Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00259-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00259-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2020-00259-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00259-00
Demandante: Universidad del Cauca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de nulidad
Radicación: 11001-03-24-000-2020-00259-00
Demandante: Universidad del Cauca
Demandado: Universidad del Cauca
Tercero: Marian Briyith Daza Chilito
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad promovida por la
Universidad del Cauca.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La Universidad del Cauca, a través de apoderada judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), promovió demanda, en la modalidad de lesividad, en contra del paz
y salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución nro. R-383 de 15 de
mayo de 2019 (parcial), el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y el
Diploma nro. 645-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales se otorgó
el título de abogada a la señora Marian Briyith Daza Chilito.
I.1.1. Las pretensiones
«4.1. Declárase la nulidad de los actos administrativos; Paz y Salvo académico
Sin Nro. De fecha 30 de abril de 2019, con el cual el Consejo de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y
salvo académico a la parte demandada señor (a) DAZA CHILITO MARIAN
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BRIYITH, por haber cursado y aprobado todas la asignaturas y requisitos
académicos que integran el Plan de Estudios del Programa de Derecho.
4.2. Declárase la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. R 383
de fecha 15 de mayo de 2019, en concreto del aparte que confiere al (la) señor
(a) DAZA CHILITO MARIAN BRIYITH, identificado con la cédula de ciudadanía
No. C.C. No. 1058973133 expedida en Bolívar (Cauca), el título de Abogado (a).
4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 28 de fecha 14 de junio de 2019
y Diploma No. 645-19 de fecha 14 de junio de 2019, actos administrativos con
los cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el
artículo primero de la Resolución R 383 de fecha 15 de mayo de 2019 y otorga
el título de Abogado (a), al (la) señor (a) DAZA CHILITO MARIAN BRIYITH
identificado con la cédula de ciudadanía N° C.C. No. 1058973133 expedida en
Bolívar (Cauca).
4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado (a)
del (la) señor (a) DAZA CHILITO MARIAN BRIYITH, identificado (a) con la cédula
de ciudadanía N° C.C. No. 1058973133 expedida en Bolívar (Cauca), si ya
hubiese iniciado el trámite respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional
de Abogado (a)».
I.1.2. Hechos
Inició por señalar que, la Universidad del Cauca, conforme al ordenamiento
jurídico y a su normativa interna, consagró como requisito para el
otorgamiento del título de abogado, que los estudiantes que aspiraran al
mismo debían presentar y aprobar los exámenes preparatorios de derecho
público (derecho constitucional y derecho administrativo), derecho penal,
derecho laboral y derecho privado (derecho de familia; derecho civil bienes,
obligaciones y contratos; derecho procesal civil).
Explicó que, las normas internas de la Universidad en las que se estableció la
obligación de presentar y aprobar los exámenes preparatorios son el Acuerdo
académico 09 de 2003 (artículo segundo); Acuerdo académico 014 de 2004
(artículo segundo); Acuerdo académico 002 de 2011 (artículos sexto y
octavo); y el Acuerdo académico 039 de 2018 (artículo tercero).
Manifestó que, conforme al artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30
de 1992, las universidades de acuerdo al principio de autonomía universitaria
están facultadas para establecer, a través de sus órganos, «la creación,
organizar y desarrollo de sus programas académicos, así como definir y
organizar labores formativas y académicas de los mismos, lo que incluye la
posibilidad y/o derecho de establecer y exigir a sus estudiantes y través de su
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norma interna la presentación de exámenes preparatorios como requisito de
grado en los programas que así lo estime conveniente, tal y como lo [ha]
dejado por sentado la jurisprudencia de la Corte Constitucional especialmente
[en] las Sentencias C-1053 de 4 de octubre de 2001 y SU-783 de 11 de
septiembre de 2003».
Afirmó que, la señora Daza Chilito se matriculó al Programa de Derecho de la
Universidad del Cauca en el primer período académico de 2013, y que para
este momento el plan curricular del mismo se encontraba regulado por el
Acuerdo académico 002 de 2011, que en su artículo 8° (literal a), dispuso que
«para optar al título de Abogado (a) además de cursar y aprobar las
actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes deberán presentar
y aprobar los exámenes preparatorios»; y por el Acuerdo académico 039 de
2018 que en su artículo 3° establecía como requisitos que para obtener el
título de abogado la presentación de los preparatorios y judicatura o trabajo
de grado o estudios de profundización.
Sostuvo que, una vez cursadas las asignaturas correspondientes, la señora
Daza Chilito inició la presentación de los exámenes preparatorios que la
Universidad estableció como requisito y, en el Sistema Integrado de Matrícula
y Control Académico SIMCA 2.0 (en adelante SIMCA), se realizaron siete
registros de preparatorios con nota de aprobado.
Adujo que, con base en la información registrada en el SIMCA, el Consejo de
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad se
convenció de que la señora Daza Chilito había cumplido todos los requisitos
académicos exigidos para el otorgamiento del título académico, por lo que
procedió a expedir el paz y salvo académico de 30 de abril de 2019.
Afirmó que, la señora Daza Chilito presentó la documentación exigida para el
otorgamiento del título de abogada, a fin de ser incluida en la ceremonia de
grado que se realizaría el 14 de junio de 2019.
Señaló que, el rector de la Universidad del Cauca mediante la Resolución nro.
R-383 de 15 de mayo de 2019 incluyó a la señora Daza Chilito como una de
las personas a las que se le conferiría el título de abogada.
Adujo que, en cumplimiento de la Resolución R-383, en ceremonia de grado,
mediante Acta de grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y Diploma nro. 645-
19 de 14 de junio de 2019, la Universidad confirió el título de abogada a la
señora Daza Chilito.
