Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00581-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00581-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00581-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
4 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00581-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad
del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo
de 2019, «Por la cual se confieren unos títulos académicos a
estudiantes de pregrado», del acta de grado núm. 16 de 15 de
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
marzo de 2019 y del diploma núm. 360-19 de 15 de marzo de 2019,
actos por medio de los cuales otorgó el título de abogada a la señora
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ.
I.- LA DEMANDA
I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
«[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-179 de 7 de marzo de 2019, en concreto el
aparte que confiere a la señora DIVA LEONOR FUENTES
PÉREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.061.779.919, expedida en Popayán – Cauca, el título de
abogada.
3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 16 de 15 de
marzo de 2019 - 029308 y Diploma No. 360-19 de 15 de marzo
de 2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de su Resolución No. R-179 de 2019 y otorga el título de
Abogada a la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.779.919,
expedida en Popayán – Cauca.
3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se
ordene la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogada No.
325542, otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura a la
señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.061.779.919, expedida en Popayán –
Cauca […]».
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I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación
superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual
ha ofertado el programa de pregrado de Derecho.
2°. Adujo que para la fecha en que la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ2 se matriculó en el programa de Derecho, esto es,
en el primer semestre del año 2013, la UNIVERSIDAD tenía previsto
como requisito de grado la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, «Por el cual se
adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales».
3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, con base en la información registrada en el
Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió
2
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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paz y salvo académico a favor de la estudiante DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ quien, dentro de la oportunidad otorgada por la
Secretaría General, presentó la documentación exigida para el
otorgamiento del título de abogada a fin de ser incluida en la
ceremonia colectiva de graduación que tuvo lugar el 15 de marzo de
2019, en la cual recibió el diploma correspondiente.
4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la
Resolución núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de
seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos
administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa
de derecho, con el propósito de verificar posibles irregularidades que
se habrían presentado en el registro de tales exámenes.
5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida
en el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado
por uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se
informaba que a varios estudiantes del programa de derecho se les
registraron como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA,
a pesar de que no los habían superado.
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6°. Indicó que en cumplimiento de la tarea encomendada por el
Rector de la UNIVERSIDAD el equipo constituido mediante la
Resolución núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información
consignada en el SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y
registro de exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y
graduados desde el año 2015, confrontando dicha información con los
respectivos soportes físicos que reposaban en el expediente de la
correspondiente historia académica.
7°. Señaló que respecto de la situación académica de la señora DIVA
LEONOR FUENTES PÉREZ se advirtió que, según la información
registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los siete (7)
exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin embargo,
corroborado dicho reporte con el expediente de la historia académica,
pudo advertir que la graduada solo había aprobado tres (3)
exámenes, quedando pendiente de aprobación los correspondientes a
las áreas de derecho de bienes, obligaciones y contratos, derecho
constitucional, derecho penal y derecho procesal civil.
8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo
utilizado por la señora FUENTES PÉREZ para obtener el registro de
notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,
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situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades
competentes.
9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se
expidieron bajo el supuesto de que la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ había cumplido con todos y cada uno de los
requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogada.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren
en las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues
vulneran los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política; la Ley 30 de 1992, los artículos 3º, 6º y 137 de
la Ley 1437 de 2011; la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo Académico
núm. 02 de 17 de febrero de 2011, «Por el cual se adopta la
reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la
facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales».
Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que
«la presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes
preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual el
estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca, no
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tendría el derecho a que se le confiera el título de abogado y, de
otorgarse sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título
deberá ser dejado sin efectos, tal y como lo ha entendido y dispuesto
la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-
783 de 2003».
Aseveró que la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ no cumplió
con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos de la
UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogada, pues de
acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento se
pudo establecer que la graduada no aprobó los exámenes
preparatorios de las áreas de derecho de bienes, obligaciones y
contratos, derecho constitucional, derecho penal y derecho procesal
civil.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 12 de noviembre de 20213 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular a la señora
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ, en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso.
3
Visible en el índice 4 del expediente digital.
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II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la
suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la cual
se accedió mediante proveído de 4 de noviembre de 20224.
II.3.- Contestación
II.3.1. La señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ5, en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda y manifestó, en
síntesis, que:
Las pruebas aportadas por la parte actora eran insuficientes para
acreditar los cargos de nulidad invocados en la demanda. Sostuvo
que se advertía una indebida escogencia del medio de control, dado
que el procedente era el de nulidad y restablecimiento del derecho,
por lo que se configuró la caducidad, pues la demanda se presentó
por fuera de los términos previstos para ello.
Adujo que la demandante se comprometió a expedir una
reglamentación especial, respecto de la presentación y aprobación de
exámenes preparatorios en áreas de derecho, para las personas a las
4
Visible en el índice 63 del expediente digital. Contra la anterior decisión, el tercero interesado interpuso
recurso de súplica, el cual fue decidido por la Sala en providencia de 3 de marzo de 2023, en el sentido
de confirmar el decreto de la medida cautelar (índice 89 del expediente digital).
5
Visible en el índice 71 del expediente digital.
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que se les aplicaba el «CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION INTERISTITUCIONAL No. 2.3.-32.7/119 de
2021 SUSCRITO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE,
BOLIVAR, PATIA ARGELIA, BALBOA, ARGELIA, FLORENCIA,
MERCADERES Y LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA», pues dicho
convenio no previó la obligación de presentar exámenes
preparatorios.
De otro lado, adujo que los acuerdos en los que se estableció como
requisito la presentación y aprobación de exámenes preparatorios en
áreas de derecho, para obtener el título de abogado, fueron
expedidos por una autoridad incompetente, por lo que no le eran
aplicables al tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Cuestionó el informe que presentó la UNIVERSIDAD respecto del
cumplimiento de los requisitos de grado de la señora FUENTES
PÉREZ, dado que no se anexaron las actas de los exámenes
preparatorios presentados, a pesar de existir los recibos del pago que
se efectuó para su presentación, lo cual consideró vulneró el debido
proceso.
