Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00117-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2022-00117-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00117-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2022-00117-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00117-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad
del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo
de 2017, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a
estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 30
de 9 de junio de 2017 y del diploma núm. 861-17 de 9 de junio de
2017, actos por medio de los cuales otorgó el título de abogado al señor
SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO.
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00117-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
I.- LA DEMANDA
I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-2, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-557 de 26 de mayo de 2017 (parcial), en concreto
el aparte que confiere al señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA
NIETO, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.061.756.802
expedida en Popayán – Cauca, el título de abogado.
3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No 30 de 9 de junio de
2017 - 021640 y Diploma No. 861-17 de 9 de junio de 2017, actos
administrativos con los cuales la Universidad del Cauca materializa
parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su Resolución
No. R-557 de 2017 y otorga el título de Abogado al señor SERGIO
ALEJANDRO ANACONA NIETO, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.061.756.802 expedida en Popayán – Cauca.
3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogado No 294659,
otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura al señor SERGIO
ALEJANDRO ANACONA NIETO, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.061.756.802 expedida en Popayán – Cauca […].
2
Cabe resaltar que en este caso la demanda fue admitida como de nulidad, pues la Sección consideró que
de manera excepcional era procedente el estudio de estos actos académicos a través de dicho medio de
control, por concurrir los supuestos previstos en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, debido a que el
ejercicio profesional del derecho es un asunto de interés relevante para la comunidad en general, por lo
que el otorgamiento de dichos títulos sin el cumplimiento de los requisitos para ello, afectan de manera
grave y evidente el orden público y social. De ahí que en la actualidad tales procesos se estén tramitando
bajo el medio de control de nulidad.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación
superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado
el programa de pregrado de Derecho.
2°. Adujo que para la fecha en que el señor SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO3 se matriculó en el programa de Derecho, esto es,
en el primer semestre del año 2009, la UNIVERSIDAD tenía previsto
como requisito de grado la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Académico
núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica
parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,
establecido en el acuerdo 009 de 2003”.
3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema
3
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y
salvo académico a favor del estudiante SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO quien, dentro de la oportunidad otorgada por la
Secretaría General, presentó la documentación exigida para el
otorgamiento del título de abogado a fin de ser incluido en la ceremonia
de graduación que tuvo lugar el 9 de junio de 2017, en la cual recibió
el diploma correspondiente.
4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución
núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento
y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos
de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con
el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían
presentado en el registro de tales exámenes.
5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en
el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por
uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba
que a varios estudiantes del programa de derecho se les registraron
como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA, a pesar de
que no los habían superado.
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6°. Indicó que en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector
de la UNIVERSIDAD el equipo constituido mediante la Resolución
núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el
SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de
exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde
el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos
soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente
historia académica.
7°. Señaló que respecto de la situación académica del señor SERGIO
ALEJANDRO ANACONA NIETO se advirtió que, según la información
registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los siete (7)
exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin embargo,
corroborado dicho reporte con el expediente de la historia académica
pudo advertir que el graduado solo había aprobado seis (6) exámenes,
quedando pendiente de aprobación del correspondiente al área de
derecho administrativo.
8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo
utilizado por el señor ANACONA NIETO para obtener el registro de
notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,
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situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades
competentes.
9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se
expidieron bajo el supuesto de que el señor SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO había cumplido con todos y cada uno de los
requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogado.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en
las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran
los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437
de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de
2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios
del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en
concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el
cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de
Estudios del programa de Derecho”.
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Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la
presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes
preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual el
estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no
tendría derecho a que se le confiera el título de abogado y, de otorgarse
sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título deberá ser
dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable
Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.
Aseveró que el señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO no
cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos
de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogado, pues
de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento
se pudo establecer que el graduado no aprobó el examen preparatorio
correspondiente al área de derecho administrativo.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 4 de marzo de 20224 se admitió
la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor SERGIO
ALEJANDRO ANACONA NIETO, en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso.
4
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
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II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida
de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la
cual se accedió mediante proveído de 12 de agosto de 20225.
II.3.- Contestación
II.3.1. El señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO, tercero
con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado
judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda6,
para lo cual indicó que dentro del proceso no existían pruebas de que
el registro del preparatorio de derecho administrativo se realizó en
forma fraudulenta o que el personal de la UNIVERSIDAD al efectuar
el respectivo registro omitió el requisito de su presentación y
aprobación.
