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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00248-00

Fecha
3 de octubre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
44 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00248-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437 de 21 de mayo de 2018, respecto de Leonardo Fabio Cardona Zapata; del Acta de Grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y del Diploma núm. 891-18 de 15 de junio de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 52 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 11001032400020210044400; y sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00. 21 Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00 Demandante: Universidad del Cauca SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Leonardo Fabio Cardona Zapata estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2020-00248-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación núm.: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Demandada: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Tercero interesado: LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA
Coadyuvante: ÁLVARO JOSÉ MEJÍA ARIAS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la
Universidad del Cauca en contra del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437 de
21 de mayo de 20181, del Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y del
Diploma núm. 891-18 de 15 de junio de 2018.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.La Universidad del Cauca presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad2, con el propósito de obtener las siguientes declaratorias y condenas:

“[…] 4.1. Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo académico Sin Nro.
de fecha 24 de abril de 2018, con el cual el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo
académico a la parte demandada señor (a) LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA,
por haber cursado y aprobado todas la (sic) asignaturas y requisitos académicos que
integran el Plan de Estudios del Programa de Derecho.

4.2. Declárase la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. R 437 de
fecha 21 de mayo de 2018 (parcial), en concreto del aparte que confiere al (la) señor
(a) LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. (…) expedida en Manizales (Caldas), el título de Abogado (a).

4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 29 de fecha 15 de Junio de 2018 y
Diploma No. 891-18 de fecha 15 de Junio de 2018, actos administrativos con los
cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo
primero de Resolución No. R 437 de fecha 21 de mayo de 2018 y otorga el título de
Abogado (a), al (la) señor (a) LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA identificado
con la cédula de ciudadanía N° (…) expedida en Manizales (Caldas).

1
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”.
2
Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

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Demandante: Universidad del Cauca

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado (a) del
(la) señor (a) LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía N° (…) expedida en Manizales (Caldas), si ya hubiese iniciado el
trámite respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de Abogado (a). […]”.

I.1.1. Los hechos

2.Como fundamento fáctico, la Universidad del Cauca informó que el señor
Leonardo Fabio Cardona Zapata se matriculó al programa de Derecho en el primer
periodo académico del año 2012. Para esa época, el plan de estudios estableció
como requisitos de grado la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia
en idioma extranjero (PSI) y de los exámenes preparatorios3, para obtener el título
de abogado.

3. El señor Leonardo Fabio Cardona Zapata obtuvo ese título en la ceremonia de
grado colectiva realizada el 15 de junio de 2018.

4. Los días 19 de mayo de 2019 y 11 de julio de 2019, el ente universitario conoció
denuncias por presuntas irregularidades en el registro de los exámenes
preparatorios. La primera fue anónima y la segunda interpuesta por el profesor
Milton Javier López.

5. Mediante Resolución R-695 de 30 de julio de 2019, se conformó un equipo de
seguimiento que tenía a su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de los
requisitos de grado de los estudiantes desde el año 2015.

6. De la comparación realizada por el mencionado equipo entre el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico – SIMCA, y los soportes físicos que
reposan en cada historia académica de estudiantes, egresados y graduados del
programa de Derecho, se encontró que el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata
no cuenta con soporte físico de aprobación de los exámenes preparatorios de
derecho penal, derecho de familia, derecho administrativo, derecho de bienes,
obligaciones y contratos, derecho constitucional y derecho procesal civil.

7. Asimismo, advirtió que tampoco presentó la prueba de suficiencia en idioma
extranjero (PSI); sin embargo, dentro del concepto de violación no se hizo referencia
a ninguno de los acuerdos que la regulan.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8.La parte actora sostuvo que los actos acusados se encuentran falsamente
motivados y vulneran los artículos 6.º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política, la Ley 30 de 28 de diciembre de 19924, los artículos 3.º, 6.º y

3
A saber, exámenes preparatorios de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral, derecho
de familia, derecho civil (bienes, obligaciones y contratos) y derecho procesal civil.
4
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.

3

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Demandante: Universidad del Cauca

137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115 y el Acuerdo Académico 002 de 17 de
febrero de 20116.

9.Indicó que las universidades tienen derecho, en virtud de la autonomía
universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de
1992, a desarrollar sus programas académicos. Por ello, la presentación y
aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios constituye un requisito
obligatorio para adquirir el título de abogado7, según lo dispuesto en el Acuerdo
Académico 002 de 2011.

10. Lo cual, en su criterio “[…] los actos administrativos demandados causan un
daño grave daño altamente nocivo para el orden social y público, ya que las
irregularidades anotadas permitieron que una persona que no cumplía con los
requisitos para otorgársele el título de Abogado (a), está actualmente ejerciendo
una profesión (lo cual implica un riesgo social) […]”.

11. Refirió que la universidad desconoce el medio o mecanismo utilizado por el señor
Leonardo Fabio Cardona Zapata para obtener el registro de notas aprobatorias, sin
haber superado la totalidad de los exámenes preparatorios, situación que ya fue
puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Ello “[…] se traduce, en el
menor de los casos, en el aprovechamiento del error administrativo […]”.

I.2. Trámite del proceso

12. Mediante auto de 1.° de septiembre de 20208, se admitió la demanda de nulidad
interpuesta contra la Resolución R-437 de 21 de mayo de 2018, el Acta de grado
núm. 29 de 15 de junio de 2018 y el Diploma núm. 891-18 de 15 de junio de 2018.
Además, se precisó que el documento de paz y salvo académico sin número de 24
de abril de 2018 no era un acto enjuiciable ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Finalmente, reconoció al señor Leonardo Fabio Cardona Zapata
como tercero con interés directo en el resultado del proceso.