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Sostuvo que la plataforma de registro de notas de la UNIVERSIDAD
daba cuenta de la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios por parte del tercero con interés directo en las resultas
del proceso, además de que desconocía los motivos por los cuales la
demandante no realizó de forma efectiva la cadena de custodia de
los exámenes que debían de reposar en las historias académicas de
sus alumnos.
Adujo que para los alumnos era «imposible» acreditar la
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios, pues la
responsabilidad del registro de exámenes era de la UNIVERSIDAD y
sus docentes.
En este punto, cuestionó la idoneidad e imparcialidad de los
funcionarios de la UNIVERSIDAD que suscribieron el informe de
cumplimiento de requisitos de grado, pues no se acreditó que
tuvieran conocimientos especializados en telecomunicaciones,
informática o sistemas, además de que una de ellas era la que hacía
los registros en los que presuntamente se presentaron las
irregularidades.
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Señaló que la parte actora no probó cuáles fueron las falencias que
se encontraron en el sistema de registro «si el mismo fue hackeado o
si la información suministrada en el mismo fue adulterada por un
funcionario público o por los mismos estudiantes de la Universidad
del Cauca». Destacó que las falencias que se presentaron en el
sistema de registro de notas de la UNIVERSIDAD no se le podían
atribuir a sus alumnos.
Propuso como excepción la indebida escogencia del medio de control,
pues sostuvo que los actos administrativos acusados de nulidad eran
de carácter particular y concreto, por lo que el medio de control
adecuado para controvertir su legalidad era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual estaba sometido a un término
de caducidad de cuatro meses.
Finalmente, propuso como excepciones previas la falta de
competencia para conocer de asuntos académicos y la de habérsele
dado a la demanda el trámite de proceso diferente al que
corresponde.
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II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 27 de enero
de 20236 resolvió la excepción previa que formuló el tercero
interesado7; en auto de 24 de febrero de 20238, prescindió de realizar
la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en
aplicación de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por
el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio9 y resolvió sobre las
pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
Contra la decisión mediante la cual Despacho Sustanciador se abstuvo
de decretar una solicitud probatoria, el apoderado del tercero con
interés directo en las resultas del proceso interpuso recurso de
reposición, el cual se decidió en auto de 31 de marzo de 2023, en el
sentido de no reponer la decisión objeto de recurso10.
6
Visible en el índice 78 del expediente digital.
7
En el citado auto se resolvió lo siguiente:
«[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “Falta de competencia para conocer
del presente asunto por tratarse de actos académicos”, y “habérsele dado a la demanda el trámite de un
proceso diferente al que corresponde”, formuladas por el apoderado del tercero con interés directo en
las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ABSTENERSE de decidir en esta etapa procesal sobre las excepciones de inepta demanda
por “por indebida escogencia del medio de control” y de “caducidad”, formuladas por el apoderado del
tercero con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia […]».
8
Visible en el índice 84 del expediente digital.
9
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, y el acta de grado
núm. 16 de 15 de marzo de 2019, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no los
artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de la
Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta
la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se
adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”,
conforme a lo expuesto por la parte actora en la demanda y a lo respondido por el tercero con interés
directo en las resultas del proceso con su contestación […]».
10
Índice 101 del expediente digital.
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Contra la anterior decisión, el apoderado del tercero con interés directo
en las resultas del proceso interpuso recurso de súplica, el cual se
declaró improcedente en providencia de 25 de noviembre de 202411.
En auto de 7 de noviembre de 202512, se decidió correr traslado a las
partes y al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de
conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- Durante el término de traslado las partes no presentaron
alegatos de conclusión.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto13 en el que solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que
dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la
nulidad de los actos acusados.
11
Índice 113 del expediente digital.
12
Visible en el índice 142 del expediente digital.
13
Visible en el índice 148 del expediente digital.
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Sostuvo que los argumentos expuestos por el tercero con interés
directo en las resultas del proceso eran idénticos a los que se
plantearon en los procesos radicados bajo los números 11001-0324-
000- 2020-00240-00 y 11001-0324-000-2022-00198-00, por que se
remitía las consideraciones expuestas en los mismos.
Destacó que la existencia del «CONVENIO ESPECIFICO DE
COOPERACION INTERISTITUCIONAL No. 2.3.-32.7/119 de 2021», no
implicaba que la UNIVERSIDAD debiera de expedir un nuevo
reglamento para el programa de derecho que se impartió en virtud
del citado convenio, por lo que la señora FUENTES PÉREZ tenía la
obligación de cumplir con los requisitos reglamentarios para optar por
el título de abogada, dentro de los cuales se encontraba el de la
presentación y aprobación de exámenes preparatorios en áreas de
derecho.
Indicó que el análisis del expediente no permitía llegar a conclusión
distinta a que la no aprobación de los exámenes preparatorios de
derecho de bienes, obligaciones y contratos, derecho constitucional,
derecho penal y derecho procesal civil implicó una vulneración de las
normas invocadas por la parte demandante, por lo que se debía
declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del
CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201914, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto de la referencia.
IV.2. Los actos acusados
En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del
artículo primero de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019,
respecto del título de abogada que se le otorgó a la señora DIVA
LEONOR FUENTES PÉREZ, la cual establece:
«[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-179 DE 2019
(07 de marzo)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,
14
El Acuerdo 80 de 2019 fue modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.”.
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CONSIDERANDO
Los graduandos de posgrado de la Universidad del Cauca solicitan
a la Rectoría se les confiera el título correspondiente (sic).
