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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2020-00292-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00292-00

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00292-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución 241 de 20 de marzo de 2018, respecto de Diego Fernando Obando González, el Acta de grado núm. 15 de 20 de marzo de 2018 y el Diploma núm. 579-18 de 20 de marzo de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca. SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Diego Fernando Obando González estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor. 54 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm. 11001032400020210044400; y sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00. 21 Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00 Demandante: Universidad del Cauca

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2020-00292-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

17 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación núm.: 11001-0324-000-2020-00292-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Demandado: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Tercero interesado: DIEGO FERNANDO OBANDO GONZÁLEZ
Coadyuvante: ÁLVARO JOSÉ MEJÍA ARIAS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la
Universidad del Cauca en contra del artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. 241
de 20 de marzo de 20181, del Acta de grado núm. 15 de 20 de marzo de 2018 y del
Diploma núm. 579-18 de 20 de marzo de 2018.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.La Universidad del Cauca presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad2, con el propósito de obtener las siguientes declaratorias y condenas:

“[…] 4.1. Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo académico No.
8.1.16-20.14 de fecha 15 de marzo de 2018, con el cual el Consejo de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo
académico a la parte demandada señor DIEGO FERNANDO OBANDO GONZALEZ
(sic), por haber cursado y aprobado todas la asignaturas y requisitos académicos que
integran el Plan de Estudios del Programa de Derecho.

4.2. Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 241 de fecha 20 de marzo de
2018, en concreto del aparte que confiere al señor DIEGO FERNANDO OBANDO
GONZALEZ (sic), identificado con la cédula de ciudadanía […] expedida en Circasia-
Quindío, el título de Abogado.

4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 15 de fecha 20 de marzo de 2018 y
Diploma No. 579-18 de fecha 20 de marzo de 2018, actos administrativos con los
cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo
primero de (sic) Resolución No. 241 de fecha 20 de marzo de 2018 y otorga el título

1
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”.
2
Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

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Demandante: Universidad del Cauca

de Abogado, al señor identificado con la cédula de ciudadanía N° […] expedida en
Circasia- Quindío.

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado del señor
DIEGO FERNANDO OBANDO GONZALEZ (sic), identificado con la cédula de
ciudadanía […] expedida en Circasia Quindío, en tanto ya hubiese iniciado el trámite
respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de Abogado. […]”.

I.1.1. Los hechos

2.Como fundamento fáctico, la Universidad del Cauca señaló que el señor Diego
Fernando Obando González se matriculó al programa de Derecho en el primer
periodo académico del año 2012. Para esa época, el plan de estudios estableció
como requisitos de grado la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia
en idioma extranjero (PSI) y de los exámenes preparatorios3, para obtener el título
de abogado.

3. El señor Diego Fernando Obando González obtuvo ese título en la ceremonia de
grado realizada el 20 de marzo de 2018.

4. Los días 19 de mayo de 2019 y 11 de julio de 2019, el ente universitario conoció
denuncias por presuntas irregularidades en el registro de los exámenes
preparatorios. La primera fue anónima y la segunda interpuesta por el profesor
Milton Javier López.

5. Mediante Resolución R-695 de 30 de julio de 2019, se conformó un equipo de
seguimiento que tenía a su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de los
requisitos de grado de los estudiantes desde el año 2015.

6. De la comparación realizada por el mencionado equipo entre el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico – SIMCA, y los soportes físicos que
reposan en cada historia académica de estudiantes, egresados y graduados del
programa de Derecho, se encontró que el señor Diego Fernando Obando González
no cuenta con soporte físico de aprobación del examen preparatorio de derecho
penal.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

7.La parte actora sostuvo que los actos acusados se encuentran falsamente
motivados y vulneran los artículos 6.º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política, la Ley 30 de 19924, los artículos 3.º, 6.º y 137 de la Ley 1437
de 2011 y el Acuerdo Académico 002 de 17 de febrero de 20115.

8.Indicó que las universidades tienen derecho, en virtud de la autonomía
universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 de

3
Exámenes preparatorios de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral, derecho de
familia, derecho civil (bienes, obligaciones y contratos) y derecho procesal civil.
4
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.
5
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales […]”.

3

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28 de diciembre de 19926, a desarrollar sus programas académicos. Por ello, la
presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes preparatorios constituye
un requisito obligatorio para adquirir el título de abogado7, según lo dispuesto en el
Acuerdo Académico 002 de 2011.

9. Precisó que “[…] los actos administrativos demandados causan un daño grave,
daño altamente nocivo para el orden social y público, ya que las irregularidades
anotadas permitieron que una persona que no cumplía con los requisitos para
otorgársele el título de Abogado (a), está actualmente ejerciendo una profesión (lo
cual implica un riesgo social) […]”.

10. Refirió que la universidad desconoce el medio o mecanismo utilizado por el señor
Diego Fernando Obando González para obtener el registro de notas aprobatorias,
sin haber superado la totalidad de los exámenes preparatorios, situación que ya fue
puesta en conocimiento de las autoridades competentes. Lo cual, en su criterio, “[…]
se traduce, en el menor de los casos, en el aprovechamiento de error administrativo
[…]”.

I.2. Trámite del proceso

11. Mediante auto de 24 de septiembre de 20208, se admitió la demanda de nulidad
interpuesta contra la Resolución núm. 241 de 20 de marzo de 2018, el Acta de
grado núm. 15 de 20 de marzo de 2018 y el Diploma núm. 579-18 de 20 de marzo
de 2018. Además, se precisó que el documento de paz y salvo académico núm.
8.1.16-20.14 de 15 de marzo de 2018 no era un acto enjuiciable ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. Finalmente, reconoció al señor Diego Fernando
Obando González como tercero con interés directo en el resultado del proceso.