13. A través de providencia de 24 de mayo de 20219, se reconoció al señor Álvaro
José Mejía Arias como coadyuvante.

14. Mediante proveído de 10 de mayo de 202110, se decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados.

15. En la audiencia de 25 de febrero de 202211, se fijó el litigio, se decretaron
pruebas, y se declaró no probada la excepción de indebida escogencia del medio
de control judicial, al considerar que los actos subjetivos demandados “[…] refieren

5
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[…]”.
6
“[…]Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales […]”.
7
Cfr. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy Cabra.
8
Cfr. Índice 4 expediente digital.
9
Cfr. Índice 31 expediente digital.
10
Cfr. Índice 25 expediente digital, documento denominado “23AUTOQUEDECIDESOBREMEDIDASCAUTELARES(.DOC)
NroActua 25”.
11
Cfr. Índice 66 expediente digital, documento denominado “ACTA AUDIENCIA INICIAL(.pdf) NroActua 66”.

4

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Demandante: Universidad del Cauca

a la habilitación para que ciertas personas ejerzan la profesión de abogado,
entendida esta como el ejercicio profesional de un asunto de interés relevante para
la comunidad en general […]”. En consecuencia, su legalidad se puede estudiar a
través de la acción de nulidad, “[…] por afectar de manera grave y evidente el orden
público, social o económico o cuando se encuentre de por medio un interés
colectivo o comunitario con incidencia trascendental e incuestionable proyección
sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de personas
[…]”.

16. Dichas pruebas fueron recaudadas y, por ello, mediante proveído de 28 de
noviembre de 202212, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran
sus escritos de alegatos de conclusión.

17. Mediante auto de 20 de febrero de 202313, se resolvió dejar sin efectos la
providencia de 28 de noviembre de 2022, por medio de la cual se corrió traslado
para alegar, con miras a decretar unas pruebas de oficio y garantizar el derecho a
la contradicción y defensa de los sujetos procesales.

18. La Sala resolvió en providencia de 9 de mayo de 202414, los recursos de súplica
interpuestos por el tercero interesado y el coadyuvante, contra el auto que decretó
la medida cautelar, en el sentido de confirmar la decisión.

I.3. La contestación de la demanda15

19. El apoderado judicial de Leonardo Fabio Cardona Zapata adujo que el tercero
interesado se matriculó al programa de derecho, a través del convenio suscrito
entre la Universidad del Cauca y la Policía Nacional, en cuyo marco aprobó todos
los exámenes preparatorios exigibles.

20. Señaló que el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata presentó los exámenes
preparatorios y la prueba de suficiencia en idioma extranjero. Sin embargo, no tuvo
acceso al acta en la que quedan consignados los resultados, debido a que los
docentes no conservan ese soporte.

21. Sostuvo que la Universidad del Cauca cuenta con la carga probatoria de
demostrar la infracción del ordenamiento superior, y “[…] la normatividad, vigente y
aplicable al momento de ingreso y egreso como graduado […]”, pues los
estudiantes no intervienen en ninguna etapa de la calificación y registro de notas.

22. Manifestó que “[…] no se puede afirmar que existió un error administrativo y
mucho menos que este fue aprovechado por mi representado el señor LEONARDO
FABIO CARDONA ZAPATA, […]”, pues lo que presuntamente existió fue “[…] una

12
Cfr. Índice 111 expediente digital, documento denominado “AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.pdf) NroActua
111”.
13
Cfr. Índice 122 expediente digital, documento denominado “AUTOQUEDEJASINEFECTOPROVIDENCIA(.pdf) NroActua
122”.
14
Cfr. Índice 138 expediente digital, documento denominado “192Auto que resuel_202000248SuplicaUnic(.pdf) NroActua
138”.
15
Cfr. Índice 15 de expediente digital.

5

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Demandante: Universidad del Cauca

serie de irregularidades administrativas en lo atinente a los mecanismos y
protocolos que deben ceñirse a la hora de realizar las evaluaciones en esa clase
de exámenes y así mismo al momento de efectuar la calificación y sistematización
de la referida evaluación […]”. (negrilla del original).

23. A su juicio, se quebrantó el principio de buena fe porque a los estudiantes “[…]
se les ha creado una situación particular y concreta que hoy a través de
mecanismos controvertidos y contrarios al ordenamiento jurídico se pretenden (sic)
desconocer […]”.

24. Alegó que “[…] los actos meramente académicos no constituyen actuaciones que
puedan ser sometidas al control judicial […]” y que el medio de control debió
tramitarse como de nulidad y restablecimiento del derecho.

25. Adujo que la Universidad del Cauca no cuenta con un sistema de gestión
documental que respete la Ley 594 de 14 de julio de 200016, como lo demuestra la
investigación disciplinaria PD-019 de 2019 de la Procuraduría Regional del Cauca,
el informe 009 de junio de 2011 de la auditoría de la Contraloría General de la
República y el mapa de riesgos elaborado por Control Interno en el año 2016.
Además, solo hasta el 10 de diciembre de 2020, la universidad expidió el Acuerdo
Superior 074 de 2020, “Por el cual se adopta la Política de Gestión Documental de
la Universidad del Cauca”.

26. Cuestionó la competencia e imparcialidad del “Equipo de Seguimiento y apoyo”,
la falta de participación de los estudiantes en la elaboración del informe, y la
imposibilidad fáctica de controvertir las pruebas. Señaló que solo el Consejo de
Facultad y la Rectoría pueden imponer sanciones y verificar los requisitos de grado.
Además, no existe “[…] sanción penal, disciplinaria o administrativa […]” impuesta
al tercero interesado, y el ente universitario debió surtir el trámite previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

I.4. La coadyuvancia17

27. El coadyuvante Álvaro José Mejía Arias, mediante escrito de 8 de septiembre
de 2020, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Aseguró
que, en la Universidad del Cauca, conforme a sus estatutos, “[…] solo existen dos
requisitos de grado vigentes: a) terminación del plan de estudios y b) trabajo de
grado […]”. Indicó que los exámenes preparatorios no se podían exigir como
requisito de grado, en tanto el Acuerdo núm. 027 de 25 de julio de 201218 permitía,
a los estudiantes, escoger otras modalidades.

