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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00564-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00564-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1 (parcial) de la Resolución núm. 1339 de 27 de noviembre de 2017, el Acta de Grado núm. 65 de 15 de diciembre de 2017, y el Diploma núm. 2358-17 de 15 de diciembre de 2017, a través de los cuales se otorgó el título de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, expedidos por la Universidad del Cauca. SEGUNDO: INSTAR a la Universidad del Cauca para que, en el marco de su autonomía, evalúe si la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco está en condiciones de culminar el proceso de grado mediante la acreditación del requisito que le hace falta para optar al título de abogada. TERCERO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la Universidad del Cauca subsane los problemas de gestión documental identificados. CUARTO: Por Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura (URNA) la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, ante la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2021-00564-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca
Demandado: Universidad del Cauca
Tercero con interés: Yeniffer Paola Hurtado Velasco
Medio de control: Nulidad simple
Temas: Nulidad de actos que otorgan títulos universitarios sin el
cumplimiento de los requisitos
Decisión: Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por la Universidad
del Cauca contra el artículo 1 (parcial) de la Resolución núm. 1339 de 27 de noviembre
de 2017, el Acta de Grado núm. 65 de 15 de diciembre de 2017 y el Diploma núm. 2358-
17 de la misma fecha.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Universidad del Cauca, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

4.1. Declárase la nulidad parcial del artículo 1 de la Resolución No. 1339 del 27 de
noviembre de 2017, en concreto del aparte que confiere a la (el) señor (a) YENIFFER
PAOLA HURTADO VELASCO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.
1061531309, expedida en Piendamó, el título de ABOGADO (A).

4.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 65 del 15 de diciembre de 2017 y
Diploma No. 2358-17 del 15 de diciembre de 2017, actos administrativos con los
cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo
primero de su Resolución No. 1339 del 27 de noviembre de 2017 y otorga el título
de ABOGADO (A) a la (el) señor (a) YENIFFER PAOLA HURTADO VELASCO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía N.º 1061531309, expedida en Piendamó.

4.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la cancelación de
la Tarjeta Profesional de ABOGADO (A) N.º 303722, otorgada por el Consejo Superior

1 La demanda fue radicada el 21 de octubre de 2021 y obra en el índice 2 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

de la Judicatura a la (el) señor (a) YENIFFER PAOLA HURTADO VELASCO,
identificado (a) con la cédula de ciudadanía N.º 1061531309, expedida en Piendamó.
(mayúscula sostenida y negrita del original).

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones, la Universidad del Cauca señaló que la
señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco se matriculó al programa de Derecho en el primer
período académico de 2008. Para esa época, el plan de estudios exigía como requisito
de grado para obtener el título de abogado, la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios2.

Expuso que, con base en la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula
y Control Académico (SIMCA), el 20 de noviembre de 2017 se expidió el paz y salvo
académico de la señora Hurtado Velasco y, posteriormente, mediante la Resolución núm.
1339 de 27 de noviembre de 2017, el Acta de Grado núm. 65 y el Diploma núm. 2358-17
de 15 de diciembre de 2017, la universidad le confirió el título de abogada.

La entidad relató que, a raíz de una denuncia anónima y de un escrito presentado por el
docente Milton Javier López, se advirtió la posible existencia de registros irregulares de
exámenes preparatorios en el SIMCA. Por esa razón, mediante la Resolución núm. R-
695 de 30 de julio de 2019, el rector conformó un equipo de seguimiento y apoyo para
verificar el cumplimiento de los requisitos de grado de los estudiantes, egresados y
graduados del programa de Derecho.

Argumentó que, al confrontar la información registrada en el SIMCA con los soportes
físicos obrantes en la historia académica y los pagos realizados por concepto de
exámenes preparatorios, se estableció que la señora Hurtado Velasco solo acreditó la
aprobación de los correspondientes a derecho laboral, derecho penal, derecho de familia,
derecho procesal civil y derecho de bienes, obligaciones y contratos. En cambio, no
existía evidencia de aprobación de los preparatorios de derecho constitucional y derecho
administrativo.

Finalmente, sostuvo que desconocía el mecanismo mediante el cual se incorporó la
calificación aprobatoria en el SIMCA y que dicha situación había sido puesta en
conocimiento de las autoridades competentes de la universidad, así como de la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la
Judicatura.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

La parte actora formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación, así:

1.3.1. Primer cargo: violación de los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209
de la Constitución Política

Indicó que, en virtud de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de la
Constitución Política y desarrollada en la Ley 30 de 28 de diciembre de 19923, las
universidades tienen derecho, entre otros aspectos, a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, así como crear, organizar y
desarrollar sus programas académicos.

2 Exámenes preparatorios de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho
laboral, derecho de familia, derecho civil (bienes, obligaciones y contratos) y derecho procesal civil.
3 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

2

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

En razón a ello y con fundamento en la jurisprudencia constitucional4, sostuvo que la
presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios, constituye un
requisito sin el cual los estudiantes del programa de Derecho de la Universidad del Cauca
no pueden obtener el título de abogados.

1.3.2. Segundo cargo: violación de los artículos 3, 6 y 137 de la Ley 1437 de 2011

Precisó que la declaratoria de nulidad de los actos acusados no produce un
restablecimiento de derechos en favor de la parte demandante y agregó que, en su
criterio, «[…] los actos administrativos demandados causan un daño grave y altamente
nocivo para el orden social y público, toda vez que las irregularidades anotadas
permitieron que una persona que no cumplía con los requisitos para otorgársele el título
de ABOGADO (A), está actualmente ejerciendo esa profesión (lo cual implica un riesgo
social) […]».

1.3.3. Tercer cargo: violación de las normas internas de la Universidad del Cauca5
• el artículo 2 del Acuerdo Académico núm. 9 de 20036, el artículo 2 del Acuerdo
Académico núm. 014 de 20047, el Acuerdo núm. 003 de 2008, el Acuerdo núm. 001
de 20108, el artículo 7 literal a) del Acuerdo Académico núm. 002 de 20119, el artículo
2 del Acuerdo núm. 001 de 201410 y el artículo 3 del Acuerdo Académico núm. 039
de 201811

Adujo que, en los acuerdos indicados supra, se estableció que, para obtener el título de
abogado, los estudiantes deberían cumplir, entre otros, con el requisito de presentar y
aprobar los exámenes preparatorios de: (i) derecho constitucional; (ii) derecho
administrativo; (iii) derecho penal; (iv) derecho laboral; (v) derecho de familia; (vi) derecho
de bienes, obligaciones y contratos; y (vii) derecho procesal civil.

Puso de presente que, al momento de expedición de los actos acusados, la Universidad
del Cauca no contaba con los soportes físicos que permitieran verificar que la señora
Hurtado Velasco hubiera aprobado debidamente los exámenes preparatorios de derecho
constitucional y derecho administrativo.

A partir de lo anterior concluyó que los actos acusados se encontraban viciados de
nulidad por falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse.

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Admisión

4 Ver. Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero y sentencia SU-783 de 2003, M.P.

Marco Gerardo Monroy Cabra.
5 Así constan en el acápite “6. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN” y en los hechos 5.5.2.

y 5.6. de la demanda.
6 “Por el cual se adopta el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales”.
7 “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.
8 “Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdo 003 de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”.
9 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales”.
10 “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”.
11 “Por la cual se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios del Programa de Derecho de la Facultad

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca”.

3

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

Mediante auto de 23 de junio de 202212, se admitió la demanda y se ordenó notificar a la
señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, en calidad de tercera con interés directo en las
resultas del proceso, y al agente del Ministerio Público.

2.2. Medida cautelar

En escrito seguido a la demanda, la actora solicitó la suspensión provisional de los
efectos de los actos acusados13, a la cual accedió el Despacho sustanciador mediante
proveído de 11 de marzo de 202514, por considerar que la señora Yeniffer Paola Hurtado
Velasco estaba sometida al plan de estudios previsto en el Acuerdo Académico núm. 014
de 2004 que exigía la aprobación de los exámenes preparatorios como requisito de grado,
y que no había cumplido íntegramente esa exigencia, pues, según el informe elaborado
por el equipo de seguimiento de la universidad, solo cinco de los siete preparatorios
registrados como aprobados contaban con soporte documental. En consecuencia,
concluyó, prima facie, que los actos mediante los cuales se le confirió el título de abogada
habían sido expedidos con infracción del citado acuerdo.

En la misma providencia se negó la solicitud de suspensión de la tarjeta profesional, por
cuanto esa pretensión no correspondía al objeto del presente medio de control y podía
formularse autónomamente ante la autoridad competente.

Contra esta decisión no se interpuso ningún recurso15.

2.3. Contestación de la demanda

Dentro de la oportunidad procesal, la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco 16, por
intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por estimar que los exámenes preparatorios habían dejado de ser un
requisito legal de grado con la expedición de la Ley 552 de 1999 y que, en ejercicio de la
autonomía universitaria, únicamente podían ser exigidos si habían sido establecidos por
el órgano universitario competente y de conformidad con el procedimiento previsto en los
estatutos de la institución.

Afirmó que, de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la Universidad
del Cauca -Acuerdo núm. 105 de 1993-, la competencia para expedir o modificar los
estatutos y reglamentos correspondía al Consejo Superior Universitario, y no al Consejo
Académico. Por ello, consideró que el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no podía
crear ni imponer requisitos de grado, pues no había sido ratificado por el Consejo Superior
Universitario.

Asimismo, señaló que, entre las modalidades de trabajo de grado previstas en los
Acuerdos núms. 027 de 2012 y 044 de 2015, expedidos por el Consejo Superior
Universitario, había optado por la práctica profesional. En ese sentido, sostuvo que la
universidad no podía exigirle, adicionalmente, la aprobación de los exámenes
preparatorios, máxime cuando el Consejo de Facultad no había definido ni reglamentado
las modalidades aplicables al programa de Derecho.

