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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00122-00

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2022-00122-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero interesado en las resultas del proceso. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ. TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018 y del diploma núm. 1879-18 de la misma fecha, expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales se le otorgó el título de abogado al señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ. CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00122-00 Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado. QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ. SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2022-00122-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00122-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad

del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre

de 2018, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a

estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 48

1
En adelante la UNIVERSIDAD.

2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2022-00122-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

de 12 de octubre de 2018 y del diploma núm. 1879-18 de 12 de octubre

de 2018, actos por medio de los cuales otorgó el título de abogado al

señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ.

I.- LA DEMANDA

I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado

judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el

artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo -CPACA-2, presentó demanda ante esta

Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

“[…] 3.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-924 de 8 de octubre de 2018 (parcial), en
concreto el aparte que confiere al señor JULIÁN ANDRES
GIRALDO RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No
1.061.733.231 expedida en Popayán – Cauca, el título de abogado.

3.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No 48 de 12 de octubre
de 2018 – 028060 y Diploma No. 1879-18 de 12 de octubre de
2018, actos administrativos con los cuales la Universidad del Cauca
materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero de su
Resolución No. R-924 de 2018 y otorga el título de Abogado al
señor JULIÁN ANDRES GIRALDO RUIZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.061.733.231 expedida en Popayán –
Cauca.
3.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene
la cancelación de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 317147,

2
Cabe resaltar que en este caso la demanda fue admitida como de nulidad, pues la Sección consideró que
de manera excepcional era procedente el estudio de estos actos académicos a través de dicho medio de
control, por concurrir los supuestos previstos en el numeral 3 del artículo 137 del CPACA, debido a que el
ejercicio profesional del derecho es un asunto de interés relevante para la comunidad en general, por lo
que el otorgamiento de dichos títulos sin el cumplimiento de los requisitos para ello, afectan de manera
grave y evidente el orden público y social. De ahí que en la actualidad tales procesos se estén tramitando
bajo el medio de control de nulidad.

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3

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura al señor JULIÁN
ANDRES GIRALDO RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No 1.061.733.231 expedida en Popayán – Cauca […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los

siguientes:

1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación

superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación

Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado

el programa de pregrado de Derecho.

2°. Adujo que para la fecha en que el señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ3 se matriculó en el programa de Derecho, esto es, en

el segundo semestre del año 2010, la UNIVERSIDAD tenía previsto

como requisito de grado la presentación y aprobación de exámenes

preparatorios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Académico

núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica

parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales,

establecido en el acuerdo 009 de 2003”.

3
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas

y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema

Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y

salvo académico a favor del estudiante JULIÁN ANDRÉS GIRALDO

RUÍZ quien, dentro de la oportunidad otorgada por la Secretaría

General, presentó la documentación exigida para el otorgamiento del

título de abogado a fin de ser incluido en la ceremonia colectiva de

graduación que tuvo lugar el 12 de octubre de 2018, en la cual recibió

el diploma correspondiente.

4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución

núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento

y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con

el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían

presentado en el registro de tales exámenes.

5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en

el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por

uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba

que a varios estudiantes del programa de derecho se les registraron

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como aprobados los exámenes preparatorios en el SIMCA, a pesar de

que no los habían superado.

6°. Indicó que en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector

de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la Resolución

núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el

SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de

exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde

el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos

soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente

historia académica.

7°. Señaló que respecto de la situación académica del señor JULIÁN

ANDRÉS GIRALDO RUÍZ se advirtió que, según la información

registrada en el SIMCA, habría presentado y aprobado los siete (7)

exámenes preparatorios exigidos por el reglamento; sin embargo,

corroborado dicho reporte con el expediente de la historia académica

pudo advertir que el graduado solo había aprobado seis (6) exámenes,

quedando pendiente de aprobación el correspondiente al área de

derecho administrativo.

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8°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo

utilizado por el señor GIRALDO RUÍZ para obtener el registro de notas

aprobatorias, sin haber superado el respectivo examen, situación que

fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

9°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se

expidieron bajo el supuesto de que el señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ había cumplido con todos y cada uno de los requisitos

previstos para que se le otorgara el título de abogado.

I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en

las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran

los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución

Política; la Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437

de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de

2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios

del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en

concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el

cual se adopta el reglamento de preparatorios del Plan de

Estudios del programa de Derecho”.

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Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la

presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes

preparatorios constituye una condición o requisito sin el cual el

estudiante del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no

tendría derecho a que se le confiera el título de abogado y, de otorgarse

sin el cumplimiento de ese requisito de grado, dicho título deberá ser

dejado sin efectos, como lo ha entendido y dispuesto la Honorable

Corte Constitucional en su Sentencia de Unificación SU-783 de 2003”.

Aseveró que el señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ no cumplió

con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos de la

UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogado, pues de

acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento se

pudo establecer que el graduado no aprobó el examen preparatorio del

área de derecho administrativo.

II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

II.1. Admisión. Mediante proveído de 4 de marzo de 20224 se admitió

la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor JULIÁN

4
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.

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ANDRÉS GIRALDO RUÍZ, en calidad de tercero con interés directo en

las resultas del proceso.

II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida

de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la

cual se accedió mediante proveído de 24 de febrero de 20235. Contra

la anterior decisión, el tercero interesado interpuso recurso de súplica,

que fue decidido por la Sala en providencia de 5 de mayo de 2023, en

el sentido de confirmar el decreto de la medida cautelar.6

II.3.- Contestación

II.3.1. El señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ7, en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la

prosperidad de las pretensiones de la demanda y manifestó, en

síntesis, que:

El Acuerdo núm. 001 de 29 de abril de 2010 no le era aplicable, dado

que no fue expedido por la autoridad competente, esto es, el Consejo

Superior o el Consejo Académico de la Universidad.

5
Visible en el índice núm. 38 del expediente digital.
6
Visible en el índice núm. 59 del expediente digital.

7
Visible en el índice núm. 34 del expediente digital.

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Arguyó que la “única” reforma válida relacionada con el programa de

Derecho es el Acuerdo núm. 002 de 17 de febrero de 2011, el cual, sin

embargo, no le era aplicable, por cuanto su ingreso al Programa

Académico de Derecho tuvo lugar en el segundo semestre del año

2010, es decir que, en su caso, no era exigible la presentación y

aprobación de los exámenes preparatorios.

