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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2012-00299-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-31-000-2012-00299-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca en descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-31-000-2012-00299-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 500012331000201200299 01
Demandante: Víctor Manuel Cantillo Jiménez
Demandada: Nación -Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural – Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT-)1

Tema: Acto de adjudicación de un bien baldío. Reiteración Jurisprudencial

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Arauca2, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii)
Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda

1. Víctor Manuel Cantillo Jiménez3, en adelante la parte demandante, presentó
demanda4 contra la Nación- Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras -ANT-)5, en adelante
la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

1 Cfr. folio 354. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 24 de octubre de 2017, tuvo como sucesor

procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder a la Agencia nacional de Tierras -ANT-.
2 En descongestión.
3 Por medio de apoderado.
4 Presentada el 6 de marzo de 2012
5 Cfr. folio 354. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 24 de octubre de 2017, tuvo como sucesor

procesal del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder a la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.
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derecho6, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 0123 de 12 de marzo
de 2003, expedida por la Gerente de la Regional del Meta del Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria – Incora-, por la cual se adjudicó el predio “La Esperanza”
ubicado en la vereda Santa Lucía del Municipio de Puerto Concordia, Departamento
de Meta, a favor de Maximiliano Rivera Olaya y María Aurora Cuenca Roa.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] 1.- Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 0123
de Marzo 12 de 2003, expedida por la señora Gerente Regional Meta del Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, (hoy INCODER), por medio de la cual
adjudicó a MAXIMILIANO RIVERA OLAYA y MARÍA AURORA CUENCA ROA el predio
BALDIO denominado "LA ESPERANZA", hoy "LA VICTORIA", ubicado en la vereda
Santa Lucía del Municipio de Puerto Concordia (Meta), según área y linderos
especificados en el artículo primero de dicho acto administrativo. El citado acto
administrativo fue expedido en forma irregular, con violación de las normas en que
debería fundarse y debido proceso; fue notificado por EDICTO a los interesados con
violación del DEBIDO PROCESO, solo hasta el día 21 de Julio de 2008, es decir 5
años, 4 meses y 9 días después de expedido. (Arts. 44 v 45 del C.C.A.)

2.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, ordenar al INCODER que oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de San Martín (Meta), solicitando la cancelación de las anotaciones de
inscripción del acto de adjudicación y las demás que aparezcan subsiguientemente.

3.- Condenar a las entidades demandadas a rehacer la actuación administrativa y
tramitar la adjudicación del predio LA ESPERANZA, hoy "LA VICTORIA", previo
cumplimiento de los requisitos legales, a nombre del señor VICTOR MANUEL
CANTILLO JIMENEZ, quien viene fungiendo como tenedor y explotador legítimo del
predio desde el año 1998 cuando lo recibió de manos de la anterior propietaria MARÍA
AURORA CUENCA ROA, negociación que se concretó mediante documento de
compraventa suscrito entre mi mandante y la Promitente Vendedora en Villavicencio
(Meta), el día 15 de Abril de 2000 y que obra en el expediente administrativo No. 39.260
que reposa en la Subdirección de Adjudicación de Baldíos del INCODER en Bogotá,
D.C.

4.- Condenar en abstracto a las entidades demandadas a pagar los perjuicios
materiales que demuestre ha incurrido mi mandante en la atención de la actuación
administrativa surtida dentro del expediente No. 39.260 y de los procesos policivos que
ha debido promover en contra de los señores MARÍA AURORA CUENCA ROA y
MAXIMILIANO RIVERA OLAYA, quienes una vez registraron el acto adjudicación
(Resolución No. 0123 de Marzo 12 de 2003), ante la Oficina de Registro e Instrumentos
Públicos de San Martín, se han dedicado a procurar la recuperación de la posesión del
predio por vías de hecho. Estos perjuicios, corresponden a costos de honorarios de
abogado, gastos de transporte, gastos notariales, fotocopias, etc.. […]

6 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso

Administrativo.
7 Folios 7 al 8 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

4. Adquirió, mediante contrato de compraventa celebrado en el año 2000 con María
Aurora Cuenca Roa la posesión, dominio y mejoras del predio denominado "La
Esperanza" de 50 hectáreas en la vereda Santa Lucía del Municipio de Puerto
Concordia, Meta.

5. En el contrato de compraventa se estipuló que María Aurora Cuenca Roa le cedía
los derechos de posesión y domino del predio. Asimismo, que la señora María
Aurora Cuenca Roa y su cónyuge Maximiliano Rivera Olaya se comprometieron
verbalmente a informar al Incora para facilitar la adjudicación a su nombre; sin
embargo, incumplieron este compromiso y, en lugar de ello, llevaron a cabo los
trámites para que la adjudicación del inmueble se realizara a su favor, lo cual quedó
formalizado en la Resolución 0123 de marzo 12 de 2003.

Normas violadas

6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
• Artículo 72 y siguientes de la Ley 160 de 3 de agosto de 19948.
• Artículo 28, 44 a 48: 69 y ss. 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19849.

Concepto de violación de las normas

7. La parte demandante explicó el concepto de violación de las normas referidas,
así:

8 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un

subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones”.
9 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

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Indebida notificación

8. Afirmó que la notificación del acto acusado fue extemporánea, toda vez que se
realizó por edicto el 21 de julio de 2008; es decir, cinco años, cuatro meses y nueve
días después de su expedición, lo cual se señala como una clara violación a los
artículos 44 a 48 del Decreto 01 de 1984.

Falta de requisitos para la adjudicación

9. Argumentó que la Resolución núm. 0123 de marzo 12 de 2003, que adjudicó el
predio a María Aurora Cuenca Roa y Maximiliano Rivera Olaya, fue obtenida de
manera ilegal, toda vez que el Incoder, a pesar de tener pruebas de que era el
tenedor y explotador del predio desde hace más de 12 años, lo adjudicó a terceras
personas que no ostentaban el derecho.

10. En efecto, señaló que el contrato de compraventa de 15 de abril de 2000, fue
allegado oportunamente al expediente administrativo núm. 39.260 con el propósito
de advertir al Incoder que: i) los solicitantes de la adjudicación del baldío ya no eran
los tenedores y/o explotadores del predio y que el derecho a la adjudicación del
mismo recaía íntegramente en cabeza suya; y ii) el trámite de adjudicación debía
ser suspendido, mientras se indagaban las razones por las cuales los solicitantes
de la adjudicación ya no ocupaban el inmueble, lo cual fue ignorado por la parte
demandada.

11. Indicó que Maximiliano Rivera Olaya, al ser propietario de un predio contiguo en
la fecha del contrato de compraventa, no cumplía con los requisitos legales para
recibir la adjudicación del baldío "La Esperanza", previsto en el artículo 72 de la Ley
160, lo cual, no solo cuestiona la legalidad del acto acusado sino que fortalece los
argumentos de la causal de nulidad invocada, argumentando que se violó una
disposición explícita diseñada para evitar la concentración indebida de la propiedad
de la tierra.

12. Concluyó indicando que: i) María Aurora Cuenca Roa y Maximiliano Rivera
Olaya no actuaron de buena fe, puesto que dada su estrecha relación no realizó
oposición al trámite de adjudicación “[…] pues estaba seguro que su compañera de
cabildo y amiga informaría al INCODER sobre la negociación como así se había
comprometido. […]”; y ii) ha mantenido la posesión del predio desde la fecha de la

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compraventa, lo que refuerza su reclamación sobre la titularidad de la adjudicación
del mismo conforme a lo acordado en el momento de la transacción.

Contestaciones de la demanda

Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural -Incoder-

13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de febrero de 2013: i) tuvo por
no contestada la demanda por parte de la Nación- Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural “[…] por haber sido allegada de forma extemporánea […]”; y ii) tuvo
por no contestada la demanda por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
Incoder-10.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso

14. Maximiliano Rivera Olaya y María Aurora Cuenca Roa, notificados en debida
forma, no contestaron la demanda11.

Sentencia proferida en primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia proferida el 26 de
marzo de 202112, resolvió: “[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la
demanda. […]”.

Consideraciones del Tribunal

16. Por un lado, consideró que: i) la acción es procedente por tratarse de un acto
particular y concreto que le adjudicó un bien baldío a una persona determinada; y ii)
no se encontraba caducada en la medida que el término es de dos años contados
a partir del día siguiente a la publicación del acto, pero frente a los terceros
afectados, este se computará desde el día siguiente a la inscripción del acto en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, por lo cual, en el caso sub examine
“[…] la inscripción de la Resolución 0123 de 2003 en la Oficina de Registro de

10 Cfr. folio 148.
11 Cfr. folio 541.
12 Cfr. Folios del cuaderno núm. 3 del expediente.

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Instrumentos Públicos de San Martín se efectuó el 19 de enero de 2010; la solicitud
de conciliación se radicó el 12 de enero de 2012 y se culminó el trámite extrajudicial
el 28 de febrero de ese año; la demanda se instauró el 6 de marzo del mismo año,
con lo cual se hizo oportunamente dentro de los dos años que fijaba el entonces
vigente artículo 136.4 del CCA […]”.

17. Por el otro, consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar
si “[…] ¿Es ilegal la Resolución 0123 de 2003, por la cual el Incora le adjudicó a
Maximiliano Rivera Olaya y a María Aurora Cuenca Roa el predio baldío La
Esperanza hoy La Victoria, ubicado en la vereda Santa Lucía, municipio de Puerto
Concordia, departamento del Meta? […]”.