12 Samai, índice 4.
13 Samai, índice 2, documento electrónico con certificado CA3008E87EDA064E AB9975A15137B43C
FD476539CA554C8D 4BC565EADCFF071E denominado “DEMANDA Y ANEXOS(.PDF)”, págs. 19 – 24.
14 Samai, índice 26.
15 Samai, índice 36.
16 Samai, índice 15, documento electrónico con certificado 99B18299131B59E3 5D13FED955857E61

850D0ABEB4BB9AE2 2C141606D8D82CDA denominado “CONTESTACION DE LA DEMANDA (.docx)”.

4

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

Aunado a lo anterior, solicitó que se respetara su presunción de inocencia y rechazó
cualquier señalamiento relacionado con la alteración de las calificaciones, por estimar
que no existía prueba de que hubiera intervenido los registros académicos o fuera
responsable de las irregularidades advertidas por la institución educativa.

En último término, formuló tacha de falsedad material contra el Acuerdo Académico núm.
002 de 17 de febrero de 2011 aportado con la demanda, debido a que no correspondía
al texto original suscrito por el rector de la universidad, pues existían diferencias en el
número de páginas, el total de créditos académicos y la regulación del trabajo de grado
o de la práctica profesional. En consecuencia, solicitó que se tramitara la tacha conforme
a los artículos 269 y 270 del Código General del Proceso.

2.4. Trámite de la tacha de falsedad

Mediante auto de 11 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador ordenó correr traslado
de la tacha de falsedad por el término de tres (3) días a la parte demandante, para que
se pronunciara al respecto17.

Con memorial de 17 de marzo de 2025, el apoderado de la parte actora descorrió el
traslado, reconociendo la existencia de diferencias entre las versiones obrantes en el
expediente, debido a que, por error, aportó inicialmente una versión preliminar no
suscrita, circunstancia que, a su juicio, no constituía por sí sola una falsedad. Por tal
motivo, acompañó su escrito con la versión definitiva del Acuerdo Académico núm. 002
de 201118.

2.5. Trámite de sentencia anticipada

Mediante auto de 15 de julio de 202519, el Despacho sustanciador consideró que el caso
sub examine se subsumía en los supuestos previstos en el numeral 1 del artículo 182A
del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia,
prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio20 y resolvió sobre
las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

En esa oportunidad, se rechazó la tacha de falsedad, por considerar que las divergencias
entre las versiones del documento obedecían a la presentación inicial de un texto
preliminar o borrador, en lugar del acuerdo definitivo, y que dicho error material había
sido subsanado por la parte actora.

2.6. Alegatos de conclusión

En auto de 15 de diciembre de 202521, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.
17 Samai, índice 27.
18 Samai, índice 33.
19 Samai, índice 39.
20 El litigio se fijó en los siguientes términos: “Determinar si son nulos, por infracción de norma superior, la

Resolución No. R-1339 del 27 de noviembre de 2017 (parcial), el Acta de Grado No. 65 del 15 de diciembre
de 2017 y el Diploma No. 2358-17 de la misma fecha, mediante los cuales la Universidad del Cauca otorgó
el título de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, por haberse expedido sin el cumplimiento
de los requisitos reglamentarios exigidos para tal efecto, en particular, sin que la destinataria de los actos
hubiera presentado y aprobado la totalidad de los exámenes preparatorios exigidos por el reglamento
institucional.
De acreditarse dicha vulneración respecto de uno, algunos o todos los preceptos constitucionales o
infraconstitucionales invocados, corresponderá a la Sala determinar si se configura la nulidad de los actos
administrativos demandados”.
21 Samai, índice 53.

5

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

2.6.1. La Universidad del Cauca reiteró los cargos de ilegalidad e indicó que las
eventuales fallas administrativas en el registro, archivo o conservación de la información
académica no subsanaban el incumplimiento de los requisitos de grado ni permitían
conservar la legalidad de los actos acusados22.

2.6.2. La tercera con interés insistió en que la creación de requisitos de grado
correspondía al Consejo Superior Universitario y agregó que el Acuerdo Académico núm.
002 de 2011 no le resultaba aplicable, por cuanto ingresó al programa de Derecho en el
primer período académico de 2008 y, según el artículo 7 de esa disposición, la exigencia
de presentar y aprobar los exámenes preparatorios únicamente cobijaba a quienes se
matricularan por primera vez o reingresaran a partir del segundo período de 2011.

Igualmente, sostuvo que, si bien el paz y salvo académico no hacía parte del objeto del
medio de control, debía valorarse como prueba, dado que sirvió de fundamento para
expedir los actos de grado y certificó el cumplimiento de las asignaturas y de la judicatura
como alternativa al trabajo de grado23.

2.6.3. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo
149.1 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 24,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, expedidos por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Primera de esta Corporación es competente
para conocer, en única instancia, del presente asunto, por tratarse del medio de control
de nulidad promovido contra actos administrativos expedidos por una autoridad del orden
nacional.

3.2. Actos administrativos demandados

3.2.1. El aparte acusado del artículo 1 de la Resolución núm. 1339 de 27 de noviembre
de 201725, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y
posgrado”, expedida por el Rector de la Universidad del Cauca. Dicho acto es del
siguiente contenido:

RESOLUCIÓN NÚMERO R-1339 DE 2017
(27 de noviembre)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y
posgrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus facultades legales
y estatutarias y,

CONSIDERANDO

22 Samai, índice 59.
23 Samai, índice 60.
24 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25Samai, índice 2, documento electrónico con certificado CA3008E87EDA064E AB9975A15137B43C
FD476539CA554C8D 4BC565EADCFF071E denominado “DEMANDA Y ANEXOS(.PDF)”, págs. 42 – 47.

6

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del Cauca, solicitan a la
Rectoría se les confiera el título correspondiente.

Para optar al título respectivo, los graduandos cumplieron con todos los requisitos de
Ley y los exigidos por cada unidad académica y demás instancias administrativas
universitarias.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca, en nombre de la República de
Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, en atención a que
las y los graduandos cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

[…]

ABOGADO (A)

[…]

YENIFFER PAOLA HURTADO VELASCO
CC. […]

ARTÍCULO SEGUNDO: La ceremonia de grado, entrega de diplomas y actas de
grado tendrá lugar en el Paraninfo Francisco José de Caldas, el día viernes 15 de
diciembre de 2017, a las 6:00 p.m. y se entenderán perfeccionados una vez cumplido
con el orden establecido por la Rectoría.

CÚMPLASE

Proferida en Popayán, Ciudad Universitaria, a los veintisiete (27) días del mes de
noviembre de dos mil diecisiete (2017).

JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO
Rector.

3.2.2. El Acta de Grado núm. 65 de 15 de diciembre de 201726, mediante la cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado
Velasco:

ACTA DE GRADO No. 65 del 15 de diciembre de 2017

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 6:00
PM, del día quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) y en cumplimiento
de la Resolución R-1339 del 27 de noviembre de 2017 expedida por la Rectoría de
la Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José
de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La
Secretaria General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que
la graduanda ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el
Juramento y le otorga el título de:

ABOGADA

26 Ibidem, pág. 39.

7

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

A:
YENNIFER PAOLA HURTADO VELASCO
CC. […]

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de Abogada
Se registra en el Libro No. 081; Folio No: 2358; Diploma No: 2358-17
La ceremonia finaliza a la 7:00 p.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) JOSE LUIS DIAGO
FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ ZULUAGA – Decana de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS,
Secretaria General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a quince (15) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General.

3.2.3. El Diploma núm. 2358-17 de 15 de diciembre de 201727, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado
Velasco:

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

en nombre de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, en atención a que

YENIFFER PAOLA HURTADO VELASCO
C.C. […]
ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios, le otorga el título de

ABOGADO

con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el ejercicio
profesional.
Popayán, 15 de diciembre de 2017.

Registrado en el Libro de Diplomas No. 081, Folio No. 2358,
Resolución No. 1339 27/11/17 Acta No. 65 15/12/17 Diploma No. 2358-17

El Rector de la Universidad, El Decano de la Facultad, La Secretaria General de la
Universidad.

3.3. Planteamiento del caso

Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados a través de los cuales se
otorgó el título de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco se encuentran
falsamente motivados y fueron expedidos con infracción de las normas en que debían
fundarse.

Para la parte demandante, los actos acusados desconocieron los artículos 6, 21, 26, 27,
29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; 3, 6 y 137 de la Ley 1437 de 2011; 2

27 Ibidem, pág. 40.

8

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

del Acuerdo Académico núm. 9 de 200328, 2 del Acuerdo Académico núm. 014 de 200429,
el Acuerdo núm. 003 de 2008, el Acuerdo núm. 001 de 201030, el literal a) del artículo 7
del Acuerdo Académico núm. 002 de 201131, el artículo 2 del Acuerdo núm. 001 de 201432
y el artículo 3 del Acuerdo Académico núm. 039 de 201833, por cuanto se sustentaron en
que la señora Hurtado Velasco había cumplido la totalidad de los requisitos académicos
exigidos, pese a que, según la confrontación entre la información registrada en el SIMCA
con la historia académica y los pagos efectuados por concepto de preparatorios,
únicamente estaba acreditada la aprobación de los exámenes de derecho laboral,
derecho de familia, derecho penal, derecho procesal civil y derecho de bienes,
obligaciones y contratos, sin que existiera soporte de aprobación de los preparatorios de
derecho constitucional y derecho administrativo.

Por otra parte, para la tercera con interés no existe fundamento para declarar la nulidad
de los actos acusados, con sustento en que: (i) el requisito de presentación y aprobación
de los exámenes preparatorios establecido en el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011
no le era exigible, dado que fue expedido por un órgano que, a su juicio, carecía de
competencia para ello; (ii) los Acuerdos núms. 027 de 2012 y 044 de 2015, expedidos por
el Consejo Superior Universitario, permitían optar por modalidades de grado diferentes a
los exámenes preparatorios, y ella había cumplido la correspondiente a la práctica
profesional o judicatura; y, (iii) no existía prueba de que hubiera alterado los registros
académicos, por lo que debía respetarse su presunción de inocencia.

