Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06706-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06706-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06706-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de marzo de 2026
Demandante: Juan Pablo Bambagüé Macías
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-01
Demandante: JUAN PABLO BAMBAGÜÉ MACÍAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 5 de diciembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción de tutela presentada
por la parte actora.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Juan Pablo Bambagüé Macías, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción y defensa, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 4 de septiembre de 2025, a través de la cual la autoridad judicial
accionada resolvió negar una solicitud de nulidad presentada en el trámite del proceso
de nulidad2 iniciado por la Universidad del Cauca, que se identifica con el radicado
11001-03-24-000-2021-00889-00.
1 Mediante escrito radicado el 24 de octubre de 2025, a través del aplicativo web de recepción de tutelas
y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo de Estado.
2 En modalidad lesividad.
1
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Demandante: Juan Pablo Bambagüé Macías
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-01
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
PRIMERA.- Que se protejan los DEBIDO PROCESO JUDICIAL, EL DERECHO DE
CONTRADICCIÓN Y DEFENSA, el DERECHO A LA IGUALDAD, y el ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, del suscrito señor JUAN PABLO BAMBAGÜÉ
MACÍAS, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.061.706.317 expedida en
Popayán-Cauca, vulnerados con la providencia judicial emitida por el CONSEJO DE
ESTADO SECCION PRIMERA, providencia del cuatro (04) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025), Referencia: Medio de control de nulidad- Lesividad , Número único
de radicación: 11001-03-24-000-2021-00889-00, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Primera, Consejero de Estado Dr. OSWALDO
GIRALDO LÓPEZ.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con ponencia del magistrado Dr. OSWALDO
GIRALDO LÓPEZ, que profiera una nueva providencia que declare nulo todo lo actuado
desde el auto admisorio de la demanda dentro del proceso de nulidad adelantado por la
Universidad del Cauca, Medio de control de nulidad Número único de radicación: 11001-
03-24-000-2021-00889-00, en el que se tengan en cuenta las consideraciones de
expuestas mediante un análisis de manera tal que se garantice el debido proceso y se
proceda a notificar en debida forma el auto admisorio de la demanda en mi favor.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
El 7 de diciembre de 2021 la Universidad del Cauca presentó una demanda de nulidad,
en modalidad de lesividad, con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos
expedidos por ella: (i) la Resolución R-842 de 27 de septiembre de 2016, a través de
la cual se confiere al señor Juan Pablo Bambagüé Macías el título de abogado; (ii) el
acta de grado 44 de 7 de octubre de 2016, y (iii) el diploma 1470- 16 de 7 de octubre
de 2016.
El proceso correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado, bajo el radicado
11001-03-24-000-2021-00889-00. A continuación, mediante auto de 1. ° de julio de
2022 la autoridad judicial accionada admitió la demanda y ordenó notificar al señor
Bambagüé Macías como tercero interesado.
El 17 de enero de 2025 la Sección Primera del Consejo de Estado decretó como media
cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, respecto
del señor Juan Pablo Bambagüé Macias. Igualmente, negó la solicitud consistente en
que se ordenara al Consejo Superior de la Judicatura la suspensión de la tarjeta
profesional del accionante.
2
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Demandante: Juan Pablo Bambagüé Macías
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-01
El 10 de marzo de 2025, el señor Juan Pablo Bambagüé Macías presentó una solicitud
de nulidad de todo lo actuado por la indebida notificación de la demanda presentada
por la Universidad del Cauca, comoquiera que esta no se le hizo a su correo electrónico
pablobm007@gmail.com, sino a la dirección pablobm007@hotmail.com, lo cual, a
juicio del accionante, implicó un desconocimiento de lo señalado en el Decreto 806 de
2020 y en la Ley 2213 de 2022, en concordancia con lo dispuesto en el Código General
del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Esta decisión fue resuelta desfavorablemente por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante proveído de 4 de septiembre de 2025, al considerar lo siguiente:
De la revisión de la demanda, se advierte que la parte demandante en el acápite
denominado “NOTIFICACIONES”, indicó:
“El titular del derecho que confiere los actos administrativos demandados o
demandado en el presente proceso, señor (a) JUAN PABLO BAMBAGÜÉ
MACÍAS, identificado (a) con la cédula de ciudadanía N.º 1061706317, expedida
en Popayán, puede ser notificada en la carrera 6A No. 26N-61 Barrio Palacé,
Popayán, Cauca; de manera electrónica al correo electrónico
pablobm007@hotmail.com y jpbambague@unicauca.edu.co (…).
