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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06664-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06664-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 18 de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06664-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

12 de marzo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06664-01
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06664-01
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad simple. Requisitos
generales de procedencia. Subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 18 de noviembre de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, que resolvió:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela frente a los defectos procedimental
absoluto, fáctico y sustantivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de octubre de 2025, en nombre propio, la señora Magaly Sthefania Gómez
Muñoz interpuso acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la defensa y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Que se protejan los DEBIDO PROCESO JUDICIAL, EL DERECHO DE
CONTRADICCIÓN Y DEFENSA, el DERECHO A LA IGUALDAD, y el ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de la suscrita señora MAGALY STHEFANIA
GÓMEZ MUÑOZ […] vulnerados con las providencias judiciales emitidas el día
CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA, providencias emanadas del
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mediante providencia
del veinte (20) de septiembre dos mil veinticuatro (2024), Referencia: Medio de
control de nulidad, Número único de radicación: 110010324000 2020 00367 00,
providencia del veintiuno (21) de marzo dos mil veinticinco (2025) Referencia: Medio
de control de nulidad Número único de radicación: 110010324000 2020 00367 00 y
providencia del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticinco (2025), Referencia:
Medio de control de nulidad Número único de radicación: 110010324000 2020 00367 00,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera,
Consejero de Estado Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con ponencia del magistrado Dr. OSWALDO
GIRALDO LÓPEZ, que profiera una nueva providencia que declare nulo todo lo actuados
desde el auto admisorio de la demanda dentro del proceso de nulidad adelantado por la
Universidad del Cauca, Medio de control de nulidad Número único de radicación:
110010324000 2020 00367 00, en el que se tengan en cuenta las consideraciones de
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Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz

expuestas mediante un análisis de manera tal que se garantice el debido proceso y se
proceda a notificar en debida forma el auto admisorio de la demanda.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

La Universidad del Cauca expidió Acta de Grado 16 de 15 de marzo de 2019 y diploma
362-19 de la misma fecha, con los cuales otorgó título de abogada a la señora Magaly
Sthefania Gómez Muñoz.

El ente universitario promovió demanda de nulidad con el fin de que se declare la
nulidad del artículo 1º (parcial) de la Resolución 179 de 7 de marzo de 2019, por la
cual se profieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado. Y, la nulidad total
del certificado de paz y salvo académico de 4 de febrero de 2019 y del Acta de Grado
16 y del Diploma 362-19, ambos del 15 de marzo de 2019. Actos expedidos por la
Universidad del Cauca y respecto de los que solicitó además la suspensión provisional
de los efectos. Como motivación se indicó que la señora Gómez Muñoz no presentó
ni aprobó la totalidad de los exámenes preparatorios, que constituyen requisito para
obtener el título de abogado.

Por reparto y con el radicado 11001-03-24-000-2020-00367-00, correspondió conocer
del proceso en única instancia a la Sección Primera del Consejo de Estado que, en
auto del 3 de febrero de 2022, rechazó la demanda en relación con el certificado de
paz y salvo académico por no ser un acto susceptible de control judicial. Y admitió la
demanda frente a los demás actos acusados de nulidad y vinculó a la señora Magaly
Sthefania Gómez Muñoz como tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Surtido el traslado de la medida cautelar sin pronunciamiento alguno, en auto de 31
de marzo de 2023, al verificar el material probatorio, el despacho de conocimiento
encontró que la tercera con interés no aprobó ninguno de los siete exámenes
preparatorios, por lo que suspendió provisionalmente los efectos de los actos
demandados.

Como consecuencia del decreto de la anterior medida cautelar, mediante Resolución
9399 de 8 de agosto de 2023, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura decretó la pérdida de
fuerza ejecutoria de la inscripción como abogada y la expedición de la tarjeta
profesional de abogada de la señora Gómez Muñoz.

