Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00596-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00596-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00596-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00596-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad
del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-503 de 19 de junio de
2019, “Por la cual se confiere título a cuatro estudiantes de
pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 35 de 21 de junio de
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
2019 y del diploma núm. 1152-19 de 21 de junio de 2019, actos por
medio de los cuales otorgó el título de abogada a la señora MARÍA
CRISTINA GIRÓN FUELANTALA.
I.- LA DEMANDA
I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderada
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-503 de fecha 19 de junio de 2019, en concreto el
aparte que confiere a la señora MARIA CRISTINA GIRON
FUELANTALA, identificada con C.C. No. 1.061.692.720 expedida
en Popayán (Cauca), el título de abogada.
3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 35 de fecha 21 de
junio de 2019 y Diploma No. 1152- 19 de fecha 21 de junio de
2019, actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca
materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su
Resolución No. R-130 de fecha 16 de febrero de 2018 y otorga el
título de Abogada a la señora MARIA CRISTINA GIRON
FUELANTALA, identificada con C.C. No. 1.061.692.720 expedida
en Popayán (Cauca).
3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 332871,
otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura a la señora
MARIA CRISTINA GIRON FUELANTALA, identificada con C.C.
No. 1.061.692.720 expedida en Popayán (Cauca) […]”.
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I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación
superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación
Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado
el programa de pregrado de Derecho.
2°. Adujo que para la fecha en que la señora MARÍA CRISTINA
GIRÓN FUELANTALA2 se matriculó en el programa de Derecho, esto
es, en el primer semestre del año 2009, la UNIVERSIDAD tenía
previsto como requisito de grado la presentación y aprobación de
exámenes preparatorios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se
Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de
Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.
3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y
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Tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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salvo académico a favor de la estudiante MARÍA CRISTINA GIRÓN
FUELANTALA quien, dentro de la oportunidad otorgada por la
Secretaría General, presentó la documentación exigida para el
otorgamiento del título de abogada a fin de ser incluida en la ceremonia
de graduación que tuvo lugar el 21 de junio de 2019, en la cual recibió
el diploma correspondiente.
4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución
núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento
y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos
de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con
el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían
presentado en el registro de tales exámenes.
5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en
el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por
uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba
que a varios estudiantes del programa de derecho se les registraron
como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA, a pesar de
que no los habían superado.
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6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector
de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la Resolución
núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el
SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de
exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde
el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos
soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente
historia académica.
7°. Señaló que respecto de la situación académica de la señora MARÍA
CRISTINA GIRÓN FUELANTALA se advirtió que, según la
información registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los
siete (7) exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin
embargo, corroborado dicho reporte con el expediente de la historia
académica, pudo advertir que la graduada solo había aprobado cinco
(5) exámenes, quedando pendiente de aprobación los
correspondientes a las áreas de derecho administrativo y derecho de
bienes, obligaciones y contratos.
8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo
utilizado por la señora GIRÓN FUELANTALA para obtener el registro
de notas aprobatorias, sin haber superado los respectivos exámenes,
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situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades
competentes.
9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se
expidieron bajo el supuesto de que la señora MARÍA CRISTINA
GIRÓN FUELANTALA había cumplido con todos y cada uno de los
requisitos previstos para que se le otorgara el título de abogada.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en
las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran
los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437
de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de
2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios
del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en
concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el
cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de
Estudios del programa de Derecho”.
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Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la
presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes
preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual el
estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no
tendría derecho a que se le confiera el título de abogado y, de otorgarse
sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título deberá ser
dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable
Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.
Aseveró que la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA no
cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos
de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogada, pues
de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento
se pudo establecer que la graduada no aprobó los exámenes
preparatorios correspondientes a las áreas de derecho administrativo
y derecho de bienes, obligaciones y contratos.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 12 de noviembre de 20213 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular a la señora
3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
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MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA, en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso.
II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida
de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la
cual se accedió mediante proveído de 21 de enero de 20224.
II.3.- Contestación
II.3.1. La señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA, tercero
con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la
demanda5.
II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 8 de abril de
20226 prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el artículo
180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el
litigio7 y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
4
Visible en el índice núm. 16 del expediente digital.
