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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00442-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2013-00442-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acta de Grado núm. 147-02-09 de 14 de diciembre de 2009 y del Diploma núm. 3308 de 14 de diciembre de 2009, a través de los cuales el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario otorgó el título de abogado al señor César Augusto Franco Vargas. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acta de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de 2010, únicamente en lo relacionado con el señor César Augusto Franco Vargas, y del Diploma núm. 1633 de 3 de diciembre de 2010, a través de los cuales el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario le otorgó el título de especialista en Derecho Administrativo. TERCERO: Por Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura (URNA) la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, ante la eventual configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor César Augusto Franco Vargas. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2013-00442-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Demandado: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Tercero con interés: César Augusto Franco Vargas
Medio de control: Nulidad simple
Temas: Nulidad de actos que otorgan títulos universitarios sin el
cumplimiento de los requisitos
Decisión: Declarar la nulidad de los actos administrativos demandados

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda de nulidad promovida por el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario contra el Acta de Grado núm. 147-02-09 de 14 de
diciembre de 2009 y el Diploma núm. 3308 de la misma fecha, mediante los cuales se
otorgó al señor César Augusto Franco Vargas el título de abogado, así como contra el
Acta de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de 2010, en lo relacionado con aquél, y el
Diploma núm. 1633 de la misma fecha, por los cuales se le confirió el título de especialista
en Derecho Administrativo.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, por intermedio de apoderada judicial,
presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), con el propósito de obtener las siguientes
declaraciones y condenas:

1. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos, previa
suspensión provisional de los mismos:

ACTA DE GRADO 147-02-09 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2009 y el DIPLOMA No.
3308, registrado bajo el serial No. 28103, libro 25, folio 52, mediante los cuales se le
otorgó el título profesional de abogado al señor CÉSAR AUGUSTO FRANCO
VARGAS […].

Parcialmente el ACTA DE GRADO 11023 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2010 (parte en
la que se menciona a CÉSAR AGUSTO FRANCO VARGAS) y el DIPLOMA No.

1 La demanda fue radicada el 24 de junio de 2013 y obra en el índice 107 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

1633, registrado bajo el serial No. 30568, libro 27, folio 28, mediante los cuales se le
otorgó el título de especialista en Derecho Administrativo al señor CÉSAR AUGUSTO
FRANCO VARGAS […].

2. Como consecuencia de la nulidad ORDENAR al señor CÉSAR AUGUSTO
FRANCO VARGAS devolver a LA UNIVERSIDAD los originales de los siguientes
diplomas:

DIPLOMA No. 3308 (Registrado bajo el serial No. 28103, libro 25, folio 52).

DIPLOMA No. 1633 (Registrado bajo el serial No. 30568, libro 27, folio 28).

3. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura informando sobre la declaración
de nulidad de los actos demandados para los efectos correspondientes en relación
con la tarjeta profesional (mayúscula sostenida y negrita del original).

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario señaló que el señor César Augusto Franco Vargas presentó, el 19 de noviembre
de 2009, la documentación requerida para obtener el título profesional de abogado y que,
mediante comunicación de 11 de diciembre del mismo año, la Secretaría Académica de
la Facultad de Jurisprudencia informó que aquél había aprobado los exámenes
preparatorios y acreditado el requisito de segundo idioma.

Expuso que, con base en esa documentación, le otorgó el título profesional de abogado
mediante el Acta de Grado núm. 147-02-09 y el Diploma núm. 3308, ambos de 14 de
diciembre de 2009. Posteriormente, una vez presentada la lista de chequeo de los
documentos exigidos para obtener el grado de especialista en Derecho Administrativo, le
confirió dicho título a través del Acta de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de 2010 y
el Diploma núm. 1633 de la misma fecha.