12. Mediante proveído de 10 de mayo de 20219, se decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados.

13. A través de providencia de 24 de mayo de 202110, se reconoció al señor Álvaro
José Mejía Arias como coadyuvante.

14. En la audiencia de 25 de febrero de 202211, se fijó el litigio, se decretaron
pruebas, y se declaró no probada la excepción de indebida escogencia del medio
de control judicial, al considerar que los actos subjetivos demandados “[…] refieren
a la habilitación para que ciertas personas ejerzan la profesión de abogado,
entendida esta como el ejercicio profesional de un asunto de interés relevante para
la comunidad en general […]”. En consecuencia, su legalidad se puede estudiar a
través de la acción de nulidad, “[…] por afectar de manera grave y evidente el orden
público, social o económico o cuando se encuentre de por medio un interés

6
"[…] Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior […]".
7
Cfr. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy Cabra.
8
Cfr. Índice 5 expediente digital, documento denominado “62_ED_CUADERNOPRINCIPALP(.PDF) NroActua 5”, folio 129.
9
Cfr. Índice 25 expediente digital, documento denominado “32AUTOQUEDECIDESOBREMEDIDASCAUTELARES(.DOC)
NroActua 25”.
10
Cfr. Índice 5 expediente digital, documento denominado “62_ED_CUADERNOPRINCIPALP(.PDF) NroActua 5”, folio 145.
11
Cfr. Índice 64 expediente digital, documento denominado “ACTA AUDIENCIA INICIAL(.pdf) NroActua 64“.

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colectivo o comunitario con incidencia trascendental e incuestionable proyección
sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de personas
[…]”.

15. Dichas pruebas fueron recaudadas y, por ello, mediante proveído de 28 de
noviembre de 202212, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran
sus escritos de alegatos de conclusión.

16. Mediante auto de 20 de febrero de 202313, se resolvió dejar sin efectos la
providencia de 28 de noviembre de 2022, por medio de la cual se corrió traslado
para alegar, con el fin de decretar unas pruebas de oficio y garantizar el derecho a
la contradicción y defensa de los sujetos procesales.

17. La Sala resolvió en providencia de 25 de abril de 202414, los recursos de súplica
interpuestos por el tercero con interés y el señor Álvaro José Mejía Arias,
presentados contra el auto que decretó la medida cautelar, en el sentido de
confirmar la decisión.

I.3. La contestación de la demanda15

18. El señor Diego Fernando Obando González mediante escrito de 11 de febrero
de 2021, adujo que se matriculó al programa de derecho, a través del convenio
suscrito entre la Universidad del Cauca y la Policía Nacional, en cuyo marco aprobó
todos los exámenes preparatorios exigibles, así como la prueba de suficiencia en
idioma extranjero, lo que lo habilitaba para obtener su título como abogado.

19. Afirmó que presentó el “[…] examen preparatorio de derecho penal […] el 03 de
mayo de 2017 […] de manera oral […] junto a los señores MARIA ELIZABETH
MUÑOZ RAMOS, y JAMES ROLANDO ORDOÑEZ, con quines (sic), una vez
escuchó la nota que obtuvo, en la cual se le precisó que dicho examen lo había
superado […]”.16 Igualmente, aportó la copia de la convocatoria respectiva.

20. Agregó que la Universidad del Cauca cuenta con la carga probatoria de
demostrar la infracción del ordenamiento superior, y “[…] la normatividad, vigente y
aplicable al momento de ingreso y egreso como graduado […]”, pues los
estudiantes no intervienen en ninguna etapa de la calificación y registro de notas.

21. Señaló que “[…] la misma decana del programa de Derecho y los docentes que
realizan dichos exámenes manifiestan que en ningún caso pueden confirmar o
desvirtuar la presentación o no de dichos exámenes […]”.

12
Cfr. Índice 96 expediente digital, documento denominado “130_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.pdf)
NroActua 96”.
13
Cfr. Índice 106 expediente digital, documento denominado “140_AUTOQUEDEJASINEFECTOPROVIDENCIA(.pdf)
NroActua 106”.
14
Cfr. Índice 122 expediente digital, documento denominado “147AUTOQUERESUEL_202000292SUPLICAUNIC(.pdf)
NroActua 122”.
15
Cfr. Índice 18 expediente digital, documento denominado “Contestación de la Demanda.pdf(.PDF) NroActua 18”.
16
Se precisa que, no fueron aportados o solicitados medios de prueba para respaldar esta afirmación. Lo anterior, se evidencia
en la etapa de decreto de pruebas evacuado en la audiencia inicial de 25 de febrero de 2020.

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22. Manifestó que “[…] no se puede afirmar que existió un error administrativo y
mucho menos que este fue aprovechado por mi representado […]”, pues lo que
presuntamente ocurrió fue “[…] una serie de irregularidades administrativas en lo
atinente a los mecanismos y protocolos que deben ceñirse a la hora de realizar las
evaluaciones en esa clase de exámenes y así mismo al momento de efectuar la
calificación y sistematización de la referida evaluación […]”.

23. A su juicio, se quebrantó el principio de buena fe porque a los estudiantes “[…]
se les ha creado una situación particular y concreta que hoy a través de
mecanismos controvertidos y contrarios al ordenamiento jurídico se pretenden (sic)
desconocer […]”.

24. Alegó que “[…] los actos meramente académicos no constituyen actuaciones que
puedan ser sometidas al control judicial […]” y que el medio de control debió
tramitarse como nulidad y restablecimiento.

25. Adujo que la Universidad del Cauca no cuenta con un sistema de gestión
documental que respete la Ley 594 de 14 de julio de 200017, como lo demuestra la
investigación disciplinaria PD-019 de 2019 de la Procuraduría Regional del Cauca,
el informe 009 de junio de 2011 de la auditoría de la Contraloría General de la
República y el mapa de riesgos elaborado por Control Interno en el año 2016.
Además, solo hasta el 10 de diciembre de 2020, la universidad expidió el Acuerdo
Superior 074 de 2020, “[…] Por el cual se adopta la Política de Gestión Documental
de la Universidad del Cauca […]”.