18. Después de realizar un recuento de los marcos normativos y desarrollos
jurisprudenciales sobre la adjudicación de baldíos y del material probatorio obrante
en el expediente, consideró que el Incora actuó conforme al artículo 72 de la Ley
160, al constatar que no existe prueba de que María Aurora Cuenca Roa y
Maximiliano Rivera Olaya fueran propietarios o poseedores, a cualquier título, de
otros predios rurales.

18.1. En efecto, no se probó que los solicitantes de la adjudicación tuvieran, previo
o durante el trámite administrativo de adjudicación, otro predio distinto al bien
inmueble adjudicado.

18.2. En esa medida, indicó que dentro del expediente aparecen dos planos del bien
inmueble denominado “La Esperanza”, así: i) uno de 40 hectáreas elaborado por un
perito, en el cual aparecen como colindantes “[…] la carretera, Hernando González,
Nancy López y Maximiliano Rivera […]” y que fue tenido en cuenta al momento de
realizar la compraventa; y ii) otro de 50 hectáreas, elaborado por el Incora, en el
cual Maximiliano Rivera Olaya aparece como propietario, cuyos colindantes son
“[…] la carretera de Puerto Concordia a San José, Hernando González Villamizar,
Norberto López y la Laguna La Herradura […]”, concluyendo que: “[…] Es elemental
que aquí se induce al error recogido en el documento de la compraventa, pues al
reducir la extensión del predio a 40 hectáreas, es apenas obvio que la porción
adicional de 10 hectáreas seguiría siendo de Maximiliano Rivera Olaya. Y esta
fracción es la que se interpone entre las 40 hectáreas y la Laguna La Herradura. Y
al no existir esa franja de 10 hectáreas -Ya que lo real se reitera son 50 hectáreas,

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no aparece por simple sustracción de materia en el plano elaborado por la entidad
pública […]”.

18.3. De ahí que, al tomarse el predio en su extensión real de 50 hectáreas, no
existe el segundo predio de Maximiliano Rivera Olaya. Lo anterior, fue reafirmado
mediante: i) un escrito de querella de 1.° de agosto de 2008, radicado ante la
Inspectora de Policía del Municipio de Puerto Concordia, y presentado por el propio
demandante como prueba, en el cual describió los linderos respecto a la totalidad
del inmueble sin mencionar a Maximiliano Rivera como propietario colindante; ii) la
visita realizada por la Inspectora de Policía de Puerto Concordia del proceso policivo
de 7 de septiembre de 2008; y iii) el acta de visita de Inspección Ocular del Incora.

18.4. Señaló que, la carta que informaba sobre la compraventa, fue allegado al
trámite administrativo de forma extemporánea, cuando ya se había notificado el acto
acusado. Asimismo, que en el contrato de compraventa no se hizo mención a la
cesión de derechos derivados del trámite de adjudicación que adelantaban desde
el 1.° de marzo de 1997 Maximiliano Rivera Olaya y María Aurora Cuenca Roa, ni
se demostró el presunto compromiso verbal de Maximiliano Rivera Olaya y María
Aurora Cuenca Roa de informarle al Incora sobre el contrato de compraventa para
que el demandante fuera el titular de los derechos del proceso de adjudicación;
destacando que, de ser cierto, sería un pacto ilegal que no podía favorecer a la parte
demandante, toda vez que “[…] La ocupación anterior de persona distinta del
peticionario, no es transferible a terceros […]”.

18.5. Respecto del Acta de entrega de la Resolución 1459 de 22 de noviembre de
2007, mediante la cual se adjudica un terreno baldío y su notificación, señaló que
no correspondía al proceso de la referencia, sin que fuera aportada al expediente
para determinar su probable relación con el mismo.

18.6. Indicó que, aunque la parte demandante alegó haber actuado de buena fe,
participó activamente en todas las etapas del proceso sin oponerse a las
actuaciones adelantadas por el Incora en la adjudicación del bien inmueble baldío
a favor de Maximiliano Rivera Olaya y María Aurora Cuenca Roa, toda vez que fue
quien: i) recibió la aceptación de la solicitud de adjudicación el 17 de junio de 2000;
ii) asistió a la inspección ocular, donde se certificó que “[…] en representación del
interesado Maximiliano Rivera, asistió a esta diligencia Víctor Manuel Cantillo […]”;
iii) presenció la evaluación de la explotación del suelo del inmueble, en la cual se

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registró que “[…] el señor Víctor Manuel Cantillo Jiménez, quien asistió en
representación del interesado, manifestó que está de acuerdo con los linderos del
predio, pero no con los cálculos del área […]”; y iv) participó en el peritaje ambiental,
sin mostrar oposición en ninguno de los trámites realizados por el Incora.

18.7. Resaltó que, dentro del acervo probatorio, tampoco se encontraron pruebas
que respaldaran la presunta irregularidad en el trámite de adjudicación que
desencadenó en una investigación disciplinaria, la cual derivó “[…] solo en un escrito
de la Directora Técnica de Baldíos donde se limitó a transcribir las unilaterales
manifestaciones de Víctor Manuel Cantillo Jiménez donde éste le decía que la visita
de Inspección ocular- a la que ya se hizo referencia atrás- no fue realizada por el
servidor público de Incora, que aparece registrado y firmado […]”, y culminó en un
auto de archivo expedido por la Secretaria General de Incoder.

18.8. Precisó que, pese a que la notificación del acto acusado se realizó mediante
edicto desfijado el 21 de julio de 2008, la parte demandante no presentó su
oposición de manera oportuna, a pesar de haber suscrito tres actas de diligencias
administrativas, la oposición fue radicada el 11 de agosto de 2008, y fue negada
debido a que el demandante tenía conocimiento pleno del proceso, el cual culminó
en 2003.

Recurso de apelación

19. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 26 de marzo de
2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca; para lo cual, indicó que se presentó
una violación al debido proceso, con base en los siguientes argumentos:

Indebida notificación del acto acusado

20. Argumentó que la citación para la notificación personal a los interesados, así
como la notificación por edicto del acto acusado es ilegal, al haberse realizado cinco
años, cuatro meses y nueve días después de la expedición de la Resolución
acusada, desconociendo que los solicitantes habían vendido sus mejoras y se
desinteresaron del trámite de adjudicación.

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Pérdida de fuerza ejecutoria del acto acusado

21. Adujo que, de conformidad con el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, y ante la
indebida notificación del acto acusado, se produjo la pérdida de fuerza ejecutoria
del mismo, en la medida que la citada norma dispone en su numeral 3.° que “[…]
Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos […]”.

Indebida valoración probatoria

22. Señaló que el Tribunal no valoró de forma correcta las pruebas obrantes en el
expediente, toda vez que: i) se probó que adquirió únicamente la explotación y
mejoras que los solicitantes tenían para el año 2000 sobre el predio llamado “La
Esperanza”; ii) no tuvo en cuenta su argumento, según el cual, los solicitantes de la
adjudicación, a partir del año 2000, no eran los tenedores del predio “[…] por haberle
vendido la tenencia y las mejoras que tenían sobre este, hoy bautizado por mi
mandante con el nombre de “LA VICTORIA” […]”, observaciones que manifestó
durante la actuación administrativa y no fueron atendidas por la parte demandada;
y iii) no existe prueba que el demandante actuaba en nombre de Rivera Olaya y
Cuenca Roa ni que lo hiciera para favorecer su adjudicación del predio, toda vez
que llevaba ocho años explotándolo; puesto que su actuar fue bajo el principio de
buena fe, creyendo que se había informado a la entidad que ya no estaban
interesados en la adjudicación al haber vendido sus mejoras.

23. Por último, indicó que, si bien la Resolución núm. 1459 de 22 de noviembre de
2007 es diferente al acto acusado, no implica que no sea ilegal el actuar del Incoder,
pues “[...] esa acta de notificación, por un nuevo desacierto de la entidad
demandada, se elaboró de forma equivocada con datos de otra actuación
administrativa, hecho en el que mi mandante no tiene ninguna responsabilidad, lo
cual denota el desorden y desgreño administrativo de la entidad demandada, en
desmedro de los intereses de mi mandante [...]”.

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Alegatos de conclusión

24. La partes demandante y demandada no presentaron alegatos de conclusión en
esta oportunidad procesal.

Concepto del Ministerio Público

25. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) cuestión previa; iii) el acto acusado; iv) el problema
jurídico; v) el marco normativo y jurisprudencial de la adjudicación de bienes baldíos;
y vi) análisis del caso concreto.

Competencia

27. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo13, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 308 de la Ley 1437, sobre el régimen de transición y vigencia; y el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena
de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.

28. Agotados los trámites inherentes a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, sin que
se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

29. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca, de

13 “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.

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conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 14,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo15.

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación- Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural

30. Visto el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, sobre la
representación de las personas de derecho público y atendiendo a que la Sección
Primera de esta Corporación ha considerado que la legitimación en la causa está
determinada por la capacidad para ser parte en el proceso “[…] por ser el sujeto
activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.
La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis
[...]16”.

31. La legitimación en la causa es un elemento necesario para acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo que es indispensable demostrar que existe
identidad entre: i) la parte demandante y la persona que tiene interés en el objeto
del litigio (legitimación en la causa por activa); y ii) la parte demandada y la persona
que, de acuerdo a la relación sustancial, tenga el deber de responder frente a las
pretensiones de la demanda (legitimación en la causa por pasiva).

32. De igual forma, esta Corporación ha determinado la existencia de dos tipos de
legitimación, a saber: i) una de hecho, que hace referencia a la circunstancia de
obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha
iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la
correspondiente pretensión procesal, y ii) una material, que da cuenta de la
participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-,
con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demandada.