Sostuvo que lo expuesto por el equipo de seguimiento que conformó
la UNIVERSIDAD respecto de la inexistencia de los soportes que
acreditaran la nota aprobatoria del preparatorio de derecho
administrativo, no implicaba que dichos soportes no existieran al
momento de publicación de la nota7.
5
Visible en el índice núm. 31 del expediente digital.
6
Conforme se advierte en el informe obrante en el índice núm. 23 del expediente digital.
7
Al respecto, el apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso señaló:
“[…] Se debe tener en cuenta que la publicación de la nota se hizo en mayo del 2017 y la auditoria se
hizo en julio de 2020, es decir la universidad del cauca, tuvo en su custodia durante 3 años los documentos
que hoy alegan como inexistentes.
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Destacó que sí aprobó el preparatorio de derecho administrativo, lo
cual se acreditaba con el registro en la plataforma SIMCA, la cual
señaló no tenía la posibilidad de almacenar las copias digitales de los
soportes físicos requeridas para la publicación de las notas.
Manifestó que la señora Gloria Belalcázar, en su calidad de funcionaria
de la UNIVERSIDAD, fue quien presuntamente registró de manera
irregular las notas del tercero con interés directo en las resultas del
proceso, la cual fue dejada en libertad después de la imputación de
cargos.
Refirió el procedimiento previsto por la UNIVERSIDAD para el
registro de exámenes y evaluación de los requisitos de grado, para
concluir que dicha institución educativa contaba con dos oportunidades
para revisar las calificaciones y generar los respectivos
cuestionamientos de forma oportuna. En ese sentido, señaló lo
siguiente:
“[…] recordemos que para el tiempo en que a un estudiante se le
revisa la nota y se le estudia la hoja de vida, este aún está
Podemos decir que estos documentos si existieron toda vez que para la publicación de las notas era
necesaria la revisión de estos, la universidad no aporta prueba alguna que demuestre que estos
documentos no fueron verificados al momento de la publicación de la nota, por parte del funcionario
encargado de dicha función o que este sabiendo que los soportes no existieran los hubiera publicado de
igual manera. Tampoco logra demostrar que SERGIO ANACONA haya incurrido en un delito para la
obtención de estas, pues si bien, no utiliza el argumento del dolo o culpa en su demanda, si la sugiere al
mencionar que la revisión de su hoja de vida se debió a una denuncia por supuestos actos de corrupción
dentro de la Universidad Del Cauca, que comprometerían las notas de SERGIO ANACONA […]”.
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vinculado con la universidad y tienen una mayor posibilidad de
confrontar con pruebas cualquier tipo de inconsistencia. Me refiero
a que, es más posible que un estudiante, aun siendo estudiante,
guarde copia de sus recibos de pago, copias de sus solicitudes a la
universidad etc. Supuesto distinto al profesional que ya está
ejerciendo, y que seguramente ya no conserva dichos documentos
(…)
Demostrar que hoy no existen soportes de la nota del examen de
administrativo, solo demuestra que estos ya no están, mas no que
nunca estuvieron. Tenemos el precedente de que la Universidad del
Cauca tuvo dos oportunidades de revisar dicho expediente y que
en las dos aprobó la revisión […]”.
Adujo que en virtud del principio de la carga de la prueba a la parte
actora le correspondía demostrar que los documentos que soportaban
la aprobación del examen preparatorio de derecho administrativo no
existían al momento de ser verificados o que estos fueron obtenidos
de manera fraudulenta, lo cual sostuvo no se acreditó.
Indicó que el equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los
procedimientos académicos administrativos de registro de exámenes
preparatorios que conformó la UNIVERSIDAD no era imparcial e
idóneo, pues se conformó con funcionarios de la misma institución
educativa.
Respecto de lo anterior, sostuvo que si los funcionarios de la
UNIVERSIDAD eran los principales sospechosos del presunto registro
irregular de las calificaciones no resultaba razonable que un equipo de
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investigación se conformara por funcionarios de la misma institución
educativa, máxime cuando quien fungía como coordinadora de dicha
auditoría fue, precisamente, la directora de la División de Registro de
Notas SIMCA8.
