RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06664-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06664-00

Fecha
18 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06664-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela frente a los defectos procedimental absoluto, fáctico y sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06664-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de noviembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: MAGALY STHEFANIA GÓMEZ MUÑOZ
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias que negaron una solicitud de
nulidad por indebida notificación. La Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia
constitucional, porque dichos reproches correspondían a una mera inconformidad con la
valoración probatoria e interpretación normativa ya analizada por el juez natural; por otra parte.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Magaly Sthefania Gómez
Muñoz en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la
administración de justicia, consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 20 de
septiembre de 2024, 21 de marzo de 2025 y 29 de agosto de 2025, en el proceso de
nulidad con radicación no. 11001-03-24-000-2020-00367-00.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 24 de octubre de 2025. (índice 00002 del
aplicativo SAMAI)

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

1) El 17 de agosto de 2020, a través de apoderado judicial, la Universidad del Cauca
interpuso demanda de nulidad a efectos de que se declarara la nulidad parcial de la
Resolución no. R-179 de 7 de marzo de 20192 y la nulidad total del Acta de Grado no.
16 de 15 de marzo de 2019 - 0293083 y del Diploma no. 362-19 de 15 de marzo de
20194, sin que la universidad le hubiese notificado a la aquí actora de esa decisión.

2) En auto del 3 de febrero de 2022, el Consejo de Estado admitió la demanda de
nulidad y vinculó a la señora Magaly Sthefania Gómez Muñoz, en condición de tercero
con interés directo en el resultado del proceso.

3) Mediante auto de 31 de marzo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
resolvió decretar la medida cautelar solicitada por la Universidad del Cauca y suspendió
provisionalmente los actos demandados.

4) Con ocasión de dicha decisión, el Consejo Superior de la Judicatura procedió a dar
cumplimiento a la orden impartida por el Consejo de Estado y suspendió
provisionalmente su inscripción como abogada y su tarjeta profesional.

5) El 22 de noviembre de 2023, presentó incidente de nulidad de todo lo actuado, por
violación del debido proceso debido a una indebida notificación en tanto que no fue
notificada a su correo personal, sino que el auto admisorio fue enviado a un correo de
uso institucional, por lo cual alegó que la Universidad de Cauca omitió realizar la
notificación personal necesaria a la luz de lo señalado en el Decreto 806 de 2020 y la
Ley 2213 de 2022.

6) En auto de 20 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
negó la solicitud de nulidad presentada por ella tras evidenciar que la Secretaría de la
Sección Primera de la Corporación notificó las providencias, sin que se haya reportado
algún tipo de error en su recepción; de igual forma, precisó que no es obligatorio enviar
simultáneamente con la demanda copia de ella y sus anexos al tercero interesado
cuando se solicitan medidas cautelares.

2
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado
3
Mediante el cual la Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Magaly Sthefania Gómez
Muñoz.
4
mediante el cual la Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Magaly Sthefania Gómez
Muñoz.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

7) Inconforme con la decisión, interpuso los recursos de reposición y en subsidio de
súplica en los que reiteró los argumentos relacionados con la indebida notificación por
parte del Consejo de Estado por no haberse enviado la notificación a su correo
personal.

8) En auto de 21 de marzo de 2025, el magistrado ponente de la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó el proveído de 20 de septiembre de 2024 tras considerar
que en el expediente no obraba constancia secretarial asociada a la imposibilidad de
notificar al tercero con interés en el correo institucional informado en la demanda.

9) Asimismo, en auto de Sala de 29 de agosto de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado rechazó por improcedente el recurso de súplica tras considerar que no se
enmarcaba en los supuestos normativos de procedencia enlistados en el artículo 246
del CPACA, pues el recurso fue formulado de manera subsidiaria al de reposición
contra el auto de 20 de septiembre de 2024, mediante el cual se negó una solicitud de
nulidad procesal.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que las providencias judiciales que negaron la solicitud
de nulidad incurrieron en los defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico y
sustantivo.

