Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00196-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00196-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2022-00196-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2022-00196-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Demandado: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Tercero con interés: JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por la
Universidad del Cauca en contra del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R924 de
8 de octubre de 20181, del Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y del
Diploma núm. 1883-18 de 12 de octubre de 2018.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1.La Universidad del Cauca presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad2, con el propósito de obtener las siguientes declaratorias y condenas:
“[…] 4.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución Nº. R-924
de 8 de octubre de 2018, en concreto el aparte que confiere al señor JUAN LUIS
RIASCOS RISUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº […], expedida en
Pupiales – Nariño, el título de Abogado.
4.2.Declárese la nulidad del Acta de Grado Nº 48 del 12 de octubre de 2018 – 028064
y Diploma Nº. 1883-18 de 12 de octubre de 2018, actos administrativos con los cuales
la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de su Resolución Nº R-924 de 2018 y otorga el título de Abogado al señor JUAN
LUIS RIASCOS RISUEÑO, identificado con la cédula de ciudadanía Nº […], expedida
en Pupiales – Nariño.
4.3.Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la cancelación de
la Tarjeta Profesional de Abogado Nº 318941, otorgada por el Consejo Superior de
la Judicatura al señor JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO, identificado con la cédula
de ciudadanía Nº […], expedida en Pupiales – Nariño. […]” (negrilla y subrayado del
texto).
1
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”.
2
Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
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Demandante: Universidad del Cauca
I.1.1. Los hechos
2. Como fundamento fáctico, la Universidad del Cauca señaló que el señor Juan
Luis Riascos Risueño se matriculó al programa de Derecho en el primer periodo
académico del año 2012. Para esa época, el plan de estudios estableció como
requisitos de grado para obtener el título de abogado la presentación y aprobación
de la prueba de suficiencia en idioma extranjero (PSI) y de los exámenes
preparatorios3.
3. El señor Juan Luis Riascos Risueño obtuvo ese título en la ceremonia de grado
colectiva realizada el 12 de octubre de 2018.
4. Los días 19 de mayo de 2019 y 11 de julio de 2019, el ente universitario conoció
denuncias por presuntas irregularidades en el registro de los exámenes
preparatorios. La primera fue anónima y la segunda presentada por el profesor
Milton Javier López.
5. Mediante Resolución R-695 de 30 de julio de 2019, se conformó un equipo de
seguimiento que tenía a su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de los
requisitos de grado de los estudiantes graduados desde el año 2015.
6. De la comparación realizada por el mencionado equipo entre el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico – SIMCA, y los soportes físicos que
reposan en cada historia académica de estudiantes, egresados y graduados del
programa de Derecho, se encontró que el señor Juan Luis Riascos Risueño no
cuenta con soporte físico de aprobación del examen preparatorio de derecho
administrativo.
I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
7. La parte actora sostuvo que los actos acusados se encuentran falsamente
motivados y vulneran los artículos 6.º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política, la Ley 30 de 28 de diciembre de 19924, los artículos 3.º, 6.º y
137 de la Ley 1437 de 2011 y los Acuerdos 002 de 17 de febrero de 20115 y 001 de
4 de diciembre de 20146.
8.Indicó que las universidades tienen derecho, en virtud de la autonomía
universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de
1992, a desarrollar sus programas académicos. Por ello, la presentación y
aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios constituye un requisito
obligatorio para adquirir el título de abogado7, según lo dispuesto en el Acuerdo
Académico 002 de 2011.
3
Exámenes preparatorios de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral, derecho de
familia, derecho civil (bienes, obligaciones y contratos) y derecho procesal civil.
4
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.
5
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales […]”.
6
“[…] Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del Programa de Derecho […]”.
7
Cfr. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy Cabra.
3
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Demandante: Universidad del Cauca
9. Precisó que “[…] las normas universitarias que regulan el funcionamiento de mi
prohijada son vinculantes y de estricto cumplimiento para sus destinatarios, y para
el caso en concreto, lo normado en el Acuerdo Académico Nº 02 de 2011 […] debe
ser aplicado, respetado y acatado por las autoridades académicas y administrativas
de la Universidad del Cauca, así como por los estudiantes matriculados al programa
de pregrado que esta norma regula. […]”.
10. Refirió que la universidad desconoce el medio o mecanismo utilizado por el señor
Juan Luis Riascos Risueño para obtener el registro de notas aprobatorias, sin haber
superado la totalidad de los exámenes preparatorios, situación que ya fue puesta
en conocimiento de las autoridades competentes.
I.2. Trámite del proceso
11. Mediante auto de 28 de marzo de 20228, se admitió la demanda de nulidad
interpuesta contra el artículo 1.° (parcial) de la Resolución R924 de 8 de octubre de
2018, el Acta de grado 48 de 12 de octubre de 2018 y el Diploma 1883-18 de 12 de
octubre de 2018. Finalmente, se reconoció al señor Juan Luis Riascos Risueño
como tercero con interés directo en el resultado del proceso.