El 22 de noviembre de 2023, la tercera interesada solicitó la nulidad de todo lo actuado
por indebida notificación del auto admisorio de la demanda y del que accedió a la
medida cautelar, dado que las notificaciones se remitieron a un correo institucional y
no al personal. Además, sostuvo que la Universidad de Cauca no realizó la notificación
personal, según lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, en
concordancia con las normas del CPACA y del CGP. De la solicitud se corrió el
respectivo traslado. En esos términos, advirtió la vulneración del debido proceso al no
ejercer oportunamente el derecho de contradicción y defensa.

En auto de ponente de 20 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado negó la solicitud de nulidad al constatar que la Secretaría de esa Sección
notificó las providencias al correo informado por la universidad demandante, sin que
se hubiera reportado error en su recepción. Y precisó que no es obligatorio enviar

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simultáneamente con la demanda copia de ella y sus anexos al tercero interesado
cuando se solicitan medidas cautelares.

La señora Gómez Muñoz interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de súplica
para insistir en la indebida notificación de las providencias que le afectaban.

En auto de ponente de 21 de marzo de 2025, se confirmó la decisión recurrida y remitió
el expediente al magistrado que seguía en turno para tramitar la súplica.

En providencia de 29 de agosto de 2025, se rechazó por improcedente el recurso de
súplica al advertir que no se enmarcaba en los supuestos normativos del artículo 246
del CPACA.

3. Argumentos de la acción de tutela

Como argumentos de la solicitud de tutela, la actora expuso los siguientes:

Alegó la indebida notificación de las providencias de admisión de la demanda, traslado
de la medida cautelar y el decreto de la misma, dictadas por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad tramitado en su contra (rad. 11001-03-
24-000-2020-00367-00)

Indicó que formuló nulidad todo lo actuado por la indebida notificación de las
providencias, pero sus argumentos no prosperaron y en auto de 20 de septiembre de
2024 se negó. Recurrida esa decisión, en auto de 21 de marzo de 2025 no se repuso.
Y por auto de 29 de agosto de 2025 se rechazó el recurso de súplica. Con ese actuar
quedaron agotadas las vías ordinarias.

La indebida notificación alegada es una irregularidad y no un mero formalismo
procesal, puesto que genera indefensión absoluta, perpetuando la suspensión
provisional de su título de abogada y tarjeta profesional, lo cual afecta directamente
su dignidad humana (art. 1 C.P.), libertad económica y profesional, y el principio de
presunción de validez de los actos administrativos hasta su anulación definitiva.
En este caso, sostuvo que la relevancia constitucional se evidencia en que vulneración
contraviene el artículo 29 de la Constitución Política, que garantiza el debido proceso
en toda actuación judicial o administrativa, incluyendo el derecho a ser notificado de
manera efectiva para defenderse. En este momento el proceso de nulidad avanza sin
que puede ejercer su oportuna defensa.

Y se obstaculiza el acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) al hacer
ilusorios los recursos ordinarios. Así que el ejercicio de la acción de tutela es de
importancia para que no se perpetue la indefensión de los derechos fundamentales
en un proceso que impacta su vida profesional y configura un perjuicio irremediable

En este caso, consideró que las providencias que negaron la nulidad procesal
incurrieron en los siguientes defectos:

• Orgánico. La providencia de 21 de marzo de 2025 se dictó sin competencia
funcional, puesto que el magistrado ponente debió remitir el expediente al
magistrado que seguía en turno para que resolviera el recurso de súplica. No
podía decidir en forma unipersonal sin la intervención colegiada exigida por el
literal d) del numeral 4 del artículo 246 del CPACA.

