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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00291-00

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00291-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del artículo 1 de la Resolución núm. 383 del 15 de mayo de 2019, del Acta de Grado núm. 28 del 14 de junio de 2019, y del Diploma núm. 642-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales se otorgó el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito, expedidos por la Universidad del Cauca. SEGUNDO: INSTAR a la institución de educación superior para que, en el marco de su autonomía, adopte medidas a fin de evaluar si el señor Robert Alexander Camacho Chilito está en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado. TERCERO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión documental que afronta. CUARTO: Por Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura (URNA) la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor Robert Alexander Camacho Chilito. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2020-00291-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca
Demandado: Universidad del Cauca
Tercero con interés: Robert Alexander Camacho Chilito
Medio de control: Nulidad simple
Temas: Nulidad de actos que otorgan títulos universitarios sin el
cumplimiento de los requisitos
Decisión: Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por la Universidad
del Cauca contra el paz y salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución núm.
383 de 15 de mayo de 2019 (parcial), el Acta de Grado núm. 28 del 14 de junio de 2019,
y el Diploma núm. 642-19 de la misma fecha.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La Universidad del Cauca, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, con
el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

4.1. Declárese la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo académico de fecha 30
de abril de 2019, con el cual el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo académico a la parte
demandada señor ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO, por haber cursado
y aprobado todas las asignaturas y requisitos académicos que integran el Plan de
Estudios del Programa de Derecho.

4.2. Declárese la nulidad parcial de la Resolución No. 383 de fecha 15 de mayo de
2019, en concreto del aparte que confiere al ROBERT ALEXANDER CAMACHO
CHILITO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.058.972.571 expedida en
Bolívar, el título de Abogado.

4.3. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 28 de fecha 14 de junio de 2019, y
Diploma No. 642-19 de fecha 14 de junio de 2019, actos administrativos con los
cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo
primero de la Resolución No. 383 de fecha 15 de mayo de 2019 y otorga el título de

1 La demanda fue radicada el 21 de julio de 2020 y obra en el índice 5 de Samai.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Abogado, al señor identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.058.972.571
expedida en Bolívar.

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado del señor
ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO identificado con la cédula de
ciudadanía N° 1.058.972.571 expedida en Bolívar, ya hubiese iniciado el trámite
respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de Abogado3 (mayúscula
sostenida, negrita y subrayado del original).

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones, la Universidad del Cauca señaló que el
señor Robert Alexander Camacho Chilito se matriculó al programa de Derecho en el
primer período académico de 2013. Para esa época, el ordenamiento jurídico y el plan
de estudios exigían, como requisito de grado para obtener el título de abogado, la
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios4.

Expuso que, con base en la información registrada en el Sistema Integrado de Matrícula
y Control Académico (SIMCA), el 30 de abril de 2019 se expidió el paz y salvo académico
del señor Camacho Chilito y, posteriormente, mediante la Resolución núm. 383 de 15 de
mayo de 2019, el Acta de Grado núm. 28 y el Diploma núm. 642-19 de 14 de junio de
2019, la universidad le confirió el título de abogado.

La entidad relató que, a partir de una denuncia anónima y de un escrito presentado por
el docente Milton Javier López, se advirtió la posible existencia de registros irregulares
de exámenes preparatorios en el SIMCA. Por esa razón, mediante la Resolución núm. R-
695 de 30 de julio de 2019, el rector conformó un equipo de seguimiento y apoyo para
verificar el cumplimiento de los requisitos de grado de los estudiantes, egresados y
graduados del programa de Derecho.

Argumentó que, al confrontar la información registrada en el SIMCA con los soportes
físicos obrantes en la historia académica y los pagos realizados por concepto de
exámenes preparatorios, se estableció que el señor Camacho Chilito solo acreditó la
aprobación de los correspondientes a derecho laboral y derecho constitucional. En
cambio, no existía evidencia de aprobación de los preparatorios de derecho penal,
derecho procesal civil, derecho administrativo, derecho de familia y derecho de bienes,
obligaciones y contratos.

Finalmente, sostuvo que desconocía el mecanismo utilizado por el señor Robert
Alexander Camacho Chilito para obtener el registro de notas aprobatorias y que dicha
situación había sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes al interior
de la Universidad, así como de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General
de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

La parte actora formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación, así:

1.3.1. Primer cargo: violación de los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209
de la Constitución Política

3 Índice 37 Samai.
4 Exámenes preparatorios de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho
laboral, derecho de familia, derecho civil (bienes, obligaciones y contratos) y derecho procesal civil.

2

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Indicó que, en virtud de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de la
Constitución Política y en la Ley 30 de 28 de diciembre de 19925, las universidades tienen
derecho, entre otras, a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades
académicas y administrativas, así como crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos.
En razón a ello y con fundamento en algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional
sobre la materia6, sostuvo que la presentación y aprobación de la totalidad de los
exámenes preparatorios, constituye un requisito sin el cual los estudiantes del programa
de Derecho de la Universidad del Cauca no pueden adquirir el título de abogados.
1.3.2. Segundo cargo: violación de los artículos 3, 6 y 137 de la Ley 1437 de 2011
Precisó que, con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, no se produciría ningún
restablecimiento de derechos en favor de la parte demandante y, que es evidente “[…]
que los actos administrativos demandados causan un daño grave, daño altamente nocivo
para el orden social y público, ya que las irregularidades anotadas permitieron que una
persona que no cumplía con los requisitos para otorgársele el título de Abogado (a), está
actualmente ejerciendo una profesión (lo cual implica un riesgo social) […]”.

1.3.3. Tercer cargo: Violación de los artículos 6 y 8 del Acuerdo Académico 002 de
17 de febrero de 20117

Adujo que, en el acuerdo indicado supra, se estableció que los estudiantes para obtener
el título de abogado deberían cumplir, entre otros, con el requisito de presentar y aprobar
los exámenes preparatorios de: (i) derecho constitucional; (ii) derecho administrativo; (iii)
derecho penal; (iv) derecho laboral; (v) derecho de familia; (vi) derecho de bienes,
obligaciones y contratos; y vii) derecho procesal civil.

Puso de presente que, al momento de expedición de los actos acusados, la Universidad
del Cauca no contaba con los soportes físicos que permitieran verificar que el tercero con
interés directo en el resultado del proceso hubiere aprobado debidamente los exámenes
preparatorios de derecho penal, derecho procesal civil, derecho administrativo, derecho
de familia y derecho de bienes, obligaciones y contratos.

En síntesis, la parte actora señaló que el acto acusado se expidió con falsa motivación e
infracción de las normas en que debían fundarse. Al respecto, se destaca:

La Universidad del Cauca, al momento de expedir los actos administrativos acusados, fundó
su decisión y otorgó el derecho que en ellos se consigna y; para el caso en concreto en el
supuesto que el señor ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 1.058.972.571 expedida en Bolívar, había cumplido con todos y cada
uno de los requisitos que nuestro ordenamiento jurídico y la normatividad interna de la
Universidad del Cauca le imponen para que se le confiera el título académico de Abogado,
sin que dichos requisitos hubiesen sido satisfechos en su totalidad, pues no se habían
presentado y aprobado todos los exámenes preparatorios que exigen la norma universitaria,
hecho que configura que los actos administrativos acusados se encuentren afectados de
nulidad por falsa motivación y por irregularidades en su obtención, causales consagradas en
el inciso segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

5 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
6 Ver. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy

Cabra.
7 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales”.

3

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Admisión

Mediante auto de 6 de septiembre de 20218, se inadmitió la demanda, por defectos en el
poder conferido al apoderado judicial. Una vez subsanada9, fue admitida mediante
providencia de 29 de octubre de 202110, en la cual se ordenó notificar al señor Robert
Alexander Camacho Chilito, en calidad de tercero con interés directo en las resultas del
proceso, y al Ministerio Público.

A través del auto de 5 de diciembre de 202211 se reconoció al señor Álvaro José Mejía
Arias como coadyuvante del tercero con interés12.

2.2. Medida cautelar

En escrito seguido de la demanda, la actora solicitó la suspensión provisional de los
efectos de los actos acusados, a la cual se accedió mediante proveído de 6 de julio de
202313, por cuanto del análisis preliminar de estos y de las pruebas allegadas, se advirtió
que al señor Robert Alexander Camacho Chilito le resultaba exigible el requisito de
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios previsto en los artículos 6 y 8
del Acuerdo núm. 002 de 2011, por haberse matriculado en el programa de Derecho con
posterioridad a la entrada en vigencia de dicha disposición. Asimismo, se verificó que el
equipo de seguimiento de la Universidad del Cauca estableció que no obraba soporte
físico ni documental que acreditara la aprobación de cinco de los siete preparatorios
exigidos, sin que obrara en el expediente siquiera prueba sumaria que desvirtuara esa
conclusión.

En consecuencia, el Despacho consideró, prima facie, que los actos mediante los cuales
se le confirió el título de abogado fueron expedidos “sin el cumplimiento del requisito de
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios”, circunstancia que
evidenciaba la vulneración de la normativa interna universitaria y justificaba la suspensión
provisional de sus efectos.

Contra dicha decisión se interpuso recurso de apelación14, el cual fue adecuado al de
súplica, por auto de 1° de agosto de 202315, el cual fue resuelto por la Sección Primera
del Consejo de Estado mediante providencia de 21 de septiembre de 2023, en la que se
confirmó la medida cautelar16, por estimar satisfechos los presupuestos para decretar la
suspensión provisional - fumus boni iuris y periculum in mora -, pues, en esa etapa inicial,
se advertía la posible infracción del Acuerdo núm. 002 de 2011 y no resultaba admisible
que actos que lesionaban el ordenamiento jurídico superior continuaran produciendo
efectos mientras transcurría el proceso judicial.

8 Samai, índice 8.
9 El escrito de subsanación fue presentado el 23 de septiembre de 2021 y obra en el índice 15 de Samai.
10 Samai, índice 17.
11 Samai, índice 45.
12 Según lo indicado por el señor Álvaro José Mejía Arias en su memorial, participó en la firma del convenio

celebrado entre el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Universidad del Cauca para la creación de
una cohorte especial dirigida a jóvenes indígenas, quienes pagarían derechos de matrícula equivalentes a
un salario mínimo legal mensual vigente. Asimismo, indicó que su intervención obedecía, entre otras
razones, a que en entrevistas y publicaciones de prensa de la ciudad de Popayán se habría afirmado que
los estudiantes de las cohortes especiales eran quienes habían cometido fraude en los exámenes
preparatorios.
13 Samai, índice 51.
14 Samai, índice 55.
15 Samai, índice 57.
16 Samai, índice 67.