La universidad indicó que el requisito de suficiencia en segundo idioma se tuvo por
cumplido con fundamento en un certificado expedido el 28 de agosto de 2009 por la
señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo, quien, para entonces, se desempeñaba como
funcionaria del Wall Street Institute. Sin embargo, mediante comunicación de 19 de marzo
de 2010, esa institución informó que había advertido irregularidades en los certificados
emitidos por aquella funcionaria, entre ellos, el presentado por el señor Franco Vargas.

Agregó que, mediante escrito de 16 de noviembre de 2010, la señora Velasco Pardo
reconoció haber expedido certificados en nombre del referido instituto a personas que no
habían aprobado los niveles exigidos. Asimismo, indicó que los documentos originales
fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para ser incorporardos a la
actuación penal con radicación 110016000049201005626.

Relató que, mediante Auto núm. 39/11 de 2 de marzo de 2011, inició una investigación
disciplinaria contra el señor Franco Vargas, quien, en sus descargos, manifestó que había
presentado una prueba de clasificación en la que obtuvo un nivel inferior al requerido y
que posteriormente recibió de la señora Velasco Pardo el certificado cuestionado, a
cambio del pago de una suma de dinero y con la intervención de otro estudiante. Aunque
aseguró haber confiado en la legalidad del documento, reconoció que aceptó esa
alternativa ante la necesidad de acreditar el requisito de segundo idioma y obtener su
título profesional.

2

Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Adujo que, mediante decisión de 30 de marzo de 2011, el Consejo de Asuntos
Disciplinarios impuso al señor Franco Vargas la sanción de expulsión, cuya ejecución
quedó supeditada a la firmeza de la anulación del título, y ordenó adelantar las
actuaciones necesarias para invalidarlo, por cuanto el requisito de grado había sido
acreditado mediante documentación engañosa e información falsa.

Manifestó que el señor Franco Vargas interpuso recurso de apelación contra esa decisión
y que el Consejo Académico de la Facultad de Jurisprudencia la confirmó mediante la
Resolución núm. 007 de 9 de septiembre de 2011.

Finalmente, indicó que, mediante comunicación de 25 de junio de 2012, la Secretaría
General solicitó iniciar el trámite para anular el título de abogado y, en consecuencia, el
de especialista en Derecho Administrativo, pues la falsedad del certificado demostraba
que el interesado no había cumplido el requisito de suficiencia en segundo idioma exigido
para obtener el título profesional ni, por ende, la condición necesaria para ingresar al
programa de posgrado y obtener el título correspondiente.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

La parte actora formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de violación, así:

1.3.1. Primer cargo: violación de los artículos 24 y 28 de la Ley 30 de 28 de diciembre
de 1992 y del artículo 97 del Reglamento Académico de Pregrado
La universidad señaló que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 30 de 1992, el
título constituye el reconocimiento académico otorgado a una persona que culminó un
programa y adquirió un saber determinado, mientras que el artículo 28 de la misma ley
faculta a las instituciones universitarias, en ejercicio de su autonomía, para establecer
sus programas académicos y otorgar los títulos correspondientes.

Explicó que, en desarrollo de esas disposiciones, el artículo 97 del Reglamento
Académico de Pregrado, adoptado mediante el Decreto Rectoral núm. 826 de 5 de
octubre de 2004, exigía, entre los requisitos para obtener el grado, la aprobación de un
examen de suficiencia en una segunda o tercera lengua reconocido por la universidad,
así como la acreditación de su presentación y aprobación ante la respectiva Secretaría
Académica.

Sostuvo que el señor Franco Vargas no cumplió dicha exigencia, pues el certificado
aportado para acreditar la suficiencia en segundo idioma contenía información falsa y fue
expedido pese a que el interesado no había cursado ni aprobado los niveles requeridos.
En consecuencia, consideró que el título de abogado fue otorgado sin que estuvieran
satisfechas todas las condiciones académicas establecidas por la institución.

1.3.2. Segundo cargo: violación de los artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992 y del
artículo 10 del Reglamento Académico de Posgrados

La demandante indicó que los artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992 disponen que los
programas de especialización corresponden a estudios posteriores al pregrado y que,
para ingresar a ellos, se requiere poseer un título profesional.