Aseguró que cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en

el reglamento estudiantil, para optar por el título de abogado otorgado

por la UNIVERSIDAD, incluyendo la presentación y aprobación de

siete (7) exámenes preparatorios.

Indicó que la UNIVERSIDAD conformó un Equipo de Seguimiento en

el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el

registro de exámenes preparatorios; no obstante, dicho organismo no

era competente para determinar la validez de los requisitos que lo

habilitaron como profesional del derecho, teniendo en cuenta que el

reglamento estudiantil establece un procedimiento especial para

imponer sanciones, el cual está a cargo del Consejo de Facultad.

Que, asimismo, tampoco resulta vinculante el informe que presentó el

mencionado Equipo, a partir del cual se determinó que los graduados

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objeto del proceso de seguimiento no cumplían con los requisitos para

obtener el título profesional otorgado, puesto que la elaboración de

dicho documento no contó con la participación de los estudiantes

afectados.

Destacó que no se advierte la vulneración de las normas invocadas en

la demanda, pues lo que se observa es un desorden administrativo por

parte del ente universitario que no cuenta con un protocolo adecuado

para el archivo, clasificación y organización documental de las pruebas

de exámenes preparatorios dentro de su ámbito académico.

Aseveró que en su caso particular debe salvaguardarse el principio de

la buena fe, especialmente por la ausencia de pruebas que demuestren

el actuar fraudulento que le endilga la demandante, aunado a que las

presuntas fallas que se alega como fundamento de la nulidad de los

actos acusados son exclusivamente atribuibles a las actuaciones

desplegadas por la institución universitaria, en las que no tuvo

participación alguna.

Resaltó que el debate en el presente caso no gira en torno a la

anulación de unos actos administrativos por ser contrarios al

ordenamiento superior, sino a la demostración de la aprobación o no

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de los exámenes preparatorios, siendo esto en realidad actuaciones

académicas no susceptibles de control judicial.

De igual forma, manifestó que la UNIVERSIDAD debió adelantar el

procedimiento previsto en el artículo 97 del CPACA, referido a la

revocatoria de actos de contenido particular y concreto, teniendo en

cuenta que se consolidó una situación jurídica que no puede ser

desconocida por la institución.

Además, propuso las excepciones de indebida escogencia del medio

de control y caducidad, para lo cual afirmó que los actos acusados son

de contenido particular y concreto, por lo que la demandante debió

incoar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,

aunado a que no era procedente adecuar el medio al de nulidad, como

en efecto se hizo en el auto admisorio de la demanda, bajo el

argumento de la grave afectación al orden público y social que

ocasionarían los actos acusados, pues lo cierto es que no está

acreditado que el señor GIRALDO RUÍZ haya incurrido en acciones u

omisiones que indujeran en error a la universidad y produjeran una

alteración del orden político y social, como lo quiere hacer ver la

demandante.

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Puntualizó que, por la misma razón de que el medio procedente para

el enjuiciamiento de los actos acusados es el de nulidad y

restablecimiento del derecho, debe declararse la caducidad del medio

de control, habida consideración que la demanda se presentó fuera del

término de los cuatro (4) meses, previsto en el artículo 164, numeral

2, literal c), del CPACA.

II.4. El Despacho Sustanciador, mediante proveído de 17 de marzo de

2023 resolvió las excepciones previas formuladas por el tercero

interesado8; en auto de 21 de abril de 20239 prescindió de realizar la

audiencia inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación

de lo previsto en el artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo

42 de la Ley 2080 de 2021; fijó el litigio10 y resolvió sobre las pruebas

aportadas y solicitadas por las partes.

8
Expediente digital, índice núm. 47. En el mencionado proveído, el Despacho estimó que las excepciones
formuladas por el tercero interesado no correspondían a excepciones previas por no estar enlistadas en el
artículo 100 del CGP, por lo que su resolución se haría en la sentencia.
9
Visible en el índice núm. 54 del expediente digital.
10
El litigio se fijó en los siguientes términos:

“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la
contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, y el
acta de grado núm. 48 de 12 de octubre de 2018, expedidas por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA,
desconocieron o no los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; los artículos
3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por
el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en
concordancia con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta el reglamento de
preparatorios del Plan de Estudios del programa de Derecho”, conforme a lo expuesto por la parte
actora en el índice núm. 2 del expediente digital y a lo indicado por el tercero con interés directo en las resultas
del proceso en escrito obrante en el índice núm. 34 del expediente digital […]”.

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En auto de 16 de junio de 202311, se corrió traslado a las partes y al

Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

II.5. Alegatos de conclusión

II.5.1- La UNIVERSIDAD12 efectuó un recuento de lo reseñado en el

libelo introductorio e insistió en que debe accederse a las pretensiones

de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que el señor

JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ incumplió con el requisito de

presentar y aprobar los exámenes preparatorios requeridos para

obtener el título de abogado.

Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en el

Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa

de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, pues las

pruebas que reposan en el expediente dan cuenta de que el egresado

no aprobó el preparatorio correspondiente al área de derecho

administrativo.

11
Visible en el índice núm. 79 del expediente digital.
12
Visible en el índice núm. 84 del expediente digital.

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II.5.2- El señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ13 reiteró que no

existía fundamento legal para exigirle la presentación y aprobación de

los exámenes preparatorios, dado que el Acuerdo Académico núm. 02

de 17 de febrero de 2011 no le era aplicable.

Agregó que fueron los docentes, junto con el personal administrativo y

directivo de la UNIVERSIDAD, los que validaron el cumplimiento de

los requisitos para que se otorgara el título académico acusado de

nulidad.

Respecto del informe que elaboró el equipo de seguimiento y apoyo a

la mejora de los procedimientos administrativos de registro de

exámenes preparatorios de la UNIVERSIDAD, insistió en que dicho

grupo de trabajo no es competente para determinar la validez o

invalidez de los requisitos que lo habilitaron para optar por el título de

abogado.