4

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

En dicha providencia se descartaron los argumentos del recurso, por cuanto: (i) los actos
demandados eran susceptibles de control judicial; (ii) la solicitud cautelar no recaía sobre
la totalidad de la Resolución núm. 383 de 2019, sino únicamente sobre el aparte que
confirió el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito; (iii) no bastaba
con afirmar que el tercero presentó y aprobó los preparatorios, sin aportar elementos
probatorios que respaldaran dicha afirmación; y, (iv) la buena fe alegada no era de recibo,
porque al tercero le correspondía informar oportunamente las inconsistencias advertidas
en el sistema académico, en lugar de beneficiarse de ellas para obtener el título.

2.3. Contestación de la demanda

El señor Robert Alexander Camacho Chilito, en su condición de tercero con interés, se
opuso a las pretensiones, por considerar que el paz y salvo académico y la Resolución
núm. 383 de 15 de mayo de 2019 eran actos de trámite no susceptibles de control judicial.
Asimismo, respecto del Acta de Grado núm. 28 y del Diploma núm. 642-19 de 14 de junio
de 2019, afirmó que no existían razones fácticas ni jurídicas que justificaran su anulación
ni, por ende, la cancelación del registro o tarjeta profesional.

Señaló que el equipo de seguimiento conformado por la Universidad del Cauca no tenía
competencia para determinar ni sancionar conductas de estudiantes, pues tales
funciones correspondían, según el caso, al profesor, al decano, al Consejo de Facultad,
al rector o al Consejo Académico.

Afirmó que presentó y aprobó los exámenes preparatorios, razón por la cual solicitó el
paz y salvo académico, obtuvo la validación institucional correspondiente y fue graduado
por la universidad. Indicó que no tenía acceso ni competencia para registrar notas en el
SIMCA, por tratarse de una actividad propia de la institución, ni estaba obligado a
conservar actas de evaluación que no le eran entregadas, circunstancia que lo ubicaba
en una situación de vulnerabilidad probatoria.

Manifestó que la ausencia de actas en la historia académica o en los archivos
universitarios revelaba una falla administrativa, pero no una irregularidad atribuible al
estudiante. Por ello, consideró que correspondía a la Universidad del Cauca probar que
no presentó los exámenes o que obtuvo las calificaciones mediante una actuación
fraudulenta.

En este sentido, propuso la excepción de mérito denominada “legalidad de los actos
administrativos enjuiciados e inexistencia de falsa motivación”, fundada en que no existía
violación a normas de carácter superior ni falsa motivación, pues la universidad no
identificó la forma en que se habría logrado el registro aprobatorio de las notas y, a su
juicio, la falta de soportes documentales no demostraba la no presentación de los
exámenes, sino deficiencias en los protocolos de realización, registro, publicidad y
conservación de las calificaciones, las cuales no podían serle atribuidas.

También formuló la excepción de “inexistencia de deber de guarda o responsabilidad del
demandado en el sentido de demostrar existencia de exámenes preparatorios”. Al
respecto, insistió en que correspondía a la Universidad acreditar que los exámenes no
fueron presentados o que las calificaciones se obtuvieron por medios fraudulentos. En su
criterio, el informe del equipo de seguimiento no era vinculante ni podía tenerse como
prueba suficiente, dado que fue elaborado sin participación de los estudiantes afectados
ni de los docentes que habrían realizado dichas evaluaciones.

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

En último término, formuló la excepción de “inexistencia de norma violada, no
aplicabilidad del Acuerdo 002 de 2011”, por considerar que éste solo era oponible a
quienes se matricularon por primera vez o reingresaran en el segundo período académico
de 2011, lo que no correspondía a su caso, pues se matriculó al programa de Derecho
en el primer período académico de 201317.

2.4. Intervención del coadyuvante

El señor Álvaro José Mejía Arias, en su condición de coadyuvante, indicó que, conforme
al régimen estatutario de la Universidad del Cauca, los únicos requisitos de grado
vigentes eran la terminación del plan de estudios y el trabajo de grado, de manera que
no podían exigirse exámenes preparatorios como requisito para obtener el título, en tanto
el Acuerdo 027 de 2012 los reguló como una modalidad de trabajo de grado, entre varias
alternativas, sin imponer al estudiante la carga de cumplirla simultáneamente con otra
modalidad como la monografía o la judicatura.

Adujo que el Acuerdo núm. 002 de 2011 fue expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Cauca, órgano que, a su juicio, carecía de competencia para crear
requisitos de grado. Para sustentar esa afirmación, invocó los artículos 61, 62, 65, 68 y
69 de la Ley 30 de 1992, así como los artículos 13, 31 y 32 del Acuerdo núm. 105 de
1993 -Estatuto General de la Universidad del Cauca-, de los cuales derivó que la
competencia para expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución
correspondía al Consejo Superior Universitario, mientras que el Consejo Académico
cumplía funciones de dirección académica, adopción de políticas y concepto o
recomendaciones ante aquel.

En esa misma línea, afirmó que el Consejo de Facultad tampoco podía crear ni
reglamentar un requisito de grado que no hubiera sido previamente establecido por el
órgano competente. Por ello, cuestionó los Acuerdos 01 de 2010 y 001 de 2014 del
Consejo de Facultad de Derecho, al considerar que, bajo la apariencia de reglamentar
los preparatorios, terminaron creando un requisito autónomo de grado sin habilitación
estatutaria suficiente.

Agregó que el numeral 54 del Reglamento Estudiantil -Acuerdo núm. 002 de 1988- remitía
a los “requisitos legales estatutarios exigidos”, por lo que, en su criterio, la creación de
requisitos de grado estaba sometida a una reserva legal y estatutaria. En ese contexto,
sostuvo que la Ley 552 de 1999 derogó el régimen legal que exigía preparatorios para
obtener el título de abogado, de modo que tales exámenes solo podían ser exigidos si
hubieran sido adoptados por el órgano competente, esto es, el Consejo Superior
Universitario.

Con fundamento en lo anterior, solicitó inaplicar, por ilegales, los acuerdos expedidos por
el Consejo Académico y por el Consejo de Facultad de Derecho en los que se hubiera
previsto o reglamentado la exigencia de exámenes preparatorios como requisito de
grado, al estimar que fueron proferidos sin competencia y, por lo tanto, no podían servir
de parámetro para estudiar la legalidad de los actos mediante los cuales se otorgó el
título de abogado.

De otra parte, sostuvo que el SIMCA no contaba con protocolos de seguridad suficientes,
que el manejo y conservación de los archivos académicos era responsabilidad de la
Universidad del Cauca y que las inconsistencias advertidas podían explicarse por

17 Samai, índice 37.

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Demandante: Universidad del Cauca

deficiencias administrativas internas, no por la conducta de los estudiantes, quienes no
tenían acceso al sistema para registrar, modificar o anular calificaciones.

2.5. Trámite de sentencia anticipada

Mediante auto de 7 de marzo de 202418, el Despacho sustanciador consideró que el caso
sub examine se subsumía en los supuestos fácticos previstos en el numeral 1 del artículo
182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia,
prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, fijó el objeto del litigio19 y resolvió sobre
las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.

2.6. Alegatos de conclusión

En auto de 6 de mayo de 202420, se corrió traslado para alegar de conclusión y para que
el Ministerio Público rindiera concepto.

2.6.1. La Universidad del Cauca replicó los cargos del libelo inicial y precisó que el
Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 era oponible al señor Robert Alexander Camacho
Chilito, por cuanto regía a partir de su expedición y éste se matriculó en el primer período
académico de 2013. Igualmente, explicó que dicho acuerdo exigía, además de cursar y
aprobar las actividades curriculares, presentar y aprobar los exámenes preparatorios,
cumplir con trabajo de grado o judicatura, acreditar suficiencia en un idioma extranjero y
cursar la actividad física formativa.

Indicó que en la historia académica del tercero obraban soportes de preparatorios
reprobados, sin prueba de aprobación posterior, y que aquél no objetó esas calificaciones
ni acreditó haber presentado nuevamente los exámenes con resultado favorable.
Asimismo, solicitó valorar el expediente penal allegado al proceso, en cuanto evidenciaría
que algunas notas aprobatorias fueron registradas con el usuario del SIMCA de una
funcionaria vinculada a dicha investigación.

En ese contexto, sostuvo que el tercero no podía ampararse en la buena fe o la confianza
legítima, pues conocía que no había aprobado todos los preparatorios y, aun así, se
benefició del registro irregular de las notas. Añadió que, conforme a sus deberes como
estudiante, debía informar la inconsistencia a las autoridades universitarias y no guardar
silencio para obtener el título profesional21.

2.6.2. El tercero con interés reiteró sus argumentos y agregó que la prueba trasladada
desde la Fiscalía General de la Nación no guardaba relación directa con su situación

18 Samai, índice 74.
19 El litigio se fijó en los siguientes términos: “Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa

que corresponde al demandante y teniendo en cuenta la congruencia de que trata el artículo 187 del
CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, así como las excepciones que de
oficio se encontraren probadas, en los términos del artículo 282 de esta última codificación normativa, se
deberá decidir si el Paz y Salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución nro. R-383 de 15 de mayo
de 2019 (parcial), el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y el Diploma nro. 642-19 de 14 de junio
de 2019, por medio de los cuales la Universidad del Cauca otorgó el título de abogado a Robert Alexander
Camacho Chilito vulneran los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política y
los artículos 6 y 8 del Acuerdo nro. 02 de 2011, por cuanto alega el demandante, fueron emitidos sin el
cumplimiento de los requisitos exigibles para su expedición, específicamente, sin haber presentado y
aprobado todos los exámenes preparatorios previstos en los reglamentos del ente universitario.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, para uno, algunos o todos los artículos indicados, la
Sala deberá́ determinar si procede declarar la nulidad de los actos acusados”.
20 Samai, índice 85.
21 Samai, índice 92.

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Demandante: Universidad del Cauca

particular y que no había sido vinculado a proceso disciplinario, penal o administrativo
alguno por los hechos objeto de controversia.

De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de declararse la nulidad de los actos
acusados, se modularan sus efectos, en atención a que las eventuales inconsistencias
probatorias obedecerían a fallas de gestión documental y administrativa imputables a la
Universidad del Cauca22.

2.7. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
demandados, por considerar que fueron expedidos con desconocimiento de las normas
internas que regulaban los requisitos de grado del programa de Derecho de la
Universidad del Cauca, en particular el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, que
resultaba oponible al señor Robert Alexander Camacho Chilito desde su matrícula.

