Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00164-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00164-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2022-00164-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00164-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad
del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo
de 2017, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a
estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 31
de 9 de junio de 2017 y del diploma núm. 892-17 de 9 de junio de
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
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2017, actos por medio de los cuales otorgó el título de fonoaudiólogo
al señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO.
I.- LA DEMANDA
I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 4.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución N.º. R-558 de fecha 26 de mayo de 2017, en
concreto el aparte que confiere a la (el) señor (a) RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía N.º 1.058.972.157, expedida en Bolívar - Cauca, el
título de FONOAUDIÓLOGO.
4.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado N.º 31 del 9 de
junio de 2017 y Diploma N.º. 892-17 de fecha 9 de junio de
2017, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de su Resolución N.º R-558 de fecha 26 de mayo de 2017 y
otorga el título de FONOAUDIÓLOGO a la (el) señor (a) RUBER
ASTUL QUINAYAS BERMEO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía N.º 1.058.972.157, expedida en Bolívar - Cauca.
4.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
decrete la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
1557 del 16 de mayo de 2019 por medio del cual el Colegio
Colombiano de Fonoaudiólogos autorizó al señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía N.º 1.058.972.157, expedida en Bolívar - Cauca el
ejercicio de la profesión de FONOAUDIÓLOGO […]”.
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I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación
superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la
Facultad de Ciencias de la Salud, a través de la cual ha ofertado el
programa de fonoaudiología.
2°. Adujo que para la fecha en que el señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO2 se matriculó en el programa de
fonoaudiología, esto es, en el segundo semestre del año 2011, la
UNIVERSIDAD tenía previsto como requisito de grado la
presentación y aprobación de la prueba de suficiencia de idioma
extranjero – PSI, de conformidad con lo previsto en los acuerdos
núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio del cual se
modifica el componente de segunda lengua o lengua
extranjera en los programas de pregrado que ofrece la
Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del
segundo periodo académico de 2000”, 009 de 5 de octubre de
2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de
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Tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado
para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”,
y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica
el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones
y características de la participación de los estudiantes de los
programas de pregrado, en el Programa de Formación en
idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la
presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero
– PSI”.
3°. Señaló que la Facultad de Ciencias de la Salud, con base en la
información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula y Control
Académico -SIMCA-, expidió paz y salvo académico a favor del
estudiante RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO quien, dentro de la
oportunidad otorgada por la Secretaría General, presentó la
documentación exigida para el otorgamiento del título de
fonoaudiólogo a fin de ser incluido en la ceremonia colectiva de
graduación que tuvo lugar el 9 de junio de 2017, en la cual recibió el
diploma correspondiente.
4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la
Resolución núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de
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seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos
administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa
de derecho, con el propósito de verificar posibles irregularidades que
se habrían presentado en el registro de tales exámenes. Agregó que
lo anterior también se hizo extensivo a la prueba de suficiencia de
idioma extranjero – PSI, tanto de los estudiantes del programa de
derecho, como de los estudiantes de otras carreras y programas
académicos, pues se advertía una modificación irregular de las notas
en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico - SIMCA
5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida
en el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado
por uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se
informaba que a varios estudiantes se les registraron como
aprobados los exámenes en el SIMCA, a pesar de que no los habían
superado.
6°. Indicó que en cumplimiento de la tarea encomendada por el
Rector de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la
Resolución núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información
consignada en el SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y
registro de exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y
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graduados desde el año 2015, confrontando dicha información con los
respectivos soportes físicos que reposaban en el expediente de la
correspondiente historia académica.
7°. En lo referente a la prueba de suficiencia de idioma extranjero –
PSI, sostuvo que el Equipo de Seguimiento seleccionó la revisión de
los registros realizados del periodo 2015.1 hasta el 2019.1,
consolidando la existencia de tres posibles tipos de inconsistencias: i)
Registro inconsistente aprobatorio de la PSI por usuario DARCA; ii)
Registro inconsistente aprobatorio de los niveles de idioma extranjero
por usuario DARCA y iii) Registro inconsistente aprobatorio de la PSI
por usuario docente (Coordinador de Programa).
8º. Señaló que respecto de la situación académica del señor RUBER
ASTUL QUINAYAS BERMEO se advirtió que, según la información
registrada en el SIMCA, no existía examen físico que diera cuenta de
la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia de idioma
extranjero – PSI en el periodo académico 2015.2.
9°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo
utilizado por el señor QUINAYAS BERMEO para obtener el registro
aprobatorio de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI,
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sin haber superado el respectivo examen, situación que ya fue puesta
en conocimiento de las autoridades competentes.
10°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se
expidieron bajo el supuesto de que el señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO, había cumplido con todos y cada uno de los
requisitos previstos para que se le otorgara el título de fonoaudiólogo.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren
en las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues
vulneran los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de
la Ley 1437 de 2011; y los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre
de 2000, “Por medio del cual se modifica el componente de
segunda lengua o lengua extranjera en los programas de
pregrado que ofrece la Universidad del Cauca, para quienes
ingresen a partir del segundo periodo académico de 2000”;
009 de 5 de octubre de 2005, “Mediante la cual se aclara la
exigencia de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero
PSI, como requisito de grado para los estudiantes de Pregrado
de la Universidad del Cauca”; y 015 de 2 de noviembre de 2011,
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“Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006
donde se unifican las condiciones y características de la
participación de los estudiantes de los programas de
pregrado, en el Programa de Formación en idiomas – PFI y los
requisitos y procedimientos para la presentación de la Prueba
de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”.
Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que
“la presentación y aprobación de la totalidad de la prueba de
suficiencia del idioma extranjero (PSI) constituye una condición o
requisito sin el cual el estudiante de cualquier carrera o programa de
la Universidad del Cauca, no tendría el derecho a que se le confiera el
título al que aspira, de otorgarse sin el cumplimiento de ese requisito
de grado, dicho título deberá ser dejado sin efectos, tal y como lo ha
entendido y dispuesto la Honorable Corte Constitucional en su
Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.
Aseveró que el señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO no
cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos
internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de
fonoaudiólogo, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el
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equipo de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó
la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 11 de marzo de 20223 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor
RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO, en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso.
II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida
de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la
cual se accedió mediante proveído de 26 de agosto de 20224.