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Manifestó que, el rector de la Universidad, mediante Resolución nro. R-695 de
30 de julio de 2019, en respuesta a quejas por presuntas irregularidades en el
registro de exámenes preparatorios, conformó un Equipo de seguimiento y
apoyo a los procedimientos académicos administrativos de registros de
exámenes preparatorios del Programa de Derecho de la Universidad; equipo
que tendría entre sus objetivos el de «verificar a través de las diferentes
fuentes de información las fases de inscripción, calificación y registro de
exámenes preparatorios e identificar las situaciones irregulares presentadas»;
lo anterior en tanto a algunos estudiantes «se les podría haber registrado en
el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico “SIMCA” exámenes
preparatorios como aprobado (A), cuando posiblemente no habrían superado
los mismos, pese a las diferentes oportunidades en las que lo presentaron».
Indicó que, el equipo de seguimiento procedió a analizar la información de
notas de exámenes preparatorios del Programa de Derecho registrada en
SIMCA a estudiantes, egresados y graduados de dicho programa desde el año
2015, confrontando la misma con los soportes físicos que reposan en el
expediente de la historia académica correspondiente y los pagos efectivamente
realizados por dicho concepto; para el caso de la señora Daza Chilito encontró
que solo aprobó 1 preparatorio (derecho laboral) de los 7 que debía superar;
que realizó 12 pagos por concepto de preparatorios, uno (1) asociado al
preparatorio aprobado, 11 perdidos, al respecto concluyó que:
«De acuerdo con el hecho anterior, pero especialmente en atención a las pruebas
que se aportan con el presente escrito de demanda, es claro que el señor DAZA
CHILITO MARIAN BRIYITH, no aprobó los preparatorios de; Derecho
Administrativo, Derecho de Bienes Obligaciones y Contratos, Derecho Penal,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil, Derecho de Familia, lo que se
traduce en que el mismo no cumplió con su obligación académica de aprobar la
totalidad de los exámenes preparatorios, que impone la normatividad
universitaria según los dispuesto en las normas universitarias anteriormente
descritas. Por tal razón el (la) señor (a) DAZA CHILITO MARIAN BRIYITH, para
la fecha en que la Universidad del Cauca le confirió el título académico de
Abogado (a), el mismo no había cumplido y/o superado las exigencias
académicas que el Acuerdo Académico referido le imponía para tal propósito».
I.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Explicó que, los actos demandados vulneraron los artículos 6°, 21, 26, 27, 29,
67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; 3°, 6° y 137 del CPACA; y,
finalmente, los artículos 6° y 8° del Acuerdo académico 002 de 2011 en los
cuales se establecieron que es requisito de grado para obtener el título de
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abogado entre otros el de presentar y aprobar los exámenes preparatorios
fijados por la Universidad, a saber:
«Preparatorio de derecho público:
a) Derecho constitucional
b) Derecho administrativo
Preparatorio de derecho penal
Preparatorio de derecho laboral
Preparatorio de derecho privado:
a) Derecho de familia
b) Derecho civil – bienes, obligaciones y contratos
c) Derecho procesal civil».
Adujo que, en virtud de la autonomía universitaria, las normas que regulan el
funcionamiento de la Universidad son vinculantes y de estricto cumplimiento
para sus destinatarios y, para el caso concreto, lo normado en el Acuerdo
académico 002 de 2011 debía ser aplicado, respetado y acatado por las
autoridades académicas, administrativas, así como por los estudiantes
matriculados al programa de pregrado.
Afirmó que, la presentación y aprobación de la totalidad de los exámenes
preparatorios constituía una condición o requisito sin el cual el estudiante del
Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no podría adquirir el derecho
a que se le confiriera el título de abogado y de otorgarse sin estos debía dejarse
sin efectos, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia SU-783 de
20031.
1
Indica la parte que la Corte consideró que «En la presente ocasión, la Corte Constitucional negará la tutela a los
derechos a la educación, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la igualdad, (…) por considerar que (i) las
universidades, en ejercicio de la autonomía universitaria, tanto antes como después de la sentencia C-1053 de 2001,
podían y pueden fijar exámenes preparatorios, cursos, otros exámenes de comprobación de conocimiento, exigencia
de idiomas, u otros requisitos, como requisito de grado para obtener el título de Abogado (a), (ii) en el momento de
ingresar a cursar sus estudios de derecho, los accionantes adquirieron la obligación de cumplir las normas de la
universidad dentro de las cuales estaba la presentación de preparatorios, y (iii) entrando al estudio particular de los
derechos fundamentales invocados no se encuentra que ninguno de éstos se encuentre vulnerado con la exigencia de
las universidades. Por otro lado, la Corte estima necesario señalar que (iv) se hace indispensable dejar sin efectos la
aclaración de sentencia del Juez 4º Civil del Circuito de Tunja proferida el 28 de marzo de 2003, y las actuaciones
que se hayan surtido en su cumplimiento, porque el funcionario judicial carecía de competencia para aclarar su
sentencia y, aún más, para fijar efectos inter comunis a un fallo de tutela. (i) La sentencia C-1053 de 2001 no sólo
autorizó a futuro la exigencia de exámenes preparatorios como requisitos para obtener el título de Abogado (a), así
la ley ya no los fijara como requisito, sino que avaló el establecimiento que de éstos hubieran hecho, o fueran a hacer,
las universidades en su normatividad interna. La Sala observa que todas las universidades accionadas podían exigir
exámenes preparatorios en virtud de que dentro de su normatividad consagran desde tiempos remotos la exigencia
de exámenes preparatorios. (…) Así, es claro que las disposiciones arriba señaladas, como normas vinculantes dentro
de las instituciones accionadas, determinadas en ejercicio de la autonomía universitaria, han contemplado y
contemplan legítimamente la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el grado de Abogado (a). (ii) Como
se dijo en la parte considerativa, los estudiantes tienen la obligación de cumplir con los reglamentos de la institución
educativa a la cual se vinculan, los cuales pueden cambiar o modificar a lo largo de la carrera siempre y cuando se
respeten los derechos de los estudiantes y el principio de buena fe. Todos los accionantes del presente proceso
aceptaron al firmar sus matrículas universitarias la obligación de presentar los exámenes preparatorios en la medida
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Por lo anterior, concluyó que, la señora Daza Chilito no cumplió con los
requisitos exigidos por los reglamentos internos de la Universidad para que se
le otorgara el título de abogada, pues de acuerdo con las pruebas que se
aportaban, la misma no aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Administrativo, Derecho de Bienes Obligaciones y Contratos, Derecho Penal,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil y Derecho de Familia.