26. Cuestionó la competencia e imparcialidad del “Equipo de Seguimiento y apoyo”,
la falta de participación de los estudiantes en la elaboración del informe, y la
imposibilidad fáctica de controvertir las pruebas. Señaló que solo el Consejo de
Facultad y la Rectoría pueden imponer sanciones y verificar los requisitos de grado.
Además, no existe “[…] sanción penal, disciplinaria o administrativa […]” impuesta
al tercero interesado, y el ente universitario debió surtir el trámite previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.

I.4. La coadyuvancia

27. El coadyuvante Álvaro José Mejía Arias, mediante escrito de 8 de septiembre
de 202018, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Aseguró
que, en la Universidad del Cauca, conforme a sus estatutos, “[…] solo existen dos
requisitos de grado vigentes: a) terminación del plan de estudios y b) trabajo de
grado […]”. Indicó que los exámenes preparatorios no se podían exigir como
requisito de grado, en tanto el Acuerdo núm. 027 de 25 de julio de 201219 permitía,
a los estudiantes, escoger otras modalidades.

28. Expresó que el Consejo Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo Académico

17
“[…] Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones […]”.
18
Cfr. Índice 5 expediente digital, documento denominado “62_ED_CUADERNOPRINCIPALP(.PDF) NroActua 5”, folio 25.
19
“[…] Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado de la Universidad del Cauca […]”.

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núm. 002 de 2011. Sin embargo, el Consejo Superior de la Universidad del Cauca
no ratificó ese acto, en los términos previstos en los artículos 31 y 32 del Acuerdo
núm. 105 de 18 de diciembre de 199320, razón por la cual “[…] el requisito de grado
de exámenes preparatorios debe inaplicarse y por lo tanto no exigirse ni verificarse
para efectos de estudiarse la legalidad de los tres actos administrativos mediante
los cuales se otorgó el título de abogado […]”.

29. Agregó que: (i) el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico SIMCA
no tiene establecidos protocolos de seguridad; (ii) el manejo y conservación de los
archivos académicos es responsabilidad de la universidad; y (iii) el desorden
administrativo al interior del claustro “[…] podría ser la causa de los problemas
denunciados y no la acción de los estudiantes, que, entre otras cosas, son los
únicos que no tienen acceso al sistema para poder modificarlo […]”.

I.5. Los alegatos de conclusión21

30. La Universidad del Cauca, mediante escrito de 1.º de agosto de 202422, insistió
en los planteamientos de la demanda.

31. El tercero interesado, mediante memorial de 1.º de agosto de 202423, reiteró
los argumentos de oposición planteados en el escrito de contestación de la
demanda. Agregó que la Fiscalía General de la Nación en la investigación penal
con radicación núm. SPOA 410016000583201700079 no vinculó al tercero
interesado.

32. Solicitó la aplicación de la excepción de ilegalidad o inoponibilidad del Acuerdo
002 de 3 de febrero de 198824, de los artículos 38, 53 y 61 del Acuerdo 055 de
199125 y del Acuerdo 002 de 17 de febrero de 2011. También señaló que operó la
pérdida de fuerza de ejecutoria de esos actos administrativos porque el artículo 1.°
de la Ley 552 de 30 de diciembre de 199926 derogó el artículo 149 de la Ley 446 de
7 de julio de 199827 que, en su momento, estableció el requisito legal de la
presentación de los exámenes preparatorios para efectos de obtener el título de
abogado.

33. Sostuvo que “[…] el informe presentado como prueba documental elaborado por
la misma Universidad del Cauca no permite determinar cuáles son las
características de los aplicativos, programas, y plataformas de los cuales hace uso
la Universidad del Cauca, se desconoce si los mismos están adecuados a la

20
“[…] Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del Cauca […]”.
21
Mediante auto de 12 de julio de 2024, esta autoridad judicial prescindió de la realización de la audiencia de pruebas de que
trata el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, así como de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, prevista en el artículo
182, y ordenó correr traslado a las partes para que presenten por escrito sus alegatos de conclusión, y al agente del Ministerio
Público para que, de considerarlo pertinente, rinda concepto. Índice 131 expediente digital
22
Cfr. Índice 136 expediente digital.
23
Cfr. Índice 137 expediente digital.
24
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca […]”.
25
"[…] Por el cual se modifica el Capítulo V del Acuerdo 002 de 1988 sobre Matrícula […] ".
26
“[…] Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998 […]”.
27
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.

7

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regulación de los estándares internacionales ISO o similares, por ende se reitera
es a la Universidad del Cauca a quien corresponde determinar que dichas
plataformas, sistemas y programas SIMCA, DARCA y PSI no han presentado falla
alguna desde su creación hasta la fecha […]”. (Negrilla del original).

34. Indicó que el informe no es objetivo, imparcial y técnico porque: (i) “[…] fue
suscrito por dos personas que no tienen el título profesional de ingenieros de
sistemas o telecomunicaciones como lo son las doctoras MARTHA LUCIA
CHAVES ZUÑIGA y CLAUDIA NOHEMY GARCIA MEJIA (sic), quienes son
profesionales del derecho […]”; (ii) “[…] Se desconoce la profesión de la señora
LUCIA AMPARO GUZMÁN VALENCIA jefe de Control Interno, y FRANCISCO
PINO CORREA […]”; y (iii) “[…] la Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, según
la información registrada en el portal de la Universidad del Cauca, fue la
coordinadora del Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico, SIMCA; y
directora encargada de la División de Admisiones, Registro y Control Académico,
DARCA, aplicativos que al parecer presentaron irregularidades […]”. (Negrilla del
original).