Frente al defecto orgánico precisó que se configuró respecto al auto de 21 de marzo
de 2025, proferido por el consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez, toda vez que
el recurso de reposición y en subsidio suplica debía ser decidido por los demás
integrantes de la Sala, Sección o Subsección, de modo que, a su juicio, el ponente no
podía decidir el recurso de reposición sobre su propia providencia, motivo por el cual
se omitió remitir el expediente al siguiente magistrado en turno, lo cual configuró una
absoluta falta de competencia funcional.

También se incurrió en un defecto procedimental absoluto porque la accionada actuó
completamente al margen del procedimiento establecido para la notificación de la
demanda y sus anexos, puesto que la Universidad del Cauca suministró un correo
institucional inactivo (magas@unicauca.edu.co), y el Consejo de Estado procedió a
notificar sin verificar la recepción efectiva mediante el acuse de recibo o apertura del
mensaje, como lo exige el artículo 5 del Decreto 806 de 2020.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

La decisión careció de apoyo probatorio para negar la solicitud de nulidad por
notificación indebida, con lo cual se incurrió en un defecto fáctico; específicamente,
arguyó que i) se omitió valorar la inexistencia de acuse de recibo o apertura del correo
en el aplicativo SAMAI; ii) se ignoró la declaración jurada de no recepción efectiva, y iii)
se desatendió el precedente vinculante del Consejo de Estado5 en el que se resolvió
un caso similar y se declaró la nulidad de lo actuado por indebida notificación.

El defecto sustantivo se configuró con ocasión del auto de 29 de agosto de 2025 que
realizó una interpretación restrictiva y formalista del artículo 246 del CPACA, que ignora
su armonización con el bloque de constitucionalidad que exige recursos efectivos, no
formales.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“PRIMERA.- Que se protejan los DEBIDO PROCESO JUDICIAL, EL
DERECHO DE CONTRADICCIÓN Y DEFENSA, el DERECHO A LA
IGUALDAD, y el ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de la
suscrita señora MAGALY STHEFANIA GÓMEZ MUÑOZ identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.061.738.542 expedida en Popayán - Cauca,
vulnerados con las providencias judiciales emitidas el día CONSEJO DE
ESTADO SECCION PRIMERA, providencias emanadas del CONSEJERO
PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mediante providencia del
veinte (20) de septiembre dos mil veinticuatro (2024), Referencia: Medio de
control de nulidad, Número único de radicación: 110010324000 2020 00367
00, providencia del veintiuno (21) de marzo dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad Número único de radicación:
110010324000 2020 00367 00 y providencia del veintinueve (29) de agosto
de dos mil veinticinco (2025), Referencia: Medio de control de nulidad Número
único de radicación: 110010324000 2020 00367 00, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, Consejero de Estado Dr.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ.

SEGUNDA.- Que a como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con ponencia del
magistrado Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, que profiera una nueva
providencia que declare nulo todo lo actuados desde el auto admisorio de la
demanda dentro del proceso de nulidad adelantado por la Universidad del
Cauca, Medio de control de nulidad Número único de radicación:
110010324000 2020 00367 00, en el que se tengan en cuenta las
consideraciones de expuestas mediante un análisis de manera tal que se
garantice el debido proceso y se proceda a notificar en debida forma el auto
admisorio de la demanda.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en
medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

5
Consejo de Estado expediente con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00581-00 MP Nubia Margoth
Peña Garzón.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 27 de octubre de 2025 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes de la
Sección Primera del Consejo de Estado y se vinculó al secretario de la Sección Primera
del Consejo de Estado y al rector de la Universidad del Cauca, entregándoles copia de
la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada

El secretario Pedro Pablo Munévar Albarracín de la Sección Primera del Consejo de
Estado (índice 0009 del aplicativo SAMAI) afirmó que las actuaciones fueron
debidamente notificadas a la dirección de correo electrónico de la actora, la cual
corresponde a “magas@unicauca.edu.co” y que dichas notificaciones sí se realizaron
y se encuentran debidamente registradas en el sistema de gestión judicial, bajo los
siguientes números de notificación: “3361 (auto que admite la demanda, remitido con
la demanda y sus anexos), 3367 (auto que corre traslado de la solicitud de medida
cautelar), 3373 (auto que corre traslado de la solicitud de medida cautelar), 8789 (auto
que resuelve la medida cautelar), 49827 (auto que corre traslado de nulidad), 55747
(auto que resuelve nulidades procesales), 56450 (traslado de las excepciones), 9430
(auto que resuelve el recurso de reposición) y 26464 (auto que resuelve el recurso de
súplica).”