Resaltó que el estudiante conocía el carácter obligatorio de los exámenes preparatorios,
pues los presentó en varias oportunidades. Al lado de lo anterior, precisó que, aunque en
el SIMCA figuraban siete preparatorios aprobados, solo dos contaban con soporte
documental y que, según el reporte del Sistema de Recaudos de la Universidad (SQUID),
de trece pagos realizados por ese concepto, dos correspondían a exámenes aprobados
y once a preparatorios reprobados23.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo
149 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, expedidos por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Primera de esta Corporación es competente
para conocer, en única instancia, del presente asunto, por tratarse del medio de control
de nulidad promovido contra actos administrativos expedidos por una autoridad del orden
nacional.

3.2. Cuestión previa

Previo a plantear los aspectos jurídicos a resolver, la Sala estima necesario pronunciarse
sobre la naturaleza jurídica del paz y salvo académico de 30 de abril de 2019, a efectos
de determinar si es un acto enjuiciable. Al respecto, esta Sección ha señalado lo siguiente
frente a los actos definitivos:

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los actos administrativos
definitivos

1. Visto el artículo 43 de la Ley 1437, sobre el concepto de acto administrativo
definitivo, que establece lo siguiente25:

“[…] Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación […]”.

22 Samai, índice 90.
23 Samai, índice 90.
24 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 30 de mayo de

2019, radicación n.° 76001-23-33-002-2016-00839-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Demandante: Universidad del Cauca

2. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que los actos
administrativos definitivos son susceptibles de control judicial, por las siguientes
razones:

“[…] En ese contexto, únicamente las decisiones de la administración producto
de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que
hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de ser
controlados por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de
modo tal que los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se
encuentran excluidos de dicho control, en tanto no deciden el fondo de la actuación
administrativa ni ponen fin a la misma […]” (Destacado fuera del texto).

De conformidad con la norma citada supra, esta Sala considera que los actos
definitivos son aquellos mediante los cuales se decide de fondo la actuación
administrativa, por lo que son susceptibles de control judicial.

Y, frente a los actos de trámite esta Sección26 se ha pronunciado de la siguiente manera:

2. Sobre el particular, esta Sección ha considerado que los actos de trámite no son
susceptibles de control judicial, con excepción de aquellos que impidan continuar con
la actuación administrativa, por las siguientes razones27:

“[…] En ese contexto, únicamente las decisiones de la administración producto de la
conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen
imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de ser controlados por
parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos
de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran
excluidos de dicho control, en tanto no deciden el fondo de la actuación
administrativa ni ponen fin a la misma. […].

En providencia fechada el 11 de mayo de 2017, esta Sala sostuvo lo siguiente: “Los
actos administrativos de trámite son aquellos que le dan celeridad a la
actuación, es decir, impulsan el trámite propio de una decisión que ha de
tomarse con posterioridad, los cuales no son susceptibles de demandarse ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a diferencia de los actos definitivos que
ponen fin a una actuación y que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.

En tal contexto, únicamente las decisiones de la Administración producto de la
culminación de un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que
hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control
de legalidad por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de manera, que
los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados se
encuentran excluidos de dicho control; así mismo, se exceptúan de control
jurisdiccional los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional,
toda vez que a través de ellos tampoco se decide definitivamente una actuación, pues
sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones. […]”
(Destacado del texto original de texto).

3. De conformidad con las normas citadas supra, esta Sala considera que: i) los actos
de trámite son aquellas decisiones expedidas por la administración que tienen como
finalidad impulsar las actuaciones, por lo que no son susceptibles de ser
controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y ii) los actos

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 1 de junio

de 2020, radicación n.° 11001-03-24-000-2017-00314-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 30 de mayo de

2019, radicación n.° 76001-23-33-002-2016-00839-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.

9

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

definitivos son aquellos mediante los cuales se decide de fondo la actuación
administrativa, por lo que son susceptibles de control judicial.

De conformidad con lo anterior, se puede establecer que los actos administrativos
definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen
imposible continuar la actuación, razón por la cual son susceptibles de control judicial,
mientras que los actos de trámite, que simplemente inician o impulsan el procedimiento
sin resolver de fondo ni poner fin a la actuación, no pueden ser demandados ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Así las cosas, si bien desde el libelo introductorio se señaló como acto demandado el paz
y salvo académico de 30 de abril de 2019, y así fue aceptado en el auto admisorio de la
demanda, la Sala advierte que dicho documento no es susceptible de control judicial,
“dado que corresponden a meros trámites institucionales que no crean, modifican o
extinguen una situación jurídica particular y concreta”28, por lo que se abstendrá de
pronunciarse respecto de los cargos que se formularon en su contra.

Por consiguiente, el análisis de legalidad recaerá únicamente sobre los actos definitivos
demandados, esto es, la Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019, el Acta de grado
núm. 28 y el Diploma núm. 642-19 de 14 de junio de 2019, con el fin de establecer si el
título de abogado conferido al señor Robert Alexander Camacho Chilito fue otorgado con
falsa motivación y con infracción de las normas superiores invocadas.

3.3. Actos administrativos demandados

3.3.1. La Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019 (parcial)29, “Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado”, expedida por el Rector de
la Universidad del Cauca.

RESOLUCIÓN NÚMERO R-383 DE 2019
(15 de mayo)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus facultades legales y
estatutarias y,

CONSIDERANDO

Los graduandos de pregrado de la Universidad del Cauca solicitan a la Rectoría se les
confiera el título correspondiente.

Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos los requisitos de Ley y los
exigidos por cada unidad académica y demás instancias administrativas universitarias. […]

28 Dicha posición ha sido compartida por la Sala en casos de similares características. Ver en ese sentido:

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de
5 de octubre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00268-00; sentencia de 5 de octubre de 2023,
radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00260-00; sentencia de 2 de noviembre de 2023, radicación n.°
11001-03-24-000-2020-00241-00; sentencia de 2 de noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-
2020-00243-00; sentencia de 2 de noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00250-00;
sentencia de 2 de noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00264-00; y sentencia de 6
de junio de 2024, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00290-00, estas últimas todas con ponencia de la
Consejera Nubia Margoth Peña Garzón.
29 Samai, índice 5, documento electrónico con certificado 4331EA1BD671FBB3 B89888AACFE34ED0

23B9842FFC87E4B8 B4F7D479C5A019A8 denominado “ED - DEMANDA Y ANEXOS -3-DEMANDA
NULIDAD SUMPLE UNICAUCA- ROBERTH CAMACHO .pdf(.pdf)”, pág. 78 – 84.

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y
por autorización del Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les confiere el título
de:

[…]

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

ABOGADA (O) SEDE POPAYÁN

[…]

ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO
CC. […]

ARTÍCULO TERCERO: La ceremonia de grado, entrega de diplomas y actas de grado tendrá
lugar en Paraninfo Francisco José de Caldas, el día viernes 14 de junio de 2019, a la 8:00 am
y se entenderán perfeccionados una vez cumplido con el orden establecido por la Rectoría.

CÚMPLASE

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a los quince (15) días del mes de mayo de dos
mil diecinueve (2019)

JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO
Rector

3.3.2. El Acta de Grado núm. 28 de 14 de junio de 201930, mediante la cual la Universidad
del Cauca otorgó el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito.

ACTA DE GRADO No. 28 del 14 de junio de 2019

En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 8:00
a.m., del día viernes catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019) y en
cumplimiento de la Resolución R-383 del 15 de mayo de 2019 expedida por la
Rectoría de la Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del
Cauca. La Secretaria General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución
afirmando que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la
intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:

ABOGADO
A:
ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO
CC. […]

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de Abogado
Se registra en el Libro de Diplomas No. 083; Folio No: 642; Diploma No: 642-19
La ceremonia finaliza a la(s) 9:00 a.m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) JOSE LUIS DIAGO
FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ ZULUAGA – Decana de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS,
Secretaria General.

30 Ibidem, pág. 76.

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a viernes (14) de junio de dos mil
diecinueve (2019).

LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General.

3.3.3. El Diploma núm. 642-19 de 14 de junio de 201931, mediante el cual la Universidad
del Cauca otorgó el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito.

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

en nombre de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, en atención a que

ROBERT ALEXANDER CAMACHO CHILITO
C.C. […]
ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
le otorga el título de

ABOGADO

con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 14 de junio de 2019.
Registrado en el Libro de Diplomas No. 083, Folio No. 642, Diploma No. 642-19,
Resolución No. 383 15-05-2019 Acta No. 28 14-06-2019.

El Rector, El Decano de la Facultad, La Secretaria General de la Universidad.

3.4. Planteamiento del caso

En el presente asunto corresponde a la Sala determinar si los actos demandados a través
de los cuales se otorgó el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito
se encuentran falsamente motivados y fueron expedidos con infracción de las normas en
que debían fundarse.

Para la parte demandante, los actos acusados fueron expedidos con violación de los
artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; 3, 6 y 137 de
la Ley 1437 de 2011; y 6 y 8 del Acuerdo Académico núm. 002 de 17 de febrero de 2011,
por cuanto fueron emitidos bajo el supuesto de que el señor Camacho Chilito había
cumplido la totalidad de los requisitos académicos exigidos, pese a que, según la
confrontación entre la información registrada en el SIMCA, la historia académica y los
pagos efectuados por concepto de preparatorios, solo acreditó la aprobación de los
exámenes de derecho laboral y derecho constitucional, sin que existiera soporte de
aprobación de los preparatorios de derecho penal, derecho procesal civil, derecho
administrativo, derecho de familia y derecho de bienes, obligaciones y contratos.

Por otra parte, para el tercero con interés no existe fundamento para declarar la nulidad
de los actos acusados, con sustento en que: (i) la Resolución núm. 383 de 15 de mayo
de 2019 es un acto de trámite; (ii) el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no le era
aplicable, por haber ingresado al programa de Derecho en el primer período de 2013; (iii)
el equipo de seguimiento no era un organismo vinculante ni tenía competencia determinar
la validez o invalidez de los requisitos para obtener el título de abogado; y (iv) la ausencia
31 Ibidem, pág. 77.

12

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

de soportes documentales obedece a fallas administrativas de archivo y conservación
atribuibles a la Universidad del Cauca, no a una irregularidad imputable al estudiante,
quien tampoco tenía acceso ni competencia para registrar o modificar calificaciones en
el SIMCA.

Respecto de las excepciones de mérito propuestas por el tercero interesado, la Sala
encuentra que giran en torno a los mismos argumentos expuestos en precedencia por lo
que serán resueltas al estudiar estos.

El coadyuvante coincide con el tercero interesado en que: (i) la ausencia de actas de
aprobación de los exámenes preparatorios obedecía a fallas administrativas no
atribuibles al estudiante; y (ii) el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no le resultaba
exigible al señor Camacho Chilito, agregando que ello obedecía a que fue expedido por
un órgano sin competencia para ello y porque, además, el Acuerdo núm. 027 de 2012
permitía optar por otras modalidades de grado.