II.3.- Contestación
II.3.1. El señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO5, en calidad
de tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la
demanda, a través de apoderado judicial, y solicitó negar las
pretensiones de la demanda, pues consideró que no le era exigible el
3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
4
Visible en el índice núm. 27 del expediente digital. Contra la anterior decisión, el tercero interesado
interpuso recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala en providencia de 28 de noviembre de
2024, en el sentido de confirmar el decreto de la medida cautelar (índice núm. 65 del expediente
digital).
5
Visible en el índice núm. 19 del expediente digital.
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requisito de presentación y aprobación de la prueba de suficiencia en
idioma extranjero PSI, dado que el reglamento estudiantil de la
UNIVERSIDAD no lo estableció como requisito para obtener un
título académico6.
Sostuvo que las actividades que desplegó el equipo de seguimiento
que conformó la UNIVERSIDAD para esclarecer lo relativo al
cumplimiento de los requisitos de grado de sus egresados, desbordó
su competencia al investigar estudiantes de programas y facultades
diferentes al programa de derecho que fue el objetivo para el cual se
creó.
Respecto de lo anterior, el apoderado del señor QUINAYAS
BERMEO indicó:
6
Al respecto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló:
“[…] Como bien se reitera el Acuerdo 09 de 05 de octubre de 2005, expedido por el CONSEJO
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no es un acto expedido conforme al principio de
legalidad, teniendo en cuenta que no se ha acreditado la existencia de acto administrativo expedido por
el CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA al CONSEJO ACADÉMICO en el cual se le
faculte a este último para que cree, regule, modifique y defina requisitos para la obtención de un título
Universitario al interior del referido ente universitario.
(…) Los acuerdos, 11, 15 y 17 de 2011, expedidos por el CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD
DEL CAUCA, reproducen los mismos defectos del Acuerdo 09 de 05 de octubre de 2005, en tanto que
sin contar con la delegación y por ende, sin estar revestido de competencia, dicho organismo regula
aspectos que no le han sido autorizados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
(…) Las normas que regulan la exigencia de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero carecen de
validez en virtud de la ausencia de acto de delegación que le haya conferido el CONSEJO SUPERIOR DE
LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA al CONSEJO SUPERIOR para efectos de definir, regular, modificar y
establecer criterios de calificación y superación de la PRUEBA aludida […]”.
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“[…] Como conclusión derivada de la respuesta frente a este
hecho, tenemos que el examen sobre el cumplimiento de los
requisitos para la obtención del respectivo grado en cada
programa de la Universidad no puede devenirse de un estudio
realizado a posteriori por un órgano que carece de competencia
para ello, sino que el mismo en primer escenario debe ser
abordado por el CONSEJO DE FACULTAD que es el organismo que
debe revisar y determinar la idoneidad del estudiante para efectos
de acceder al título que lo acredita como profesional en cada
programa y a su vez en caso de encontrar alguna irregularidad, la
misma debe ser estudiada por el órgano disciplinario determinado
en el Reglamento estudiantil Acuerdo 002 de 1988 que establece
las condiciones en las cuales debe abordarse la investigación
disciplinaria que se deriva a raíz de la presunta comisión de una
conducta disciplinable por parte de un estudiante […]”.
De igual forma, afirmó que el señor QUINAYAS BERMEO presentó y
aprobó la prueba de suficiencia en idioma extranjero – PSI; además
de que las inconsistencias a las que hacía referencia la demandante
demostraban que la UNIVERSIDAD tenía un problema grave de
control de la documentación relativa a la verificación de notas de
exámenes, lo cual agregó no era responsabilidad de los estudiantes7.
Señaló que la parte actora pretendía trasladarle al tercero con interés
directo en las resultas del proceso la carga de demostrar la
existencia del examen aprobatorio de la prueba de suficiencia en
7
En este punto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso agregó lo
siguiente:
“[…] Si no existe evidencia en relación con el pago de exámenes, presentación de notas, asignación de
fechas de exámenes, entre otros, esta situación no es imputable al estudiante, tal y como lo he
detallado a lo largo de esta exposición honorable Consejera de Estado, sino que la misma obedece a la
falta de criterio institucional y de una política seria y de calidad que involucre a estudiantes, docentes y
personal administrativo en relación con los protocolos que garanticen objetividad, imparcialidad,
contrastabilidad, debido proceso y permanencia en relación con el registro de calificaciones no solo en
los exámenes preparatorios, sino en todas las instancias de evaluación académica establecidos por la
Universidad del Cauca en sus programas […]”.
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idioma extranjero – PSI, a pesar de que el señor QUINAYAS
BERMEO “solo tuvo conocimiento de su calificación sin poder
acceder a las actas que sobre tales evaluaciones expidieron sus
docentes y mucho menos sin conocer acerca de quién o quiénes
tramitaban el registro de dicha calificación”.
Aseveró que en su caso particular debe salvaguardarse el principio de
la buena fe, especialmente por la ausencia de pruebas que
demuestren el actuar fraudulento que le endilga la demandante.
Resaltó que el debate en el presente caso no gira en torno a la
anulación de unos actos administrativos por ser contrarios al
ordenamiento superior, sino a la demostración de la aprobación o no
de la prueba de suficiencia en idioma extranjero – PSI, siendo esto en
realidad actuaciones académicas no susceptibles de control judicial.
Adicionalmente, manifestó que la UNIVERSIDAD debió adelantar el
procedimiento previsto en el artículo 97 del CPACA, referido a la
revocatoria de actos de contenido particular y concreto, teniendo en
cuenta que se consolidó una situación jurídica que no puede ser
desconocida por la institución.
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Finalmente, propuso como excepción previa la que denominó “MEDIO
DE CONTROL TRAMITADO POR VÍA PROCESAL DIFERENTE AL
ESTABLECIDO EN LA LEY 1437 DE 2011 – DEMANDAS PRESENTADAS
FRENTE A LOS MISMOS HECHOS, PRETENSIONES Y PRUEBAS EN
DESPACHO DIFERENTE DE LA HONORABLE CORPORACIÓN HAN
SIDO ADECUADAS AL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO”.
II.4. El Despacho sustanciador, mediante proveído de 25 de
noviembre de 20228 resolvió la excepción previa que formuló el
tercero interesado9; en auto de 20 de enero de 202310, prescindió de
realizar la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en
aplicación de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por
el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio11 y resolvió sobre las
pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
8
Visible en el índice núm. 36 del expediente digital.
9
En el citado auto se resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de “habérsele dado a la demanda el trámite de un
proceso diferente al que corresponde”, formulada por el apoderado del tercero con interés directo en las
resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.
10
Visible en el índice núm. 42 del expediente digital.