Señaló que, en concordancia con esas normas, el artículo 10 del Reglamento Académico
de Posgrados, adoptado mediante el Decreto Rectoral núm. 980 de 5 de junio de 2007,
establecía como requisito de admisión poseer un título de pregrado o su equivalente.

3

Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Afirmó que la invalidez del título de abogado afectaba el fundamento académico con base
en el cual el señor Franco Vargas ingresó al programa y obtuvo el título de especialista
en Derecho Administrativo, motivo por el cual, sostuvo que los actos que confirieron el
título de posgrado también fueron expedidos sin el cumplimiento de los requisitos
aplicables.

1.3.3. Tercer cargo: expedición de los actos mediante medios ilegales o
fraudulentos

La parte actora adujo que los actos acusados se sustentaron en la documentación falsa
aportada por el señor Franco Vargas para acreditar el requisito de suficiencia en segundo
idioma, irregularidad demostrada en el proceso disciplinario adelantado por la institución
y reconocida por el propio interesado en sus descargos.

Invocó la jurisprudencia constitucional relativa a la potestad de las universidades para
anular los títulos obtenidos con fundamento en documentación falsa2 y sostuvo que esa
medida resultaba admisible, por cuanto el título tiene por objeto certificar que su titular
cumplió la totalidad de los requisitos y adquirió los conocimientos necesarios para ejercer
la respectiva profesión.

II. TRÁMITE DEL PROCESO

2.1. Admisión

Mediante auto de 2 de agosto de 2013, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá remitió el asunto por competencia al Consejo de Estado3.

Recibido el expediente, a través de auto de 19 de noviembre de 2013, se admitió la
demanda y se ordenó notificar al señor César Augusto Franco Vargas, en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, y al agente del Ministerio Público4.

2.2. Medida cautelar

En escrito seguido a la demanda, la actora solicitó la suspensión provisional de los
efectos de los actos acusados5, a la cual se accedió mediante proveído de 20 de marzo
de 20146. En un análisis preliminar de los actos y las pruebas allegadas, el Despacho
advirtió que el señor César Augusto Franco Vargas obtuvo el título de abogado sin
acreditar el requisito de suficiencia en segunda lengua, pues presentó un certificado
expedido irregularmente por una funcionaria de Wall Street Institute, pese a no haber
cursado ni aprobado los niveles exigidos. Asimismo, estimó que, al carecer de un título
profesional válido, tampoco reunía la condición requerida para obtener el título de
especialista en Derecho Administrativo.

Contra esta decisión, el tercero con interés interpuso recurso de súplica, precisando que
había presentado el examen de clasificación de inglés el 10 de julio de 2009, aunque no
obtuvo el puntaje requerido para acreditar el requisito de idioma extranjero. Afirmó que el

2 Corte Constitucional, sentencia T-519 de 2010.
3 Samai, índice 107, documento electrónico con certificado 895E23632784EA8C 107B2B44DD772DE9

D66409CF0AAE5EEA B6E0474AB81899DE denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 131 -
133.
4 Ibidem, págs. 137 - 139.
5 Samai, índice 107, documento electrónico con certificado A5231A556B43F5E1 E52B54E5D44B06EC

48BC9451845778B6 09A0A527B671173B denominado “CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR(.pdf)”,
págs. 2 - 18.
6 Ibidem, págs. 25 - 36.

4

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

certificado mediante el cual acreditó el requisito fue expedido por la señora Shasdy
Alejandra Velasco Pardo, funcionaria de Wall Street Institute, empresa que había
celebrado un convenio con la universidad para certificar la presentación y el resultado del
referido examen7.