12. Mediante proveído de 19 de julio de 20229, se decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados.
13. En la audiencia de 10 de marzo de 202310, se fijó el litigio, se decretaron pruebas,
y se declaró no probada la excepción de indebida escogencia del medio de control
judicial, al considerar que los actos subjetivos demandados “[…] refieren a la
habilitación para que ciertas personas ejerzan la profesión de abogado, entendida
esta como el ejercicio profesional de un asunto de interés relevante para la
comunidad en general […]”. En consecuencia, su legalidad se puede estudiar a
través de la acción de nulidad, “[…] por afectar de manera grave y evidente el orden
público, social o económico o cuando se encuentre de por medio un interés
colectivo o comunitario con incidencia trascendental e incuestionable proyección
sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de personas
[…]”.
14. Dichas pruebas fueron recaudadas y, por ello, mediante proveído de 15 de
noviembre de 202311, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran
sus escritos de alegatos de conclusión.
15. La Sala resolvió en providencia de 22 de enero de 202612, el recurso de súplica
del tercero interesado, presentado contra el auto que decretó la medida cautelar,
en el sentido de confirmar la decisión.
8
Cfr. Índice 4 expediente digital.
9
Cfr. Índice 29 expediente digital.
10
Cfr. Índice 43 expediente digital.
11
Cfr. Índice 67 expediente digital.
12
Cfr. Índice 80 expediente digital.
4
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Demandante: Universidad del Cauca
I.3. La contestación de la demanda13
16. El tercero interesado adujo que “[…] presentó y cumplió con la presentación y
superación de todos y cada uno de los requerimientos académicos y administrativos
previstos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA […]”. Además, “[…] conforme a la hoja
de calificaciones presentada por la UNIVERSIDAD, obrante a página 103 del
cuaderno principal de la demanda se evidencia que mi representado aprobó dichos
requisitos […]”.
17. Señaló que “[…] el Acuerdo 01 de 2014 no estaba vigente al momento de su
matrícula […]”, los estudiantes no intervienen en ninguna etapa de la calificación y
registro de notas y “[…] no participó en la elaboración de las actas que le confirieron
el derecho a acceder al título académico […]”.
18. Manifestó que “[…] no se puede afirmar que existió un error administrativo y
mucho menos que este fue aprovechado por mi representado […]”, pues lo que
presuntamente ocurrió fue “[…] una serie de irregularidades administrativas en lo
atinente a los mecanismos y protocolos que deben ceñirse a la hora de realizar las
evaluaciones en esa clase de exámenes y así mismo al momento de efectuar la
calificación y sistematización de la referida evaluación […]”.
19. Sostuvo que el principio de buena fe no se desvirtuó porque la demanda se
sustenta en suposiciones carentes de respaldo probatorio. Adicionalmente, la
Universidad del Cauca cuenta con la carga probatoria de demostrar la infracción
del ordenamiento superior, dado que “[…] no existe un acto irregular ni el
aprovechamiento de un error, sino un desorden administrativo y una situación
irregular en el tratamiento de la información relativa a la realización de dichos
exámenes y en especial en el registro de las calificaciones que no puede ser
trasladada como carga administrativa al señor JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO,
máxime cuando no participó en la elaboración de las actas que le confirieron el
derecho a acceder al título académico […]”.
20. Alegó que “[…] los actos meramente académicos no constituyen actuaciones que
puedan ser sometidas al control judicial […]” y que el medio de control debió
tramitarse como nulidad y restablecimiento.
21. Adujo que la Universidad del Cauca no cuenta con un sistema de gestión
documental que respete la Ley 594 de 14 de julio de 200014, como lo demuestra la
investigación disciplinaria PD-019 de 2019 de la Procuraduría Regional del Cauca,
el informe 009 de junio de 2011 de la auditoría de la Contraloría General de la
República y el mapa de riesgos elaborado por Control Interno en el año 2016.
Además, solo hasta el 10 de diciembre de 2020, la universidad expidió el Acuerdo
Superior 074 de 2020, “[…] Por el cual se adopta la Política de Gestión Documental
de la Universidad del Cauca […]”.
13
Cfr. Índice 16 expediente digital.
14
“[…] Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones […]”.
5
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Demandante: Universidad del Cauca
22. Cuestionó la competencia e imparcialidad del “Equipo de Seguimiento y apoyo”,
la falta de participación de los estudiantes en la elaboración del informe, y la
imposibilidad fáctica de controvertir las pruebas. Señaló que solo el Consejo de
Facultad y la Rectoría pueden imponer sanciones y verificar los requisitos de grado.
Además, no existe “[…] sanción penal, disciplinaria o administrativa […]” impuesta
al tercero interesado, y el ente universitario debió surtir el trámite previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
I.4. Los alegatos de conclusión
23. Elapoderado judicial del tercero interesado, mediante memorial de 28 de
noviembre de 202315, reiteró los argumentos de oposición planteados en el escrito
de contestación de la demanda. Solicitó además tener como prueba el Acuerdo 001
de 9 de marzo de 202316, expedido por el Consejo de Facultad de la Universidad
del Cauca. Sin embargo, advirtió que dicha norma contiene un vicio de legalidad,
ya que el parágrafo segundo del artículo tercero incluyó una disposición violatoria
del debido proceso que establece sanciones para los estudiantes involucrados en
procesos disciplinarios.