14 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
15 “[…] Artículo 267. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo […]”
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López,

auto de 10 de septiembre de 2020, proceso identificado con el número único de radicación: 11001-03-24-000-
2017-00012-00.

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33. En ese orden de ideas, la excepción de falta de legitimación en la causa se
encuentra probada cuando no existe coincidencia entre las partes de la relación
jurídico procesal y los sujetos de la relación jurídica sustancial.

34. En el caso sub examine, se advierte que: i) la demanda se presentó contra la
Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder; ii) el acto acusado fue expedido por el Gerente General
del Incora; y iii) para la fecha de la presentación de la demanda el Incoder era un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa y financiera17, por lo que tenía capacidad para ser parte.

35. Asimismo, el Tribunal Administrativo del Meta, mediante auto de 24 de octubre
de 2017, tuvo como sucesor procesal del Incoder a la Agencia Nacional de Tierras,
creada por el Decreto 2363 de 7 de diciembre de 2015 como una “[…] agencia
estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de su
competencia […]”.

36. Por lo expuesto anteriormente, se declarará probada de oficio la excepción
denominada falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación- Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, en la medida que no expidió el acto acusado y no es
la persona de derecho público que, de conformidad con la ley sustancial, se
encontraba autorizada para intervenir en el proceso y contradecir las pretensiones
contenidas en la demanda.

Acto acusado

37. El acto acusado es la Resolución núm. 0123 de 12 de marzo de 2003, expedida
por el Gerente de la Regional del Meta del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria - INCORA, en los siguientes términos:

17 Decreto 3759 de 30 de septiembre de 2009 “Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, y se dictan otras disposiciones.”

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Núm. único de radicación: 50001233100020120029901

“[...] RESOLUCIÓN NÚMERO 0123 DE 12 DE MAR. 2003

EL GERENTE DE LA REGIONAL DEL META DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

En uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de
terrenos baldíos presentada por MAXIMILIANO RIVERA OLAYA y MARÍA AURORA
CUENCA ROA, se han acreditado todos los requisitos y condiciones para la
expedición del titulo de dominio.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. - Adjudicar a MAXIMILIANO RIVERA OLAYA y MARÍA AURORA
CUENCA ROA, identificado (s) con las Cédula (s) de ciudadanía No. […], el terreno
baldío denominado LA ESPERANZA, ubicado en la Vereda SANTA LUCÍA,
jurisdicción del Municipio de PUERTO CONCORDIA, Departamento del META, cuya
extensión ha sido calculada en, CINCUENTA Hectáreas. MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE Metros cuadrados (50-1399), extensión adjudicable de
conformidad con lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 160 de 1994 y se identifica
con el plano radicado en el Incora N°596344 de Septiembre de 1998.

PUNTO DE PARTIDA: El detalle 3, situado al norte del predio. NORTE: Del detalle 3,
dirección este, al detalle 6 en 329.52 mts, con CARRETERA A PTO CONCORDIA
cerca al medio. NORESTE: Del detalle 6 dirección sureste, al delta 9 en 1172.42 mts,
con HERNANDO GONZÁLEZ VILLAMIZAR, cerca al medio, del delta 9 dirección
suroeste al delta 15 en 410 mls. con LAGUNA LA HERRADURA. SUROESTE: Del
delta 15, dirección noroeste, al detalle 3 punto de partida, en 1391,13 mts., con
NORBERTO LÓPEZ y encierra.

PARÁGRAFO: La presente adjudicación se hace de conformidad con la excepción
contemplada en la norma general que determina la titulación de baldíos de la Nación
en Unidades Agrícolas Familiares U.A.F. previstas en el artículo primero numeral dos
(2) del Acuerdo 14 de 1995.

ARTÍCULO 2o. - La resolución por la cual se adjudica un terreno baldío, una vez
inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo respectivo,
constituye título suficiente de dominio y prueba de la Propiedad.

ARTÍCULO 3o. - La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones que
regulan la titulación de terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas
de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesidades para la adecuada
explotación de los fundos adyacentes.

ARTÍCULO 4o. - La presente adjudicación queda amparada por la presunción de
derecho establecida en el Artículo 6o. de la Ley 97 de 1946, por cuanto se demostró
que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace más de cinco (5) años.

ARTÍCULO 5o. - La adjudicación que se hace mediante esta providencia no incluye
los bienes de uso público, como fuentes de agua, bosques, fauna, etc. ni las zonas
de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 metros de ancho a que se refiere el Decreto
2770 de 1953 o las normas posteriores que lo modifiquen.

ARTÍCULO 6o. - El beneficiario de la presente adjudicación queda obligado a
observar las disposiciones sobre conservación de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente, protección de bosques nativos, vegetación protectora y
reservas forestales y no podrá destinar el predio adjudicado al cultivo de plantas de

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las que pueda extraerse sustancias que causen dependencia o que puedan calificarse
como cultivos ilícitos de conformidad con lo establecido por la Ley 30 de 1986 y demás
normas concordantes, ni a cultivos o explotaciones que no sean aptos para la clase
de tierras que se adjudica, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69 de la Ley
160 de 1994. El incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones o
prohibiciones, constituye causal de caducidad de la adjudicación o reversión del
baldío adjudicado al dominio de la Nación, conforme con lo establecido por el Artículo
65 de la Ley 160 de 1994.

ARTÍCULO 7o.- El adjudicatario de una Unidad Agrícola Familiar mayor de 50
hectáreas deberá mantener como mínimo el 20% del área adjudicada en cobertura
forestal, según lo establece el Artículo 5o. del Decreto 1449 de 1977

ARTÍCULO 8o.- El beneficiario no podrá enajenar el predio objeto de la presente
adjudicación sin autorización previa del INCORA, cuando con el acto o contrato de
tradición del dominio se esté fraccionando dicho predio en extensiones inferiores a la
Unidad Agrícola Familiar señalada para esa zona o municipio. Se exceptúan de la
presente prohibición, los actos o contratos que se celebren en aplicación de las
excepciones previstas en el Artículo 45 de la Ley 160 de 1994.

ARTÍCULO 9o.- Dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación, el inmueble
sólo podrá ser gravado con hipoteca a favor de entidades financieras, como garantía
de crédito de fomento agropecuario.

ARTÍCULO 10o.- EI adjudicatario de tierras baldías que las hubiere enajenado, no
podrá obtener una nueva titulación antes de transcurridos quince (15) años desde la
fecha de adjudicación anterior.

ARTÍCULO 11o.- Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso
de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes
contados a partir de la notificación personal o desde la desfijación del edicto, según
el caso, y la petición de revocación directa en los términos del artículo 72 de la Ley

ARTÍCULO 12o.- Son nulas las adjudicaciones de tierras baldías que se hagan con
violación de las prohibiciones o prescripciones contenidas en el Artículo 72 de la Ley
160 de 1994. Las acciones Contencioso Administrativas de nulidad y restablecimiento
del derecho, sólo procede dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria o
desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso, de conformidad con lo
dispuesto por el inciso 5o. del Artículo 136 del código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE REGISTRESE Y CUMPLASE
Dada en Villavicencio 12 MAR. 2003

Gerente INCORA Regional META [...]”

Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar si la Resolución núm. 123 de 12 de marzo de
2003, mediante la cual se adjudicó un bien baldío a Maximiliano Rivera Olaya y
María Aurora Cuenca Roa fue expedida sin el cumplimiento de los requisitos legales
y con vulneración del derecho al debido proceso.

39. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad del acto acusado y al restablecimiento del derecho solicitado y, en

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consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Arauca en descongestión.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la adjudicación de un bien
baldío

40. Vista la Ley 160 de 3 de agosto 199418 que creó el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, asignó al Incora la función de administrar en
nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y la adjudicación y adopción de
medidas pertinentes, cuando se evidenciara una indebida apropiación o
irregularidades en las condiciones bajo las cuales fueron entregados y, estableció
que la propiedad de este tipo de bienes se obtiene únicamente a través de título
otorgado por el Estado.

41. Visto el artículo 72 ibidem, sobre la titulación de terrenos baldíos y la validez de
los actos de adjudicación.

42. Esta Sección ha considerado19 que, la ley estableció dos prerrogativas en
cabeza del Incora respecto de la validez de las resoluciones de adjudicación de
terrenos baldíos, una de ellas de ellas, la de iniciar ante el correspondiente Tribunal
Administrativo la respectiva acción contra sus propios actos de adjudicación. Dicha
acción, además del Incora, también podría ser interpuesta por los Procuradores
Agrarios o cualquier persona.

43. La segunda facultad otorgada por la norma tiene relación con la posibilidad de
la Administración de revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías expedidas con violación a lo previsto en las normas
legales o reglamentarias vigentes, para lo cual no es exigible el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación
se debe surtir con arreglo a las prescripciones del Código de lo Contencioso
Administrativo.

18 […] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece

un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones […]
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de octubre de

2023 C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 81001-23-31-000-2011-90051-01.

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Núm. único de radicación: 50001233100020120029901

44. Visto el Decreto 2664 de 1994 se advierte que reglamentó el Capítulo XII de la
Ley 160 y dictó los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su
recuperación.

45. Vistos el Decreto 1292 de mayo del 200320 que ordenó la supresión y liquidación
del Incora y el Decreto 1300 de 21 de mayo de 200321, que creó el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, entidad que asumió las funciones de
reforma agraria y desarrollo rural que se hallaban a cargo del Incora, dispuso que
todas las referencias normativas22 que hicieran las disposiciones legales vigentes al
Incora, debían entenderse referidas al Incoder y que su patrimonio estaría
constituido, entre otros, por “los bienes y recursos que le transfirieran las entidades
suprimidas del sector”.