El magistrado German Eduardo Osorio Cifuentes de la Sección Primera del Consejo
de Estado (índice 0010 del aplicativo SAMAI) precisó que no se cumplió con el requisito
de relevancia constitucional en tanto el asunto debatido no gira en torno al alcance,
aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la inconformidad con
las decisiones adoptadas en el proceso ordinario, específicamente respecto al trámite
de una nulidad procesal, máxime cuando los argumentos expuestos en el escrito de
tutela no acreditan un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional en un proceso que se encuentra en curso.

De igual forma, de manera subsidiaria, solicitó negar las pretensiones de la acción de
tutela, pues el auto de 29 de agosto de 2025 estuvo sustentado en las normas
procesales aplicables al caso y lo que lo realmente se cuestionan son los autos de 20
de septiembre de 2024 y 21 de marzo de 2025, los cuales no cumplen con el requisito
de inmediatez.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

El magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta de la Sección Primera del Consejo de
Estado (índice 0012 del aplicativo SAMAI) indicó que la acción de tutela deviene
improcedente por no cumplir con el requisito general de procedibilidad atinente a la
subsidiariedad, en razón a que el proceso dentro del cual se alega la presunta
vulneración de los derechos fundamentales se encuentra en trámite.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de las providencias de 20 de septiembre de 2024, 21 de marzo de 2025 y 29

7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

de agosto de 2025, mediante las cuales se negó una solicitud de nulidad procesal y se
resolvieron unos recursos presentados en contra de esa determinación.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
conforme se expone a continuación:

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente6, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal7”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias

6
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

judiciales8”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”. 9

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Ídem.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente
a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y

11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”10.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

3.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1) En lo referente a la supuesta configuración de los defectos orgánico, procedimental
absoluto, fáctico y sustantivo en los que, a juicio de la actora, incurrió la autoridad
judicial accionada por no tener en cuenta que la notificación de las providencias en el
trámite del proceso de nulidad simple fue indebida, para la Sala es claro que se trata
de una discusión de mera legalidad que ya fue abordada y resuelta de manera
razonable en el proceso ordinario.

10
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

2) En efecto, en el recurso de reposición y en subsidio súplica presentado en el proceso
de nulidad, la parte actora en similares términos a los que ahora pretende adujo lo
siguiente:

“En el asunto bajo estudio, existe una vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, a la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y al acceso a la administración de justicia, toda vez
que fue vinculado en calidad de tercero interesado, y si bien el auto admisorio
ordenó notificarlo del asunto de manera personal, a mi poderdante ello no
sucedió, y pese a alegar la nulidad en tal sentido, el Consejo de Estado, negó
tal pedimento, incurriendo, en defectos i) fáctico por un superficial análisis
probatorio, ii) sustantivo por indebida interpretación del artículo 291 del CGP
y, iii) procedimental por no agotarse el trámite legalmente establecido en
materia de notificaciones judiciales en virtud de las normas legales aplicables
al caso bajo análisis.

No existe acuse de recibido de mi poderdante de las actuaciones procesales
realizadas por parte del Consejo de Estado en relación al auto admisorio y el
traslado de la medida cautelar, vulnerando en consecuencia su derecho de
defensa, y del debido proceso.”. (archivo disponible en medio magnético en el
índice 00002 del aplicativo SAMAI)

3) En efecto, como se explicó con antelación, para determinar si una solicitud de
amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional es necesario examinar varios
elementos, entre ellos que la acción de tutela no sea usada para volver sobre lo
discutido en el proceso ordinario, esto es, que no sea empleada como una instancia
adicional, puesto que dicho mecanismo especial constitucional fue diseñado para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o
discrepancia que una de las partes tenga frente a una determinada decisión judicial.