24. Complementó que la Fiscalía General de la Nación imputó cargos el 28 de
diciembre de 2020 contra algunos funcionarios de la Universidad del Cauca y
particulares por varios presuntos delitos, y una de ellas, Gloria Mercedes Belalcázar
Fernández, quedó en libertad. Sin embargo, no existe ninguna actuación en el
expediente contra el señor Juan Luis Riascos Risueño.
25. Señaló que la Universidad del Cauca no ha demostrado que sus sistemas de
información cumplan con los estándares internacionales de seguridad informática
ni acreditó la inexistencia de fallas en los aplicativos PSI, SIMCA y DARCA, a pesar
de los hallazgos de la Contraloría General de la República.
26. Cuestionó la idoneidad del personal responsable de la verificación de los
requisitos de grado. Por lo tanto, consideró que la prueba documental no cumple el
requisito de imparcialidad señalado en el artículo 226 de la Ley 1564 de 12 de julio
de 201217.
27. Finalmente, planteó que nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio al
evidenciarse que “[…] la Contraloría General de la Nación a través de los informes
emitidos desde el año 2010 señalan que los aplicativos en cuestión presentaron
una serie de falencias, fallas y errores atribuibles a la misma Universidad del Cauca
[…]”.
28. La apoderada judicial de la Universidad del Cauca, mediante escrito de 5 de
diciembre de 202318, insistió en los planteamientos de la demanda.
15
Cfr. Índice 72 expediente digital.
16
“[…] Por el cual se establece la nueva reglamentación para el cumplimiento del requisito de grado relacionado con la
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios en los programas de Derecho de la Universidad del Cauca. […]”.
17
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
18
Cfr. Índice 74 expediente digital.
6
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Demandante: Universidad del Cauca
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
29. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados;
(iii) el planteamiento del problema jurídico; y (iv) el análisis del caso concreto.
II.1. Competencia
30. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201919, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.
II.2. Los actos administrativos demandados
31. La demanda va dirigida a cuestionar el artículo 1.° (parcial) de la Resolución
R924 de 8 de octubre de 201820, el Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de
201821 y el Diploma núm. 1883-18 de 12 de octubre de 201822, que confiere el título
de abogado al señor Juan Luis Riascos Risueño.
II.3. El planteamiento del problema jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados
desconocen “[…] lo dispuesto en los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y
209 de la Constitución Política, 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, 7° del Acuerdo
No. 002 de 2011 y 2° del Acuerdo No. 001 de 2014 de la Universidad del Cauca,
por cuanto otorgó el título profesional de abogado al señor Juan Luis Riascos
Risueño sin el cumplimiento de los requisitos, esto es, sin haber presentado y/o
19
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
20
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”.
El aparte del artículo acusado del acto acusado señala:
“[…]ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos cumplieron con los requisitos de Ley y los
reglamentarios de la Institución, les confiere el título de:
[…] FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES […]
ABOGADA (O) […]
JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO […]”.
21
El acto en cita señala: “[…] En Popayán, capital del departamento del Cauca, República de Colombia, a las 9:00 am del
día viernes doce (12) de octubre dos mil dieciocho (2018) y en cumplimiento de la Resolución R-924 del 8 de octubre de 2018,
expedida por la Rectoría del Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas para
la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría General, una vez instalada la Ceremonia, lee la
resolución afirmando que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple
con los requisitos legales y reglamentarios. el Rector le toma el juramento y le otorga título de abogado a: JUAN LUIS
RIASCOS RISUEÑO […]
El diploma acredita su idoneidad ejercer la profesión de abogado
Se registra en el libro de Diplomas N° 082, Folio N° 1883; Diploma N°. 1883-18 […].
Para constancia se expide la presente acta de grado […]”.
22
El acto en cita señala: “[…] La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio educación nacional, en la atención a que JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO […] ha cumplido con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de ABOGADO con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para
el ejercicio profesional.
Popayán 12 de octubre de 2018. Registrado en el libro de Diplomas N° 082, Folio N° 1883, Diploma N°. 1883-18 […]”.
7
Radicación: 11001-03-24-000-2022-00196-00
Demandante: Universidad del Cauca
aprobado todos los exámenes preparatorios contemplados en la ley y en los
reglamentos internos de dicho ente universitario […]”23.
II.4. Análisis del caso concreto
33. Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará: (i) los requisitos académicos
exigibles al tercero interesado; (ii) lo acreditado en el plenario sobre el particular; y
(iii) la procedencia de los argumentos formulados en la etapa de alegatos de
conclusión.
II.4.1. Los requisitos de grado exigibles al tercero interesado para obtener el
título de abogado
34. De conformidad con los artículos 69 de la Constitución Política y 24, 28 y 29 de
la Ley 30 de 28 de diciembre de 199224, las universidades públicas están facultadas,
en virtud del principio de autonomía universitaria, para adoptar sus propios
estatutos, decidir sobre la creación y desarrollo de programas académicos,
organizar las labores académicas, y conferir títulos a sus egresados25.