El anterior actuar perpetuó la negación de la nulidad sin el escrutinio de sus
pares.
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• Procedimental absoluto. Las tres providencias impugnadas actuaron al
margen del procedimiento establecido para la notificación de la demanda y sus
anexos. La Universidad del Cauca suministró un correo institucional inactivo
(magas@unicauca.edu.co) y el Consejo de Estado procedió a notificar sin
verificar la recepción efectiva mediante acuse de recibo o apertura del mensaje,
como lo exige el artículo 5 del Decreto 806 de 2020: “La notificación por correo
electrónico se entenderá surtida cuando el destinatario confirme su recepción”.
Además, se omitió consultar el Sistema de Información SIRNA de la Rama
Judicial, en el que, como abogada titulada al momento de la demanda, registró
el correo personal (sthefaniagomezmunoz@gmail.com). Ello acredita una
notificación inválida que violó el artículo 291 del CPACA, el cual exige
notificación personal a terceros interesados.
Esta omisión no se corrigió en ninguna de las providencias. En efecto, el auto
de 20 de septiembre de 2024 negó la nulidad asumiendo válidamente la
notificación sin requerir prueba de recepción; el de 21 de marzo de 2025
confirmó; y el de 29 de agosto de 2025 rechazó la súplica por improcedencia
sin analizar el fondo procedimental. Como resultado, el proceso avanzó al
margen del procedimiento, decretando medidas cautelares (suspensión de
título) sin la defensa oportuna de la afectada.

• Fáctico. La autoridad judicial demandada; (i) no valoró la inexistencia de acuse
de recibo o apertura del correo en el aplicativo SAMAI, con lo que asumió que
fue recibido sin prueba positiva; (ii) ignoró la declaración jurada de no recepción
efectiva, la cual constituía prueba sumaria no controvertida; y (iii) desatendió el
precedente vinculante del Consejo de Estado en el Radicado 11001-03-24-000-
2021-00581-00 (providencia de 7 de octubre de 2022, M.P. Nubia Margoth
Peña Garzón), en el que se decretó nulidad por notificación a un correo
institucional inactivo similar (divaf@unicauca.edu.co) y se reconoció la
inducción a error por la Universidad del Cauca en circunstancias idénticas.
Esta omisión probatoria es grosera: las providencias se sustentaron en la mera
afirmación de «no reporte de error» (auto de 29 de agosto de 2025), sin requerir
a la Universidad del Cauca; certificar el correo en SIRNA ni analizar el contexto
fáctico de que el correo institucional caducaba post-graduación.

• Sustantivo. Este defecto se materializa en el rechazo por improcedente del
recurso de súplica en el auto de 29 de agosto de 2025, bajo una interpretación
restrictiva y formalista del artículo 246 del CPACA, que ignora su armonización
constitucional. El Consejo de Estado argumentó que el recurso solo procede
en casos taxativos, excluyendo la negación de nulidad procesal, visión que
contradice los fundamentos de la providencia al reconocer la existencia de una
notificación controvertida sin analizar su validez sustantiva.
Esa contradicción es grosera porque los fundamentos admiten la ausencia de
constancia de error, pero se rechaza el recurso sin resolver el fondo, con lo que
viola la prevalencia sustancial. La interpretación formalista torna ilusorio el
recurso de súplica.

Además, la tutelante advirtió que la dignidad humana, como principio constitucional,
se desconoció al perpetuarse la notificación indebida como consecuencia del actuar
de la Universidad del Cauca que indujo a error al Consejo de Estado al proporcionar
un correo inactivo sin verificación previa. No obstante, esa corporación judicial no
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analizó de fondo la indebida notificación alegada y no desplegó acciones correctivas,
como requerir un nuevo correo o declarar la nulidad.

En este momento el proceso de nulidad avanza sin que la actora pueda ejercer su
oportuna defensa e ignorando que el título de abogada representa un logro académico
y el fundamento de la autodeterminación profesional y social. Aunado a que la
suspensión provisional de la tarjeta profesional, se decretó sin su intervención
oportuna, lo que equivale a una sanción administrativa prematura que la despoja de
la capacidad para ejercer libremente la profesión y contribuir al Estado Social de
Derecho y causa dificultades económicas.

