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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00444-00

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
50 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00444-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00444-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 11 de 16 de marzo de 2018 y el diploma núm. 363-18 de la misma fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de abogada a la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE. TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada. CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00444-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE. SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00444-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00444-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. 130 de 16 de febrero

de 2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a

estudiantes de pregrado”, del acta de grado núm. 11 de 16 de

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00444-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

marzo de 2018 y del diploma núm. 363-18 de 16 de marzo de 2018,

actos por medio de los cuales otorgó el título de abogada a la señora

MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderada

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-2, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 4.2. Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 130 de
fecha 16 de febrero de 2018, en concreto del aparte que confiere
a la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.554.698 expedida
en Popayán, el título de Abogada.

4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 11 de fecha 16 de
marzo de 2018 y Diploma No. 363-18 de fecha 16 de marzo de
2018, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de Resolución No. 130 de fecha 16 de febrero de 2018 y otorga el
título de Abogada, a la señora identificada con la cédula de
ciudadanía No. 34.554.698 expedida en Popayán.

2
Cabe resaltar que en este caso la demanda fue admitida como de nulidad, pues la Sección consideró
que de manera excepcional era procedente el estudio de estos actos académicos a través de dicho medio
de control, por concurrir los supuestos previstos en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, debido a
que el ejercicio profesional del derecho es un asunto de interés relevante para la comunidad en general,
por lo que el otorgamiento de dichos títulos sin el cumplimiento de los requisitos para ello, afectan de
manera grave y evidente el orden público y social. De ahí que en la actualidad tales procesos se estén
tramitando bajo el medio de control de nulidad.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional
de Abogada de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR
MELENJE, identificada con la cédula de ciudadanía No.
34.554.698 expedida en Popayán, ya hubiese iniciado el trámite
respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de
Abogada […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual

ha ofertado el programa de pregrado de Derecho.

2°. Adujo que para la fecha en que la señora MARTHA CECILIA

PALECHOR MELENJE3 se matriculó en el programa de Derecho, esto

es, en el primer semestre del año 2012, la UNIVERSIDAD tenía

previsto como requisito de grado la presentación y aprobación de

exámenes preparatorios, de conformidad con lo previsto en el

Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual

se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que

ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.

3
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias

Políticas y Sociales, con base en la información registrada en el

Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió

paz y salvo académico a favor de la estudiante MARTHA CECILIA

PALECHOR MELENJE quien, dentro de la oportunidad otorgada por

la Secretaría General, presentó la documentación exigida para el

otorgamiento del título de abogada a fin de ser incluida en la

ceremonia colectiva de graduación que tuvo lugar el 16 de marzo de

2018, en la cual recibió el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la

Resolución núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de

seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos

administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa

de derecho, con el propósito de verificar posibles irregularidades que

se habrían presentado en el registro de tales exámenes.

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida

en el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado

por uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se

informaba que a varios estudiantes del programa de derecho se les

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registraron como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA,

a pesar de que no los habían superado.

6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el

Rector de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la

Resolución núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información

consignada en el SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y

registro de exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y

graduados desde el año 2015, confrontando dicha información con los

respectivos soportes físicos que reposaban en el expediente de la

correspondiente historia académica.

7°. Señaló que respecto de la situación académica de la señora

MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE se advirtió que, según la

información registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los

siete (7) exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin

embargo, corroborado dicho reporte con el expediente de la historia

académica, pudo advertir que la graduada solo había aprobado cuatro

(4) exámenes, quedando pendiente de aprobación los

correspondientes a las áreas de derecho de bienes, obligaciones y

contratos, derecho procesal civil y derecho penal.

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8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por la señora PALECHOR MELENJE para obtener el registro

de notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,

situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades

competentes.

9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que la señora MARTHA CECILIA

PALECHOR MELENJE había cumplido con todos y cada uno de los

requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogada.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren

en las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues

vulneran los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la

Constitución Política; la Ley 30 de 1992, los artículos 3º, 6º y 137 de

la Ley 1437 de 2011; la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo Académico

núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la

reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la

facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”4.

4
Es de aclarar que la Universidad del Cauca, junto con el escrito de la demanda, aportó una copia del
Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 que no era la versión definitiva. El citado
documento señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios en sus artículos 6º y 8º, a pesar

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Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que

“la presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes

preparatorios constituye una condición o requisito sin la cual el

estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no

podría adquirir el derecho a que se le confiera el título de Abogado

(a) y, de otorgarse sin el cumplimiento del mismo dicho título deberá

ser dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable

Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.

Aseveró que la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE no

cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos

internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de

abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo

de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó los

exámenes preparatorios de las áreas de derecho de bienes,

obligaciones y contratos, derecho procesal civil y derecho penal.

de que en la versión definitiva del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 los artículos 6º
y 8º pasaron a ser los artículos 5º y 7º. Por lo anterior, en el marco del principio iuria novit curia, la Sala
entenderá que cuando la Universidad se refirió a la transgresión de los artículos 6º y 8º del Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, se trataba materialmente de los artículos 5º y 7º.

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II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 3 de septiembre de 20215 se

admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular a la señora

MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE, en calidad de tercero con

interés directo en las resultas del proceso.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la

suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la cual

se accedió mediante proveído de 8 de octubre de 20216.