I.2. La contestación
La tercera interesada
La señora Daza Chilito, a través de apoderada judicial, contestó la demanda 2,
señalando que se oponía a la prosperidad de las pretensiones, para el efecto
indicó que, tanto el paz y salvo académico como la resolución demandada eran
actos de trámite que «tampoco gozan en este proceso de fundamento legal
alguno que permita siquiera declarar prospera esta pretensión, por lo tanto,
no es posible solicitar su nulidad como tampoco declararla»; asimismo que
tampoco existía fundamento para la declaración del acta de grado ni el
diploma.
Señaló expresamente al referirse a los hechos de la demanda que, era cierto
que, la Universidad del Cauca consagró como requisito para el otorgamiento
del título de abogado, que los estudiantes que aspiraran al mismo debían
presentar y aprobar los exámenes preparatorios de derecho público (derecho
constitucional y derecho administrativo), derecho penal, derecho laboral,
derecho privado (derecho de familia; derecho civil bienes, obligaciones y
contratos; derecho procesal civil).
Asimismo, que era cierto que, las normas internas de la Universidad en las que
se establece la obligación de presentar y aprobar los exámenes preparatorios
son el Acuerdo académico 09 de 2003 (artículo segundo); Acuerdo académico
014 de 2004 (artículo segundo); Acuerdo académico 002 de 2011 (artículos
sexto y octavo); y el Acuerdo académico 039 de 2018 (artículo tercero); sin
en que ésta estaba señalada dentro de las normas de las diferentes universidades accionadas. No consta en el
expediente ninguna reserva realizada por los peticionarios con respecto a la presentación de exámenes preparatorios.
Los estudiantes tenían pleno conocimiento de las normas que regían en su institución desde el momento de su ingreso.
No se les está imponiendo obligación alguna de manera retroactiva puesto que desde el primer semestre de
universidad de los peticionarios se exigía la presentación de exámenes preparatorios, y en ningún momento tal
exigencia fue derogada por las entidades accionadas, como se deduce de la relación de normas anteriormente
realizada. (…) (iii) La Sala, después de encontrar plenamente legítima la exigencia de preparatorios como requisitos
de grado, considera necesario descartar la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de
escoger profesión u oficio, el trabajo –que se manifestaría en este caso en la libertad de ejercer profesión u oficio- y
la educación, para los casos en estudio».
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Índice nro. 46 del expediente electrónico.
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embargo aclaró que, el Acuerdo académico 002 de 2011 regía para los
estudiantes que se matricularon por primera vez o reingresaron al Programa
de Derecho en el segundo período académico de 2011.
Afirmó que, si bien era cierto que la señora Daza Chilito ingresó al Programa
de Derecho en el primer período académico de 2013, no era cierto que se
encontraba regulado por el Acuerdo 002 de 2011, en tanto el mismo Acuerdo
en su artículo 7° expresaba para que periodo regía, el cual no correspondía a
la fecha de ingreso de la señora Daza Chilito.
Explicó que, la mentada norma establecía de manera clara a quienes cobijaba,
esto es, aquellas personas «que se matriculen POR PRIMERA VEZ EN EL
SEGUNDO PERIODO DE 2011, lo cual no sucedió con mi poderdante, ya que
como es de conocimiento de la Universidad y de este despacho conforme a la
hoja de vida, su ingreso fue en el año 2013 no en el 2011. Y, en segundo lugar,
el mismo artículo rige también para quienes REINGRESEN AL PROGRAMA DE
DERECHO EN SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DE 2011, situación que
tampoco tiene ninguna relación con mi poderdante, ya que él nunca reingreso
al programa». Sostuvo que, la norma era clara y no admitía ninguna otra
interpretación más que la textual.
Manifestó que, la parte demandante consideraba que el Acuerdo 002 de 2011
se prolongaba en el tiempo, pero esto era una interpretación errada, en razón
a que «si los efectos de este Acuerdo rigieran también a situaciones futuras
debió haber establecido dicha anotación, pero tal hipótesis no existe. Lo único
claro es que el acuerdo 002 de 2011 rige para situaciones del segundo periodo
del año 2011».
Sostuvo que, no era cierto que la señora Daza Chilito, una vez culminadas las
asignaturas, iniciara a presentar preparatorios, en tanto el certificado de
terminación de materias establecía la fecha de 16 de diciembre de 2017 y su
primer preparatorio, de derecho constitucional, fue el 9 de junio de 2017, es
decir, antes de la terminación de materias; por lo anterior, adujo que eran
notables los errores de la parte demandante, asimismo que el informe del
equipo de seguimiento era contrario a los hechos que sustentaba.
Señaló que, la señora Daza Chilito realizó la práctica jurídica, sin embargo,
esto no quería decir que su actuar se fundó en el Acuerdo académico 002 de
2011, ya que este no lo vinculaba.
Negó que fuera el Consejo académico quien expidió el paz y salvo, sostuvo
que, este había sido expedido por la Decana. Asimismo, adujo que no era cierto
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que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se
convenciera de que la señora Daza Chilito había cumplido, sino que fueron los
docentes, personal administrativo y directivos del ente universitario y, en
especial, la decanatura quienes validaron todos y cada uno de los requisitos
que se debían cumplir por la señora Daza Chilito para efectos de acceder al
título de abogada.
Aludió que, el Equipo de seguimiento era un organismo no vinculante frente a
la señora Daza Chilito y sin competencia para efectos de determinar la validez
o invalidez de los requisitos que la habilitaron como profesional del derecho.
Afirmó que la Universidad tenía un reglamento estudiantil – Acuerdo 002 de
1988 – expedido por el Consejo Superior que establecía las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las cuales los estudiantes eran objeto de sanciones
(artículos 85 a 95).
Señaló que, era cierto que era un objetivo del Equipo de seguimiento el de
«verificar a través de las diferentes fuentes de información las fases de
inscripción, calificación y registro de exámenes preparatorios e identificar las
situaciones irregulares presentadas».