3.5. Análisis del caso

Precisado lo anterior, la Sala abordará, en primer lugar, los cargos de ilegalidad
planteados en la demanda a efectos de determinar si los actos acusados fueron
expedidos con falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse; y
posteriormente, se analizarán los argumentos expuestos por el tercero interesado y el
coadyuvante.

3.5.1. De los cargos de ilegalidad planteados en la demanda

La parte actora sostiene que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por
falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse, en la medida en que
fueron expedidos bajo el supuesto de que el señor Robert Alexander Camacho Chilito
había cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para optar al título de abogado, pese
a que, de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento, se pudo
establecer que el graduado no aprobó los exámenes preparatorios de las áreas de
derecho penal, derecho procesal civil, derecho administrativo, derecho de familia y
derecho de bienes, obligaciones y contratos, previstos en la normativa interna de la
Universidad del Cauca.

En el expediente se encuentra acreditado que, mediante los artículos 6 y 8 del Acuerdo
002 de 201132, se estableció como requisito para optar al título de abogado, además de
cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de estudios, la presentación y
aprobación de los exámenes preparatorios. El acuerdo en mención, conforme a su
artículo 7, regía para los estudiantes que se matricularan en la universidad por primera
vez o reingresaran al programa de Derecho a partir del segundo período académico de
2011. A continuación se destacan las normas en mención:

ACUERDO 002 DE 2011
(11 de febrero)

Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

[…]

32Samai, índice 5, documento electrónico con certificado 4331EA1BD671FBB3 B89888AACFE34ED0
23B9842FFC87E4B8 B4F7D479C5A019A8 denominado “ED - DEMANDA Y ANEXOS -3-DEMANDA
NULIDAD SUMPLE UNICAUCA- ROBERTH CAMACHO .pdf(.pdf)”, págs. 91 – 105.

13

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

ARTÍCULO SEXTO.- Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa de Derecho:
[…] Requisito de grado:

[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La reforma curricular adoptada mediante el presente
Acuerdo rige para los estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011.
[…]

ARTÍCULO OCTAVO.- Para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar
las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios […].

En el presente asunto, la Sala encuentra acreditado que el señor Camacho Chilito se
matriculó por primera vez en el programa de Derecho de la Universidad del Cauca en el
primer período académico de 201333, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia
del plan de estudios adoptado mediante el Acuerdo núm. 002 de 2011, de ahí que le
resultara exigible el requisito consistente en presentar y aprobar los exámenes
preparatorios para optar al título profesional de abogado.

En efecto, en el expediente obra el siguiente documento -formato de matrícula obrante
en su historia académica-:

También se encuentra demostrado que, durante los años 2017 y 2018, el tercero con
interés presentó algunos de los exámenes preparatorios exigidos, salvo el
correspondiente al área de derecho penal, y reprobó la mayoría de aquellos que presentó,
según se desprende de las respectivas actas de registro de calificación allegadas al
plenario, las cuales se sintetizan en el siguiente cuadro:

33Samai, índice 5, documento electrónico con certificado 4331EA1BD671FBB3 B89888AACFE34ED0
23B9842FFC87E4B8 B4F7D479C5A019A8 denominado “ED - DEMANDA Y ANEXOS -3-DEMANDA
NULIDAD SIMPLE UNICAUCA- ROBERTH CAMACHO .pdf(.pdf)”, pág. 39.

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Fecha de Examen preparatorio Calificación Estado
presentación
09/06/2017 Derecho Constitucional 2,3 Perdido34

Ago/201735 Derecho Laboral 2,4 Perdido36

06/09/2017 Derecho Constitucional 2,8 Perdido37

18/10/2017 Derecho de Familia 2,4 Perdido38

14/02/2018 Derecho Laboral 3,0 Aprobado39

07/03/2018 Derecho de Familia 2,0 Perdido40

04/04/2018 Derecho Constitucional 3,0 Aprobado41

02/05/2018 Derecho Administrativo 1,5 Perdido42

30/05/2018 Derecho Procesal Civil 1,8 Perdido43

13/06/2018 Derecho de Bienes, Obligaciones y 1,4 Perdido44
Contratos
10/10/2018 Derecho Administrativo 1,3 Perdido45

07/11/2018 Derecho de Familia 1,6 Perdido46

28/11/2018 Derecho de Bienes, Obligaciones y 1,0 Perdido47
Contratos

Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad del Cauca, por conducto de la Decana de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, expidió el paz y salvo académico de
30 de abril de 2019 en el que hizo constar lo que sigue48:

Que Robert Alexander Camacho Chilito. identificado con cédula de ciudadanía
número […] expedida en Bolívar Cauca y código estudiantil […], cursó y aprobó en
esta Facultad todas las asignaturas y requisitos académicos que integran el plan de
estudios del Programa de Derecho, durante los períodos académicos comprendidos
entre el primer período de 2013 y hasta el segundo período de 2017.

Acreditó la práctica jurídica según la resolución No. 405 del 15 de enero de 2019
emanada del Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Registro de Abogados con
la cual compensa la presentación de trabajo de grado o monografía, cumpliendo de
esta forma con todos y cada uno de los requisitos que establecen los reglamentos de
la Universidad del Cauca para optar por el título de Abogado.

34 Ibidem, pág. 59.
35 Si bien en el acta de calificación del examen no obra fecha esta se extrae del informe de verificación.
36 Samai, índice 5, documento electrónico con certificado 4331EA1BD671FBB3 B89888AACFE34ED0
23B9842FFC87E4B8 B4F7D479C5A019A8 denominado “ED - DEMANDA Y ANEXOS -3-DEMANDA
NULIDAD SUMPLE UNICAUCA- ROBERTH CAMACHO .pdf(.pdf)”, pág. 60.
37 Ibidem, pág. 61.
38 Ibidem, pág. 62.
39 Ibidem, pág. 53.
40 Ibidem, pág. 63.
41 Ibidem, pág. 52.
42 Ibidem, pág. 64.
43 Ibidem, pág. 65.
44 Ibidem, pág. 66.
45 Ibidem, pág. 67.
46 Ibidem, pág. 68.
47 Ibidem, pág. 69.
48 Ibidem, pág. 56

15

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Como se observa, en el paz y salvo se mencionó que el entonces estudiante había
aprobado todas las asignaturas y requisitos académicos del plan de estudios del
programa de Derecho “hasta el segundo período de 2017”. Sin embargo, tal afirmación
no se acompasa con las actas de calificación, pues de estas se desprende que, para el
28 de noviembre de 2018, el señor Camacho Chilito aún se encontraba presentando el
preparatorio de derecho de bienes, obligaciones y contratos, examen que, además,
reprobó.

Con fundamento en dicha certificación y en los demás antecedentes académicos, la
Universidad del Cauca expidió la Resolución núm. 383 del 15 de mayo de 201949, el Acta
de Grado núm. 28 del 14 de junio de 201950, y el Diploma núm. 642-19 de 14 de junio de
201951, actos mediante los cuales le confirió el título profesional de abogado al señor
Robert Alexander Camacho Chilito.

No obstante lo anterior, el 21 de junio de 201952, la Universidad del Cauca, por intermedio
de su rector y representante legal, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de
la Nación, en la que puso de manifiesto que se habían advertido presuntas irregularidades
en el procedimiento de registro de los exámenes preparatorios del programa de Derecho.

En particular, señaló que la institución recibió comunicaciones anónimas en las que se
informaba sobre la posible modificación irregular de las calificaciones en el SIMCA, con
el propósito de registrar como aprobados exámenes preparatorios que no contaban con
el soporte académico correspondiente. Asimismo, indicó que, a raíz de esa información,
la Oficina de Control Interno adelantó una auditoría al referido procedimiento y advirtió
inconsistencias entre las calificaciones reportadas en dicho sistema y los documentos
obrantes en los archivos institucionales, así como múltiples registros efectuados en un
mismo momento, circunstancias que, en criterio de la universidad, evidenciaban posibles
riesgos de gestión y corrupción en el trámite de verificación de los requisitos de grado.

De conformidad con el expediente penal aportado al proceso, la investigación adelantada
por dichos hechos, según lo informado por la Fiscalía 004 Seccional Administración
Pública el 14 de febrero de 202253, se encontraba en etapa de imputación, con escrito de
acusación presentado y pendiente de audiencia. Asimismo, indicó que varios funcionarios
de la Universidad del Cauca fueron vinculados con medida de aseguramiento de
detención preventiva en lugar de residencia, entre ellos la señora Gloria Mercedes
Belalcázar Fernández, a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir
agravado, fraude procesal, falsedad material en documento público, obtención de
documento falso, acceso abusivo a un sistema informático y cohecho propio, por su
presunta intervención en 774 eventos de modificación de notas en el SIMCA54.

49 Ibidem, págs. 78 – 84.
50 Ibidem, pág. 76.
51 Ibidem, pág. 77.
52 Samai, índice 80, documento electrónico con certificado 69A1C43F972210D4 0A98E81E9BCBC0A3
DE712B851EB7DAF8 54BFDF9FEFC19187 denominado “ONEDRIVE2442024ZIP(.zip)”, carpeta
“Carpetas”, documento “2019”, págs. 9 – 14.
53 Samai, índice 80, documento electrónico con certificado 69A1C43F972210D4 0A98E81E9BCBC0A3

DE712B851EB7DAF8 54BFDF9FEFC19187 denominado “ONEDRIVE2442024ZIP(.zip)”, carpeta
“Carpetas”, documento “2022”, págs. 13 – 32.
54 La legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento tuvo lugar el 17 de

diciembre de 2020, de acuerdo con el acta de audiencia obrante en: Samai, índice 80, documento
electrónico con certificado 69A1C43F972210D4 0A98E81E9BCBC0A3 DE712B851EB7DAF8
54BFDF9FEFC19187 denominado “ONEDRIVE2442024ZIP(.zip)”, carpeta “Carpetas”, documento “2020”,
págs. 1423 – 1436.

16

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Con ocasión de las irregularidades advertidas, la Universidad del Cauca profirió la
Resolución núm. R-695 de 30 de julio de 201955, mediante la cual conformó un equipo de
seguimiento encargado de verificar el cumplimiento de dicho requisito académico56.

