fe, puesto que no hay pruebas que demuestren un actuar

fraudulento.

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes

asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de

los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la

solución del caso concreto.

(i) La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como

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también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]

capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”13.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad

garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros

educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder

político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de

dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este

sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero [14]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.

13
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[14] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.

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Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes [15].

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [16] […]”.17

La Ley 30 de 28 de diciembre de 199218 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y

seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.19

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para

adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen

una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación

de sus egresados.

[15] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[16] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
18
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
19
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).

En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

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“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad
profesionales de óptimas calidades en virtud del riesgo social
que implica el ejercicio de profesiones como la abogacía
[…]”20. (Resaltado fuera del texto original).

Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para

optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de

2001, afirmó:

“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos
que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en
ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional […].”(Resaltado fuera del texto original)

20
Sentencia SU-783 de 2003.

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De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que

el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa

que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos exámenes,

para obtener su título profesional, dado que los reglamentos

universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.

(iii) El principio de la buena fe

La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas

las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha

precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones

de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie

de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena

fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia

debida”.21

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.

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Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con

al significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los

siguientes términos:

“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado [22].

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[23]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [24]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[25].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”26.

[22] Sentencia C-071 de 2004
[23] Sentencia T-475 de 1992
[24] Ibidem.
[25] Sentencia C-253 de 1996.
26
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe

requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la

ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso

contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una

aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

(iv) La solución del caso concreto

iv.1. Cuestión previa

En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló las

excepciones de indebida escogencia del medio de control y caducidad,

sobre las cuales el Despacho Sustanciador, en el auto que resolvió las

excepciones previas del proceso, señaló que serán resueltas en la

sentencia, por lo cual procede la Sala a decidir de conformidad.

La procedencia del medio de control en el caso particular y la caducidad

Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el proceso,

al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las

consideraciones que allí fueron expuestos y que se transcriben a

continuación:

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“[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios actos,
a través de los cuales le confirió el título de abogada a la señora
ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, por lo que se
advierte que se trata de decisiones de contenido particular y
concreto, comoquiera que resuelven una situación jurídica en
cabeza de una estudiante a quien se le confirió dicho título
profesional.

Frente a lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, en
providencia de 19 de diciembre de 201927, que reiteró lo dicho en
el auto de 13 de junio de 201928, señaló que en los casos en que
se proponen pretensiones de lesividad el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, se destaca:

«[…] La jurisprudencia de la Corporación29 ha precisado
que la acción de lesividad equivale a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen
los particulares, en tanto permite que la
administración cuestione la legalidad del acto
administrativo concreto y, tiene, entre otras
características, que a través de ella, la administración,
comparece al proceso en calidad de demandante y
de demandada, buscando obtener la nulidad de un
acto administrativo expedido por esta, invocando una
o varias de las causales de nulidad previstas en el artículo
84 del CCA. En consecuencia, con fundamento en la
naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la
inobservancia del principio de buena fe, pues la
declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado está supeditada a la prueba de alguna de las
referidas causales de nulidad […]». (Destacado por el
Despacho).

En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA,
lo procedente sería adecuar el trámite de la demanda al de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el
presente caso el Despacho advierte que se está ante la

27
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.

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excepción establecida en el numeral 3 del artículo 137 del
CPACA, que permite controvertir un acto administrativo de
carácter particular a través del medio de control de nulidad
“cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en
materia grave el orden público, político, económico, social o
ecológico”.

En efecto, en el asunto objeto de análisis, la actora
expresamente sostiene que luego de unas investigaciones
iniciadas a raíz de unas denuncias recibidas, pudo constatar
que los actos administrativos controvertidos se expidieron con
fundamento en una documentación irregular presentada por un
estudiante al que se le otorgó el título de abogado, quien, a su
juicio, actuó de mala fe y la hizo incurrir en un error.

Frente a la incidencia del ejercicio de la profesión de abogado
en la sociedad, esta Sección en un caso de similares
características al que nos ocupa consideró lo siguiente30:

“[…] 9.- Sobre el particular es importante destacar que en el
acto administrativo demandado se otorgó el título profesional
de abogado a una persona; profesión que de acuerdo con la
jurisprudencia de esta corporación, tiene las siguientes
connotaciones sociales:

«[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de
199231 y del 18 de abril de 199732, el Consejo de Estado
se encargó de definir y dar alcance al concepto de
“ejercicio de la profesión de abogado”, así: “El ejercicio
de la profesión de abogado es una actividad que
tradicionalmente, se ha: entendido en los términos
precisos de la definición contenida en el Diccionario de
la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los
derechos e intereses de los litigantes, también en
dar dictamen sobre las cuestiones o puntos
legales que se le consultan`, es decir, actuar en
defensa de causas ajenas ante estrados
judiciales, o emitir conceptos jurídicos. Esta
concepción tradicionalista por considerarse reducida y
estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 1 de septiembre de
2019, Expediente: 11001032400020200024800, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
31
Sección Quinta, Ard. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.