Adujo que, no era objetivo que, existiendo un reglamento estudiantil vigente,
a posteriori, se creara un comité para buscar las actas y revisar y sacar
conclusiones rápidas, situación que le quitaba legalidad a dicho actuar «por
cuanto se podía observar en algunas actas que están han sido manipuladas».
Afirmó que, la señora Daza Chilito presentó los exámenes preparatorios, razón
por la cual las notas estaban registradas en la plataforma.
Argumentó que, el estudiante no tenía la obligación de conservar las actas de
preparatorios, que dichas actas reposaban en la Universidad y la señora Daza
Chilito no tuvo acceso en ningún momento a esa información, situación que la
colocaba en estado de vulnerabilidad probatoria; sostuvo que si el archivo de
estos documentos era de responsabilidad de la Universidad al igual sería
responsable de la pérdida de esos documentos.
Insistió en que, la señora Daza Chilito presentó los siete preparatorios por
tanto presentó la solicitud de paz y salvo ante la Universidad la cual validó y
efectuó el respectivo grado, sin embargo, lo que se demostraba era que la
Universidad contaba con un grave problema de control de la documentación
relativa a la verificación de notas de exámenes, toda vez que no existían
protocolos definidos.
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Sostuvo que, si no existía evidencia en relación con el pago de algunos
exámenes preparatorios, como tampoco las actas de otros, esto no era
imputable al estudiante, sino que esto obedecía a la falta de criterio
institucional.
Reiteró que, el Acuerdo 002 de 2011 no era vinculante para el caso de la
señora Daza Chilito, por lo que, a su juicio, no había razón para que la
demandante manifieste falsa motivación sobre los actos demandados, en tanto
no se pueden fundamentar en ese acuerdo.
Señaló que, esta instancia judicial (medio de control de nulidad) era la primera
en la que era vinculada la señora Daza Chilito, sin que antes la hubiera
convocado la Universidad en proceso disciplinario o ante autoridad penal o
instancia administrativa.
Indicó que, el hecho de que la Universidad hiciera una relación de fechas de
presentación de exámenes nada probaba, puesto que, la Universidad guardaba
las actas de preparatorios y no los estudiantes, en ese sentido la señora Daza
Chilito no tenía acceso a esa documentación, por lo que no podría desvirtuar
las fechas.
Expuso que, la Universidad buscaba justificar su inoperancia administrativa en
la supuesta ilegalidad, desconociendo con ello los derechos de carácter
particular y concreto que habían sido obtenidos con arreglo a la Constitución
Política, la ley y los reglamentos.
Arguyó que, al momento de resolver la controversia se debían tener en cuenta
los lineamientos sentados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
en los que se indicaba que debía presentarse evidencia de la ilegalidad, que
esta debía ser incontrovertible; en ese sentido, señaló que la señora Daza
Chilito solo tuvo conocimiento de su calificación sin poder acceder a las actas,
mucho menos conocer quien o quienes tramitaban el registro de las
calificaciones.
Explicó que, la Universidad acudía a un lenguaje poco comprensivo en el cual
solo manifestaba que la señora Daza Chilito no presentó la prueba, sin haberlo
determinado concretamente, en ese sentido, el medio de control no explicaba
en qué consistía la ilegalidad o irregularidad en la cual sustentó la estudiante
la obtención fraudulenta de la calificación de los exámenes.
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Reiteró que, no era jurídicamente posible considerar que existía vulneración
del Acuerdo 002 de 2011, en tanto este acuerdo era aplicable a aquellos
estudiantes que se matricularan por primera vez o reingresaran en el segundo
período de 2011, lo cual no sucedió para el caso concreto.
Finalmente, propuso como excepciones de mérito, por una parte, la
denominada «legalidad de los actos administrativos enjuiciados e inexistencia
de falsa motivación en actos impugnados», fundada en que no existía violación
a normas de carácter superior ni falsa motivación, pues la afirmación de no
encontrar los soportes físicos de los preparatorios no podía ser fundamento del
ejercicio del medio de control que pretendía la nulidad de un acto
administrativo que reconocía derechos.
Asimismo, que la señora Daza Chilito no era la persona indicada para
demostrar la existencia o no de dicho requisito, que ella no incurrió en acto
irregular ni aprovechamiento de error, sino que en el proceso se notaba el
desorden administrativo y una situación irregular en el tratamiento de la
información relativa a la realización de los exámenes y el registro de las
calificaciones que no podía ser trasladada a esta.
Por otra parte, la de «inexistencia del deber de guarda o responsabilidad en
cabeza del demandado en el sentido de demostrar la existencia de exámenes
preparatorios», en atención a lo dicho anteriormente, precisó que la carga de
la prueba para la prosperidad de las pretensiones debía trasladarse al
demandante y que este era un aspecto imposible de demostrar en razón a los
notables errores de la Universidad, incluso en la demanda.
Adujo que, la Universidad ejerció este medio de control con base en un informe
del Equipo de seguimiento, organismo que no tenía vinculo jurídico con la
señora Daza Chilito y mucho menos con los docentes que realizaron la prueba;
asimismo, que este fue creado por la Universidad sin que haya contado con la
participación de los estudiantes afectados con la medida administrativa surtida
por la Universidad.
Por último, expuso la de «inexistencia de norma violada, no aplicabilidad del
Acuerdo 002 de 2011», como colofón de lo dicho anteriormente, esto es que
el acuerdo señalado no resultaba aplicable al caso concreto por lo expuesto.
El coadyuvante
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Demandante: Universidad del Cauca
El señor Álvaro José Mejía Arias presentó escrito3 oponiéndose a la prosperidad
de las pretensiones, para el efecto indicó que, en la Universidad del Cauca solo
existen dos requisitos de grado vigentes, la terminación del plan de estudios y
el trabajo de grado; por lo que los exámenes preparatorios no se podían exigir
como requisito de grado, en tanto el Acuerdo 027 de 25 de julio de 2012
permitía escoger otras modalidades.