Finalmente, adujo que los argumentos expuestos por la
UNIVERSIDAD para solicitar la nulidad de los actos acusados
obedecían a un criterio equívoco, bajo el cual es procedente dejar sin
título profesional a los estudiantes cuyo expediente académico no
cuente con los soportes de sus calificaciones, sin contemplar la
posibilidad de que la parte actora hubiere fallado en la custodia de
esos documentos.
II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 11 de octubre
de 20229 prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el
artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A
8
En este punto, al apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso agregó:
“[…] Es de conocimiento general para todos los estudiantes y quienes realizamos nuestra carrera
profesional en la Universidad del Cauca, que la división de registro de notas SIMCA, es reconocida por su
gran volumen de errores administrativos, es así como pongo en conocimiento del despacho y
posteriormente demostrare en la etapa procesal correspondiente, que en la división de registro de notas
SIMCA se han presentado muchos errores concernientes al registro de notas de todos los estudiantes.
La aparición, como desaparición de notas es algo común, que el demandante omite mencionar en sus
informes; registros con fechas erróneas, aparición de miles de notas en un pequeño espacio de tiempo, y
hasta la intervención externa (que podríamos llamar hackeo) de los computadores que utilizan los
operadores de SIMCA, nos dan testimonio de lo poco eficiente y/o organizada que es esta dependencia y
por ende lo poco confiable que es, no encontrar los soportes de los exámenes de miles de estudiantes de
la Universidad del Cauca […]”.
9
Visible en el índice núm. 38 del expediente digital.
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del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el
litigio10 y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las
partes.
En auto de 28 de septiembre de 202311, la Sala revocó la providencia de
11 de octubre de 2022, por medio del cual el Despacho Sustanciador
resolvió denegar el decreto de la prueba testimonial solicitada por el
tercero con interés directo en las resultas del proceso y, en su lugar,
decretó los testimonios de las señoras Gloria Mercedes Balcázar, Gloria
Olimpa Diaz y Ana Julia Muñoz Ibarra.
Mediante auto de 5 de abril de 202412, el Despacho sustanciador aceptó
el desistimiento de los testimonios de las señoras Gloria Mercedes
Balcázar y Gloria Olimpa Diaz. La audiencia de pruebas para la
10
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, “Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, y el acta de
grado núm. 30 de 9 de junio de 2017, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no
los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de
la Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se
Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia con el
Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del
Plan de Estudios del programa de Derecho”, conforme a lo expuesto por la parte actora en el índice
núm. 2 del expediente digital y a lo indicado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso en
escrito obrante en el índice núm. 23 del expediente digital […].
11
Visible en el índice núm. 55 del expediente digital.
12
Visible en el índice núm. 73 del expediente digital.
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recepción del testimonio de la señora Ana Julia Muñoz Ibarra se realizó
el 14 de junio de 202413.
Y por auto de 23 de agosto de 202414 se corrió traslado a las partes y
al Ministerio Público, para que presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- La UNIVERSIDAD15 efectuó un recuento de lo reseñado en el
libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las pretensiones
de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que el señor
SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO incumplió con el requisito
de presentar y aprobar los exámenes preparatorios requeridos para
obtener el título de abogado.
Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en el
Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el
cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa
de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, pues las
13
Visible en el índice núm. 92 del expediente digital.
14
Visible en el índice núm. 103 del expediente digital.
15
Visible en el índice núm. 110 del expediente digital.
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pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de que el egresado
no aprobó el examen preparatorio correspondiente al área de derecho
administrativo.
II.5.2- El señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO en sus
alegatos de conclusión16, reiteró los argumentos expuestos en su
escrito de contestación de la demanda, haciendo especial énfasis en
que “las pruebas aportadas por la Universidad del Cauca no
demuestran la inexistencia de los requisitos de grado al momento de
su verificación, sino que demuestran la no existencia de los soportes
de los requisitos, ni siquiera de los requisitos sino de los soportes,
muchos años después, soportes que como se demuestra con los
elementos probatorios del expediente y otras evidencias que la
Universidad del Cauca presuntamente esconde al Consejo de Estado,
no fueron debidamente conservados por la demandante”.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto17 en el que solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que
16
Visible en el índice núm. 109 del expediente digital.
17
Visible en el índice núm. 108 del expediente digital.
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dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la nulidad
de los actos acusados.
Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD el señor ANACONA
NIETO se comprometió a cumplir con el reglamento académico que
preveía la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el título
de abogado y, además, era consciente de tal exigencia pues presentó
los aludidos exámenes sin superar dos de ellos.
Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos
los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa
y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de
aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el
correspondiente título profesional.
Concluyó que dentro del proceso se acreditó que el señor ANACONA
NIETO incumplió con el requisito de grado consistente en presentar y
aprobar la totalidad de los exámenes preparatorios, previstos en el
reglamento de la institución.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la
referencia.
IV.2. Los actos acusados
En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo
primero de la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, respecto
del título de abogado que se le otorgó al señor SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO, la cual establece:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-557 DE 2017
(26 de mayo)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
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Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca, solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que los graduandos cumplieron
con los requisitos de Ley y los reglamentos de la institución, les
confiere el título de:
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES
(…)
ABOGADO (A):
(…)
SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO
CC. (…) de Popayán […]”.
De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado
núm. 30 de 9 de junio de 2017, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] ACTA DE GRADO No. 35 del 09 de junio de 2017
En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 3:00 p.m., del día viernes nueve (09) de junio de
dos mil diecisiete (2017) y en cumplimiento de la Resolución R-557
del 26 de mayo de 2017 expedida por la Rectoría de la Alma Máter,
se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José
de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad
del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada la Ceremonia,
lee la resolución afirmando que el graduando ha cursado y
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aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y
cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le
toma el Juramento y le otorga el título de:
ABOGADO
A:
SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO
CC. (…) de Popayán
El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogado
Se registra en el Libro de Diplomas No. 081; Folio No: 861; Diploma
No: 861-17
La ceremonia finaliza a las 4:00 p.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; JOSÉ REINALDO PISSO
CÓRDOBA – Decano Encargado Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS –
Secretaria General.
Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a nueve (09) de junio
de dos mil diecisiete (2017).
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.
Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 861-17 de 9 de
junio de 2017, en el que se lee:
“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que SERGIO ALEJANDRO ANACONA
NIETO (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADO con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 9 de junio de 2017. Registrado en el Libro de
Diplomas No. 081, Folio No. 861, Diploma No. 861-17 […]”.
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IV.3. Cuestión previa
Previamente a establecer el problema jurídico que corresponde
resolver a la Sala, es necesario precisar que el apoderado del tercero
con interés directo en las resultas del proceso en su escrito de alegatos
de conclusión solicitó trasladar las siguientes pruebas del proceso
radicado núm. 11001-03-24-000-2021-00583-00, relacionadas con la
indagación preliminar “con el cual se pretende la investigación de
GLORIA BELALCAZAR por la presunta alteración de notas en el sistema
SIMCA a cambio de dinero”. Dicha prueba se concreta en los siguientes
documentos:
“[…] 1. Auto 239, donde se reprograma la recepción de la
declaración juramentada de GABRIELA RAMIREZ ZULUAGA dentro
del proceso de indagación preliminar PD019, con el cual se
pretende la investigación de GLORIA BELALCAZAR por la presunta
alteración de notas en el sistema SIMCA a cambio de dinero.
2. Auto 243, donde se reprograma la recepción de la declaración
juramentada de MARIA FERNANDA CHAVES Y KATIANA
SANTACRUZ dentro del proceso de indagación preliminar PD019,
con el cual se pretende la investigación de GLORIA BELALCAZAR
por la presunta alteración de notas en el sistema SIMCA a cambio
de dinero.
3. Copia de la declaración juramentada que rinde la doctora
GABRIELA RAMIREZ ZULUAGA identificada con cedula de
ciudadanía número 34.532.933 de Popayán, dentro de la
indagación preliminar PD-019 de 2019.
4. Copia de la declaración juramentada que rinde la doctora MARIA
FERNANDA CHACES GUERRERO identificada con cedula de
ciudadanía número 25.287.914 de Popayán, dentro de la
indagación preliminar PD-019 de 2019.
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5. Copia de la declaración juramentada que rinde la doctora JANNY
KATIANA SANTACRUZ identificada con cedula de ciudadanía
número 34.565.306 de Popayán, dentro de la indagación preliminar
PD-019 de 2019.