3.4. Análisis del caso

Precisado lo anterior, la Sala abordará, en primer lugar, los cargos de ilegalidad
planteados en la demanda a efectos de determinar si los actos acusados fueron
expedidos con falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse; y
posteriormente, analizará los argumentos de oposición formulados por la tercera
interesada.

3.4.1. De los cargos de ilegalidad

De entrada, la Sala advierte que, en virtud del principio de autonomía universitaria
previsto en los artículos 69 de la Constitución Política34 y 2835 y 2936 de la Ley 30 de

28 “Por el cual se adopta el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales”.
29 “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.
30 “Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdo 003 de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”.
31 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales”.
32 “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”.
33 “Por la cual se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios del Programa de Derecho de la Facultad

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca”.
34 “Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y

regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley […]”.
35 “Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de

conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y de función institucional”.
36 “Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las

instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la
presente ley, en los siguientes aspectos: a. Darse y modificar sus estatutos;// b. Designar sus autoridades
académicas y administrativas; // c. Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

199237, las instituciones de educación superior están facultadas para darse sus propios
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y
desarrollar sus programas académicos, definir sus labores formativas, docentes,
científicas y culturales, seleccionar a sus profesores y admitir a sus estudiantes, así como
conferir los títulos correspondientes y gestionar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social e institucional.

En relación con la posibilidad de establecer requisitos académicos adicionales para la
obtención del título de abogado, la Corte Constitucional, en la sentencia C-1053 de
200138, distinguió entre aquellos fijados directamente por el legislador y los que pueden
establecer las instituciones de educación superior en ejercicio de su autonomía
universitaria. En tal sentido, precisó que, aunque la Ley 552 de 1999 dejó de consagrar
los exámenes preparatorios como una exigencia legal general, ello no impedía que las
universidades los incorporaran, junto con otros requisitos, en sus respectivos planes de
estudio. Al respecto, se destaca:

[…] cabe precisar que los establecimientos educativos que imparten formación a
quienes aspiran a obtener el título de abogado, pueden exigir los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de
los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria
que les reconoce el artículo 69 constitucional (subrayas y negritas fuera de texto).

Esta postura fue reiterada y precisada en la sentencia SU-783 de 200339, en la que la
Corporación señaló expresamente que la Ley 552 de 1999 no excluyó la competencia de
las universidades para exigir requisitos académicos adicionales y que estas, tanto antes
como después de la sentencia C-1053 de 2001, podían establecer exámenes
preparatorios, pruebas de conocimientos, cursos especiales o la acreditación del dominio
de un idioma como condiciones para obtener el título profesional, siempre que tales
exigencias fueran razonables, respetaran la Constitución Política y se aplicaran en
condiciones de igualdad. De esta forma, se ha señalado:

[…] la Corte considera que las universidades, orientadas por el propósito de
garantizar una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la
realización de cursos especiales para la profundización en determinados temas […],
como requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que está explícita en la
sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos erga omnes desde la fecha en la
que fue proferida.
[…]
Se hace necesario reiterar que las universidades, en ejercicio de su autonomía
constitucionalmente garantizada no sólo pueden imponer exámenes
preparatorios, sino diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de
cursos especiales para la profundización en determinados temas, o –como ya lo ha
reconocido la jurisprudencia de la Corporación antes citada- la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten
la Constitución Política. Estos requisitos impuestos por las universidades para

correspondientes títulos; // d. Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión; // e. Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos; // f.
Adoptar el régimen de alumnos y docentes, y // g. Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de
su misión social y de su función institucional […]”.
37 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
38 Corte Constitucional, sentencia C-1053 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
39 Corte Constitucional, sentencia SU-783 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

la obtención del grado académico deben cobijar por igual a todos los
estudiantes de la institución [...].
3. La sentencia C-1053 de 2001 avaló de manera clara y expresa la posibilidad de
que las universidades fijaran exámenes preparatorios como requisito para obtener el
título de abogado.
[…]
De lo trascrito se puede afirmar que las universidades pueden incluir en sus
planes de estudio los exámenes preparatorios y de ser esto así estas pruebas
se hacen obligatorias para obtener el grado. No obstante, para precisar lo
determinado por la Corte, la Sala considera necesario, primero, fijar el alcance de la
expresión planes de estudio y, segundo, clarificar si lo expuesto en la sentencia con
respecto a la facultad de incluir los preparatorios como requisito de grado es o no
vinculante.

[...]

Se podría argumentar que tales asuntos no tienen relación con la parte resolutiva de
la sentencia puesto que para entender que la expresión “antes de la entrada en
vigencia de la presente ley” –anteriormente contenida en el artículo 2º de la Ley 552
de 1999- era inexequible por vulnerar el derecho a la igualdad en la medida que los
alumnos que terminaron materias de la carrera de derecho antes del 30 de diciembre
de 1999 tenían que cumplir o bien con una monografía o con la judicatura para poder
graduarse como abogados, mientras que quienes terminaron después de dicha fecha
no tenían tal obligación, no es necesario saber si las universidades pueden o no fijar
los exámenes preparatorios como requisitos de grado y que, en esa medida, la
referencia a estas pruebas, hecha en la sentencia, no es criterio obligatorio.

No obstante, la Sala estima que lo señalado por la Corte sí es vinculante en la medida
en que aclara que el alcance de la norma bajo estudio que fija unos requisitos
para obtener el título de abogado no excluye la exigencia de otros requisitos
para obtener tal título. A este argumento se añade que la Corte, dentro del
cumplimiento de sus funciones, fija con criterio de autoridad el alcance de las
disposiciones constitucionales. Al señalar que las universidades pueden exigir
preparatorios en el ejercicio de la autonomía universitaria, consagrada en el
artículo 69 de la Constitución, la Corte fijó la validez constitucional de esta
forma de ejercer tal facultad como doctrina constitucional que, ante la
inexistencia de otra fuente aplicable, resulta vinculante. Esto limita cualquier otra
interpretación de su legitimidad.

Por otro lado, la Sala considera necesario indicar que el hecho de que una norma
señale una obligación a un sujeto no implica que prohíba que otra norma señale más
obligaciones al mismo sujeto, a menos que la competencia para establecer estas
obligaciones esté radicada exclusivamente en quien fijó la primera obligación. De la
existencia de una norma que establece mandato sólo se deriva la imposibilidad de
existencia simultánea de una norma que prohíba lo prescrito. En esa medida, del
hecho de que el legislador haya establecido que para obtener el título de
abogado se requería terminar materias y escoger entre la presentación de
monografía o judicatura, no se sigue necesariamente que esté prohibido que
las universidades exijan exámenes preparatorios para obtener el título de
abogado […] (subrayas y negrillas fuera de texto).

En línea con lo anterior, esta Sección40 ha sostenido que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio la presentación y aprobación de exámenes preparatorios, de
manera que el estudiante de derecho que se matricule en una institución educativa que

40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de 2024, radicación n.° 11001-03-24-

000-2020-00368-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

así lo prevea adquiere la obligación de acreditar su cumplimiento para obtener el título
profesional, en tanto los reglamentos universitarios son normas vinculantes para la
comunidad académica.

En el presente caso, la Universidad del Cauca invocó como normas infringidas el artículo
2 del Acuerdo Académico núm. 9 de 2003, “Por el cual se adopta el Plan de estudios del
Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales”; el
artículo 2 del Acuerdo Académico núm. 014 de 2004, “Por el cual se Modifica
parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”; el Acuerdo núm.
003 de 2008; el Acuerdo núm. 001 de 2010, “Por el cual se modifican, derogan y reforman
los Acuerdo 003 de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”; el artículo 7 literal a) del Acuerdo
Académico núm. 002 de 2011,“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa
de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”; y, el
artículo 3 del Acuerdo Académico núm. 039 de 2018, “Por la cual se aprueban las
modificaciones del Plan de Estudios del Programa de Derecho de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca”.

A efectos de determinar la oponibilidad de dichas disposiciones, se encuentra acreditado
que la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco se matriculó por primera vez en el
programa de Derecho en el primer período académico de 200841. Así se desprende de la
solicitud de cupo especial de 21 de febrero de 200842 y de la certificación 8.1.16-
20.14/002 de 13 de enero de 2015, en la que se afirmó que había culminado el plan de
estudios «iniciado desde el primer período de 2008, y hasta el primer período de 2014
[…]»43.

Así las cosas, en atención a la fecha de ingreso al programa de Derecho, la Sala
considera que no le resultan aplicables a la señora Hurtado Velasco el Acuerdo
Académico núm. 002 de 2011 ni el Acuerdo Académico núm. 039 de 2018. El primero,
debido a que en su artículo 744 prevé que dicha reforma curricular rige para los
estudiantes que se matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho

41 Samai, índice 2, documento electrónico con certificado 311A5C5917EA9092 4C799731B409C5B9
D4A7D4030A49AE29 8C16AC40E68D5CA0 denominado “DEMANDA Y ANEXOS(.PDF)”, pág. 46.
42 Ibidem, pág. 49.
43 Ibidem, pág. 79.
44 “ARTÍCULO SÉPTIMO.- La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo rige para los

estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011 […]”.

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

en el segundo período académico de 2011; y el segundo, porque su artículo 8 45 dispone
que la reforma allí prevista rige para los nuevos estudiantes matriculados a partir del
primer período académico de 2019.

De otro lado, aunque en la demanda se invocó como infringido el artículo 2 del Acuerdo
Académico núm. 009 de 2003 y el Acuerdo núm. 003 de 2008, la Sala advierte que no
fue posible acceder a su contenido46, razón por la cual no se efectuará una confrontación
directa de los actos acusados con tales disposiciones.