46. Vista la Ley 1152 de 25 de julio de 200723 que derogó la Ley 160 y reestructuró
el Incoder para establecer que continuaría como un establecimiento público del
orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera,
siendo su objeto fundamental ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo rural.

47. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-175 de 18 de marzo de 2009,
declaró la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, por no haber surtido el
procedimiento de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes;
y respecto a los efectos de esta decisión la Corte dispuso: i) las actuaciones que
hubieren iniciado a correr en vigencia de la Ley 1152 y su Decreto Reglamentario
230 de 2008, debían culminar con fundamento en dicha normatividad; y ii) aquellos
trámites iniciados con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de la Ley
1152, debían atender lo previsto en la norma revivida, esto es, la contenida en la
Ley 160 y en el Decreto 2664 de 1994.

48. Posteriormente el Gobierno Nacional, mediante el Decreto núm. 2365 de 7 de
2015, ordenó la supresión y liquidación del Incoder y dispuso, sobre la
representación judicial del Instituto: “[…] El INCODER en Liquidación, antes del

20 “por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación”
21 “Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER y se determina su estructura”
22 Artículo 24. REFERENCIAS NORMATIVAS. Todas las referencias que hagan las disposiciones legales

vigentes al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras,
Inat, al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural, DRI y al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
INPA, deben entenderse referidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER
23 “Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,

INCODER, y se dictan otras disposiciones”

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cierre de su liquidación, entregará los procesos judiciales a la Agencia Nacional de
Tierras o a la Agencia de Desarrollo Rural, según corresponda a sus respectivos
objetos misionales, teniendo en cuenta el origen de la controversia judicial […]”

Procedimiento de la adjudicación de baldíos reglamentado en el Decreto 2664
de 1994

49. El ordenamiento previó la existencia de reglas especiales vigentes al tiempo de
la adjudicación. En el caso particular, la Ley 160 y el Decreto 2664 de 1994,
establecieron: i) cuáles bienes eran susceptibles del trámite de adjudicación de
baldíos y, ii) quiénes eran los sujetos acreedores a esta forma de titulación de la
propiedad y del dominio.

50. De aquí que, la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede
adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria hoy Agencia Nacional de Tierras. En el
mismo sentido, los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no gozan de
la calidad de poseedores y sólo tienen una mera expectativa frente al bien, que
podrá materializarse siempre que cumplan los requisitos para tener la condición de
adjudicatarios.

51. Por mandato legal, la adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por la
autoridad agraria, previa solicitud de la parte interesada u oficiosamente; pero sólo
procederá la adjudicación por ocupación previa, en tierras con aptitud agropecuaria
que se estén explotando conforme a las normas sobre protección y utilización
racional de los recursos naturales renovables, en favor de personas naturales,
empresas comunitarias y cooperativas campesinas, en las extensiones y
condiciones que en cada municipio señale el Consejo Directivo del Incoder.

52. Visto el artículo 7.º del Decreto 2664 de 1994, en lo que se refiere a la extensión
de las zonas o superficies objeto de adjudicación, dispuso que, las tierras baldías
sólo podrán adjudicarse hasta la extensión de una Unidad Agrícola Familiar, salvo
las excepciones señaladas por la autoridad agraria.

53. En cuanto a los requisitos generales, para efectos del trámite de adjudicación,
cuando medie solicitud de parte, los interesados deberán demostrar que: i) tienen
bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya

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adjudicación solicitan y que la explotación adelantada corresponde a la aptitud del
suelo establecida por el Incoder en la inspección ocular; ii) que la ocupación y
explotación previa sea superior a cinco (5) años, aunado a que el tiempo de
ocupación, no es transferible a terceros en ningún caso; iii) que su patrimonio neto
no sea superior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales y, iv) cuando se
trate de empresas comunitarias y de cooperativas campesinas, para efectos de la
prohibición anterior deberá tenerse en cuenta, además, la suma de los patrimonios
netos de los socios cuando éstos superen el patrimonio neto de la sociedad.

54. De cara al trámite especial previsto en el Decreto 2664 de 1994, vigente al
tiempo de la solicitud, debe decirse que al peticionario le corresponde manifestar
bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al formular su petición, si
es o no propietario o poseedor a cualquier título de otros inmuebles rurales en el
territorio nacional. Además, conforme a los lineamientos del Decreto 982 de 31 de
mayo de 1996, que modificó el anterior, se tiene que, en términos generales, le
corresponde dirigir la solicitud a la autoridad agraria, la cual deberá contener todos
los requisitos asociados al predio de conformidad con lo previsto en el artículo 11
del mismo decreto.

55. Lo anterior no exime a la autoridad agraria de verificar si el peticionario es
propietario o poseedor a cualquier título de predios rurales en el territorio nacional;
si son adjudicatarios de terrenos baldíos y no han transcurrido quince (15) años
desde la fecha de la titulación anterior, requisito que se hace extensivo a su
cónyuge, compañera o compañero permanente e hijos menores o si se halla incurso
en alguna de las prohibiciones o limitaciones señaladas en la ley para la titulación
de las tierras baldías.

56. Una vez verificada si la solicitud cumple con los requisitos correspondientes, la
autoridad agraria ordenará iniciar el trámite de adjudicación y el cumplimiento de las
siguientes diligencias:

56.1. Se comunicará su inicio al interesado, al Procurador Agrario, a los colindantes
señalados por el peticionario y a la entidad del Sistema Nacional Ambiental, con
jurisdicción en el municipio en donde estuviere ubicado el predio objeto de la
solicitud.

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56.2. Ordenará las publicaciones y comunicaciones de rigor y que cumplan los
requisitos señalados en el mencionado decreto, las constancias serán incorporadas
al expediente.

56.3. Se dispondrá de la realización de una diligencia de inspección ocular, la cual
se llevará a cabo, vencidos los (10) días hábiles contados a partir de la última
publicación de los avisos de que trata el artículo 16 del Decreto 2664 de 1994.

57. Al tiempo de la petición, le corresponde a la autoridad agraria realizar la
identificación predial de los terrenos baldíos. Una vez sea publicada la solicitud, un
funcionario del Incoder procederá a realizar la diligencia de inspección ocular, donde
hará un reconocimiento del predio para verificar:

57.1. El nombre y localización del inmueble, con indicación del departamento,
municipio, inspección de policía y vereda o fracción donde se encuentre.

57.2. La clase de explotación del predio, señalando si esta es adelantada
directamente por el peticionario, con indicación de la porción ocupada o cultivada y
la inculta, su grado de conservación, naturaleza de los cultivos, edificaciones,
número y clase de ganados, extensión y estado de los crecimientos y demás
mejoras instaladas.

57.3. El tiempo de ocupación y aprovechamiento económico del predio, el cual se
determinará teniendo en cuenta las evidencias de intervención sobre suelos, por el
período vegetativo de los cultivos permanentes, la composición del hato ganadero,
el registro de marcas, las adecuaciones para ganadería, la existencia de pastos
mejorados, y otros medios de orden técnico que sean pertinentes.

57.4. La clase de bosques, si es necesario repoblar o conservar los bosques
existentes, o si éstos pueden aprovecharse de conformidad con las disposiciones
vigentes, entre algunos de los aspectos relevantes para acceder a la solicitud.

Trámite de la oposición

58. Vistos los artículos 21 y 22 del Decreto 2664 de 1994, que indican que a partir
del auto que acepta la solicitud de adjudicación y hasta el vencimiento del término
que fija el negocio en lista, quienes se crean con derecho, conforme a la ley, podrán

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formular oposición a la adjudicación, acompañando al escrito respectivo la prueba
en que funden su pretensión. Vencido dicho término, precluye la oportunidad para
oponerse a la solicitud de titulación.

59. Asimismo, la entidad ordenará dar traslado al peticionario y al Agente del
Ministerio Público Agrario por tres (3) días, para que formulen las alegaciones
correspondientes, soliciten la práctica de las pruebas que pretendan hacer valer y
adjunten los documentos pertinentes. Vencido el término del traslado, se decretarán
las pruebas que fueren admisibles o las que el Instituto de oficio considere
necesarias, para lo cual se señalará un término de diez (10) días hábiles y
posteriormente se decidirá.

60. Sin perjuicio del trámite de oposición le corresponderá a la autoridad agraria,
antes de la adjudicación, verificar sobre la procedencia legal de la petición, con el
fin de evitar que se haga la titulación a favor de personas que no cumplan con los
requisitos o exigencias que prescribe la ley, o recaiga sobre terrenos que no reúnen
las calidades de baldíos adjudicables.

61. Por último, si no hay oposición o si fuera extemporánea o hubiere sido resuelta
desfavorablemente, habiéndose satisfecho los requisitos previstos en las leyes
vigentes, se procederá a expedir la resolución de adjudicación del terreno baldío
correspondiente, providencia que constituye título traslaticio del dominio y es prueba
de la propiedad, la que será notificada en forma personal al Agente del Ministerio
Público Agrario, al peticionario y al opositor.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la notificación de actos
administrativos

62. Visto el artículo 44 del Decreto 01, sobre deber y forma de notificación personal
que dispone:

62.1. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se
notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.

62.2. Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá
hacerse de la misma manera.

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62.3. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la
notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección
que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva
que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia
del envío se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto.

62.4. Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los
registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación.

63. Visto el artículo 45 ibidem que dispone “[…] si no se pudiere hacer la notificación
personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar
público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de
la parte resolutiva de la providencia […]”.