35. Planteó que nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio al evidenciarse
que “[…] la Contraloría General de la Nación a través de los informes emitidos
desde el año 2010 señalan que los aplicativos en cuestión presentaron una serie
de falencias, fallas y errores atribuibles a la misma Universidad del Cauca […]”.

36. El coadyuvante guardó silencio.

I.6. El concepto del Ministerio Público

37. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

38. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados;
(iii) el planteamiento del problema jurídico; y (iv) el análisis del caso concreto.

II.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 149 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201928, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en única instancia, los procesos de nulidad de los actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional.

28
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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II.2. Los actos administrativos demandados

40. La demanda va dirigida a cuestionar el artículo 1.° (parcial) de la Resolución
núm. 241 de 20 de marzo de 201829, del Acta de grado núm.15 de 20 de marzo de
201830, del Diploma núm. 579-18 de 20 de marzo de 2018 que confiere el título de
abogado al señor Diego Fernando Obando González31.

II.3. El planteamiento del problema jurídico

41. Conforme a lo resuelto en la audiencia inicial celebrada el día 25 de febrero de
2022, corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos demandados
transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.°32
del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título
profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…]
esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o
pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los
reglamentos internos de dicho ente universitario […]”.

II.4. Análisis del caso concreto

42. Para resolver el problema jurídico, la Sala verificará primero si el tercero
interesado cumplió o no con los requisitos académicos exigibles para obtener el
título de abogado. Posteriormente, estudiará la procedencia de los argumentos
adicionales presentados en la etapa de alegatos de conclusión. Por último, analizará
si los reparos de oposición propuestos por el señor Diego Fernando Obando
González y por el coadyuvante cuentan con vocación de prosperidad.

29
“[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado […]”.
El aparte del artículo acusado del acto acusado señala: “[…] ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de
la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos
cumplieron con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les confiere el título de:
[…] FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS (sic) Y SOCIALES
[…] ABOGADA (O) […]
DIEGO FERNANDO OBANDO GONZÁLEZ CC. […] de Circasia […]
30
El acto en cita señala: “[…] En Popayán, capital del departamento del Cauca, República de Colombia, a las 3:15 pm del día
martes 20 de marzo de 2018 y en cumplimiento de la Resolución R241 del 20 de mayo de 2018, expedida por la rectoría del
alma mater, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas para la entrega de títulos
conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaría general una vez instalada la ceremonia, de la resolución afirmando
que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos
legales y reglamentarios. el Rector le toma el juramento y le otorga título de abogado a Diego Fernando Obando González
CC […] de Popayán.
El diploma acredita su idoneidad ejercer la profesión de abogado.
Se registra en el libro de Diplomas N 082, folio 579, Diploma. 579-18. […]
Para constancia se expide la presente acta de grado […]”.
El citado documento fue suscrito el 20 de marzo de 2018 por Laura Ismenia Castellano Vivas, en su calidad de Secretaria
General de la Universidad del Cauca.
31
El acto en cita señala: “[…] La Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio educación nacional, en la atención a que Diego Fernando Obando González […] cumplió con todos los requisitos
legales y estatutarios le otorga el título de abogado con todos los derechos, privilegios y dignidades que lo facultan para el
ejercicio profesional. Popayán 20 de marzo de 2018. Registrado en el libro de N 082, folio 579, Diploma. 579-18 […]”.
El citado documento fue suscrito por Diago Franco (rector de la Universidad del Cauca), Gabriela Ramírez Zuluaga (decano
de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales) y Laura Ismenia (Secretaria General).
32
Es preciso aclarar que la Universidad del Cauca, con el escrito de la demanda, allegó una copia del Acuerdo 02 que no era
la versión definitiva. Ese documento señalaba que los exámenes preparatorios eran obligatorios en sus artículos 6 y 8. En la
versión definitiva del Acuerdo se modificó el orden de los artículos por lo que los preceptos 6 y 8, pasaron a ser los artículos
5 y 7. En ese orden, en el marco del principio iura novit curia, la Sala entenderá que cuando la universidad se refirió a la
transgresión de los artículos 6° y 8° del Acuerdo Académico 02 de 2011, se trataba materialmente de los artículos 5° y 7°,
como se deduce de la transcripción literal que hizo de las normas en el libelo de la demanda. Consejo de Estado, Sección
Primera, Sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
11001032400020210044400.

9

Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
Demandante: Universidad del Cauca

II.4.1. El cumplimiento de los requisitos académicos exigibles para obtener el
título de abogado en el caso concreto

43. La Universidad del Cauca afirmó que el señor Diego Fernando Obando González
no cumplió los requisitos previstos en el reglamento universitario para obtener el
título de abogado, porque no aprobó el examen preparatorio de derecho penal.

44. Frente a dicho reparo, el coadyuvante cuestionó la aplicabilidad del Acuerdo
Académico 002 de 2011 y, el tercero interesado señaló que la Universidad no
demostró que el señor Diego Fernando Obando González modificara la nota del
examen preparatorio publicada en SIMCA, para obtener el registro aprobado.

45. A efectos de dirimir los planteamientos, se estudiará: (i) los requisitos de grado
exigibles al tercero interesado; y (ii) lo acreditado en el plenario sobre el particular.

i) Los requisitos de grado exigibles al tercero interesado

46. De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política y los artículos 24,
28 y 29 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 199233, las universidades públicas están
facultadas, en virtud del principio de autonomía universitaria, para adoptar sus
propios estatutos, decidir sobre la creación y desarrollo de programas académicos,
organizar las labores académicas, y conferir títulos a sus egresados34.

47. En desarrollo de tales facultades, la Corte Constitucional determinó, en las
sentencias C-105 de 4 de octubre de 200135 y SU-783 de 11 de septiembre de
200336, que dichas entidades pueden prever requisitos académicos más exigentes
que los previstos por el legislador para el ejercicio de la abogacía37. Concretamente,
tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios, entre otras
pruebas, si con ello aseguran la calidad de la formación de sus egresados, y en la
medida en que esos reglamentos universitarios son vinculantes para toda la
comunidad educativa.