32
Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No.
0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva
jurisprudencial, en la medida que el punto es materia
de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que
deben tenerse en cuenta para la acreditación del
requisito constitucional, quedando relegado el
concepto de vieja data que circunscribía al litigio.
[…]»33. (destaca el Despacho)

10.- Lo anterior permite inferir que el ejercicio profesional
del derecho es un asunto de interés relevante para la
comunidad en general, ya que afecta de manera grave y
evidente el orden público y social y, por tanto, resulta
posible estudiar la legalidad del acto administrativo
acusado a través del procedimiento previsto en el numeral
3° del artículo 137 del CPACA [...].

Para el Despacho, esta situación es suficiente para acreditar la
procedencia de la excepción referida, pues los efectos de los
actos acusados podrían generar una afectación grave al orden
público y social, teniendo en cuenta que se trata de un título
de abogado, lo que significa que de probarse los hechos
invocados por la actora, un ciudadano estaría ejerciendo como
abogado sin el lleno de los requisitos legales con las evidentes
implicaciones que ello generaría [..]”. (Resaltado fuera del
texto)

Conforme con lo expuesto, en el presente caso el medio de control de

nulidad es el adecuado para enjuiciar los actos administrativos que

otorgaron el título profesional de abogada a la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES sin haberse cumplido la totalidad

de los requisitos previstos para ello.

33
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Providencia del 3 de diciembre de 2015,
Exp.11001-03-28-000-2014-00135-00, Actor: Pablo Bustos Sánchez Demandado: Magistrado del Consejo
Nacional Electoral, Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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30

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Por la misma razón, tampoco le asiste razón al tercero interesado al

señalar que se debe declarar probada la excepción de caducidad,

puesto que el medio de control de nulidad se puede ejercer en cualquier

tiempo, según lo previsto en el artículo 164, numeral 1, literal a) del

CPACA34.

Por último, se destaca que los restantes medios exceptivos formulados

por el tercero, atañen directamente al fondo de la controversia, por lo

cual serán desatados al resolver los cargos de la demanda y la

contestación.

iv.2. De los cargos de la demanda

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de

202335, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares

supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales

había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante

matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte

de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los

34
“[…] Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código […]”
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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31

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00601-00
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hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes

que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de

graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones

internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -

Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la

República.

En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes

preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la

obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se

matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a

partir del segundo período académico de 2011; y concluyó que tales

reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio

cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa Institución

confiera válidamente el título de abogado.

En el presente asunto, la Sala advierte que si bien al tercero con interés

directo en las resultas del proceso no le resulta aplicable el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta

la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la

facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, dado que

ingresó al Programa de Derecho en el segundo semestre del año 2002

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y, posteriormente, se aceptó su reingreso al programa de Derecho, a

partir del primer periodo académico de 2004, es de precisar que la

norma que la UNIVERSIDAD señaló como transgredida es el Acuerdo

Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se

Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de

Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, expedido por

el Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,

expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Sociales de la UNIVERSIDAD, el cual estableció dentro del plan de

estudios la presentación de exámenes preparatorios así:

“[…] ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.

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2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.

3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas
Penales, Criminalística, Criminología.

4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.

5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II;
Derecho Privado V Sucesiones.

6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho
Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.

7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II […]”.

En ese sentido, la Sala reitera lo que se consideró sobre el particular al

momento de resolverse la solicitud de medida cautelar, en los

siguientes términos:

“[…] La norma que la UNIVERSIDAD señaló como transgredida es
el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por
el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del
Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
expedido por Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas
del plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de
grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes
preparatorios.

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b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Por su parte, el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, expedido
por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la UNIVERSIDAD, adoptó la reglamentación de los
exámenes preparatorios y estableció aspectos procedimentales
(físicos y tecnológicos) de obligatorio cumplimiento, los cuales
permiten verificar desde diferentes mecanismos la presentación y
aprobación del requisito objeto de debate36.