11
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo de 2017, “Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, y el acta de
grado núm. 31 de 9 de junio de 2017, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no
los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de
la Ley 1437 de 2011; y los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio del cual se
modifica el componente de segunda lengua o lengua extranjera en los programas de pregrado
que ofrece la Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del segundo periodo
académico de 2000”, 009 de 5 de octubre de 2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la
Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado para los estudiantes de
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En auto de 3 de marzo de 202312, se decidió correr traslado a las
partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- La UNIVERSIDAD13 efectuó un recuento de lo reseñado en
el libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las
pretensiones de la demanda porque dentro del proceso está
acreditado que el señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO
incumplió con el requisito de presentar y aprobar la prueba de
suficiencia de idioma extranjero – PSI requerida para obtener el título
de fonoaudiólogo14.
Pregrado de la Universidad del Cauca”, y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se
modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y características de la
participación de los estudiantes de los programas de pregrado, en el Programa de Formación en
idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la presentación de la Prueba de Suficiencia
de Idioma Extranjero – PSI”, expedidos por la UNIVERSIDAD, conforme a lo expuesto por la parte
actora en el índice núm. 2 del expediente digital y a lo indicado por el tercero con interés directo en las
resultas del proceso en escrito obrante en el índice núm. 19 del expediente digital […]”.
12
Visible en el índice núm. 55 del expediente digital.
13
Visible en el índice núm. 62 del expediente digital.
14
Al respecto, la parte actora agregó:
“[…] En lo que tiene que ver con que, si existió por parte del señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO,
un aprovechamiento indebido o ilegítimo de la nota aprobatoria de la prueba de suficiencia en idioma
extranjero PSI, como parte de un requisito de grado, es innegable que este si se presentó, toda vez que
con su inscripción, aceptación y matrícula al programa de Fonoaudiología que orienta mi representada,
este aceptó y se obligó a cumplir con todas y cada una de las normas que le son aplicables a los
estudiantes del Alma Mater, y especialmente a que para obtener el título de Fonoaudiólogo cumpliría y
acreditaría con todas las exigencias y requisitos que reclama para tal fin.
(…)
Con todo lo expuesto hasta el momento, no existe sustento siquiera de considerar la aplicación del
PRINCIPIO DE BUENA FE, pues es evidente que el tercero con interés se benefició de su propia culpa, lo
que se encuentra expresamente prohibido por la jurisprudencia de las Altas Cortes, y por nuestro
ordenamiento jurídico, tal y como la Honorable Consejera Ponente lo resaltó en su Auto Interlocutorio de
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II.5.2- El tercero con interés directo en las resultas del proceso en su
escrito de alegatos de conclusión15, reiteró los argumentos expuestos
al contestar la demanda, haciendo especial énfasis en que la parte
actora pretendía trasladarle la responsabilidad por las irregularidades
administrativas que se presentaban dentro de dicha institución
educativa.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto16 en el que solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que
dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la
nulidad de los actos acusados.
Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD, el señor QUINAYAS
BERMEO se comprometió a cumplir con el reglamento académico que
preveía la exigencia de la presentación y aprobación de la prueba de
suficiencia de idioma extranjero – PSI.
26 de agosto de 2022, con el que se decretó la medida cautelar solicitada por la Universidad del Cauca
en el presente asunto.
A modo de conclusión se debe decir que el hecho que el señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO no
hubiese presentado y menos aprobado la prueba de suficiencia en idioma extranjero PSI y que de
manera irregular o errada se le registró nota aprobatoria, decidiendo guardar silencio sobre dicha
irregularidad, omitiendo sus deberes como estudiante de la universidad, e incluso encubriendo dicha
falencia y aprovechándose de ella, permitió y consintió que mi representada le confiriera a través de los
actos administrativos acusados, el título de Fonoaudiólogo cuando no cumplía con los requisitos para que
se le confiriera […]”
15
Conforme se advierte en el índice número 60 del expediente digital.
16
Visible en el índice núm. 61 del expediente digital.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos,
los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa
y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de
aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el
correspondiente título profesional.
Finalmente, sostuvo que dentro del proceso se acreditó que el señor
QUINAYAS BERMEO incumplió con el requisito de grado consistente
en presentar y aprobar la prueba de suficiencia de idioma extranjero –
PSI, prevista en el reglamento de la institución17.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del
17
En este punto, el Ministerio Público señaló:
“[…] Así las cosas, al encontrarse acreditado que RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO incumplió con el
requisito de grado consistente en aprobar el examen de suficiencia de idioma extranjero, previsto en el
reglamento de la Universidad para obtener el título (…), las pretensiones de la demanda están llamadas a
prosperar.
(…)
En este orden de ideas y comoquiera que los estudiantes conocen las normas que rigen en su institución
educativa y tienen la obligación de cumplir con los reglamentos vigentes, al firmar su matrícula universitaria,
surgió para RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO la obligación de presentar la prueba de suficiencia de idioma
extranjero para obtener el título de fonoaudiólogo, al estar contemplado este requisito dentro de la
Universidad del Cauca […]”.
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CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201918, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto de la referencia.
IV.2. Los actos acusados
En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del
artículo primero de la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo de
2017, respecto del título de fonoaudiólogo que se le otorgó al señor
RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO, la cual establece:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-558 DE 2017
(26 de mayo)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y,
CONSIDERANDO
Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron los
requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE:
18
El Acuerdo núm. 80 de 2019 fue modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.”.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FONOAUDIOLOGÍA
(…)
RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO
CC. (…) de Bolívar […]”.
De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado
núm. 31 de 9 de junio de 2017, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] ACTA DE GRADO No. 31 del 09 de junio de 2017
En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 5:00 p.m., del día viernes nueve (9) de junio de
dos mil diecisiete (2017) y en cumplimiento de la Resolución R-
558 del 26 de mayo de 2017 expedida por la Rectoría de la Alma
Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:
FONOAUDIÓLOGO
A:
RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO
CC. (…) de Bolívar
El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Fonoaudiólogo
Se registra en el Libro de Diplomas No. 081; Folio No: 892;
Diploma No: 892-17
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La ceremonia finaliza a las 6:00 p.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO – Rector; FRANCISCO FERNANDO
BOHÓRQUEZ GÓNGORA – Decano Encargado Facultad de Ciencias
de la Salud; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS – Secretaria
General.
Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a nueve (09) de
junio de dos mil diecisiete (2017).
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.
Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 892-17 de 9 de
junio de 2017, en el que se indicó:
“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la
REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio
Educación Nacional, en la atención a que RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO (…) ha cumplido con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de FONOAUDIÓLOGO
con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan
para el ejercicio profesional. Popayán, 9 de junio de 2017.
Registrado en el Libro de Diplomas No. 081, Folio No. 892,
Diploma No. 892-17 […]”.
IV.3. Problema jurídico
El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo
1° (parcial) de la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo de 2017,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes
de pregrado y posgrado”; del acta de grado núm. 31 de 9 de junio
de 2017 y el diploma núm. 892-17 de 9 de junio de 2017, actos por
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medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título
de fonoaudiólogo al señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO.
A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos
6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la
Ley 30 de 1992, los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y
los acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio
del cual se modifica el componente de segunda lengua o
lengua extranjera en los programas de pregrado que ofrece la
Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del
segundo periodo académico de 2000”; 009 de 5 de octubre de
2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de
Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado
para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”;
y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica
el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones
y características de la participación de los estudiantes de los
programas de pregrado, en el Programa de Formación en
idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la
presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero
– PSI”.
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El fundamento de la demanda descansa en que el graduado no
cumplió con los requisitos previstos en el reglamento de la
UNIVERSIDAD para optar por el título de fonoaudiólogo, en tanto
omitió la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia de
idioma extranjero – PSI.
Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso
aseguró que no le era exigible el requisito de presentación y
aprobación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI;
que el Equipo de Seguimiento que conformó la UNIVERSIDAD no
era competente para determinar la validez de los requisitos de grado
y, por tanto, los resultados de su gestión no son vinculantes, porque,
además, tampoco contaron con la participación de los involucrados;
que no se advierte la vulneración de normas superiores, sino un
desorden administrativo por parte del ente universitario; que se debe
garantizar el postulado de la buena fe, puesto que no hay pruebas
que demuestren un actuar fraudulento; que los actos acusados no
son pasibles de control judicial, dado su carácter meramente
académico; y, por último, que la UNIVERSIDAD debió agotar el
procedimiento de revocatoria directa de los actos administrativos de
contenido particular.
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Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los
siguientes asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos
de grado de los programas universitarios; (iii) el principio de la buena
fe; y (iv) la solución del caso concreto.
(i) La autonomía universitaria
El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía
universitaria en los siguientes términos:
“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria.
Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.
El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades
impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así
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23
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como también les permite la gestión independiente de sus asuntos
administrativos y académicos.
La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la
“[…] capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha
de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas […]”19.
También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el
principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por
finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos
centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del
poder político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de
acción de dichas instituciones, con los límites que establezca la ley.
En este sentido, la Sección Segunda mencionó:
“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de
cualquier tipo de intervención del poder político en todos sus
ámbitos: ideológico, administrativo o financiero[20]. En otros
19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[20] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
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24
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términos, busca el respeto en la libertad de actuar de dichas
instituciones.
Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[21]
En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [22][…]”.23
La Ley 30 de 28 de diciembre de 199224 desarrolló el artículo 69
Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus
propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados
y seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional.25
En este marco normativo, los entes universitarios están facultados
para adoptar las determinaciones que en su normativa interna
[21] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[22] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
24
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
25
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
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25
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garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de
formación de sus egresados.
(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios
El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:
“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los
literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de
Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado
fuera del texto original).
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26
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En relación con la fijación de los requisitos de grado que las
instituciones de educación pueden establecer en sus programas
académicos, la Corte Constitucional ha dicho:
“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce
efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida […]”26.
(Resaltado fuera del texto original).
De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio requisitos como la prueba de suficiencia de
idioma extranjero – PSI, para cumplir sus objetivos, de manera que el
estudiante que se matricule en la institución educativa que así lo
prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos requisitos, para
obtener su título profesional, dado que los reglamentos universitarios
son normas vinculantes para la comunidad educativa.
(iii). El principio de la buena fe
La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
26
Sentencia SU-783 de 2003.
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ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera
ha precisado que la presunción de buena fe no implica que las
actuaciones de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento
de una serie de requisitos indispensables para su ejecución, pues el
obrar de buena fe implica “que se haya realizado la actuación con la
diligencia debida”.27
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación
con al significado, alcance y contenido de este postulado superior, en
los siguientes términos:
“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho
para transformarse en un postulado constitucional, su
aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en
cuanto a su función integradora del ordenamiento y
reguladora de las relaciones entre los particulares y entre
estos y el Estado.[28]
En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme
con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
diciembre de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS.
[28] Sentencia C-071 de 2004
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28
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correcta (vir bonus)”[29]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad
y credibilidad que otorga la palabra dada” [30]
En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se
desvirtúa con los mecanismos consagrados por el
ordenamiento jurídico vigente”[31].
Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i)
las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe
y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas […]”32.
De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe
requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la
ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso
contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una
aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.
(iv) La solución del caso concreto
iv.1. Cuestión previa
[29] Sentencia T-475 de 1992
[30] Ibidem.
[31] Sentencia C-253 de 1996.
32
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.
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29
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En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló la
excepción de indebida escogencia del medio de control, sobre la cual
el Despacho Sustanciador, en el auto que resolvió las excepciones
previas del proceso, señaló que sería resuelta en la sentencia, por lo
cual procede la Sala a decidir de conformidad.
La procedencia del medio de control en el caso particular
Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el
proceso, al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las
consideraciones que allí fueron expuestos y que se transcriben a
continuación:
“[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios actos,
a través de los cuales le confirió el título de fonoaudiólogo al señor
RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO, por lo que se advierte que
se trata de decisiones de contenido particular y concreto,
comoquiera que resuelven una situación jurídica en cabeza de un
estudiante a quien se le confirió dicho título profesional.
Frente a lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, en
providencia de 19 de diciembre de 201933, que reiteró lo dicho en
el auto de 13 de junio de 201934, señaló que en los casos en que
se proponen pretensiones de lesividad el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, se destaca:
33
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
«[…] La jurisprudencia de la Corporación35 ha precisado que
la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que ejercen los
particulares, en tanto permite que la administración
cuestione la legalidad del acto administrativo concreto
y, tiene, entre otras características, que a través de ella, la
administración, comparece al proceso en calidad de
demandante y de demandada, buscando obtener la
nulidad de un acto administrativo expedido por esta,
invocando una o varias de las causales de nulidad previstas
en el artículo 84 del CCA. En consecuencia, con fundamento
en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia
del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del
acto administrativo demandado está supeditada a la prueba
de alguna de las referidas causales de nulidad […]».