En esos términos, la tutelante adviritó que la perpetuación de una notificación inválida
que la excluye del proceso la despojó de su estatus de sujeto activo de derechos.
Insistió en que es procedente la nulidad de todo lo actuado por la indebida notificación
que fue alegada ante el juez natural y que correspondía a este comprobar que
efectivamente el correo suministrado por la Universidad del Cauca era institucional y
no estaba funcionando.
Resaltó que, en virtud de la sentencia T-081 de 2009 de la Corte Constitucional, la
notificación judicial es un acto que garantiza el conocimiento de la iniciación de un
proceso y en general, todas las providencias que se dictan en el mismo, con el fin de
amparar los principios de publicidad y de contradicción y ejercer el derecho de
defensa. Y que la indebida notificación lleva a la nulidad de las actuaciones procesales
surtidas.
Observó que se vulneró el derecho a la igualdad al no darsele el mismo tratamiento
dado en caso que resolvió una solicitud de nulidad, en providencia del 7 de octubre
de 2022 del Consejo de Estado, (rad. 11001-03-24-000-2021-00581-00).
Por último, denunció que en este caso se vulneraron los derechos de defensa y
contradicción y el acceso a la administración de justicia, como consecuencia del actuar
omisivo y reiterativo de la Universidad del Cauca y de la Sección Primera del Consejo
de Estado. Más si a la fecha de presentación de la acción de tutela no se le había
remitido el expediente junto con la demanda de nulidad y sus anexos, ni se le había
permitido el acceder al mismo a través de SAMAI, a pesar de que el 15 de febrero de
2022 remitió oficio por correo electrónico solicitó en ese sentido.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 27 de octubre de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y a la
Sección Primera de esta Corporación, en calidad de demandada. Adicionalmente,
vinculó al secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado y al rector de la
Universidad del Cauca.

5. La respuesta de los demandados

El consejero Gérman Eduardo Osorio Cifuentes, integrante de la Sección Primera
del Consejo de Estado y encargado del despacho ponente del auto de 29 de agosto
de 2025 (dictado en el proceso de nulidad rad 11001-03-24-000-2020-00367-00), pidió
declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional; y en caso de efectuarse el análisis de fondo, negar las pretensiones de
la demanda por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados por
la accionante.
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Sostuvo que la controversia planteada carece del referido requisito porque el asunto
debatido no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho
fundamental, sino frente a la inconformidad con las decisiones adoptadas en el
proceso ordinario, específicamente respecto al trámite de una nulidad procesal.
Advirtió que no se justifica la intervención del juez constitucional en el trámite de un
proceso que se encuentra en curso.

Si bien la accionante alega que presenta la solicitud de amparo con el fin de evitar un
perjuicio irremediable, lo cierto es que más allá de indicar que con la actuación de este
despacho se vulneraron sus derechos, al haber declarado improcedente el recurso de
súplica presentado en contra de la providencia que negó la solicitud de nulidad
propuesta por ella, no explica de manera clara y concreta en qué consiste el supuesto
perjuicio irremediable.

Advirtió que no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, pues la
decisión de 29 de agosto de 2025 estuvo sustentada en las normas procesales
aplicables al caso, circunstancia que no cuestiona la tutelante, en el entendido que lo
que controvierte son las providencias que en su momento negaron la nulidad procesal,
frente a las cuales no se cumpliría con el requisito de inmediatez.

El consejero Pablo Andrés Córdoba Acosta también integrante de la Sección
Primera y ahora titular del despacho ponente que dictó los autos de 20 de septiembre
de 2024 y de 21 de marzo de 2025 en el proceso de nulidad rad 11001-03-24-000-
2020-00367-00, advirtió que la tutela es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad, en razón a que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales se dio en un proceso que se encuentra en trámite.

De todas formas, sostuvo que las providencias objeto de tutela se encuentran
debidamente fundamentadas y las consideraciones allí contenidas son suficientes
para desvirtuar la vulneración de derechos fundamentales alegada.