35. En desarrollo de tales facultades, la Corte Constitucional determinó, en las
sentencias C-105 de 4 de octubre de 200126 y SU-783 de 11 de septiembre de
200327, que dichas entidades pueden prever requisitos académicos más exigentes
que los previstos por el legislador para el ejercicio de la abogacía28. Concretamente,
tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios, entre otras
pruebas, si con ello aseguran la calidad de la formación de sus egresados, y en la
medida en que esos reglamentos universitarios son vinculantes para toda la
comunidad educativa.
36. Frentea los componentes del currículo del programa de derecho de la
Universidad del Cauca, esta Sección, en sentencia de 31 de julio de 202329 explicó
que el Acuerdo Académico 002 de 201130 reguló el pénsum de los estudiantes
matriculados por primera vez o que reingresaron al programa de derecho a partir
del segundo período académico de 2011.
23
Ver acta de audiencia inicial de 10 de marzo de 2023. En la audiencia se precisó que: “[…] la parte actora formuló como
cargos de violación, los relacionados con: i) el desconocimiento de las normas superiores en que debían fundarse los actos
administrativos acusados, y ii) falsa motivación, para lo cual señaló que:
i) Los actos acusados desconocieron lo atinente al cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de títulos profesionales
de abogado consagrados en las normas que regulan el funcionamiento del ente universitario, las cuales son vinculantes para
las autoridades académicas, administrativas y para los estudiantes matriculados,
y ii) Se desconoció que “la presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios constituye una condición
o requisito sin el cual el estudiante del programa de derecho de la Universidad del Cauca no tendría el derecho a que se le
confiera el título de abogado” que para el caso del estudiante Juan Luis Riascos Risueño no se demostró haber acreditado la
presentación del preparatorio de Derecho Administrativo o Derecho Público […]”.
24
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.
25
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
26
Magistrado Álvaro Tafur Galvis
27
Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra
28
El artículo 1.° de la Ley 552 de 30 de diciembre de 1999, “[…] Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley
446 de 1998 […]”, eliminó la aprobación de los exámenes preparatorios como requisito legal.
29
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
30
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias
políticas y Sociales […]”.
8
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37. Los artículos 5.°, 6.° y 7.° ibidem indicaron que para obtener el título de abogado
es necesario aprobar los siguientes exámenes preparatorios:
“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa de
Derecho:
[…]
PREPARATORIOS
REQUISITOS DE
GRADO JUDICATURA O TRABAJO DE
GRADO
[…]
ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo
rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo período académico de 2011.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar
las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (negrilla fuera de texto).
38. La Sección Primera también precisó que “[…] en desarrollo de estas
disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, a
efectos de reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y
procedimentales relacionados con la presentación y aprobación del requisito de
grado objeto de debate […]”.
39. El Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 2.° indicó cuáles eran los exámenes
preparatorios exigibles, así:
“[…] ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en
las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II; Teoría de la Constitución y Derecho
Constitucional; Derecho Constitucional Colombiano I, II , III
2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General, Derecho Administrativo
Colombiano I, II, III y Procedimiento Administrativo.
3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho Penal Especial I, II y
Derecho Procesal Penal I,II, III,-Pruebas Penales, Criminalística, Criminología.
4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho Laboral Prestaciones,
Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad
Social.
5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del Negocio Jurídico; Derecho
de Familia I; Derecho de Familia II; Derecho Privado V Sucesiones.
6.DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes; Derecho Privado III
Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.
7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Procesal Civil General;
Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial I y II. […]”.
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Demandante: Universidad del Cauca
40. El acto administrativo estableció cómo se deben programar los exámenes, así:
“[…] ARTÍCULO 6. […] Para tener derecho a la presentación de los exámenes
preparatorios será necesario que en el momento de asignación de los cupos se
acredite el pago de la matrícula financiera salvo casos previstos en el artículo 4 del
acuerdo 085 de 2008.
[…] ARTÍCULO 9. Quien por causa justificada no pueda concurrir a un examen
preparatorio para el que se le haya otorgado turno, deberá dar aviso a la Secretaría
General de la Facultad con antelación no inferior a dos (2) días. La inobservancia de
esta disposición ocasionará la pérdida del derecho a solicitar turno por el término de
un (1) mes, siempre y cuando se trata del mismo examen.
ARTÍCULO 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en los recintos
universitarios y por profesores designados para tal efecto. No podrán realizarse
exámenes preparatorios en fechas distintas de las establecidas y por fuera de los
turnos adjudicados en la Secretaría General. En casos excepcionales se podrá
programar el examen en otro lugar previa aprobación de la Coordinación del programa
y de la Secretaría General de la Facultad.
ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será requisito
indispensable la previa cancelación de los derechos respectivos. […]”.