6. Copia del informe 2.6-52 18/09 de 2019 DE SEGUIMIENTO A
LOS REGISTROS DE PREPARATORIOS DEL PROGRAMA DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
7. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/996 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
ADRIANA ARBOLEDA Y FAVIAN DIAZ para que certifiquen notas.
8. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/997 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
JORGE AYALA Y JHON JAIRO MUÑOZ para que certifiquen notas.
9. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/998 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
GUILLERMO SERRANO Y JORGE WILLIAM ORDOÑEZ para que
certifiquen notas.
10. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/999del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
MILTON JAVIER LOPEZ Y ORLANDO MOSQUERA para que
certifiquen notas.
11. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1000 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
JOSE LUIS ZUÑIGA Y MILTON JAVIER LOPEZ para que certifiquen
notas.
12. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1001 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
MARIA PILAR CARMONA Y JOSE ARVEY CAMARGO para que
certifiquen notas.
13. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1002 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
JUAN DIEGO CASTRILLON WILLIAMGOMEZ para que certifiquen
notas.
14. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1003 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
HUGO GARCES Y SANDRA LILIANAZUÑIGA para que certifiquen
notas.
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15. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1004 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
MILTON LOPEZ, HUGO GARCES Y SANDRA ZUÑIGA para que
certifique notas.
16. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1005 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
JOSE REYNALDO PISSO Y MARIOJAVIER ROSERO para que
certifiquen notas.
17. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1006 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
CLAUDIA PADILLA Y MAGDA ERAZO para que certifiquen notas.
18. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1007 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
NILSA FAJARDO Y GIOVANNI LARRARTE para que certifiquen
notas.
19. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1008 del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
CLAUDIA NOHEMY GARCIA Y WILLIAM RENGIFO para que
certifiquen notas.
20. Copia de requerimiento 5.1-7 4.4/1009del 31 de julio de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019 donde se requiere a
FRANKLYM FAJARDO SANDOVAL Y WILLIAM RENGIFO para que
certifiquen notas
21. Copia de respuesta a requerimiento por parte de los docentes
MILTON LOPEZ GARCIA, HUGO ALEXANDER GARCES Y SANDRA
LILIANA ZUÑIGA de fecha 5 de agosto de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019.
22. Copia de respuesta a requerimiento por parte del docente
ORLANDO MOSQUERA SOLARTE de fecha 5 de agosto de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019.
23. Copia de respuesta a requerimiento por parte de los docentes
LUIS GUILLERMO SERRANO ESCOBAR Y JORGE WILLIAM
ORDOÑEZ FERNANDEZ de fecha 6de agosto de 2019, dentro de la
indagación preliminar PD-019.
24. Copia de respuesta a requerimiento por parte de los docentes
JOSE LUIS ZUÑIGA ORDOÑEZ de fecha 8 de agosto de 2019,
dentro de la indagación preliminar PD-019.
25. Copia de respuesta a requerimiento por parte de los docentes
NILSA EUGENIA FAJARDO Y GIOVANI LARRARTE VASQUEZ de
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fecha 8 de agosto de 2019, dentro de la indagación preliminar PD-
019
26. Copia de respuesta a requerimiento por parte de los docentes
JOSE ARVEYCAMARGO ROJAS Y MARIA DEL PILAR CARMONA de
fecha 2 de agosto de 2019, dentro de la indagación preliminar PD-
019
27. Copia de respuesta a requerimiento por parte de los docentes
WILLIAM HENZER GOMEZ GOMEZ Y JUAN DIEGO CASTRILLON
ORREGO de fecha 2 de agosto de 2019, dentro de la indagación
preliminar PD-019 (sic) […]”.
Respecto de lo anterior, la Sala pone de manifiesto que, como ya se
indicó, la solicitud de pruebas se efectuó en la etapa de alegatos, esto
es, por fuera de las oportunidades probatorias previstas en el artículo
212 del CPACA18, lo que impide hacer cualquier pronunciamiento frente
a tal petición.
IV.4. Problema jurídico
El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo
1° (parcial) de la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, “Por
la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 30 de 9 de junio de
18
El citado artículo establece lo siguiente:
“[…] Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados
en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su
contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las
excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada […]”.
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2017 y del diploma núm. 861-17 de 9 de junio de 2017, actos por
medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título de
abogado al señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO.
A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos
6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la
Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y
el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el
cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa
de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia
con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta
el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del
programa de Derecho”.