6. Intervención del tercero

El Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con los
hechos expuestos en la demanda de tutela informó lo siguiente:

• La demanda de nulidad en el proceso con rad 11001-03-24-000-2020-00367-
00 se presentó el 8 de septiembre de 2020, conforme a lo verificado en el
expediente y en los registros del sistema de gestión judicial.
• En el escrito de la demanda se aportó como dirección de correo electrónico del
tercero con interés directo: magas@unicauca.edu.co.
• El auto que admitió la demanda y el traslado de la medida cautelar se dictaron
el 3 de febrero de 2022 y la notificación correspondiente se realizó al correo
electrónico aportado por la parte demandante en el escrito de la demanda.
• Las constancias de entrega de los mensajes de datos correspondientes a las
notificaciones efectuadas al correo electrónico magas@unicauca.edu.co están
debidamente registradas en el sistema de gestión judicial, bajo los siguientes
números de notificación: 3361 (auto que admite la demanda, remitido con la
demanda y sus anexos), 3367 (auto que corre traslado de la solicitud de medida
cautelar), 3373 (auto que corre traslado de la solicitud de medida cautelar),
8789 (auto que resuelve la medida cautelar), 49827 (auto que corre traslado de
nulidad), 55747 (auto que resuelve nulidades procesales), 56450 (traslado de
las excepciones), 9430 (auto que resuelve el recurso de reposición) y 26464
(auto que resuelve el recurso de súplica).

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7. Sentencia de primera instancia

El 18 de noviembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional, por las
siguientes razones:

Consideró que la alegada notificación indebida de unas providencias dictadas en el
proceso de nulidad corresponde a una discusión de mera legalidad que ya fue
abordada y resuelta de manera razonable por los jueces de instancia

Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado constató que a la tercera con
interés efectivamente se notificaron las decisiones al correo suministrado en la
demanda, sin que se evidenciara alguna irregularidad.

Advirtió que lo que pretende la actora es convertir la acción de tutela en una instancia
adicional para insistir en los mismos argumentos expuestos en el proceso ordinario
sobre la interpretación y el alcance de la causal de nulidad.

Resaltó que el mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger
derechos fundamentales y no para discutir la simple inconformidad o discrepancia que
una de las partes tenga frente a una determinada decisión judicial.

8. Impugnación

La actora aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. Dijo que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional
porque: (i) se trata de la posible afectación del derecho fundamental al debido proceso,
ii) se cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las
cuales el Consejo de Estado- Sección Primera profirió dos providencias arbitrarias e
irrazonables, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

Insistió en que la Universidad del Cauca interpuso demanda de nulidad para que se
declare la nulidad parcial de la Resolución R-179 de 7 de marzo de 2019 y del Acta
de Grado 16 de 15 de marzo de 2019 - 029308 y Diploma 362-19 de 15 de marzo de
2019, pero no se le notificó a su correo electrónico personal
(sthefaniagomezmunoz@gmail.com) ni se confirmó a su número telefónico que el
correo institucional asignado por esa universidad (magas@unicauca.edu.co),
estuviese en uso.

Según consultó en la página de la Rama Judicial y en SAMAI, el Consejo de Estado
admitió la demanda el 3 de febrero de 2022, corrió traslado de la medida cautelar el
mismo día, sin que esas providencias se hubieran notificado al correo personal
sthefaniagomezmunoz@gmail.com.

Alegó que la autoridad judicial no verificó la constancia de recibido del mensaje al
correo institucional enviado ni que hubiese sido abierto.

Informó que a la fecha «no ha sido posible acceder a la demanda y sus anexos, en
tanto que dicha información se encuentra restringida».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida.

En ese sentido, la Sala analizará si la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales invocados con las providencias de 20 de septiembre de
2024 y 21 de marzo de 2025, por las cuales se negó la nulidad de lo actuado pedida
por la señora Magaly Sthefania Muñoz y con el auto de 29 de agosto de 2025, que
rechazó el recurso de súplica, dictados en el proceso de nulidad (rad. 11001-03-24-
000-2020-00367-00), promovido por la Universidad del Cauca.

Previo a ello deberá estudiarse si la presente solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06664-01
Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz

La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró la improcedencia
de la acción de tutela, pero porque en este caso no se cumple el requisito general de
subsidiariedad.

(i) Del requisito de subsidiariedad4 en el caso concreto

La señora Magaly Sthefania Gómez Muñoz ejerce la presente acción con el fin de
cuestionar los autos de 20 de septiembre de 2024, 21 de marzo de 2025 y 29 de
agosto de 2025, dictados por la Sección Primera de esta Corporación, por los cuales
no se accedió a la solicitud de nulidad de todo lo actuado en el proceso de nulidad con
radicado 11001-03-24-000-2020-00367-00.