Acervo probatorio

64. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes:

64.1. Solicitud realizada ante el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-
de titulación de Baldíos de personas naturales núm. 39260 de 1.° de marzo de
199724.

64.2. Auto de aceptación núm. 02226 de 28 de septiembre de 1999 expedido por el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- Regional Meta25.

64.3. Aviso de aceptación de la solicitud núm. 04359 de 4 de octubre de 1999
expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- Regional
Meta26.

64.5. Acta de Diligencia de Inspección Ocular de 12 de julio de 2000 expedida el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- Regional Meta27.

24 Cfr. Folio 13 del cuaderno A2 del expediente.
25 Cfr. Folio 17 del cuaderno A2 del expediente.
26 Cfr. Folio 19 del cuaderno A2 del expediente.
27 Cfr. Folios 34 a 35 del cuaderno A2 del expediente.

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64.6. Formulario de evaluación y explotación del suelo expedido por Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- Regional Meta28.

64.7. Resumen de visita -concepto técnico de 12 de julio de 2000- Programa de
titulación de baldíos29.

64.8 Auto de aclaración de la inspección ocular núm. 01442 de 19 de octubre de
200030.

64.9. Citación para cumplimiento de diligencia de notificación de una resolución de
adjudicación de un terreno baldío a los solicitantes31.

64.10. Edicto de 21 de julio de 2008 con su constancia de fijación y desfijación32.

64.11. Oficio de 11 de agosto de 2008 presentado por Víctor Manuel Cantillo a
Incoder33.

64.12. Documento de compraventa de 15 de abril de 200034.

64.13. Certificado de Registro de Instrumentos Públicos del bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 236-57857.

64.14. Declaraciones de Amalia Perdomo de Holguín, Luis Evelio Holguín y Nibaldo
Barraza Palomino35.

64.15. Proceso policivo de amparo a la posesión interpuesta por Víctor Manuel
Cantillo contra los solicitantes de la adjudicación de los baldíos ante la Inspección
de Policía del Municipio de Puerto Concordia36.

28 Cfr. Folios 36 a 40 del cuaderno A2 del expediente.
29 Cfr. Folios 41 a 43 del cuaderno A2 del expediente.
30 Cfr. Folio 44 del cuaderno A2 del expediente.
31 Cfr. Folio 45 del cuaderno A2 del expediente.
32 Cfr. Folio 46 del cuaderno A2 del expediente.
33 Cfr. Folio 85 del cuaderno A2 del expediente.
34 Cfr. Folio 87 del cuaderno A2 del expediente.
35 Cfr. Folio 204 a 215 del cuaderno principal del expediente.
36 Cfr. Folio 158 del cuaderno A3 del expediente.

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65. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 156437, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

66. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por el
apelante en la oportunidad procesal correspondiente

67. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente, o no, el
estudio de los argumentos planteados por la parte demandante en el recurso de
apelación, sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto acusado, en la medida que,
a su juicio, transcurrieron más de 5 años sin que la parte demandada lo ejecutara,
en los siguientes términos:

67.1. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…]
[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla
y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley […]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.

67.2. Esta Sección en diversas oportunidades38 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no

37 Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta

que el recurso fue interpuesto el 6 de mayo de 2015.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:

2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS
LASSO

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fueron objeto de impugnación. Igualmente, ha reiterado que no puede abordar
materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen
parte del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera
instancia estudió […]” porque ello constituiría vulneración del principio de
congruencia y, en consecuencia, de los derechos del debido proceso, contradicción
y de defensa de la parte que resulte afectada (Destacado de la Sala).

67.3. En las anteriores condiciones, se advierte que este argumento de pérdida de
fuerza ejecutoria del acto acusado fue planteado por la parte demandante, por
primera vez, en el recurso de apelación; es decir, que no fueron formulados en la
demanda, tampoco materia de análisis y decisión por parte del Tribunal
Administrativo de Arauca, en primera instancia, razón por la cual, de llegarse a
estudiar y resolver en esta instancia implicaría la transgresión de los derechos al
debido proceso, de contradicción y defensa de la parte demandada y de los
principios de lealtad procesal y de congruencia.

67.4. Por lo expuesto anteriormente, la Sala no examinará este cargo de apelación
planteados por la parte demandante, porque se trata de nuevos argumentos y
pretensiones que se traen al proceso por primera vez, en el recurso de apelación,
cuando debieron haber sido expuestos en la presentación de la demanda.

Argumentos planteados oportunamente

68. La parte demandante, en el recurso de apelación, argumentó que el acto
acusado es ilegal por vulneración al debido proceso por:

68.1. Indebida notificación en la medida que la citación para la notificación personal
a los interesados no cumplió los requisitos legales y la notificación por edicto se
realizó cinco años, cuatro meses y nueve días después de su expedición.

68.2. Indebida valoración probatoria en la medida que, a su juicio, se probó que
adquirió la explotación y mejoras del bien inmueble desde el año 2000 y, en
consecuencia, los solicitantes de la adjudicación no eran tenedores del predio, lo
cual, fue informado en el procedimiento administrativo. Asimismo, porque no existe
prueba que la parte demandante actuaba en nombre de Rivera Olaya y Cuenca
Roa, actuando de buena fe en el procedimiento administrativo y que la presunta

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ilegalidad se dio por un presunto desorden administrativo de la parte demandada
por la notificación de un acto de adjudicación diferente al acusado.

69. Para determinar lo anterior se procederá a realizar un recuento del
procedimiento administrativo de adjudicación del baldío en los siguientes términos:
69.1. La Sala advierte que se encuentra probado que María Aurora Cuenca Roa y
Maximiliano Rivera Olaya presentaron la solicitud de adjudicación de baldíos núm.
392620 el 1.° de marzo de 1997 sobre el predio rural denominado “La Esperanza”
ubicado en la vereda Santa Lucía del Municipio de Puerto Concordia, departamento
de Meta, en el que señaló como colindantes a: i) Norte: Hernando González
Villamizar; ii) Oriente 4. Carretera via Puerto Concordia a San José; iii) Sur 7.
Norberto López; y iv) Occidente 10. Laguna de lo Herradura39.

69.2. Asimismo, que mediante auto de aceptación núm. 02226 de 28 de septiembre
de 1999 expedido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-
Regional Meta se dispuso:

“[…] PRIMERO: Aceptar la solicitud de adjudicación del predio baldío a que se contrae
esta providencia.

SEGUNDO: Comunicar la presente providencia al solicitante, al Procurador Agrario o
su comisionado, a los colindantes señalados por el peticionario y al funcionario de
mayor categoría del Sistema Nacional Ambiental con Jurisdicción en el Municipio
PUERTO CONCORDIA en que se encuentra el predio solicitado.

TERCERO: Publicar la solicitud de adjudicación a través de un medio radial o un
periódico de circulación regional y en el boletín oficial del INCORA y fijarlo en la
cartelera de la Entidad y de la Alcaldía Municipal de PUERTO CONCORDIA, según
los términos del artículo 16 del Decreto 2664 de 1994, modificado por el artículo 6 del
Decreto 982 de 1996.

CUARTO: Ordenar la realización de la inspección ocular en el predio objeto de la
solicitud. En dicha diligencia se practicará la identificación predial del inmueble
cuando el plano no haya sido aportado por el peticionario o convalidado por el
INCORA La fecha de la inspección se fijo para el día 30 de Octubre de 1999 a las
1.00 de la tarde

QUINTO: El costo total por concepto de los servicios de Titulación será equivalente a
un salario mínimo legal vigente a cargo del solicitante, el cual deberá ser cancelado
por el interesado en el curso de este trámite […]”40.

69.3. La anterior decisión fue notificada por el aviso de aceptación de la solicitud
núm. 04359 de 4 de octubre de 1999 expedida por el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria -Incora- Regional Meta, el cual fue fijado el 4 de octubre de 1999

39 Cfr. Folio 13 del cuaderno A2 del expediente.
40 Cfr. Folio 17 del cuaderno A2 del expediente.

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y desfijado el 11 de octubre del mismo año”41. Asimismo, se comunicó a los
solicitantes, a los colindantes del predio Hernando Villamizar, Norberto López, al
procurador de Asuntos Ambientales y Agrarios de Villavicencio y al Director de
Cormacarena42.

69.4. En el Acta de Diligencia de Inspección Ocular de 12 de julio de 2000 expedida
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- Regional Meta se indicó:

“[…] C. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PREDIO
1 Nombre del predio La Esperanza
2 Ubicación Meta
Departamento Puerto concordia
Municipio Santa Lucia
Vereda
Inspección de Policía
3. Extensión 50 Has. + 1.398 12 Según Plano N° 596344

D. RELACIÓN DEL SOLICITANTE CON EL PREDIO
1. El predio es aprovechado directamente por el peticionario? Si X
No
2. Tiempo de aprovechamiento del predio por parte del solicitante 8
años
3. ¿Hay personas establecidas en el predio distintos al peticionario? Si
No X
En caso afirmativo, Área que ocupan:
A título que los ocupan:

E. TESTIMONIOS DE LOS COLINDANTES Y OPOSICIONES

1. Los colindantes manifiestan estar de acuerdo con los linderos señalados
por el solicitante al momento de la realización de esta inspección ocular
Si No

No asistieron a la diligencia

2. En el curso de la presente diligencia se presentaron oposiciones verbales
No escritas No

Se instruyó al opositor para que durante el término correspondiente, presente por
escrito los fundamentos y pruebas que acrediten su pretensión

3. Otras

F. CONCEPTO Y OBSERVACIONES DEL PERITO
(Si es necesario, anotar al respaldo de la hoja)

NOTA: en representación del interesado Maximiliano Rivera, asistió a esta diligencia
Víctor Manuel Cantillo Jiménez

El predio está ubicado en zona relativamente homogénea No 15, de serranía UAP
de 1360 a 1840 HAs

41 Cfr. Folio 19 del cuaderno A2 del expediente.
42 Cfr. Folios 20 a 25 del cuaderno A2 del expediente.

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G. FIRMA Y JURAMENTO

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada y se firma bajo
juramento por quienes en ella intervinieron, después de haber sido leída y aprobada.