II.3.- Contestación

II.3.1. La señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE7, en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, se

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y

manifestó, en síntesis, que:

Los actos administrativos acusados de nulidad se expidieron

respetando las normas en que debían fundarse, pues la señora

5
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
6
Visible en el índice núm. 16 del expediente digital. Contra la anterior decisión, el tercero interesado
interpuso recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala en providencia de 9 de mayo de 2024, en el
sentido de confirmar el decreto de la medida cautelar (índice núm. 64 del expediente digital).
7
Visible en el índice núm. 15 del expediente digital.

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PALECHOR MELENJE, cumplió con los requisitos de grado previstos

por la UNIVERSIDAD para otorgarle el título de abogada.

Adujo que las normas universitarias se creaban para cumplirse y no

podía interpretarse para causar un agravio injustificado a un grupo

de estudiantes del Programa de Derecho, quienes indicó tenían

derecho a escoger su modalidad de trabajo de grado según la

respectiva reglamentación8.

En ese sentido, sostuvo que si la parte actora omitió reglamentar la

materia “lo único que se puede exigir como requisitos de grado son

los que taxativamente aparezcan creados por el legislador en leyes

vigentes”.

Destacó que el desorden administrativo en la UNIVERSIDAD era

evidente, pues se acusó a cientos de estudiantes de alterar las

8
En este punto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló:

“[…] La sentencia de unificación a la que hace referencia la parte demandante: SU-783 de 2003 no fue
violada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cauca ni por el Consejo de Facultad
de Derecho al expedir el paz y salvo académico demandado, tampoco el artículo 69 de la Carta Política ni
la ley 30 de 1992 que reglamenta la autonomía universitaria, por el contrario el Acuerdo #027 de 2012
cumple con lo manifestado por la Corte Constitucional, es decir que las Universidades a través del
órgano competente puede reglamentar la materia y reglamentada debe cumplirla y exigirla a los
estudiantes, en ese sentido si fue el Consejo Superior quien libremente expidió el reglamento de los
trabajos de grado (seis modalidades) y delegó en los Consejos de Facultad escoger cuales aplicar y a los
estudiantes escoger de entre los que definiera el Consejo de Facultad, no tiene razón la demandante en
afirmar que el paz y salvo que certificó el cumplimiento de los requisito de creación legal y el de creación
estatutaria se expidió violando las normas superiores en que debía fundarse o que con su expedición se
violaron principios éticos que afectan gravemente el orden social colombiano. Y si a esto le sumamos,
que el Acuerdo 002 de 2011 del Consejo Académico es anterior al Acuerdo 027 de 2012 del Consejo
Superior y que si antes pudiera haber sido competente el Consejo Académico para decidir sobre cuáles
de las seis modalidades de trabajo de grado se aplicarían en el programa de derecho a partir del 2012 la
competencia se delegó en el Consejo de Facultad […]”.

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calificaciones de los exámenes preparatorios en sistema SIMCA, a

pesar de que dicho requisito era una opción de trabajo de grado

dentro de las cuales se podía escoger, como lo previa el Acuerdo

núm. 027 de 2012.

Agregó que la Contraloría General de la República puso de presente

que el sistema SIMCA de la UNIVERSIDAD presentaba hallazgos

desde el 2009, los cuales en el 2011 no habían sido solucionados y

persistían en el 2020. Al respecto, señaló lo siguiente:

“[…] De la auditoría realizada en la vigencia 2010 se concluye que
existen fallas de seguridad en SIMCA detectadas desde el año
2009 sobre las cuales no se adoptaron las medidas pertinentes.
Pongo de presente que SIMCA no tiene protocolos de seguridad,
no está claramente establecido a quien le corresponde subir las
notas de asignaturas del plan de estudios, no se cumplen los
términos para subirlas, no se conoce a que dependencia
universitaria le compete la conservación de los archivos
académicos. Esto significa que el señor Rector y los funcionarios
de la universidad si saben de las fallas de seguridad del sistema y
de la ausencia de los protocolos de seguridad. Y precisamente esa
podría ser la causa de los problemas denunciados y no la acción
de los estudiantes, que, entre otras cosas, son los únicos que no
tienen acceso al sistema para poder modificarlo.

Sobre la función del sistema SIMCA y las notas de exámenes
preparatorios debo manifestar que en los Acuerdos vigentes no
figura una competencia para que SIMCA registre notas numéricas
de preparatorios, y recalco, notas numéricas porque estas notas
son las únicas que puede registrar SIMCA, salvo la excepción del
trabajo de grado que se califica APROBADO […]”.

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Manifestó que el registro de los exámenes en la plataforma SIMCA

era de manejo exclusivo del personal administrativo de la

UNIVERSIDAD, la cual sostuvo no había implementado unos

protocolos de seguridad para la presentación y registro de los

exámenes de sus estudiantes.

Finalmente, tachó de falso el Acuerdo 002 de 17 de febrero de 2011,

expedido por el Consejo Académico, el cual se invocó como norma

superior violada, pues señaló que ese documento era falso

materialmente porque no correspondía al original firmado por el

entonces rector Danilo Reinaldo Vivas.

II.4. El Despacho Sustanciador, mediante en auto de 7 de octubre de

20229, prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el

artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A

del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el

litigio10 y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las

partes.