Afirma que, tanto el Consejo Académico como el Consejo de la Facultad,
incumplieron el Acuerdo 027 de 2012 al expedir el Acuerdo 002 y consagrar
un requisito de grado -exámenes preparatorios-, pues, según su entender, no
tenían competencia para ello, según lo dispuesto en los artículos 13, 31 y 32
del Estatuto General y el Acuerdo 027 de 2012; por lo que, al no existir
reglamentación de este último acuerdo, conllevaba a que no fuera exigible el
requisito de los preparatorios.
En conclusión, plantea que, si bien los estudiantes han acatado y presentan
los preparatorios como requisito de grado, no tendrían la obligación de cumplir
un requisito, según su saber, ilegal, pues tuvo origen en un acto -Acuerdo 002
de 2011- expedido por un órgano que no tenía competencia para ello,
adicionalmente que debía ser refrendado por el Consejo Superior.
El señor Mejía Arias fue reconocido como coadyuvante de la tercera interesada,
por auto de 5 de diciembre de 20224.
I.3. Auto que adopta el trámite a la sentencia anticipada y fija el litigio
Mediante auto de 29 de febrero de 20245, se fijó el litigio en los siguientes
términos:
«Previa verificación del cumplimiento de la carga argumentativa que
corresponde al demandante y teniendo en cuenta la congruencia de que trata el
artículo 187 del CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 281 del
CGP, así como las excepciones que de oficio se encontraren probadas, en los
términos del artículo 282 de esta última codificación normativa, se deberá decidir
si el Paz y Salvo académico de 30 de abril de 2019, la Resolución nro. R-383 de
15 de mayo de 2019 (parcial), el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019
y el Diploma nro. 645-19 de 14 de junio de 2019, por medio de los cuales la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Marian Briyith Daza Chilito
vulneran los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política y los artículos 6 y 8 del Acuerdo nro. 02 de 2011, por cuanto alega el
3
Índice nro. 4 del expediente electrónico.
4
Índice nro. 41 del expediente electrónico.
5
Índice nro. 77 del expediente electrónico.
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Demandante: Universidad del Cauca
demandante, fueron emitidos sin el cumplimiento de los requisitos exigibles para
su expedición, específicamente, sin haber presentado y aprobado todos los
exámenes preparatorios previstos en los reglamentos del ente universitario».
I.4. Alegatos de conclusión
Mediante escrito de 25 de junio de 20246, la apoderada de la tercera interesada
presentó memorial con alegatos de conclusión, en el que reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
La parte demandante no se pronunció.
I.5. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público rindió concepto7, para el caso concreto, indicó que, el
Acuerdo académico 002 de 2011 expedido por el Consejo Académico de la
Universidad del Cauca, en ejercicio de la competencia prevista en el artículo
44 del Acuerdo 036 de 2011 (Estatuto Académico), adoptó una reforma
curricular al Programa de Derecho, organizó las actividades curriculares,
disponiendo asignaturas obligatorias y electivas, el plan de estudios y
actividades que se debían aprobar para optar por el título de abogado.
Por su parte, el artículo 6° contempló los preparatorios como requisitos de
grado y el artículo 8º dispuso que, para optar al título de abogado, además de
cursar y aprobar las actividades curriculares del plan de estudios, era necesario
presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
Explicó que, en el artículo 7° del mencionado acuerdo se estableció que la
reforma curricular adoptada regía para los estudiantes que «se matriculen por
primera vez o reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011».
Afirmó que, sobre el requisito consistente en aprobar los exámenes
preparatorios, la jurisprudencia ha señalado que las universidades, en ejercicio
de su autonomía, no sólo pueden imponer exámenes preparatorios, sino
diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos
especiales para la profundización en determinados temas o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y
respeten la Constitución Política8.
6
Índice nro. 77 del expediente electrónico.
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Índice nro. 77 del expediente electrónico.
8
SU-783 de 2003.
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Por lo anterior, al encontrarse acreditado que la señora Daza Chilito incumplió
con el requisito de grado consistente en aprobar los exámenes preparatorios
previstos en el reglamento, las pretensiones estaban llamadas a prosperar, en
tanto los actos desconocieron las normas en que debían fundarse y el Acuerdo
002 de 17 de febrero de 2011.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política
y de lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del
CPACA y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 2024 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
2.2. Cuestión previa
Previo a plantear el problema a resolver, encuentra la Sala necesario precisar
que, si bien desde el libelo introductorio se señaló como acto demandado el
paz y salvo de 15 de mayo de 2019, lo cierto es que, no resulta necesario
examinar su legalidad en razón a que los argumentos de nulidad formulados
no se fundan en irregularidades que se originen en este, por lo anterior el
estudio de legalidad de los actos definitivos demandados (resolución, acta de
grado y diploma) para definir si el título se obtuvo con violación de las normas
superiores invocadas no requiere del examen conjunto con aquel, por lo
anterior, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de su legalidad.
2.3. Planteamiento del problema
En el presente caso corresponde a la Sala determinar si los actos demandados,
esto es, la Resolución nro. R-383 de 15 de mayo de 2019 (parcial), el Acta de
Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019 y el Diploma nro. 645-19 de 14 de junio
de 2019, a través de los cuales se otorgó el título de abogada a la señora
Marian Briyith Daza Chilito, fueron expedidos con infracción de las normas en
que debían fundarse.
Para la parte demandante, los actos fueron expedidos con violación de los
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artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política y
los artículos 6º y 8º del Acuerdo nro. 002 de 2011, por cuanto, fueron emitidos
sin que la señora Daza Chilito hubiere presentado y aprobado todos los
exámenes preparatorios previstos en los reglamentos del ente universitario,
específicamente, los preparatorios de Derecho Administrativo, Derecho de
Bienes Obligaciones y Contratos, Derecho Penal, Derecho Constitucional,
Derecho Procesal Civil y Derecho de Familia.