Durante el trámite del recurso, mediante auto de 22 de septiembre de 2016, la Sala
aceptó el impedimento manifestado por el consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y
lo separó del conocimiento del proceso, por cuanto había intervenido como agente del
Ministerio Público en la audiencia inicial celebrada el 24 de noviembre de 2014 y se había
pronunciado sobre las excepciones propuestas por el tercero interesado, hecho
constitutivo de la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General
del Proceso8.

Mediante auto de 20 de octubre de 2017, la Sala confirmó la providencia que decretó la
suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, por cuanto el señor Franco
Vargas había reconocido en el proceso disciplinario que no alcanzó el nivel de inglés
exigido y que obtuvo el certificado cuestionado mediante el pago de una suma de dinero 9.

2.3. Contestación de la demanda

El señor César Augusto Franco Vargas, tercero con interés directo en las resultas del
proceso, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones.

Sostuvo que los títulos de abogado y especialista en Derecho Administrativo le fueron
conferidos con fundamento en la documentación que la propia universidad revisó y
aceptó. Por ello, afirmó que esta no podía invocar su propio error para solicitar la nulidad
de los actos, pues disponía de los medios necesarios para verificar oportunamente la
autenticidad y veracidad de los documentos presentados para el grado.

Adujo que actuó bajo la convicción de que el certificado de suficiencia en segundo idioma
era válido, dado que fue expedido por una funcionaria de Wall Street Institute, institución
que tenía un convenio con la demandante y ante la cual había presentado el examen de
clasificación. Por esta razón, consideró que no podía atribuírsele de manera exclusiva la
responsabilidad por las irregularidades advertidas, dado que ambas instituciones
omitieron verificar oportunamente la autenticidad y veracidad del documento.

Manifestó que aprobó las asignaturas del programa de Derecho y que la irregularidad se
limitó a la acreditación del segundo idioma, requisito que consideraba accesorio para
ejercer la abogacía. Agregó que reconoció su error, explicó las circunstancias en las que
obtuvo el certificado y colaboró con el esclarecimiento de los hechos, conductas que, en
su criterio, debían valorarse junto con las dificultades económicas que atravesaba.

Asimismo, sostuvo que la anulación de los títulos, sumada a la expulsión impuesta en el
procedimiento disciplinario, constituía una doble sanción por los mismos hechos y
vulneraba sus derechos al trabajo, a la educación y a escoger profesión u oficio, por lo
que debía permitírsele acreditar el requisito de idioma en lugar de privarlo de los títulos
obtenidos.

Con fundamento en esos argumentos, propuso las excepciones de (i) falta de integración
del litisconsorcio necesario, por considerar que Wall Street Institute, como institución que

7 Ibidem, págs. 40 - 42.
8 Ibidem, págs. 58 - 62.
9 Ibidem, págs. 65 - 75.

5

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expidió el certificado, debía ser vinculada al proceso; (ii) falta de legitimación en la causa
por activa, dado que la universidad no podía invocar su propio error para solicitar la
nulidad de los actos; (iii) existencia de culpas compartidas entre la universidad, Wall
Street Institute y el tercero interesado; y, (iv) la genérica10.

2.4. Audiencia inicial

En la audiencia inicial celebrada el 24 de noviembre de 2014, el despacho declaró
saneado el proceso y negó las excepciones propuestas por el tercero interesado, por
considerar que Wall Street Institute no debía integrar el contradictorio, toda vez que el
control judicial recaía exclusivamente sobre los actos académicos expedidos por la
universidad y la decisión no afectaría a dicho instituto; asimismo, señaló que la
demandante estaba legitimada para solicitar la nulidad de sus propios actos cuando
estimara que habían sido obtenidos por medios ilegales o fraudulentos11.

Contra esa decisión, el tercero con interés interpuso recurso de apelación, que el
despacho adecuó al recurso de súplica. En la sustentación, sostuvo que Wall Street
Institute debía ser vinculado al proceso, debido a que la controversia tenía origen en el
convenio celebrado con la universidad y en la expedición del certificado cuestionado,
razón por la cual, consideró que su ausencia impedía integrar debidamente el
contradictorio y podía conducir a una sentencia inhibitoria12.