48. Frentea los componentes del currículo del programa de derecho de la
Universidad del Cauca, esta Sección, en sentencia de 31 de julio de 202338, explicó
que el Acuerdo Académico 002 de 201139 reguló el pensum de los estudiantes
matriculados por primera vez o que reingresaron al programa de derecho a partir
del segundo período académico de 2011.

33
“[…] Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior […]”.
34
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
35
Magistrado Álvaro Tafur Galvis
36
Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra
37
El artículo 1.° de la Ley 552 de 30 de diciembre de 1999, “[…] Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley
446 de 1998 […]”, eliminó la aprobación de los exámenes preparatorios como requisito legal.
38
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
39
“[…] Por el cual se adopta la reforma curricular del programa de Derecho que ofrece la facultad de Derecho, Ciencias
políticas y Sociales […]”.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
Demandante: Universidad del Cauca

49. Los artículos 5.°, 6.° y 7.° ibidem indicaron que para obtener el título de abogado
es necesario aprobar los siguientes exámenes preparatorios:

“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa de
Derecho:

[…]

PREPARATORIOS
REQUISITOS DE
GRADO JUDICATURA O TRABAJO DE
GRADO

[…]

ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo
rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo período académico de 2011.

[…]

ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y aprobar
las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (Negrilla fuera del texto).

50. La Sección Primera también precisó que “[…] en desarrollo de estas
disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de 4 de diciembre de 2014, a
efectos de reglamentar los aspectos administrativos, sustanciales y
procedimentales relacionados con la presentación y aprobación del requisito de
grado objeto de debate […]”.

51. El Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señaló lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud académica y
profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre las diferentes
asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística del
estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con los
departamentos establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.

ARTÍCULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las
siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas, Derecho
de las relaciones Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.

2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal
Especial y Principios y Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y Criminología.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
Demandante: Universidad del Cauca

3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de
Familia: Derecho Privado Sucesiones.

4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.

5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial.

6. DERECHO PÚBLICO I: Teoría del Estado; Teoría de la Constitución y Derecho
Constitucional; Principios, estructura del Estado y Reforma Constitucional y Derechos
constitucionales.

7. DERECHO PÚBLICO II: Derecho Administrativo General, Estructura de la
Administración Pública, Contratación Estatal y Procedimiento Administrativo […]”.

52. Como puede observarse, el Acuerdo Académico 002 de 2011 es una norma
vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho en el segundo
periodo académico de 2011, la cual exige la aprobación de los exámenes
preparatorios como un componente obligatorio del currículo académico.

53. ElAcuerdo Académico 002 goza de presunción de legalidad, en tanto su
contenido y procedimiento de expedición no se discute en este proceso. Aun así, es
importante señalar que la Sala desestimó el reparo del coadyuvante sobre la
ausencia de ratificación de ese acto administrativo por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca, en sentencia de 31 de julio de 2023.

54. En esa providencia, la Sección analizó los artículos 8.º, 41, 42, 43 y 44 del
Estatuto Académico de la Universidad del Cauca (Acuerdo 036 de 2011),
relacionados con el proceso de formulación y aprobación de los programas
académicos y de sus reformas. Explicó que las autoridades competentes a la hora
de crear o autorizar un programa, son distintas a las encargadas de su reforma. En
el primer evento, la creación implica la intervención del Consejo de Facultad y del
Consejo Superior. En materia de modificaciones el Consejo de Facultad promueve
los cambios, y el Consejo Académico los aprueba. En todo caso, una vez el
programa es aprobado, este será administrado por las Facultades, con apoyo de la
Coordinación de Programa y del Comité de Programa.

55. A partir de lo anterior, se concluyó que el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, en las sesiones de 16 de diciembre de 2010 y 8 de
febrero de 2011, avaló una actualización (reforma) de los componentes del currículo
del programa de derecho impartido por la Universidad del Cauca, la cual fue
aprobada por el Consejo Académico, mediante Acuerdo 002 de 2011.

56. Esto significa que el Consejo de Facultad, conforme a lo dispuesto en el artículo
4.º del Acuerdo 027 de 2012 y en los artículos 43 y 44 del Acuerdo 036 de 2011, no
solo definió la modalidad de trabajo de grado para ese programa, de acuerdo a sus
características y particularidades, sino que estableció las condiciones, requisitos,
procedimientos y términos que reglamentan dicha modalidad.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
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57. Finalmente, se debe tener en cuenta que el programa de derecho de la
Universidad del Cauca obtuvo su registro calificado mediante Resolución 10682 del
22 de noviembre de 201140. Dicho registro y pensum regula tanto a los estudiantes
de convocatoria ordinaria, como a aquellos vinculados a través de convenios
especiales, como el caso del tercero interesado, quien se benefició del convenio
celebrado con la Policía Nacional41.

ii) Lo acreditado en el plenario sobre el particular

58. El señor Diego Fernando Obando González consideró que la parte demandante
no demostró la configuración de una causal de nulidad. A su juicio, solamente
aconteció una irregularidad administrativa en la sistematización de los resultados
de los exámenes preparatorios.

59. En el proceso de la referencia, se acreditó que la Universidad del Cauca, a través
de la Resolución R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y apoyo a la
mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de
exámenes preparatorios del programa de Derecho, el cual tenía a su cargo la tarea
de verificar el cumplimiento de aquellas obligaciones desde el año 2015.

60. Los objetivos de ese equipo de trabajo, conforme lo señala el artículo 2° de la
Resolución R-695 fueron, entre otros, los siguientes:

“[…] Verificar a través de las distintas fuentes de información las fases de
inscripción calificación y registro (sic) exámenes preparatorios e identificar las
situaciones irregulares presentadas.