De igual forma, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo núm. 002 de
1988) reguló lo concerniente a la presentación de exámenes
preparatorios así:

“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la
fecha y hora fijadas. Quienes por causa justificada no pudieren
presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya
lugar a ello, de acuerdo con el artículo 51 del presente
Reglamento.

La no presentación de un examen de acuerdo con el
procedimiento anterior, será calificada con nota cero
punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se
ausente sin causa justificada durante el desarrollo de una
prueba.

58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en
la Secretaría Académica dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas.
Los estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
podrán hacer los correspondientes reclamos y pedir
correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder
revisión de exámenes escritos por medio de un segundo
calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso

36 Al respecto, el Acuerdo 001 dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en los recintos
universitarios y por profesores designados para tal efecto. No podrán realizarse
exámenes preparatorios en fechas distintas de las establecidas y por fuera de los
turnos adjudicados en la Secretaría General. En casos excepcionales se podrá programar
el examen en otro lugar previa aprobación de la Coordinación del programa y de la Secretaría
General de la Facultad.

ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será requisito
indispensable la previa cancelación de los derechos respectivos. […]”.

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se considerará como calificación del examen la nota del segundo
calificador.

59. Vencido el término de publicación, las calificaciones
serán registradas y no podrán ser modificadas excepto en
casos de errores aritméticos o de trascripción. En este
evento deberá hacerse la salvedad correspondiente, con
la aclaración y la firma del Secretario Académico, previa
autorización del Consejo de Facultad.

60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las
asignaturas matriculadas que no aparezcan calificadas o
canceladas en los libros de la Facultad.

61. Para presentar exámenes de habilitación, validación,
clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable- comprobar previamente ante la
Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).

Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran

exigibles a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES al

reingresar al Programa de Derecho en el primer período académico de

2004, procede la Sala a resolver los cargos de nulidad formulados en

la demanda.

Alega la parte actora que la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS

QUIÑONES no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los

reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el

título de abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el

equipo de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó

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los exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de derecho

penal y derecho procesal civil.

Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogada

a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, mediante la

Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por la cual se

confiere título profesional a una estudiante de pregrado”, el acta

de grado núm. 7 de 29 de enero de 2019 y el diploma núm. 007-19 de

29 de enero de ese año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,

esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de

2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo

a la mejora de los procedimientos académico administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de

Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento

de los requisitos de grado de la señora ADRIANA CONSTANZA

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PAVAS QUIÑONES, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes

documentos:

• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica de la estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación –
Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 13 de enero de 2021, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

“[…] IV. CONCLUSIONES

1. El (la) señor(a) PAVAS QUIÑONES ADRIANA CONSTANZA, cédula
de ciudadanía No. 25274209 y código estudiantil 01031173 presenta
siete (07) registros de preparatorios con nota aprobado (A) en
SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes
de información (registro informático y soportes físicos) se estableció
que solo cinco (5) de ellos cuentan con soporte documental en la
historia académica.

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Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Administrativo
Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Derecho Laboral

2. Los preparatorios de Derecho Procesal Civil y Derecho Penal,
registrados el 30 de agosto de 2018, en estado de aprobados en los
periodos académicos 2015.2 y 2016.1 respectivamente, carecen de
evidencia física o documental en la hoja de vida o historia académica
del estudiante, esta última condición se indica con una X en la
columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se deriva la
imposibilidad de registrar información relacionada con la
“modalidad” que refiere a la forma de presentación del
preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación”
que alude al día, mes y año de presentación del examen
preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa o
cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio
[…]”.

Se reitera que a la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS

QUIÑONES al reintegrarse al programa de Derecho en el período

2004-1, le era exigible como requisito de grado para obtener el título

académico de abogada, la presentación y aprobación de exámenes

preparatorios en áreas de derecho, según lo previsto en los Acuerdos

núms. 014 de 3 de noviembre de 2004 y 001 de 29 de abril de 2010.

Del anterior recuento es dable concluir: (i) que la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES se matriculó al programa de Derecho

de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó

mediante el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii) que el

artículo 2º del referido Acuerdo, en concordancia con el artículo 2º

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Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010, prevé como requisito para obtener

el título de abogada la aprobación de los exámenes preparatorios; iii)

que la estudiante únicamente superó satisfactoriamente cinco (5) de los

siete (7) exámenes exigidos; y (iv) que la UNIVERSIDAD no podía

conferirle el título de profesional en derecho, contrariando su propio

reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre

de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de

estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de

2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,

“Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003

de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”, éste último aplicable al

tercero con interés directo en las resultas del proceso, de conformidad

con lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo Académico núm. 001 de 4

de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento de

preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”,

el cual establece lo siguiente:

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“[…] ARTÍCULO 18: El Acuerdo 001 de 2010 regirá a aquellos
estudiantes que ingresaron en el año 2004, plan de estudios 78,
hasta que cumplan con la integridad de dicho plan […]”

iv.3. De los argumentos de la contestación

Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el

tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya

cumplido los requisitos para optar por el título de abogada, pues, en

su criterio, lo que se observa es una “desorganización interna” que no

le es imputable.