Pues bien, al mencionado canal digital fue al que la Secretaría de la Sección Primera de
la Corporación notificó las decisiones del Despacho al tercero con interés directo en el
resultado del proceso, sin que se hubiera reportado ninguna falla al notificar el auto
admisorio.
Refuerza la tesis del Despacho, cuando al verificar las pruebas aportadas con la
demanda, se observa lo siguiente: […]
De tal suerte que, por lo menos desde el año 2006 y hasta el 2016, el señor Bambagué
Macías usó regularmente como correo y canal de comunicación digital con la
universidad pablobm007@hotmail.com; es más, para la solicitud de grado y paz y salvo
lo usó hasta su última etapa en la universidad.
En esa vía, la tesis de la nulidad solicitada basada en el supuesto rebote del correo, no
tiene asidero, porque según se observa es del 13 de junio de 2023: […]
El correo que antecede obedece a un rebote del correo que notificó el auto que requirió
a las partes para allegar los antecedentes administrativos del 13 de marzo de 2023 y no
al auto admisorio del 5 de julio de 2024 y tampoco al auto que decretó las medidas
cautelares del 20 de enero de 2025 de los cuales la Secretaría no advierte ningún tipo
de irregularidad o anomalía en su entrega. Además, porque la causal de rebote obedece
a que el correo estaba lleno.
Por lo expuesto anteriormente, este Despacho considera que no resulta procedente
acceder a la solicitud de nulidad de todo lo actuado en el proceso, por la presunta
indebida notificación del auto admisorio de la demanda al tercero con interés directo en
el resultado del proceso, por cuanto la misma se efectuó al correo informado por la parte
demandante en el escrito de demanda3.
3 Transcripción literal del texto original
3
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Demandante: Juan Pablo Bambagüé Macías
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al proferir la decisión de 4 de septiembre de 2025, puesto que incurrió
en los defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico, sustantivo, error
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución.
Reprochó que la Sección Primera del Consejo de Estado notificara las providencias
judiciales proferidas en el trámite del proceso de nulidad, al correo electrónico
pablobm007@hotmail.com, sin que hubiera verificado primero si ese buzón electrónico
estaba en uso y mucho menos si el correo efectivamente había sido recibido por él,
puesto que como se puede verificar en Samai la notificación presentó errores en su
entrega y recibo. Además, tampoco revisó el correo registrado en el SIRNA4.
Explicó que a la fecha no ha podido acceder a la demanda ni a las demás actuaciones
del proceso, porque estas se encuentran bajo reserva y que se enteró de las
decisiones adoptadas por las autoridades cuando compareció a la Universidad del
Cauca para realizar un postgrado y uno de sus compañeros le manifestó haberse
enterado de lo sucedido.
Cuestionó que la indebida notificación realizada por la Sección Primera del Consejo
de Estado y por la Universidad del Cauca vulneró sus garantías constitucionales,
comoquiera que no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción contra el auto
que admitió la demanda y el que decretó una medida cautelar.
Alegó que en la providencia de 4 de septiembre de 2025 se asumió que el actor tuvo
un conocimiento oportuno basado en intervenciones posteriores que realizó a través
de su apoderado judicial, pero desconoció que ello ocurrió de forma informal y tardía
en el 2025, gracias a la información aportada por su compañero de universidad,
cuando ya se habían proferido los autos de 1. ° de julio de 2022 y 17 de enero de 2025.
Puso de presente que este error le genera un perjuicio irremediable, puesto que se
suspendió su título profesional de abogado, lo que le impide acceder a postgrados,
generar ingresos y le produce un «daño económico, moral y profesional inminente e
irreparable».
Sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial
informó que estos se cumplen. Particularmente, sobre el requisito de subsidiariedad
expuso lo que se transcribe a continuación:
4 Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
4
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No existen recursos ordinarios o extraordinarios adicionales contra esta decisión
interlocutoria en el medio de control de nulidad (artículo 243 del CPACA), ya que el auto
que resuelve nulidades no es susceptible de apelación inmediata, y sólo podría
impugnarse en la sentencia de fondo, lo que prolongaría el perjuicio.
Sobre el defecto orgánico destacó que este se configura ante la «omisión en garantizar
la notificación efectiva al tercero con interés directo, lo que vicia la conformación del
contradictorio y, por ende, la competencia funcional del juez». Para tal efecto, citó la
sentencia de 7 de octubre de 2022, dictada por el Consejo de Estado en el trámite del
proceso 11001-03-24-000-2021-00581-00, en el que se anuló un trámite procesal ante
un error similar.