Obtener la información confiable que conduzca la determinación de
responsabilidades en la ejecución de presuntas actuaciones anómalas.

Conceptuar sobre las consecuencias que acarrean las situaciones encontradas y
recomendar ante las instancias universitarias el impulso de acciones que
correspondan a ellos en los ámbitos académico administrativo disciplinario y penal.

[…]

Preparar los informes que soliciten o deban enviarse a los organismos de
inspección vigilancia y control. […]” (Negrilla fuera del texto).

61. Respecto del proceso de verificación de requisitos de grado del tercero
interesado, el documento denominado “[…] informe sobre la verificación del
cumplimiento de los requisitos de grado (preparatorios) […]” de 21 de abril de 2020,
señala para el caso concreto que:

“[…] I. Fuentes de información

40
La certificación - paz y salvo, expedida a solicitud del alumno el 8 de febrero de 2018, acredita que el tercero con interés
estaba matriculado en el programa de Derecho (regular) con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación
Nacional mediante Resolución 10682 del 22 de noviembre de 2011.
41
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.

13

Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
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Para efectos de verificación del cumplimiento de los requisitos de grado preparatorios
fueron consultados:

a) Archivo plano contentivo de los registros de calificación de preparatorios en
SIMCA 2.0 (Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico)
b) Reporte de pagos por concepto de preparatorios entregado por la división de
gestión financiera, sistema de recaudos SQUID
c) Documentos que conforman la historia académica de la (sic) estudiante
administrada por DARCA División de Admisiones Registro y Control Académico.
d) Archivo de gestión de DARCA.
e) documentos facilitados por la Fiscalía General de la Nación Seccional del Cauca,
cuya fuente originaria corresponde a los archivos de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y sociales de la Universidad del Cauca.
f) Documentos remitidos por la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y sociales
a través de la decana Ad Hoc.

II. Método de verificación aplicado

PRIMERA ETAPA

Parte de confrontar la información registrada sobre los preparatorios y los resultados
de sus evaluaciones en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico
SIMCA 2.0, con los documentos derivados de todas las fuentes de información
consultadas. […]

Se construyó una tabla con los datos de:

Período, nota, programa, código, identificación, apellidos nombres, tipo nota, materia,
modalidad, fecha de presentación, calificación, sin soporte hoja física, acta, OIDE
materia, estado, nota, fecha nota, usuario (que realiza el registro), observaciones,
OID estudiante, proceso, entre otros.

SEGUNDA ETAPA

Con fundamento en el acuerdo 002 de 1994 y reglamentos internos que establecen
el pago de derechos pecuniarios, se obtuvo el reporte de la división de gestión
financiera como administradora del sistema de recaudos SQUID, lo que permitió
establecer una línea de tiempo para determinar la probabilidad de presentación de
cada uno de los exámenes preparatorios.

Con ello se asoció cada pago a las actas de los preparatorios que se registran en la
historia académica como perdidos, aprobados o no presentados. En los casos de
pago sin relacionar, se procedió a la búsqueda de documentos del archivo de gestión
de la división de admisiones, registro y control DARCA, y los que reposan en la
Fiscalía y la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales.

El cruce de información arroja el resultado final de la verificación de los requisitos de
grado preparatorios.

[…] Para el caso en concreto el informe se rinde respecto de la situación del
señor OBANDO GONZALEZ DIEGO FERNANDO, cédula de ciudadanía No. xxx

IV. Conclusiones

1. El señor OBANDO GONZALEZ DIEGO FERNANDO, cédula de ciudadanía No
xxx y código estudiantil xxx, presenta siete (7) registros de preparatorios con
nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se estableció
que seis (6) de ellos cuentan con soporte documental en la historia académica:

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Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio de Familia
Preparatorio Procesal Civil
Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio Derecho Administrativo
Preparatorio Derecho Laboral

2. El Preparatorio Derecho Penal, registrado el 24 de julio de 2017 en estado de
aprobado en el periodo académico 2017.1, carece de evidencia física o documental
en la hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última condición se
indica con una X en la columna “Sin soporte en hoja física”. Hecho del que se deriva
la imposibilidad de registrar información relacionada con la “modalidad” que refiere a
la forma de presentación del preparatorio que puede ser escrito u oral; “fecha de
presentación” que alude al día, mes y año de presentación del examen preparatorio;
“calificación” que detalla la nota cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en
el examen preparatorio.

3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca – SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, el
estudiante OBANDO GONZALEZ DIEGO FERNANDO efectuó once (11) pagos por
concepto de preparatorios, seis (06) asociados a preparatorios aprobados, tres (03)
a preparatorios perdidos, y dos (02) pagos no asociados a un acta de presentación
de preparatorios. Tabla pago derechos pecuniario exámenes preparatorios OBANDO
GONZÁLEZ DIEGO FERNANDO.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
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4. Conforme a lo anterior:

4.1. El preparatorio de Derecho Penal aparece registrado como aprobado en
2017.1 (con fecha de registro el 24 de julio de 2017); el reporte SQUID, que da
cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer periodo
académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, reporta un (01) pago
por este concepto (referencia (ID FACTURA) 25901220 con fecha 27/04/2017),
sin embargo, no existe soporte documental de presentación del mismo.[…]”
(Negrilla fuera del texto).

62. Como se puede apreciar, el equipo de seguimiento valoró las constancias que
reposan en distintos medios físicos y tecnológicos en relación con el procedimiento
de archivo de los resultados académicos. Al revisar el Acuerdo 001 de 2014, el
Reglamento Estudiantil y el Manual de Gestión Documental PA-GA-2.1.1-MN-1 de
4 de septiembre de 201942, se observa que la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales estipuló una serie de procedimientos a seguir para la
presentación de los exámenes preparatorios.

