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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06706-00

Fecha
5 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06706-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Juan Pablo Bambagüé Macías en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06706-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

5 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Subsidiariedad. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Juan Pablo Bambagüé Macías en
contra de la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Juan Pablo Bambagüé Macías, en nombre propio, presentó acción de tutela en la
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
contradicción y defensa, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
que consideró vulnerados por la Sección Primera del Consejo de Estado con
ocasión del auto del 4 de septiembre de 2025 dictado al interior del medio de control
de nulidad por lesividad, identificado con el radicado 11001-03-24-000-2021-00889-
00, mediante el cual se negó la solicitud con la que pretendió la declaratoria de
nulidad de todo lo actuado dentro del proceso.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. La Universidad del Cauca promovió demanda de nulidad para que se dejara sin
efectos la Resolución R-842 del 27 de septiembre de 2016, en concreto el aparte
que confiere a Juan Pablo Bambagüé Macías el título de abogado. Igualmente,
atacó la legalidad del acta de grado 44 del 7 de octubre de 2016 y del diploma 1470-
16 del 7 de octubre de 2016, expedidos por la misma institución.

1 Ibídem. / actuaciones del proceso electoral incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032400020210088900110
0103

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

2.2. El asunto correspondió por reparto a la Sección Primera del Consejo de Estado,
autoridad que, admitió la demanda en única instancia y ordenó su notificación el
señor Bambagüé Macías como tercero interesado.

Igualmente, mediante auto del 1 de julio de 2022 corrió traslado al tutelante para
que en el término de cinco (5) días se pronunciara respecto de la solicitud de medida
cautelar de suspensión de los efectos de los actos demandados.

2.3. El tutelante afirmó que la providencia que corrió el referido traslado no fue
notificada a su correo personal (pablobm007@gmail.com) sino al buzón
pablobm007@hotmail.com.

2.4. Con auto emitido el 17 de enero de 2025 la autoridad judicial accionante accedió
a la medida solicitada. Esta decisión, nuevamente, se notificó a un correo erróneo.

2.5. El actor tuvo conocimiento de la existencia de la demanda en el momento en
que acudió a la Universidad del Cauca para realizar estudios de posgrado. En
consecuencia, constituyó apoderado judicial y radicó escrito el 10 de marzo de 2025
con el que solicitó la nulidad de todo lo actuado, al considerar que se presentó una
indebida notificación.

2.6. Mediante providencia del 4 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Primera negó tal petición, al considerar que la notificación del auto
admisorio y del que corrió traslado de la medida cautelar se realizó con el envío del
mensaje de datos al correo pablom007@hotmail.com, correo que fue utilizado por
el accionante de manera regular como canal de comunicación digital con la
institución educativa, entre los años 2006 a 2016. Agregó que, través de dicho
buzón se solicitó la expedición del paz y salvo para adelantar el trámite de la
ceremonia de graduación.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional conceder la protección de los
derechos invocados. En consecuencia, pidió que se ordene a la Sección Primera
del Consejo de Estado dictar una nueva decisión “que declare nulo todo lo actuado
desde el auto admisorio de la demanda dentro del proceso de nulidad adelantado
por la Universidad del Cauca, Medio de control de nulidad Número único de
radicación: 11001-03-24-000-2021-00889-00, en el que se tengan en cuenta las
consideraciones de expuestas mediante un análisis de manera tal que se garantice
el debido proceso y se proceda a notificar en debida forma el auto admisorio de la
demanda en mi favor”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la parte actora planteó los siguientes
cargos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

3.2.1. Indicó que el auto del 4 de septiembre de 2025 proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado negó la solicitud de nulidad de todo lo actuado en el
marco del proceso ordinario, pese a que el aplicativo Samai da cuenta del registro
de errores en la entrega del mensaje de datos con el que se notificó el proveído del
1 de julio de 2022, que corrió traslado de la medida cautelar de suspensión de los
actos cuestionados por la Universidad del Cauca.

Precisó que dicha irregularidad le impidió tener conocimiento oportuno y efectivo de
la demanda ordinaria y no le permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción.

3.2.2. Afirmó que la Universidad del Cauca, en su calidad de demandante, omitió
verificar la notificación efectiva pese a disponer de los datos de contacto
actualizados, circunstancia que tuvo un impacto negativo en las garantías del actor.
La decisión cuestionada, al negar la nulidad, consolidó dicha irregularidad.

3.2.3. Precisó que la suspensión de su título profesional acentúa la afectación
material de los derechos al debido proceso, al trabajo y a la dignidad humana.
Además, impide ejercer su profesión, acceder a programas de posgrado y generar
ingresos, por lo que se causa un perjuicio irremediable que hace procedente la
solicitud de amparo.

3.2.4. Puntualizó la existencia de los siguientes defectos en la providencia
cuestionada:

Procedimental absoluto, en tanto permitió la admisión de la demanda y la
suspensión provisional de los actos demandados sin el debido ejercicio del derecho
de contradicción. Agregó que la notificación realizada no se ajustó a los criterios
establecidos en el Decreto 806 de 2020 y el artículo 110 del Código General del
Proceso, dado que el aplicativo Samai demuestra que el mensaje de datos se
remitió a un buzón electrónico inactivo.

Orgánico, derivado de la omisión en garantizar la notificación efectiva al tercero con
interés directo. Esto, vició la integración del contradictorio y por ende la competencia
del juez.