41. El Acuerdo 001 de 2014 delimitó su ámbito de aplicación de la siguiente forma:
“[…] ARTÍCULO 17. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición
para los estudiantes que ingresaron a partir del segundo periodo de 2011
correspondientes al plan de estudios 264. […]”.
42. Como puede observarse, los Acuerdos 002 de 2011 y 001 de 2014 son aplicables
al presente caso, dado que el señor Juan Luis Riascos Risueño ingresó al programa
de derecho en el primer semestre del año 2012, como lo acreditó el registro de
matrícula obrante en su historia académica31.
43. El Acuerdo Académico 002 de 2011 es una norma vinculante y de obligatorio
cumplimiento para aquellos estudiantes que se matricularon por primera vez o
reingresaron al programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011,
que exige la aprobación de los exámenes preparatorios como un componente
obligatorio del currículo académico.
44. El Acuerdo Académico 002 goza de presunción de legalidad, en tanto su
contenido y procedimiento de expedición no se discute en este proceso. Ese acto
administrativo avaló la reforma de los componentes del currículo del programa de
derecho, adoptada por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales32, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.º del Acuerdo 027 de 2012, y en
los artículos 8.º, 41, 42, 43 y 44 del Acuerdo 036 de 2011 (Estatuto Académico de
la Universidad del Cauca).
31
Cfr. Índice 2 expediente digital, documento denominado “PRUEBAS(.pdf) NroActua 2”, página 52.
32
Sesiones de 16 de diciembre de 2010 y 8 de febrero de 2011.
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Demandante: Universidad del Cauca
45. Igualmente, el Acuerdo 001 de 2014 rige a partir de la fecha de su expedición
para los estudiantes que ingresaron a partir del segundo periodo de 2011.
46. Valga señalar que el programa de derecho de la Universidad del Cauca obtuvo
registro calificado mediante Resolución 10682 del 22 de noviembre de 2011. Dicho
registro y pénsum regula tanto a los estudiantes de convocatoria ordinaria, como a
aquellos vinculados a través de convenios especiales33.
II.4.2. Lo acreditado en el plenario sobre el particular
47. La Universidad del Cauca afirmó que el tercero interesado no cumplió todos los
requisitos previstos en el reglamento universitario para obtener el título de abogado,
porque no aprobó el examen preparatorio de derecho administrativo.
48. Frente a dicho reparo, el tercero interesado afirmó que la universidad tiene la
carga procesal de acreditar la transgresión del ordenamiento superior y que no
demostró la configuración de una causal de nulidad, “[…] conforme a la hoja de
calificaciones presentada por la UNIVERSIDAD, obrante a página 103 del cuaderno
principal de la demanda […]”.
49. Para resolver estos argumentos, cabe recordar que el juez establece en cada
caso cuál de las partes está en mejores condiciones para probar los hechos
alegados34. Sin embargo, esto no exime a los demás sujetos procesales del deber
de lealtad procesal, por lo que deben aportar todas las pruebas disponibles para
corroborar la veracidad de los hechos alegados.
50. Bajo esta premisa, la Sección Primera, en otros casos con similares supuestos
fácticos y jurídicos, ha concluido que el ente universitario era responsable de
acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad de los requisitos exigibles
para optar por el título de abogado.
51. En el proceso de la referencia, se acreditó que la Universidad del Cauca, a
través de la Resolución R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y apoyo
a la mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de
exámenes preparatorios del programa de derecho, el cual tenía a su cargo la tarea
de verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones desde el año 2015.
52. Los objetivos de ese equipo de trabajo, conforme lo señala el artículo 2° de la
Resolución R-695 fueron, entre otros, los siguientes:
“[…] Verificar a través de las distintas fuentes de información las fases de
inscripción calificación y registro (sic) exámenes preparatorios e identificar las
situaciones irregulares presentadas.
33
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
34
Cfr. Sentencia de 28 de julio de 2005, radicación núm. 68001-23-15-000-1996-01898-01. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
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Demandante: Universidad del Cauca
Obtener la información confiable que conduzca la determinación de
responsabilidades en la ejecución de presuntas actuaciones anómalas.
Conceptuar sobre las consecuencias que acarrean las situaciones encontradas y
recomendar ante las instancias universitarias el impulso de acciones que
correspondan a ellos en los ámbitos académico administrativo disciplinario y penal.
[…]
Preparar los informes que soliciten o deban enviarse a los organismos de
inspección vigilancia y control. […]” (negrilla fuera de texto).
53. Respecto del proceso de verificación de requisitos de grado del tercero
interesado, el documento denominado “[…] INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO (PREPARATORIOS)
RIASCOS RISUEÑO JUAN LUIS […]” de 22 de septiembre de 2021, señala para el
caso concreto que:
“[…] El (La) señor (a), identificado (a) con cédula de ciudadanía […] adscrito (a) al
programa de Derecho, presenta siete (7) registros de preparatorios con nota
aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes
de información (registro informático y soportes físicos) se estableció que, seis (6) de
ellos cuentan con soporte documental en la historia académica:
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho Penal
Preparatorio Procesal Civil
El preparatorio Derecho Administrativo registrado el 15 de junio de 2018 por el
usuario DARCA “GLORIA BELALCAZAR”, en estado de aprobado, en el periodo
académico 2017.2, carece de evidencia física o documental en la hoja de vida o
historia académica del estudiante, esta última condición se indica con una X en la
columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se deriva la imposibilidad de
registrar información relacionada con la “modalidad” que refiere a la forma de
presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación”
que alude al día, mes y año de presentación del examen preparatorio; “calificación”
que detalla la nota cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen
preparatorio.