28. Expresó que el Consejo Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo Académico
núm. 002 de 2011. Sin embargo, el Consejo Superior de la Universidad del Cauca

16
“[…] Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones […]”.
17
Cfr. Índice 12 de expediente digital.
18
“[…]Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado de la Universidad del Cauca[…]”.

6

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Demandante: Universidad del Cauca

no ratificó ese acto, en los términos previstos en los artículos 31 y 32 del Acuerdo
núm. 105 de 18 de diciembre de 199319, razón por la cual “[…] el requisito de grado
exámenes (sic) preparatorios debe inaplicarse y por lo tanto no exigirse ni
verificarse para efectos de estudiar la legalidad de los tres actos administrativos
mediante los cuales se otorgó el título de abogado […]”.

29. Agregó que: (i) el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico SIMCA
no tiene establecidos protocolos de seguridad; (ii) el manejo y conservación de los
archivos académicos es responsabilidad de la universidad; y (iii) “[…] esa podría
ser la causa de los problemas denunciados y no la acción de los estudiantes, que,
entre otras cosas, son los únicos que no tienen acceso al sistema para poder
modificarlo […]”20.

I.5. Los alegatos de conclusión21

30. El apoderado judicial de la parte demandante, mediante memorial de 30 de julio
de 202422, reiteró los argumentos de oposición planteados en el escrito de
contestación de la demanda.

31. El apoderado judicial del tercero interesado, mediante memorial de 1 de agosto
de 202423, reiteró los argumentos de oposición planteados en el escrito de
contestación de la demanda.

32. Agregó que la Fiscalía General de la Nación en la investigación penal con
radicación núm. SPOA 410016000583201700079 no vinculó al tercero interesado.

33. Solicitóla aplicación de la excepción de ilegalidad o inoponibilidad de los
artículos 38, 53 y 61 del Acuerdo 055 de 199124 y del Acuerdo 002 de 17 de febrero
de 2011. También señaló que operó el fenómeno la pérdida de fuerza de ejecutoria
de esos actos administrativos porque el artículo 1.° de la Ley 552 de 30 de
diciembre de 199925 derogó el artículo 149 de la Ley 446 de 7 de julio de 199826
que, en su momento, estableció el requisito legal de la presentación de los
exámenes preparatorios para efectos de obtener el título de abogado.

34. Sostuvo que “[…] el informe presentado como prueba documental elaborado por
la misma Universidad del Cauca no permite determinar cuáles son las
características de los aplicativos, programas, y plataformas de los cuales hace uso
la Universidad del Cauca, se desconoce si los mismos están adecuados a la

19
“[…] Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Cauca […]”.
20
Ibidem.
21
Mediante auto de 12 de julio de 2024, esta autoridad judicial prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento, prevista en el artículo 182 de la Ley 1437, y ordenó correr traslado a las partes para que presenten por escrito
sus alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rinda concepto. Índice 147
expediente digital
22
Cfr. Índice 152, documento denominado “ALEGATOS DE CARDONA ZAP(.pdf) NroActua 152”.
23
Cfr. Índice 153, documento denominado “Alegatos de Conclusion(.pdf) NroActua 153”.
24
“[…] Por el cual se modifica el Capítulo V del Acuerdo 002 de 1988 sobre Matrícula[…]”.
25
“[…] Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998 […]”.
26
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.

7

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Demandante: Universidad del Cauca

regulación de los estándares internacionales ISO o similares, por ende se reitera
es a la Universidad del Cauca a quien corresponde determinar que dichas
plataformas, sistemas y programas SIMCA, DARCA y PSI no han presentado falla
alguna desde su creación hasta la fecha […]” (negrilla del original).

35. Indicó que el informe no es objetivo, imparcial y técnico porque: (i) “[…] fue
suscrito por dos personas que no tienen el título profesional de ingenieros de
sistemas o telecomunicaciones como lo son las doctoras MARTHA LUCIA
CHAVES ZUÑIGA y CLAUDIA NOHEMY GARCIA MEJIA (sic), quienes son
profesionales del derecho […]”; (ii) “[…] Se desconoce la profesión de la señora
LUCIA AMPARO GUZMÁN VALENCIA jefe de Control Interno, y FRANCISCO
PINO CORREA […]”; y (iii) “[…] la Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, según
la información registrada en el portal de la Universidad del Cauca, fue la
coordinadora del Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico, SIMCA; y
directora encargada de la División de Admisiones, Registro y Control Académico,
DARCA, aplicativos que al parecer presentaron irregularidades […]” (negrilla del
original).

36. Planteó que “[…] la Universidad del Cauca no puede alegar su propia culpa para
efectos de atribuir responsabilidad disciplinaria o de cualquier otra índole al señor
LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA […]”, debido a que “[…] las
inconsistencias respecto a la documentación faltante, o no cargada a los aplicativos
internos que utiliza el ente educativo no pueden ser atribuidos al alumno y, (…) el
sistema de embalaje y cadena de custodia que se dé al interior de la Universidad
en cada uno de los programas académicos registrados son única y exclusiva
responsabilidad y competencia del ente universitario. […]”.

37. Elseñor Álvaro José Mejía Arias, coadyuvante dentro del proceso, guardó
silencio.

I.6. El concepto del Ministerio Público

38. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, dentro del término
conferido para allegar su concepto, no realizó manifestación alguna.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

39. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados;
(iii) el planteamiento del problema jurídico; y (iv) el análisis del caso concreto.

II.1. Competencia

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201927, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,

27
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

8

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

en única instancia, los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.