63. Según el Acuerdo 001 de 2014, la Coordinación de ese programa y la Secretaría
de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales efectúan una convocatoria
virtual y física. Adicionalmente, la referida facultad define los salones en los que la
prueba se celebra y, una vez los estudiantes se inscriben, tienen que cancelar los
derechos respectivos. Por su parte, el profesor debe entregar en físico las notas a
la Secretaría Académica para que las calificaciones posteriormente sean
publicadas.

42
Señala que cada historia documental debe estar organizada en un legajo plastificado, no exceder doscientos documentos
y contener un formato especial con datos identificativos: nombre de la oficina, fecha de inicio y fin, resumen del asunto, número
de documentos y código de clasificación. Es recomendable integrar cada documento desde el primer momento y evitar extraer
originales, utilizando fotocopias cuando sea necesario. Si se requiere extraer un original, debe dejarse un testigo con
información de la persona responsable y la fecha. Los documentos pueden incluir tanto los producidos por la oficina como los
recibidos, conservando los originales de estos últimos y copias de los otros. Ejemplos incluyen expedientes de estudiantes,
ayudas y becas, proyectos de investigación, títulos, tesis, recursos administrativos, personal, compras y reuniones.

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64. Todo ello significa que el sistema de registro de notas SIMCA no era el único
mecanismo existente en la Universidad del Cauca para identificar la comisión de un
error o alguna irregularidad en la calificación de los exámenes preparatorios de los
estudiantes del programa de Derecho. Tanto el archivo físico académico como el
archivo contable servían de soporte de la información publicada.

65. En otras palabras, el argumento del tercero interesado, conforme al cual solo
hasta la expedición del Acuerdo Superior 074 de 10 de diciembre de 2020, la
universidad contó con un procedimiento de gestión documental, no cuenta con
vocación de prosperidad.

66. Independientemente de la problemática en torno al cumplimiento de la Ley 594
de 2000, como ya lo ha advertido esta Sección43, a partir de los registros de
calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0; del reporte de pagos por
concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión Financiera y de la
historia académica, se logró comprobar que el tercero con interés directo en el
resultado del proceso no cumplió los requisitos para optar al título de abogado.

67. El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca, en su numeral 54, señaló
que: “[…] para optar al título el estudiante debe llenar los requisitos legales
estatutarios exigidos y haber aprobado, según lo dispuesto en el presente
Reglamento, todas las asignaturas y actividades establecidas en el plan de estudios
vigente […]”. Se debe recordar que: “[…] los estatutos se acogen voluntariamente
por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez
aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento
concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de
educación superior […]”44.

68. En suma, se demostró que el señor Diego Fernando Obando González solo
aprobó seis (6) de los siete (7) preparatorios que debía superar. Concretamente, no
aprobó el examen de derecho penal.

69. En consecuencia, el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. 241 de 20 de
marzo de 2018, el Acta de grado núm. 15 de 20 de marzo de 2018 y el Diploma
núm. 579-18 de 20 de marzo de 2018, transgreden los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo
002 de 2011.

II.4.2. Los nuevos planteamientos propuestos en la oportunidad para alegar
de conclusión

70. La Sala pone de presente que el tercero interesado, en la etapa de alegaciones,
presentó argumentos adicionales a los expuestos en el escrito de contestación de
la demanda.

43
Cfr. Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2023, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024000.
44
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 2019.

17

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71. De conformidad con el artículo 175 de la Ley 1437, la contestación de la
demanda es el instrumento previsto por el legislador, en el que se exponen las
razones de hecho o de derecho de oposición a las pretensiones y argumentos del
demandante. Según el principio de congruencia, toda sentencia debe ser coherente
con el debate judicial propuesto por las partes en la demanda y en el escrito de
contestación45.

72. La jurisprudencia de esta corporación judicial46 ha señalado que la etapa de
alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos
nuevos que no fueron planteados en la contestación de la demanda, so pena de
afectar garantías constitucionales como el derecho de defensa y de contradicción
de los sujetos procesales. Por ende, no se analizarán los argumentos adicionales
mencionados en el escrito de alegatos.

II.4.3. Las razones de oposición del tercero interesado

73. El tercero interesado señaló que: (i) al Consejo de Estado no le compete estudiar
la legalidad de los actos meramente académicos demandados; (ii) el “equipo de
seguimiento”, conformado mediante Resolución R-695 de 2019, no es el organismo
encargado de adelantar investigaciones administrativas, disciplinarias o
sancionatorias por los hechos ocurridos; (iii) debe resolverse el caso con
fundamento en el principio de buena fe; (iv) no existe ningún proceso disciplinario o
penal contra el señor Diego Fernando Obando González; (v) no se garantizó el
derecho a la defensa y contradicción durante la elaboración del informe de 21 de
abril de 2020; y (vi) la Universidad del Cauca tenía que agotar el trámite de
revocatoria directa, antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.

74. Frente al reparo sobre la naturaleza de los actos demandados, valga mencionar
que la jurisprudencia de esta Sección ha diferenciado los “actos académicos” de los
“actos meramente académicos”, a efectos de definir cuáles actos administrativos
pueden ser objeto de control judicial47.

75. Los primeros se relacionan con el cumplimiento de la función pública educativa,
y son susceptibles de análisis judicial. Los segundos, que aluden al funcionamiento
interno de las instituciones, no pueden ser estudiados por la jurisdicción
contencioso-administrativa, debido al principio de autonomía universitaria.

76. A partir de esta distinción, esta Sección concluyó que los actos que habilitan el
ejercicio de una profesión son actos académicos que desarrollan la función
administrativa educativa y, por lo tanto, la jurisdicción contencioso-administrativa
puede evaluar su legalidad48. Ello con fundamento en el artículo 26 de la
Constitución Política y en el artículo 24 de la Ley 30 que encomendaron a las

45
Artículo 281 del Código General del Proceso.
46
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
47
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, radicación núm. 2009-01120-01, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; sentencia de 16 de julio de 2015, radicación núm. 2010-00564-01, C.P. María Elizabeth García
González; sentencia de 21 de abril de 2016, radicación núm. 2014-00355-01, C.P. María Elizabeth García González
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00475-01;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 68001-23-31-000-2008-00483-01.