Durante el trámite del recurso, mediante auto de 22 de septiembre de 2016, la Sala
aceptó el impedimento manifestado por el consejero Roberto Augusto Serrato Valdés y
lo separó del conocimiento del proceso, por cuanto había intervenido como agente del
Ministerio Público en la audiencia inicial y se había pronunciado sobre las excepciones
propuestas13. Posteriormente, mediante auto de 20 de octubre de 2017, confirmó la
decisión adoptada sobre las excepciones en la audiencia inicial14.

El 27 de abril de 201815, continuó la audiencia inicial, oportunidad en la cual se fijó el
litigio16 y se resolvió sobre el decreto de pruebas17.

10 Samai, índice 107, documento electrónico con certificado 895E23632784EA8C 107B2B44DD772DE9

D66409CF0AAE5EEA B6E0474AB81899DE denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 149 -
156.
11 Ibidem, pág. 128.
12 Ibidem, págs. 218 - 221.
13 Ibidem, págs. 213 - 216.
14 Ibidem, págs. 257 - 265.
15 Ibidem, págs. 284 - 301.
16 “La Sala examinará: // 1.1.- ¿Es cierto que el señor CESAR AUGUSTO FRANCO VARGAS, al presentar

la certificación falsa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario para acreditar el conocimiento del
segundo idioma, lo hizo de buena fe e inducido a error? // 1.2.- Si la respuesta al interrogante anterior fuera
afirmativa, la Sala abordaría el siguiente problema: // ¿Es cierto que, en la inducción a dicho error,
concurren la culpa del Centro Wall Street Institute y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario? //
1.3.- Si, así mismo, la respuesta a los numerales 1 y 2 anteriores fueren afirmativas la Sala debería entrar
a resolver el siguiente problema: // Hay lugar a declarar la nulidad de los actos demandados, si fueron
expedidos con base en una certificación de segundo idioma falsa, que el tercero interesado presentó de
buena fe e inducido en error con la concurrencia de la culpa del Centro que expidió el titulo y del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario? // 2.- En relación con los argumentos de defensa adicionales del
Tercero Interesado: // 2.1. ¿Las pretensiones del demandante desconocen uno o los dos artículos, 10 y 23
de la Constitución Política? // 2.2. ¿Las pretensiones del demandante desconocen la protección especial
de Estado a la educación, así como la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización
personal y el libre desarrollo de la personalidad? // 2.3. Si la respuesta al numeral 2.1. o al numeral 2.2.
fuere afirmativa, la Sala debería decidir si, aún en tales casos sería procedente declarar la nulidad de los
actos demandados”.
17 En esa oportunidad procesal, se tuvieron como pruebas los documentos allegados al expediente y se

ordenó a la universidad informar si había celebrado convenios con Wall Street Institute para acreditar el
aprendizaje del segundo idioma y, en caso afirmativo, remitir los vigentes entre 2008 y 2011, mientras que

6

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2.5. Alegatos de conclusión

En auto de 1 de julio de 202018, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto.

2.5.1. El señor César Augusto Franco Vargas reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda. Añadió que la señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo
reconoció haber expedido irregularmente los certificados sin involucrar a sus
beneficiarios; que la actuación penal adelantada contra aquella terminó por aplicación del
principio de oportunidad, y que en su contra no se adoptó decisión penal alguna.

Asimismo, cuestionó el procedimiento disciplinario adelantado por la universidad, por
considerar que el reglamento aplicado no contenía disposiciones sustanciales que
tipificaran la conducta y que la sanción impuesta resultaba desproporcionada, incluso
frente a la pena máxima prevista para el delito de falsedad. Agregó que los cursos de
inglés realizados antes y después de obtener el título demostraban su interés en cumplir
el requisito académico.

En último término, además de solicitar la denegación de las pretensiones, pidió condenar
a la universidad al pago de los perjuicios materiales y morales que afirmó haber sufrido19.