En cuanto al defecto procedimental absoluto concluyó que este se presenta, toda vez
al negarse la nulidad por la indebida notificación se desconoció lo previsto en el artículo
3 del Decreto 806 de 2020, la Ley 2213 de 2022, el artículo 110 del Código General
del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Igualmente trajo a colación la sentencia T-292 de 2006 de la Corte
Constitucional que tuteló los derechos invocados en ese proceso por incurrir en este
defecto por unas notificaciones electrónicas ineficaces.
En relación con el defecto fáctico alegó que el auto que negó la solicitud de nulidad no
valoró las pruebas aportadas al expediente, particularmente las constancias de Samai
que demostraban que hubo errores en la entrega del correo de notificación por
«bandeja llena» o «error en la entrega», así como los registros universitarios que
confirmaban la inactividad de su correo institucional desde 2016; elementos
probatorios que demostraban que la comunicación no fue efectiva ni idónea. En este
punto, citó la sentencia SU-047 de 2018 de la Corte Constitucional que amparó los
derechos por una situación similar.
Ahora bien, explicó que el defecto sustantivo se configuró porque la autoridad judicial
en la providencia reprochada aplicó el «artículo 233 del CPACA, pero ignora la
inconstitucionalidad de su aplicación sin garantizar efectividad, contraviniendo el
Decreto 806 de 2020 (norma constitucional por habilitar el acceso virtual durante
pandemia) y el artículo 29 C.P. (debido proceso)». Al respecto, puso de presente la
sentencia T-225 de 2019 de la Corte Constitucional que «tuteló por defecto sustantivo
en suspensiones de títulos sin base normativa constitucional».
Afirmó que también se incurrió en el defecto por error inducido, puesto que la
Universidad del Cauca suministró a la demanda un correo institucional inactivo y en
consecuencia indujo a que la Sección Primera del Consejo de Estado asumiera que la
notificación había sido efectiva. Por ello, expuso que la «Corte, en la T-029 de 2025
(M.P. Paola Meneses Mosquera), tuteló por error inducido en notificaciones falsas,
ordenando anulación».
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De otro lado, sobre los defectos de decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, destacó que la providencia atacada
carece de motivación al negar la solicitud de nulidad sin que se hayan analizado las
pruebas que obraban en Samai, así como la jurisprudencia sobre notificaciones
efectivas establecidas en las sentencias «T-261/2025 y Consejo de Estado 2022 (rad.
11001-03-24-000-2021-00581-00)».
Por último, comentó que la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto de
7 de octubre de 2022, dentro del medio de control de nulidad identificado con el
radicado 11001-03-24-000-2021-00581-00, resolvió una solicitud de nulidad en un
asunto similar por indebida notificación en la que también incurrió la Universidad del
Cauca y esa corporación, de un exalumno vinculado al proceso. En ese sentido,
concluyó que no era la primera vez que se incurría en ese error.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 27 de octubre de 2025, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C admitió la acción de tutela y dispuso tener como
autoridad judicial accionada a la Sección Primera del Consejo de Estado. Además,
vinculó a la Universidad del Cauca como tercero interesado.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Universidad del Cauca
El apoderado de la entidad educativa solicitó que se niegue el amparo pretendido por
el actor, dado que la providencia de 4 de septiembre de 2025 no es arbitraria ni
caprichosa, sino que, por el contrario, se encuentra sólidamente fundamentada en el
análisis de las pruebas que obran en el expediente y de la aplicación de las normas
vigentes.
Así mismo, consideró que la acción de tutela se torna improcedente, porque no se
configura alguna de las causales específicas de procedibilidad contra providencias
judiciales. Ello, comoquiera que la Universidad del Cauca cumplió con su deber de
informar en la demanda los correos del actor, quien tenía la responsabilidad de revisar
los mensajes que recibió en la dirección que él mismo suministró.
Destacó que la constancia de envío que se generó por el sistema es prueba suficiente
de la recepción, sin que sea necesaria la confirmación de la lectura, puesto que ello
dejaría el cómputo de los términos procesales condicionado al arbitrio del destinatario.
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Igualmente, puso de presente que el propio auto de 4 de septiembre de 2025 diferenció
«la notificación del auto admisorio (sin fallas reportadas) del rebote de un correo
posterior, cuya causa fue "bandeja llena". Esta distinción fáctica, ignorada por el
accionante, demuestra que el juez sí valoró las pruebas y concluyó que la notificación
inicial fue exitosa».