No obstante, tal circunstancia no impide adelantar el juicio de legalidad propuesto, toda
vez que la exigencia de presentar y aprobar exámenes preparatorios se encuentra
prevista en el artículo 2 del Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004,
norma que también fue invocada como violada y que se encontraba vigente para quienes,
como la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, se matricularon en el programa de
Derecho con posterioridad a su expedición, por tanto, esta disposición constituye el
principal parámetro normativo para resolver el caso concreto. Por su parte, el Acuerdo
núm. 001 de 29 de abril de 2010, expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, desarrolló dicha exigencia y determinó las áreas en las que
debían presentarse y aprobarse los preparatorios, sin crear un requisito de grado distinto
del que ya se encontraba previsto desde 2004. En esta medida, este último acuerdo
también resulta aplicable al caso, pues dispuso su vigencia a partir de la fecha de
expedición47 y entró a regir cuando la tercera con interés aún se encontraba cursando el
programa académico y antes de que solicitara el otorgamiento del título profesional.

En consecuencia, el Acuerdo Académico núm. 014 de 2004, como disposición que
estableció el requisito de grado, en concordancia con el Acuerdo núm. 001 de 2010, en
cuanto reglamentó las condiciones para su cumplimiento, integran el régimen normativo
aplicable al caso concreto48, cuyo tenor literal es el siguiente:

Acuerdo Académico núm. 014 de 2004:

ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el estudiante
deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del plan de estudios,
cumplir con los siguientes requisitos de grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica Social
denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero.

Acuerdo núm. 001 de 2010:

45 “ARTÍCULO OCTAVO: Vigencia del plan. Esta reforma rige para los nuevos estudiantes que se
matriculen a partir del primer período académico de 2019”.
46 Es de anotar que tales disposiciones no obran en el expediente, no se encuentran disponibles en la

página web de la universidad y tampoco la jurisprudencia en casos similares se ha pronunciado sobre su
contenido o alcance.
47 “ARTÍCULO 17. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones

que le sean contrarias”.
48 A esa misma conclusión llegó la Sala en las sentencias de 30 de noviembre de 2023, radicación n.°

11001-03-24-000-2021-00596-00 y de 3 de octubre de 2024, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00117-
00, ambas con ponencia de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, en las que respecto de estudiantes
que ingresaron al programa de Derecho en el primer semestre de 2009, la Sala sostuvo que «era exigible
como requisito de grado para obtener el título académico de abogad[o/a], la presentación y aprobación de
exámenes preparatorios en áreas de derecho, según lo previsto en los Acuerdos núms. 014 de 3 de
noviembre de 2004 y 001 de 29 de abril de 2010».

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

ARTÍCULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud
académica y profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre
las diferentes asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación
socio humanística del estudiante. Podrán ser orales o escritos.

ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán
presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho Constitucional
Colombiano I, II, III.
2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General, Derecho
Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento Administrativo.
3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho Penal
Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas Penales,
Criminalística, Criminología.
4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho Laboral
Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.
5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del Negocio
Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II; Derecho Privado V
Sucesiones.
6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho Privado
III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.
7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial I y II.

[…]

ARTÍCULO 4. A partir del Octavo Semestre del Programa, se podrán
presentar los exámenes preparatorios de grado, siempre y cuando se
hayan cursado y aprobado las materias que integran el área respectiva.

[…]

ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será
requisito indispensable la previa cancelación de los derechos respectivos
[…] (negritas fuera de texto).

Sobre el alcance del Acuerdo Académico núm. 014 de 2004, expedido por el Consejo
Académico, esta Sección49 ha precisado, en casos análogos, que la obligación de
presentar exámenes preparatorios no nació con la reforma curricular adoptada mediante
el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, sino que ya se encontraba prevista en el
régimen anterior. Asimismo, ha reconocido que dicha exigencia fue reglamentada
mediante el Acuerdo núm. 001 de 2010, que determinó las áreas en las cuales debían
presentarse tales pruebas. En efecto, al analizar un asunto relativo a un estudiante que
ingresó al programa de Derecho en el primer semestre de 2009, la Sala sostuvo50:

49 Postura sostenida, entre otras, en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de 2023, radicación n.º 11001-03-24-000-
2022-00122-00; sentencia de 17 de noviembre de 2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2021-00587-00;
sentencia de 17 de noviembre de 2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2021-00601-00; sentencia de 30
de noviembre de 2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2021-00596-00; sentencia de 30 de noviembre de
2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2022-00198-00; sentencia de 6 de junio de 2024, radicación n.º
11001-03-24-000-2020-00290-00; sentencia de 3 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-
2022-00117-00, todas con ponencia de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón; y, sentencia de 31 de
octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2021-00593-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de octubre

de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2022-00117-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

En el presente asunto, la Sala advierte que, si bien al tercero con interés directo en
las resultas del proceso no le resulta aplicable el Acuerdo Académico núm. 02 de 17
de febrero de 2011, “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de
Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, dado
que ingresó al Programa de Derecho en el primer semestre del año 2009, es de
precisar que la norma que la UNIVERSIDAD señaló como transgredida es el Acuerdo
Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica
parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
expedido por el Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del plan
de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica Social
denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010, expedido
por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
UNIVERSIDAD, el cual estableció dentro del plan de estudios la presentación de
exámenes preparatorios así:

“[…] ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán
presentar en las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho Constitucional
Colombiano I, II, III.
2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General, Derecho
Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento Administrativo.
3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho Penal
Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas Penales,
Criminalística, Criminología.
4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho Laboral
Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.
5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del Negocio
Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II; Derecho Privado V
Sucesiones.
6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho Privado
III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.
7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial I y II […]”
(Negritas y cursiva del texto original).

Por lo anterior, es claro que a la señora Hurtado Velasco le resultaba exigible el requisito
consistente en presentar y aprobar los exámenes preparatorios para optar al título
profesional de abogada, establecido en el artículo 2 del Acuerdo Académico núm. 014 de
3 de noviembre de 2004 y reglamentado por el Acuerdo núm. 001 de 29 de abril de 2010,
por tratarse de una disposición vigente para la fecha en que ingresó al programa de
Derecho y presentó los exámenes preparatorios, respectivamente.

Precisamente, en cumplimiento de dicho requisito, en los años 2012, 2014, 2015, 2016 y
2017, la tercera con interés presentó en múltiples ocasiones los exámenes preparatorios
exigidos, sin que obre soporte de la aprobación de los correspondientes a derecho

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

administrativo y derecho constitucional. Así se desprende de los registros físicos de
calificación de dichos exámenes que obran en su historia académica, lo cual se sintetiza
en el siguiente cuadro:

Fecha de Examen preparatorio Calificación Estado
presentación
19/12/2012 Derecho Laboral 4,2 Aprobado51

22/09/2014 Derecho de Familia 2,6 Perdido52

12/03/2015 Derecho Bienes, Obligaciones y 3,0 Aprobado53
Contratos
25/03/2015 Derecho de Familia 3,5 Aprobado54

19/11/2015 Derecho Procesal Civil 1,1 Perdido55

28/05/2015 Derecho Procesal Civil 2,2 Perdido56

10/03/2016 Derecho Constitucional 1,4 Perdido57

02/05/2016 Derecho Procesal Civil 1,2 Perdido58

02/06/2016 Derecho Administrativo 1,7 Perdido59

14/10/2016 Derecho Administrativo 2,4 Perdido60

04/11/2016 Derecho Constitucional 2,1 Perdido61

18/11/2016 Derecho Procesal Civil 2,3 Perdido62

28/02/2017 Derecho Administrativo 1,4 Perdido63

03/04/2017 Derecho Penal 3 Aprobado64

04/05/2017 Derecho Procesal Civil 2,6 Perdido65

19/05/2017 Derecho Administrativo 2,1 Perdido66

09/06/2017 Derecho Constitucional 2,1 Perdido67

06/09/2017 Derecho Constitucional 2 Perdido68

27/09/2017 Derecho Administrativo 2,3 Perdido69

51 Samai, índice 2, documento electrónico con certificado 311A5C5917EA9092 4C799731B409C5B9
D4A7D4030A49AE29 8C16AC40E68D5CA0 denominado “DEMANDA Y ANEXOS(.PDF)”, pág. 65.
52 Ibidem, pág. 72.
53 Ibidem, pág. 80.
54 Ibidem, pág.83.
55 Ibidem, pág. 87.
56 Ibidem, pág. 90.
57 Ibidem, pág. 92.
58 Ibidem, pág. 93 - 95.
59 Ibidem, pág. 96 - 97.
60 Ibidem, pág. 99.
61 Ibidem, pág. 101.
62 Ibidem, pág. 102.
63 Ibidem, pág. 103.
64 Ibidem, pág. 104.
65 Ibidem, pág. 105.
66 Ibidem, pág. 106.
67 Ibidem, pág. 107.
68 Ibidem, pág. 108.
69 Ibidem, pág. 109.

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

10/10/2017 Derecho Procesal Civil Aprobado Aprobado70

También se encuentra probado que, sin perjuicio de lo anterior, la Universidad del Cauca,
por conducto de la Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
expidió el paz y salvo académico núm. 8.1.16-20.14/457 de 20 de noviembre de 2017 en
el que hizo constar lo que sigue71:

Que, Yeniffer Paola Hurtado Velasco, identificada con cédula de ciudadanía
número […] y código estudiantil […], cursó y aprobó en esta Facultad todas las
asignaturas y requisitos académicos que integran el plan de estudios del Programa
de Derecho, durante los períodos académicos comprendidos entre el primer período
de 2008 y hasta el segundo período de 2014.