En desarrollo de esa labor, el equipo de seguimiento confrontó la información registrada
en el SIMCA 2.0 con los soportes físicos obrantes en la historia académica del estudiante,
los registros de la División de Admisiones, Registro y Control Académico (DARCA), las
actas de calificación y el reporte de pagos efectuados por concepto de preparatorios en
el sistema de recaudos SQUID. De esa revisión concluyó que el señor Camacho Chilito
tenía siete registros de preparatorios aprobados en el SIMCA 2.0, pero solo dos de ellos,
los correspondientes a derecho laboral y derecho constitucional, contaban con soporte
documental. Así consta en el informe57:

[…] IV. CONCLUSIONES

1. El señor CAMACHO CHILITO ROBERT ALEXANDER, cédula de ciudadanía No
[…] y código estudiantil […], presenta siete (7) registros de preparatorios con nota
aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes
de información (registro informático y soportes físicos) se estableció que dos (2) de
ellos cuentan con soporte documental en la historia académica:

Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Derecho Constitucional

2. Los preparatorios de Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Bienes,
Obligaciones y Contratos, Derecho Procesal Civil, y Derecho de Familia registrados
el 7 de diciembre de 2018 estado de aprobados en el período académico 2017.2,
2017.1, 2017.1, 2017.2 y 2018.1, respectivamente, carecen de evidencia física o
documental en la hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última
condición se indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del
que se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con la “modalidad”
que refiere a la forma de presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral;
“fecha de presentación” que alude al día, mes y año de presentación del examen
preparatorio; “calificación” que detalla la nota cualitativa o cuantitativa que el
estudiante obtuvo en el examen preparatorio.

PERIODO IDENTI APELLIDOS MATERIA MODALIDAD FECHA DE CALIFICACIÓN SIN ESTADO FECHA USUARIO
NOTA NOMBRES PRESENTA SOPORTE NOTA NOTA
EN HOJA
FÍSICA
2017.2 […] CAMACHO Preparatorio X Aprobado 07/12/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho ALCAZAR
ROBERT Penal
ALEXANDER
2017.1 […] CAMACHO Preparatorio X Aprobado 07/12/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho ALCAZAR
ROBERT Administrativo
ALEXANDER
2017.1 […] CAMACHO Preparatorio X Aprobado 07/12/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho ALCAZAR
ROBERT Bienes,
ALEXANDER Obligaciones
y Contratos
2017.2 […] CAMACHO Preparatorio X Aprobado 07/12/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho ALCAZAR
Procesal Civil

55 "Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académico

administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa de Derecho de la Universidad del
Cauca".
56 Como se advierte en el informe sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de grado

(preparatorios) obrante en: Samai, índice 5, documento electrónico con certificado 4331EA1BD671FBB3
B89888AACFE34ED0 23B9842FFC87E4B8 B4F7D479C5A019A8 denominado “ED - DEMANDA Y
ANEXOS -3-DEMANDA NULIDAD SUMPLE UNICAUCA- ROBERTH CAMACHO .pdf(.pdf)”, págs. 19 –
27.
57 Ibidem, págs. 19 – 27.

17

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

ROBERT
ALEXANDER
2017.1 […] CAMACHO Preparatorio X Aprobado 07/12/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho de ALCAZAR
ROBERT Familia
ALEXANDER
2017.1 […] CAMACHO Preparatorio ESCRITO 14/02/2018 3 Aprobado 10/09/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho ALCAZAR
ROBERT Laboral
ALEXANDER
2017.1 […] CAMACHO Preparatorio ESCRITO 4/04/2018 3 Aprobado 18/10/18 GLORIABEL
CHILITO Derecho ALCAZAR
ROBERT Constitucional
ALEXANDER

3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca - SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer período académico de 2011 y el primer período académico de 2019, la (sic)
estudiante CAMACHO CHILITO ROBERT ALEXANDER efectuó trece (13) pagos por
concepto de preparatorios, dos (2) asociados a preparatorios aprobados y once (11)
a preparatorios perdidos.

Tabla pago derechos pecuniario exámenes preparatorios CAMACHO CHILITO ROBERT ALEXANDER
ID FECHA VALOR DETALLE NOTA
FACTURA FACTURA PREPARATORIO
25983664 1-jun-2017 $37.000 CONSTITUCIONAL PERDIDO (2,3)
09/06/2017
26117176 9-ago-2017 $37.000 LABORAL PERDIDO
AGO/2017
26156470 29-ago-2017 $37.000 EXAMEN PREPARATORIO PERDIDO (2,8)
CONSTITUCIONAL 06/09/2017
26238390 9-oct-2017 $37.000 FAMILIA PERDIDO (2,4)
18/10/2017
26492777 6-feb-2018 $39.000 DERECHO LABORAL APROBADO
14/02/2018
26555602 26-feb-2018 $39.000 FAMILIA PERDIDO (2,0)
07/03/2018
26600323 20-mar-2018 $39.000 CONSTITUCIONAL APROBADO
04/4/2018
26660123 24-abr-2018 $39.000 ADMINISTRATIVO PERDIDO (1,5)
02/05/2018
26718769 23-may-2018 $39.000 PROCESAL CIVIL PERDIDO (1,8)
30/05/2018
26723646 5-jun-2018 $39.000 PREPARATORIO BIENES PERDIDO (1,4)
13/06/2018
26867289 3-oct-2018 $39.000 PREPARATORIO PERDIDO (1,3)
ADMINISTRATIVO 10/10/2018
26901962 29-oct-2018 $39.000 FAMILIA PERDIDO (1,6)
07/11/2018
26934214 26-nov-2018 $39.000 BIENES PERDIDO (1,0)
28/11/2018

4. Conforme a lo anterior:

4.1. El preparatorio de Derecho Penal aparece registrado como aprobado en
2017.2 (con fecha de registro el 7 de diciembre de 2018), sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer período académico de 2011 y el primer período académico de 2019,
no reporta pagos por este concepto y no existe soporte documental del
mismo.

4.2. El preparatorio Derecho Administrativo aparece registrado como
aprobado en 2017.1 (con fecha de registro 07 de diciembre de 2018); sin
embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en dos (02)
oportunidades así:

• 02 de mayo de 2018, calificación uno punto cinco (1.5) no aprobado
• 10 de octubre de 2018 calificación uno punto tres (1.3) no aprobado

18

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Entre la última fecha de presentación del preparatorio Derecho Administrativo
y la fecha de registro de aprobación inconsistente en SIMCA (7 de diciembre
de 2018), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su
presentación y nota aprobatoria.

4.3. El preparatorio Derecho Bienes, Obligaciones y Contratos, aparece
registrado como aprobado en 2017.1 (con fecha de registro 7 de diciembre
de 2018), sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en dos
(02) oportunidades así:

• 13 de junio de 2018, calificación uno punto cuatro (1.4) no aprobado
• 28 de noviembre de 2018, calificación uno punto cero (1.0) no aprobado

Entre la última fecha de presentación del preparatorio Derecho Bienes,
Obligaciones y Contratos y la fecha de registro de aprobación inconsistente
en SIMCA (7 de diciembre de 2018). no se encontraron pagos ni soportes que
acrediten su presentación y nota aprobatoria.

4.4. El preparatorio Derecho Procesal Civil, aparece registrado como
aprobado en 2017.2 (con fecha de registro 7 de diciembre de 2018); sin
embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en una oportunidad
(1) así.

• 30 de mayo de 2018, calificación uno punto ocho (1,8) no aprobado;

Entre la fecha de presentación del preparatorio Derecho Procesal Civil y la
fecha del registro de aprobación inconsistente en SIMCA (7 de diciembre de
2018), no se encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y
nota aprobatoria.

4.5. El preparatorio de Derecho de Familia aparece registrado como
aprobado en 2018.1 (con fecha de registro 7 de diciembre de 2018); sin
embargo fue presentado y reprobado por el estudiante en tres
oportunidades (3) así.

• 18 de octubre de 2017, calificación dos punto cuatro (2.4) no aprobado;
• 7 de marzo de 2018, calificación dos punto cero (2.0) no aprobado;
• 7 de noviembre de 2018, calificación uno punto seis (1.6) no aprobado.

Entre la fecha de presentación del preparatorio Derecho Familia y la fecha del
registro de aprobación inconsistente en SIMCA (7 de diciembre de 2018), no se
encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y nota aprobatoria
[Negrillas fuera de texto].

De lo anterior se desprende una inconsistencia relevante en la información registrada en
el SIMCA 2.0, pues dicho sistema reportó como presentados y aprobados varios
exámenes preparatorios en períodos académicos en los que, conforme a las actas de
calificación y a los soportes de pago, aquellos ni siquiera habían sido presentados por el
señor Camacho Chilito.

En efecto, el SIMCA 2.0 registró como aprobados los preparatorios de derecho
administrativo en el período 2017.1; bienes, obligaciones y contratos en el período
2017.1; derecho procesal civil en el período 2017.2, y derecho de familia en el período
2018.1. Sin embargo, de las actas de calificación y de los comprobantes de pago se
advierte que fue durante el año 2018 cuando el entonces estudiante presentó la mayoría
de dichos exámenes, los cuales, además, fueron reprobados. A ello se suma que el

19

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

preparatorio de derecho penal aparece aprobado en el sistema, pese a que no obra
prueba de que aquel hubiera sido presentado.

Así las cosas, aunque en el SIMCA 2.0 aparecían como aprobados los exámenes
preparatorios, lo cierto es que como quedó acreditado a partir de los registros de
calificación, del reporte de pagos por concepto de dichos exámenes remitido por la
División de Gestión Financiera y la historia académica del estudiante suministrada por la
DARCA, el egresado Robert Alexander Camacho Chilito no cumplía los requisitos
exigidos para obtener el título profesional que le fue otorgado.

Con lo anterior, para la Sala no existe duda de que el señor Robert Alexander Camacho
Chilito no acreditó la presentación y aprobación de cinco de los siete exámenes
preparatorios exigidos para optar al título de abogado, puesto que, se itera, si bien en el
SIMCA 2.0 aparecían registros de aprobación respecto de esos preparatorios, tales
anotaciones fueron desvirtuadas por la revisión integral de las fuentes académicas,
documentales y financieras de la universidad.

Así pues, a pesar de que el tercero con interés directo en las resultas del proceso fue
enfático en señalar que cumplió con el requisito de presentar y aprobar los exámenes
preparatorios previstos en el reglamento, sus argumentos se dirigieron principalmente a
cuestionar la organización y conservación de los archivos por parte de la Universidad del
Cauca, sin aportar elementos de juicio que acreditaran la presentación y aprobación de
los exámenes respecto de los cuales la parte actora solicitó la nulidad de los actos
acusados, esto es, los preparatorios correspondientes a las áreas de derecho penal,
derecho procesal civil, derecho administrativo, derecho de familia y derecho de bienes,
obligaciones y contratos.

Por consiguiente, no le bastaba al señor Camacho Chilito cuestionar exclusivamente el
manejo que la actora da al historial académico de sus estudiantes, pues le correspondía
acreditar dentro del proceso que, efectivamente, había cumplido con los exámenes
preparatorios a los que hace referencia la demanda, lo cual no ocurrió.