II.2. Los actos administrativos demandados

41. La demanda va dirigida a cuestionar el artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-
437 de 21 de mayo de 201828, el Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 201829,
y el Diploma núm. 891-18 de 15 de junio de 201830, que confieren el título de
abogado al señor Leonardo Fabio Cardona Zapata.

II.3. El planteamiento del problema jurídico

42. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 25 de febrero de
2022, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados
transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.°31
del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título
profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…]
esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o
pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los
reglamentos internos de dicho ente universitario […]”.

II.4. Análisis del caso concreto

43. Para resolver el problema jurídico, la Sala verificará primero si el tercero
interesado cumplió o no con los requisitos académicos exigibles para obtener el
título de abogado. Posteriormente, se analizará si los demás reparos de oposición

28
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”. “[…] El aparte del artículo acusado
señala: “[…] ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos cumplieron con los requisitos de Ley y los
reglamentarios de la Institución, les confiere el título de:
[…] FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS (sic) Y SOCIALES (…)
ABOGADA (O) (…)
LEONARDO FABIO CARDONA ZAPATA CC. (…) de Manizales […]”.
29
El acto en cita señala: “[…] En Popayán, capital del departamento del Cauca, República de Colombia, a las 2:00 pm del
día viernes 15 de junio de 2018 y en cumplimiento de la Resolución R437 del 21 de mayo de 2018, expedida por la rectoría
del alma mater, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas para la entrega de títulos
conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría general una vez instalada la ceremonia, de la resolución afirmando
que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos
legales y reglamentarios. el Rector le toma el juramento y le otorga título de abogado a Leonardo Fabio Cardona Zapata CC
(…) de Manizales.
El diploma acredita su idoneidad ejercer la profesión de abogado.
Se registra en el libro de Diplomas N 082, folio 891, Diploma. 891-18. (…)
Para constancia se expide la presente acta de grado […]”.
El citado documento fue suscrito el 15 de junio de 2018 por Laura Ismenia Castellano Vivas, en su calidad de Secretaria
General de la Universidad del Cauca.
30
El acto en cita señala: “[…] La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio educación nacional, en la atención a que Leonardo Fabio Cardona Zapata (…) cumplió con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de abogado con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el
ejercicio profesional. Popayán 15 de junio de 2018. Registrado en el libro de Diplomas N 082, folio 891, Diploma. 891-18 […]”.
El citado documento fue suscrito por Diago Franco (rector de la Universidad del Cauca), Gabriela Ramírez Zuluaga (decano
de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales) y Laura Ismenia (Secretaria General).
31
Es importante aclarar que la Universidad del Cauca, junto con el escrito de la demanda, allegó una copia del Acuerdo 02
que no era la versión definitiva. Ese documento señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios en sus artículos
6 y 8. Cabe precisar que, en la versión definitiva del Acuerdo 02 modificó el orden de los artículos por lo que los preceptos 6
y 8, pasaron a ser los artículos 5 y 7. En ese orden, en el marco del principio iura novit curia, la Sala entenderá que cuando
la universidad se refirió a la transgresión de los artículos 6° y 8° del Acuerdo Académico 02 de 2011, se trataba materialmente
de los artículos 5° y 7°, como se deduce de la transcripción literal que hizo de las normas en el libelo de la demanda. Consejo
de Estado, Sección Primera, Sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm.
11001032400020210044400.

9

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Demandante: Universidad del Cauca

propuestos por el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata y por el coadyuvante
cuentan con vocación de prosperidad.

II.4.1. El cumplimiento de los requisitos académicos exigibles para obtener el
título de abogado en el caso concreto

44. La Universidad del Cauca afirmó que el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata
no cumplió todos los requisitos previstos en el reglamento universitario para obtener
el título de abogado, porque no aprobó los exámenes preparatorios de derecho
penal, derecho de familia, derecho administrativo, derecho de bienes, obligaciones
y contratos, derecho constitucional y derecho procesal civil, así como la prueba de
suficiencia en idioma extranjero (PSI).

45. Frente a dicho reparo, el coadyuvante cuestionó la aplicabilidad del Acuerdo
Académico 002 de 2011 y el tercero interesado señaló que la Universidad del Cauca
no demostró que el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata modificara las notas de
los exámenes preparatorios citados supra y de la prueba de suficiencia en idioma
extranjero (PSI), publicadas en SIMCA, para obtener el registro aprobado. Además,
adujo que ese ciudadano presentó y aprobó todos los exámenes.

46. A efectos de dirimir los planteamientos, se estudiará: (i) los requisitos de grado
exigibles al tercero interesado; y (ii) lo acreditado en el plenario sobre el particular.

i) Los requisitos de grado exigibles al tercero interesado

47. De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política y los artículos 24,
28 y 29 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 199232, las universidades públicas están
facultadas, en virtud del principio de autonomía universitaria, para adoptar sus
propios estatutos, decidir sobre la creación y desarrollo de programas académicos,
organizar las labores académicas, y conferir títulos a sus egresados33.

48. En desarrollo de tales facultades, la Corte Constitucional determinó, en las
sentencias C-105 de 4 de octubre de 200134 y SU-783 de 11 de septiembre de
200335, que dichas entidades pueden prever requisitos académicos más exigentes
que los previstos por el legislador para el ejercicio de la abogacía36. Concretamente,
tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios, entre otras
pruebas, si con ello aseguran la calidad de la formación de sus egresados, y en la
medida en que esos reglamentos universitarios son vinculantes para toda la
comunidad educativa.

32
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior[…]”.
33
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
34
Magistrado Álvaro Tafur Galvis
35
Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra
36
El artículo 1.° de la Ley 552 de 30 de diciembre de 1999, “Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446
de 1998”, eliminó la aprobación de los exámenes preparatorios como requisito legal.