Finalmente, reiteró que no era obligación de los estudiantes conservar

los soportes de la presentación y aprobación de los exámenes, pues

ello era responsabilidad de la UNIVERSIDAD, la que no acreditó en el

13
Visible en el índice núm. 85 del expediente digital.

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proceso el incumplimiento de los requisitos de grado necesarios para

obtener el título académico acusado de nulidad.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución

Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del

Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la

referencia.

III.2. Los actos acusados

En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo

primero de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018,

respecto del título de abogado que se le otorgó al señor JULIÁN

ANDRÉS GIRALDO RUÍZ, la cual establece:

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-924 DE 2018
(08 de octubre)

Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

CONSIDERANDO

Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.

(…)

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la
Institución, les confiere el título de:

(...)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

(…)

ABOGADA (O)

JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ
CC. (…) de Popayán […]”.

De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado

núm. 48 de 12 de octubre de 2018, en la que se indicó lo siguiente:

“[…] ACTA DE GRADO No. 48 del 12 de octubre de 2018

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 9:00 a.m., del día viernes doce (12) de octubre de
dos mil dieciocho (2018) y en cumplimiento de la Resolución R-924
del 8 de octubre de 2018 expedida por la Rectoría de la Alma Máter,
se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José
de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad
del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada la Ceremonia,

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lee la resolución afirmando que el graduando ha cursado y
aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y
cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le
toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADO
A:
JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ
CC. (…) de Popayán

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogado

Se registra en el Libro de Diplomas No. 082; Folio No: 1879;
Diploma No: 1879-18

La ceremonia finaliza a la(s) 10:00 a.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS – Secretaria
General.

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a doce (12) de octubre
de dos mil dieciocho (2018).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.

Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 1879-18 de 12 de

octubre de 2018, en el que se indicó:

“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ
(…) ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios le
otorga el título de ABOGADO con todos los derechos, privilegios y
dignidades que la facultan para el ejercicio profesional. Popayán,
12 de octubre de 2018. Registrado en el Libro de Diplomas No. 082,
Folio No. 1879, Diploma No. 1879-18 […]”.

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III.3. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo

1° (parcial) de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018,

“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes

de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 48 de 12 de

octubre de 2018 y del diploma núm. 1879-18 de 12 de octubre de

2018, actos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA

otorgó el título de abogado al señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO

RUÍZ.

A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos

6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la

Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y

el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de 2004, “Por el

cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa

de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y

Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”, en concordancia

con el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, “Por el cual se adopta

el reglamento de preparatorios del Plan de Estudios del

programa de Derecho”.

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El fundamento de la demanda descansa en que el graduado no cumplió

con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD

para optar por el título de abogado, en tanto omitió la presentación y

aprobación de la totalidad de exámenes preparatorios previstos en el

plan de estudios.

Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso

alegó que no está acreditado el incumplimiento de los requisitos para

optar por el título de abogado, especialmente la presentación y

aprobación de los exámenes preparatorios; que el Equipo de

Seguimiento que conformó la UNIVERSIDAD no era competente para

determinar la validez de los requisitos de grado y, por tanto, los

resultados de su gestión no son vinculantes, porque, además, tampoco

contaron con la participación de los involucrados; que no se advierte la

vulneración de normas superiores, sino un desorden administrativo por

parte del ente universitario; que se debe garantizar el postulado de la

buena fe, puesto que no hay pruebas que demuestren un actuar

fraudulento; que los actos acusados no son pasibles de control judicial,

dado su carácter meramente académico; que la UNIVERSIDAD debió

agotar el procedimiento de revocatoria directa de los actos

administrativos de contenido particular; y, por último, que se deben

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inaplicar por vía de excepción los acuerdos núms. 002 de 2011 y 001

de 2010 del Consejo Académico.

Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes

asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de

los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la

solución del caso concreto.

(i) La autonomía universitaria

El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía

universitaria en los siguientes términos:

“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.

El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades

impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como

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también les permite la gestión independiente de sus asuntos

administrativos y académicos.

La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]

capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación

administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha

de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse

conforme a ellas […]”14.

También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el

principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad

garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros

educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder

político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de

dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este

sentido, la Sección Segunda mencionó:

“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero[15]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.

14
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
[15] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.

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Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes.[16]

En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [17][…]”.18

La Ley 30 de 28 de diciembre de 199219 desarrolló el artículo 69

Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus

propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y

académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas

académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,

docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y

seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el

cumplimiento de su misión social y la función institucional.20

En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para

adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen

una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación

de sus egresados.

[16] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[17] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
19
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
20
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.

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(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios

El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:

“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:

a) Darse y modificar sus estatutos.

b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.

c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.

d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.

e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.

f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.

g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).

En relación con la fijación de los requisitos de grado que las

instituciones de educación pueden establecer en sus programas

académicos, la Corte Constitucional ha dicho:

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“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad
profesionales de óptimas calidades en virtud del riesgo social
que implica el ejercicio de profesiones como la abogacía
[…]”21. (Resaltado fuera del texto original).

Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para

optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de

2001, afirmó:

“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos
que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en
ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional […].”(Resaltado fuera del texto original)

De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir

en sus planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que

21
Sentencia SU-783 de 2003.

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25

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el estudiante de derecho que se matricule en la institución educativa

que así lo prevea, adquiere la obligación de acreditar dichos exámenes,

para obtener su título profesional, dado que los reglamentos

universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.

(iii) El principio de la buena fe

La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán

ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas

las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha

precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones

de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie

de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena

fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia

debida”.22

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.

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26

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Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con

el significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los

siguientes términos:

“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado.[23]

En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[24]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [25]

En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[26].

Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”27.

[23] Sentencia C-071 de 2004
[24] Sentencia T-475 de 1992
[25] Ibidem.
[26] Sentencia C-253 de 1996.
27
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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27

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De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe

requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la

ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso

contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una

aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.