9
Visible en el índice núm. 33 del expediente digital.
10
El litigio se fijó en los siguientes términos:

“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, y el acta de grado
núm. 11 de 16 de marzo de 2018, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no los
artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de
2011; y el Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la reforma
curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales”, conforme con lo expuesto por la parte actora en la demanda10 y a lo indicado por el tercero con

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En auto de 3 de marzo de 202311, se decidió correr traslado a las

partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de

conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD12 efectuó un recuento de lo reseñado en

el libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las

pretensiones de la demanda porque dentro del proceso está

acreditado que la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE

incumplió con el requisito de presentar y aprobar los exámenes

preparatorios requeridos para obtener el título de abogada.

Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en

el Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el

cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho

que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Sociales”, pues las pruebas que reposaban en el expediente daban

cuenta de que el tercero con interés directo en las resulta del proceso

ingresó a la UNIVERSIDAD en el primer período de 2012, por lo que

interés directo en las resultas del proceso en el escrito obrante en el índice núm. 15 del expediente digital
[…]”.

11
Visible en el índice núm. 53 del expediente digital.
12
Visible en el índice núm. 60 del expediente digital.

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le era aplicable el citado acuerdo, además de que no aprobó los

preparatorios correspondientes a las áreas de derecho de bienes,

obligaciones y contratos, derecho procesal civil y derecho penal.

En lo relacionado con las presuntas inconsistencias a las que hizo

referencia el tercero con interés directo en las resultas del proceso,

respecto del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011,

indicó lo siguiente:

“[…] 20. Dentro de las pruebas obrantes en el proceso se
encuentra documento que aparentemente corresponde al Acuerdo
Académico 02 del 17 de febrero de 2011 “Por el cual se adopta la
reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”; sobre este se
debe decir que al revisarse, aquel no cuenta con firma del
presidente del Consejo Académico de ese momento; esto es
porque equivocadamente se aportó el proyecto de norma y no el
acuerdo final, pero ello no significa que los actos acusados no
vulneren este último, y la diferencia más relevante para el caso
en concreto, es que en el documento aportado como prueba se
comete un error en la numeración de los artículos, pues se pasa
del cuarto al sexto, sin contarse con un artículo quinto,
imprecisión que fue corregida en el documento final del Acuerdo
Académico 02 del 17 de febrero de 2011; en todo lo demás el
contenido de uno y otro documento regulan los mismos aspectos
con algunas diferencias pero que para nada afectan el asunto que
motiva la presente acción, razón por la que en esta actuación
procesal se referirá al articulado de la norma en cita en el orden
correcto y se adjunta copia del Acuerdo Académico 02 del 17 de
febrero de 2011 debidamente firmado.

21. Aclarado lo anterior debemos decir que el Acuerdo Académico
02 de 17 de febrero de 2011, en su artículo sexto, determinó que
la reforma curricular adoptada mediante ese acuerdo rige para los
estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho a partir del segundo periodo académico de
2011 […]”.

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Finalmente, sostuvo que la señora PALECHOR MELENJE tenía el

deber de informar o poner en conocimiento de las autoridades

universitarias, tanto académicas como administrativas, el error en

que la UNIVERSIDAD incurrió al momento de registrar como

aprobados los exámenes preparatorios, por lo que solicitó acceder a

las pretensiones de la demanda.

II.5.2- La señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE13 reiteró

que los actos administrativos demandados se expidieron en

cumplimiento de las normas en que debían fundarse, en las cuales

constaba que los exámenes preparatorios eran una de las seis

modalidades de trabajo de grado previstas por el reglamento de la

institución.

Agregó que dentro del proceso se probó que el tercero con interés

directo en las resultas del proceso cumplió con el requisito de la

prueba “SABER PRO (ECAE)”, la práctica profesional denominada

“judicatura” y la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI.

Respecto de la aplicación del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de

febrero de 2011, sostuvo lo siguiente:

13
Visible en el índice núm. 58 del expediente digital.

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“[…] Adicionalmente señores Magistrados, el documento que lleva
por título ACUERDO 002 DE 17 DE FEBRERO DE 2011 “Por la cual
se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
expedido por el Consejo Académico aportado con la demanda es
falso y aunque se haya decretado una prueba de oficio no se
desvirtúa la afirmación contenida en la tacha de falsedad. Sobre
este particular es evidente una disparidad de pareceres entre los
distintos miembros de la Sección Primera que deberá resolverse
al momento de fallar los casos.

La indebida aplicación del Acuerdo 001 de 4 de diciembre de
2014, expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la UNIVERSIDAD, mediante el cual
adoptó la reglamentación de los exámenes preparatorios es
evidente porque la ciudadana MARTHA CECILIA PALECHOR
MELENJE inició sus estudios en el primer período del año 2012
hasta el segundo período de 2016, por lo que no se puede aplicar
el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, expedido por el
Consejo de la Facultad de Derecho en el caso específico, porque
se violaría el principio de irretroactividad del acto administrativo
que se deduce de la irretroactividad de la ley.