La Sala no desconoce que la institución presentó deficiencias en sus procesos de gestión
documental y de registro académico; sin embargo, esa circunstancia no permite tener por
cumplido un requisito de grado cuando no existen soportes que acrediten la presentación
y aprobación de los preparatorios y, además, los registros financieros y las actas de
calificación disponibles muestran resultados reprobatorios. En ese sentido, aunque el
tercero interesado cuestionó la organización y conservación de los archivos de la
Universidad del Cauca, dicho argumento no tiene la entidad suficiente para desvirtuar las
conclusiones probatorias antes reseñadas.

Tampoco resulta de recibo que el tercero pretenda ampararse exclusivamente en la
existencia de registros favorables en el SIMCA 2.0, pues el sistema de información
académica no puede examinarse de manera aislada, menos aun cuando existen
inconsistencias entre ese registro y los demás documentos que integran la historia
académica del estudiante. En tales eventos, corresponde valorar integralmente las actas,
los soportes físicos, los pagos efectuados y las demás fuentes disponibles, a fin de
establecer si el requisito fue efectivamente cumplido, lo que en este caso permitió concluir
que el señor Camacho Chilito no había satisfecho el requisito de grado consistente en la
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios.

20

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Cabe señalar que, como lo ha sostenido la Sala en casos análogos al que ahora se
examina58, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante, una vez accedió al
sistema de registro académico de la universidad para consultar sus calificaciones, era el
de informar oportunamente a las autoridades académicas sobre las inconsistencias
advertidas en sus resultados, y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden
administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento de los requisitos
exigidos.

Lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la profesión de abogado
se encuentra estrechamente vinculada a la búsqueda de un orden justo, en tanto, como
lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, “[…] la abogacía tiene como
función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento
del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de
justicia […]”59.

Por todo lo expuesto, se configura la causal de falsa motivación alegada, pues la decisión
de otorgar el título profesional se apoyó en un presupuesto fáctico contrario a la realidad
probada en el expediente. Del mismo modo, se concretó la infracción de las normas en
que debían fundarse los actos acusados, en tanto se desconoció el régimen académico
interno establecido en los artículos 6 y 8 del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 que
exigía la presentación y aprobación de los exámenes preparatorios como requisito de
grado.

58 Postura reiterada por la Sala, entre otras, sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación n.° 11001-03-

24-000-2020-00260-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Reiterada, sentencia de 2 de noviembre de
2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00256-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, y en sentencia
de 26 de septiembre de 2024, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00242-00, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
59 Sobre este aspecto en sentencia de 31 de julio de 2023, se indicó: “[…] 162. De acuerdo con la

jurisprudencia de esta Corporación, la profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:
[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 1992 59 y del 18 de abril de 199759, el Consejo de Estado
se encargó de definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión de abogado”, así: “El ejercicio
de la profesión de abogado es una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los términos
precisos de la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, o sea `...
defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar
dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa de causas
ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos jurídicos. Esta concepción tradicionalista por
considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del 1 de octubre de 1992
dictada en el expediente No. 0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en la
medida que el punto es materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las actividades
comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación del requisito
constitucional, quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).
163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados a cumplir los fines previstos en los
artículos 1° y 2° del Decreto 196 de 1971, a saber:
Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación
y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida
administración de justicia.
Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los
particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación- y
desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el primer rasero para que la ciudadanía
pueda contar con servicios profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al conferir un
título, el centro universitario certifica que formó a un servidor de la justicia capaz de promover acciones
individuales y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.
165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades deben verificar que ese estudiante cuente
con las competencias necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares éticos y jurídicos,
en el marco de los 21 deberes previstos en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado del
Despacho que se cita)

21

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

En consecuencia, la Sala considera que procede declarar la nulidad del artículo 1 (parcial)
de la Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019, del Acta de Grado núm. 28 del 14 de
junio de 2019, y del Diploma núm. 642-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales
se otorgó el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito, en tanto
transgreden los artículos 6 y 8 del Acuerdo núm. 002 de 2011.

3.5.2. De los argumentos de oposición

(i) Naturaleza de la Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019

El tercero interesado sostuvo que la Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019 no
podía ser objeto de control judicial, por tratarse, a su juicio, de un acto de trámite. La Sala
no comparte dicha apreciación, por cuanto, como se desprende del contenido del
mencionado acto, este no se limita a impulsar una actuación administrativa ni a preparar
una decisión posterior, sino que contiene una determinación concreta, particular y
definitiva, en cuanto dispuso conferir el título profesional a quienes fueron incluidos en él.

En efecto, mediante la citada resolución, la Universidad del Cauca resolvió otorgar, entre
otros, el título de abogado al señor Robert Alexander Camacho Chilito, con lo cual produjo
efectos jurídicos directos frente a este y contribuyó a consolidar la situación jurídica
particular consistente en el reconocimiento del título profesional.

Sobre este punto, esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto de
contornos fácticos y jurídicos similares, relacionado con la validez del mismo acto que se
controvierte en el presente asunto, mediante el cual la Universidad del Cauca otorgó el
título de abogado a estudiantes del programa de Derecho, en los siguientes términos:

Frente a este argumento [la Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019 es un acto
de trámite], la Sala advierte que, contrario a lo señalado por la interesada, examinado
el contenido de la resolución a través de la cual la institución educativa confiere los
títulos académicos de pregrado se tiene que, es a través de esta, como del acta de
grado y el diploma, que se crea la situación jurídica para quien obtuvo el título
profesional cuestionado, pues expresamente en el ordinal primero de este acto el
representante de la institución educativa en uso de sus facultades legales decide
respecto de los estudiantes que han reunido los requisitos de ley y exigidos por cada
unidad académica y demás instancias administrativas, que se «les confiere el título»,
en ese sentido, con estos se adopta la decisión definitiva y particular de titulación60.

Así, habida cuenta de que la Resolución núm. 383 de 15 de mayo de 2019 no constituye
un simple antecedente administrativo para la graduación, sino uno de los actos mediante
los cuales la Universidad del Cauca exteriorizó su voluntad definitiva de conferir el título
profesional, se tiene que, esta junto con el acta de grado y el diploma, integran el conjunto
de actos que materializaron la decisión de titulación y, en consecuencia, es susceptible
de control judicial.

En vista de lo anterior, el argumento no está llamado a prosperar.

(ii) Aplicabilidad del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011

Esta Sección61 ha sostenido de manera pacífica que el Acuerdo Académico núm. 002 de
2011, expedido por el Consejo Académico de la Universidad del Cauca, es una norma
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero

de 2025, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00259-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
61 En este sentido, consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, radicación n.º 11001-03-

22

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes que se matricularon
por primera vez o reingresaron al programa de Derecho a partir del segundo período
académico de 2011, y que dicho reglamento exige, como requisito de grado, la
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios.

En efecto, en providencia de 17 de octubre de 202462, la Sala precisó que los artículos 6,
7 y 8 del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 adoptaron el plan de estudios del
programa de Derecho, fijaron el ámbito temporal de aplicación de la reforma curricular y
establecieron, entre los requisitos para optar al título de abogado, la obligación de
presentar y aprobar los exámenes preparatorios, así:

Sobre el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011

32. La Sala advierte, para efectos de resolver el caso concreto, que los artículos 5.°,
6.° y 7.°(sic63) del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 prevén que, para optar al
título de abogado, se deben presentar y aprobar los exámenes preparatorios, así:

“[…] ARTÍCULO QUINTO (sic64) - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa
de Derecho:

[…]

[…]

ARTÍCULO SEXTO (sic65)- La reforma curricular adoptada mediante el presente
Acuerdo rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen
al programa de Derecho en el segundo período académico de 2011.
[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO (sic66) - Para optar al título de abogado, además de cursar y
aprobar las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (negrita y subrayado de la Sala).

24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 2 de noviembre de 2023,
radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00241-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de 26 de
septiembre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00293-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez;
sentencia de 3 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00244-00, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez; sentencia de 3 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00245-00,
C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; sentencia de 10 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-
000-2020-00263-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 17 de octubre de 2024, radicación n.º
11001-03-24-000-2020-00292-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; sentencia de 27 de febrero de
2025, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00252-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y sentencia de
20 de marzo de 2025, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00258-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre

de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00292-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
63 Realmente se refiere a los artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo Académico 002 de 2011.
64 Artículo sexto.
65 Artículo séptimo.
66 Artículo octavo.

23

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

En esa misma línea, esta Sección67 ha sostenido que el referido Acuerdo núm. 002 de
2011, reglamentado por el Acuerdo núm. 001 de 201468, constituye una norma vinculante
y de obligatorio cumplimiento para aquellos “estudiantes que se matricularon por primera
vez o reingresaron al programa de Derecho en el segundo período académico de 2011”,
según lo previsto en su artículo 7 transcrito. Ello, en la medida en que dicho régimen
incorporó la aprobación de los exámenes preparatorios como componente obligatorio del
currículo académico, requisito cuya presentación y aprobación debe encontrarse
acreditada en las respectivas constancias documentales, tanto físicas como virtuales.

De lo anterior se sigue que el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 sí resultaba
aplicable al señor Robert Alexander Camacho Chilito, pues ingresó al programa de
Derecho en el primer período académico de 2013, esto es, con posterioridad al momento
a partir del cual empezó a regir el plan de estudios adoptado por dicha normativa, tal
como consta en el respectivo formato de matrícula obrante en su historia académica:

Valga aclarar que la interpretación propuesta por el tercero interesado desconoce el
principio del efecto útil de las normas, en tanto restringe la aplicación del requisito al
segundo período académico de 2011, como si la reforma curricular hubiera regido
únicamente para una cohorte específica, lo que no se desprende del texto del acuerdo.
Lo razonable es entender la mención a dicha fecha como el inicio de vigencia del nuevo

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
68 “ARTÍCULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud académica y profesional, para evaluar

los conocimientos generales sobre las diferentes asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación
socio humanística del estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con los
departamentos establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes preparatorios.
ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las siguientes ramas del
Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas, Derecho de las relaciones
Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal Especial y Principios y
Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal
y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de Familia: Derecho Privado
Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil General; Derecho
Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial (…)”.

24

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

plan de estudios, aplicable a quienes se matricularon o reingresaron a partir de ese
momento69.

Además, la conducta del tercero interesado permite advertir que el requisito le era
exigible, pues, según obra en el expediente, presentó exámenes preparatorios para optar
al título profesional, lo cual evidencia que su situación académica se encontraba
sometida al cumplimiento de esa exigencia.