(iv) La solución del caso concreto

iv.1. Cuestión previa

En la contestación de la demanda, el tercero interesado formuló las

excepciones de indebida escogencia del medio de control y caducidad,

sobre las cuales el Despacho Sustanciador, en el auto que resolvió las

excepciones previas del proceso, señaló que será resueltas en la

sentencia, por lo cual procede la Sala a decidir de conformidad.

La procedencia del medio de control en el caso particular y la caducidad

Sea lo primero señalar que este asunto ya fue abordado en el proceso,

al admitir la demanda, por lo que la Sala se remite a las

consideraciones que allí fueron expuestas y que se transcriben a

continuación:

“[…] En el caso sub examine, la actora demanda sus propios
actos, a través de los cuales le confirió el título de abogado al
señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ, por lo que se

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28

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advierte que se trata de decisiones de contenido particular y
concreto, comoquiera que resuelven una situación jurídica en
cabeza de un estudiante a quien se le confirió dicho título
profesional.

Frente a lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación, en
providencia de 19 de diciembre de 201928, que reiteró lo dicho
en el auto de 13 de junio de 201929, señaló que en los casos en
que se proponen pretensiones de lesividad el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Al
respecto, se destaca:

«[…] La jurisprudencia de la Corporación30 ha precisado
que la acción de lesividad equivale a la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho que ejercen
los particulares, en tanto permite que la
administración cuestione la legalidad del acto
administrativo concreto y, tiene, entre otras
características, que a través de ella, la administración,
comparece al proceso en calidad de demandante y
de demandada, buscando obtener la nulidad de un
acto administrativo expedido por esta, invocando una
o varias de las causales de nulidad previstas en el artículo
84 del CCA. En consecuencia, con fundamento en la
naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido
afirmar que su prosperidad no depende de la
inobservancia del principio de buena fe, pues la
declaratoria de nulidad del acto administrativo
demandado está supeditada a la prueba de alguna de las
referidas causales de nulidad […]». (Destacado por el
Despacho).

En ese entendido y de acuerdo con el artículo 171 del CPACA,
lo procedente sería adecuar el trámite de la demanda al de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, en el
presente caso el Despacho advierte que se está ante la
excepción establecida en el numeral 3 del artículo 137 del
CPACA, que permite controvertir un acto administrativo de
carácter particular a través del medio de control de nulidad
“cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en
materia grave el orden público, político, económico, social o
ecológico”.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, 19 de diciembre de 2019, Expediente núm.
11001232400020190035400, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de junio de
2019, Expediente: 11001232400020190035400, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de abril de
2018, expediente núm. 25000232400020110018201, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, reitera Sentencia de 8 de mayo de 2008.

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29

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En efecto, en el asunto objeto de análisis, la actora
expresamente sostiene que luego de unas investigaciones
iniciadas a raíz de unas denuncias recibidas, pudo constatar
que los actos administrativos controvertidos se expidieron con
fundamento en una documentación irregular presentada por un
estudiante al que se le otorgó el título de abogado, quien, a su
juicio, actuó de mala fe y la hizo incurrir en un error.

Frente a la incidencia del ejercicio de la profesión de abogado
en la sociedad, esta Sección en un caso de similares
características al que nos ocupa consideró lo siguiente31:

“[…] 9.- Sobre el particular es importante destacar que en
el acto administrativo demandado se otorgó el título
profesional de abogado a una persona; profesión que de
acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, tiene
las siguientes connotaciones sociales:

«[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de
199232 y del 18 de abril de 199733, el Consejo de Estado
se encargó de definir y dar alcance al concepto de
“ejercicio de la profesión de abogado”, así: “El ejercicio
de la profesión de abogado es una actividad que
tradicionalmente, se ha: entendido en los términos
precisos de la definición contenida en el Diccionario de
la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los
derechos e intereses de los litigantes, también en
dar dictamen sobre las cuestiones o puntos
legales que se le consultan`, es decir, actuar en
defensa de causas ajenas ante estrados
judiciales, o emitir conceptos jurídicos. Esta
concepción tradicionalista por considerarse reducida y
estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del
1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No.
0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva
jurisprudencial, en la medida que el punto es materia
de análisis, pues se encuentra que son muchas las
actividades comprendidas en ese ejercicio que
deben tenerse en cuenta para la acreditación del
requisito constitucional, quedando relegado el

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 1 de septiembre de
2019, Expediente: 11001032400020200024800, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
32
Sección Quinta, Ard. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.

33
Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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30

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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA

concepto de vieja data que circunscribía al litigio.
[…]»34. (destaca el Despacho)

10.- Lo anterior permite inferir que el ejercicio profesional
del derecho es un asunto de interés relevante para la
comunidad en general, ya que afecta de manera grave y
evidente el orden público y social y, por tanto, resulta
posible estudiar la legalidad del acto administrativo
acusado a través del procedimiento previsto en el numeral
3° del artículo 137 del CPACA [...].

Para el Despacho, esta situación es suficiente para acreditar la
procedencia de la excepción referida, pues los efectos de los
actos acusados podrían generar una afectación grave al orden
público y social, teniendo en cuenta que se trata de un título
de abogado, lo que significa que de probarse los hechos
invocados por la actora, un ciudadano estaría ejerciendo como
abogado sin el lleno de los requisitos legales con las evidentes
implicaciones que ello generaría [..]”. (Resaltado fuera del
texto)

Conforme a lo expuesto, en el presente caso el medio de control de

nulidad es el adecuado para enjuiciar los actos administrativos que

otorgaron el título profesional de abogado al señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ sin haberse cumplido la totalidad de los requisitos

previstos para ello.

Por la misma razón, tampoco le asiste razón al tercero interesado al

señalar que se debe declarar probada la excepción de caducidad,

puesto que el medio de control de nulidad se puede ejercer en cualquier

34
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Providencia del 3 de diciembre de 2015,
Exp.11001-03-28-000-2014-00135-00, Actor: Pablo Bustos Sánchez Demandado: Magistrado del Consejo
Nacional Electoral, Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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31

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tiempo, según lo previsto en el artículo 164, numeral 1, literal a) del

CPACA35.