Como manifesté en el pronunciamiento a la solicitud de
suspensión provisional la Universidad no indicó ni aportó las
normas universitarias donde se encontraran reglamentados los
exámenes preparatorios y ante esta falencia la Honorable Sección
Primera procedió a subsanar el defecto indicando el
Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014 de la Facultad de
Derecho como infringido pero no tuvo en cuenta que la vigencia
del Acuerdo mencionado inició el 4 de diciembre de 2014 es decir
año y medio después de haber iniciado sus estudios mi prohijada.
Los requisitos de grado de los estudiantes de los programas
académicos ofrecidos por la Universidad del Cauca en las nueve
Facultades tienen reserva legal estatutaria. El reglamento
estudiantil vigente acuerdo 002 de 1988 en el capítulo VI numeral
54 creó la reserva legal estatutaria para los requisitos de grado
de los programas ofrecidos por la universidad del Cauca […]”.

Concluyó que la UNIVERSIDAD al certificar que la estudiante aprobó

los requisitos de grado vigentes, como lo eran la terminación del plan

de estudios y la judicatura como alternativa de trabajo de grado,

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cumplió con los requisitos legales y estatutarios, por lo que solicitó

negar las pretensiones de la demanda.

III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público rindió concepto14 en el que solicitó

acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que

dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la

nulidad de los actos acusados.

Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD la señora PALECHOR

MELENJE se comprometió a cumplir con el reglamento académico

que preveía la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el

título de abogada y, además, era consciente de tal exigencia pues

presentó los aludidos exámenes sin superar tres de ellos.

Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos

los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa

y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de

aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el

correspondiente título profesional.

14
Visible en el índice núm. 59 del expediente digital.

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Agregó que aun cuando el tercero con interés directo alegó a lo largo

del proceso haber cumplido con todos los requisitos exigidos por el

reglamento universitario para recibir su diploma profesional, lo cierto

es que no aportó al proceso pruebas que demostraran dicha

afirmación. Por el contrario, lo que sí resultó acreditado es que la

señora PALECHOR MELENJE incumplió con el requisito de grado

consistente en presentar y aprobar la totalidad de los exámenes

preparatorios, previstos en el reglamento de la institución.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del

CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera

del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

IV.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del

artículo primero de la Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018,

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18

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respecto del título de abogada que se le otorgó a la señora MARTHA

CECILIA PALECHOR MELENJE, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-130 DE 2018
(16 de febrero)

Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Los graduandos de pregrado de la Universidad del Cauca solicitan
a la Rectoría se les confiera el título correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con
todos los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad
académica y demás instancias administrativas universitarias.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

ABOGADA (O)

(…)

MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE
CC. (…) Popayán […]”.

De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado

núm. 11 de 16 de marzo de 2018, en la que se indicó lo siguiente:

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“[…] ACTA DE GRADO No. 11 del 16 de marzo de 2018

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 4:00 p.m., del día viernes dieciséis (16) de marzo
de dos mil dieciocoho (2018) y en cumplimiento de la Resolución
R-130 del 16 de febrero de 2018 expedida por la Rectoría de la
Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADA
A:
MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE
CC. (…) de Popayán

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogada

Se registra en el Libro de Diplomas No. 082; Folio No: 363;
Diploma No: 363-18

La ceremonia finaliza a las 5:00 p.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria
General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a dieciséis (16) de
marzo de dos mil dieciocho (2018).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 363-18 de 16 de

marzo de 2018, en el cual se lee:

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“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la
REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio
Educación Nacional, en la atención a que MARTHA CECILIA
PALECHOR MELENJE (…) ha cumplido con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos
los derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el
ejercicio profesional. Popayán, 16 de marzo de 2018. Registrado
en el Libro de Diplomas No. 082, Folio No. 363, Diploma No. 363-
18 […]”.

IV.3. Cuestión previa

Previamente a establecer el problema jurídico que corresponde

resolver a la Sala, es necesario precisar que en el auto de 7 de

octubre de 2022, a través del cual se prescindió de la audiencia

inicial, se pronunció sobre pruebas y fijó el litigio, el Despacho

Sustanciador consideró que la situación advertida por el apoderado

del tercero con interés directo en las resultas del proceso al señalar la

falta de coincidencia del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de

febrero de 2011, no daba lugar al trámite de la tacha de falsedad del

citado acuerdo, dado que no se explicó en qué consistía dicha

falsedad.

Por lo anterior, en el citado auto se consideró que lo procedente era

solicitar a la parte actora aclarar la situación expuesta por el

apoderado de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE, lo

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cual fue objeto de respuesta por parte de la UNIVERSIDAD15, quien

indicó que con la demanda aportó una copia del Acuerdo Académico

núm. 02 de 17 de febrero de 2011 que no era la versión definitiva,

por lo que procedió a allegar el definitivo.

En ese sentido, se explicó que el acuerdo que se aportó con la

demanda señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios

en sus artículos 6º y 8º, a pesar de que en la versión definitiva del

Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 los artículos

6º y 8º pasaron a ser los artículos 5º y 7º.

Por lo anterior, en el marco del principio iuria novit curia, la Sala ha

considerado procedente entender que cuando la Universidad se refirió

a la transgresión de los artículos 6º y 8º del Acuerdo Académico núm.

02 de 17 de febrero de 2011, se trataba materialmente de los

artículos 5º y 7º16.