Mientras que, para la tercera interesada no existe fundamento para declarar
la nulidad de los actos acusados, esto con sustento en que, por una parte, i)
la Resolución nro. R-383 de 15 de mayo de 2019 es un acto de trámite; ii)
que el Acuerdo académico 002 de 2011 no era aplicable para el caso de la
señora Daza Chilito, pues conforme al artículo 7º este regía para los
estudiantes que se matricularon por primera vez o reingresaron al Programa
de Derecho de la Universidad del Cauca en el segundo período académico de
2011 y ella ingresó en el primer período académico de 2013.
Por otra parte, que iii) el Equipo de seguimiento no era un organismo
vinculante y que no tenía competencia para efectos de determinar la validez o
invalidez de los requisitos para obtener el título de abogada; iv) que la tercera
no fue convocada por la Universidad a un proceso disciplinario o ante autoridad
penal o instancia administrativa para examinar su situación; y v) que la
Universidad del Cauca contaba con un grave problema de control documental-
administrativo y esto no era imputable a los estudiantes, quienes tampoco
tenían la obligación de conservar las actas de los preparatorios.
Respecto de las excepciones de mérito propuestas, la Sala encuentra que giran
en torno a los mismos argumentos expuestos en precedencia por lo que serán
resueltas al estudiar estos.
El coadyuvante coincide con la apoderada de la interesada (argumento ii) en
que el requisito de grado de los preparatorios, establecido en el Acuerdo 002
de 2011 no resultaba exigible, al considerar que fue expedido por un órgano
sin competencia y que no fue refrendado por la autoridad prevista para tal
actuación.
Precisado lo anterior, la Sala abordará los argumentos de la tercera interesada
en tanto están dirigidos a cuestionar la configuración del de nulidad propuesto.
2.4. Análisis de la Sala
Los argumentos de oposición
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Demandante: Universidad del Cauca
i) La resolución es un acto de trámite
Frente a este argumento, la Sala advierte que, contrario a lo señalado por la
interesada, examinado el contenido de la resolución a través de la cual la
institución educativa confiere los títulos académicos de pregrado se tiene que,
es a través de esta, como del acta grado y el diploma, que se crea la situación
jurídica para quien obtuvo el título profesional cuestionado, pues
expresamente en el ordinal primero de este acto el representante de la
institución educativa en uso de sus facultades legales decide respecto de los
estudiantes que han reunido los requisitos de ley y exigidos por cada unidad
académica y demás instancias administrativas, que se «les confiere el título»,
en ese sentido, con estos se adopta la decisión definitiva y particular de
titulación.
En vista de lo anterior, el argumento no está llamado a prosperar.
ii) Inaplicabilidad del Acuerdo académico 002 de 2011
Sobre este punto la Sección ha indicado pacíficamente que el Acuerdo
académico 002 de 2011 reguló el pénsum de los estudiantes matriculados por
primera vez o que reingresaron al Programa de Derecho a partir del segundo
período académico de 2011, en reciente decisión9 explicó:
«Sobre el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011
34. La Sala advierte, para efectos de resolver el caso concreto, que los artículos
5.°, 6.° y 7.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 prevén que, para optar
al título de abogado, se deben presentar y aprobar los exámenes preparatorios,
así:
“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del
Programa de Derecho:
[…]
PREPARATORIOS
REQUISITOS JUDICATURA O
DE GRADO TRABAJO DE
GRADO
[…]
ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de 2024,
radicación nro. 110010324000 2021 00886 00.
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Acuerdo rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo período académico
de 2011.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y
aprobar las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes
deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en
la judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma
extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (Destacado y subrayado
de la Sala).
35. Esta Sección10 estudió la exigibilidad de los exámenes preparatorios en el
reglamento interno de la Universidad del Cauca y la obligatoriedad del
reglamento estudiantil para los estudiantes que se matricularon por primera vez
o reingresaron al programa de derecho a partir del segundo período
académico de 2011, considerando que:
“[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la malla curricular
bajo la modalidad de créditos y fijó las actividades curriculares obligatorias y
electivas que debían aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera
vez o reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo académico
de 2011», según lo previsto en su artículo 6°.
74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02 exigieron la presentación
y aprobación de exámenes preparatorios como un requisito tendiente a
obtener el título de abogado, en los siguientes términos:
[…]
75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo
001 de 4 de diciembre de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos
administrativos, sustanciales y procedimentales relacionados con la
presentación y aprobación del requisito de grado objeto de debate.
76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo siguiente:
“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud
académica y profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre las
diferentes asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación socio
humanística del estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de
Programa en conjunto con los departamentos establecerá las temáticas a
evaluar en los diferentes exámenes de preparatorios.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00.
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ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en
las siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas,
Derecho de las relaciones Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho
Procesal Laboral, Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal
Especial y Principios y Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de
Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial (…)”.
77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el
referido Acuerdo 02 de 2011 es una norma vinculante y de obligatorio
cumplimiento para aquellos «estudiantes que se matricul(aron) por primera
vez o reingres(aron) al programa de Derecho en el segundo periodo
académico de 2011», según lo previsto en su artículo 6°. Tal disposición exige
la aprobación de los exámenes preparatorios como un componente obligatorio
del currículo académico.
78. Esto significa que resulta totalmente acertado el planteamiento expuesto
por la Universidad del Cauca conforme con el cual su normatividad interna
exige la aprobación de los exámenes preparatorios a efectos de optar por el
título de abogado.
[…]
84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el Acuerdo 02 de 2011
como el Acuerdo 001 de 2014 determinan claramente que los estudiantes de
Derecho deben aprobar todos los exámenes preparatorios para optar por el
título de abogado(a). Estos actos administrativos, valga resaltarlo, no solo
fueron expedidos por las autoridades competentes, sino que definen cuáles
son las temáticas objeto de esa prueba de aptitud, y establecen un
procedimiento para su desarrollo en virtud del cual su presentación y
aprobación se ve reflejada en distintas constancias documentales físicas y
virtuales […]”.