Por último, se destaca que los restantes medios exceptivos formulados

por el tercero, atañen directamente al fondo de la controversia, por lo

cual serán desatados al resolver los cargos de la demanda y la

contestación.

iv.2. De los cargos de la demanda

Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de

202336, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares

supuestos fácticos y jurídicos al que ahora se estudia, en el cual la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales

había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante

matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte

de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los

hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes

que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de

graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones

35
“[…] Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código […]”
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

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internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -

Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la

República.

En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes

preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la

obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se

matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a

partir del segundo período académico de 2011, y concluyó que tales

reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio

cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa Institución

confiera válidamente el título de abogado.

En el presente asunto, la Sala advierte que si bien le asiste razón al

apoderado del tercero con interés directo en las resultas del proceso al

indicar que al señor GIRALDO RUÍZ no le resulta aplicable el Acuerdo

Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011, “Por el cual se adopta

la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la

facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales”, dado que

ingresó al Programa de Derecho en el segundo semestre del año 2010,

es de precisar que la norma que la UNIVERSIDAD señaló como

transgredida es el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre de

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2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios

del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”,

expedido por el Consejo Académico, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:

a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero […]”.
(Negrillas fuera del texto).

Lo anterior, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,

expedido por el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Sociales de la UNIVERSIDAD, el cual estableció dentro del plan de

estudios la presentación de exámenes preparatorios así:

“[…] ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.

2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.

3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas
Penales, Criminalística, Criminología.

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4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.

5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II;
Derecho Privado V Sucesiones.

6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho
Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.

7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II […]”.

En ese sentido, la Sala reitera lo que se consideró sobre el particular al

momento de resolverse la solicitud de medida cautelar, en los

siguientes términos:

“[…] El apoderado del señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ
indicó que la demanda no se fundamentó razonablemente en
derecho, dado que la argumentación expuesta por la
UNIVERSIDAD era contradictoria, pues invocó acuerdos
universitarios respecto de los cuales no precisó su fecha de
expedición, el organismo que los expidió y su vigencia, además de
que citó acuerdos y normas del Consejo de Facultad, el cual era
incompetente para reglamentar aspectos relacionados con los
requisitos para obtener el título de abogado.

Dado los argumentos que soportan la oposición al decreto de la
medida cautelar que solicitó la UNIVERSIDAD, el Despacho
encuentra procedente citar lo que se indicó en la demanda respecto
del incumplimiento de los requisitos para obtener el título de
abogado, así:

(…)

Visto lo anterior, el Despacho no advierte que le asista razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al indicar que la demanda no se encuentra fundada
razonablemente en derecho, pues existe claridad respecto de las
normas que alegó la UNIVERSIDAD como presuntamente

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vulneradas con la expedición de los actos administrativos acusados
de nulidad.

En efecto, el artículo 2º del Acuerdo Académico núm. 014 de
3 de noviembre de 200437, antes transcrito, previó que, para
optar al título de abogado, el estudiante debía, además de
cursar y aprobar las asignaturas del plan de estudio, cumplir
con la presentación de los exámenes preparatorios.

De igual forma, resulta del caso precisar que el artículo 18
del Acuerdo núm. 001 de 4 de diciembre de 201438, previó
que “El Acuerdo 001 de 2010 regirá a aquellos estudiantes
que ingresaron en el año 2004, Plan de estudios 78, hasta que
cumplan con la integridad de dicho plan”.

En ese sentido, el Acuerdo núm. 01 de 29 de abril de 2010, “Por
el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003
de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”, estableció lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba
de aptitud académica y profesional, para evaluar los
conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de
la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística
del estudiante. Podrán ser orales o escritos.

ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se
deberán presentar en las siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado I y II. Teoría de la
Constitución y Derecho Constitucional; Derecho
Constitucional Colombiano I, II, III.

2. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General,
Derecho Administrativo Colombiano I, II, III y Procedimiento
Administrativo.

3. DERECHO PENAL: Derecho Penal General I, II; Derecho
Penal Especial I, II y Derecho Procesal Penal I, II, III, Pruebas
Penales, Criminalística, Criminología.

4. DERECHO LABORAL: Derecho Laboral Individual, Derecho
Laboral Prestaciones, Derecho Laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.

37
“Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de 2003”.

38
“Por el cual se adopta el reglamento de preparatorios de Plan de Estudios del programa de Derecho”.

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5. DERECHO PRIVADO I: Derecho Privado I y Teoría del
Negocio Jurídico; Derecho de Familia I; Derecho de Familia II;
Derecho Privado V Sucesiones.

6. DERECHO PRIVADO II: Derecho Privado II Bienes, Derecho
Privado III Obligaciones; Derecho Privado IV Contratos.

7. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso;
Procesal Civil General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal
Civil Especial I y II.

(…)

ARTÍCULO 17. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su expedición y deroga las disposiciones que le sean
contrarias […].

Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al señalar que la demanda no ofrece la suficiente claridad
respecto de las normas que presuntamente transgredió la
UNIVERSIDAD al expedir los actos administrativos acusados de
nulidad.

En el mismo sentido, tampoco le asiste razón al apoderado del
tercero con interés directo en las resultas al proceso al indicar que
el requisito de presentación y aprobación de exámenes
preparatorios solo se exigió a partir de la vigencia del Acuerdo
Académico núm. 02 de 17 de febrero de 201139, pues si bien dicho
acuerdo previó que la reforma curricular allí adoptada regía para
los estudiantes que se matricularan por primera vez o reingresaran
al Programa de Derecho en el segundo período académico de 2011,
con las salvedades de que trata el artículo sexto del acuerdo en
cita40, lo cierto es que para la fecha en que el señor JULIÁN

39
“Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales”.
40
El artículo sexto del Acuerdo Académico núm. 02 de 17 de febrero de 2011 establece:

“[…] ARTÍCULO SEXTO.- La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo rige para los
estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El nuevo plan de estudios del programa de Derecho, tendrá aplicación para los
estudiantes matriculados con anterioridad al segundo periodo académico de 2011 en relación con las
actividades electivas de la dimensión sectorial que sustituyen los seminarios del plan de estudios vigente
hasta el primer periodo académico de 2011. Para estos estudiantes la exigencia de electivas de la
dimensión sectorial será de 10 y no de 12 créditos. Tendrá validez los créditos acumulados por Seminarios
cursados y aprobados en el marco del plan de estudios vigente hasta el primer periodo académico de
2011.