Fáctico y decisión sin motivación, puesto que negó la solicitud de nulidad sin valorar
las pruebas de error en la notificación que se encuentran en el aplicativo Samai y
que fueron aportadas en el momento procesal oportuno.

Material o sustantivo, que se sustenta en la contradicción con los lineamientos del
Decreto 806 de 2020.

Error inducido, en la medida que la Universidad del Cauca, en el escrito de
demanda, informó un correo de notificaciones inactivo, lo que llevó a la autoridad
judicial accionada a considerar que el envío del mensaje de datos se realizó
adecuadamente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

Desconocimiento del precedente, identificado en la sentencia T-261 de 2025 de la
Corte Constitucional y “Consejo de Estado 2022 (rad. 11001-03-24-000-2021-
00581-00) que exigen notificaciones efectivas”.

Violación directa de la Constitución, pues la actuación de la autoridad accionada
contraviene normas de rango constitucional.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 27 de octubre de 20252 se admitió la acción de tutela y se
vinculó a la Universidad del Cauca en calidad de tercera con interés.

4.2. La Universidad del Cauca3 solicitó que se nieguen las pretensiones de
amparo, en tanto el auto del 4 de septiembre de 2025 no vulneró los derechos
fundamentales invocados. Indicó que la decisión fue razonadamente motivada y se
ajustó a las normas procesales aplicables, mientras que el tutelante pretende
acceder a una tercera instancia para reabrir el debate ya resuelto.

4.3. La Sección Primera del Consejo de Estado4 remitió en enlace web del
proceso ordinario. Igualmente presentó informe en el que señaló que la acción es
improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, dado que el proceso en
el que se dictó la providencia censurada se encuentra en curso y no se ha dictado
sentencia definitiva.

Agregó que, sin perjuicio de lo anterior, no se demostró la lesión a las garantías
fundamentales del tutelante, dado que la notificación reprochada se remitió a dos
buzones electrónicos: pablobm007@hotmail.com y jpbmangue@unicauca.edu.co
lo que garantizó el debido proceso.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Juan
Pablo Bambagüé Macías, al ser el titular de los derechos que afirma fueron
vulnerados, dado que fue vinculado en calidad de tercero con interés al proceso de
nulidad identificado con el radicado número 11001-03-24-000-2021-00889-00.

2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
3 Índice 00008 del aplicativo SAMAI. Reiterado en el índice 00010.
4 Índices 00009 y 00011 del aplicativo SAMAI.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

Además, la providencia que censura negó la solicitud de nulidad de todo lo actuado,
que presentó al interior de dicho trámite.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la
Sección Primera del Consejo de Estado, por cuanto actúa como juez de única
instancia dentro del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20055 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela6 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.

5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.

4.1. Subsidiariedad

Resulta importante recordar que la subsidiariedad está definida expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de
tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto
2591 de 19919.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial10.

Sobre el particular, en la sentencia T - 401 del 2019, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia
judicial por no superar el requisito de subsidiariedad: “[...] (i) cuando el asunto está
en trámite11; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico”.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad,
por las razones que se exponen a continuación.

al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
9“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
10 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
11 Enunciado también en la sentencia T -053 de 2020.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

5.1. El accionante cuestiona el auto del 4 de septiembre de 2025, mediante el cual
la Sección Primera del Consejo de Estado negó la solicitud nulidad de todo lo
actuado en el proceso promovido por la Universidad del Cauca, que se tramita en
única instancia bajo el radicado número 11001-03-24-000-2021-00889-00.

5.2. El artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “el recurso de reposición
procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario”, y “en cuanto a su
oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.

5.3. En consecuencia, se concluye que la referida providencia pudo ser
controvertida por el actor a través del recurso de reposición. No obstante, al revisar
las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario se advierte que el interesado
no hizo uso de dicho mecanismo en la oportunidad pertinente pese a que resultaba
eficaz para garantizar la protección de los derechos invocados a través a esta
solicitud tuitiva.

5.4. En consecuencia, la Subsección estima que la acción de tutela resulta
improcedente debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Aceptar lo
contrario implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios establecidos por el
legislador para el amparo de los derechos y suplir la omisión de la parte interesada,
quien no hizo uso de estos dentro del término correspondiente. Adicionalmente, la
parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
flexibilización de la regla de subsidiariedad.

5.5. Asimismo, se advierte que el proceso de nulidad se encuentra actualmente en
trámite a instancias de la Sección Primera del Consejo de Estado. En efecto, el 22
de septiembre de 2025 ingresó al despacho del magistrado ponente para impartir el
trámite respectivo, luego de la notificación del auto que negó la solicitud de nulidad.

De este modo, no puede afirmarse que se haya materializado la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte actora en los términos expuestos en la solicitud
de amparo, ya que aún no se ha proferido la decisión que, de manera definitiva,
ponga fin al proceso. Esto impide que el Juez de tutela adopte una decisión a través
de este medio, pues ello implicaría una invasión de las competencias del Juez del
proceso ordinario.

5.7. Con fundamento en lo anterior, se declarará improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-00
Accionante: Juan Pablo Bambagüé Macías

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Juan Pablo Bambagüé Macías en contra de la Sección Primera del Consejo de
Estado, por no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SFGS

8

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