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universidades la competencia de conferir títulos de idoneidad para ciertas
profesiones que representan riesgos sociales, como es el caso de la abogacía.

77. En segundo lugar, en lo atinente al cuestionamiento que hizo el tercero a las
facultades encomendadas al “equipo de seguimiento”, conformado mediante
Resolución R-695 de 2019, se pone de presente que ese acto administrativo goza
de presunción de legalidad. Esa resolución es de obligatorio cumplimiento mientras
no se suspendan sus efectos jurídicos o se declare su nulidad, materia que no es
analizada en este medio de control. Adicionalmente, en virtud del principio de
autonomía universitaria, la entidad demandante está facultada para organizar su
estructura institucional conforme a los objetivos y necesidades identificadas.

78. En tercer lugar, respecto de la presunción de buena fe de la actuación del
egresado, conviene recordar que, de conformidad con el artículo 83 de la
Constitución Política, dicha presunción no significa que las actuaciones de los
ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos
indispensables para su ejecución. Por el contrario, este obrar implica “[…] que se
haya realizado la actuación con la diligencia debida […]”49.

79. Con fundamento en lo anterior, esta Sección ha sostenido en casos similares al
ahora estudiado, que la buena fe requiere de la debida diligencia del particular en la
ejecución de la actuación ante la administración, pues no es factible derivar de una
actuación negligente una aplicación favorable, a quien no ha cumplido con su
deber50.

80. Además, se precisa que, en nuestro sistema jurídico, nadie puede beneficiarse
de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)51. Por lo tanto, el
comportamiento exigible al tercero interesado, una vez accedió al sistema de
registro académico de la universidad para consultar sus notas, era el de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos.

81. Encuarto lugar, el argumento asociado a que es pertinente desestimar la
demanda porque no existe ningún proceso disciplinario o penal contra el señor
Diego Fernando Obando González, no prospera. Se reitera que el objeto del
presente medio de control era verificar si los actos demandados transgredieron el
ordenamiento superior, y no evaluar la comisión de sanciones disciplinarias o
penales.

82. Asimismo, la Sala advierte que la Universidad del Cauca no reportó el inicio o
culminación de algún procedimiento disciplinario contra el señor Diego Fernando
Obando González, o de los demás estudiantes con modificaciones en sus registros
académicos, debido a que el tercero perdió la calidad de estudiante al momento del

49
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicación núm. 11001-03-24-000-2010-
00120-00. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
50
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00243-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
51
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de 2021, Rad.
11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-0324-000-2020-00292-00
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grado, y conforme a lo previsto en el Acuerdo 002 de 1988, sólo se puede sancionar
a los estudiantes que incumplan sus deberes.

83. Frente al quinto argumento sobre la vulneración del derecho a la defensa y
contradicción durante la elaboración del informe de 21 de abril de 2020, la Sala ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos:

“[…] tal informe no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su
traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas para el efecto,
en este proceso, esto es, en el traslado de la medida cautelar, oportunidad en la que
no se cuestionó la veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin. […]”52.

84. Finalmente en sexto lugar, es pertinente prohijar lo indicado por la Sala en casos
similares al resolver el argumento sobre el deber de la Universidad del Cauca de
agotar el trámite de revocatoria directa antes de acudir a la jurisdicción contenciosa.

85. En la sentencia de 2 de noviembre de 2023, esta Sección consideró que “[…] el
ejercicio del medio de control de nulidad frente a los actos administrativos de
contenido particular, -que generan consecuencias jurídicas atentatorias del orden
público y social-, no requiere del consentimiento del titular, razón por la que las
entidades del Estado están facultadas para solicitar ante esta jurisdicción la nulidad
de sus propios actos, cuando resulten lesivos para el ordenamiento jurídico, sin que
deban previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 del CPACA,
por lo que el argumento de la falta de autorización del interesado para revocar los
actos acusados no está llamado a prosperar […]”53.

86. Nótese que la pretensión de nulidad es pública y, en consecuencia, las entidades
del Estado pueden activar también el aparato judicial de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con el fin de demandar sus propios actos, cuando
resulten lesivos para el ordenamiento jurídico en abstracto, sin que deban
previamente agotar el procedimiento de que trata el artículo 97 de la Ley 1437 de
2011.

II.5. Conclusiones

87. La Sala considera que el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. 241 de 20
de marzo de 2018, el Acta de grado núm. 15 de 20 de marzo de 2018 y el Diploma
núm. 579-18 de 20 de marzo de 2018, transgreden los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo
002 de 2011, motivo por el cual debe accederse a las pretensiones de la demanda
y, en consecuencia, se declarará su nulidad.

52
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 11001-03-24-000-2020-
00264-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
53
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 noviembre de 2023, radicación núm. 1001-03-24-000-2020-00256-
00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

20

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88. Adicionalmente, conforme lo ha considerado esta Sección54 en asuntos
similares, debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del
Cauca presentó deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 2000, se instará a la institución
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si Diego Fernando Obando González estaría en condiciones de culminar el proceso
de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por
el título de abogado.

89. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación
comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.

90. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de
2012, sobre condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución 241 de
20 de marzo de 2018, respecto de Diego Fernando Obando González, el Acta de
grado núm. 15 de 20 de marzo de 2018 y el Diploma núm. 579-18 de 20 de marzo
de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca.

SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Diego Fernando Obando
González estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la
acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
anotaciones de rigor.

54
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm. 11001032400020210044400; y sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.
11001-03-24-000-2020-00240-00.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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