IV.4. Problema jurídico

15
Informe visible en el índice núm. 39 del expediente digital.
16
Ver entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-
00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018,

“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes

de pregrado”; del acta de grado núm. 11 de 16 de marzo de 2018;

y del diploma núm. 363-18 de 16 de marzo de 2018, actos por medio

de los cuales se otorgó el título de abogada a la señora MARTHA

CECILIA PALECHOR MELENJE.

A juicio de la demandante, los actos acusados transgreden el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se

adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que

ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”,

debido a que la graduada no cumplió con la totalidad de los requisitos

allí previstos para optar por el título de abogada, en tanto no aprobó

los exámenes preparatorios de las áreas de derecho de bienes,

obligaciones y contratos, derecho procesal civil y derecho penal.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

aseguró que en el requisito de grado consistente en la aprobación y

presentación de los exámenes preparatorios en áreas de derecho no

le es aplicable, pues considera que dicho requisito no fue objeto de

reglamentación por parte de las autoridades competentes, además de

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que existe una desorganización interna en la UNIVERSIDAD que no

le es imputable.

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los

siguientes asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos

de grado de los programas universitarios; y (iii) la solución del caso

concreto.

(i) La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria.
Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así

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como también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la

“[…] capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”17.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por

finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos

centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del

poder político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de

acción de dichas instituciones, con los límites que establezca la ley.

En este sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de
cualquier tipo de intervención del poder político en todos sus
ámbitos: ideológico, administrativo o financiero [18]. En otros
términos, busca el respeto en la libertad de actuar de dichas
instituciones.

17
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[18] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.

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Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes [19]

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [20] […]”.21

La Ley 30 de 28 de diciembre de 199222 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados

y seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.23

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados

para adoptar las determinaciones que en su normativa interna

garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de

formación de sus egresados.

[19] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[20] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
22
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
23
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los
literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de
Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado
fuera del texto original).

En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir

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exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce
efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la
sociedad profesionales de óptimas calidades en virtud del
riesgo social que implica el ejercicio de profesiones como la
abogacía […]”24. (Resaltado fuera del texto original).

Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para

optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de

2001, afirmó:

“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos
educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el
título de abogado, pueden exigir los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de
estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos
de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les
reconoce artículo 69 constitucional […].”(Resaltado fuera del texto
original)

De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que

el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa

24
Sentencia SU-783 de 2003.

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que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos

exámenes, para obtener su título profesional, dado que los

reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad

educativa.

(iii) La solución del caso concreto

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de

202325, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares

supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales

había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante

matriculado en el primer período académico del año 2013, como

parte de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer

los hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos

docentes que daban cuenta de un procedimiento irregular en el

proceso de graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran

investigaciones internas, así como por parte de la Fiscalía General de

la Nación - Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General

de la República.

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio
de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes

preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la

obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se

matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho

a partir del segundo período académico de 2011, -como sucede en el

presente caso-, y concluyó que tales reglamentos académicos son

normas vinculantes y de obligatorio cumplimiento, a fin de acreditar

los requisitos para que esa Institución confiera válidamente el título

de abogado. Los apartes de la mencionada sentencia que son

relevantes para el caso en estudio señalan:

“[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la
malla curricular bajo la modalidad de créditos y fijó las
actividades curriculares obligatorias y electivas que debían
aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011», según lo previsto en su artículo 6°.

74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02
exigieron la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios como un requisito tendiente a obtener el título
de abogado, en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO QUINTO. Adoptar el siguiente plan de
estudios del Programa de Derecho:

REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS

TOTALES 218 164

(…)

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ARTÍCULO SÉPTIMO- Para optar al título de abogado,
además de cursar y aprobar las actividades curriculares
del plan de estudios los estudiantes deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o
hacer una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en
idioma extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa (…)”.

75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de
diciembre de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos
administrativos, sustanciales y procedimentales relacionados
con la presentación y aprobación del requisito de grado objeto
de debate.

76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo
siguiente:

“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son
prueba de aptitud académica y profesional, para
evaluar los conocimientos generales sobre las
diferentes asignaturas de la carrera, el criterio jurídico
y la formación socio humanística del estudiante. Podrán
ser orales o escritos. El Comité de Programa en
conjunto con los departamentos establecerá las
temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.

ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones
Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal
Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y
Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y
Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado
Sucesiones.

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4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones;
Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio;
Derecho Procesal Civil Especial (…)”.

77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala
concluye que el referido Acuerdo 02 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos
«estudiantes que se matricul(aron) por primera vez o
reingres(aron) al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011», según lo previsto en su
artículo 6°. Tal disposición exige la aprobación de los exámenes
preparatorios como un componente obligatorio del currículo
académico26.

78. Esto significa que resulta totalmente acertado el
planteamiento expuesto por la Universidad del Cauca conforme
con el cual su normatividad interna exige la aprobación de
los exámenes preparatorios a efectos de optar por el título
de abogado.

(…)

84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el
Acuerdo 02 de 2011 como el Acuerdo 001 de 2014
determinan claramente que los estudiantes de Derecho
deben aprobar todos los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado(a). Estos actos administrativos,
valga resaltarlo, no solo fueron expedidos por las autoridades
competentes, sino que definen cuáles son las temáticas objeto de
esa prueba de aptitud, y establecen un procedimiento para su
desarrollo en virtud del cual su presentación y aprobación se ve
reflejada en distintas constancias documentales físicas y virtuales
[…]”. (Resaltado fuera del texto original).

Precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado de los estudiantes

de derecho que se matricularon por primera vez o reingresaron al

26
El artículo 11 del Acuerdo 036 de 2011, define el currículo como «el proceso de construcción dialógica
de experiencias (estudios, trabajos, prácticas, actitudes, actuaciones, expresiones, regulaciones,
valoraciones, etc.), socialmente valido, mediante el cual se espera que el educando apropie críticamente
la cultura asociada al nivel educativo en el que se inscribe. El currículo comprende tanto el “modelo” o
referencia social del educando, con las diferentes vivencias que experimenta orientadas a su apropiación
cultural».

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32

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programa de derecho a partir del segundo período académico de

2011, procede la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en

la demanda.

Vicio de nulidad de los actos acusados consistente en no

acreditarse la totalidad de requisitos de grado previstos en la

ley y los reglamentos internos – Infracción de las normas en

que debían fundarse

Alega la parte actora que la señora MARTHA CECILIA PALECHOR

MELENJE no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los

reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el

título de abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el

equipo de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó

los exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de derecho

de bienes, obligaciones y contratos, derecho procesal civil y derecho

penal.

Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2018 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogada

a la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE, mediante la

Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018, el acta de grado

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núm. 11 de 16 de marzo de 2018 y el diploma núm. 363-18 de 16 de

marzo de ese mismo año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de

derecho, esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de

julio de 2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académico

administrativos de registro de exámenes preparatorios del

programa de Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del

cumplimiento de los requisitos de grado de la señora MARTHA

CECILIA PALECHOR MELENJE, para lo cual tuvo en cuenta los

siguientes documentos:

• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica del estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

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• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación
– Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 14 de abril de 2020, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

“[…] IV. CONCLUSIONES

1. La señora PALECHOR MELENJE MARTHA CECILIA, cédula de
ciudadanía No. 34554698 y código estudiantil 1007121675
presenta siete (07) registros de preparatorios con nota aprobado
(A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se
estableció que cuatro (04) de ellos cuenta con soporte documental
en la historia académica:

Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Administrativo
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Derecho Laboral

2. Los preparatorios de Derecho Penal y Bienes, Obligaciones y
Contratos registrados el 9 de mayo de 2017, en estado de
aprobados en los periodos académicos 2016.1 y 2015.2,
respectivamente, y el Preparatorio Procesal Civil registrado el 16
de noviembre de 2017, en estado de aprobado en el periodo
académico 2017.1, carecen de evidencia física o documental en la
hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última
condición se indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja
física”. Hecho del que se deriva la imposibilidad de registrar
información relacionada con la “modalidad” que refiere a la forma
de presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral;

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“fecha de presentación” que alude al día, mes y año de
presentación del examen preparatorio; “calificación” que detalla
la nota cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el
examen preparatorio […]”.

También está acreditado en el proceso que mediante el Acuerdo

núm. 36 de 2011 se adoptó el Estatuto Académico de la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, el cual reguló el proceso de formulación

y aprobación de los programas académicos y de sus reformas en los

siguientes términos:

“Artículo 42. Etapa de diseño y formulación. Sin perjuicio
de disposiciones legales que rigen esta materia, la
formulación de programas académicos de la Universidad, en
conformidad con sus tipos y modalidades, debe abarcar,
cuando menos, los siguientes aspectos:
(…)
i. El currículo y el plan de asignaturas y demás actividades
educativas, que evidencien las dimensiones curriculares
establecidas en el presente estatuto junto con sus requisitos y
créditos académicos.
(…)

k. Las estrategias y metodologías de enseñanza y de
aprendizaje, las formas de seguimiento y de evaluación de las
diferentes actividades y del programa en su conjunto, así
como los recursos necesarios para desarrollarlas.

l. La certificación a que conduce y los requisitos para su
otorgamiento. (…). (Resaltado fuera del texto original).

Del citado Estatuto se advierte que los programas de la

UNIVERSIDAD deben incluir los requisitos exigibles a los

estudiantes para el otorgamiento del respectivo título y, asimismo,

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señalar el alcance del currículum y las respectivas estrategias de

evaluación.

Se observa, igualmente, que el Consejo Académico de la

UNIVERSIDAD, a través del Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero

de 201127, modificó el programa de derecho, en el sentido de

señalar las actividades curriculares obligatorias y electivas que debían

aprobar “los estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al

programa de Derecho en el segundo período académico de 2011”.

En los artículos 5° y 7°28 del citado Acuerdo se estableció la

obligatoriedad de la presentación y aprobación de exámenes

preparatorios para optar por el título de abogado, en los siguientes

términos:

“[…] Artículo 5°. Adoptar el siguiente plan de estudios del
Programa de Derecho:
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS

TOTALES 218 164

27
“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
28
Se destaca que la Universidad, junto con el escrito de la demanda, allegó una copia del Acuerdo 02
cuya versión no era la definitiva, en la que se señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios
en sus artículos 6° y 8°. No obstante, el Despacho sustanciador pudo constatar que tal situación fue
corregida por la parte actora al aportar la versión original del mencionado Acuerdo, en la cual los
artículos que establecen el requisito de presentación de preparatorios son el 5° y el 7°, como se acreditó
en varios procesos que por los mismos hechos cursan en esta Sección, entre ellos el de radicado núm.
2021-00444-00 (ver índice 39 del dicho proceso).