Acreditó la práctica jurídica según la resolución No. 5453 del 27 de octubre de 2017
emanada del Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro de Abogados con
la cual compensa la presentación de trabajo de grado o monografía, cumpliendo de
esta forma con todos y cada uno de los requisitos que establecen los reglamentos de
la Universidad del Cauca para optar por el título de Abogada (negritas del texto
original).

Como se observa, en el paz y salvo se mencionó que la entonces estudiante había
aprobado todas las asignaturas y requisitos académicos del plan de estudios del
programa de Derecho «hasta el segundo período de 2014». Sin embargo, tal afirmación
no se acompasa con los registros físicos de calificación, pues de estos se desprende que,
durante los años 2015, 2016 y 2017, la señora Hurtado Velasco aún se encontraba
presentando la gran mayoría de los preparatorios, sin que lograra aprobar los
correspondientes a derecho administrativo y derecho constitucional.

Con fundamento en dicha certificación y en los demás antecedentes académicos, la
Universidad del Cauca expidió la Resolución núm. 1339 de 27 de noviembre de 201772,
el Acta de Grado núm. 65 de 15 de diciembre de 201773, y el Diploma núm. 2358-17 de
la misma fecha74, actos mediante los cuales le confirió el título profesional de abogada a
la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco.

No obstante lo anterior, el 21 de junio de 201975, la Universidad del Cauca, por intermedio
de su rector y representante legal, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la
Nación por presuntas irregularidades en el procedimiento de registro de los exámenes
preparatorios del programa de Derecho.

En particular, señaló que había recibido comunicaciones anónimas relacionadas con la
posible modificación irregular de las calificaciones en el SIMCA para registrar como
aprobados exámenes que no contaban con el soporte académico correspondiente.
Asimismo, indicó que, a raíz de esa información, la Oficina de Control Interno adelantó
una auditoría y advirtió inconsistencias entre las calificaciones reportadas en dicho
sistema y los documentos obrantes en los archivos institucionales, así como la
incorporación simultánea de múltiples calificaciones que, en criterio de la universidad,
evidenciaban posibles riesgos de gestión y corrupción en el trámite de verificación de los
requisitos de grado.

70 Ibidem, pág.110.
71 Ibidem, pág. 111.
72 Ibidem, págs. 42 – 47.
73 Ibidem, pág. 39.
74 Ibidem, pág. 40.
75 Ibidem, págs. 128 – 133.

17

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

La prueba trasladada de la investigación penal da cuenta de la formulación de imputación
y presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía 004 Seccional de
Administración Pública76, así como de la vinculación e imposición de medida de
aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia a varios funcionarios de la
universidad, entre ellos, la señora Gloria Mercedes Belalcázar Fernández, a quien se le
imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad
material en documento público, obtención de documento falso, acceso abusivo a un
sistema informático y cohecho propio, por su presunta intervención en 774 eventos de
modificación de notas en el SIMCA77.

Con ocasión de las irregularidades advertidas, la Universidad del Cauca profirió la
Resolución núm. R-695 de 30 de julio de 201978, mediante la cual conformó un equipo de
seguimiento encargado de verificar el cumplimiento de dicho requisito académico.

[…]

[…]

[…]

En desarrollo de esa labor, el equipo de seguimiento confrontó la información registrada
en el SIMCA 2.0 con los soportes físicos obrantes en la historia académica de la

76 Según consta en informe del 14 de febrero de 2022, obrante en: Samai, visualizar expediente, documento

electrónico denominado “051Unicauca 410016000583201700079.zip”, carpeta “Carpetas”, documento
“2022”, págs. 13 – 32.
77 La legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento tuvo lugar el 17 de

diciembre de 2020, de acuerdo con el acta de audiencia obrante en: Samai, visualizar expediente,
documento electrónico denominado “051Unicauca 410016000583201700079.zip”, carpeta “Carpetas”,
documento “2020”, págs. 1423 – 1436.
78 Samai, índice 2, documento electrónico con certificado 311A5C5917EA9092 4C799731B409C5B9

D4A7D4030A49AE29 8C16AC40E68D5CA0 denominado “DEMANDA Y ANEXOS(.PDF)”, págs. 134 –
136.

18

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

estudiante, los registros de la División de Admisiones, Registro y Control Académico
(DARCA), las actas de calificación, el reporte de pagos efectuados por concepto de
preparatorios en el sistema de recaudos SQUID, entre otros79. De esa revisión concluyó
que la señora Hurtado Velasco tenía siete registros de preparatorios aprobados en el
SIMCA 2.0, pero solo cinco de ellos, los correspondientes a derecho de familia, derecho
procesal civil, derecho penal, derecho laboral y derecho de bienes, obligaciones y
contratos, contaban con soporte documental. Así consta en el informe 80:

[…] IV. CONCLUSIONES

1. El (la) señor(a) HURTADO VELASCO YENIFFER PAOLA, cédula de ciudadanía
No. […] y código estudiantil […] presenta siete (07) registros de preparatorios con
nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se estableció que solo
cinco (5) de ellos cuentan con soporte documental en la historia académica.

Preparatorio Procesal Civil
Preparatorio Derecho Penal
Preparatorio de Familia
Preparatorio Bienes, obligaciones y contratos.
Preparatorio Derecho Laboral

2. Los Preparatorios de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, registrados
el 16 de noviembre de 2017, en estado de aprobados en el período académico 2016.2
y 2017.1, carecen de evidencia física o documental en la hoja de vida o historia
académica del estudiante, esta última condición se indica con una X en la columna
“Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se deriva la imposibilidad de registrar
información relacionada con la “modalidad” que refiere a la forma de presentación del
preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al día,
mes y año de presentación del examen preparatorio; “calificación” que detalla la nota
cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio.

3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca – SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la universidad entre el

79 En el informe se mencionó que las fuentes de información fueron las siguientes: “a. Archivo plano
contentivo de los registros de calificación de preparatorios en SIMCA 2.0. (Sistema Integrado de Matrícula
y Control Académico). // b. Reporte de pagos por concepto de preparatorios, entregado por la División de
Gestión Financiera, Sistema de recaudos SQUID. // c. Documentos que conforman la historia académica
del estudiante, administrada por DARCA (División de Admisiones, Registro y Control Académico). // d.
Archivo de gestión de DARCA. // e. Documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación Seccional
Cauca, cuya fuente originaria corresponde a los archivos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad del Cauca. // f. Documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, a través de la Decana Ad Hoc”.
80 Samai, índice 2, documento electrónico con certificado 311A5C5917EA9092 4C799731B409C5B9

D4A7D4030A49AE29 8C16AC40E68D5CA0 denominado “DEMANDA Y ANEXOS(.PDF)”, págs. 134 –
136.

19

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

primer período académico de 2011 y el primer período académico de 2019, el (la)
señor(a) HURTADO VELASCO YENIFFER PAOLA efectuó veintidós (22) pagos por
concepto de preparatorios, cinco (5) asociados a preparatorios aprobados, quince
(15) asociados a preparatorios perdidos, y dos (2) pagos realizados entre septiembre
de 2014 y septiembre de 2016 que no se encuentran asociados a un acta o registro
de presentación de preparatorio.

Tabla pago derechos pecuniario exámenes preparatorios Señor(a) HURTADO VELASCO YENIFFER
PAOLA
NOMBRE DEL ID VALOR NOTA
TERCERO FECHA DETALLE
TERCERO FACTURA PAGADO PREPARATORIO

HURTADO
VELASCO 28-nov.- PREPARATORIO APROBADO (4,2)
1061531309 14705902 $ 28.000,00
YENIFFER 2012 LABORAL 19/12/2012
PAOLA

HURTADO
VELASCO 12-sep.- PREPARATORIO
1061531309 20342894 $ 31.000,00
YENIFFER 2014 BIENES
PAOLA

HURTADO
FAMILIA
VELASCO 14-oct.- PREPARATORIO
1061531309 20362402 $ 31.000,00 PERDIDO (2,6)
YENIFFER 2014 PROCESAL CIVIL
22/09/2014
PAOLA

HURTADO
VELASCO 12-mar.- APROBADO (3,0)
1061531309 21050969 $ 32.000,00 BIENES
YENIFFER 2015 12/03/2015
PAOLA

HURTADO
VELASCO 25-mar.- APROBADO (3,5)
1061531309 21181837 $ 32.000,00 FAMILIA
YENIFFER 2015 25/03/2015
PAOLA

HURTADO
28-
VELASCO PERDIDO (2,2)
1061531309 21880167 may.- $ 32.000,00 PROCESAL CIVIL
YENIFFER 28/05/2015
2015
PAOLA

HURTADO
PROCESAL CIVIL
VELASCO 14-oct.- CONSTITUCIONA
1061531309 23943473 $ 32.000,00 PERDIDO (1,1)
YENIFFER 2015 L
19/11/2015
PAOLA

HURTADO
25-
VELASCO CONSTITUCIONA PERDIDO (1,4)
1061531309 24050540 nov.- $ 32.000,00
YENIFFER L 10/03/2016
2015
PAOLA

HURTADO
PROCESAL CIVIL
VELASCO 25-abr.
1061531309 24477955 $ 34.000,00 EXAMEN PERDIDO (1,2)
YENIFFER 2016
02/05/2016
PAOLA