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ANDRÉS GIRALDO RUÍZ se matriculó al programa de
Derecho (2010-2), la UNIVERSIDAD ya tenía previsto como
requisito de grado para obtener el título académico de
abogado, la presentación y aprobación de exámenes
preparatorios en áreas de derecho.

Frente al argumento relacionado con la falta de competencia del
Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca para
expedir el Acuerdo núm. 01 de 29 de abril de 2010, “Por el cual se
modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003 de 2008, 001 de
1995 y 001 de 1991”, el Despacho considera que dicho
argumento se dirige a cuestionar la validez de un acto
administrativo que goza de presunción de legalidad por no
haberse anulado o suspendido sus efectos por esta
jurisdicción, por lo que si el tercero con interés directo en las
resultas del proceso considera que se expidió con falta de
competencia debió cuestionarlo a través del medio de control
establecido en la ley para tal efecto; pues mientras ello no suceda,
dicho acto administrativo no pierde ejecutoriedad41 […]. (Resaltado
fuera de texto).42

Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la

UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran

exigibles al señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ al ingresar al

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La reforma al plan de estudios en lo referido a la dimensión de problemática
social (consultorio jurídico, centro de conciliación, centro de atención a problemas de interés público) será
obligatoria para los estudiantes que iniciaron estudios en el primer periodo académico de 2008, por lo cual
las prácticas no se matricularan para estos estudiantes como asignaturas separadas sino integradas a las
actividades del consultorio y de los centros.

PARÁGRAFO TERCERO.- La reforma al plan de estudios en lo referido a la dimensión de formación en
investigación en relación con actividades electivas, será aplicable a los estudiantes que iniciaron estudios
en el primer periodo académico de 2009 […]”.
41
Dicha posición fue asumida por la Sala de súplica en asuntos de similares características al del presente
proceso, entre otras, en las siguientes providencias:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de octubre
de 2022, Rad. núm. 11001032400020200036800; providencia de 22 de septiembre de 2022, Rad. núm.
11001032400020200029500; providencia de 22 de septiembre de 2022, Rad. núm.
11001032400020200026400; providencia de 29 de septiembre de 2022, Rad. núm.
1100103240002020002600; providencia de 29 de septiembre de 2022, Rad. núm.
11001032400020200025600, con ponencia del Consejero Hernando Sánchez Sánchez.

42
Decisión fue confirmada mediante providencia de 5 de mayo de 2023 de la Sala.

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Programa de Derecho en el segundo semestre del año 2010, procede

la Sala a desatar los cargos de nulidad formulados en la demanda.

Alega la parte actora que el señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ

no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos

internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de

abogado, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo

de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó el

examen preparatorio correspondiente al área de derecho

administrativo.

Ahora, en el expediente está acreditado que en el año 2018 la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogado

al señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ, mediante la Resolución

núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, el acta de grado núm. 48 de 12

de octubre de 2018 y el diploma núm. 1879-18 de 12 de octubre de

ese mismo año.

Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD

en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,

esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de

2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo

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a la mejora de los procedimientos académico administrativos

de registro de exámenes preparatorios del programa de

Derecho de la Universidad del Cauca”.

El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento

de los requisitos de grado del señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO

RUÍZ, para lo cual tuvo en cuenta los siguientes documentos:

• Archivo de los registros de calificación de preparatorios en el
sistema SIMCA 2.0
• Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por
la División de Gestión Financiera, según el sistema de recaudos
SQUID.
• La historia académica del estudiante, suministrado por la División
de Admisiones, Registro y Control Académico.
• El archivo de gestión de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
• Los documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación –
Seccional Cauca.
• Los documentos remitidos por la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales.

Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo

entregó el informe de 6 de octubre de 2020, en el que formuló las

siguientes conclusiones:

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“[…] IV. CONCLUSIONES

1. El (la) señora (a) GIRALDO RUÍZ JULIÁN ANDRÉS, cédula de
ciudadanía No. 1061733231 y código estudiantil 01102060 presenta
siete (7) registros de preparatorios con nota aprobado (A) en SIMCA
2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes de
información (registro informático y soportes físicos) se estableció
que solo seis (6) de ellos cuentan con soporte documental en la
historia académica.

Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho de Familia
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio Derecho Penal
Preparatorio Derecho Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio Derecho Procesal Civil

2. El Preparatorio de Derecho Administrativo registrado el 06 de
septiembre de 2018, en estado de aprobado en el periodo académico
2017.2, carece de evidencia o documental en la hoja de vida o
historia académica del estudiante, esta última condición se indica
con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que
se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con la
“modalidad” que refiere a la forma de presentación del preparatorio
que puede ser escrito u oral; “fecha de presentación” que alude al
día, mes y año de presentación del examen preparatorio;
“calificación” que detalla la nota cualitativa o cuantitativa que el
estudiante obtuvo en el examen preparatorio […]”.

Se reitera que para la fecha en que el señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ se matriculó al programa de Derecho (2010-II), la

UNIVERSIDAD ya tenía previsto como requisito de grado para

obtener el título académico de abogado, la presentación y aprobación

de exámenes preparatorios en áreas de derecho, según lo previsto en

los Acuerdos núms. 014 de 3 de noviembre de 2004 y 001 de 29 de

abril de 2010.

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Del anterior recuento es dable concluir: i) que el señor JULIÁN

ANDRÉS GIRALDO RUÍZ se matriculó al programa de Derecho de la

UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó mediante

el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii) que el artículo 2º

del referido Acuerdo, en concordancia con el artículo 2º Acuerdo 001 de

29 de abril de 2010, prevé como requisito para obtener el título de

abogado la aprobación de los exámenes preparatorios; iii) que el

estudiante únicamente superó satisfactoriamente seis (6) de los siete (7)

exámenes exigidos; y (iv) que la UNIVERSIDAD no podía conferirle el

título de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.

Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a

los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían

fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre

de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de

estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de

2003”, en concordancia con el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2010,

“Por el cual se modifican, derogan y reforman los Acuerdos 003

de 2008, 001 de 1995 y 001 de 1991”.

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iv.3. De los argumentos de la contestación

Conviene referirse a los argumentos de defensa expuestos por el

tercero interesado, según los cuales no está acreditado que no haya

cumplido los requisitos para optar por el título de abogado, pues, en

su criterio, lo que se observa es una “desorganización interna” que no

le es imputable.

A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las diferentes

pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los actos

administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL

CAUCA le confirió el título de abogado al señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ, están viciados de nulidad por violación de la norma

superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos académicos

examinados.

En efecto, como quedó acreditado a partir de los registros de

calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de

pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de

Gestión Financiera, de la historia académica del estudiante,

suministrado por la División de Admisiones, Registro y Control

Académico y del archivo de gestión de la División de Admisiones,

Registro y Control Académico, el egresado JULIÁN ANDRÉS

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43

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GIRALDO RUÍZ no reunía los requisitos legales y estatutarios

para obtener el título profesional que le fue otorgado.

Frente a la solicitud que efectuó el tercero con interés directo en las

resultas del proceso en el sentido de inaplicar los Acuerdos núms. 002

de 2011 y 001 de 2010 del Consejo Académico, la Sala precisa que tal

argumento se dirige a cuestionar la validez de los mencionados actos,

que gozan de presunción de legalidad por no haber sido anulados o

suspendidos sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, de manera que el reproche en tal sentido debió

ventilarse a través del medio de control establecido en la ley para tal

efecto.

Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,

conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la

medida cautelar del proceso:

“[…] Respecto del argumento del señor JULIÁN ANDRÉS
GIRALDO RUÍZ relacionado con la aplicación del principio de
buena fe con el que actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título
de abogado, es preciso traer a colación lo mencionado en el citado
auto de 10 de mayo de 202143, en el que la Sección indicó:

43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de
2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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“121. Respecto de la petición del apoderado judicial del tercero
interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio de la
buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos jurídicos de
los actos demandados, considera la Sala Unitaria que en el caso
que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos exigidos
para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.

125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
(…)
127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°
del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.

128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.

129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y Obligaciones
y Contratos.

130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico
nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los

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requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).

Es decir, que a pesar de que el señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO

RUÍZ alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que en virtud

de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus propios

actos, cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible con

su conducta precedente” 44.

En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,

una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD

para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las

autoridades educativas las incongruencias en sus resultados

académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden

administrativo para obtener un título profesional sin el cumplimiento

de los requisitos legales exigidos.

Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento

expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la

culminación de un programa, por haber adquirido un saber

determinado en una Institución de Educación Superior45; y que,

además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente

44
Idem.
45
Ley 30 de 1992, artículo 24.

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ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la

jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “[…] la

abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades

en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y

en la realización de una recta y cumplida administración de justicia

[…]”.

A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023

en comento, al indicar:

“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:

[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199246 y del
18 de abril de 199747, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).

[46]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[47] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.

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163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:

Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.

Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.
También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las
personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.

164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.

165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)

Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó

la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de

los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no son

vinculantes. Frente a este aspecto la Sala ya se ha pronunciado, en los

siguientes términos48:

48
Ver, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, providencia de 18 de junio de 2021, Rad. núm. 11001032400020200026400, CP. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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48

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“[…] Aduce el señor (…) que el informe del equipo de seguimiento
no es vinculante, dado que no contó con su participación.

Al respecto, el Despacho precisa que tal informe no se elaboró
en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su traslado
y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, esto es, en el traslado de la
medida cautelar, oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin.

Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al indicar que la UNIVERSIDAD no tenía fundamentos
para solicitar la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos demandados, pues, como quedó visto,
del informe en comento se pudo establecer la inexistencia de
los soportes que acrediten la presentación y aprobación de la
totalidad de los exámenes preparatorios, requeridos para
obtener el título de abogado […]”.

Respecto de la vulneración del trámite previsto en el artículo 97 del

CPACA49, es pertinente prohijar lo indicado por el Despacho

Sustanciador al resolver la medida cautelar del proceso, en el sentido

de señalar que el ejercicio del medio de control de nulidad frente a los

actos administrativos de contenido particular, -que generan

49
El citado artículo establece:

“[…] Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no
podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a
la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin
acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa
[…]”.

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consecuencias jurídicas atentatorias del orden público y social-, no

requiere del consentimiento del titular, razón por la que las entidades

del Estado están facultadas para solicitar ante esta jurisdicción la

nulidad de sus propios actos, cuando resulten lesivos para el

ordenamiento jurídico, sin que deban previamente agotar el

procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA, por lo que el

argumento de la falta de autorización del señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ para revocar los actos acusados no está llamado a

prosperar.

Finalmente, el tercero interesado sostiene que los actos administrativos

demandados no son pasibles de control jurisdiccional porque resuelven

asuntos académicos, propios de la autonomía universitaria del centro

educativo demandante. Al respecto, la Sala trae a colación la providencia

de 10 de mayo de 2021, en la que al resolver un asunto de similares

presupuestos al que aquí se estudia, la Sección indicó:

“[…] Con el propósito de solucionar el referido planteamiento, es
necesario recordar el criterio jurisprudencial que pacíficamente ha
sostenido esta Sección desde el año 1994 respecto del control de
legalidad de las decisiones definitivas que adoptan las entidades
educativas.

La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha señalado
que, al momento de determinar la competencia de esta jurisdicción,
es necesario diferenciar dos tipos de actos administrativos de las
instituciones universitarias. La primera tipología de acto se denominó
“acto académico” y guarda relación con aquella decisión susceptible

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de control judicial por estar asociada al cumplimiento de la función
pública educativa. La segunda tipología corresponde a lo que se
denominó como el “acto meramente académico”, cuyo contenido
está relacionado con el funcionamiento interno de las instituciones de
educación superior, acto frente al cual no puede adelantarse un
estudio de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo por tratarse del ejercicio de la autonomía universitaria.