NOTA: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del aviso para
aclaraciones a la inspección ocular podrán los interesados pueden solicitar por
escrito, la aclaraciones pertinentes de la misma

FUNCIONARIO QUE PRESIDE LA DILIGENCIA C.C.

OTROS FUNCIONARIOS (Procuraduría, Autoridad Ambiental) C.C
INTERESADO(S) – SOLICITANTES […]””43

69.5. En el Formulario de evaluación y explotación del suelo expedido por Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- Regional Meta se indicó:

“[…] 1. Solicitante: Maximiliano Rivera Olaya C.C.
2. Funcionario: Carlos A. Parlo C.C.
3. Peritos:

A. FISIOGRAFÍA

1. Altura el nivel del mar 195 mts
2. Clima
Caliente X
Templado.
Frío
Páramo
3. Lluvias: 2600 mm
En temporada de invierno 8 meses

4. Topografía: Pendiente Superior a 45.° ( Porcentaje del Terreno) 1.5%

B. CLASE DE EXPLOTACIÓN DEL PREDIO
Agrícola 3 has
Ganadera: 41 has
Mixta: —-
Forestal: 6 has
Otras: —-
Explotación directa por el peticionario: Si X No

E. USO ACTUAL DEL SUELO

1. Clase de Explotación Agrícola:
Área cubierta de pastos artificiales: Brachiaría 35 has
Área cubierta de pastos naturales: de Sabana 6 has
Área con cultivos permanentes: —--
Área con cultivos semipermanentes: —---
Área con cultivos transitorios 3 has
Área cultivos ilícitos: —---
Área en rastrojo: —----
Área en bosques: 6 has

43 Cfr. Folios 34 a 35 del cuaderno A2 del expediente.

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2. Tipo de ganadería y número de cabezas
Cría: Quince (15)
Levante:
Ceba:
Doble propósito:
Lechería
Ovinos:
Caprinos:
Porcinos:
Otros:
Registro de Marca

La explotación adelantada en el inmueble corresponde a la aptitud agropecuaria del
suelo Si X No
3. Instalaciones
instalaciones ganaderas Corral de madera en regular estado
Otras instalaciones: Dos tanques para peces
Cerramientos
Edificaciones: vivienda Techo de zinc, paredes de madera y pisos
de Cemento
Otras:
Estado: Bueno

4. Disponibilidad de Aguas para explotación:
Nacimientos
Ríos:
Lagunas: La Herradera
Reservorios:
Caños
Quebradas:
Otras:
Área de tierra irrigada:
Área de tierra no irrigada:

D. RESTRICCIONES DE UBICACIÓN Y LINDEROS
1. El predio se encuentra ubicado a menos de 5 kms de:
Puertos Marítimos Si No X

2. El predio tiene linderos de más de 1000 mts sobre:
Carreteras por automotores Si No X
Ferrocarriles Si No X
Ríos Navegables Si No X

3. Comprende bienes de Uso Público: Si No X
Cuales ?:

4. El predio está ubicado en zonas seleccionables por entidades públicas para
adelantar planes viales u otros de igual significación
Si No X

E. OPOSICIONES Y TESTIMONIOS

1. En el curso de la presente diligencia se presentaron oposiciones: verbales NO
escritas NO

Se instruyó al opositor para que durante el término correspondiente, presente por
escrito los fundamentos y pruebas que acrediten su pretensión Si
No

2. OTRAS

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F. CONCEPTO Y OBSERVACIONES PERITO

El señor Víctor Manuel Cantillo Jiménez, quien asistió en representación del
interesado, manifestó que está de acuerdo con los linderos del predio, pero no con
los cálculos del área, pues se consideran que son aproximadamente 100 has, de dos
compras de 2 hijuelos de 50 has c/u 150 mts de frente a carretera, hacía el predio de
Hernando González Villamizar […]”44.

69.6. En el resumen de visita -concepto técnico de 12 de julio de 2000- Programa
de titulación de baldíos, se indica que “[…] EL PREDIO BALDÍO SOLICITADO EN
ADJUDICACIÓN _ SI _ CUMPLE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL
NUMERAL _2_ DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO 14 DE AGOSTO 31
DE 1995 Y LAS DEMÁS EXIGENCIAS CONTEMPLADAS EN LAS NORMAS
VIGENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS DE LA NACIÓN […]”45

69.7. Mediante auto de 19 de octubre de 2000 fue aclarada la diligencia de
inspección ocular en el siguiente sentido “[…] se observa que por el costado oriente
colinda con terrenos de Hernando González Villamizar, información que se omitió
en el Auto mencionado […]” 46.

69.8. A su vez, se encuentra probado que para la notificación del acto demandado
se realizó la citación para el cumplimiento de diligencia de notificación de una
resolución de adjudicación de un terreno baldío a los solicitantes el 31 de mayo de
200847 y, ante su inasistencia, se notificó mediante edicto de 21 de julio de 2008 se
dispuso:

“[…] EDICTO

La Directora Territorial Meta del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER
certifica que una vez adelantadas las diligencias previstas en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, con el objeto de efectuar la notificación personal y con
quiera que no fue posible adelantarla es necesario dar curso a lo establecido

CITA A:

MAXIMILIANO RIVERA OLAYA y MARÍA AURORA CUENCA ROA, Identificado (s)
con las Cédula (s) de ciudadanía No. […], para que dentro de los diez (10) días
hábiles, se presenten, ante las oficinas de la Dirección Territorial Meta o Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER ubicadas en la calle 38 No 31-Piso 8
Edificio Centro Bancario y Comercial en la ciudad de Villavicencio, con el fin de
notificarse de la Resolución No 0123 del 12/03/03, en virtud de la cual se adjudicó
Cincuenta Hectáreas, Mil Trescientos Noventa y Nueve Metros cuadrados, (50-1399)

44 Cfr. Folios 36 a 40 del cuaderno A2 del expediente.
45 Cfr. Folios 41 a 43 del cuaderno A2 del expediente.
46 Cfr. Folio 44 del cuaderno A2 del expediente.
47 Cfr. Folio 45 del cuaderno A2 del expediente.

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del predio denominado LA ESPERANZA, ubicado en la Vereda SANTA LUCÍA
jurisdicción del Municipio de PUERTO CONCORDIA, Departamento del META, la cual
en su parte resolutiva establece […]:

“...RESUELVE : ARTÍCULO 1o. Adjudicar a MAXIMILIANO RIVERA OLAYA y MARÍA
AURORA CUENCA RO Identificado (s) con las Cédula (s) de ciudadanía No. […], el
terreno baldío denominado LA ESPERANZA ubicado en la Vereda SANTA LUCÍA,
jurisdicción del Municipio de PUERTO CONCORDIA Departamento del META, cuya
extensión ha sido calculada en, CINCUENTA Hectáreas, MIL TRESCIENTOS
NOVENTA V NUEVE Metros cuadrados, (50-1399), extensión adjudicable de
conformidad con lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 160 de 1994 y se identifica
con el plano radicado en el Incora W596344 de Septiembre 1999 PUNTO DE
PARTIDA: El detalle 3, situado al norte del predio. NORTE: Del detalle 3, dirección
este, al detalle 329,52 mts., con CARRETERA A PTO CONCORDIA cerca al medio. NORESTE: Del detalle 6 dirección sureste delta 9 en 1172,42 ms., con HERNANDO
GONZALEZ VILLAMIZAR, cerca al medio, del delta 9 dirección suroeste delta 15 en
410 mts., con LAGUNA LA HERRADURA. SUROESTE: Del delta 15, dirección
noroeste, al detalle punto de partida, en 1391,13 mts., con NORBERTO LÓPEZ y
encierra. PARÁGRAFO: La presente adjudicación se hace de conformidad con la
excepción contemplada en la norma general que determina la titulación de baldíos de
Nación en Unidades Agrícolas Familiares UAF., previstas en el artículo primero
numeral dos (2) del Acuerdo 14 1995. ARTÍCULO 2o.- La resolución por la cual se
adjudica un terreno baldío, una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos del Círculo respectivo, constituye título suficiente de dominio y prueba de
Propiedad. ARTÍCULO 3o. La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones
que regulan la titulación terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas
de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesidades para la adecuada
explotación de los fundos adyacentes. ARTÍCULO 4o. La presente adjudicación que
amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo 60. de la Ley 97 de
1946, por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde
hace más de cinco (5) años. ARTÍCULO 5o.- La adjudicada que se hace mediante
esta providencia no incluye los bienes de uso público, como fuentes de agua,
bosques, fauna etc. ni las zonas de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 metros de
ancho a que se refiere el Decreto 2770 de 1953 las normas posteriores que lo
modifiquen. ARTÍCULO 6o.- El beneficiario de la presente adjudicación queda obligar
a observar las disposiciones sobre conservación de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente protección de bosques nativos, vegetación protectora y reserva
forestales y no podrá destinar el predio adjudicado cultivo de plantas de las que pueda
extraerse sustancias que causen dependencia o que puedan calificarse con cultivos
ilícitos de conformidad con lo establecido por la Ley 30 de 1986 y demás normas
concordantes, ni a los cultivos explotaciones que no sean aptos para la clase de
tierras que se adjudica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 160
de 1994. El incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones o prohibiciones
constituye causa de caducidad de la adjudicación o reversión del baldío adjudicado al
dominio de la Nación, conforme con lo establecido por el Artículo 65 de la Ley 160 de
1994. ARTICULO 7o- EL adjudicatario de una unidad Agrícola Familiar mayor de 50
hectáreas deberá mantener como mínimo el 20% del área adjudicada con cobertura
forestal, según establece el Artículo 50 del Decreto 1149 de 1977. ARTÍCULO 8o- El
beneficiario no podrá enajenar el predio objeto de la presente adjudicación sin
autorización previa del INCORA, cuando con el acto o contrato de tradición d dominio
se esté fraccionando dicho predio en extensiones inferiores a la Unidad Agrícola
Familiar señalada para esta zona o municipio.