2.5.2. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal.

2.6. Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó que se declarara la nulidad de los actos acusados, por
estimar que el señor César Augusto Franco Vargas no cumplió el requisito de suficiencia
en una segunda o tercera lengua extranjera para optar al título de abogado, pues
presentó un certificado expedido irregularmente por Wall Street Institute, cuyo contenido
no correspondía a la realidad, hecho que aquél reconoció al admitir el pago de una suma
de dinero para obtenerlo.

Concluyó que, al no haberse acreditado el requisito de segundo idioma, el tercero
interesado no reunía las condiciones necesarias para obtener el título de abogado y, por
consiguiente, carecía del título profesional exigido para ingresar al programa de posgrado
y obtener el título de especialista en Derecho Administrativo20.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo
149.1 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 21,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, expedidos por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Primera de esta Corporación es competente

se negó la solicitud de certificar el período durante el cual la señora Shasdy Alejandra Velasco trabajó para
ese instituto, debido a que la universidad no podía expedir esa constancia y dicha vinculación no era objeto
de controversia; asimismo, rechazó por extemporánea la petición del tercero encaminada a obtener los
documentos de la actuación penal, sin perjuicio de que pudiera aportarlos posteriormente si constituían
prueba de un hecho nuevo.
18 Ibidem, pág. 374.
19 Ibidem, págs. 386 - 395.
20 Ibidem, págs. 397 - 405.
21 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

para conocer, en única instancia, del presente asunto, por tratarse del medio de control
de nulidad promovido contra actos administrativos expedidos por una entidad de derecho
privado que ejerce funciones administrativas propias del orden nacional22.

3.2. Actos administrativos demandados

En el caso concreto, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario solicitó la nulidad
de las actas de grado núms. 147-02-09 de 14 de diciembre de 2009 y 11023 de 3 de
diciembre de 201023, esta última únicamente respecto del señor César Augusto Franco
Vargas, las cuales identifican los diplomas núms. 3308 de 14 de diciembre de 2009 y
1633 de 3 de diciembre de 2010, a través de los cuales la universidad le confirió los títulos
de abogado y especialista en derecho administrativo, respectivamente.

El tenor de los actos acusados es el siguiente:

3.2.1. El Acta de Grado núm. 147-02-09 de 14 de diciembre de 200924:

ACTA DE GRADO DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTA 147-02-09

En la ciudad de Bogotá D.C, a las diez de la mañana, del décimo cuarto (14) día del
mes de diciembre de dos mil nueve (2009), en el Aula Máxima de este Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario, bajo la presidencia del Doctor Luis Enrique Nieto
Secretario General de este Colegio Mayor y con la asistencia del Doctor Juan Jacobo
Calderón Villegas, orador invitado, se instaló la sesión de grado público.

El Señor CESAR AUGUSTO FRANCO VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80187421 de Bogotá, presentó y aprobó los exámenes preparatorios
de grado y realizó primer semestre de la Maestría en la modalidad de sistema
coterminal, cumpliendo de esta forma con el requisito de grado, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto Secretario General No. 763 del 13 de enero de 2003.
Recibió el diploma No. 3308 registrado bajo el serial No. 28103, folio 52, libro 25.

El Señor Secretario General de este Colegio Mayor, procedió a tomar el juramento
por cuyo tenor se obliga ante Dios a guardar las Constituciones de este Claustro y
de la República, y a poner de presente el grave e inobjetable compromiso que de esa
manera asume.

Posteriormente, hizo entrega a los nuevos profesionales de las letras académicas
que los acreditan como Abogados de este Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario de acuerdo con sus Constituciones. El Acuerdo celebrado entre el Gobierno
Nacional y la Honorable Consiliatura el 12 de julio de 1905, las Leyes 89 de 1892, 39
de 1903, 30 de 1992 y el artículo 69 de la Constitución Nacional.