Ahora bien, en cuanto al argumento del coadyuvante relativo a la supuesta falta de
competencia del órgano que expidió el Acuerdo núm. 002 de 2011, por no haber sido
emitido por el Consejo Superior Universitario, la Sala advierte que esta Sección también
ha descartado dicho reparo en asuntos análogos.

Al respecto, se ha señalado que ese cuestionamiento no tiene vocación de prosperidad,
en la medida en que en este proceso no se discute la legalidad del mencionado acuerdo,
el cual goza de presunción de legalidad y conserva su fuerza ejecutoria70. Aun así, es
importante señalar que la Sala desestimó dicho reparo, precisando que el Consejo
Académico sí tenía competencia para aprobar reformas curriculares de programas
existentes.

En efecto, en sentencia de 31 de julio de 202371, la Sala explicó que la Ley 552 de 1999
eliminó la exigencia legal de los exámenes preparatorios como requisito mínimo para

69 Así lo interpretó esta Sección en sentencia de 6 de febrero de 2025, radicación n.º 11001-03-24-000-

2020-00259-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
70 Postura sostenida, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de 2023, radicación n.º 11001-
03-24-000-2022-00122-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de 26 de septiembre de 2024,
radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00293-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 3 de
octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00244-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez;
sentencia de 3 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00245-00, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes; sentencia de 10 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00263-00,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 27 de febrero de 2025, radicación n.º 11001-03-24-000-
2020-00252-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; y sentencia de 20 de marzo de 2025, radicación n.º
11001-03-24-000-2020-00258-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
71 En la sentencia de 31 de julio de 2023, con radicación n.º 11001-0324-000-2020-00240-00, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés, se explicó este aspecto in extenso, en los siguientes términos: “([…] [E]n lo
relacionado con el deber legal de los estudiantes de aprobar los exámenes preparatorios a efectos de
ejercer esta profesión, cabe recordar que la Ley 552 de 30 de diciembre de 1999 71 eliminó aquella exigencia
legal […]
63. Como puede apreciarse, la Ley 552 de 1999 disminuyó las condiciones legales mínimas de obligatorio
cumplimiento que deben acatar los entes universitarios al conferir un título ante la culminación del programa
de Derecho. Sin embargo, en la sentencia C-1053 de 200171, la Corte Constitucional señaló que las
universidades, en ejercicio de su autonomía, podían prever requisitos académicos más exigentes que los
previstos por el legislador […].
67. De acuerdo con los criterios jurisprudenciales transcritos, se tiene que la Universidad del Cauca
estaba facultada para incluir en el programa académico de Derecho el requisito de cursar y aprobar
los exámenes preparatorios como una exigencia previa a la obtención del título de abogado.
68. En este contexto, resulta pertinente precisar que el Estatuto Académico de la Universidad del Cauca
(Acuerdo 036 de 2011), reguló el proceso de formulación y aprobación de los programas académicos y de
sus reformas, en los siguientes términos:
[…] ARTÍCULO 41. Los programas académicos de la Universidad seguirán un proceso de caracterización,
estudio de demanda, diseño, formulación, discusión, aprobación, planeación, implementación, evaluación
y prospección. Para la administración de los programas académicos se distinguen las siguientes etapas:
diseño/formulación, aprobación, ejecución y evaluación.
Para cada una de estas etapas se establece un modelo organizativo de responsabilidades.
ARTÍCULO 42. Etapa de diseño y formulación
Sin perjuicio de disposiciones legales que rigen esta materia, la formulación de programas académicos de
la Universidad, en conformidad con sus tipos y modalidades, debe abarcar, cuando menos, los siguientes
aspectos: (…)

25

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

obtener el título de abogado; sin embargo, conforme a la sentencia C-1053 de 2001, las
universidades, en ejercicio de su autonomía, pueden establecer requisitos académicos
más exigentes que los previstos por el legislador. En ese contexto, la Universidad del
Cauca estaba facultada para incorporar la aprobación de preparatorios como requisito
previo al otorgamiento del título.

La Sala también examinó los artículos 8, 41, 42, 43 y 44 del Estatuto Académico de la
Universidad del Cauca (Acuerdo núm. 036 de 2011) y precisó que las autoridades
competentes para crear o autorizar un programa académico son distintas de aquellas
encargadas de aprobar sus reformas. En el primer evento intervienen el Consejo de

i. El currículo y el plan de asignaturas y demás actividades educativas, que evidencien las
dimensiones curriculares establecidas en el presente estatuto junto con sus requisitos y créditos
académicos. (…)
k. Las estrategias y metodologías de enseñanza y de aprendizaje, las formas de seguimiento y de
evaluación de las diferentes actividades y del programa en su conjunto, así como los recursos
necesarios para desarrollarlas.
l. La certificación a que conduce y los requisitos para su otorgamiento. (…)
ARTÍCULO 43. Competencias de los organismos
Adicionalmente a lo dispuesto en la estructura funcional y demás normas, compete al Consejo de Facultad
proponer la viabilidad de nuevos programas, conformar comités para su construcción y proponer al Rector
la designación de los Coordinadores. Corresponde a los Comités de Programa participar en las tareas de diseño, gestión, evaluación y
mejoramiento; su integración y funciones serán determinadas por normas reglamentarias. ARTÍCULO 44. Etapa de aprobación
Compete a los Consejos de Facultad avalar las propuestas de creación o reformas de los programas
de acuerdo con los lineamientos institucionales. Corresponde al Consejo Académico recomendar la creación o aprobar las reformas a los programas de
acuerdo con las políticas institucionales y del orden nacional en materia de educación superior. La creación y autorización del funcionamiento de los programas conducentes a título es competencia
del Consejo Superior, previo concepto del Consejo Académico […] (negrillas y subrayado fuera del texto)
69. Adicionalmente, el mismo Estatuto Académico de la Universidad del Cauca definió la estructura
académico-administrativa, en los siguientes términos:
[…] ARTÍCULO 8. La estructura académico-administrativa: Desde el punto de vista administrativo, los estudiantes están adscritos a las Facultades a través de la
matrícula en los programas académicos. El responsable administrativo directo es el Decano. Las
instancias superiores son el Consejo de Facultad, la Rectoría, el Consejo Académico y el Consejo
Superior. Las Vicerrectorías son organismos de coordinación y asesoría para todas estas instancias,
cumplen funciones delegadas de la Rectoría. (…)
Los programas son administrados por las Facultades, con apoyo de la Coordinación de Programa
y el Comité de Programa. La instancia decisoria primaria sobre los programas es el Consejo de
Facultad. Instancias administrativas superiores son el Consejo Académico y el Consejo Superior, con
apoyo de la Vicerrectoría Académica y el Comité Curricular Central. […] (negrillas fuera del texto)
70. Como puede apreciarse de la lectura de la normatividad transcrita, los programas académicos de la
Universidad del Cauca deben contemplar los requisitos exigibles a los estudiantes para el otorgamiento del
título, así mismo señalaran el alcance del curriculum y las respectivas estrategias de evaluación. 71. Sumado a lo anterior, las autoridades competentes a la hora de crear o autorizar un programa, son
distintas a las encargadas de su reforma. En el primer evento, la creación implica la intervención del
Consejo de Facultad y del Consejo Superior. Por el contrario, en materia de modificaciones el
Consejo de Facultad promueve los cambios, y el Consejo Académico los aprueba. En todo caso, una
vez el programa es aprobado, este será administrado por las Facultades, con apoyo de la Coordinación de
Programa y del Comité de Programa.
[Como se aprecia] es una realidad que el coadyuvante del tercero interesado en las resultas del proceso
se equivoca cuando afirma que el Consejo Académico carecía de competencia para expedir el Acuerdo 02
de 2011, porque confunde la función del Consejo Académico consistente en aprobar las reformas
curriculares de los programas existentes, con la atribución del Consejo Superior asociada crear o autorizar
el funcionamiento de un programa nuevo. 80.

Tampoco resulta cierto que la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la universidad
demandante no estuviera habilitada para reglamentar los aspectos administrativos relacionados con el
desarrollo de esa prueba. Por el contrario, el artículo 53 del Reglamento Estudiantil, así como el artículo 8º
del Estatuto Académico determinan expresamente que «los programas son administrados por las
Facultades, con apoyo de la Coordinación de Programa y el Comité de Programa. La instancia decisoria
primaria sobre los programas es el Consejo de Facultad»”.

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

Facultad y el Consejo Superior; en el segundo, el Consejo de Facultad promueve los
cambios y el Consejo Académico los aprueba. A su vez, una vez aprobado el programa,
este es administrado por la respectiva Facultad, con apoyo de la Coordinación de
Programa y del Comité de Programa.

Por ello, la Sección concluyó que el coadyuvante confundía la función del Consejo
Académico de aprobar reformas curriculares de programas existentes con la atribución
del Consejo Superior de crear o autorizar el funcionamiento de programas nuevos.
También precisó que la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales estaba
habilitada para reglamentar los aspectos administrativos relacionados con el desarrollo
de los preparatorios, conforme al Reglamento Estudiantil y al Estatuto Académico.

Así las cosas, el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 fue expedido por la autoridad
universitaria competente, dentro del marco de la autonomía universitaria y de las
competencias internas previstas para la modificación y administración de los programas
académicos. En consecuencia, dicho reglamento era vinculante para el señor Camacho
Chilito y le imponía el deber de presentar y aprobar los exámenes preparatorios como
requisito para optar al título de abogado.

Por lo anterior, los argumentos formulados por el tercero interesado y el coadyuvante
sobre este aspecto, así como la excepción de inexistencia de la norma violada, no están
llamados a prosperar.

(iii) La escogencia de otras modalidades de grado prevista en el Acuerdo núm. 027
de 201272

El coadyuvante sostuvo que los exámenes preparatorios no podían exigirse como
requisito obligatorio para la obtención del título profesional, pues el Acuerdo núm. 027 de
2012 contempló distintas modalidades de trabajo de grado, entre ellas, el trabajo de
investigación, la práctica profesional, los estudios de profundización, los exámenes
preparatorios, la actividad proyectual y el concierto de grado (artículo 3) y, por tanto, el
estudiante podía escoger entre ellas.

La Sala no comparte ese planteamiento, dado que, si bien es cierto que dicho acuerdo
previó varias modalidades de trabajo de grado, también lo es que el artículo 4 ibidem73
asignó a los Consejos de Facultad, por sugerencia de los Comités de Programa, la
definición de las modalidades aplicables a cada carrera, de acuerdo con sus
características y particularidades, así como la reglamentación de sus condiciones,
requisitos, procedimientos y términos. Así lo ha sostenido esta Sección en casos
análogos74:

[L]a Sala considera que en efecto el Acuerdo núm. 027 de 2012 permitía escoger
otras modalidades de trabajo de grado. No obstante, la reforma curricular adoptada
72 “Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado en la Universidad del

Cauca”.
73 “ARTÍCULO 4. Los Consejos de Facultad, por sugerencia de los Comités de Programa, deberán: // 1.