Según la actora esas decisiones vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia porque se
dio una indebida notificación del auto admisorio de la demanda y del que corrió
traslado de la medida cautelar, dictados el 3 de febrero de 2022, así como del auto de
31 de marzo de 2023 que decretó una medida cautelar. Advierte que el proceso
ordinario avanza sin que pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Previo a empezar el análisis del caso, es necesario advertir que esta Sección ha
admitido, excepcionalmente, la procedencia de la acción de tutela contra autos
proferidos en un proceso que se encuentran en trámite5. Dicho análisis se fundamentó
en que se trataban de decisiones determinantes en el proceso, con clara potencialidad
de transgredir los derechos fundamentales de las partes6.

No obstante, en el presente caso la Sala advierte que la acción de tutela es
improcedente, porque no resulta pertinente la intervención del juez de tutela, ni
siquiera de manera excepcional, por las razones que se pasan a explicar.

La señora Magaly Sthefania Gómez Muñoz alega que la Universidad del Cauca en la
demanda de nulidad informó un correo institucional inactivo
(magas@unicauca.edu.co) y que esa institución debió verificar que la interesada aún
lo usaba, con lo que se hubiera garantizado una notificación en debida forma.

Considera además que la universidad no efectuó la notificación personal conforme
con lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, en concordancia
con el CPACA y el CGP.

Y por otra parte, la tutelante advierte que el Consejo de Estado no verificó la recepción
del correo electrónico para efectos de la notificación personal mediante acuse de
recibo del destinatario o si fue abierto por la interesada. Tampoco constató que el
correo personal registrado en el SIRNA de la Rama Judicial era

4
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
5
En ese sentido se pronunció la Sección en las sentencias de 20 de abril de 2023, expediente 2023-00361-00, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Arguello, y; de 23 de agosto de 2018, expediente 2018-02227-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Se reitera el criterio adoptado por la Sección en fallo de 29 de febrero de 2024, expediente 2023-01171-01, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello
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Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz

sthefaniagomezmunoz@gmail.com. Ese sistema es la fuente válida de información
para efectos de notificación de abogados.

En concreto, la presunta vulneración la sustenta en el hecho de que la notificación de
la providencia que admitió la demanda, de la que corrió traslado de la medida cautelar
y de la que la decretó debieron enviarse a su correo personal y no al institucional que
informó la Universidad del Cauca porque ese estaba inactivo y no lo usaba. Al no
hacerlo así se constituye una indebida notificación. En esos términos, solicitó la
nulidad de lo actuado en el proceso de nulidad desde el auto admisorio de la demanda.

Por auto de 20 de septiembre de 2024, el consejero ponente negó la solicitud de
nulidad, teniendo en cuenta que las notificaciones de las decisiones que ese despacho
ha tomado se han surtido al correo del tercero con interés que la demandante informó
en la demanda, sin que se haya reportado algún tipo de error en su recepción.

Y precisó que, en los términos del artículo 6 del Decreto 806 de 2020, el envío de la
demanda y sus anexos por la parte demandante al tercero interesado no era exigible
en este caso porque se formularon medidas cautelares.

Oportunamente, la señora Gómez Muñoz interpuso «RECURSO DE REPOSICIÓN EN
SUBSIDIO EL DE SÚPLICA» contra la anterior decisión para insistir en la procedencia
de la nulidad por la indebida notificación de las providencias. Y concretamente sostuvo
que el despacho sustanciador descartó la veracidad de lo indicado en el incidente de
nulidad sin verificar la existencia del correo personal.

Por auto de 21 de marzo de 2025, el despacho sustanciador de la Sección Primera
de esta Corporación reiteró las consideraciones expuestas en el auto recurrido y frente
a la falta de verificación de la existencia del correo, alegada en el recurso, indicó que
no se acreditó la imposibilidad de notificar al tercero con interés en el correo informado
en la demanda. De forma que no era necesario requerir a la demandante para que
aportara un nuevo correo del tercero para notificarlo.