5
Conforme se advierte en el informe obrante en el índice núm. 23 del expediente digital.
6
Visible en el índice núm. 58 del expediente digital.
7
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-503 de 19 de junio de 2019, “Por
la cual se confiere título a cuatro estudiantes de pregrado y posgrado”, y el acta de grado núm.
35 de 21 de junio de 2019, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, desconocieron o no los artículos
6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437
de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica
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En auto de 7 de octubre de 20228, se decidió correr traslado a las partes
y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
II.5.1- La UNIVERSIDAD9 efectuó un recuento de lo reseñado en el
libelo introductorio e insistió en que debe accederse a las pretensiones
de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que la señora
MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA incumplió con el requisito
de presentar y aprobar los exámenes preparatorios requeridos para
obtener el título de abogada.
Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en el
Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el
cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa
de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, pues las
pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de que la egresada
parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de
4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios
del programa de Derecho”, conforme a lo expuesto por la parte actora en el índice núm. 2 del expediente
digital […]”.
8
Visible en el índice núm. 39 del expediente digital.
9
Visible en el índice núm. 45 del expediente digital.
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no aprobó los exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de
derecho administrativo y derecho de bienes, obligaciones y contratos.
II.5.2- La señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA, tercero
con interés directo en las resultas del proceso, no presentó alegatos de
conclusión10.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto11 en el que solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que
dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la nulidad
de los actos acusados.
Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD la señora GIRÓN
FUELANTALA se comprometió a cumplir con el reglamento académico
que preveía la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el
título de abogada y, además, era consciente de tal exigencia pues
presentó los aludidos exámenes sin superar dos de ellos.
10
Conforme se advierte en el informe obrante en el índice núm. 46 del expediente digital.
11
Visible en el índice núm. 44 del expediente digital.
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Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos
los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa
y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de
aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el
correspondiente título profesional.
Concluyó que dentro del proceso se acreditó que la señora GIRÓN
FUELANTALA incumplió con el requisito de grado consistente en
presentar y aprobar la totalidad de los exámenes preparatorios,
previstos en el reglamento de la institución.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la
referencia.
IV.2. Los actos acusados
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En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo
primero de la Resolución núm. R-503 de 19 de junio de 2019, respecto
del título de abogada que se le otorgó a la señora MARÍA CRISTINA
GIRÓN FUELANTALA, la cual establece:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-503 DE 2019
(19 de junio)
Por la cual se confiere título a cuatro estudiantes de pregrado y
posgrado.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que los graduandos de: la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Facultad de
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de
Ingeniería Civil cumplieron con los requisitos de Ley y los
reglamentarios de la Institución, les confiere el título de:
(…)
ABOGADA A:
MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA
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CC. (…) de POPAYÁN […]”.
De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado
núm. 35 de 21 de junio de 2019, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] ACTA DE GRADO No. 35 del 21 de junio de 2019
En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 9:00 a.m., del día viernes veintiuno (21) de junio
de dos mil diecinueve (2019) y en cumplimiento de la Resolución
R-503 del 19 de junio de 2019 expedida por la Rectoría de la Alma
Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:
ABOGADA
A:
MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA
CC. (…) de POPAYÁN
El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogada
Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No: 1152;
Diploma No: 1152-19
La ceremonia finaliza a las 9:15 a.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS – Secretaria
General.
Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a viernes (21) de junio
de dos mil diecinueve (2019).
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.
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Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 1152-19 de 21 de
junio de 2019, en el que se lee:
“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio de Educación
Nacional, en la atención a que MARÍA CRISTINA GIRÓN
FUELANTALA (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADA con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 21 de junio de 2019. Registrado en el Libro
de Diplomas No. 083, Folio No. 1152, Diploma No. 1152-19 […]”.
IV.3. Problema jurídico
El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo
1° (parcial) de la Resolución núm. R-503 de 19 de junio de 2019, “Por
la cual se confiere título a cuatro estudiantes de pregrado y
posgrado”, del acta de grado núm. 35 de 21 de junio de 2019 y del
diploma núm. 1152-19 de 21 de junio de 2019, actos por medio de los
cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título de abogada a la
señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA.
A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos
6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la
Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y
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el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el
cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa
de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y
Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia
con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta
el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del
programa de Derecho”.