Se exceptúan de la presente
prohibición. los actos o contratos que se celebren en aplicación de excepciones
previstas en el Artículo 45 de la Ley 160 de 1994,° ARTÍCULO 9o.- Dentro de los
cinco (5): años siguientes a la adjudicación, el inmueble sólo podrá ser gravado con
hipoteca a favor de entidades financieras, con garantía de crédito de fomento
agropecuario. ARTÍCULO 10. El adjudicatario de tierras baldías que las hubo
enajenado, no podrá obtener una nueva titulación antes de transcurridos quince (15)
años desde la lecha adjudicación anterior. ARTÍCULO 11o.- Contra esta providencia
procede por la vía gubernativa el recurso reposición, el cual podrá interponerse dentro

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de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o desde
la desfijación del edicto, según el caso, y la petición de revocación directa en los
términos artículo 72 de la Ley 160 de 1994. ARTICULO 120.- Son nulas las
adjudicaciones de tierras baldías que se hagan con violación de las prohibiciones o
prescripciones contenidas en el Artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Las acciones
Contencioso Administrativas de nulidad y restablecimiento del derecho, solo proceden
dentro de los dos (2) al siguientes a su ejecutoria o desde su publicación en el Diario
Oficial, según el caso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5o. del Artículo
136 del Código Contencioso Administrativo”

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, se advierte al citado que al no comparecer dentro del término fijado,
entenderá notificado por medio del presente edicto, del contenido resolutivo del acto
administrativo enunciado.

[…]
Directora Territorial Meta

CONSTANCIA DE FIJACIÓN El presente EDICTO, se fija por el término de diez días
hábiles, contados a partir del siete de julio de dos mil ocho, a las 8:00 a.m. , en un
lugar visible en la cartelera del INCODER Dirección Territorial Meta en la ciudad de
Villavicencio.

[…]
Directora Territorial Meta

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN Hoy, veintiuno de julio de dos mil ocho a las 6:00
p.m. se desfija el presente EDICTO, luego de haber transcurrido el término ordenado
en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo […]”.

69.9. Obra en el expediente el oficio de 11 de agosto de 2008 presentado por Víctor
Manuel Cantillo al Incoder en el que manifestó que “[...] Por lo argumentado me
permito informarle que me declaro opositor a la pretensión que el Sr. Olaya Rivera
tiene de querer que le adjudiquen la que NO le pertenece, ni tiene la posesión […]”48.

69.10. Obra el documento de compraventa de 15 de abril de 2000 en el que se
indicó:

“[…] Entre los suscritos a saber. MARIA AURORA CUENCA, vecina, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadanía número […] expedida en Puerto Concordia
(Meta) y quien para efectos de este documento se denominará LA PROMITENTE
VENDEDORA y VICTOR MANUEL CANTILLO JIMÉNEZ," también vecino, mayor de
edad, cedulado al número […] expedida en Tulúa (Valle)y quien para efectos del
presente se denominará EL PRIMITENTE (SIC) COMPRADOR, ha celebrado el
presente contrato de compraventa que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:
PRIMERA - LA PROMITENTE VENDEDORA cede a título real de venta y dominio al
PROMITENTE COMPRADOR todos los derechos que tiene; posesión y dominio
sobre un lote de terreno de cincuenta (50) hectáreas de extensión superficiaria
ubicado en la Vereda Santa Lucía del Municipio de Puerto Concordia (Meta), dentro
de los siguientes linderos: Por el Norte, con predios de la finca La Laguna de
propiedad del Sr. Hernando Gonzáles Villamizar; por el Sur, con predios de la finca

48 Cfr. Folio 55 del cuaderno A2 del expediente.

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del Sr. MAXIMILIANO OLAYA RIVERA; por el Oriente, con la misma finca La
Herradura del Sr. Hernando Gonzáles Villamizar y por el Occidente, con la Carretera
que de Puerto Concordia conduce a San José del Gaviaré y encierra. SEGUNDA. El
predio de que trata la cláusula anterior tiene las siguientes mejoras: Unas (20)
hectáreas de rastrojo en donde hay cultivadas tres (3) hectáreas en plátano
aproximadamente, un (1) pozo-para cultivo piscícola y unas treinta (30) hectáreas de
montaña. TERCERA. El precio de venta del predio referenciado en este documento
es por la suma de TRECE $13.000.000, Millones de pesos, pagaderos en dinero
efectivo que la Promitente Vendedora declara haber recibido, de manos del
Promitente Comprador, a su entera satisfacción. CUARTA. La Promitente Vendedora
declara que la posesión y mejoras de que se trata en este documento son de su
exclusiva propiedad y no han sido vendidas ni enajenadas antes, a persona natural o
jurídica, encontrándose libres de todo gravamen. QUINTA: La Promitente Vendedora
se obliga expresamente a salir al saneamiento de esta venta en todos los casos de la
Ley. SEXTA: El Promitente Comprador declara que a la fecha de la firma de este
documento ha recibido de manos de La Promitente Vendedora el inmueble materia
de esta venta por su situación y linderos, con todas sus mejoras, dependencias,
anexidades, servidumbres, usos y costumbres y se encuentra en posesión del
mismo.-Para constancia se firma el presente por los que en él intervinieron. En
Villavicencio (Meta), a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil (2000),
ante testigos.

La Promitente Vendedora, María Aurora Cuenca
El Prominente Comprador, Víctor M. Cantillo J.
Testigos, Maximiliano Rivera Olaya […]”49

69.11. El Incoder en respuesta de la comunicación de 11 de agosto de 2008, le
indicó:

“[…] Revisada la actuación administrativa se puede observar que a folio 12, el oficio
de notificación con el cual se informa la providencia del Auto de Aceptación No.02226
a la solicitud presentada por el señor Maximiliano Rivera Olaya, está firmada por
Usted […] con fecha de recibo Junio 17 de 2000.

La diligencia de inspección ocular realizada el 12 de julio de 2000 […] fue atendida
por USTED en representación del señor Maximiliano Rivera Olaya, en ese momento
estuvo de acuerdo y confirmó en la audiencia que el predio es aprovechado hace
ocho años directamente por el interesado. En dichas diligencias podemos observar
que no se presentaron OPOSICIONES a la adjudicación y por ese motivo se continúa
con el proceso.

De acuerdo con lo anterior no veo porque el 11 de agosto de 2008, presenta un oficio
donde se opone al trámite de titulación, cuando Usted en representación del
solicitante atiende al funcionario del INCODER que realiza la visita al predio ¨[…]50

A la fecha 11 de agosto de 2008 cuando presenta USTED la oposición, le informo que
precluyó el plazo fijado por la Ley […]”51

69.12. Certificado de Registro de Instrumentos Públicos del bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 236-57857.

49 Cfr. Folio 21 del cuaderno principal del expediente.
50 Cfr. Folio 87 del cuaderno A2 del expediente.
51 Cfr. Folio 87 del cuaderno A2 del expediente.

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Núm. único de radicación: 50001233100020120029901

“[…] ANOTACIÓN: Nro. 1 Fecha: 19-01-2020 Doc: RESOLUCIÓN 0123 del: 12-03-
2003 INCODER de VILLAVICENCIO VALOR ACTO:$
ESPECIFICACIÓN: 0103 ADJUDICACIÓN BALDÍOS (MODO DE ADQUISICIÓN)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: (X- Titular de derecho real de
dominio. I- Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL “INCORA”
A: RIVERA OLAYA MAXIMILIANO
A: CUENCA ROA MARIA AURORA
__________________________________________________________________

ANOTACIÓN: Nro. 2 Fecha: 19-01-2020 Doc: RESOLUCIÓN 0123 del: 12-03-2003
INCODER de VILLAVICENCIO VALOR ACTO:$
ESPECIFICACIÓN: 0460 PROHIBICIÓN DE ENAJENAR SIN AUTORIZACIÓN
CUANDO CON EL ACTO SE ESTE FRACCIONANDO DICHO PREDIO.
(MEDIDA CAUTELAR)
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: (X- Titular de derecho real de
dominio. I- Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL “INCORA”
A: RIVERA OLAYA MAXIMILIANO
A: CUENCA ROA MARIA AURORA […]”

70. Determinado lo anterior, se considera que, la parte demandada, para la
expedición del acto acusado cumplió el procedimiento previsto en el Decreto 2664
de 1994, toda vez que: i) una vez recibida la solicitud se comunicó su inicio a los
interesados y a las autoridades que indicaba la normativa; ii) se realizó la diligencia
de inspección ocular con la participación de los interesados, entre ellos, la parte
demandante y en la cual se realizó el reconocimiento del predio para la verificación
del cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa, entre los cuales, se
encontraba la tenencia y posesión del mismo; y iii) realizó la evaluación y
explotación del suelo y el concepto técnico, resolviendo las solicitudes presentadas
por la parte demandante en cada una de las actuaciones desarrolladas.