A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las diferentes

pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los actos

administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de abogada a la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES, están viciados de nulidad por

violación de la norma superior en que debían fundarse, esto es, de los

acuerdos académicos examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de

pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de

Gestión Financiera; de la historia académica del estudiante,

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suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control

Académico; y del archivo de gestión de la División de Admisiones,

Registro y Control Académico, la egresada ADRIANA CONSTANZA

PAVAS QUIÑONES, no reunía los requisitos legales y

estatutarios para obtener el título profesional que le fue

otorgado.

Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,

conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la

medida cautelar del proceso:

“[…] Respecto del argumento de la señora ADRIANA
CONSTANZA PAVAS QUIÑONES relacionado con la aplicación del
principio de buena fe con el que actuó la UNIVERSIDAD al
otorgarle el título de abogado, es preciso traer a colación lo
mencionado en el citado auto de 10 de mayo de 202137, en el que
la Sección indicó:

“121. Respecto de la petición del apoderado judicial del tercero
interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio de la
buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos jurídicos de
los actos demandados, considera la Sala Unitaria que en el caso
que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos exigidos
para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.

125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de
2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
(…)
127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°
del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.

128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.

129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y Obligaciones
y Contratos.

130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico
nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los
requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).

Es decir, que a pesar de que la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS

QUIÑONES alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que en

virtud de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus

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propios actos, cuando tal comportamiento es objetivamente

incompatible con su conducta precedente” 38.

En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible a la estudiante,

una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD

para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las

autoridades educativas las incongruencias en sus resultados

académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden

administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento

de los requisitos legales exigidos.

Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la

culminación de un programa, por haber adquirido un saber

determinado en una Institución de Educación Superior39; y que,

además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente

ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la

jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “[…] la

abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades

en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y

38
Idem.
39
Ley 30 de 1992, artículo 24.

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en la realización de una recta y cumplida administración de justicia

[…]”.

A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023

en comento, al indicar:

“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:

[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199240 y del
18 de abril de 199741, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).

163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:

Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la

[40]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[41] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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realización de una recta y cumplida administración de
justicia.

Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.
También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las
personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.

164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.

165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)

Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó

la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de

los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no son

vinculantes. Al respecto, la Sala ha tenido la oportunidad de

pronunciarse en los siguientes términos42:

“[…] Aduce el señor (…) que el informe del equipo de seguimiento
no es vinculante, dado que no contó con su participación.

Al respecto, el Despacho precisa que tal informe no se elaboró
en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su traslado
y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, esto es, en el traslado de la

42
Ver, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, providencia de 18 de junio de 2021, Rad. núm. 11001032400020200026400, CP. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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medida cautelar, oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin.

Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al indicar que la UNIVERSIDAD no tenía fundamentos
para solicitar la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos demandados, pues, como quedó visto,
del informe en comento se pudo establecer la inexistencia de
los soportes que acrediten la presentación y aprobación de la
totalidad de los exámenes preparatorios, requeridos para
obtener el título de abogado […]”.

Finalmente, en cuanto a los argumentos expuestos por el apoderado del

tercero con interés directo en las resultas del proceso relativos a la falta

de vinculación dentro del mismo del Consejo Superior de la Judicatura,

la Sala reitera lo que se consideró sobre el particular al momento de

resolverse la excepción de “No comprender la demanda a todos los

litisconsortes necesarios”, así:

“[…] En efecto, conforme con la jurisprudencia de esta Sección, en
tratándose de los procesos de nulidad contra actos administrativos,
como lo es el de la referencia, quienes deben comparecer como
parte demandada son las entidades públicas, los particulares que
cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que
intervinieron en la autoría o expedición del acto administrativo, los
cuales actuarán en el proceso judicial por intermedio de la persona
de mayor jerarquía de cada entidad que expidió el acto.