36. En efecto, esta Sala consideró que: i) el Acuerdo Académico 02 de 2011 “[…]
es una norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes
que se matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho en
el segundo periodo académico de 2011, según lo previsto en su artículo 6° […]”;
ii) el Acuerdo 02 de 2011 exige la aprobación de los exámenes preparatorios
como un componente obligatorio del currículo académico; y iii) tanto el Acuerdo
02 de 2011 como el Acuerdo 001 de 2014 determinan claramente que los
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estudiantes de Derecho deben aprobar todos los exámenes preparatorios,
para optar por el título de abogado».
Con base en lo anterior, encuentra la Sala que el Acuerdo 002 de 2011 es una
norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes que
se matricularon por primera vez o reingresaron al Programa de Derecho a
partir del segundo período académico de 2011.
Valga aclarar que, una interpretación como la pretendida por la apoderada
judicial de la tercera interesada resulta contraria al efecto útil de las normas,
en tanto limita el alcance del requisito a la fecha establecida como de inicio
para su exigibilidad, lo que ni siquiera se evidencia de su lectura.
Ello también se corrobora al advertirse que la tercera interesada entendía que
la norma resultaba aplicable, como quiera que presentó algunos preparatorios
para optar al título.
Ahora bien, frente al argumento presentado por el coadyuvante referido a la
ausencia de ratificación del Acuerdo y la falta de competencia del órgano
académico para promulgarlo, la Sala11 ha considerado de manera pacífica que,
conforme a los artículos 8º, 41, 42, 43 y 44 del Estatuto Académico la creación
y autorización de un programa académico implica la intervención del Consejo
de Facultad y del Consejo Superior, mientras que en materia de modificaciones
el Consejo de Facultad promueve los cambios, y el Consejo Académico los
aprueba. En consecuencia, una vez el programa es aprobado, este es
administrado por las Facultades, con apoyo de la Coordinación de Programa y
del Comité de Programa. En providencia de 17 de octubre de 202412, señaló
lo siguiente:
«[…] el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en las
sesiones de 16 de diciembre de 2010 y 8 de febrero de 2011, avaló una
actualización (reforma) de los componentes del currículo del programa de
derecho impartido por la Universidad del Cauca, la cual fue aprobada por el
Consejo Académico, mediante Acuerdo 002 de 2011.
56. Esto significa que el Consejo de Facultad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 4.o del Acuerdo 027 de 2012 y en los artículos 43 y 44 del Acuerdo 036
de 2011, no solo definió́ la modalidad de trabajo de grado para ese programa,
de acuerdo a sus características y particularidades, sino que estableció́ las
condiciones, requisitos, procedimientos y términos que reglamentan dicha
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de 2024,
radicación nro. 11001-0324-000-2020-00292-00.
12
Ibidem.
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Radicación: 11001-03-24-000-2020-00259-00
Demandante: Universidad del Cauca
modalidad».
En vista de lo anterior, los argumentos y la excepción de inexistencia de la
norma violada no están llamados a prosperar.
iii) El equipo de seguimiento no era un organismo vinculante ni
con competencia para determinar la validez de los requisitos
para obtener el título de abogada
En lo atinente a este punto, pone de presente la Sala que, por una parte, como
se señaló en providencia de 17 de octubre de 202413, la Resolución nro. R-695
de 2019, a través de la cual se crea y se encomiendan funciones al Equipo de
Seguimiento, es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad,
por lo tanto es de obligatorio cumplimiento mientras no se suspendan sus
efectos jurídicos o se declare su nulidad, materia que no es analizada en este
medio de control.
Por otra parte, en virtud del principio de autonomía universitaria, la entidad
demandante está facultada para organizar su estructura institucional conforme
a los objetivos y necesidades identificadas, en ese sentido, la labor
encomendada consistente en verificar a través de las diferentes fuentes de
información las fases de inscripción, calificación y registro de exámenes
preparatorios e identificar las situaciones irregulares presentadas, estaba
dentro de su órbita, como además lo reconoció la interesada al contestar la
demanda.
En cumplimiento de esta función correspondía al Equipo de seguimiento
preparar los informes que se solicitaran o que debieran enviarse a los
organismos internos y externos de inspección, vigilancia y control, como lo es
el informe sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos de grado
arrimado al presente asunto.
Finalmente, frente al argumento consistente en que algunas actas habían sido
manipuladas, la Sala encuentra que no fue sustentado por la parte, ni
precisado en su alcance, por lo que no hay lugar a adentrarse en su estudio.
De otra parte, encuentra la Sala que, como lo sostiene la tercera, si bien esta
no estaba obligada a conservar las actas que se echan de menos, lo cierto es
que podía a través de otros medios probatorios tratar de acreditar la
presentación y aprobación de los exámenes preparatorios, ejercicio que no
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de 2024,
radicación nro. 11001-0324-000-2020-00292-00.
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Radicación: 11001-03-24-000-2020-00259-00
Demandante: Universidad del Cauca
desarrolló en defensa de su posición, lo que dejo huérfano su dicho sobre la
presentación de los siete exámenes preparatorios.
iv) Ausencia de proceso disciplinario o penal
Frente a este argumento la Sala reitera que, como lo ha indicado en asuntos
similares14, en atención al objeto del presente proceso, el hecho de que no
existiera ningún proceso disciplinario o penal iniciado por la Universidad contra
el tercero no incide en el mismo, toda vez que este está dirigido a verificar si
los actos demandados trasgredieron el ordenamiento superior y no evaluar la
comisión de sanciones disciplinarias o penales.
Finalmente, el argumento v) referido al desorden documental y administrativo
de la Universidad del Cauca será abordado conjuntamente con el fondo del
asunto, en tanto está relacionado con los elementos de prueba allegados al
expediente.