Alegó que en caso de que se admitiera la supuesta irregularidad en la notificación
inicial, esta quedaría saneada por las actuaciones que el accionante realizó con
posterioridad, de conformidad con los artículos 136 y 301 del Código General del
Proceso.
Por último, afirmó que lo que el accionante pretende es «utilizar este mecanismo
constitucional como una tercera instancia para reabrir un debate procesal que ya fue
zanjado por su juez natural, lo cual desnaturaliza el propósito del amparo
constitucional».
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera
El magistrado encargado del despacho5 solicitó que se declaré la improcedente de la
acción de tutela por no cumplir el requisito de procedencia de subsidiariedad o que, en
caso de efectuarse el análisis de fondo, se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Sobre el primer aspecto, indicó que la acción de tutela se dirige contra una providencia
dictada en el trámite de un proceso de nulidad que aún se encuentra en curso y dentro
del cual no se ha dictado sentencia definitiva.
Sobre el fondo del asunto, comentó que en el auto reprochado se explicó que la prueba
con la que el actor pretende demostrar el rebote del correo es diferente a las
constancias de notificación del auto admisorio, del que corrió traslado de la medida
cautelar y del auto que la decretó.
1.7. Sentencia de primera instancia6
Con fallo de 5 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C declaró improcedente la acción de tutela presentada por la parte accionante, al no
satisfacerse el requisito de la subsidiariedad.
Lo anterior, al considerar que contra el auto de 4 de septiembre de 2025 procedía el
recurso de reposición, de conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. Sin
embargo, el señor Juan Pablo Bambagüé Macías no hizo uso de este.
5 Consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
6 Notificada vía electrónica el 5 de febrero de 2026.
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De otro lado, advirtió que el proceso de nulidad se encuentra actualmente en trámite,
razón por la cual no puede advertirse la materialización de la vulneración alegada por
el actor, «ya que aún no se ha proferido la decisión que, de manera definitiva, ponga
fin al proceso. Esto impide que el Juez de tutela adopte una decisión a través de este
medio, pues ello implicaría una invasión de las competencias del Juez del proceso
ordinario».
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 11 de febrero de 20267, el actor solicitó que se revoque el fallo
de tutela de primera instancia para que, en su lugar, se accedan a las pretensiones de
la demanda.
Al respecto, indicó que la presente acción cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, «toda vez que: frente al recurso de reposición objeto de análisis, la
postura de Consejo de Estado es no revocar dicha decisión, tal y como lo dispuso en
un caso similar al que ahora se debate, por lo que el agotamiento del recurso
cuestionado resulta improcedente para determinar la viabilidad de la acción de tutela,
en tanto existe una pr[á]ctica sistemática de la Sección Primera para denegar y
confirmar lo peticionado».
Para tal efecto, citó las actuaciones procesales adelantadas en el trámite del medio de
control de nulidad identificado con el radicado 11001-03-24-000-2020-00367-00, en
las que mediante auto de 2024 el magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez
negó la solicitud de nulidad presentada en el proceso, confirmada a través de proveído
de 21 de marzo de 2025, por la misma autoridad judicial.
En ese sentido, concluyó que al encontrarse acreditada la práctica sistemática del
rechazo del recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido
que no es obligatorio el agotamiento de todos los recursos sino solo de aquellos que
resulten idóneos y adecuados.
Reiteró que en este asunto se vulneró su derecho al debido proceso, por cuanto se
encuentra probado que las actuaciones procesales le fueron notificadas a un correo
que no era el de él y porque no se cuestionó si la dirección aportada por la universidad
era el mismo que se encontraba registrada en el SIRNA.
Finalmente, puso de presente nuevamente los reproches realizados en el escrito de
tutela contra el auto de 4 de septiembre de 2025, en relación con la indebida
notificación a un correo diferente al suyo, así como por la valoración probatoria que se
realizó en el trámite del proceso de nulidad.
7 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 5 de febrero de 2026 y el recurso
se interpuso el 11 de febrero del mismo año.
8
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 5 de diciembre de 2025 proferido el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 5 de diciembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por la parte accionante.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia, y de encontrarse superados, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. En lo que se refiere al agotamiento de todos los mecanismos de defensa
judicial, el inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política consagra este requisito
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591
de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de defensa
judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Al respecto, resulta pertinente destacar lo que ha dispuesto la Corte Constitucional
cuando la parte accionante no espera la resolución de la controversia por parte del
juez natural de la causa12:
(i) La acción de tutela contra una providencia judicial exige que, con anterioridad a
su interposición, se acredite el debido agotamiento de los mecanismos judiciales
de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, salvo
que la misma se active como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, cuando existe riesgo certero de configuración de un perjuicio
irremediable.