Significa ello que los únicos llamados a comparecer al proceso
judicial, como parte demandada, son los representantes de las
autoridades públicas que suscribieron los actos administrativos
enjuiciados, es decir, a quienes se les atribuye la autoría o
expedición de estos. Al respecto, la Sección Primera, mediante
proveído de 15 de febrero de 201843, indicó:

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 15 de febrero de
2018, número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00573-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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“[…] De lo anterior, se advierte que el litisconsorcio necesario
por pasiva, en el marco de las demandas que se presenten en
ejercicio de los medios de control de nulidad por
inconstitucionalidad44 y de nulidad45, estará conformado por las
entidades públicas, los particulares que cumplen
funciones públicas y los demás sujetos de derecho que
intervinieron en la autoría o expedición del acto
administrativo -capacidad para ser parte-, los cuales
actuarán en el proceso judicial por intermedio de la persona de
mayor jerarquía de cada entidad que expidió el acto46 -
representación-.

Para estos efectos, se entiende que la autoría o expedición
del acto administrativo se materializa con la firma del
funcionario o funcionarios en el acto administrativo,
quienes obraron en nombre y representación de la o de las
respectivas entidades públicas o de los particulares que cumplen
funciones públicas o de los demás sujetos de derecho que, de
acuerdo con la ley, tengan capacidad para expedir actos
administrativos.

De igual forma, se infiere que no integrarán el litisconsorcio
necesario por pasiva en los referidos medios de control, los
sujetos que, por diversas situaciones, intervinieron en el
trámite pero no en la expedición del acto demandando,
como tampoco los sujetos que deben ejecutar o cumplir o
exigir el cumplimiento de lo ordenado o dispuesto en el
mismo; lo anterior, sin perjuicio de que, por ser procedente,
previa revisión de cada caso concreto, dichas autoridades
puedan ser vinculados en calidad de terceros con
interés[…]”. (Negrillas fuera del texto original).

Ahora, el hecho de que el apoderado del tercero con interés directo
en las resultas del proceso estime que resulta necesaria la
vinculación al proceso del Consejo Superior de la Judicatura, por
ser éste el competente para la expedición de la tarjeta profesional
de abogado, no le otorga a dicha entidad la calidad de parte dentro

Reiterado en proveído de 3 de diciembre de 2021, número único de radicación 11001-03-24-000-2017-
00186-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y en proveído de 22 de abril de 2022, número único de
radicación 25000 23 41 000 2017 01225 01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

44
Artículo 135 de la Ley 1437.

45
Artículo 137 de la Ley 1437.

46
Artículo 159 de la Ley 1437.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

del proceso de la referencia, pues, como ya se explicó, la entidad
que expidió los actos administrativos cuya legalidad se controvierte
en el presente proceso es la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declarará no probada la
excepción de “No comprender la demanda a todos los litisconsortes
necesarios”, formulada por el apoderado del tercer con interés
directo en las resultas del proceso y, en consecuencia, se continuará
con el trámite del proceso, una vez quede en firme la presente
providencia […]”.

Por las razones expuestas la Sala concluye los argumentos esgrimidos

por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.

iv.4. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la

nulidad de la Resolución núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por la

cual se confiere título profesional a una estudiante de

pregrado”, respecto de la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS

QUIÑONES, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 7 de 29 de

enero de 2019 y del diploma núm. 007-19 de la misma fecha,

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de abogada a la antes citada.

Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31

de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la

UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al

incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

19 y 21 de la Ley 594 de 200047, que le impidieron adoptar adecuadas

decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto de

la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES y, en

consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título

profesional que en la presente decisión se está anulando. Dicha

circunstancia da lugar a que la Sala inste a la institución académica

para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos

internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a

fin de evaluar si la señora PAVAS QUIÑONES estaría en condiciones

de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los

requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta; así como también poner

en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados

(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,

para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual

configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria

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“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

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del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de

abogada de la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida

escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero

interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución

núm. R-048 de 28 de enero de 2019, “Por la cual se confiere título

profesional a una estudiante de pregrado”, expedida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 7 de 29 de

enero de 2019 y del diploma núm. 007-19 de 29 de la misma fecha,

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

se le otorgó el título de abogada a la señora ADRIANA CONSTANZA

PAVAS QUIÑONES.

CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si

la señora ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES estaría en

condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación

de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.

QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a

que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a

vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión

documental que afronta.

SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad

de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la

Judicatura la presente providencia, para los fines que estime

pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de

las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de

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inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora ADRIANA

CONSTANZA PAVAS QUIÑONES.

SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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