(Destacado por el Despacho).
En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, lo
procedente sería adecuar el trámite de la demanda al de nulidad
y restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el presente caso
el Despacho advierte que se está ante la excepción establecida en
el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, que permite controvertir
un acto administrativo de carácter particular a través del medio
de control de nulidad “cuando los efectos nocivos del acto
administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico”.
En efecto, en el asunto objeto de análisis, la actora sostiene que
luego de unas investigaciones iniciadas a raíz de unas denuncias
recibidas, pudo constatar que los actos administrativos
controvertidos se expidieron con fundamento en una
documentación irregular presentada por un estudiante al que se
le otorgó el título de fonoaudiólogo, quien, a su juicio, actuó de
mala fe y la hizo incurrir en un error.
En el caso bajo estudio, esta situación es suficiente para acreditar
la procedencia de la excepción referida, pues los efectos de los
actos acusados podrían generar una afectación grave al orden
público y social, teniendo en cuenta que se trata de un título de
fonoaudiólogo, lo que significa que de probarse los hechos
invocados por la actora, un ciudadano estaría ejerciendo como
fonoaudiólogo sin el lleno de los requisitos legales con las
evidentes implicaciones que ello generaría en la sociedad.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.
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(…)
Teniendo en cuenta lo expuesto, la presente demanda se surtirá
bajo el trámite del medio de control de nulidad, establecido en el
artículo 137 del CPACA […]”.
Conforme al expuesto, en el presente caso el medio de control de
nulidad es el adecuado para enjuiciar los actos administrativos que
otorgaron el título profesional de fonoaudiólogo al señor RUBER
ASTUL QUINAYAS BERMEO sin haberse cumplido la totalidad de los
requisitos previstos para ello.
Por último, se destaca que los restantes medios exceptivos
formulados por el tercero, atañen directamente al fondo de la
controversia, por lo cual serán desatados al resolver los cargos de la
demanda y la contestación.
iv.2. De los cargos de la demanda
Las normas que la UNIVERSIDAD señaló como transgredidas son los
acuerdos núms. 027 de 28 de septiembre de 2000, “Por medio del
cual se modifica el componente de segunda lengua o lengua
extranjera en los programas de pregrado que ofrece la
Universidad del Cauca, para quienes ingresen a partir del
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segundo periodo académico de 2000”; 009 de 5 de octubre de
2005, “Mediante la cual se aclara la exigencia de la Prueba de
Suficiencia en Idioma Extranjero PSI, como requisito de grado
para los estudiantes de Pregrado de la Universidad del Cauca”;
y 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica
el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones
y características de la participación de los estudiantes de los
programas de pregrado, en el Programa de Formación en
idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la
presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero
– PSI”, expedidos por la UNIVERSIDAD, los cuales establecieron
como requisito para optar por un título académico, la presentación y
aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI,
en los siguientes términos:
El Acuerdo núm. 027 de 28 de septiembre de 2000 estableció lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el componente de segunda
lengua o lengua extrajera en los programas de pregrado que
ofrece la Universidad del Cauca, eliminando para tales efectos los
cursos de idioma extranjero para quienes ingresen a partir del
segundo periodo académico de 2000.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Universidad exigirá el conocimiento
de una segunda lengua extranjera como requisito para
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optar al título según reglamentación que para el efecto expida el
Consejo Académico […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Por su parte, el Acuerdo núm. 009 de 5 de octubre de 2005 previó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar que la prueba de
suficiencia en idioma extranjero PSI, debe ser presentada
y aprobada por los estudiantes de carreras profesionales,
técnicas y tecnológicas, matriculados a partir del primer
periodo académico de 2001, como requisito de grado para
optar al título. (Resaltado fuera del texto original).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ratificar la Reglamentación General de la
Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero, aprobado por el
Consejo Académico, en sesión del 31 de marzo de 2004 […]”.
Finalmente, el Acuerdo núm. 015 de 2 de noviembre de 2011
dispone:
“[…] Artículo 10: La Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero
• PSI es un examen que evalúa las habilidades comunicativas a
nivel básico y debe ser presentado y aprobado por los
estudiantes de las carreras profesionales, técnicas y
tecnológicas establecido por la Universidad como requisito
para optar por el título de grado. La PSI determina si el
estudiante de la Universidad del Cauca posee conocimientos
básicos de un idioma extranjero que le permita mayores y
mejores relaciones internacionales así como también ser más
competitivo a nivel académico y laboral.
Artículo 11: La prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI
se considera aprobada si:
a. El resultado del examen es igual o superior al 70%.
b. Si al cursar los cuatro niveles del Idioma extranjero escogido
en el PFI, el estudiante obtiene una nota promedio igual o
superior a 3.5 (tres, cinco), ésta se homologará a la Prueba de
Suficiencia y se considerará cumplido el requisito de idioma
extranjero. La homologación aplica independientemente si el
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estudiante pierde alguno de los niveles, ya sea por faltas o por
nota, o haya cancelado alguno de los niveles en el término
establecido para ello. Igualmente el estudiante deberá cursar los
4 niveles sin interrupciones mayores a 2 períodos lectivos en la
Universidad del Cauca y aprobarlos con una nota promedio igual o
superior a 3.5 (tres, cinco).
Artículo 12: Quien sea beneficiario de Amnistía Académica o
quien re-ingrese a la Universidad después de la interrupción de
sus estudios, deberá acogerse al plan de estudios vigente al
momento de su reintegro y por tanto, satisfacer la totalidad de
los requisitos para optar al título correspondiente, entre ellos la
presentación y aprobación de la PSI […]”. (Resaltado fuera del
texto original).
Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la
UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran
exigibles al señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO al ingresar al
programa de fonoaudiología, procede la Sala a desatar los cargos de
nulidad formulados en la demanda.
Alega la parte actora que el señor RUBER ASTUL QUINAYAS
BERMEO no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los
reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el
título de fonoaudiólogo, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas
por el equipo de seguimiento se pudo establecer que el graduado no
aprobó la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI.
Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2017 la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de
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fonoaudiólogo al señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO,
mediante la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo de 2017, el acta
de grado núm. 31 de 9 de junio de 2017 y el diploma núm. 892-17
de 9 de junio de ese mismo año.
Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD
en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de
derecho, esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de
julio de 2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento
y apoyo a la mejora de los procedimientos académico
administrativos de registro de exámenes preparatorios del
programa de Derecho de la Universidad del Cauca”.