4) Fue así como, en la decisión cuestionada, la Sección Primera del Consejo de Estado
expresó de manera clara su postura frente a los reproches planteados tras concluir que
las actuaciones realizadas han sido debidamente notificadas al correo indicado en la
demanda sin que se haya reportado algún tipo de error en su recepción, así:

“16. Atendiendo a que el tercero con interés directo en el resultado del
proceso, manifiesta que su correo personal siempre ha sido el indicado en el
incidente de nulidad, por lo que la notificación de la demanda efectuada por
la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado al correo indicado
en la demanda resulta ser indebida, comoquiera que era de uso institucional
y, en consecuencia, se le vulneró el debido proceso porque no pudo ejercer
oportunamente su derecho de contradicción y defensa.

17. De la revisión de la demanda, se advierte que la parte demandante en el
acápite denominado “NOTIFICACIONES”, indicó: “[…] la demandada en el
presente proceso, esto es, la señora MAGALY STHEFANIA GOMEZ
MUÑOZ, identificada […] con dirección de notificaciones [...] y correo
electrónico […]”; canal digital al que, la Secretaría de la Sección Primera
de la Corporación, ha notificado las decisiones al tercero con interés

13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

directo en el resultado del proceso, sin que se haya reportado algún tipo
de error en su recepción .

18. Respecto a la presunta omisión de “[…] verificar la existencia del correo
de mi poderdante […]”; este Despacho pone de presente que en el expediente
no obra constancia secretarial asociada a la imposibilidad de notificar al
tercero con interés directo en el resultado del proceso en el correo informado
en la demanda; por lo que no resultaba viable requerir a la demandante para
que aportara un nuevo correo de notificaciones al tercero y, en consecuencia,
se confirmará el auto objeto de recurso.”. (archivo disponible en medio
magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

5) Como se desprende del anterior extracto, la Sección Primera del Consejo de Estado
revisó las notificaciones realizadas por la Secretaría de esa Sección y constató que
efectivamente se notificaron las decisiones a la actora, en su condición de tercera con
interés directo en el resultado del proceso, de conformidad con el correo suministrado
en la demanda, sin que se evidencie alguna irregularidad.

6) Lo expuesto permite concluir, sin mayores dilaciones, que la parte actora pretendió
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate de mera
legalidad sobre la interpretación y el alcance de la causal de nulidad, pues, si bien bajo
la égida de unos supuestos defectos procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento
del precedente, defecto orgánico y sustantivo señaló que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales y desconoció las normas, las pruebas y la
jurisprudencia relevante en la materia, lo que en realidad se advierte es su interés de
emplear esta acción constitucional con el único y exclusivo fin de imponer su criterio
solamente por mostrar su desacuerdo con la decisión de los jueces de instancia.

7) Tales aspectos constituyen una discusión de mera legalidad, cuyo debate se agotó
ante el juez de instancia. Y si bien la parte actora también refiere que el mismo
magistrado ponente carecía de competencia para resolver la reposición en contra de
su propia decisión, tal disputa corresponde a una controversia de legalidad sobre la
interpretación de la norma, en tanto que el artículo 242 del CPACA11 estatuye dicho
recurso como un mecanismo que por su naturaleza implica que quien revisa la decisión
es el mismo funcionario judicial que la expide, con el propósito de analizar si hay lugar
a reponerla o no, por lo que en este caso es claro que su interés es emplear la tutela
como una instancia adicional para debatir las decisiones proferidas por su juez natural

11
“Artículo 242. Reposición El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal
en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del
Proceso.”

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

con el único propósito de imponer su visión sobre tal aspecto, sin que prima facie se
advierte ninguna irregularidad.

8) Como se explicó, el amparo constitucional constituye una herramienta para la
protección de los derechos fundamentales, pero en manera alguna puede constituirse
en una patente de corso para que las partes o incluso el propio juez de tutela impongan
su criterio frente al del juez ordinario, pues, como ya se explicó, se trata de un juicio de
validez y no de corrección de las decisiones de los jueces de la República, motivo por
el cual solo se habilitará su estudio ante evidentes y flagrantes vulneraciones a los
derechos y garantías constitucionales, lo cual no ocurre en este caso.

9) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
jurídico y probatorio ya resuelto por el juez natural de la causa y al juez constitucional
le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela frente a los defectos procedimental
absoluto, fáctico y sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06664-00
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Acción de tutela

Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.