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1.Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca – SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, el (la)
señor(a) RIASCOS RISUEÑO JUAN LUIS efectuó diecisiete (17) (sic) pagos por
concepto de preparatorios, seis (6) asociados a preparatorios aprobados y doce (12)
a preparatorios perdidos.
2.Conforme a lo anterior, respecto de los preparatorios con registro inconsistente se
pudo evidenciar que:
4.1 El preparatorio de Derecho Administrativo, aparece registrado como aprobado en
2017.2; sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en seis (6)
oportunidades así:
• 28 de febrero de 2017, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado.
• 19 de mayo de 2017, calificación dos punto seis (2.6) no aprobado.
• 27 de septiembre de 2017, calificación uno punto nueve (1.9) no aprobado.
• 13 de marzo de 2018, calificación dos punto cinco (2.5) no aprobado.
• 14 de marzo de 2018, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado.
• 23 de marzo de 2018, calificación dos punto cinco (2.5) no aprobado.
Entre esta última fecha de presentación del preparatorio de Derecho
Administrativo y la fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA
(15 de junio de 2018), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su
presentación y nota aprobatoria. […]” (negrilla fuera de texto).
54. Como se puede apreciar, el equipo de seguimiento valoró las constancias que
reposan en distintos medios físicos y tecnológicos en relación con el procedimiento
de archivo de los resultados académicos. Al revisar el Acuerdo 001 de 2014, el
Reglamento Estudiantil y el Manual de Gestión Documental PA-GA-2.1.1-MN-1 de
4 de septiembre de 201935, se observa que la Facultad de Derecho, Ciencias
35
Señala que cada historia documental debe estar organizada en un legajo plastificado, no exceder doscientos documentos
y contener un formato especial con datos identificativos: nombre de la oficina, fecha de inicio y fin, resumen del asunto, número
de documentos y código de clasificación. Es recomendable integrar cada documento desde el primer momento y evitar extraer
13
Radicación: 11001-03-24-000-2022-00196-00
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Políticas y Sociales estipuló una serie de procedimientos a seguir para la
presentación de los exámenes preparatorios.
55. Según el Acuerdo 001 de 2014, la Coordinación de ese programa y la Secretaría
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales efectúan una convocatoria
virtual y física. Adicionalmente, la referida facultad define los salones en los que la
prueba se celebra y, una vez los estudiantes se inscriben, tienen que cancelar los
derechos respectivos. Por su parte, el profesor debe entregar en físico las notas a
la Secretaría Académica para que las calificaciones posteriormente sean
publicadas.
56. Todo ello significa que el sistema de registro de notas SIMCA no era el único
mecanismo existente en la Universidad del Cauca para identificar la comisión de un
error o alguna irregularidad en la calificación de los exámenes preparatorios de los
estudiantes del programa de Derecho. Tanto el archivo físico académico como el
archivo contable servían de soporte de la información publicada.
57. Independientemente de la problemática en torno al cumplimiento de la Ley 594
de 2000, como ya lo ha advertido esta Sección36, a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de pagos por
concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión Financiera y de la
historia académica, se logró comprobar que el tercero con interés directo en el
resultado del proceso no cumplió los requisitos para optar al título de abogado.
58. Aunque el tercero interesado afirma que en la “[…] página 103 del cuaderno
principal de la demanda se evidencia que mi representado aprobó dichos requisitos
[…]”, lo cierto es que el documento anexo a la demanda titulado “pruebas”, que se
encuentra en ese folio, contiene una calificación reprobatoria de 2.6 para el examen
preparatorio de Derecho Administrativo, correspondiente a la prueba realizada el
19 de mayo de 2017, como se puede verificar a continuación:
originales, utilizando fotocopias cuando sea necesario. Si se requiere extraer un original, debe dejarse un testigo con
información de la persona responsable y la fecha. Los documentos pueden incluir tanto los producidos por la oficina como los
recibidos, conservando los originales de estos últimos y copias de los otros. Ejemplos incluyen expedientes de estudiantes,
ayudas y becas, proyectos de investigación, títulos, tesis, recursos administrativos, personal, compras y reuniones.
36
Cfr. Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2023, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024000.
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59. Incluso el informe de 22 de septiembre de 2021 demostró que la constancia de
aprobado obrante en SIMCA constituía un error administrativo. Esto significa que en
el proceso no se acreditó el cumplimiento del requisito restante.