Para diferenciar ambos tipos de decisiones, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en la sentencia de 16 de diciembre de 199450,
enunció una serie de actos no enjuiciables que «tienen que ver con el
fuero interno de las Instituciones de Educación Superior, ya que son
la máxima expresión de su autonomía y forman parte del reglamento
que gobierna las relaciones entre la Institución y sus educandos»,
tales como «el señalamiento del calendario académico, los planes de
enseñanza e investigación, el sistema, forma y criterio de
calificaciones, de exámenes y de matrículas, entre otros».

La Sección Primera, en la sentencia de 17 de marzo de 200051, en
este mismo sentido precisó lo siguiente:

“[…]la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre actos
meramente académicos, que escapan al control jurisdiccional, como
sería, por ejemplo, los relacionados con una evaluación académica; y
actos académicos, que tienen el carácter de administrativos, por ser
consecuencia del cumplimiento de una función administrativa
-la de educación-, pues son expedidos por las instituciones de
educación superior, sean públicas o privadas, en virtud de la
delegación que el Estado les ha hecho de dicha función,
verbigracia, el acto acusado en este proceso, a través del cual
se le impuso a la actora la sanción de interdicción académica
definitiva, que le impidió continuar con la presentación de
exámenes preparatorios para optar al título de abogada.
(Sentencias de 16 de diciembre de 1994, Expediente núm. 2710,
Consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; y de 30 de
abril de 1996, Expediente núm. 1968, Consejero ponente doctor
Libardo Rodríguez Rodríguez)[…]”52.

50
Sentencia del 16 de diciembre de 1994, Rad No.2710, Actor: Carlos José Vásquez Villegas, M.P. Ernesto
Rafael Ariza Muñoz.

51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref No. 5583. Consejero
Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora Gladys maría Sierra Mendoza.

52
Este criterio fue reiterado en la sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2009. Radicación No.
2009-01120-01(AC). Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Jesús Castellanos
Amador.

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51

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Siguiendo el mismo criterio, en las sentencias de 5 de octubre de
200953, de 16 de julio de 201554 y de 21 de abril de 201655, la Sala
aclaró que también son actos meramente académicos los
concernientes a las evaluaciones académicas y los de expulsión.

En virtud de este marco jurisprudencial, es dable concluir que los
actos demandados en el presente medio de control claramente
corresponden a aquellos que desarrollan la función administrativa
educativa, puesto que van más allá del funcionamiento interno del
centro universitario, en tanto materializan lo dispuesto en el artículo
26 de la Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30.

Como se explicó en precedencia, el constituyente, en el artículo 26
superior, reconoció que el legislador puede exigir títulos de idoneidad
para el desarrollo de las ocupaciones que generan riesgos sociales.
Bajo este mandato, el artículo 24 de la Ley 30 determina que «el
otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia
exclusiva de las instituciones de ese nivel (educativo)».

Como la abogacía es una profesión de educación superior, la decisión
que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
desarrollo de esa actividad, no solo produce efectos en la relación
estudiante-universidad, sino que altera el estatus de ese ciudadano
ante toda la colectividad. Lo anterior significa que ese tipo de
decisiones administrativas son actos académicos pasibles de control
judicial porque, evidentemente, no solo atañen al fuero interno de la
autonomía universitaria.

Con fundamento en esta lógica, la Sección Primera del Consejo de
Estado, en las sentencias de 22 de octubre de 202056 y de 16 de
diciembre de 202057, se pronunció de fondo en relación con dos
demandas de nulidad interpuestas en contra de las actas individuales
de grado expedidas por un instituto universitario, mediante las cuales
se conferían dos títulos profesionales

Por todo lo anteriormente expuesto, el Despacho considera que los
actos objeto de enjuiciamiento en este proceso son controlables en
su legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso

53
Expediente núm. 2009-01120-01, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno
54
Expediente núm. 2010-00564-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
55
Expediente núm. 2014-00355-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
56
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00475-01, Actor:
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ, Demandado: HENRY ALFONSO ROA MORALES.
57
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Radicación número: 68001-23-31-000-2008-00483-01,
Actor: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ, Demandado: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
PAZ- UNIPAZ Y LUIS ALEJANDRO SOTOMONTE NIÑO, Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

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52

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administrativo y, por ende, el primer reparo formulado no cuenta con
vocación de prosperidad […]”.58

Por las razones expuestas la Sala concluye los argumentos esgrimidos

por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.

iv.4. La decisión

De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la

nulidad de la Resolución núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, “Por la

cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de

pregrado y posgrado”, respecto del señor JULIÁN ANDRÉS

GIRALDO RUÍZ, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 48 de

12 de octubre de 2018 y del diploma núm. 1879-18 de la misma fecha,

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de abogado al antes citado.

Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31

de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la

UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al

incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,

19 y 21 de la Ley 594 de 200059, que le impidieron adoptar adecuadas

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, número único
de radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00. C.p. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
59
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

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decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto del

señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ y, en consecuencia, la

condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que en la

presente decisión se está anulando. Dicha circunstancia da lugar a que

la Sala inste a la institución académica para que, en el marco de su

autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,

adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor

GIRALDO RUÍZ estaría en condiciones de culminar el proceso de

graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para

optar por el título de abogado.

Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente

decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de

Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales

y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los

problemas de gestión documental que afronta; así como también poner

en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados

(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,

para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual

configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria

del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de

abogado del señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida

escogencia de la acción y caducidad, formuladas por el tercero

interesado en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución

núm. R-924 de 8 de octubre de 2018, “Por la cual se confieren unos

títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,

expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor

JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 48 de 12 de

octubre de 2018 y del diploma núm. 1879-18 de la misma fecha,

expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales

se le otorgó el título de abogado al señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO

RUÍZ.

CUARTO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco

de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la

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regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si

el señor JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RUÍZ estaría en condiciones de

culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos

que le hacen falta para optar por el título de abogado.

QUINTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a

que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a

vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión

documental que afronta.

SEXTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad

de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la

Judicatura la presente providencia, para los fines que estime

pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de

las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de

inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor JULIÁN

ANDRÉS GIRALDO RUÍZ.

SÉPTIMO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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