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con
todos los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad
académica y demás instancias administrativas universitarias.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
ABOGADA (O)
(…)
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ
CC. (…) POPAYÁN […]».
De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado
núm. 16 de 15 de marzo de 2019, en la que se indicó lo siguiente:
«[…] ACTA DE GRADO No. 16 del 15 de marzo de 2019
En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 2:00 p.m., del día viernes quince (15) de marzo
de dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la Resolución
R-179 del 7 de marzo de 2019 expedida por la Rectoría de la
Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La secretaria general, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:
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ABOGADA
A:
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ
CC. (…) de POPAYÁN
El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogada
Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No:360;
Diploma No: 360-19
La ceremonia finaliza a las 3:00 p.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria
General.
Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a quince (15) de
marzo de dos mil diecinueve (2019).
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]».
Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 360-19 de 15 de
marzo de 2019, en el cual se lee:
«[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la
REPÚBLICA DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio
Educación Nacional, en la atención a que DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ (…) ha cumplido con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos
los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el
ejercicio profesional. Popayán, 15 de marzo de 2019. Registrado
en el Libro de Diplomas No. 083, Folio No. 360, Diploma No. 360-
19 […]».
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IV.3. Cuestión previa
En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló la
excepción de indebida escogencia del medio de control, sobre la cual
el Despacho Sustanciador, en el auto que resolvió las excepciones
previas del proceso, señaló que sería resuelta en la sentencia, por lo
cual procede la Sala a decidir de conformidad.
La procedencia del medio de control en el caso particular
Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el
proceso, al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las
consideraciones que allí fueron expuestos y que se transcriben a
continuación:
«[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios actos,
a través de los cuales le confirió el título de abogada a la señora
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ, por lo que se advierte que se
trata de decisiones de contenido particular y concreto, comoquiera
que resuelven una situación jurídica en cabeza de una estudiante
a quien se le confirió dicho título profesional.
Frente a lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, en
providencia de 19 de diciembre de 201915, que reiteró lo dicho en
el auto de 13 de junio de 201916, señaló que en los casos en que
se proponen pretensiones de lesividad el medio de control
15
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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19
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procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, se destaca:
«[…] La jurisprudencia de la Corporación17 ha precisado que
la acción de lesividad equivale a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que ejercen los
particulares, en tanto permite que la administración
cuestione la legalidad del acto administrativo concreto
y, tiene, entre otras características, que a través de ella, la
administración, comparece al proceso en calidad de
demandante y de demandada, buscando obtener la
nulidad de un acto administrativo expedido por esta,
invocando una o varias de las causales de nulidad previstas
en el artículo 84 del CCA. En consecuencia, con fundamento
en la naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la inobservancia
del principio de buena fe, pues la declaratoria de nulidad del
acto administrativo demandado está supeditada a la prueba
de alguna de las referidas causales de nulidad […]».
(Destacado por el Despacho).
En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA, lo
procedente sería adecuar el trámite de la demanda al de nulidad
y restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el presente caso
el Despacho advierte que se está ante la excepción establecida en
el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, que permite controvertir
un acto administrativo de carácter particular a través del medio
de control de nulidad “cuando los efectos nocivos del acto
administrativo afecten en materia grave el orden público, político,
económico, social o ecológico”.
En efecto, en el asunto objeto de análisis, la actora expresamente
sostiene que luego de unas investigaciones iniciadas a raíz de
unas denuncias recibidas, pudo constatar que los actos
administrativos controvertidos se expidieron con fundamento en
una documentación falsa presentada por una estudiante a la que
se le otorgó el título de abogada, quien, a su juicio, actuó de mala
fe y la hizo incurrir en un error […]».
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.
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Conforme lo expuesto, en el presente caso el medio de control de
nulidad es el adecuado para enjuiciar los actos administrativos que
otorgaron el título profesional de abogada a la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ sin haberse cumplido la totalidad de los requisitos
previstos para ello, por lo que se declarará no probada la excepción
de indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, la de
caducidad, pues de conformidad con lo previsto en el literal a), del
numeral 1, del artículo 164 del CPACA, la demanda de nulidad se
puede presentar el cualquier tiempo.
Por último, se destaca que los restantes medios exceptivos
formulados por el tercero, atañen directamente al fondo de la
controversia, por lo cual serán desatados al resolver los cargos de la
demanda y la contestación.
IV.4. Problema jurídico
El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo
1° (parcial) de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019,
«Por la cual se confieren unos títulos académicos a
estudiantes de pregrado»; del acta de grado núm. 16 de 15 de
marzo de 2019 y del diploma núm. 360-19 de 15 de marzo de 2019,
actos por medio de los cuales otorgó el título de abogada a la señora
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ.
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A juicio de la demandante, los actos acusados transgreden el Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, «Por el cual se
adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales»,
debido a que la graduada no cumplió con la totalidad de los requisitos
allí previstos para optar por el título de abogada, en tanto no aprobó
los exámenes preparatorios de las áreas de derecho de bienes,
obligaciones y contratos, derecho constitucional, derecho penal y
derecho procesal civil.
Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso
aseguró que en el requisito de grado consistente en la aprobación y
presentación de los exámenes preparatorios en áreas de derecho no
le era aplicable, pues considera que dicho requisito no fue objeto de
reglamentación por parte de las autoridades competentes, además de
que existe una desorganización interna en la UNIVERSIDAD que no
le es imputable.
Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los
siguientes asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos
de grado de los programas universitarios; y (iii) la solución del caso
concreto.
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(i) La autonomía universitaria
El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía
universitaria en los siguientes términos:
«[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria.
Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]».
El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades
impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así
como también les permite la gestión independiente de sus asuntos
administrativos y académicos.
La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la
«[…] capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha
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de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas […]»18.
También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el
principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por
finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos
centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del
poder político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de
acción de dichas instituciones, con los límites que establezca la ley.
En este sentido, la Sección Segunda mencionó:
«[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de
cualquier tipo de intervención del poder político en todos sus
ámbitos: ideológico, administrativo o financiero[19]. En otros
términos, busca el respeto en la libertad de actuar de dichas
instituciones.
Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[20]
En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [21][…]».22
18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[19] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[20] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[21] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de
radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
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La Ley 30 de 28 de diciembre de 199223 desarrolló el artículo 69
Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus
propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados
y seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional.24
En este marco normativo, los entes universitarios están facultados
para adoptar las determinaciones que en su normativa interna
garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de
formación de sus egresados.
(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios
El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:
«[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
23
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
24
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
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acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los
literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de
Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes) […]» (Resaltado
fuera del texto original).
En relación con la fijación de los requisitos de grado que las
instituciones de educación pueden establecer en sus programas
académicos, la Corte Constitucional ha dicho:
«[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce
efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.
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Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la
sociedad profesionales de óptimas calidades en virtud del
riesgo social que implica el ejercicio de profesiones como la
abogacía […]»25. (Resaltado fuera del texto original).
Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de
2001, afirmó:
«[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos
educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el
título de abogado, pueden exigir los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de
estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos
de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les
reconoce artículo 69 constitucional […].» (Resaltado fuera del
texto original)
De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que
el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa
que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos
exámenes, para obtener su título profesional, dado que los
reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad
educativa.
25
Sentencia SU-783 de 2003.
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(iii) La solución del caso concreto
Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de
202326, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares
supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales
había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante
matriculado en el primer período académico del año 2013, como
parte de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer
los hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos
docentes que daban cuenta de un procedimiento irregular en el
proceso de graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran
investigaciones internas, así como por parte de la Fiscalía General de
la Nación - Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General
de la República.
En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes
preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la
obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho
a partir del segundo período académico de 2011, -como sucede en el
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio
de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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presente caso-, y concluyó que tales reglamentos académicos son
normas vinculantes y de obligatorio cumplimiento, a fin de acreditar
los requisitos para que esa Institución confiera válidamente el título
de abogado. Los apartes de la mencionada sentencia que son
relevantes para el caso en estudio, señalan:
«[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la
malla curricular bajo la modalidad de créditos y fijó las
actividades curriculares obligatorias y electivas que debían
aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011», según lo previsto en su artículo 6°.
74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02
exigieron la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios como un requisito tendiente a obtener el título
de abogado, en los siguientes términos:
“(…) ARTÍCULO QUINTO. Adoptar el siguiente plan de
estudios del Programa de Derecho:
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
TOTALES 218 164
(…)
ARTÍCULO SÉPTIMO- Para optar al título de abogado,
además de cursar y aprobar las actividades curriculares
del plan de estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o
hacer una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en
idioma extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa (…)”.
75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de
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diciembre de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos
administrativos, sustanciales y procedimentales relacionados
con la presentación y aprobación del requisito de grado objeto
de debate.
76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo
siguiente:
“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son
prueba de aptitud académica y profesional, para
evaluar los conocimientos generales sobre las
diferentes asignaturas de la carrera, el criterio jurídico
y la formación socio humanística del estudiante. Podrán
ser orales o escritos. El Comité de Programa en
conjunto con los departamentos establecerá las
temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.
ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones
Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal
Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y
Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y
Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado
Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones;
Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio;
Derecho Procesal Civil Especial (…)”.
77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala
concluye que el referido Acuerdo 02 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos
«estudiantes que se matricul(aron) por primera vez o
reingres(aron) al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011», según lo previsto en su
artículo 6°. Tal disposición exige la aprobación de los exámenes
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preparatorios como un componente obligatorio del currículo
académico27.
78. Esto significa que resulta totalmente acertado el
planteamiento expuesto por la Universidad del Cauca conforme
con el cual su normatividad interna exige la aprobación de
los exámenes preparatorios a efectos de optar por el título
de abogado.
(…)
84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el
Acuerdo 02 de 2011 como el Acuerdo 001 de 2014
determinan claramente que los estudiantes de Derecho
deben aprobar todos los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado(a). Estos actos administrativos,
valga resaltarlo, no solo fueron expedidos por las autoridades
competentes, sino que definen cuáles son las temáticas objeto de
esa prueba de aptitud, y establecen un procedimiento para su
desarrollo en virtud del cual su presentación y aprobación se ve
reflejada en distintas constancias documentales físicas y virtuales
[…]». (Resaltado fuera del texto original).
Precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la
UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado de los estudiantes
de derecho que se matricularon por primera vez o reingresaron al
programa de derecho a partir del segundo período académico de
2011, procede la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en
la demanda.
27
El artículo 11 del Acuerdo 036 de 2011, define el currículo como «el proceso de construcción dialógica
de experiencias (estudios, trabajos, prácticas, actitudes, actuaciones, expresiones, regulaciones,
valoraciones, etc.), socialmente valido, mediante el cual se espera que el educando apropie críticamente
la cultura asociada al nivel educativo en el que se inscribe. El currículo comprende tanto el “modelo” o
referencia social del educando, con las diferentes vivencias que experimenta orientadas a su apropiación
cultural».
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Vicio de nulidad de los actos acusados consistente en no
acreditarse la totalidad de los requisitos de grado previstos en
la ley y los reglamentos internos – Infracción de las normas en
que debían fundarse
Alega la parte actora que la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ
no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos
internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de
abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo
de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó los
exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de derecho de
bienes, obligaciones y contratos, derecho constitucional, derecho
penal y derecho procesal civil.
Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogada
a la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ, mediante la
Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, el acta de grado
núm. 16 de 15 de marzo de 2019 y del diploma núm. 360-19 de 15
de marzo de ese mismo año.
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Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD
en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de
derecho, esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de
julio de 2019, «Por la cual se conforma el equipo de
seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos
académico administrativos de registro de exámenes
preparatorios del programa de Derecho de la Universidad del
Cauca».