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(…)

Artículo 7°. Para optar por el título de abogado, además de
cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de
estudios los estudiantes deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer
una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma
extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa […]”.
(Resaltado fuera del texto original).

En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNIVERSIDAD expidió el

Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 201429, con el fin de

reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y

procedimentales relacionados con el requisito de grado en comento.

De dicha reglamentación se destaca:

“[…] Artículo 1°. Los exámenes preparatorios son prueba de
aptitud académica y profesional, para evaluar los
conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de
la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística
del estudiante. Podrán ser orales o escritos.

El Comité de Programa en conjunto con los departamentos
establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes
exámenes de preparatorios.

Artículo 2°. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

29
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1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones Laborales,
Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho
de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y Fundamentos del
Derecho Procesal Penal; Estructura y Contenidos del Proceso
Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos
Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho
Procesal Civil Especial.

(…)

Artículo 7°. Los Departamentos determinarán el
número de cupos y programarán los exámenes
preparatorios de grado para el período académico
correspondiente, señalando las fechas, horas y jurados para
cada uno de los exámenes. Estas decisiones serán publicadas
por la Coordinación del Programa y la Secretaria General de la
Facultad en la página Web de la Universidad y/o de la
Facultad y en la cartelera de la Coordinación del programa y
Secretaria de la Facultad.

Artículo 8°. La Coordinación del Programa y la Secretaria de
la Facultad convocara por la Página Web de la Universidad y/o
de la Facultad y por la cartelera de la Coordinación del
programa y de la Secretaria de la Facultad, semestralmente,
a los estudiantes y egresados interesados en la presentación
de los preparatorios, informando las fechas de recepción de
las solicitudes y de realización de los exámenes, con sus
respectivos docentes.

(…)

Artículo 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar
en los recintos universitarios y por profesores designados
para tal efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios
en fechas distintas de las establecidas y por fuera de los
turnos adjudicados en la Secretaría General. En casos
excepcionales se podrá programar el examen en otro lugar
previa aprobación de la Coordinación del programa y de la
Secretaría General de la Facultad.

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Artículo 11. Para autorizar la presentación del
preparatorio será requisito indispensable la previa
cancelación de los derechos respectivos. […]”30
(Resaltado fuera del texto original).31

Del anterior recuento es dable concluir que la señora MARTHA

CECILIA PALECHOR MELENJE se matriculó al programa de Derecho

de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó

mediante el Acuerdo 02 de 2011; ii) que los artículos 5° y 7° del

referido Acuerdo prevén como requisito para obtener el título de

abogada la aprobación de los exámenes preparatorios; iii) la estudiante

únicamente superó satisfactoriamente cuatro (4) de los siete (7)

Ver anexos de la demanda, índice 3 del expediente digital.
30

31
En igual sentido, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 002 de 1988) reguló el registro y
modificación de notas de los preparatorios, de la siguiente manera:

“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la fecha y hora fijadas. Quienes por
causa justificada no pudieren presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya lugar a ello,
de acuerdo con el artículo 51 del presente Reglamento.

La no presentación de un examen de acuerdo con el procedimiento anterior, será calificada
con nota cero punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se ausente sin causa justificada
durante el desarrollo de una prueba.

58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en la Secretaría Académica dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas. Los
estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, podrán hacer los correspondientes reclamos y
pedir correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder revisión de exámenes escritos por
medio de un segundo calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso se considerará
como calificación del examen la nota del segundo calificador.

59. Vencido el término de publicación, las calificaciones serán registradas y no podrán ser
modificadas excepto en casos de errores aritméticos o de trascripción. En este evento deberá
hacerse la salvedad correspondiente, con la aclaración y la firma del Secretario Académico,
previa autorización del Consejo de Facultad.

60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las asignaturas matriculadas que no
aparezcan calificadas o canceladas en los libros de la Facultad.

61. Para presentar exámenes de habilitación, validación, clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable comprobar previamente ante la Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).

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exámenes exigidos; por lo que (iv) la UNIVERSIDAD no podía

conferirle el título de profesional en derecho, contrariando su propio

reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, el Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero de

2011, “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de

Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Sociales”.

iv.2. De los argumentos de la contestación

Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el

tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya

cumplido los requisitos para optar por el título de abogada, pues, en

su criterio, lo que se observa es una “desorganización interna” que no

le es imputable.

A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las

diferentes pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los

actos administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de abogada a la señora MARTHA

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CECILIA PALECHOR MELENJE, están viciados de nulidad por

violación de la norma superior en que debían fundarse, esto es, de

los Acuerdos Académicos examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de

pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de

Gestión Financiera, de la historia académica de la estudiante,

suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control

Académico y del archivo de gestión de la División de Admisiones,

Registro y Control Académico, la egresada MARTHA CECILIA

PALECHOR MELENJE, no reunía los requisitos legales y

estatutarios para obtener el título profesional que le fue

otorgado.