Por lo anterior, confirmó la decisión recurrida y, en relación con el recurso de súplica
interpuesto, remitió el expediente a la secretaría de la Sección para lo de su
competencia.

Enviado el expediente al despacho que seguía en turno, por auto de 29 de agosto de
2025 se rechazó por improcedente el recurso de súplica. Esa consideración se
sustentó en lo dispuesto en los artículos 246 y 243 del CPACA y 331 del CGP y
concluyó que el auto que negó la nulidad no se enmarca en ninguno de los supuestos
contemplados en esas normas.

De modo que la controversia sobre la validez de la notificación fue planteada, debatida
y resuelta por el juez natural en tres oportunidades, en cada una de las cuales el
despacho sustanciador analizó los cuestionamientos de la actora y expuso las razones
por las cuales consideró que la notificación se surtió en debida forma.

Al respecto, explicó que la notificación se practicó al correo electrónico institucional de
la señora Gómez Muñoz que fue informado por la Universidad del Cauca en la
demanda; no se reportó error alguno en la recepción del mensaje de datos; y la falta
de uso del correo por parte de la destinataria no era una circunstancia que debiera ser
conocida por el ente universitario ni por el despacho judicial.

Aunado a lo anterior, la Sala resalta que en dicho asunto se surtió la notificación por
aviso a la comunidad, la cual se dio el 9 de febrero de 2022, en cumplimiento a lo
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dispuesto en el auto admisorio de la demanda y en atención a la naturaleza del medio
de control.

Ahora bien, se observa que la decisión que ocasiona la presunta afectación de los
derechos fundamentales invocados por la actora es la contenida en el auto de 31 de
marzo de 2023, que suspendió provisionalmente los efectos de los actos
demandados, los que sirvieron de fundamento para suspender su inscripción como
abogada ante el Consejo Superior de la Judicatura y la expedición de la tarjeta
profesional. De manera que, ante tal medida cautelar, la actora informa que no ha sido
posible el ejercicio de la profesión de abogado.

En ese contexto, la Sala encuentra que existe otro medio de defensa judicial para la
protección de sus derechos, puesto que como afectada puede solicitar el
levantamiento de esa medida cautelar en cualquier estado del proceso, de
conformidad con el artículo 235 del CPACA7.

Además, de la revisión del expediente en Samai se observa que, una vez notificado
por estado el auto de 29 de agosto de 2025, el despacho sustanciador en el proceso
de nulidad profirió auto de 18 de noviembre del mismo año en el que prescindió de la
audiencia inicial por tratarse de un asunto de puro derecho; fijó el litigio; tuvo como
prueba los documentos aportados por la demandante y corrió traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión.

Lo anterior significa que el proceso de nulidad promovido por la Universidad del Cauca
está en curso y pendiente de sentencia de única instancia. Precisamente, esa
circunstancia constituye en sí misma el otro medio de defensa judicial que torna
improcedente la tutela, pues es en ese escenario donde la actora puede hacer valer
la totalidad de sus argumentos de defensa y obtener una decisión definitiva sobre la
controversia.

Las consideraciones expuestas son suficientes para declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela.

Por último, en relación con el posible perjuicio irremediable que la actora señala
porque no ha podido ejercer su profesión de abogada, se reitera que la actora dispone
de un mecanismo específico para discutir ese punto ante el juez natural, esto es, la
solicitud de levantamiento de la medida cautelar, que puede formular en cualquier
estado del proceso de conformidad con el artículo 235 del CPACA.

En consecuencia, en el presente caso se impone confirmar la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora
Magaly Sthefania Gómez Muñoz, pero por las razones expuestas anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

7
ARTÍCULO 235. LEVANTAMIENTO, MODIFICACIÓN Y REVOCATORIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. El demandado o el
afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del Juez o
Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los
daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte,
cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan
o fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución
de que trata el inciso anterior. […]
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Demandante: Magaly Sthefania Gómez Muñoz

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 18 de noviembre de 2025, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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