El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del
cumplimiento de los requisitos de grado de la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes
documentos:
• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica de la estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación
– Seccional Cauca.
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• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.
Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo
entregó el informe de 28 de mayo de 2020, en el que formuló las
siguientes conclusiones:
«[…] IV. CONCLUSIONES
1. La señora FUENTES PEREZ DIVA LEONOR, cédula de ciudadanía
No 1061779919 y código estudiantil 100113011734, presenta siete
(07) registros de preparatorios con nota aprobado (A) en SIMCA
2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes de
información (registro informático y soportes físicos) se estableció
que tres (03) de ellos cuentan con soporte documental en la
historia académica:
Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho Administrativo
2. Los Preparatorios Derecho Penal y Derecho Constitucional,
registrados el 24 de octubre de 2018 en estado de aprobados en el
periodo académico 2018.2 y los Preparatorios Bienes, Obligaciones
y Contratos y Procesal Civil, registrados el 24 de octubre de 2018
en estado de aprobados en el periodo académico 2017.1, carecen
de evidencia física o documental en la hoja de vida o historia
académica del estudiante, esta última condición se indica con una
X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se
deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con la
“modalidad” que refiere a la forma de presentación del preparatorio
que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al
día, mes y año de presentación del examen preparatorio;
“calificación” que detalla la nota cualitativa o cuantitativa que el
estudiante obtuvo en el examen preparatorio […]».
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También está acreditado en el proceso que mediante el Acuerdo
núm. 36 de 2011 se adoptó el Estatuto Académico de la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, el cual reguló el proceso de formulación
y aprobación de los programas académicos y de sus reformas en los
siguientes términos:
“Artículo 42. Etapa de diseño y formulación. Sin perjuicio
de disposiciones legales que rigen esta materia, la
formulación de programas académicos de la Universidad, en
conformidad con sus tipos y modalidades, debe abarcar,
cuando menos, los siguientes aspectos:
(…)
i. El currículo y el plan de asignaturas y demás actividades
educativas, que evidencien las dimensiones curriculares
establecidas en el presente estatuto junto con sus requisitos y
créditos académicos.
(…)
k. Las estrategias y metodologías de enseñanza y de
aprendizaje, las formas de seguimiento y de evaluación de las
diferentes actividades y del programa en su conjunto, así
como los recursos necesarios para desarrollarlas.
l. La certificación a que conduce y los requisitos para su
otorgamiento. (…). (Resaltado fuera del texto original).
Del citado Estatuto se advierte que los programas de la
UNIVERSIDAD deben incluir los requisitos exigibles a los
estudiantes para el otorgamiento del respectivo título y, asimismo,
señalar el alcance del currículum y las respectivas estrategias de
evaluación.
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Se observa, igualmente, que el Consejo Académico de la
UNIVERSIDAD, a través del Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero
de 201128, modificó el programa de derecho, en el sentido de
señalar las actividades curriculares obligatorias y electivas que debían
aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo período académico
de 2011».
En los artículos 5° y 7° del citado Acuerdo se estableció la
obligatoriedad de la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios para optar por el título de abogado, en los siguientes
términos:
«[…] Artículo 5°. Adoptar el siguiente plan de estudios del
Programa de Derecho:
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
TOTALES 218 164
(…)
Artículo 7°. Para optar por el título de abogado, además de
cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de
estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios;
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“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”.
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b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer
una práctica en la judicatura;
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma
extranjero y
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa […]».
(Resaltado fuera del texto original).
En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNIVERSIDAD expidió el
Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 201429, con el fin de
reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y
procedimentales relacionados con el requisito de grado en comento.
De dicha reglamentación se destaca:
“[…] Artículo 1°. Los exámenes preparatorios son prueba de
aptitud académica y profesional, para evaluar los
conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de
la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística
del estudiante. Podrán ser orales o escritos.
El Comité de Programa en conjunto con los departamentos
establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes
exámenes de preparatorios.
Artículo 2°. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y
Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones Laborales,
Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho
de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del
Delito; Derecho Penal Especial y Principios y Fundamentos del
Derecho Procesal Penal; Estructura y Contenidos del Proceso
Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
29
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3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio
Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos
Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Derecho Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho
Procesal Civil Especial.
(…)
Artículo 7°. Los Departamentos determinarán el
número de cupos y programarán los exámenes
preparatorios de grado para el período académico
correspondiente, señalando las fechas, horas y jurados para
cada uno de los exámenes. Estas decisiones serán publicadas
por la Coordinación del Programa y la Secretaria General de la
Facultad en la página Web de la Universidad y/o de la
Facultad y en la cartelera de la Coordinación del programa y
Secretaria de la Facultad.
Artículo 8°. La Coordinación del Programa y la Secretaria de
la Facultad convocara por la Página Web de la Universidad y/o
de la Facultad y por la cartelera de la Coordinación del
programa y de la Secretaria de la Facultad, semestralmente,
a los estudiantes y egresados interesados en la presentación
de los preparatorios, informando las fechas de recepción de
las solicitudes y de realización de los exámenes, con sus
respectivos docentes.
(…)
Artículo 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar
en los recintos universitarios y por profesores designados
para tal efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios
en fechas distintas de las establecidas y por fuera de los
turnos adjudicados en la Secretaría General. En casos
excepcionales se podrá programar el examen en otro lugar
previa aprobación de la Coordinación del programa y de la
Secretaría General de la Facultad.
Artículo 11. Para autorizar la presentación del
preparatorio será requisito indispensable la previa
cancelación de los derechos respectivos. […]”30
(Resaltado fuera del texto original).31
Ver anexos de la demanda, índice 3 del expediente digital.