El fundamento de la demanda descansa en que la graduada no cumplió
con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD
para optar por el título de abogada, en tanto omitió la presentación y
aprobación de la totalidad de exámenes preparatorios previstos en el
plan de estudios.
Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes
asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de
los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la
solución del caso concreto.
(i) La autonomía universitaria
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El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía
universitaria en los siguientes términos:
“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.
El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades
impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como
también les permite la gestión independiente de sus asuntos
administrativos y académicos.
La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]
capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha
de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas […]”12.
12
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
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También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el
principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad
garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros
educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder
político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de
dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este
sentido, la Sección Segunda mencionó:
“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero [13]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.
Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes [14]
En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [15] […]”.16
La Ley 30 de 28 de diciembre de 199217 desarrolló el artículo 69
[13] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[14] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[15] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
17
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
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Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus
propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y
seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus
regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional.18
En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para
adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen
una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación
de sus egresados.
(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios
El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:
“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
18
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
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b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).
En relación con la fijación de los requisitos de grado que las
instituciones de educación pueden establecer en sus programas
académicos, la Corte Constitucional ha dicho:
“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
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educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad
profesionales de óptimas calidades en virtud del riesgo social
que implica el ejercicio de profesiones como la abogacía
[…]”19. (Resaltado fuera del texto original).
Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de
2001, afirmó:
“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos
que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en
ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional […]” (Resaltado fuera del texto original).
De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que
el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa
que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos exámenes,
para obtener su título profesional, dado que los reglamentos
universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.
19
Sentencia SU-783 de 2003.
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(iii) El principio de la buena fe
La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha
precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones
de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie
de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena
fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia
debida”.20
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con
el significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los
siguientes términos:
“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.
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22
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00596-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado.[21]
En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[22]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [23]
En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[24].
Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”25.
De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe
requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la
ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso
contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una
aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.
[21] Sentencia C-071 de 2004
[22] Sentencia T-475 de 1992
[23] Ibidem.
[24] Sentencia C-253 de 1996.
25
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
(iv) La solución del caso concreto
Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de
202326, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares
supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales
había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante
matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte
de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los
hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes
que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de
graduación y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones
internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -
Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la
República.
En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes
preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la
obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00596-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
partir del segundo período académico de 2011; y concluyó que tales
reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio
cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa Institución
confiera válidamente el título de abogado.
En el presente asunto, la Sala advierte que si bien al tercero con interés
directo en las resultas del proceso no le resulta aplicable el Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta
la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la
facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, dado que
ingresó al Programa de Derecho en el primer semestre del año 2009,
es de precisar que la norma que la UNIVERSIDAD señaló como
transgredida es el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de
2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios
del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
expedido por el Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).
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25
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,
expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la UNIVERSIDAD, el cual estableció dentro del plan de
estudios la presentación de exámenes preparatorios así:
“[…] ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.
2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.
3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas
Penales, Criminalística, Criminología.
4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II;
Derecho Privado V Sucesiones.
6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho
Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.
7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II […]”.
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En ese sentido, la Sala reitera lo que se consideró sobre el particular al
momento de resolverse la solicitud de medida cautelar, en los
siguientes términos:
“[…] La norma que la UNIVERSIDAD señaló como transgredida es
el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por
el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del
Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,
expedido por Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas
del plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de
grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes
preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).
Por su parte, el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, expedido
por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la UNIVERSIDAD, adoptó la reglamentación de los
exámenes preparatorios y estableció aspectos procedimentales
(físicos y tecnológicos) de obligatorio cumplimiento, los cuales
permiten verificar desde diferentes mecanismos la presentación y
aprobación del requisito objeto de debate27.
De igual forma, el Reglamento Estudiantil (Acuerdo núm. 002 de
1988) reguló lo concerniente a la presentación de exámenes
preparatorios así:
27
Al respecto, el Acuerdo 001 dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 10. Los exámenes preparatorios se deben realizar en los recintos universitarios y
por profesores designados para tal efecto. No podrán realizarse exámenes preparatorios en
fechas distintas de las establecidas y por fuera de los turnos adjudicados en la Secretaría
General. En casos excepcionales se podrá programar el examen en otro lugar previa aprobación de la
Coordinación del programa y de la Secretaría General de la Facultad.