Definir las modalidades de Trabajo de Grado para cada programa de acuerdo con sus características y
particularidades // 2. Establecer las condiciones, requisitos, procedimientos y términos que reglamenten
cada modalidad de trabajo de grado, sin perjuicio de las generalidades establecidas en el presente acuerdo.
// 3. Determinar el número total de créditos asignados al Trabajo de Grado, entre 8 y 12. // PARÁGRAFO.
En todas las modalidades deberá existir un proyecto, plan de trabajo o programa en el cual quede expreso
el cronograma de actividades a desarrollar y el presupuesto”.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

septiembre de 2024, radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00293-00; sentencia de 3 de octubre de 2024,
radicación n.° 11001-03-24-000-2020-00244-00; y sentencia de 20 de marzo de 2025, radicación n.° 11001-
03-24-000-2020-00258-00, todas con ponencia del Consejero Hernando Sánchez Sánchez.

27

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

en el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 fue avalada por el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en las sesiones de 16 de
diciembre de 2010 y 8 de febrero de 2011, y aprobada por el Consejo Académico de
la Universidad del Cauca, donde se determinó que la modalidad correspondiente para
el programa de Derecho sería la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios; y, en consecuencia, los estudiantes deberían cumplir con dicha
modalidad de requisito de grado.

De acuerdo con tales disposiciones, la existencia de varias modalidades en el Acuerdo
núm. 027 de 2012 no desvirtúa la obligatoriedad de los preparatorios para los estudiantes
del programa de Derecho cobijados por el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011. Así
pues, la previsión general de alternativas debía armonizarse con la regulación específica
del respectivo programa académico, en virtud de la cual la Facultad y el Consejo
Académico definieron las condiciones particulares para optar al título de abogado.

En consecuencia, el argumento del coadyuvante debe desestimarse.

(iv) La vinculatoriedad del equipo de seguimiento

El tercero con interés cuestionó el alcance del informe elaborado por el equipo de
seguimiento conformado por la Universidad del Cauca, al considerar que dicho órgano
no tenía competencia para determinar la validez de los requisitos de grado ni para
sancionar conductas de los estudiantes. Asimismo, sostuvo que tal informe no resultaba
vinculante, por haber sido elaborado sin participación de los alumnos afectados.

En lo atinente a este punto, la Sala reitera su postura75 en el sentido de advertir que la
Resolución núm. R-695 de 201976, mediante la cual se conformó el equipo de
seguimiento, es un acto administrativo amparado por la presunción de legalidad y, por
tanto, es de obligatorio cumplimiento mientras no se suspendan sus efectos jurídicos o
se declare su nulidad, materia que no es analizada en este medio de control.

Así mismo, se insiste en que, en virtud de la autonomía universitaria, la Universidad del
Cauca estaba facultada para organizar su estructura institucional y asignar labores de
verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de grado. Por ello, la labor
encomendada al equipo, consistente en verificar a partir de las diferentes fuentes de
información las fases de inscripción, calificación y registro de exámenes preparatorios e
identificar las situaciones irregulares presentadas, se encuentra dentro de la órbita de
actuación de la institución universitaria.

Así las cosas, el hecho de que el equipo de seguimiento no fuera una autoridad
sancionatoria no torna irregular su actuación. Su función consistía en verificar, a partir de
las fuentes académicas, documentales y financieras disponibles, si existían soportes que
acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener el título profesional y,
en tal sentido, el informe elaborado por dicho equipo debe entenderse como un elemento
de verificación institucional y probatorio, no como una decisión definitiva sobre la
situación jurídica del tercero, toda vez que la determinación sobre la legalidad de la

75 Postura sostenida, entre otras, en las providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de octubre de 2024, radicación n.º 11001-0324-000-2020-
00245-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; sentencia de 17 de octubre de 2024, radicación n.°
11001-0324-000-2020-00292-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; y sentencia de 6 de febrero de
2025, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00259-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
76 “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los procedimientos académico

administrativos de registro de exámenes preparatorios del programa de Derecho de la Universidad del
Cauca".

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

resolución, el acta de grado y el diploma corresponde a esta jurisdicción, a partir de la
valoración integral de las pruebas allegadas al proceso.

En consecuencia, el reparo formulado contra la competencia y el alcance del equipo de
seguimiento debe desestimarse, pues su actuación se limitó a una labor de verificación
institucional amparada por la Resolución núm. R-695 de 2019 y por el principio de
autonomía universitaria.

(v) Fallas administrativas de archivo y conservación

El tercero con interés y el coadyuvante sostuvieron que la ausencia de actas o soportes
documentales de aprobación de algunos exámenes preparatorios no podía imputarse al
estudiante, sino a eventuales fallas administrativas de archivo, custodia y conservación
documental atribuibles a la Universidad del Cauca. Asimismo, señalaron que el alumno
no tenía acceso ni competencia para registrar, modificar o anular calificaciones en el
SIMCA, por tratarse de una función propia de la institución universitaria.

Sobre el particular, la Sala advierte que dicho planteamiento se relaciona, principalmente,
con la valoración probatoria del asunto, en tanto supone establecer si, a partir de los
elementos allegados al expediente, se encuentra acreditada o no la presentación y
aprobación de los exámenes preparatorios cuya ausencia de soporte fue advertida por
la universidad.

Con todo, es preciso señalar que la eventual existencia de fallas administrativas en la
gestión documental o en el registro de calificaciones no tiene, por sí sola, la virtualidad
de mantener la legalidad de los actos acusados. Ello, porque el examen propio de este
medio de control consiste en verificar si, al momento de conferirse el título de abogado,
el tercero cumplía los requisitos académicos exigidos por la normativa interna de la
institución universitaria.

En esa línea, esta Sección ha precisado que, si bien el estudiante no estaba obligado a
conservar las actas de los exámenes preparatorios, tal circunstancia no impedía que
acudiera a otros medios de convicción para acreditar su presentación y aprobación. Al
respecto, en un asunto de similares contornos, se sostuvo77:

De otra parte, encuentra la Sala que, como lo sostiene la tercera, si bien esta no
estaba obligada a conservar las actas que se echan de menos, lo cierto es que podía
a través de otros medios probatorios tratar de acreditar la presentación y aprobación
de los exámenes preparatorios, ejercicio que no desarrolló en defensa de su posición,
lo que dejó huérfano su dicho sobre la presentación de los siete exámenes
preparatorios.

Así las cosas, el argumento relativo a las presuntas fallas administrativas de archivo,
custodia, conservación documental y registro en el SIMCA será analizado al abordar el
fondo del asunto, en conjunto con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el
expediente.

Finalmente, en relación con el planteamiento relativo a (vi) la inexistencia de proceso
disciplinario, penal o administrativo iniciado por la universidad contra el tercero, que fue
introducido por el tercero interesado en la etapa de alegaciones, la Sala advierte que
dicha oportunidad procesal no está prevista para presentar argumentos nuevos que no
fueron planteados en la contestación de la demanda, pues ello podría afectar los

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero

de 2025, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00259-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

derechos de defensa y contradicción de los sujetos procesales. Sin perjuicio de lo
anterior, conviene precisar que la ausencia de actuaciones disciplinarias, penales o
administrativas no incide en la decisión que debe adoptarse en este proceso, puesto que,
se itera, el presente medio de control tiene por objeto verificar si los actos demandados
transgredieron el ordenamiento jurídico superior, y no establecer la comisión de
conductas sancionables.

3.5.3. Otras determinaciones

Como lo precisó la Sala en la sentencia de 31 de julio de 202378, el modelo de gestión
documental de la Universidad del Cauca presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley
594 de 200079, que le impidieron adoptar adecuadas decisiones al momento de evaluar
los requisitos de grado y que condujeron al indebido otorgamiento de títulos profesionales
de abogado. Dicha circunstancia, que resulta igualmente evidente en el presente caso,
da lugar a que la Sala inste a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas
que estime pertinentes a fin de evaluar si el señor Robert Alexander Camacho Chilito
estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los
requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.

Lo anterior no obsta para reiterar que las deficiencias de gestión documental advertidas
en la Universidad del Cauca deben ser objeto de revisión por parte de la institución, en el
marco de su autonomía universitaria, a efectos de adoptar las medidas internas que
estime pertinentes y, de ser el caso, verificar si el señor Camacho Chilito se encuentra
en posibilidad de culminar el proceso de grado mediante la acreditación de los requisitos
que no fueron demostrados en este proceso.

Asimismo, ante las deficiencias de gestión documental advertidas, la Sala estima
procedente compulsar copia de la presente decisión a la Dirección de Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión
documental que afronta.

Por último, comoquiera que los actos anulados sirvieron de fundamento para el eventual
registro profesional del señor Robert Alexander Camacho Chilito, se dispondrá comunicar
esta decisión a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura (URNA), para los fines que estime pertinentes,
teniendo en cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza
ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado.

78 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de

2023, con radicación n.º 11001-0324-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
79 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Según el artículo

19 las entidades del Estado pueden incorporar tecnologías de avanzada en la administración y
conservación de sus archivos, siempre y cuando estas garanticen la organización archivística de los
documentos ”teniendo en cuenta aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y
operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes,
así como el funcionamiento razonable del sistema”. Por su parte, el artículo 21 explicó que las entidades
públicas deben elaborar programas de gestión de documentos, bien sea a través de medios físicos o
tecnológicos, “siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los
requisitos exigidos por las leyes procesales”.

30

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

3.6. Costas

La Sala considera que, conforme al artículo 188 del CPACA, no hay lugar a imponer
condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento
jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público y no es otro distinto
al de defender la prevalencia del principio de legalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del artículo 1 de la Resolución núm. 383 del
15 de mayo de 2019, del Acta de Grado núm. 28 del 14 de junio de 2019, y del Diploma
núm. 642-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales se otorgó el título de abogado
al señor Robert Alexander Camacho Chilito, expedidos por la Universidad del Cauca.

SEGUNDO: INSTAR a la institución de educación superior para que, en el marco de su
autonomía, adopte medidas a fin de evaluar si el señor Robert Alexander Camacho Chilito
está en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los
requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.

TERCERO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias
legales y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los problemas
de gestión documental que afronta.

CUARTO: Por Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
(URNA) la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, teniendo en
cuenta la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor
Robert Alexander Camacho Chilito.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones
de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

31

Radicado: 11001-0324-000-2020-00291-00
Demandante: Universidad del Cauca

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

32

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