El Doctor Juan Jacobo Calderón Villegas, orador invitado, dirigió a los asistentes el
discurso de clausura.

22 Conviene precisar que la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter administrativo de

los actos de titulación expedidos por instituciones de educación superior privadas y su sometimiento al
control judicial, por cuanto se profieren en ejercicio de la función pública de educación, a diferencia de los
actos meramente académicos, como los relacionados con una evaluación académica, que escapan a dicho
control. Al respecto, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 6 de septiembre de 2021, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00297-00, C.P. Oswaldo
Giraldo López.
23 En el expediente obra copia del Acta Individual de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de 2010, en la

que se indica que esta «se encuentra contenida en el Acta General de Grado». Samai, índice 107,
documento electrónico con certificado 895E23632784EA8C 107B2B44DD772DE9 D66409CF0AAE5EEA
B6E0474AB81899DE denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, pág. 31.
24 Ibidem, págs. 25 – 26.

8

Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Por último el señor Secretario General, pronunció unas palabras.

Hecho lo anterior, se levantó la sesión.

[Firma]
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO
Decano
Facultad de Jurisprudencia

3.2.2. El aparte del Acta de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de 2010 relacionado
con el señor César Augusto Franco Vargas25:

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Programa de ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO

Acta de Grado No. 11023

En la ciudad de Bogotá D.C., el día tres (03) de Diciembre de dos mil diez (2010)
siendo las 09:00h, en las instalaciones del COLEGIO MAYOR DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO se instaló la ceremonia de graduación de los estudiantes
de Postgrado de la(s) FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, Programa de
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO.

El acto de graduación fue presidido por VICERRECTORA NOHORA PABÓN
FERNÁNDEZ y contó con la asistencia de:

MARÍA VICTORIA RAMÍREZ PÉREZ SECRETARIA ACADÉMICA POSGRADOS

Los estudiantes que recibieron el título de ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO fueron:

[…]

[…]

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de Diciembre de
dos mil diez (2010).

[Firma]
NOHORA PABÓN FERNÁNDEZ
VICERRECTORA

[Firma] [Firma]
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO MARÍA VICTORIA RAMÍREZ PÉREZ
DECANO SECRETARIO ACADÉMICO

3.3. Planteamiento del caso

25 Ibidem, págs. 28 – 30.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados26 a través de los cuales se
otorgaron al señor César Augusto Franco Vargas los títulos de abogado y especialista en
Derecho Administrativo se encuentran falsamente motivados y fueron expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse.

Para la parte demandante, los actos acusados desconocieron los artículos 11, 14, 24 y
28 de la Ley 30 de 1992; el artículo 97 del Reglamento Académico de Pregrado, adoptado
mediante el Decreto Rectoral núm. 826 de 2004; y el artículo 10 del Reglamento
Académico de Posgrados, adoptado mediante el Decreto Rectoral núm. 980 de 2007, por
cuanto fueron expedidos bajo el supuesto de que el señor Franco Vargas había cumplido
la totalidad de los requisitos académicos exigidos, pese a que no aprobó el examen de
suficiencia en segunda lengua y acreditó su cumplimiento mediante un certificado
expedido irregularmente. En consecuencia, estimó que tampoco reunía el requisito de
poseer un título profesional válido para ingresar al programa de posgrado y obtener el
título de especialista en Derecho Administrativo.

Por su parte, el tercero interesado sostuvo que no existe fundamento para declarar la
nulidad de los actos acusados, por cuanto: (i) actuó bajo la convicción de que el
certificado era válido, dado que fue expedido por una funcionaria de Wall Street Institute;
(ii) la responsabilidad por la irregularidad debía compartirse entre él, la universidad y el
referido instituto; (iii) aprobó las asignaturas de ambos programas y la inconsistencia se
limitó al requisito de segundo idioma, que consideraba accesorio para ejercer la
abogacía, por lo que debía permitírsele acreditarlo posteriormente; (iv) la anulación de
los títulos resultaba desproporcionada y vulneraba sus derechos a la educación, al trabajo
y a escoger profesión u oficio; y, (v) la declaratoria de nulidad, sumada a la expulsión
impuesta en el procedimiento disciplinario, constituía una doble sanción.