ARTÍCULO 11. Para autorizar la presentación del preparatorio será requisito indispensable la
previa cancelación de los derechos respectivos. […]”.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
“[…] 57. Los alumnos deben presentarse a todo examen en la
fecha y hora fijadas. Quienes por causa justificada no pudieren
presentarse, podrán solicitar examen supletorio cuando haya
lugar a ello, de acuerdo con el artículo 51 del presente
Reglamento.
La no presentación de un examen de acuerdo con el
procedimiento anterior, será calificada con nota cero
punto cero (0.0). De igual forma se calificará a quien se
ausente sin causa justificada durante el desarrollo de una
prueba.
58. Las notas de examen serán entregadas por el profesor en
la Secretaría Académica dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha del examen. Estas notas serán publicadas.
Los estudiantes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
podrán hacer los correspondientes reclamos y pedir
correcciones. Cumplido lo anterior, el Decano podrá conceder
revisión de exámenes escritos por medio de un segundo
calificador, ante solicitud motivada del estudiante. En este caso
se considerará como calificación del examen la nota del segundo
calificador.
59. Vencido el término de publicación, las calificaciones
serán registradas y no podrán ser modificadas excepto en
casos de errores aritméticos o de trascripción. En este
evento deberá hacerse la salvedad correspondiente, con
la aclaración y la firma del Secretario Académico, previa
autorización del Consejo de Facultad.
60. Tendrán nota definitiva de cero punto cero (0.0) las
asignaturas matriculadas que no aparezcan calificadas o
canceladas en los libros de la Facultad.
61. Para presentar exámenes de habilitación, validación,
clasificación, supletorios o preparatorios es
indispensable- comprobar previamente ante la
Decanatura la cancelación de los derechos
correspondientes […]”. (Resaltado fuera del texto original).
Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la
UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran
exigibles a la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA al
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ingresar al Programa de Derecho en el primer semestre del año 2009,
procede la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en la
demanda.
Alega la parte actora que la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN
FUELANTALA no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los
reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el
título de abogada, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el
equipo de seguimiento se pudo establecer que la graduada no aprobó
los exámenes preparatorios correspondientes a las áreas de derecho
administrativo y derecho de bienes, obligaciones y contratos.
Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2019 la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogada
a la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA, mediante la
Resolución núm. R-503 de 19 de junio de 2019, el acta de grado núm.
35 de 21 de junio de 2019 y el diploma núm. 1152-19 de 21 de junio
de ese mismo año.
Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD
en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,
esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de
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2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo
a la mejora de los procedimientos académico administrativos
de registro de exámenes preparatorios del programa de
Derecho de la Universidad del Cauca”.
El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento
de los requisitos de grado de la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN
FUELANTALA, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes documentos:
• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica de la estudiante, suministrado por la
División de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación –
Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.
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Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo
entregó el informe de 13 de enero de 2021, en el que formuló las
siguientes conclusiones:
“[…] IV. CONCLUSIONES
1. El (la) señor(a) GIRÓN FUELANTALA MARÍA CRISTINA, cédula de
ciudadanía No. 1061692720 y código estudiantil 01091089 presenta
siete (07) registros de preparatorios con nota aprobado (A) en
SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes
de información (registro informático y soportes físicos) se estableció
que solo cinco (5) de ellos cuentan con soporte documental en la
historia académica.
Preparatorio Procesal Civil
Preparatorio Derecho Penal
Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Derecho Laboral
2. Los preparatorios de Derecho Administrativo y Bienes,
Obligaciones y Contratos registrados el 23 de abril de 2019, en
estado de aprobados en el período académico 2015.1, carece de
evidencia física o documental en la hoja de vida o historia académica
del estudiante, esta última condición se indica con una X en la
columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se deriva la
imposibilidad de registrar información relacionada con la
“modalidad” que refiere a la forma de presentación del
preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación”
que alude al día, mes y año de presentación del examen
preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa o
cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio
[…]”.
Se reitera que la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA al
ingresar al programa de Derecho en el período 2009-I, le era exigible
como requisito de grado para obtener el título académico de abogada,
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la presentación y aprobación de exámenes preparatorios en áreas de
derecho, según lo previsto en los Acuerdos núms. 014 de 3 de
noviembre de 2004 y 001 de 29 de abril de 2010.