El fundamento de la demanda descansa en que el graduado no cumplió
con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD
para optar por el título de abogado, en tanto omitió la presentación y
aprobación de la totalidad de exámenes preparatorios previstos en el
plan de estudios.
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Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes
asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de
los programas universitarios; y (iii) la solución del caso concreto.
(i) La autonomía universitaria
El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía
universitaria en los siguientes términos:
“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.
El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades
impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como
también les permite la gestión independiente de sus asuntos
administrativos y académicos.
La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]
capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
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administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha
de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas […]”19.
También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el
principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad
garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros
educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder
político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de
dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este
sentido, la Sección Segunda mencionó:
“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero [20]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.
Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes. [21]
En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
19
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[20] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[21] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
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la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [22] […]”.23
La Ley 30 de 28 de diciembre de 199224 desarrolló el artículo 69
Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus
propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y
seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional.25
En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para
adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen
una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación
de sus egresados.
(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios
El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:
[22] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
24
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
25
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
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“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).
En relación con la fijación de los requisitos de grado que las
instituciones de educación pueden establecer en sus programas
académicos, la Corte Constitucional ha dicho:
“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
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está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad
profesionales de óptimas calidades en virtud del riesgo social
que implica el ejercicio de profesiones como la abogacía
[…]”26. (Resaltado fuera del texto original).
Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de
2001, afirmó:
“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos
que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en
ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional […].”(Resaltado fuera del texto original)
De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que
el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa
que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos exámenes,
para obtener su título profesional, dado que los reglamentos
universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.
26
Sentencia SU-783 de 2003.
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(iii) La solución del caso concreto
Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de
202327, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares
supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales
había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante
matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte
de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los
hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes
que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de
graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones
internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -
Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la
República.
En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes
preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la
obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a
partir del segundo período académico de 2011, y concluyó que tales
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio
cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa Institución
confiera válidamente el título de abogado.
En el presente asunto, la Sala advierte que, si bien al tercero con
interés directo en las resultas del proceso no le resulta aplicable el
Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual
se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que
ofrece la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”,
dado que ingresó al Programa de Derecho en el primer semestre del
año 2009, es de precisar que la norma que la UNIVERSIDAD señaló
como transgredida es el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de
noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan
de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de
2003”, expedido por el Consejo Académico, en el que se indicó lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).
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Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,
expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la UNIVERSIDAD, el cual estableció dentro del plan de
estudios la presentación de exámenes preparatorios así:
“[…] ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.
2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.
3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas
Penales, Criminalística, Criminología.
4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II;
Derecho Privado V Sucesiones.
6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho
Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.
7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II […]”.
En ese sentido, la Sala reitera lo que se consideró sobre el particular al
momento de resolverse la solicitud de medida cautelar, en los
siguientes términos:
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“[…] La norma que la UNIVERSIDAD señaló como transgredida es
el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por
el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del
Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
expedido por Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas
del plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de
grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes
preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).
Por su parte, el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, expedido
por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la UNIVERSIDAD, adoptó la reglamentación de los
exámenes preparatorios y estableció aspectos procedimentales
(físicos y tecnológicos) de obligatorio cumplimiento, los cuales
permiten verificar desde diferentes mecanismos la presentación y
aprobación del requisito objeto de debate28.
De igual forma, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo núm. 002 de
1988) reguló lo concerniente a la presentación de exámenes
preparatorios así:
“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la
fecha y hora fijadas. Quienes por causa justificada no pudieren
presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya
lugar a ello, de acuerdo con el artículo 51 del presente
Reglamento.
La no presentación de un examen de acuerdo con el
procedimiento anterior será calificada con nota cero
punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se
28
Al respecto, el Acuerdo 001 dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en los recintos universitarios y
por profesores designados para tal efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios en
fechas distintas de las establecidas y por fuera de los turnos adjudicados en la Secretaría
General. En casos excepcionales se podrá programar el examen en otro lugar previa aprobación de la
Coordinación del programa y de la Secretaría General de la Facultad.
ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será requisito indispensable la
previa cancelación de los derechos respectivos. […]”.
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ausente sin causa justificada durante el desarrollo de una
prueba.
58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en
la Secretaría Académica dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas.