10

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

49. Frentea los componentes del currículo del programa de Derecho de la
Universidad del Cauca, esta Sección, en sentencia de 31 de julio de 202337, explicó
que el Acuerdo Académico 002 de 201138 reguló el pénsum de los estudiantes
matriculados por primera vez o que reingresaron al programa de Derecho a partir
del segundo período académico de 2011.

50. Los artículos 5.°, 6.° y 7.° ibidem indicaron que para obtener el título de abogado
es necesario aprobar los exámenes preparatorios, veamos:

“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa de
Derecho:

[…]
PREPARATORIOS
REQUISITOS DE
GRADO JUDICATURA O TRABAJO DE
GRADO
[…]

ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo
rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo período académico de 2011.
[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar
las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]”. (Negrilla fuera del texto).

51. La Sección Primera también precisó que “[…] en desarrollo de estas
disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, a
efectos de reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y
procedimentales relacionados con la presentación y aprobación del requisito de
grado objeto de debate […]”.

52. El Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1.º, señaló lo siguiente:

“[…] ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud académica y
profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre las diferentes
asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística del
estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con los
departamentos establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.

ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las
siguientes ramas del Derecho.

37
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
38
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias
políticas y Sociales[…]”.

11

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Demandante: Universidad del Cauca

1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas, Derecho
de las relaciones Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.

2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal
Especial y Principios y Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y Criminología.

3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de
Familia: Derecho Privado Sucesiones.

4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.

5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial.

6. DERECHO PUBLICO I: Teoría del Estado; Teoría de la Constitución y Derecho
Constitucional; Principios, estructura del Estado y Reforma Constitucional y Derechos
constitucionales.

7. DERECHO PUBLICO II: Derecho Administrativo General, Estructura de la
Administración Pública, Contratación Estatal y Procedimiento Administrativo […]”.

53. Como puede observarse, el Acuerdo Académico 002 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011, la cual exige la aprobación de los exámenes
preparatorios como un componente obligatorio del currículo académico.

54. ElAcuerdo Académico 002 goza de presunción de legalidad, en tanto su
contenido y procedimiento de expedición no se discute en este proceso. Aun así, es
importante señalar que la Sala desestimó el reparo del coadyuvante sobre la
ausencia de ratificación de ese acto administrativo por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca, en la sentencia de 31 de julio de 2023.

55. En esa providencia, la Sección analizó los artículos 8.º, 41, 42, 43 y 44 del
Estatuto Académico de la Universidad del Cauca (Acuerdo 036 de 2011),
relacionados con el proceso de formulación y aprobación de los programas
académicos y de sus reformas. Explicó que las autoridades competentes a la hora
de crear o autorizar un programa, son distintas a las encargadas de su reforma. En
el primer evento, la creación implica la intervención del Consejo de Facultad y del
Consejo Superior. En materia de modificaciones, el Consejo de Facultad promueve
los cambios, y el Consejo Académico los aprueba. En todo caso, una vez el
programa es aprobado, este será administrado por las Facultades, con apoyo de la
Coordinación de Programa y del Comité de Programa.

56. A partir de lo anterior, se concluyó que el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, en las sesiones de 16 de diciembre de 2010 y 8 de
febrero de 2011, avaló una actualización (reforma) de los componentes del currículo
del programa de derecho impartido por la Universidad del Cauca, la cual fue
aprobada por el Consejo Académico, mediante Acuerdo 002 de 2011.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

57. Esto significa que el Consejo de Facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo
4.º del Acuerdo 027 de 2012 y en los artículos 43 y 44 del Acuerdo 036 de 2011, no
solo definió la modalidad de trabajo de grado para ese programa, de acuerdo a sus
características y particularidades, sino que estableció las condiciones, requisitos,
procedimientos y términos que reglamentan dicha modalidad.

58. Finalmente,se debe tener en cuenta que el programa de Derecho de la
Universidad del Cauca obtuvo su registro calificado mediante Resolución núm.
10682 de 22 de noviembre de 201139. Dicho registro y pénsum regula tanto a los
estudiantes de convocatoria ordinaria, como a aquellos vinculados a través de
convenios especiales, como el caso del tercero interesado, quien se benefició del
convenio celebrado con la Policía Nacional40.

ii) Lo acreditado en el plenario sobre el particular

59. El apoderado judicial del señor Leonardo Fabio Cardona Zapata afirmó que la
parte demandante no demostró la configuración de una causal de nulidad. A su
juicio, solamente aconteció una irregularidad administrativa en la sistematización
de los resultados de los exámenes preparatorios.

60. Agregó que la universidad tiene la carga procesal de acreditar la transgresión
del ordenamiento superior, a efectos de soportar la premisa consistente en que el
estudiante no aprobó los preparatorios de derecho penal, derecho de familia,
derecho administrativo, derecho de bienes, obligaciones y contratos, derecho
constitucional y derecho procesal civil, así como la prueba de suficiencia en idioma
extranjero (PSI).

61. Para resolver estos argumentos, cabe recordar que el juez establece en cada
caso cuál de las partes está en mejores condiciones para probar los hechos
alegados41. Sin embargo, esto no exime a los demás sujetos procesales del deber
de lealtad procesal, por lo que deben aportar todas las pruebas disponibles para
corroborar la veracidad de tales hechos.

62. Bajo esta premisa, la Sección Primera, en otros casos con similares supuestos
fácticos y jurídicos, ha concluido que el ente universitario era responsable de
acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad de requisitos para optar por
el título de abogado.

63. En el proceso de la referencia, se acreditó que la Universidad del Cauca, a
través de la Resolución R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y apoyo
a la mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de

39
La certificación - paz y salvo, expedida a solicitud del alumno el 8 de febrero de 2018, acredita que el tercero con interés
estaba matriculado en el programa de Derecho (regular) con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante Resolución 10682 del 22 de noviembre de 2011.
40
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
41
Cfr. Sentencia de 28 de julio de 2005, radicación núm. 68001-23-15-000-1996-01898-01. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

13

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

exámenes preparatorios del programa de Derecho, el cual tenía a su cargo la tarea
de verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones desde el año 2015.