Del anterior recuento es dable concluir: (i) que la señora MARÍA
CRISTINA GIRÓN FUELANTALA se matriculó al programa de Derecho
de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó
mediante el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii) que el
artículo 2º del referido Acuerdo, en concordancia con el artículo 2º
Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010, prevé como requisito para obtener
el título de abogada la aprobación de los exámenes preparatorios; iii)
que la estudiante únicamente superó satisfactoriamente cinco (5) de los
siete (7) exámenes exigidos; y (iv) que la UNIVERSIDAD no podía
conferirle el título de profesional en derecho, contrariando su propio
reglamento.
Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a
los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían
fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre
de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de
estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de
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2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,
“Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003
de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”.
En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de
pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de
Gestión Financiera, de la historia académica de la estudiante,
suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control
Académico y del archivo de gestión de la División de Admisiones,
Registro y Control Académico, la egresada MARÍA CRISTINA GIRÓN
FUELANTALA, no reunía los requisitos legales y estatutarios
para obtener el título profesional que le fue otorgado.
Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,
conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la
medida cautelar del proceso:
“[…] Respecto de la aplicación del principio de buena fe con el que
actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título de abogada a la
señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA, es preciso traer
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a colación lo mencionado en el citado auto de 10 de mayo de
202128, en el que la Sección indicó:
“121. Respecto de la petición del apoderado judicial del tercero
interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio de la
buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos jurídicos de
los actos demandados, considera la Sala Unitaria que en el caso
que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos exigidos
para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.
125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
(…)
127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°
del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.
128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.
129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y Obligaciones
y Contratos.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10
de mayo de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico
nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los
requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).
Es decir, que en virtud del principio de buena fe “nadie puede
contravenir válidamente sus propios actos, cuando tal comportamiento
es objetivamente incompatible con su conducta precedente” 29.
En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,
una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD
para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las
autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden
administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento
de los requisitos legales exigidos.
Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento
expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la
culminación de un programa, por haber adquirido un saber
29
Idem.
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determinado en una Institución de Educación Superior30; y que,
además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente
ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “[…] la
abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades
en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y
en la realización de una recta y cumplida administración de justicia
[…]”.
A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023
en comento, al indicar:
“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:
[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199231 y del
18 de abril de 199732, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
30
Ley 30 de 1992, artículo 24.
[31]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[32] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.
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la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).
163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:
Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.
Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.
También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las
personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.
164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.
165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)
IV.4. La decisión
De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la
nulidad de la Resolución núm. R-503 de 19 de junio de 2019, “Por la
cual se confiere título a cuatro estudiantes de pregrado y
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posgrado”, respecto de la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN
FUELANTALA, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 35 de 21
de junio de 2019 y del diploma núm. 1152-19 de la misma fecha,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
se le otorgó el título de abogada a la antes citada.
Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31
de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la
UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,
19 y 21 de la Ley 594 de 200033, que le impidieron adoptar adecuadas
decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto de
la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA y, en
consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título
profesional que en la presente decisión se está anulando. Dicha
circunstancia da lugar a que la Sala inste a la institución académica
para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a
fin de evaluar si la señora GIRÓN FUELANTALA estaría en
condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación
de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.
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“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente
decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los
problemas de gestión documental que afronta; así como también poner
en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados
(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,
para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de
abogada de la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución
núm. R-503 de 19 de junio de 2019, “Por la cual se confiere título
a cuatro estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida por la
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto de la señora MARÍA
CRISTINA GIRÓN FUELANTALA.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 35 de 21 de
junio de 2019 y del diploma núm. 1152-19 de 21 de junio de 2019,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
se le otorgó el título de abogada a la señora MARÍA CRISTINA
GIRÓN FUELANTALA.
TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco
de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la
regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si
la señora MARÍA CRISTINA GIRÓN FUELANTALA estaría en
condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación
de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada.
CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a
que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a
vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión
documental que afronta.
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QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la
Judicatura la presente providencia, para los fines que estime
pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de
inscripción de la tarjeta profesional de abogada de la señora MARÍA
CRISTINA GIRÓN FUELANTALA.
SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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