El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del
cumplimiento de los requisitos de grado del señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO, para lo cual tuvo en cuenta las siguientes
fuentes de información:
• Historias académicas físicas.
• Archivo Excel “Pruebas Físicas”: Elaboración propia de un
archivo en formato Excel que contiene información de los
exámenes físicos de la PSI, construido mediante la
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confrontación uno a uno de los exámenes, en el cual se
presenta un listado de las pruebas físicas realizadas por
estudiantes de los programas de pregrado y posgrado, con
fechas de presentación comprendidas entre los años 2010 y
2020, exámenes trasladados desde la Oficina del PFI para la
custodia de la División de Admisiones, Registro y Control
Académico-DARCA.
• Archivo PDF de elaboración propia “Listas admitidos PFI”:
Contiene el reporte de la consulta realizada a los listados de
admitidos/inscritos al examen PSI, publicados en la página web
del PFI con fechas comprendidas entre los años de 2014 a
2019.
• Archivo PDF de elaboración propia “Listas admitidos PFI”:
Contiene el reporte de la consulta realizada a los listados de
admitidos/inscritos al examen PSI, publicados en la página web
del PFI con fechas comprendidas entre los años de 2014 a
2019.
• Archivo PDF de elaboración propia “Comunicaciones PFI”:
Contiene las comunicaciones (vía correo electrónico) y
documentos soportes (reporte de resultados por prueba
aplicada- documento base para la creación de los grupos clase,
matrícula de los estudiantes y posterior registro de las
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calificaciones por los docentes) remitidos desde el correo del
PFI hacia la dependencia DARCA.
• Archivos PDF de elaboración propia “Comunicaciones DARCA”:
Archivos que contienen, entre otros, comunicaciones (vía correo
electrónico) y documentos soportes (reporte matrícula de los
estudiantes y posterior registro de las calificaciones por los
docentes) recibidas por los funcionarios de la División de
Admisiones, Registro y Control Académico - DARCA.
• Archivos PDF Fiscalía: Se refiere a dos archivos facilitados por la
Fiscalía al Equipo de Seguimiento que contienen los listados de
resultados de las PSI, obtenidos en la diligencia de inspección
realizada por la Fiscalía al archivo físico de la oficina del PFI.
• Archivo Excel “Grupos Clase”: Archivo plano Excel extraído
desde el sistema SIMCA 2.0, el cual contiene información de la
creación de los grupos clase y su respectiva matrícula por parte
de los funcionarios de la dependencia DARCA, además del
reporte de los usuarios que realizaron los registros de la PSI
durante el I Periodo de 2015 a diciembre de 2019.
• Página Web del PFI: Enlace de acceso a la base externa que
contiene la información publicada en la página web del PFI, en
el que se encuentra calendario de fechas de presentación, listas
de inscripción y resultados publicados en la misma.
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• Archivo plano en Excel con todos los registros aprobatorios de
PSI en el sistema SIMCA 2.0 con la información del usuario,
fecha y tipo de registro.
• Archivo en Excel de elaboración propia donde se confrontan los
registros aprobatorios de PSI en el sistema SIMCA 2.0 (2015 a
2019) con los soportes físicos de las pruebas PSI (Exámenes).
• Archivo plano en Excel generado desde el Sistema de Recaudos
de la Universidad del Cauca - SQUID sobre el pago de derechos
pecuniarios por concepto de repeticiones PSI, desde el 2015 a
2019.
• Archivo de elaboración propia que contiene la unificación de
reportes de las calificaciones de las pruebas PSI obtenidas del
archivo personal de los profesores que aplicaron la prueba.
Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo
entregó el informe de 30 de abril de 2021, en el que formuló las
siguientes conclusiones:
“[…] 3. CONCLUSIÓN GENERAL
Revisados los elementos de cada una de las fuentes de
información se encuentra que el (la) señor (a) QUINAYAS
BERMEO RUBER ASTUL, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1058972157 y código estudiantil No. 104111024362 adscrito
(a) al programa de Fonoaudiología, aparece en SIMCA 2.0 con
PSI aprobatoria en el periodo académico 2015.2, con fecha de
registro 06 de abril de 2017; sin embargo:
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1. No existe examen físico a nombre de QUINAYAS BERMEO
RUBER ASTUL, que dé cuenta de una nota aprobatoria en el
segundo periodo académico de 2015.
2. No aparece en las listas de admitidos para la presentación de
las PSI aplicadas durante el segundo periodo académico de 2015.
Tiene registros de admisión a prueba PSI en el segundo periodo
académico del 2016, en fecha correspondiente a un periodo
académico posterior al que aparece aprobado en SIMCA 2.0.
3. No aparece en las listas de resultados de las PSI aplicadas
durante el segundo periodo académico de 2015. Tiene registros
de resultados en el segundo periodo académico del 2016, no
aprobatorio y en fecha correspondiente a un periodo académico
posterior al que aparece aprobado en SIMCA 2.0. No tiene reporte
de pago por repetición de prueba PSI.
4. En el rango de auditoría adelantada por el Equipo de
Seguimiento 2015 a 2019-1, no se encuentra inscripción,
resultado o examen físico que sustente el registro aprobatorio que
se encuentra en SIMCA 2.0.
En mérito de lo anterior, el registro aprobatorio de la prueba PSI
correspondiente al (la) señor (a) QUINAYAS BERMEO RUBER
ASTUL adscrita al programa adscrito (a) al programa de
Fonoaudiología, es inconsistente en atención a que no cuenta con
soporte documental que acredite su presentación y nota
aprobatoria (sic) […]”.
Del anterior recuento es dable concluir que (i) el señor RUBER
ASTUL QUINAYAS BERMEO se matriculó al programa de
fonoaudiología de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA en el segundo
período académico del año 2011; ii) el Acuerdo núm. 027 de 2000
exige el conocimiento de una segunda lengua extranjera como requisito
para optar al correspondiente título; el Acuerdo núm. 009 de 2005
aclara que la prueba de suficiencia de idioma extranjero -PSI- debe
ser presentada y aprobada por los estudiantes de carreras
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profesionales, técnicas y tecnológicas, matriculados a partir del
primer período académico de 2001; y el Acuerdo Académico núm.
015 de 2011 señala que la PSI es requisito para optar por el título de
grado; iii) el estudiante no acreditó la presentación y aprobación de la
Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI; y (iv) la
UNIVERSIDAD no podía conferirle el título de fonoaudiólogo,
contrariando su propio reglamento.
Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a
los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían
fundarse, esto es, los Acuerdos Académicos núms. 027 de 28 de
septiembre de 2000, 009 de 5 de octubre de 2005 y 015 de 2 de
noviembre de 2011, expedidos por la UNIVERSIDAD.
iv.3. De los argumentos de la contestación
Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el
tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya
cumplido los requisitos para optar por el título de fonoaudiólogo,
pues, en su criterio, lo que se observa es una “desorganización
interna” que no le es imputable.
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A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las
diferentes pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los
actos administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL
CAUCA le confirió el título de fonoaudiólogo al señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO, están viciados de nulidad por violación de la
norma superior en que debían fundarse, esto es, de los Acuerdos
Académicos examinados.
De igual forma, la Sala considera necesario precisar que los
argumentos expuestos por el apoderado del tercero con interés
directo en las resultas del proceso en el sentido de que no le era
exigible el requisito presentación y aprobación prueba de suficiencia
en idioma extranjero – PSI, dado que los acuerdos núms. 027 de 28
de septiembre de 2000, 009 de 5 de octubre de 2005 y 015 de 2 de
noviembre de 2011, desconocieron el procedimiento previsto para la
creación de normas universitarias, no está llamado a prosperar, pues
dichos argumentos se dirigen a cuestionar la validez de los
mencionados actos, que gozan de presunción de legalidad por no
haber sido anulados o suspendidos sus efectos por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, de manera que el reproche en tal
sentido debió ventilarse a través del medio de control establecido en
la ley para tal efecto.
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En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de
calificación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero del
sistema SIMCA 2.0; de la confrontación de registros académicos; de
la historia académica del estudiante y del archivo de gestión de la
División de Admisiones, Registro y Control Académico, el egresado
RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO, no reunía los requisitos
legales y estatutarios para obtener el título profesional que le
fue otorgado.
Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,
conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la
medida cautelar del proceso:
“[…] Respecto de la aplicación del principio de buena fe con el que
actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título de fonoaudiólogo al
señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO es preciso traer a
colación lo mencionado en el citado auto de 10 de mayo de
202136, en el que la Sección indicó:
“[…] 121. Respecto de la petición del apoderado judicial del
tercero interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio
de la buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos
jurídicos de los actos demandados, considera la Sala Unitaria que
en el caso que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos
exigidos para la aplicación del mismo.
(…)
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo
de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.
125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
126. Siendo ello así, en principio, el Despacho considera que la
solicitud cautelar que busca dejar sin efectos jurídicos el título de
abogado del ciudadano (…), no contraría el principio de buena fe
dado que se aprecia razonable y oportuna.
127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°
del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.
128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.
129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y
Obligaciones y Contratos.
130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema
jurídico nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo
auditur propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los
requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).
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Es decir, que a pesar de que el señor RUBER ASTUL QUINAYAS
BERMEO alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que en
virtud de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus
propios actos, cuando tal comportamiento es objetivamente
incompatible con su conducta precedente” 37.
En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,
una vez accedió al sistema de registro académico de la
UNIVERSIDAD para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en
sus resultados académicos y no pretender beneficiarse indebidamente
del desorden administrativo, para obtener un título profesional sin el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó
la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de
los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no
son vinculantes, aspecto frente al cual la Sala precisa que tal informe
no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, en el que se acreditó que respecto del
37
Idem.
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tercero con interés directo en las resultas del proceso “No existe
examen físico a nombre de QUINAYAS BERMEO RUBER ASTUL,
que dé cuenta de una nota aprobatoria en el segundo periodo
académico de 2015”.
En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la
prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación38 ha
sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las
partes está en mejores condiciones de probar los hechos alegados 39;
sin embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar
todos los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los
hechos alegados40.
38
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-
1996-01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.
39
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a
las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
40
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de
agosto de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA
CORREA PALACIO.
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Así, en el caso concreto era, precisamente el ente universitario el
interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad
de requisitos para optar por el título de fonoaudiólogo, para lo cual
allegó las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron
al convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados,
de modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor
posición de probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal
que le correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.
En lo que respecta a la presunta omisión por parte del equipo de
seguimiento y apoyo de adelantar un proceso disciplinario con
citación de los involucrados, es del caso señalar que tal proceso que
echa de menos el tercero con interés directo obedece a la autonomía
universitaria y en nada se relaciona con el hecho de haber conferido
un título sin el cumplimiento de los componentes curriculares
establecidos por la UNIVERSIDAD, cuestión esta que es la que
atañe al estudio de legalidad, de ahí que el reparo relacionado con el
desarrollo del procedimiento sancionatorio exceda el objeto del
presente debate judicial.
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De igual forma, la Sala considera que la conducta asumida por la
UNIVERSIDAD consistente en verificar nuevamente el cumplimiento
de los requisitos de grado de sus egresados, no contraría los
principios de buena fe y confianza legitima, dado que los hechos
ilícitos advertidos en el año 2019, justificaron la toma de decisiones
razonables y oportunas ante dicha problemática41.
Respecto de la vulneración del trámite previsto en el artículo 97 del
CPACA42, es pertinente prohijar lo indicado por el Despacho
Sustanciador al resolver la medida cautelar del proceso, en el sentido
de señalar que el ejercicio del medio de control de nulidad frente a
los actos administrativos de contenido particular -que generan
consecuencias jurídicas atentatorias del orden público y social- no
requiere del consentimiento del titular, razón por la que las entidades
del Estado están facultadas para solicitar ante esta jurisdicción la
nulidad de sus propios actos, cuando resulten lesivos para el
41
Esta postura prohíja la sentencia de la Sala de 31 de julio de 2023, número único de radicación
11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.
42
El citado artículo establece:
“[…] Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no
podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o
a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa
[…]”.
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ordenamiento jurídico, sin que deban previamente agotar el
procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA, por lo que el
argumento de la falta de autorización del señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO para revocar los actos acusados no está llamado
a prosperar.
Finalmente, el tercero interesado sostiene que los actos administrativos
demandados no son pasibles de control jurisdiccional porque resuelven
asuntos académicos, propios de la autonomía universitaria del centro
educativo demandante. Al respecto, la Sala trae a colación la
providencia de 10 de mayo de 2021, en la que al resolver un asunto de
similares presupuestos al que aquí se estudia, la Sección indicó:
“[…] Con el propósito de solucionar el referido planteamiento, es
necesario recordar el criterio jurisprudencial que pacíficamente ha
sostenido esta Sección desde el año 1994 respecto del control de
legalidad de las decisiones definitivas que adoptan las entidades
educativas.