Los estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
podrán hacer los correspondientes reclamos y pedir
correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder
revisión de exámenes escritos por medio de un segundo
calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso
se considerará como calificación del examen la nota del segundo
calificador.
59. Vencido el término de publicación, las calificaciones
serán registradas y no podrán ser modificadas excepto en
casos de errores aritméticos o de trascripción. En este
evento deberá hacerse la salvedad correspondiente, con
la aclaración y la firma del Secretario Académico, previa
autorización del Consejo de Facultad.
60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las
asignaturas matriculadas que no aparezcan calificadas o
canceladas en los libros de la Facultad.
61. Para presentar exámenes de habilitación, validación,
clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable- comprobar previamente ante la
Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la
UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran
exigibles al señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO al ingresar
al Programa de Derecho en el primer semestre del año 2009, procede
la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Alega la parte actora que el señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA
NIETO no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los
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reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el
título de abogado, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el
equipo de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó
el examen preparatorio correspondiente al área de derecho
administrativo.
Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2017 la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogado
al señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO, mediante la
Resolución núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, el acta de grado núm.
30 de 9 de junio de 2017 y del diploma núm. 861-17 de 9 de junio de
ese mismo año.
Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD
en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,
esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de
2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo
a la mejora de los procedimientos académico administrativos
de registro de exámenes preparatorios del programa de
Derecho de la Universidad del Cauca”.
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El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento
de los requisitos de grado del señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA
NIETO, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes documentos:
• Archivo plano contentivo de los registros de calificación de
preparatorios en SIMCA 2.0. (Sistema Integrado de Matrícula y
Control Académico).
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios, entregado por la
División de Gestión Financiera, Sistema de recaudos SQUID.
• Documentos que conforman la historia académica del estudiante,
administrada por DARCA (División de Admisiones, Registro y
Control Académico).
• Archivo de gestión de DARCA.
• Documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación
Seccional Cauca, cuya fuente originaria corresponde a los archivos
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad del Cauca.
• Documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, a través de la Decana Ad Hoc
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Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo
entregó el informe de 1o. de julio de 2020, en el que formuló las
siguientes conclusiones:
“[…] IV. CONCLUSIONES
1. El señor ANACONA NIETO SERGIO ALEJANDRO, cédula de
ciudadanía No. 1061756802 y código estudiantil No. 01091439
presenta siete (7) registros de preparatorios con nota aprobado
(A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se
estableció que solo seis (6) de ellos cuentan con soporte
documental en la historia académica:
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho de Familia
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Procesal Civil
Preparatorio Derecho Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio Derecho Penal
2. El preparatorio Derecho Administrativo, registrado el 15 de
mayo de 2017 en estado de aprobado en el periodo académico
2017.1, carece de evidencia física o documental en la hoja de vida
o historia académica del estudiante, esta última condición se indica
con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del
que se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada
con la “modalidad” que refiere a la forma de presentación del
preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación”
que alude al día, mes y año de presentación del examen
preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa o
cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio
[…]”.
Se reitera que el señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO al
ingresar al programa de Derecho en el periodo 2009-I, le era exigible
como requisito de grado para obtener el título académico de abogado,
la presentación y aprobación de exámenes preparatorios en áreas de
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derecho, según lo previsto en los Acuerdos núms. 014 de 3 de
noviembre de 2004 y 001 de 29 de abril de 201029.
Del anterior recuento es dable concluir que: (i) el señor SERGIO
ALEJANDRO ANACONA NIETO se matriculó al programa de Derecho
de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó
mediante el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii) el
artículo 2º del referido Acuerdo, en concordancia con el artículo 2º
Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010, prevé como requisito para obtener
el título de abogado la aprobación de los exámenes preparatorios; iii) el
estudiante únicamente superó satisfactoriamente seis (6) de los siete (7)
exámenes exigidos; por lo que (iv) la UNIVERSIDAD no podía conferirle
el título de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.
Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a
los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían
fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre
de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de
estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de
29
A esta misma conclusión llegó la Sala en la sentencia de 30 de noviembre de 2023, número único de
radicación 11001-03-24-000-2021-00596-00, C.p. Nubia Margoth Peña Garzón, en que se consideró que
el requisito de presentación y aprobación de exámenes preparatorios le era aplicable a una estudiante de
la Universidad del Cauca que ingresó al programa de derecho en periodo 2009-1.