64. Los objetivos de ese equipo de trabajo, conforme al artículo 2.° de la Resolución
R-695, fueron, entre otros, los siguientes:

“[…] j) Verificar a través de las distintas fuentes de información las fases de
inscripción calificación y registro exámenes preparatorios e identificar las
situaciones irregulares presentadas.

k) Obtener la información confiable que conduzca la determinación de
responsabilidades en la ejecución de presuntas actuaciones anómalas.

l) Conceptuar sobre las consecuencias que acarrean las situaciones encontradas y
recomendar ante las instancias universitarias el impulso de acciones que
correspondan a ellos en los ámbitos académico administrativo disciplinario y penal.
(…)

r) Preparar los informes que soliciten o deban enviarse a los organismos de
inspección vigilancia y control. […]”. (Negrilla fuera del texto).

65. Respecto del proceso de verificación de requisitos de grado del tercero
interesado, el documento denominado “[…] informe sobre la verificación del
cumplimiento de los requisitos de grado (preparatorios) […]” de 26 de febrero de
2020, señala que:

“[…] I. FUENTES DE INFORMACIÓN

Para efectos de verificación del cumplimiento de los requisitos de grado
(Preparatorios) fueron consultados:

a) Archivo plano contentivo de los registros de calificación de preparatorios en
SIMCA 2.0 (Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico)
b) Reporte de pagos por concepto de preparatorios, entregado por la División de
Gestión financiera, Sistema de recaudos SQUID
c) Documentos que conforman la historia académica del estudiante, administrada
por DARCA (División de Admisiones, Registro y Control Académico).
d) Archivo de gestión de DARCA.
e) Documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación Seccional Cauca,
cuya fuente originaria corresponde a los archivos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y sociales de la Universidad del Cauca.
f) Documentos remitidos por la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y sociales
a través de la Decana Ad Hoc.

II. MÉTODO DE VERIFICACIÓN APLICADO

PRIMERA ETAPA

Parte de confrontar la información registrada sobre los preparatorios y los resultados
de sus evaluaciones en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico
SIMCA 2.0, con los documentos derivados de todas las fuentes de información
consultadas.

14

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
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Se construyó una tabla con los datos de:

Período nota, Programa, Código, Identificación, Apellidos nombres, Tipo nota,
Materia, Modalidad, Fecha de presentación, Calificación, Sin Soporte hoja física,
Acta, OID materia; Estado, Nota, Fecha nota; Usuario (que realiza el registro),
Observaciones; OID estudiante; proceso.

SEGUNDA ETAPA

Con fundamento en el Acuerdo 002 de 1994 y reglamentos internos que establecen
el pago de derechos pecuniarios, se obtuvo el reporte de la División de Gestión
Financiera como administradora del Sistema de Recaudos SQUID, lo que permitió
establecer una línea de tiempo para determinar la probabilidad de presentación de
cada uno de los exámenes preparatorios.

Con ello se asoció cada pago a las actas de los preparatorios que se registran en la
historia académica como perdidos, aprobados o no presentados. En los casos de
pago sin relacionar, se procedió a la búsqueda de documentos del archivo de gestión
de la División de Admisiones, Registro y Control DARCA, y los que reposan en la
Fiscalía y la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y sociales.

El cruce de información arroja el resultado final de la verificación de los requisitos de
grado (preparatorios). […]

IV. CONCLUSIONES

1. El señor CARDONA ZAPATA LEONARDO FABIO, cédula de ciudadanía No (…)
y código estudiantil (…), presenta siete (7) registros de preparatorios con nota
aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se estableció que
uno (1) de ellos cuentan con soporte documental en la historia académica:

Preparatorio Derecho Laboral

2. Los preparatorios de Derecho Penal y Derecho de Familia, registrados el 31
de octubre de 2017 estado de aprobados en el periodo académico 2017.2; y los
preparatorios de Derecho Administrativo, Derecho Bienes, Contratos y
Obligaciones, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil, registrados
el 6 de septiembre de 2017 estado de aprobados en los periodos académicos
2017.1, 2016.2, 2016.2 y 2017.1, respectivamente, carecen de evidencia física
o documental en la hoja de vida o historia académica del estudiante, esta
última condición se indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”.
Hecho del que se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con
la “modalidad” que refiere a la forma de presentación del preparatorio que puede

15

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
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ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al día, mes y año de
presentación del examen preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa
o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio.

3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca – SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, el
estudiante CARDONA ZAPATA LEONARDO FABIO efectuó tres (3) pagos
por concepto de preparatorios, de (1) asociado a preparatorio aprobado,
uno (1) a preparatorio perdido y un (1) pago no asociado a un acta de
presentación de preparatorio.

4. Conforme a lo anterior:

4.1. El preparatorio de Derecho Penal aparece registrado como aprobado en
2017.2 (con fecha de registro el 31 de octubre de 2017); sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer
periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no reporta pagos
por este concepto y no existe soporte documental de presentación del mismo.

4.2. El preparatorio de Derecho Administrativo, aparece registrado como aprobado
en 2017.1 (con fecha de registro el 6 de septiembre de 2017); sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer
periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no reporta pagos
por este concepto y no existe soporte documental de presentación del mismo.

4.3. El preparatorio de Derecho Bienes, Obligaciones y Contratos aparece
registrado como aprobado en 2016.2. (con fecha de registro el 6 de septiembre de
2017); sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en una oportunidad
(1) así.

• 6 de abril de 2017, con calificación dos punto tres (2.3) no aprobado.

16

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

Entre esta fecha de presentación del preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos
y la fecha de registro de aprobación inconsistente en SIMCA (6 de septiembre de
2017), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y nota
aprobatoria.