Sobre la presunta indebida notificación

71. Ahora, una vez desarrolladas las actuaciones indicadas supra, se advierte que
la parte demandada una vez expedida la Resolución 0123 de 12 de marzo de 2003
y de conformidad con el artículo 44 del Decreto 01 de 1984, remitió las respectivas
comunicaciones al Agente del Ministerio Público Agrario y a los solicitantes, el 31
de mayo de 2008, para realizar la notificación personal, ante la no comparecencia
fijó el edicto en los términos del artículo 45 ibidem y, en esa medida, si bien el envío
la citación no fue remitida a los 5 días siguientes de la expedición del acto y el edicto
no fue fijado, sino 5 años después, esta circunstancia no conlleva a su ilegalidad
sino a su inoponibilidad.

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72. En efecto, esta Corporación52 ha considerado que las irregularidades en la
notificación de los actos particulares afectan los presupuestos de eficacia de esas
decisiones, pero no los requisitos de validez. La infracción por eficacia, se traduce
en la imposibilidad de producir efectos para los que el acto fue expedido y solo dan
lugar a su inoponibilidad, comoquiera que la publicidad es un elemento ajeno del
acto y la anulación de estos se da solo por elementos que le son propios.

73. En las anteriores condiciones, conforme lo indicó el Tribunal, el acto fue oponible
para los solicitantes a partir de la notificación y para los terceros a partir de la
inscripción en el registro, sin que, por este hecho, se produzca la nulidad del acto
acusado.

Sobre la presunta indebida valoración probatoria

74. La parte demandante indicó que: i) se probó que adquirió únicamente la
explotación y mejoras que los solicitantes tenían para el año 2000 sobre el predio
llamado “La Esperanza”; ii) no tuvo en cuenta su argumento, según el cual, los
solicitantes de la adjudicación, a partir del año 2000, no eran los tenedores del
predio “[…] por haberle vendido la tenencia y las mejoras que tenían sobre este, hoy
bautizado por mi mandante con el nombre de “LA VICTORIA” […]”, observaciones
que manifestó durante la actuación administrativa y no fueron atendidas por la parte
demandada; iii) no existe prueba que el demandante actuaba en nombre de Rivera
Olaya y Cuenca Roa ni que lo hiciera para favorecer su adjudicación del predio, toda
vez que llevaba ocho años explotándolo; puesto que su actuar fue bajo el principio
de buena fe, creyendo que se había informado a la entidad que ya no estaban
interesados en la adjudicación al haber vendido sus mejoras; y iv) se probó el actuar
ilegal de la parte demandada por el desorden administrativo al notificar un acto de
adjudicación diferente al acusado.

75. Al respecto es preciso indicar que Víctor Manuel Cantillo Jiménez tuvo
participación activa durante todo el trámite de adjudicación así:

75.1. En la comunicación dirigida a los solicitantes sobre el aviso de aceptación de
una solicitud núm. 04359 de 4 de octubre de 1999 aparece recibiendo la

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de

2018, exp. 39920, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero.

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comunicación, estampando su nombre, firma, cédula e indicando su aceptación y
no realizando ningún comentario u oposición.

75.2. En el acta de inspección ocular de 12 de julio de 2000, se dejó como nota que
“[…] en representación del interesado Maximiliano Rivera, asistió a esta diligencia
Víctor Manuel Carillo […] en la cual no se presentaron oposiciones y se indicó que:
i) los solicitantes aprovecharon directamente el predio; ii) contaban con 8 años de
aprovechamiento del predio; y iii) que no existían personas establecidas en el predio
distinto a los peticionarios.

75.3. En el Formulario de evaluación de explotación del suelo no se presentaron
oposiciones verbales ni escritas y, en el cual se señaló “[…] El señor Víctor Manuel
Cantillo Jiménez, quien asistió en representación del interesado, manifestó que está
de acuerdo con los linderos del predio, pero no con los cálculos del área, pues se
consideran que son aproximadamente 100 has, de dos compras de 2 hijuelos de 50
has c/u 150 mts de frente a carretera, hacía el predio de Hernando González
Villamizar […]”, solicitud que fue decidida por la parte demandada al corregir el área
del predio objeto de adjudicación, como se indicó supra.

75.4. En el formulario de peritaje ambiental actuó en representación de los
solicitantes Víctor Manuel Cantillo Jiménez, quien no presentó oposición, con lo cual
se prueba que, en el procedimiento administrativo, ejerció actuaciones para que la
parte demandada expidiera el acto acusado al verificar el cumplimiento de los
requisitos legales para la adjudicación por parte de los solicitantes, siendo
conocedor de los documentos públicos que avaló.

75.5. Asimismo, si bien se encuentra en el expediente un documento de
compraventa de 15 de abril de 2000, en el cual se determinó que […] LA
PROMITENTE VENDEDORA cede a título real de venta y dominio al PROMITENTE
COMPRADOR todos los derechos que tiene; posesión y dominio sobre un lote de
terreno de cincuenta (50) hectáreas de extensión superficiaria ubicado en la Vereda
Santa Lucía del Municipio de Puerto Concordia (Meta), […]”, lo cierto es que:

75.5.1. Dicho documento no fue puesto en consideración de la parte demandada en
el procedimiento administrativo que dio origen al acto acusado, toda vez que su
suscripción fue anterior incluso a la inspección ocular en donde no se indicó alguna
novedad sobra la posesión y explotación del bien inmueble y, por el contrario, se

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indicó que los solicitantes aprovecharon directamente el predio desde 8 años
anterior a la misma. Asimismo, en las diferentes diligencias le fueron resueltas las
solicitudes al señor Víctor Manuel Cantillo Jiménez, sin que se encuentre probado
que realizara alguna oposición verbal o escrita sobre la tenencia y explotación del
predio.

75.5.2. Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación con este documento no
solo se prueba que pretendía adquirir la explotación y mejoras, sino la posesión y
dominio del predio para efectos de la adjudicación, lo cual, para el caso sub examine
no era procedente, toda vez que los solicitantes no tenían el derecho real de
propiedad del bien inmueble y porque en los términos del artículo 69 de la Ley 160,
la ocupación anterior no es transferible para efectos de la adjudicación y, en esa
medida, este documento no le generaría ningún derecho a la parte demandante
para ser el beneficiario de la adjudicación.

75.5.3. Conforme lo indicado por el Tribunal, este documento de compraventa solo
fue allegado al expediente administrativo por la parte demandante con el Oficio de
11 de agosto de 2008, en el que entre otras cuestiones indicó “[…] me permito
informarle que me declaro opositor a la pretensión que el Sr. Olaya Rivera tiene de
querer que le adjudiquen la que NO le pertenece, ni tiene la posesión […]”, es decir,
cuando ya había finalizado el procedimiento de adjudicación y por fuera del término
para presentar oposición, máxime cuando se reitera, que el señor Víctor Manuel
Cantillo Jiménez participó activamente en las diligencias y no se opuso en ningún
momento, como así lo indicó la parte demandada al darle respuesta a dicha
solicitud, sin que, se reitera, se encuentre probado que la parte demandante
realizara alguna oposición verbal o escrita sobre la tenencia y explotación del predio.

75.5.4. Asimismo, si bien se aportaron unos contratos de arrendamiento suscritos
por el señor Víctor Manuel Cantillo Jiménez sobre el bien inmueble que datan desde
el año 2005 y un proceso policivo de amparo de posesión ante la Inspección de
Policía del Municipio de Puerto Concordia del año 2010, se advierte que dichas
actuaciones se produjeron con posterioridad al proceso de adjudicación y, en esa
medida, no prueban que al momento de la expedición del acto acusado (en el año
2003) Maximiliano Rivera Olaya y María Aurora Cuenca Roa no tuvieran la tenencia
y explotación para efectos de la adjudicación.

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75.6. Esta Sección, ha reiterado que en virtud del principio de buena fe “[…] nadie
puede contravenir válidamente sus propios actos, cuando tal comportamiento es
objetivamente incompatible con su conducta precedente [...]”53; y, en esa medida,
conforme se indicó supra, la salvaguarda de dicho principio, en los términos
solicitados por la parte demandante, no puede ser favorable a quien no ha cumplido
con su deber, en este caso, realizar las actividades propias de la oposición dentro
del procedimiento de adjudicación.

75.7. Por último, es preciso indicar que el presunto desorden administrativo de la
parte demandada al notificar la Resolución 1459 de 22 de noviembre de 2007,
mediante la cual se adjudica un terreno baldío no trae como consecuencia la nulidad
del acto acusado, en la medida que no guarda relación con el objeto del presente
proceso.

Conclusiones

76. La Sala considera que: i) se debe declarar probada de oficio la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; y ii) la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de la Resolución núm. 0123 de 12 de marzo de 2003, expedida por la
Gerente de la Regional del Meta del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –
Incora-, por la cual se adjudicó el predio “La Esperanza” ubicado en la vereda Santa
Lucía del Municipio de Puerto Concordia, Departamento de Meta, a favor de
Maximiliano Rivera Olaya y María Aurora Cuenca Roa, motivo por el cual, se
confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

Condena en costas

77. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre la condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará
en costas a la parte demandante, en segunda instancia.

53 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de

2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024800.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Arauca en descongestión, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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