La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha señalado
que, al momento de determinar la competencia de esta jurisdicción,
es necesario diferenciar dos tipos de actos administrativos de las
instituciones universitarias. La primera tipología de acto se
denominó “acto académico” y guarda relación con aquella decisión
susceptible de control judicial por estar asociada al cumplimiento de
la función pública educativa. La segunda tipología corresponde a lo
que se denominó como el “acto meramente académico”, cuyo
contenido está relacionado con el funcionamiento interno de las
instituciones de educación superior, acto frente al cual no puede
adelantarse un estudio de legalidad por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por tratarse del ejercicio de la autonomía
universitaria.
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Para diferenciar ambos tipos de decisiones, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en la sentencia de 16 de diciembre de 199443,
enunció una serie de actos no enjuiciables que «tienen que ver con
el fuero interno de las Instituciones de Educación Superior, ya que
son la máxima expresión de su autonomía y forman parte del
reglamento que gobierna las relaciones entre la Institución y sus
educandos», tales como «el señalamiento del calendario académico,
los planes de enseñanza e investigación, el sistema, forma y criterio
de calificaciones, de exámenes y de matrículas, entre otros».
La Sección Primera, en la sentencia de 17 de marzo de 200044, en
este mismo sentido precisó lo siguiente:
“[…]la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre actos
meramente académicos, que escapan al control jurisdiccional, como
sería, por ejemplo, los relacionados con una evaluación académica;
y actos académicos, que tienen el carácter de administrativos, por
ser consecuencia del cumplimiento de una función
administrativa -la de educación-, pues son expedidos por las
instituciones de educación superior, sean públicas o
privadas, en virtud de la delegación que el Estado les ha
hecho de dicha función, verbigracia, el acto acusado en este
proceso, a través del cual se le impuso a la actora la sanción de
interdicción académica definitiva, que le impidió continuar
con la presentación de exámenes preparatorios para optar al
título de abogada. (Sentencias de 16 de diciembre de 1994,
Expediente núm. 2710, Consejero ponente doctor Ernesto Rafael
Ariza Muñoz; y de 30 de abril de 1996, Expediente núm. 1968,
Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez)[…]”45.
Siguiendo el mismo criterio, en las sentencias de 5 de octubre de
200946, de 16 de julio de 201547 y de 21 de abril de 201648, la Sala
aclaró que también son actos meramente académicos los
concernientes a las evaluaciones académicas y los de expulsión.
43
Sentencia del 16 de diciembre de 1994, Rad No.2710, Actor: Carlos José Vásquez Villegas, M.P.
Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
44
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref No. 5583. Consejero
Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora Gladys maría Sierra Mendoza.
45
Este criterio fue reiterado en la sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2009. Radicación No.
2009-01120-01(AC). Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Jesús Castellanos
Amador.
46
Expediente núm. 2009-01120-01, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno
47
Expediente núm. 2010-00564-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
48
Expediente núm. 2014-00355-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
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En virtud de este marco jurisprudencial, es dable concluir que los
actos demandados en el presente medio de control claramente
corresponden a aquellos que desarrollan la función administrativa
educativa, puesto que van más allá del funcionamiento interno del
centro universitario, en tanto materializan lo dispuesto en el artículo
26 de la Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30.
Como se explicó en precedencia, el constituyente, en el artículo 26
superior, reconoció que el legislador puede exigir títulos de
idoneidad para el desarrollo de las ocupaciones que generan riesgos
sociales. Bajo este mandato, el artículo 24 de la Ley 30 determina
que «el otorgamiento de títulos en la educación superior es de
competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel (educativo)».
(…)
Con fundamento en esta lógica, la Sección Primera del Consejo de
Estado, en las sentencias de 22 de octubre de 202049 y de 16 de
diciembre de 202050, se pronunció de fondo en relación con dos
demandas de nulidad interpuestas en contra de las actas
individuales de grado expedidas por un instituto universitario,
mediante las cuales se conferían dos títulos profesionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Despacho considera que los
actos objeto de enjuiciamiento en este proceso son controlables en
su legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, por ende, el primer reparo formulado no cuenta
con vocación de prosperidad […]”.51
Por las razones expuestas, la Sala concluye los argumentos esgrimidos
por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.
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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00475-01, Actor:
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, Demandado: HENRY ALFONSO ROA MORALES.
50
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00483-01,
Actor: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ, Demandado: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
PAZ- UNIPAZ Y LUIS ALEJANDRO SOTOMONTE NIÑO, Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, número
único de radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00. C.p. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
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IV.4. La decisión
De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará
la nulidad de la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo de 2017;
respecto del señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO; al igual
que la nulidad del acta de grado núm. 31 de 9 de junio de 2017 y el
diploma núm. 892-17 de la misma fecha, expedidos por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el
título de fonoaudiólogo al antes citado.
Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de
31 de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la
UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,
19 y 21 de la Ley 594 de 200052, que le impidieron adoptar
adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado
respecto del señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO, y que
condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que en
la presente decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a
que la Sala inste a la institución académica para que, en el marco de
su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,
adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor
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“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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QUINAYAS BERMEO estaría en condiciones de culminar el proceso
de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta
para optar por el título de fonoaudiólogo53.
Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente
decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los
problemas de gestión documental que afronta; así como también
poner en conocimiento del Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos la
presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y
teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales
de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción
del señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
53
Esta postura prohíja la sentencia de la Sala de 31 de julio de 2023, número único de radicación
11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de indebida
escogencia de la acción, formulada por el tercero interesado en las
resultas del proceso.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la
Resolución núm. R-558 de 26 de mayo de 2017, “Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y
posgrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto
del señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 31 de 9 de
junio de 2017 y el diploma núm. 892-17 de 9 de junio de 2017,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
se le otorgó el título de fonoaudiólogo al señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO.
CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco
de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la
regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si el señor RUBER ASTUL QUINAYAS BERMEO estaría en
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00164-00
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condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación
de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de
fonoaudiólogo.
QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección
de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con
miras a que ejerza sus competencias legales y reglamentarias
tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de
gestión documental que afronta.
SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO del Colegio
Colombiano de Fonoaudiólogos la presente providencia, para los fines
que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo de inscripción del señor RUBER ASTUL
QUINAYAS BERMEO.
SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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