4.4. El preparatorio de Derecho Constitucional, aparece registrado como aprobado
en 2016.2 (con fecha de registro el 6 de septiembre de 2017); sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer
periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no reporta pagos
por este concepto y no existe soporte documental de presentación del mismo.

4.5. El preparatorio de Derecho Procesal Civil, aparece registrado como aprobado
en 2017.1 (con fecha de registro el 6 de septiembre de 2017). El reporte SQUID,
que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer periodo
académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, reporta un (1) reporta
(sic) un pago por este concepto, con fecha (10 de octubre de 2016), pero no existe
soporte documental de presentación del mismo.

4.6. El preparatorio de Derecho de Familia, aparece registrado como aprobado en
2017.2 (con fecha de registro el 31 de octubre de 2017); sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer
periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no reporta pagos
por este concepto y no existe soporte documental de presentación del mismo.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

66. Como se puede apreciar, el equipo de seguimiento valoró las constancias que
reposan en distintos medios físicos y tecnológicos en relación con el procedimiento
de archivo de los resultados académicos de esas evaluaciones. Al revisar el
Acuerdo 001 de 2014, el Reglamento Estudiantil y el Manual de Gestión Documental
PA-GA-2.1.1-MN-1 de 4 de septiembre de 201942, se observa que la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales estipuló una serie de procedimientos a seguir
para la presentación de los exámenes preparatorios.

67. El capítulo VI del Reglamento Estudiantil, adoptado a través del Acuerdo 002 de
1988, dispuso que los “[…] exámenes preparatorios de grado (…) se practican ante
jurado y su reglamentación interna es de competencia del Consejo de Facultad u
Organismo delegatario de la unidad respectiva […]”. Los ordinales 57 a 61 del
reglamento señalaron la forma en que se presentan los exámenes preparatorios, el
procedimiento de inasistencia, el registro de las calificaciones y el deber de
comprobar el pago de los derechos correspondientes ante la decanatura.

68. Según el Acuerdo 001 de 2014, la Coordinación de ese programa y la Secretaría
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales efectúan una convocatoria
virtual y física. Adicionalmente, la referida facultad define los salones en los que la
prueba se celebra y, una vez los estudiantes se inscriben, tienen que cancelar los
derechos respectivos. Por su parte, el profesor debe entregar en físico las notas a

42
Señala que cada historia documental debe estar organizada en un legajo plastificado, no exceder doscientos documentos
y contener un formato especial con datos identificativos: nombre de la oficina, fecha de inicio y fin, resumen del asunto, número
de documentos y código de clasificación. Es recomendable integrar cada documento desde el primer momento y evitar extraer
originales, utilizando fotocopias cuando sea necesario. Si se requiere extraer un original, debe dejarse un testigo con
información de la persona responsable y la fecha. Los documentos pueden incluir tanto los producidos por la oficina como los
recibidos, conservando los originales de estos últimos y copias de los otros. Ejemplos incluyen expedientes de estudiantes,
ayudas y becas, proyectos de investigación, títulos, tesis, recursos administrativos, personal, compras y reuniones.

17

Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

la Secretaría Académica para que las calificaciones posteriormente sean
publicadas.

69. Todo ello significa que el sistema de registro de notas SIMCA no era el único
mecanismo existente en la Universidad del Cauca para identificar la comisión de un
error o alguna irregularidad en la calificación de los exámenes preparatorios de los
estudiantes del programa de Derecho. Tanto el archivo físico académico como el
archivo contable servían de soporte de la información publicada.

70. Asimismo, independientemente de la problemática en torno al cumplimiento de
la Ley 594 de 2000, como ya lo ha advertido esta Sección43, a partir de los registros
de calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de pagos por
concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión Financiera y de la
historia académica, se logró comprobar que el tercero con interés directo en el
resultado del proceso no cumplió los requisitos para optar al título de abogado.

71. El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca, en su numeral 54, señaló
que: “[…] para optar al título el estudiante debe llenar los requisitos legales
estatutarios exigidos y haber aprobado, según lo dispuesto en el presente
Reglamento, todas las asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios
vigente […]”. Se debe recordar que: “[…] los estatutos se acogen voluntariamente
por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez
aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento
concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de
educación superior […]”44.
72. En suma, se demostró que el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata solo
aprobó uno (1) de los siete (7) preparatorios que debía superar. En consecuencia,
el artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437 de 21 de mayo de 2018, el Acta de
grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y el Diploma núm. 891-18 de 15 de junio de
2018, transgreden los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011.

II.4.2. Las razones de oposición del tercero interesado

73. El apoderado judicial del tercero interesado señaló que: (i) al Consejo de Estado
no le compete estudiar la legalidad de los actos meramente académicos
demandados; (ii) el "equipo de seguimiento”, conformado mediante Resolución R-
695 de 2019, no es el organismo encargado de adelantar investigaciones
administrativas, disciplinarias o sancionatorias por los hechos ocurridos; (iii) debe
resolverse el caso con fundamento en el principio de buena fe; (iv) no existe ningún
proceso disciplinario o penal contra el señor Leonardo Fabio Cardona Zapata; (v)
no se garantizó el derecho a la defensa y contradicción durante la elaboración del
informe de 26 de febrero de 2020; y (vi) la Universidad del Cauca tenía que agotar
el trámite de revocatoria directa, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.

43
Cfr. Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2023, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024000.
44
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 2019.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

74. Frente al reparo sobre la naturaleza de los actos demandados, valga mencionar
que la jurisprudencia de esta Sección ha diferenciado los "actos académicos" de los
"actos meramente académicos", a efectos de definir cuáles actos administrativos
pueden ser objeto de control judicial45.