HURTADO
VELASCO 25-may. PERDIDO (1,7)
1061531309 24550244 $ 34.000,00 ADMINISTRATIVO
YENIFFER 2016 02/06/2016
PAOLA

HURTADO
VELASCO 8-sep.- CONSTITUCIONA
1061531309 25022064 $ 34.000,00
YENIFFER 2016 L
PAOLA

HURTADO
VELASCO 3-oct.- PERDIDO (2,3)
1061531309 25130195 $ 34.000,00 PROCESAL CIVIL
YENIFFER 2016 18/11/2016
PAOLA

20

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

NOMBRE DEL ID VALOR NOTA
TERCERO FECHA DETALLE
TERCERO FACTURA PAGADO PREPARATORIO

HURTADO
VELASCO 3-oct.- PERDIDO (2,4)
1061531309 25130196 $ 34.000,00 ADMINISTRATIVO
YENIFFER 2016 14/10/2016
PAOLA

HURTADO
VELASCO 21-oct.- CONSTITUCIONA PERDIDO (2,1)
1061531309 25190151 $ 34.000,00
YENIFFER 2016 L 04/11/2016
PAOLA

HURTADO
VELASCO 21-feb.- PREPARATORIO PERDIDO (1,4)
1061531309 25736336 $ 37.000,00
YENIFFER 2017 ADMINISTRATIVO 28/02/2017
PAOLA

HURTADO
VELASCO 21-mar.- APROBADO (3,0)
1061531309 25817750 $ 37.000,00 PENAL
YENIFFER 2017 03/04/2017
PAOLA

HURTADO
PROCESAL CIVIL
VELASCO 20-abr. EXAMEN
1061531309 25884641 $ 37.000,00 PERDIDO (2,6)
YENIFFER 2017 PREPARATORIO
04/05/2017
PAOLA

HURTADO
10-
VELASCO PERDIDO (2,1)
1061531309 25932665 may.- $ 37.000,00 ADMINISTRATIVO
YENIFFER 19/05/2017
2017
PAOLA

EXAMEN
HURTADO
PREPARATORIO CONSTITUCIONA
VELASCO 2-jun.-
1061531309 25985790 $ 37.000,00 DERECHO L PERDIDO (2,1)
YENIFFER 2017
CONSTITUCIONA 09/06/2017
PAOLA
L ESCRITO 2017.1

HURTADO
28-
VELASCO CONSTITUCIONA PERDIDO (2,0)
1061531309 26152902 ago.- $ 37.000,00
YENIFFER L 06/09/2017
2017
PAOLA

HURTADO
ADMINISTRATIVO
VELASCO 18-sep.-
1061531309 26195329 $ 37.000,00 ADTIVO PERDIDO (2,3)
YENIFFER 2017
27/09/2017
PAOLA

HURTADO
VELASCO 20-sep.- APROBADO
1061531309 26199235 $ 37.000,00 PROCESAL CIVIL
YENIFFER 2017 10/10/2017
PAOLA

4. Conforme a lo anterior:

4.1. El preparatorio Derecho Administrativo, aparece registrado como aprobado
en 2016.2 (con fecha de registro 16 de noviembre de 2017); sin embargo, fue
presentado y reprobado por el (la) estudiante en cinco (05) oportunidad (sic) así:

• 02 de junio de 2016, calificación uno punto siete (1.7), no aprobado.
• 14 de octubre de 2016, calificación dos punto cuatro (2.4), no aprobado.
• 28 de febrero de 2017, calificación uno punto cuatro (1.4), no aprobado.
• 19 de mayo de 2017, calificación dos punto uno (2.1), no aprobado.
• 27 de septiembre de 2017, calificación dos punto tres (2.3), no aprobado.

Entre esta fecha de presentación del Preparatorio Derecho Administrativo y la
fecha de registro de aprobación inconsistente en SIMCA (16 de noviembre de
2017), no se encontraron pagos ni soporte documental que acredite su
presentación y nota aprobatoria.

21

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

4.2. El preparatorio Derecho Constitucional aparece registrado como aprobado en
2017.1 (con fecha de registro 16 de noviembre de 2017); sin embargo, fue
presentado y reprobado por el (la) estudiante en cuatro (04) oportunidades, así:

• 10 de marzo de 2016, calificación uno punto cuatro (1.4), no aprobado.
• 04 de noviembre de 2016, calificación dos punto uno (2.1), no aprobado.
• 09 de junio de 2017, calificación dos punto uno (2.1), no aprobado.
• 06 de septiembre de 2017, calificación dos punto cero (2.0), no aprobado.

Entre esta fecha de presentación del Preparatorio de Derecho Constitucional y la
fecha de registro de aprobación inconsistente en SIMCA (16 de noviembre de
2017), no se encontró soporte documental que acredite su presentación y nota
aprobatoria.

De lo anterior se desprenden inconsistencias relevantes entre la información registrada
en el SIMCA 2.0 y los soportes físicos, académicos y financieros obrantes en el
expediente. En efecto, aunque dicho sistema reportaba la aprobación de siete
preparatorios, la verificación integral efectuada por la Universidad del Cauca permitió
establecer que únicamente cinco de ellos contaban con respaldo documental, a saber,
los correspondientes a derecho procesal civil, derecho penal, derecho de familia, derecho
laboral y derecho de bienes, obligaciones y contratos.

Dicha falta de correspondencia se predica respecto de los preparatorios de derecho
administrativo y derecho constitucional, por cuanto, como se advierte, el primero figuraba
en el SIMCA 2.0 como aprobado en el período 2016.2; sin embargo, la documentación
obrante en el expediente demuestra que la entonces estudiante continuó presentándolo
los días 28 de febrero, 19 de mayo y 27 de septiembre de 2017, y que en las tres
oportunidades obtuvo calificaciones no aprobatorias. Además, entre esta última fecha y
el registro efectuado en el sistema el 16 de noviembre de 2017 no existe comprobante
de pago, acta ni ningún otro documento que acredite una nueva presentación y su
aprobación. Una situación similar se verificó respecto del preparatorio de derecho
constitucional, pues, pese a que aparecía aprobado en el SIMCA 2.0 durante el período
2017.1, consta que la entonces estudiante volvió a presentarlo el 6 de septiembre de
2017 y obtuvo nuevamente una calificación no aprobatoria.

Así las cosas, la sola anotación de los siete exámenes preparatorios como aprobados en
el SIMCA 2.0 no acredita el cumplimiento íntegro del requisito de grado, dado que, como
quedó demostrado con los registros de calificación, el reporte de los pagos efectuados
por concepto de dichos exámenes y la historia académica, la egresada Yeniffer Paola
Hurtado Velasco no había aprobado la totalidad de las pruebas, de ahí que los actos
mediante los cuales se le otorgó el título profesional hubieren sido expedidos con
fundamento en un supuesto fáctico que no correspondía a su verdadera situación
académica y con infracción del Acuerdo núm. 014 de 2004, reglamentado por el Acuerdo
núm. 001 de 2010.

En esa misma línea, aunque el paz y salvo núm. 8.1.16-20.14/457 de 20 de noviembre
de 2017 certificó que la señora Hurtado Velasco había satisfecho la totalidad de las
exigencias académicas, su contenido quedó desvirtuado por los demás elementos de
prueba, pues se evidenció que reprodujo el mismo presupuesto fáctico equivocado
consignado en el SIMCA, que posteriormente sirvió de fundamento para conferirle el título
de abogada, sin que mediara una verificación integral de los soportes correspondientes.

22

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

Al respecto, la Sala reitera que, como lo ha sostenido esta Sección 81 en asuntos
análogos, la información consignada en el sistema académico no puede examinarse de
manera aislada cuando contradice los documentos que integran la historia académica del
estudiante. En tales eventos corresponde valorar conjuntamente las actas de calificación,
los soportes físicos, los pagos efectuados y las demás fuentes disponibles, a fin de
establecer si el requisito fue efectivamente cumplido, lo que en este caso permitió concluir
que la señora Hurtado Velasco no satisfizo el requisito de grado y, por consiguiente, la
universidad no podía conferirle el título profesional sin desconocer su propio reglamento
académico.

Esta conclusión no se modifica por el hecho de que la propia institución hubiera expedido
el paz y salvo y, posteriormente, los actos mediante los cuales otorgó el título profesional,
puesto que, el error en que incurrió la universidad al verificar los antecedentes
académicos no subsana el incumplimiento de los requisitos de grado ni convalida los
actos expedidos con fundamento en una situación que no correspondía a la realidad y,
menos aún, impide acudir ante esta jurisdicción para solicitar su anulación, con el fin de
restablecer la sujeción de su actuación al ordenamiento jurídico82.

Conviene precisar, además, que el objeto del presente medio de control consiste en
determinar si, al momento de expedirse los actos acusados, estaba probado el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos académicos exigidos para optar al título
profesional. En este contexto, frente a las pruebas aportadas por la parte actora que
desvirtuaron la información registrada en el SIMCA 2.0, correspondía a la tercera con
interés demostrar que efectivamente había presentado y aprobado los exámenes
preparatorios de derecho constitucional y derecho administrativo, sin embargo, no allegó
ningún medio de convicción que acreditara tales circunstancias.

Por todo lo expuesto, se configura la causal de falsa motivación alegada, pues la decisión
de otorgar el título profesional se sustentó en un presupuesto fáctico contrario a la
realidad probada en el expediente. Del mismo modo, se concretó la infracción de las
normas en que debían fundarse los actos acusados, toda vez que se desconoció el
régimen académico establecido en el artículo 2 del Acuerdo Académico núm. 014 de
2004, reglamentado por el Acuerdo núm. 001 de 2010, que exigía la presentación y
aprobación de los exámenes preparatorios como requisito de grado.

De esta manera, desde el análisis de los cargos propuestos por la parte actora se advierte
que los actos acusados adolecen de vicios de nulidad; sin embargo, antes de adoptar la
decisión correspondiente, la Sala analizará los otros argumentos de oposición formulados
por la tercera con interés.

3.4.2. De los argumentos de oposición

(i) Competencia para establecer y reglamentar requisitos de grado

81 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 23 de noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2021-00566-00; sentencia de 30 de
noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00198-00; y sentencia de 15 de diciembre de
2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00161-00, todas con ponencia de la Consejera Nubia Margoth
Peña Garzón.
82 Sobre este punto, esta Sección, en sentencia de 2 de noviembre de 2023, rad. 11001-03-24-000-2020-

00241-00, con ponencia de la Consejera Nubia Margoth Peña Garzón, precisó: “128. Tal cuestionamiento
de la legalidad de los actos acusados se justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es posible contravenir el acto académico propio
para garantizar el respeto del ordenamiento superior. […] // 130. […] El error de la institución educativa al
momento de verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los requisitos académicos que
debía cumplir el señor (…) para obtener el título de abogado […]”.