30
31
En igual sentido, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 002 de 1988) reguló el registro y
modificación de notas de los preparatorios, de la siguiente manera:
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Del anterior recuento es dable concluir que la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ se matriculó al programa de Derecho de la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó
mediante el Acuerdo 02 de 2011; ii) que los artículos 5° y 7° del
referido Acuerdo prevén como requisito para obtener el título de
abogada la aprobación de los exámenes preparatorios; iii) la estudiante
únicamente superó satisfactoriamente tres (3) de los siete (7)
exámenes exigidos; por lo que (iv) la UNIVERSIDAD no podía
conferirle el título de profesional en derecho, contrariando su propio
reglamento.
“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la fecha y hora fijadas. Quienes por
causa justificada no pudieren presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya lugar a ello,
de acuerdo con el artículo 51 del presente Reglamento.
La no presentación de un examen de acuerdo con el procedimiento anterior, será calificada
con nota cero punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se ausente sin causa justificada
durante el desarrollo de una prueba.
58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en la Secretaría Académica dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas. Los
estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, podrán hacer los correspondientes reclamos y
pedir correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder revisión de exámenes escritos por
medio de un segundo calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso se considerará
como calificación del examen la nota del segundo calificador.
59. Vencido el término de publicación, las calificaciones serán registradas y no podrán ser
modificadas excepto en casos de errores aritméticos o de trascripción. En este evento deberá
hacerse la salvedad correspondiente, con la aclaración y la firma del Secretario Académico,
previa autorización del Consejo de Facultad.
60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las asignaturas matriculadas que no
aparezcan calificadas o canceladas en los libros de la Facultad.
61. Para presentar exámenes de habilitación, validación, clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable comprobar previamente ante la Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).
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Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a
los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían
fundarse, esto es, el Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero de
2011, «Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de
Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales».
De los argumentos de la contestación
Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el
tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya
cumplido los requisitos para optar por el título de abogado, pues, en
su criterio, lo que se observa es una “desorganización interna” que no
le es imputable.
A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las
diferentes pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los
actos administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL
CAUCA le confirió el título de abogada a la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ, están viciados de nulidad por violación de la
norma superior en que debían fundarse, esto es, de los Acuerdos
Académicos examinados.
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En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de
pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de
Gestión Financiera; de la historia académica de la estudiante,
suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control
Académico; y del archivo de gestión de la División de Admisiones,
Registro y Control Académico, la egresada DIVA LEONOR FUENTES
PÉREZ, no reunía los requisitos legales y estatutarios para
obtener el título profesional que le fue otorgado.
Así pues, a pesar de que el tercero con interés directo en las resultas
del proceso fue enfático en señalar que cumplió con el requisito de
presentar y aprobar los exámenes preparatorios previstos en el
reglamento, sus argumentos estuvieron direccionados a cuestionar la
organización y conservación de los archivos por parte de la
UNIVERSIDAD, sin acreditar lo relacionado con la presentación y
aprobación de los exámenes por los que la parte actora solicitó la
nulidad de la actos acusados, esto es, los preparatorios
correspondientes a las áreas de derecho de bienes, obligaciones y
contratos, derecho constitucional, derecho penal y derecho procesal
civil.
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Así, pues al tercero con interés directo en las resultas del proceso no
le correspondía cuestionar exclusivamente el manejo que la actora da
al historial académico de sus estudiantes, sino acreditar dentro del
proceso que efectivamente sí cumplió con los exámenes preparatorios
a los que hace referencia la demanda, lo cual no ocurrió.
Frente a la presunta aplicación de normas especiales, en virtud del
convenio interadministrativo suscrito entre la UNIVERSIDAD y los
MUNICIPIOS DE SUCRE, BOLIVAR, PATIA ARGELIA, BALBOA,
ARGELIA, FLORENCIA y MERCADERES, la Sala destaca que el
tercero no demostró que en virtud del mencionado convenio
estuviese exento del requisito de presentación y aprobación de
exámenes preparatorios, ni aportó pruebas que acreditaran este
hecho. Por el contrario, como ya se indicó, es el Acuerdo núm. 002
de 17 de febrero de 2011 el que le resulta aplicable, el cual
establece como requisito para obtener el título de abogada la
aprobación de los exámenes preparatorios.
Así pues, el comportamiento que le resultaba exigible a la estudiante,
una vez accedió al sistema de registro académico de la
UNIVERSIDAD para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en
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sus resultados académicos y no pretender beneficiarse indebidamente
del desorden administrativo, para obtener un título profesional sin el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó
la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de
los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no
son vinculantes, aspecto frente al cual la Sala precisa que tal informe
no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, en el que se acreditó que respecto del
tercero con interés directo en las resultas del proceso «Los
Preparatorios Derecho Penal y Derecho Constitucional, registrados el 24
de octubre de 2018 en estado de aprobados en el periodo académico
2018.2 y los Preparatorios Bienes, Obligaciones y Contratos y Procesal
Civil, registrados el 24 de octubre de 2018 en estado de aprobados en
el periodo académico 2017.1, carecen de evidencia física o documental
en la hoja de vida o historia académica del estudiante».
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De igual forma, resulta necesario precisar respecto de la Resolución
núm. 695 de 30 de julio de 201932, opera la presunción de legalidad,
por lo que si el tercero con interés directo en las resultas del proceso
considera que dicho acto está afectado de nulidad debió cuestionarlo a
través del medio de control establecido en la ley para tal efecto, pues
mientras ello no suceda, dicho acto administrativo no pierde
ejecutoriedad.
En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la
prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación33 ha
sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las
partes está en mejores condiciones de probar los hechos alegados 34;
sin embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
32
“Por el cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos
académico administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa de Derecho de la
Universidad del Cauca”.
33
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-
1996-01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.
34
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a
las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
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lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar
todos los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los
hechos alegados35.
Así, en el caso concreto era precisamente el ente universitario el
interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad
de requisitos para optar por el título de abogado, para lo cual allegó
las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al
convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados,
de modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor
posición de probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal
que le correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.