En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible a la

estudiante, una vez accedió al sistema de registro académico de la

UNIVERSIDAD para consultar sus notas, era el de informar

oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en

sus resultados académicos y no pretender beneficiarse indebidamente

del desorden administrativo, para obtener un título profesional sin el

cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

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Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la

culminación de un programa, por haber adquirido un saber

determinado en una Institución de Educación Superior32, y que,

además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente

ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la

jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “[…] la

abogacía tiene como función social la de colaborar con las

autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico

del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de

justicia […]”.

A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023

en comento, al indicar:

“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
la profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones
sociales:

[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199233 y del
18 de abril de 199734, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e

32
Ley 30 de 1992, artículo 24.
[33]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[34] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las
cuestiones o puntos legales que se le consultan`, es decir,
actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o
emitir conceptos jurídicos. Esta concepción tradicionalista por
considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la
Sala en sentencia del 1 de octubre de 1992 dictada en el
expediente No. 0676, ha venido evolucionando bajo la
perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es
materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse
en cuenta para la acreditación del requisito constitucional,
quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía
al litigio. […]” (destaca el Despacho).

163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:

Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.

Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los
particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar
y asistir a las personas en la ordenación- y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en
el primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con
servicios profesionales con altos estándares de calidad, puesto
que, al conferir un título, el centro universitario certifica que
formó a un servidor de la justicia capaz de promover acciones
individuales y colectivas que respeten la ética y el fin social de
su labor.

165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del
texto original)

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Frente a los argumentos expuestos por el apoderado del tercero con

interés directo en las resultas del proceso respecto de la falta de

competencia del Consejo Académico para establecer requisitos de

grado, la Sala reitera lo que se ha considerado sobre este punto en

asunto de similares características, en los siguientes términos35:

“[…] Sobre: i) la falta de ratificación del Acuerdo Académico
núm. 002 de 2011 por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca; ii) la no exigencia de exámenes
preparatorios a partir de la Ley 552 de 1999; y iii) la no
delegación en el Consejo Académico de la Universidad del
Cauca de la función de reglamentar los exámenes
preparatorios.

41. En relación con los argumentos del recurrente, según los
cuales: i) el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no se ratificó
por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca como lo
dispone el literal f) del artículo 31 del Acuerdo núm. 105 de 1993,
no obstante que creó requisitos de grado como los exámenes
preparatorios, los que no hacen parte del plan curricular regulado
en el Acuerdo núm. 27 de 2012 y que no se podía desconocer
para aplicar el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011; ii) a partir
de la Ley 552 de 1999 los requisitos de grado son terminación del
plan de estudios y la elaboración y sustentación de la monografía
jurídica o realización de la judicatura y, en consecuencia, los
exámenes preparatorios dejaron de ser requisito de grado; y iii)
el numeral 53 del Acuerdo núm. 002 de 1988 otorgó competencia
al Consejo de Facultad de la Universidad del Cauca para
reglamentar los exámenes preparatorios, función que no podía
ser delegada en el Consejo Académico de la Universidad del
Cauca, considera la Sala que estos se dirigen a cuestionar la
validez del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, el que goza de
presunción de legalidad por no haberse anulado o suspendido sus
efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

42. Atendiendo lo anterior, si el recurrente considera que el
Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 se expidió de manera
irregular, debió cuestionarlo a través del medio de control

35
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 2 de noviembre de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00060-00, C.p. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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45

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establecido en la ley para tal efecto; mientras ello no suceda,
dicho acto administrativo no pierde ejecutoriedad […]”.

Finalmente, la Sala resalta que el reglamento de preparatorios para el

plan de estudios del Programa de Derecho, expedido mediante el

Acuerdo núm. 1 de 2014, estableció que rige para los estudiantes que

ingresaron a partir del segundo período académico del año 2011, por

lo que por expresa disposición del mencionado acto administrativo,

este le era aplicable al tercero con interés directo en las resultas del

proceso y, en consecuencia, debía cumplir con lo allí dispuesto.

Por las razones expuestas la Sala concluye los argumentos esgrimidos

por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.

iv.3. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará

la nulidad de la Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018, “Por

la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de

pregrado”, respecto de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR

MELENJE, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 11 de 16 de

marzo de 2018 y del diploma núm. 363-18 de la misma fecha,

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expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de abogada a la antes citada.

Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de

31 de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la

UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al

incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,

19 y 21 de la Ley 594 de 200036, que le impidieron adoptar

adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado

respecto de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE, y

que condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que

en la presente decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar

a que la Sala inste a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar

si la señora PALECHOR MELENJE estaría en condiciones de culminar

el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le

hacen falta para optar por el título de abogada.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

36
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00444-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta; así como también

poner en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de

Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente

providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en

cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de

fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta

profesional de abogada de la señora MARTHA CECILIA PALECHOR

MELENJE.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la

Resolución núm. 130 de 16 de febrero de 2018, “Por la cual se

confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”,

expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora

MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE.

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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 11 de 16

de marzo de 2018 y el diploma núm. 363-18 de la misma fecha,

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de abogada a la señora MARTHA CECILIA

PALECHOR MELENJE.

TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar

si la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE estaría en

condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación

de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de

abogada.

CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección

de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con

miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias

tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de

gestión documental que afronta.

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QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la

Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo

Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que

estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de

una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto

administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de

la señora MARTHA CECILIA PALECHOR MELENJE.

SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las

anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de junio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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