60. El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca, en su numeral 54, señaló
que: “[…] para optar al título el estudiante debe llenar los requisitos legales
estatutarios exigidos y haber aprobado, según lo dispuesto en el presente
Reglamento, todas las asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios
vigente […]”. Se debe recordar que: “[…] los estatutos se acogen voluntariamente
por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez
aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento
concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de
educación superior […]”37.
61. En suma, se demostró que el señor Juan Luis Riascos Risueñosolo aprobó seis
(6) de los siete (7) preparatorios que debía superar. Concretamente, no aprobó el
examen de derecho administrativo. En consecuencia, el artículo 1.° (parcial) de la
Resolución R924 de 8 de octubre de 2018, del Acta de grado 48 de 12 de octubre
de 2018, y del Diploma 1883-18 de 12 de octubre de 2018, transgreden los artículos
7.° del Acuerdo 002 de 2011 y 2.° del Acuerdo 001 de 2014.
II.4.3. Los nuevos planteamientos propuestos en la oportunidad para alegar
de conclusión
62. La Sala pone de presente que el tercero interesado, en la etapa de alegaciones,
presentó argumentos adicionales a los expuestos en el escrito de contestación de
la demanda y solicitó tener como prueba el Acuerdo 001 de 9 de marzo de 2023.
63. Frente a la solicitud probatoria, se prohíjan los argumentos indicados en la
audiencia de 10 de marzo de 202338 en tanto la prueba resulta extemporánea.
37
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 2019.
38
En esa oportunidad se señaló: “[…] que su solicitud resulta claramente extemporánea. E igualmente, el Despacho no
observa clara la necesidad del porqué decretar una prueba de oficio en este contexto, mucho más si no tiene a su disposición
el contenido del texto escrito al que usted hizo referencia, pero tampoco tiene la certeza de que el mismo obre la página
correspondiente […]”.
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Además, resulta inútil e impertinente porque el juicio de legalidad del acto
administrativo se efectúa teniendo en cuenta los fundamentos normativos vigentes
al momento de su expedición.
64. Respecto de los demás reparos, cabe recordar que, de conformidad con el
artículo 175 de la Ley 1437, la contestación de la demanda es el instrumento
previsto por el legislador, en el que se exponen las razones de hecho o de derecho
de oposición a las pretensiones y argumentos del demandante. Según el principio
de congruencia, toda sentencia debe ser coherente con el debate judicial propuesto
por las partes en la demanda y en el escrito de contestación39.
65. La jurisprudencia de esta corporación judicial40 ha señalado que la etapa de
alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos
nuevos que no fueron planteados en la contestación de la demanda, so pena de
afectar garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción
de los sujetos procesales. Por ende, no se analizarán los argumentos adicionales
mencionados en el escrito de alegatos.
II.4.4. Las razones de oposición del tercero interesado
66. El apoderado judicial del tercero interesado señaló que: (i) al Consejo de Estado
no le compete estudiar la legalidad de los actos meramente académicos
demandados; (ii) el “equipo de seguimiento”, conformado mediante la Resolución
R-695 de 2019, no es el organismo encargado de adelantar investigaciones
administrativas, disciplinarias o sancionatorias por los hechos ocurridos; (iii) debe
resolverse el caso con fundamento en el principio de buena fe; (iv) no existe ningún
proceso disciplinario o penal contra el tercero interesado; (v) no se garantizó el
derecho a la defensa y contradicción durante la elaboración del informe de 21 de
abril de 2020; y (vi) la Universidad del Cauca tenía que agotar el trámite de
revocatoria directa, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.
67. Frente al reparo sobre la naturaleza de los actos demandados, valga mencionar
que la jurisprudencia de esta Sección ha diferenciado los “actos académicos” de los
“actos meramente académicos”, a efectos de definir cuáles actos pueden ser objeto
de control judicial41.
68. Los primeros se relacionan con el cumplimiento de la función pública educativa,
y son susceptibles de análisis judicial. Los segundos, que aluden al funcionamiento
interno de las instituciones, no pueden ser estudiados por la jurisdicción
contencioso-administrativa, debido al principio de autonomía universitaria.
39
Artículo 281 de la Ley 1564.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación núm: 73001-23-31-000-2006-01785-
01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
41
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, radicación núm. 2009-01120-01, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; sentencia de 16 de julio de 2015, radicación núm. 2010-00564-01, C.P. María Elizabeth García
González; sentencia de 21 de abril de 2016, radicación núm. 2014-00355-01, C.P. María Elizabeth García González
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69. A partir de esta distinción, esta Sección concluyó que los actos que habilitan el
ejercicio de una profesión son actos académicos que desarrollan la función
administrativa educativa y, por lo tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa
puede evaluar su legalidad42. Ello con fundamento en el artículo 26 de la
Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30 que encomendaron a las
universidades la competencia de conferir títulos de idoneidad para ciertas
profesiones que representan riesgos sociales, como es el caso de la abogacía.