En lo que respecta a la presunta omisión por parte del equipo de
seguimiento y apoyo de adelantar un proceso disciplinario con
citación de los involucrados, es del caso señalar que tal proceso que
echa de menos el tercero con interés directo obedece a la autonomía
universitaria y en nada se relaciona con el hecho de haber conferido
un título sin el cumplimiento de los componentes curriculares
establecidos por la UNIVERSIDAD, cuestión esta que es la que
35
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de
agosto de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA
CORREA PALACIO.
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atañe al estudio de legalidad, de ahí que el reparo relacionado con el
desarrollo del procedimiento sancionatorio exceda el objeto del
presente debate judicial.
De igual forma, la Sala considera que la conducta asumida por la
UNIVERSIDAD consistente en verificar nuevamente el cumplimiento
de los requisitos de grado de sus egresados, no contraría los
principios de buena fe y confianza legitima, dado que los hechos
ilícitos advertidos en el año 2019, justificaron la toma de decisiones
razonables y oportunas ante dicha problemática36.
Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento
expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la
culminación de un programa, por haber adquirido un saber
determinado en una Institución de Educación Superior37, y que,
además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente
ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la
abogacía tiene como función social la de colaborar con las
autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico
36
Esta postura prohíja la sentencia de la Sala de 31 de julio de 2023, número único de radicación
11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.
37
Ley 30 de 1992, artículo 24.
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del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de
justicia […]”.
A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023
en comento, al indicar:
“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,
la profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones
sociales:
[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199238 y del
18 de abril de 199739, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e
intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las
cuestiones o puntos legales que se le consultan`, es decir,
actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o
emitir conceptos jurídicos. Esta concepción tradicionalista por
considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la
Sala en sentencia del 1 de octubre de 1992 dictada en el
expediente No. 0676, ha venido evolucionando bajo la
perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es
materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse
en cuenta para la acreditación del requisito constitucional,
quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía
al litigio. […]” (destaca el Despacho).
163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:
Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
[38]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[39] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.
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perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.
Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los
particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar
y asistir a las personas en la ordenación- y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en
el primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con
servicios profesionales con altos estándares de calidad, puesto
que, al conferir un título, el centro universitario certifica que
formó a un servidor de la justicia capaz de promover acciones
individuales y colectivas que respeten la ética y el fin social de
su labor.
165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del
texto original)
Frente a los argumentos expuestos por el apoderado del tercero con
interés directo en las resultas del proceso respecto de la falta de
competencia del Consejo Académico para establecer requisitos de
grado, la Sala reitera lo que se ha considerado sobre este punto en
asunto de similares características, en los siguientes términos40:
“[…] Sobre: i) la falta de ratificación del Acuerdo Académico
núm. 002 de 2011 por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca; ii) la no exigencia de exámenes
preparatorios a partir de la Ley 552 de 1999; y iii) la no
delegación en el Consejo Académico de la Universidad del
40
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 2 de noviembre de 2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00060-00, C.p. Nubia
Margoth Peña Garzón.
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Cauca de la función de reglamentar los exámenes
preparatorios.
41. En relación con los argumentos del recurrente, según los
cuales: i) el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no se ratificó
por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca como lo
dispone el literal f) del artículo 31 del Acuerdo núm. 105 de 1993,
no obstante que creó requisitos de grado como los exámenes
preparatorios, los que no hacen parte del plan curricular regulado
en el Acuerdo núm. 27 de 2012 y que no se podía desconocer
para aplicar el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011; ii) a partir
de la Ley 552 de 1999 los requisitos de grado son terminación del
plan de estudios y la elaboración y sustentación de la monografía
jurídica o realización de la judicatura y, en consecuencia, los
exámenes preparatorios dejaron de ser requisito de grado; y iii)
el numeral 53 del Acuerdo núm. 002 de 1988 otorgó competencia
al Consejo de Facultad de la Universidad del Cauca para
reglamentar los exámenes preparatorios, función que no podía
ser delegada en el Consejo Académico de la Universidad del
Cauca, considera la Sala que estos se dirigen a cuestionar la
validez del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, el que goza de
presunción de legalidad por no haberse anulado o suspendido sus
efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
42. Atendiendo lo anterior, si el recurrente considera que el
Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 se expidió de manera
irregular, debió cuestionarlo a través del medio de control
establecido en la ley para tal efecto; mientras ello no suceda,
dicho acto administrativo no pierde ejecutoriedad […]”.
Finalmente, la Sala resalta que el reglamento de preparatorios para el
plan de estudios del Programa de Derecho, expedido mediante el
Acuerdo núm. 1 de 2014, estableció que rige para los estudiantes que
ingresaron a partir del segundo período académico del año 2011, por
lo que por expresa disposición del mencionado acto administrativo,
este le era aplicable al tercero con interés directo en las resultas del
proceso y, en consecuencia, debía cumplir con lo allí dispuesto.
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Finalmente, el tercero interesado sostiene que los actos administrativos
demandados no son pasibles de control jurisdiccional porque resuelven
asuntos académicos, propios de la autonomía universitaria del centro
educativo demandante. Al respecto, la Sala trae a colación la
providencia de 10 de mayo de 2021, en la que al resolver un asunto de
similares presupuestos al que aquí se estudia, la Sección indicó:
“[…] Con el propósito de solucionar el referido planteamiento, es
necesario recordar el criterio jurisprudencial que pacíficamente ha
sostenido esta Sección desde el año 1994 respecto del control de
legalidad de las decisiones definitivas que adoptan las entidades
educativas.
La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha señalado
que, al momento de determinar la competencia de esta jurisdicción,
es necesario diferenciar dos tipos de actos administrativos de las
instituciones universitarias. La primera tipología de acto se
denominó “acto académico” y guarda relación con aquella decisión
susceptible de control judicial por estar asociada al cumplimiento de
la función pública educativa. La segunda tipología corresponde a lo
que se denominó como el “acto meramente académico”, cuyo
contenido está relacionado con el funcionamiento interno de las
instituciones de educación superior, acto frente al cual no puede
adelantarse un estudio de legalidad por parte de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo por tratarse del ejercicio de la autonomía
universitaria.