Estudio de los cargos
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala continuar con el estudio de la
legalidad de los actos demandados por vulnerar los artículos 6º y 8º del
Acuerdo nro. 02 de 2011 y el artículo 3º del Acuerdo nro. 039 de 2018, en los
cuales se establece como requisito de grado para obtener el título de abogado,
la presentación y aprobación de los exámenes preparatorios, y para el efecto
observa lo siguiente:
La Universidad del Cauca, mediante el Acuerdo nro. 02 de 2011, «Por el cual
se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales», adoptó como requisitos para optar
al título de abogado, además de cursar y aprobar las actividades curriculares
del plan de estudios, el de presentación y aprobación de los preparatorios, en
los siguientes términos:
«ARTÍCULO SEXTO. - Adoptar el siguiente plan de estudio del Programa
de Derecho:
[…]
REQUISITOS DE GRADO PREPARATORIOS
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de octubre de 2024,
radicación nro. 11001-03-24-000-2022-00121-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Demandante: Universidad del Cauca
[…]
ARTÍCULO OCTAVO. - Para optar al título de abogado, además de cursar y
aprobar las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes
deberán:
a) Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b) Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica
en la Judicatura.
c) Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d) Cursar y aprobar la actividad física formativa.
PARÁGRAFO. - Podrá ser homologada como trabajo de grado la participación
evaluada satisfactoriamente en proyectos de investigación registrados en el
Sistema de Investigaciones, que a juicio del Consejo de la Facultad, previa
solicitud motivada del profesor coordinador del proyecto, tengan suficiente
entidad académica o impacto social o institucional relevante».
Sobre la vigencia de la norma, el artículo 7º dispuso que la reforma curricular
adoptada mediante el Acuerdo nro. 02 de 2011 regía para los estudiantes que
se matricularan por primera vez o reingresaran al programa de Derecho en el
segundo periodo académico de 201115.
Hechos probados
Revisado el expediente encuentra probado la Sala lo siguiente:
2.4.1.1. La Universidad del Cauca, mediante los artículos 6º y 8º del Acuerdo
nro. 002 de 2011, estableció como requisito para los estudiantes poder optar
al título de abogado, además de cursar y aprobar las actividades curriculares
del plan de estudios, el de presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios. El Acuerdo en mención, conforme a su artículo 7º, regía para
los estudiantes que se matricularan en la universidad por primera vez o
reingresaran al Programa de Derecho en el segundo periodo académico de
2011.
2.4.1.2. La señora Marian Briyith Daza Chilito se matriculó en el Programa de
Derecho en el primer periodo académico de 2013.
15
«ARTÍCULO SÉPTIMO.- La reforma curricular adoptada mediante el presente Acuerdo rige para los estudiantes que
se matriculen por primera vez o reingresen al programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011».
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2.4.1.3. La Universidad del Cauca, a través de la Decana de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, expidió el Paz y Salvo académico de 30
de abril de 2019 en el que hizo constar lo que sigue:
2.4.1.4. La Universidad del Cauca, mediante Resolución nro. R-695 de 30 de
julio 2019, conformó un Equipo de Seguimiento y apoyo a mejorar los
procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes
preparatorios del Programa de Derecho, a cargo de la tarea de verificar el
cumplimiento de requisitos de presentación y aprobación de esos exámenes
por parte de los estudiantes egresados y graduados desde el año 2015.
En desarrollo de la tarea asignada, el Equipo de Seguimiento concluyó,
respecto del caso de la señora Marian Briyith Daza Chilito 16, lo siguiente:
16
Índice nro. 3 del expediente electrónico.
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Demandante: Universidad del Cauca
De lo anterior, se tiene por cierto que i) en el primer periodo del año 2013 la
señora Marian Briyith Daza Chilito se matriculó en el Programa de Derecho de
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la Universidad del Cauca; ii) la Universidad del Cauca, a través del Acuerdo
nro. 02 de 2011 (artículos 6º y 8º), estableció como requisito para optar al
título de abogado el de presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios; por consiguiente, el requisito de presentación y aprobación de
preparatorios establecido en el Acuerdo nro. 02 de 2011 resultaba exigible a
la señora Marian Briyith Daza Chilito por matricularse en la universidad con
posterioridad a la entrada en vigencia de éste, esto es, después del segundo
periodo académico de 2011 (artículo 7º ibidem); iii) la señora Marian Briyith
Daza Chilito no registra soporte de haber presentado y aprobado 6 de los 7
exámenes preparatorios establecidos.
Por lo dicho, la Sala considera que procede declarar la nulidad del artículo 1°
(parcial) de la Resolución 383 de 15 de mayo de 2019, el Acta de Grado nro.
28 de 14 de junio de 2019 y el Diploma nro. 645-19 de 14 de junio de 2019,
a través de los cuales se otorgó el título de abogada a la señora Marian Briyith
Daza Chilito, en tanto transgreden el artículo 2° del Acuerdo 02 de 2011.
Finalmente, en cuanto al argumento de desorganización interna que se alega
(argumento iv), reitera la Sala la posición adoptada en decisiones anteriores
sobre estos mismos casos, en cuanto a que es un argumento que no tiene la
virtualidad de mantener la legalidad de los actos acusados, pero que al ser un
hecho cierto, da lugar a que se inste a la institución de educación superior para
que, en el marco de su autonomía, adopte medidas a fin de evaluar si la señora
Daza Chilito está en condiciones de culminar el proceso de graduación
acreditando los requisitos que se echan de menos en esta providencia.
Asimismo, teniendo en cuenta que se declara la nulidad de los actos que sirven
de soporte a la tarjeta profesional de abogada de la interesada, se comunicará
a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.
2.5. Costas
La Sala considera que, conforme al artículo 188 del CPACA, no hay lugar a
imponer condena en costas teniendo en cuenta que el presente asunto fue
promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto
la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que
mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia
del principio de legalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Demandante: Universidad del Cauca
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo 1° (parcial) de la Resolución
383 de 15 de mayo de 2019, el Acta de Grado nro. 28 de 14 de junio de 2019
y el Diploma nro. 645-19 de 14 de junio de 2019, a través de los cuales se
otorgó el título de abogada a la señora Marian Briyith Daza Chilito, expedidos
por la Universidad del Cauca.
SEGUNDO: INSTAR a la institución de educación superior para que, en el
marco de su autonomía, adopte medidas a fin de evaluar si la señora Marian
Briyith Daza Chilito está en condiciones de culminar el proceso de graduación
acreditando los requisitos que se echan de menos en esta providencia.
TERCERO: COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura para lo de su
competencia.
CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme a lo expuesto.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con
la ley.
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