[…]
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos judiciales,
deben buscar la defensa de aquellos.
Al respecto, esta Colegiatura considera que la presente acción de tutela es
improcedente frente a este presupuesto, por cuanto, tal como lo estableció el a quo
constitucional, el señor Bambagüé Macías tuvo la posibilidad de presentar el recurso
de reposición contra el auto de 4 de septiembre de 2025, empero, no lo hizo.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Ver al respecto T-140 de 2023.
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Demandante: Juan Pablo Bambagüé Macías
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06706-01
Se recuerda que la providencia controvertida por el actor corresponde a un auto
dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través del cual se negó la
solicitud de nulidad presentada por el apoderado del señor Juan Pablo Bambagüé
Macías, en el marco de un proceso de nulidad que ejerció la Universidad del Cauca,
en modalidad de lesividad.
Al respecto, se tiene que el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo establece lo siguiente:
ARTÍCULO 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos,
salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo
dispuesto en el Código General del Proceso.
Por lo tanto, se reitera que el tutelante debió interponer el recurso de reposición contra
el auto de 4 de septiembre de 2025, antes de acudir a esta acción constitucional, dado
que correspondía a la Sección Primera del Consejo de Estado, en su calidad de juez
natural de la causa, revisar la decisión que tomó a través de ese proveído.
En su escrito de impugnación, el accionante indicó respecto del recurso de reposición
que «la postura de Consejo de Estado es no revocar dicha decisión, tal y como lo
dispuso en un caso similar al que ahora se debate, por lo que el agotamiento del
recurso cuestionado resulta improcedente para determinar la viabilidad de la acción de
tutela, en tanto existe una pr[á]ctica sistemática de la Sección Primera para denegar y
confirmar lo peticionado».
Lo anterior lo fundamentó en el hecho de que en otro proceso de nulidad con similares
supuestos fácticos que se identificó con el radicado 11001-03-24-000-2020-00367-00,
el magistrado ponente Hernando Sánchez Sánchez negó una solicitud de nulidad y,
posteriormente, al resolver un recurso de reposición que se interpuso contra esa
decisión, procedió a confirmarla.
Sin embargo, se recuerda que «la acción de tutela contra una providencia judicial exige
que, con anterioridad a su interposición, se acredite el debido agotamiento de los
mecanismos judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en el
ordenamiento jurídico»13.
En ese sentido, no era facultativo del actor cuestionar la procedencia de un recurso
judicial, solo porque en otro proceso la autoridad judicial confirmó una negativa de una
nulidad. Máxime cuando en el expediente que trajo a colación el accionante fungió
como ponente un magistrado diferente14 al que dictó el auto de 4 de septiembre de
202515.
13 Sentencia T-140 de 2023. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
14 Consejero Hernando Sánchez Sánchez.
15 Consejero Oswaldo Giraldo López.
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Ahora bien, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten
al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción de
tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de los
derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se
cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y
de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables
que lo neutralicen […]16».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha
de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables17. Entonces, corresponde
a la Sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte actora se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
Si bien el actor refirió que se le está causando un perjuicio, puesto que se suspendió
su título profesional de abogado, lo que le impide acceder a postgrados, generar
ingresos y le produce un «daño económico, moral y profesional inminente e
irreparable», lo cierto es que al revisarse el certificado de vigencia18 de la tarjeta
profesional del accionante, esta se encuentra en estado «VIGENTE»:
16 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
17 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación
se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona […] || D). La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la
acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del sentido de precisión y exactitud
de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social».
18 En la página web https://vigenciaspublicas.ramajudicial.gov.co/Certificados.aspx.
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Por lo tanto, entiende la Sala que a la fecha el actor puede ejercer su profesión de
abogado, máxime cuando en el auto de 17 de enero de 2025 la Sección Primera del
Consejo de Estado dejó claro que se negaba la solicitud de medida cautelar
consistente en que se ordenara al Consejo Superior de la Judicatura la suspensión de
la tarjeta profesional del señor Bambagüé Macías.
Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará la sentencia de 5 de
diciembre de 2025, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C declaró improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora,
al no encontrarse configurado el requisito de agotamiento de todos los mecanismos de
defensa judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de diciembre de 2025, por medio de la cual
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción
de tutela presentada por Juan Pablo Bambagüé Macías contra la Sección Primera del
Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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