Para diferenciar ambos tipos de decisiones, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en la sentencia de 16 de diciembre de 199441,
enunció una serie de actos no enjuiciables que «tienen que ver con
el fuero interno de las Instituciones de Educación Superior, ya que
son la máxima expresión de su autonomía y forman parte del
reglamento que gobierna las relaciones entre la Institución y sus
educandos», tales como «el señalamiento del calendario académico,
los planes de enseñanza e investigación, el sistema, forma y criterio
de calificaciones, de exámenes y de matrículas, entre otros».
41
Sentencia del 16 de diciembre de 1994, Rad No.2710, Actor: Carlos José Vásquez Villegas, M.P.
Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
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La Sección Primera, en la sentencia de 17 de marzo de 200042, en
este mismo sentido precisó lo siguiente:
“[…]la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre actos
meramente académicos, que escapan al control jurisdiccional, como
sería, por ejemplo, los relacionados con una evaluación académica;
y actos académicos, que tienen el carácter de administrativos, por
ser consecuencia del cumplimiento de una función
administrativa -la de educación-, pues son expedidos por las
instituciones de educación superior, sean públicas o
privadas, en virtud de la delegación que el Estado les ha
hecho de dicha función, verbigracia, el acto acusado en este
proceso, a través del cual se le impuso a la actora la sanción de
interdicción académica definitiva, que le impidió continuar
con la presentación de exámenes preparatorios para optar al
título de abogada. (Sentencias de 16 de diciembre de 1994,
Expediente núm. 2710, Consejero ponente doctor Ernesto Rafael
Ariza Muñoz; y de 30 de abril de 1996, Expediente núm. 1968,
Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez)[…]”43.
Siguiendo el mismo criterio, en las sentencias de 5 de octubre de
200944, de 16 de julio de 201545 y de 21 de abril de 201646, la Sala
aclaró que también son actos meramente académicos los
concernientes a las evaluaciones académicas y los de expulsión.
En virtud de este marco jurisprudencial, es dable concluir que los
actos demandados en el presente medio de control claramente
corresponden a aquellos que desarrollan la función administrativa
educativa, puesto que van más allá del funcionamiento interno del
centro universitario, en tanto materializan lo dispuesto en el artículo
26 de la Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30.
Como se explicó en precedencia, el constituyente, en el artículo 26
superior, reconoció que el legislador puede exigir títulos de
idoneidad para el desarrollo de las ocupaciones que generan riesgos
sociales. Bajo este mandato, el artículo 24 de la Ley 30 determina
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref No. 5583. Consejero
Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora Gladys maría Sierra Mendoza.
43
Este criterio fue reiterado en la sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2009. Radicación No.
2009-01120-01(AC). Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Jesús Castellanos
Amador.
44
Expediente núm. 2009-01120-01, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno
45
Expediente núm. 2010-00564-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
46
Expediente núm. 2014-00355-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
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que «el otorgamiento de títulos en la educación superior es de
competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel (educativo)».
(…)
Con fundamento en esta lógica, la Sección Primera del Consejo de
Estado, en las sentencias de 22 de octubre de 202047 y de 16 de
diciembre de 202048, se pronunció de fondo en relación con dos
demandas de nulidad interpuestas en contra de las actas
individuales de grado expedidas por un instituto universitario,
mediante las cuales se conferían dos títulos profesionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Despacho considera que los
actos objeto de enjuiciamiento en este proceso son controlables en
su legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, por ende, el primer reparo formulado no cuenta
con vocación de prosperidad […]”.49
Por las razones expuestas la Sala concluye que los argumentos
esgrimidos por el tercero con interés directo no tienen vocación de
prosperidad.
La decisión
De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará
la nulidad de la Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, «Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado», respecto de la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ,
47
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00475-01, Actor:
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, Demandado: HENRY ALFONSO ROA MORALES.
48
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00483-01,
Actor: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ, Demandado: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
PAZ- UNIPAZ Y LUIS ALEJANDRO SOTOMONTE NIÑO, Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, número
único de radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00. C.p. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
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al igual que la nulidad del acta de grado núm. 16 de 15 de marzo de
2019 y del diploma núm. 360-19 de la misma fecha, expedidos por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el
título de abogado al antes citado.
Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de
31 de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la
UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,
19 y 21 de la Ley 594 de 200050, que le impidieron adoptar
adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado
respecto de la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ, y que
condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que en
la presente decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a
que la Sala inste a la institución académica para que, en el marco de
su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,
adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si la
señora FUENTES PÉREZ estaría en condiciones de culminar el
proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le
hacen falta para optar por el título de abogada.
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“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente
decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los
problemas de gestión documental que afronta; así como también
poner en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente
providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en
cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de
fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta
profesional de abogada de la señora DIVA LEONOR FUENTES
PÉREZ.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida
escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero
interesado en las resultas del proceso.
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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la
Resolución núm. R-179 de 7 de marzo de 2019, «Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado»,
expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora
DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 16 de 15
de marzo de 2019 y del diploma núm. 360-19 de 15 de marzo de
2019, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los
cuales se le otorgó el título de abogada a la señora DIVA LEONOR
FUENTES PÉREZ.
CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco
de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la
regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si la señora DIVA LEONOR FUENTES PÉREZ estaría en condiciones
de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los
requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.
QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección
de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con
miras a que ejerza sus competencias legales y reglamentarias
tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de
gestión documental que afronta.
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SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la
Judicatura la presente providencia, para los fines que estime
pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora DIVA
LEONOR FUENTES PÉREZ.
SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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