75. Los primeros se relacionan con el cumplimiento de la función pública educativa,
y son susceptibles de análisis judicial. Los segundos, que aluden al funcionamiento
interno de las instituciones, no pueden ser estudiados por la jurisdicción
contencioso-administrativa, debido al principio de autonomía universitaria.

76. A partir de esta distinción, esta Sección concluyó que los actos que habilitan el
ejercicio de una profesión son actos académicos que desarrollan la función
administrativa educativa y, por lo tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa
puede evaluar su legalidad46. Ello con fundamento en el artículo 26 de la
Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30 que encomendaron a las
universidades la competencia de conferir títulos de idoneidad para ciertas
profesiones que representan riesgos sociales, como es el caso de la abogacía.

77. En segundo lugar, en lo atinente al cuestionamiento que hizo el tercero a las
facultades encomendadas al "equipo de seguimiento”, conformado mediante
Resolución R-695 de 2019, se pone de presente que ese acto administrativo goza
de presunción de legalidad. Esa resolución es de obligatorio cumplimiento mientras
no se suspendan sus efectos jurídicos o se declare su nulidad, materia que no es
analizada en este medio de control. Adicionalmente, en virtud del principio de
autonomía universitaria, la entidad demandante está facultada para organizar su
estructura institucional conforme a los objetivos y necesidades identificadas.

78. En tercer lugar, respecto de la presunción de buena fe de la actuación del
egresado, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución Política, dicha presunción no significa que las actuaciones de los
ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos
indispensables para su ejecución. Por el contrario, este obrar implica “[…] que se
haya realizado la actuación con la diligencia debida […]”47.

79. Con fundamento en lo anterior, esta Sección ha sostenido en casos similares al
ahora estudiado, que la buena fe requiere de la debida diligencia del particular en la
ejecución de la actuación ante la administración, pues no es factible derivar de una
actuación negligente una aplicación favorable, a quien no ha cumplido con su
deber48.

45
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, radicación núm. 2009-01120-01, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; sentencia de 16 de julio de 2015, radicación núm. 2010-00564-01, C.P. María Elizabeth García
González; sentencia de 21 de abril de 2016, radicación núm. 2014-00355-01, C.P. María Elizabeth García González
46
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00475-01;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00483-01.
47
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-
00120-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00243-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

80. Además, se precisa que, en nuestro sistema jurídico, nadie puede beneficiarse
de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)49. Por lo tanto, el
comportamiento exigible al tercero interesado, una vez accedió al sistema de
registro académico de la universidad para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos.

81. En cuarto lugar, el argumento asociado a que la demanda no debe prosperar
porque no existe ningún proceso disciplinario o penal contra el señor Leonardo
Fabio Cardona Zapata no prospera. Se reitera que el objeto del presente medio de
control era verificar si los actos demandados transgredieron el ordenamiento
superior, y no evaluar la comisión de sanciones disciplinarias o penales.

82. Asimismo, la Sala advierte que la Universidad del Cauca no reportó el inicio o
culminación de algún procedimiento disciplinario contra Leonardo Fabio Cardona
Zapata, o de los demás estudiantes con modificaciones en sus registros
académicos, debido a que el tercero perdió la calidad de estudiante al momento del
grado, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 002 de 1988, solo se puede sancionar
a los estudiantes que incumplan sus deberes.

83. Frente al quinto argumento sobre la vulneración del derecho a la defensa y
contradicción durante la elaboración del informe de 26 de febrero de 2020, la Sala
ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:

“[…] tal informe no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas para el efecto,
en este proceso, esto es, en el traslado de la medida cautelar, oportunidad en la que
no se cuestionó la veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin. […]”50.

84. Finalmente, en sexto lugar, es pertinente prohijar lo indicado por la Sala en casos
similares al resolver el argumento sobre el deber de la Universidad del Cauca de
agotar el trámite de revocatoria directa antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.

85. En la sentencia de 2 de noviembre de 2023, esta Sección consideró que “[…] el
ejercicio del medio de control de nulidad frente a los actos administrativos de
contenido particular, -que generan consecuencias jurídicas atentatorias del orden
público y social-, no requiere del consentimiento del titular, razón por la que las
entidades del Estado están facultadas para solicitar ante esta jurisdicción la nulidad
de sus propios actos, cuando resulten lesivos para el ordenamiento jurídico, sin que
deban previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA,
por lo que el argumento de la falta de autorización del interesado para revocar los
actos acusados no está llamado a prosperar […]”51.

49
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de 2021, Rad.
11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.
50
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00264-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
51
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 1001-03-24-000-2020-00256-
00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

86. Nótese que la pretensión de nulidad es pública y, en consecuencia, las
entidades del Estado pueden activar también el aparato judicial de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo con el fin de demandar sus propios actos, cuando
resulten lesivos para el ordenamiento jurídico en abstracto, sin que deban
previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA.

II.5. Conclusiones

87. La Sala considera que el artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437 de 21 de
mayo de 2018, el Acta de grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y el Diploma núm.
891-18 de 15 de junio de 2018, transgreden los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002
de 2011, motivo por el cual debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en
consecuencia, se declarará su nulidad.

88. Adicionalmente, conforme lo ha considerado esta Sección52 en asuntos
similares, debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del
Cauca presentó deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 2000, se instará a la institución
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si Leonardo Fabio Cardona Zapata estaría en condiciones de culminar el proceso
de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por
el título de abogado.

89. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación
comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.

90. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R-437
de 21 de mayo de 2018, respecto de Leonardo Fabio Cardona Zapata; del Acta de
Grado núm. 29 de 15 de junio de 2018 y del Diploma núm. 891-18 de 15 de junio de
2018, expedidos por la Universidad del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

52
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm. 11001032400020210044400; y sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.
11001-03-24-000-2020-00240-00.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00
Demandante: Universidad del Cauca

SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Leonardo Fabio Cardona Zapata
estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de
los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia. por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas
anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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