23

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

La tercera con interés sostuvo que el requisito de presentación y aprobación de los
exámenes preparatorios no le era oponible, pues, había sido establecido y reglamentado
por órganos que, a su juicio, carecían de competencia para ello -el Consejo Académico
y el Consejo de Facultad-. Por tanto, consideró que las disposiciones expedidas por esas
autoridades no podían servir de parámetro para examinar la legalidad de los actos
mediante los cuales se le otorgó el título profesional.

Aunque el reparo fue formulado principalmente respecto del Acuerdo Académico núm.
002 de 2011, el cual, como se explicó, no resulta oponible a la tercera con interés por
razones temporales, la Sala advierte que los parámetros normativos relevantes para
resolver el caso concreto son el Acuerdo Académico núm. 014 de 2004, expedido por el
Consejo Académico, y el Acuerdo núm. 001 de 2010, mediante el cual el Consejo de la
Facultad de Derecho reglamentó el primero, disposiciones cuya presunción de legalidad
no fue desvirtuada en este proceso83.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que esta Sección también ha descartado dicho
reparo al señalar que el Consejo Académico tiene competencia para aprobar reformas
curriculares de los programas existentes, como la adoptada mediante el Acuerdo
Académico núm. 014 de 2004, y que el Consejo de Facultad se encuentra autorizado
para reglamentar los aspectos relacionados con el respectivo programa académico.

En efecto, en sentencia de 31 de julio de 202384, la Sala sostuvo que la Ley 552 de 1999
eliminó la exigencia legal de los exámenes preparatorios como requisito mínimo para
obtener el título de abogado; sin embargo, conforme a la sentencia C-1053 de 2001, las
universidades, en ejercicio de su autonomía, pueden establecer requisitos académicos
más exigentes que los previstos por el legislador. En ese contexto, la Universidad del
Cauca estaba facultada para incorporar la aprobación de preparatorios como requisito
previo al otorgamiento del título. Así lo explicó la Sala en el mencionado proveído:

[…] [E]n lo relacionado con el deber legal de los estudiantes de aprobar los exámenes
preparatorios a efectos de ejercer esta profesión, cabe recordar que la Ley 552 de 30
de diciembre de 19991 eliminó aquella exigencia legal.

[…]

63. Como puede apreciarse, la Ley 552 de 1999 disminuyó las condiciones legales
mínimas de obligatorio cumplimiento que deben acatar los entes universitarios al
conferir un título ante la culminación del programa de Derecho. Sin embargo, en la
sentencia C-1053 de 200185, la Corte Constitucional señaló que las universidades,
en ejercicio de su autonomía, podían prever requisitos académicos más
exigentes que los previstos por el legislador.

[…]
83 Postura sostenida por la Sección, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de 2023, radicación n.º
11001-03-24-000-2022-00122-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de 26 de septiembre de
2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00293-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 3
de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00244-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez;
sentencia de 3 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00245-00, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes; sentencia de 10 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00263-00,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 27 de febrero de 2025, radicación n.º 11001-03-24-000-
2020-00252-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y sentencia de 20 de marzo de 2025, radicación n.º
11001-03-24-000-2020-00258-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2023, radicación

n.º 11001-0324-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
85 Magistrado Álvaro Tafur Galvis.

24

Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

67. De acuerdo con los criterios jurisprudenciales transcritos, se tiene que la
Universidad del Cauca estaba facultada para incluir en el programa académico
de Derecho el requisito de cursar y aprobar los exámenes preparatorios como
una exigencia previa a la obtención del título de abogado.

68. En este contexto, resulta pertinente precisar que el Estatuto Académico de la
Universidad del Cauca (Acuerdo 036 de 2011), reguló el proceso de formulación y
aprobación de los programas académicos y de sus reformas, en los siguientes
términos:

[…] ARTÍCULO 41. Los programas académicos de la Universidad
seguirán un proceso de caracterización, estudio de demanda, diseño,
formulación, discusión, aprobación, planeación, implementación,
evaluación y prospección. Para la administración de los programas
académicos se distinguen las siguientes etapas: diseño/formulación,
aprobación, ejecución y evaluación.

Para cada una de estas etapas se establece un modelo organizativo de
responsabilidades.

ARTÍCULO 42. Etapa de diseño y formulación.

Sin perjuicio de disposiciones legales que rigen esta materia, la
formulación de programas académicos de la Universidad, en conformidad
con sus tipos y modalidades, debe abarcar, cuando menos, los siguientes
aspectos: (…)

i. El currículo y el plan de asignaturas y demás actividades
educativas, que evidencien las dimensiones curriculares
establecidas en el presente estatuto junto con sus requisitos y
créditos académicos. (…)

k. Las estrategias y metodologías de enseñanza y de aprendizaje,
las formas de seguimiento y de evaluación de las diferentes
actividades y del programa en su conjunto, así como los recursos
necesarios para desarrollarlas.

l. La certificación a que conduce y los requisitos para su
otorgamiento. (…)

ARTÍCULO 43. Competencias de los organismos.

Adicionalmente a lo dispuesto en la estructura funcional y demás normas,
compete al Consejo de Facultad proponer la viabilidad de nuevos
programas, conformar comités para su construcción y proponer al Rector
la designación de los Coordinadores.

Corresponde a los Comités de Programa participar en las tareas de
diseño, gestión, evaluación y mejoramiento; su integración y funciones
serán determinadas por normas reglamentarias.

ARTÍCULO 44. Etapa de aprobación.

Compete a los Consejos de Facultad avalar las propuestas de
creación o reformas de los programas de acuerdo con los lineamientos
institucionales.

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Demandante: Universidad del Cauca

Corresponde al Consejo Académico recomendar la creación o aprobar
las reformas a los programas de acuerdo con las políticas institucionales
y del orden nacional en materia de educación superior.

La creación y autorización del funcionamiento de los programas
conducentes a título es competencia del Consejo Superior, previo
concepto del Consejo Académico […] (negrillas y subrayado fuera del
texto)

69. Adicionalmente, el mismo Estatuto Académico de la Universidad del Cauca
definió la estructura académico-administrativa, en los siguientes términos:

[…] ARTÍCULO 8. La estructura académico-administrativa:

Desde el punto de vista administrativo, los estudiantes están adscritos
a las Facultades a través de la matrícula en los programas
académicos. El responsable administrativo directo es el Decano. Las
instancias superiores son el Consejo de Facultad, la Rectoría, el
Consejo Académico y el Consejo Superior. Las Vicerrectorías son
organismos de coordinación y asesoría para todas estas instancias,
cumplen funciones delegadas de la Rectoría. (…)

Los programas son administrados por las Facultades, con apoyo de
la Coordinación de Programa y el Comité de Programa. La instancia
decisoria primaria sobre los programas es el Consejo de Facultad.
Instancias administrativas superiores son el Consejo Académico y el
Consejo Superior, con apoyo de la Vicerrectoría Académica y el Comité
Curricular Central. […] (negrillas fuera del texto)

70. Como puede apreciarse de la lectura de la normatividad transcrita, los programas
académicos de la Universidad del Cauca deben contemplar los requisitos exigibles a
los estudiantes para el otorgamiento del título, así mismo señalaran el alcance del
curriculum y las respectivas estrategias de evaluación.

71. Sumado a lo anterior, las autoridades competentes a la hora de crear o autorizar
un programa, son distintas a las encargadas de su reforma. En el primer evento, la
creación implica la intervención del Consejo de Facultad y del Consejo
Superior. Por el contrario, en materia de modificaciones el Consejo de Facultad
promueve los cambios, y el Consejo Académico los aprueba. En todo caso, una
vez el programa es aprobado, este será administrado por las Facultades, con apoyo
de la Coordinación de Programa y del Comité de Programa.

[…]

79. Aunado a ello, también es una realidad que el coadyuvante del tercero interesado
en las resultas del proceso se equivoca cuando afirma que el Consejo Académico
carecía de competencia para expedir el Acuerdo 02 de 2011, porque confunde la
función del Consejo Académico consistente en aprobar las reformas curriculares de
los programas existentes, con la atribución del Consejo Superior asociada crear o
autorizar el funcionamiento de un programa nuevo.

80. Tampoco resulta cierto que la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la universidad demandante no estuviera habilitada para reglamentar los aspectos
administrativos relacionados con el desarrollo de esa prueba. Por el contrario, el
artículo 53 del Reglamento Estudiantil, así como el artículo 8º del Estatuto Académico
determinan expresamente que «los programas son administrados por las Facultades,
con apoyo de la Coordinación de Programa y el Comité de Programa. La instancia
decisoria primaria sobre los programas es el Consejo de Facultad» (negrita,
subrayado y cursiva del texto original).

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Demandante: Universidad del Cauca

Como se advierte en la citada providencia, la Sala también examinó los artículos 8, 41,
42, 43 y 44 del Estatuto Académico de la Universidad del Cauca (Acuerdo núm. 036 de
2011) y precisó que las autoridades competentes para crear o autorizar un programa
académico son distintas de aquellas encargadas de aprobar sus reformas. En el primer
evento intervienen el Consejo de Facultad y el Consejo Superior; en el segundo, el
Consejo de Facultad promueve los cambios y el Consejo Académico los aprueba. A su
vez, una vez aprobado el programa, este es administrado por la respectiva Facultad, con
apoyo de la Coordinación de Programa y del Comité de Programa.