70. En segundo lugar, en lo atinente al cuestionamiento que hizo el tercero a las
facultades encomendadas al “equipo de seguimiento”, conformado mediante
Resolución R-695 de 2019, se pone de presente que ese acto administrativo goza
de presunción de legalidad. Esa resolución es de obligatorio cumplimiento mientras
no se suspendan sus efectos jurídicos o se declare su nulidad, materia que no es
analizada en este medio de control. Adicionalmente, en virtud del principio de
autonomía universitaria, la entidad demandante está facultada para organizar su
estructura institucional conforme a los objetivos y necesidades identificadas.
71. En tercer lugar, respecto de la presunción de buena fe de la actuación del
egresado, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución Política, dicha presunción no significa que las actuaciones de los
ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos
indispensables para su ejecución. Por el contrario, este obrar implica “[…] que se
haya realizado la actuación con la diligencia debida […]”43.
72. Con fundamento en lo anterior, esta Sección ha sostenido en casos similares al
ahora estudiado, que la buena fe requiere de la debida diligencia del particular en la
ejecución de la actuación ante la administración, pues no es factible derivar de una
actuación negligente una aplicación favorable, a quien no ha cumplido con su
deber44.
73. Además, se precisa que, en nuestro sistema jurídico, nadie puede beneficiarse
de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)45. Por lo tanto, el
comportamiento exigible al tercero interesado, una vez accedió al sistema de
registro académico de la universidad para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos.
74. En cuarto lugar, el argumento asociado a que la demanda no debe prosperar
porque no existe ningún proceso disciplinario o penal en contra el señor Juan Luis
Riascos Risueño no resulta válido. Se reitera que el objeto del presente medio de
control es verificar si los actos demandados transgredieron el ordenamiento
42
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00475-01;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00483-01.
43
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-
00120-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
44
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00243-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
45
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de 2021, Rad.
11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Demandante: Universidad del Cauca
superior, y no evaluar la comisión de conductas que generen sanciones
disciplinarias o penales.
75. Asimismo, la Sala advierte que la Universidad del Cauca no reportó el inicio o
culminación de algún procedimiento disciplinario contra el señor Juan Luis Riascos
Risueño, o de los demás estudiantes con modificaciones en sus registros
académicos, debido a que el tercero perdió la calidad de estudiante al momento del
grado, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 002 de 1988, sólo se puede sancionar
a los estudiantes que incumplan sus deberes.
76. Frente al quinto argumento sobre la vulneración del derecho a la defensa y
contradicción durante la elaboración del informe de 21 de abril de 2020, la Sala ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:
“[…] tal informe no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas para el efecto,
en este proceso, (…), oportunidad en la que no se cuestionó la veracidad del citado
informe, ni se aportaron pruebas con ese mismo fin. […]”46.
77. Finalmente, en sexto lugar, es pertinente prohijar lo indicado por la Sala en casos
similares al resolver el argumento sobre el deber de la Universidad del Cauca de
agotar el trámite de revocatoria directa antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.
78. En la sentencia de 2 de noviembre de 2023, esta Sección consideró que “[…] el
ejercicio del medio de control de nulidad frente a los actos administrativos de
contenido particular, -que generan consecuencias jurídicas atentatorias del orden
público y social-, no requiere del consentimiento del titular, razón por la que las
entidades del Estado están facultadas para solicitar ante esta jurisdicción la nulidad
de sus propios actos, cuando resulten lesivos para el ordenamiento jurídico, sin que
deban previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA,
por lo que el argumento de la falta de autorización del interesado para revocar los
actos acusados no está llamado a prosperar […]”47.
79. Nótese que la pretensión de nulidad es pública y, en consecuencia, las entidades
estatales también pueden acudir a la jurisdicción contencioso - administrativa para
demandar sus propios actos si consideran que son perjudiciales para el orden
jurídico en general, sin que deban previamente agotar el procedimiento de que trata
el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
II.5. Conclusiones
80. La Sala considera que el artículo 1.° (parcial) de la Resolución R924 de 8 de
octubre de 2018, el Acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y el Diploma
núm. 1883-18 de 12 de octubre de 2018, transgreden los artículos 7.° del Acuerdo
46
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00264-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
47
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 1001-03-24-000-2020-00256-
00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
18
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Demandante: Universidad del Cauca
002 de 2011 y 2.° del Acuerdo 001 de 2014, motivo por el cual debe accederse a
las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, se declarará su nulidad.
81. Adicionalmente, conforme lo ha considerado esta Sección48 en asuntos
similares, debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del
Cauca presentó deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 2000, se instará a la institución
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si Juan Luis Riascos Risueño estaría en condiciones de culminar el proceso de
graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el
título de abogado.
82. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación
comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.
83. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en los
artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, sobre condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución R924
de 8 de octubre de 2018, respecto de Juan Luis Riascos Risueño, del Acta de grado
núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y del Diploma núm. 1883-18 de 12 de octubre de
2018, expedidos por la Universidad del Cauca.
SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Juan Luis Riascos Risueño
estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de
los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia.
CUARTO: Sin condena en costas.
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm. 11001032400020210044400; y sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.
11001-03-24-000-2020-00240-00.
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Demandante: Universidad del Cauca
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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