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2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,
“Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003
de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”.
En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de
pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de
Gestión Financiera; de la historia académica del estudiante,
suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control
Académico; y del archivo de gestión de la División de Admisiones,
Registro y Control Académico, el egresado SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO, no reunía los requisitos legales y estatutarios
para obtener el título profesional que le fue otorgado.
En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la
prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación30 ha
sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las partes
está en mejores condiciones de probar los hechos alegados31; sin
30
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-1996-
01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.
31
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
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embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar todos
los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos
alegados32.
Precisamente, en el caso bajo examen, era el ente universitario el
interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad
de requisitos para optar por el título de abogado, para lo cual allegó
las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al
convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados, de
modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor posición de
probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal que le
correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.
Por lo anterior, tampoco resulta admisible el argumento expuesto por
el tercero con interés directo en las resultas del proceso en el sentido
de que el informe que aportó la universidad con la demanda no
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar
al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente
el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de
contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
32
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto
de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA CORREA
PALACIO.
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acreditaba el incumplimiento del requisito de presentación y
aprobación de los exámenes preparatorios, al estar suscrito por
funcionarios de la misma universidad, pues no se cuentan con
elementos de prueba que permitan inferir la falta de independencia e
imparcialidad a la que alude el señor ANACONA NIETO.
En efecto, si bien dentro del proceso se practicó el testimonio de la
señora Ana Julia Muñoz, exfuncionaria de la demandante, la cual indicó
en audiencia, desde su conocimiento, el procedimiento para el registro
de exámenes en el sistema de UNIVERSIDAD, la Sala encuentra que
con el mismo no se acreditó el cumplimiento de los requisitos de grado
del tercero con interés directo en las resultas del proceso, pues su
declaración versó sobre las generalidades y lo que recordaba del
proceso de registro de los estudiantes, haciendo especial énfasis en
que para los años 2016 y 2017, no trabajaba en el área de registro de
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
UNIVERSIDAD.
En ese sentido, el comportamiento que le resultaba exigible al
estudiante, una vez accedió al sistema de registro académico de la
UNIVERSIDAD para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus
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resultados académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del
desorden administrativo, para obtener un título profesional sin el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos.
Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento
expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la
culminación de un programa, por haber adquirido un saber
determinado en una Institución de Educación Superior33, y que,
además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente
ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la
abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades
en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y
en la realización de una recta y cumplida administración de justicia
[…]”.
A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023
en comento, al indicar:
“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:
33
Ley 30 de 1992, artículo 24.
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[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199234 y del
18 de abril de 199735, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).
163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:
Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.
Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.
También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las
personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.
164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.
[34]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[35] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.
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165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)
IV.5. La decisión
De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la
nulidad de la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, “Por la
cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado” respecto del señor SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 30
de 9 de junio de 2017 y del diploma núm. 861-17 de la misma fecha,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
se le otorgó el título de abogado al antes citado.
Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31
de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la
UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,
19 y 21 de la Ley 594 de 200036, que le impidieron adoptar adecuadas
decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto del
señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO y que condujeron al
36
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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indebido otorgamiento de un título profesional que en la presente
decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a que la Sala
inste a la institución académica para que, en el marco de su autonomía
y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor ANACONA
NIETO estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación
con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por
el título de abogado.
Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente
decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los
problemas de gestión documental que afronta; así como también poner
en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados
(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,
para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de
abogado del señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO.
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En cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de conformidad
con el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con el artículo 365
de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, en especial el numeral 8, no se
configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se
abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución
núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, “Por la cual se confieren unos
títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,
expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor
SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 30 de 9 de
junio de 2017 y del diploma núm. 861-17 de 9 de junio de 2017,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
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se le otorgó el título de abogado al señor SERGIO ALEJANDRO
ANACONA NIETO.
TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco
de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la
regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si
el señor SERGIO ALEJANDRO ANACONA NIETO estaría en
condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación
de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.
CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a
que ejerza sus competencias legales y reglamentarias tendientes a
vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión
documental que afronta.
QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la
Judicatura la presente providencia, para los fines que estime
pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor SERGIO
ALEJANDRO ANACONA NIETO.
SEXTO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas
las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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