A partir de esa distinción, la Sección concluyó que se confundía la función del Consejo
Académico de aprobar reformas curriculares de programas existentes con la atribución
del Consejo Superior de crear o autorizar el funcionamiento de programas nuevos.
También precisó que la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales estaba
habilitada para reglamentar los aspectos administrativos relacionados con el desarrollo
de los preparatorios, conforme al Reglamento Estudiantil y al Estatuto Académico.

Así las cosas, no existe fundamento para excluir la aplicación del Acuerdo Académico
núm. 014 de 2004, puesto que, constituía el marco normativo interno que regulaba los
requisitos exigibles a los estudiantes del programa de Derecho y, por ende, podía servir
de parámetro para examinar la legalidad de los actos acusados. A su vez, el Acuerdo
núm. 001 de 2010 desarrolló dicha exigencia y determinó las áreas en las que debían
presentarse y aprobarse los preparatorios, sin crear un requisito de grado distinto del que
ya se encontraba previsto desde 2004.

Por consiguiente, el argumento formulado por la tercera con interés no está llamado a
prosperar.

(ii) Posibilidad de optar por otras modalidades de grado

La tercera interesada sostuvo que los exámenes preparatorios no podían exigirse como
requisito obligatorio para obtener el título profesional de abogada, porque los Acuerdos
núms. 027 de 201286 y 044 de 201587, expedidos por el Consejo Superior Universitario,
contemplaron distintas modalidades de trabajo de grado, entre ellas, el trabajo de
investigación, la práctica profesional, los estudios de profundización, los exámenes
preparatorios, la actividad proyectual, el concierto de grado y el intercambio estudiantil –
este último introducido con el Acuerdo núm. 044 de 2015- y, por tanto, los estudiantes
podían escoger libremente entre ellas.

La Sala no comparte ese planteamiento, pues, si bien tales acuerdos contemplaron varias
modalidades de trabajo de grado, el artículo 4 del Acuerdo núm. 027 de 201288 atribuyó
a los Consejos de Facultad, por sugerencia de los Comités de Programa, la definición de
las modalidades aplicables a cada carrera, de acuerdo con sus características y

86 “Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado en la Universidad del

Cauca”.
87 “Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Acuerdo Superior 027 del 25 de julio de 2012, que

reglamenta el Trabajo de Grado en los programas de Pregrado de la Universidad del Cauca”. Disponible
en el link: https://www.unicauca.edu.co/archivos/publicos/DOC_66b4173576fb97_93273096.pdf
88 “ARTÍCULO 4. Los Consejos de Facultad, por sugerencia de los Comités de Programa, deberán: // 1.

Definir las modalidades de Trabajo de Grado para cada programa de acuerdo con sus características y
particularidades // 2. Establecer las condiciones, requisitos, procedimientos y términos que reglamenten
cada modalidad de trabajo de grado, sin perjuicio de las generalidades establecidas en el presente acuerdo.
// 3. Determinar el número total de créditos asignados al Trabajo de Grado, entre 8 y 12. // PARÁGRAFO.
En todas las modalidades deberá existir un proyecto, plan de trabajo o programa en el cual quede expreso
el cronograma de actividades a desarrollar y el presupuesto”.

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Demandante: Universidad del Cauca

particularidades, así como la reglamentación de sus condiciones, requisitos,
procedimientos y términos. Sobre este aspecto, la Sección ha señalado en casos
análogos89:

[L]a Sala considera que en efecto el Acuerdo núm. 027 de 2012 permitía escoger
otras modalidades de trabajo de grado. No obstante, la reforma curricular adoptada
en el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 fue avalada por el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en las sesiones de 16 de
diciembre de 2010 y 8 de febrero de 2011, y aprobada por el Consejo Académico de
la Universidad del Cauca, donde se determinó que la modalidad correspondiente para
el programa de Derecho sería la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios; y, en consecuencia, los estudiantes deberían cumplir con dicha
modalidad de requisito de grado.

De acuerdo con esas disposiciones, la existencia de varias modalidades de grado en el
Acuerdo núm. 027 de 2012, modificado y adicionado por el Acuerdo núm. 044 de 2015,
no desvirtúa la obligatoriedad de los preparatorios para los estudiantes del programa de
Derecho sometidos a regímenes que, con anterioridad, ya habían establecido ese
requisito para optar al título de abogado, como ocurre en este caso con el Acuerdo
Académico núm. 014 de 2004. Así pues, la previsión general de diferentes modalidades
debía armonizarse con la regulación específica del respectivo programa académico,
mediante la cual la universidad definió las condiciones particulares para obtener el título
profesional.

Al lado de lo anterior, se precisa que la práctica profesional o judicatura no sustituía los
preparatorios en el régimen aplicable a la tercera con interés, dado que, el artículo 2 90 del
Acuerdo Académico núm. 014 de 2004 contemplaba ambos como requisitos
diferenciados y concurrentes: de una parte, la presentación de los exámenes
preparatorios y, de otra, la elaboración de un trabajo de investigación o la realización de
la judicatura. Por ello, el cumplimiento de esta última no la eximía de presentar y aprobar
aquellos.

En consecuencia, este argumento tampoco está llamado a prosperar.

(iii) Presunción de inocencia frente a las irregularidades en el registro académico

La tercera con interés señaló que no era responsable de las irregularidades advertidas
por la institución universitaria y que no existía prueba que la vinculara con la alteración
de los registros académicos, motivo por el cual, solicitó que se respetara su presunción
de inocencia.

La Sala advierte que dicho planteamiento no incide en la decisión que debe adoptarse
en este proceso, pues, el presente medio de control no tiene naturaleza sancionatoria ni
está dirigido a establecer la responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa de la
tercera con interés, el juicio que corresponde efectuar, se itera, es de carácter objetivo y
se circunscribe a determinar si, al expedirse los actos acusados, se encontraba

89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
septiembre de 2024, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00293-00; sentencia de 3 de octubre de 2024,
radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00244-00; y sentencia de 20 de marzo de 2025, radicación n.° 11001-
03-24-000-2020-00258-00, todas con ponencia del Consejero Hernando Sánchez Sánchez.
90 “ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el estudiante deberá, además de cursar y

aprobar las asignaturas del plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero”.

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Demandante: Universidad del Cauca

acreditado el cumplimiento de todos los requisitos académicos necesarios para otorgar
el título profesional.

En ese sentido, la ausencia de prueba sobre la participación de la tercera con interés en
la alteración de los registros académicos no demuestra, por sí sola, que hubiera
presentado y aprobado los exámenes preparatorios cuestionados ni subsana la falta de
los soportes académicos correspondientes. Por tanto, la invocación del principio de
presunción de inocencia no desvirtúa las causales de nulidad invocadas.

En consecuencia, el argumento debe desestimarse.

Por todo lo expuesto, comoquiera que los argumentos de oposición no lograron desvirtuar
el análisis de legalidad realizado en el acápite 3.4.1., la Sala considera que procede
declarar la nulidad parcial del artículo 1 de la Resolución núm. 1339 de 27 de noviembre
de 2017, así como la nulidad del Acta de Grado núm. 65 de 15 de diciembre de 2017 y
del Diploma núm. 2358-17 de la misma fecha, a través de los cuales se otorgó el título
de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, en tanto transgreden el artículo
2 del Acuerdo núm. 014 de 2004.

3.4.3. Otras determinaciones

Como lo precisó la Sala en la sentencia de 31 de julio de 202391, el modelo de gestión
documental de la Universidad del Cauca presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley
594 de 200092, que le impidieron adoptar decisiones adecuadas al momento de evaluar
los requisitos de grado y que condujeron al indebido otorgamiento de títulos profesionales
de abogado. Esta circunstancia, también advertida en el presente asunto, da lugar a instar
a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y de los procedimientos
internos que la regulan, evalúe si la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco puede
culminar el proceso de grado mediante la acreditación del requisito que le hace falta para
optar al título de abogada.

Asimismo, ante las deficiencias de gestión documental advertidas, la Sala estima
procedente compulsar copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional, para que ejerza sus competencias legales y
reglamentarias orientadas a vigilar que la Universidad del Cauca subsane los problemas
de gestión documental identificados.

Por último, comoquiera que los actos anulados pudieron servir de fundamento para el
registro profesional de la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, se dispondrá comunicar
esta decisión a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura (URNA), para los fines que estime pertinentes, ante
la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado.

91 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2023, con radicación n.º 11001-0324-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
92 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. El artículo 19

permite a las entidades del Estado incorporar tecnologías avanzadas en la administración y conservación
de sus archivos, siempre que garanticen la organización archivística de los documentos “teniendo en
cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad,
perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el funcionamiento
razonable del sistema”. Por su parte, el artículo 21 dispone que las entidades públicas deben elaborar
programas de gestión documental, a través de medios físicos o tecnológicos, “siempre que quede
garantizada su autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales”.

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

3.5. Costas

La Sala considera que, conforme al artículo 188 del CPACA, no hay lugar a imponer
condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento
jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público y no es otro distinto
al de defender la prevalencia del principio de legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1 (parcial) de la Resolución núm. 1339 de
27 de noviembre de 2017, el Acta de Grado núm. 65 de 15 de diciembre de 2017, y el
Diploma núm. 2358-17 de 15 de diciembre de 2017, a través de los cuales se otorgó el
título de abogada a la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco, expedidos por la
Universidad del Cauca.

SEGUNDO: INSTAR a la Universidad del Cauca para que, en el marco de su autonomía,
evalúe si la señora Yeniffer Paola Hurtado Velasco está en condiciones de culminar el
proceso de grado mediante la acreditación del requisito que le hace falta para optar al
título de abogada.

TERCERO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias
legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la Universidad del Cauca subsane los
problemas de gestión documental identificados.

CUARTO: Por Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
(URNA) la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, ante la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora Yeniffer
Paola Hurtado Velasco.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones
de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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Radicado: 11001-03-24-000-2021-00564-00
Demandante: Universidad del Cauca

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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