En relación con las excepciones propuestas por el tercero con interés, la Sala precisa
que las relativas a la falta de integración del litisconsorcio necesario y falta de legitimación
en la causa por activa fueron resueltas durante la audiencia inicial. Por su parte, la
excepción denominada «existencia de culpas compartidas» se sustenta en los mismos
argumentos de defensa expuestos en precedencia, por lo que será examinada al resolver
el fondo de la controversia.

Asimismo, la Sala se abstendrá de examinar los nuevos planteamientos introducidos por
el tercero con interés en sus alegatos de conclusión, relacionados con el resultado de la
actuación penal adelantada contra la señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo, la
inexistencia de condena en su contra, las presuntas irregularidades del procedimiento
disciplinario y los cursos de inglés realizados antes y después de obtener el título, por
cuanto no fueron formulados en la contestación de la demanda y la etapa de alegaciones
no está prevista para adicionar la defensa, pues ello podría afectar los derechos de
defensa y contradicción de los sujetos procesales.

De igual manera, la Sala no emitirá pronunciamiento sobre la solicitud de condenar a la
universidad al pago de perjuicios materiales y morales, elevada en los alegatos, pues,
además de que es una petición extemporánea, dicha pretensión resulta incompatible con
el objeto del medio de control de nulidad ejercido, el cual está orientado a la protección
del ordenamiento jurídico en abstracto y no al reconocimiento de pretensiones
resarcitorias.

26 La Sala ha conocido de controversias sobre la legalidad de actos de titulación expedidos por instituciones

educativas de naturaleza privada, entre otras, en las sentencias de 6 de febrero de 2025, radicación n.º
11001-03-24-000-2010-00326-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, actor: Corporación Universidad
Libre.

10

Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

3.4. Análisis del caso

Precisado lo anterior, la Sala abordará, en primer lugar, los cargos de ilegalidad
planteados en la demanda, a efectos de determinar si los actos acusados incurrieron en
falsa motivación y fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse;
posteriormente, se analizarán los argumentos de oposición expuestos por el tercero
interesado.

3.4.1. De los cargos de ilegalidad

De entrada, la Sala advierte que, en virtud del principio de autonomía universitaria,
consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política27 y desarrollado por los artículos
2828 y 2929 de la Ley 30 de 199230, las instituciones de educación superior están
facultadas para darse sus propios estatutos; designar sus autoridades académicas y
administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos; definir sus
labores formativas, docentes, científicas y culturales; seleccionar a sus profesores y
admitir a sus estudiantes; conferir los títulos correspondientes, y gestionar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social e institucional.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2431 de la Ley 30 de 1992 define el título como
el reconocimiento académico conferido a una persona por haber culminado un programa
y adquirido un saber determinado, del cual se deja constancia en un diploma. A su turno,
los artículos 1132 y 1433 de la misma ley disponen que los programas de especialización

27 “Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y

regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley […]”.
28 “Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de

conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y de función institucional”.
29 “Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las

instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la
presente ley, en los siguientes aspectos: a. Darse y modificar sus estatutos;// b. Designar sus autoridades
académicas y administrativas; // c. Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos; // d. Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión; // e. Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos; // f.
Adoptar el régimen de alumnos y docentes, y // g. Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de
su misión social y de su función institucional […]”.
30 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
31 “Artículo 24. El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona

natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de
Educación Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. // El otorgamiento de títulos en la
Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones de ese nivel de conformidad con la
presente Ley. // PARÁGRAFO. En los títulos que otorguen las instituciones de Educación Superior se dejará
constancia de su correspondiente Personería Jurídica”.
32 “Artículo 11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con posterioridad

a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina
o áreas afines o complementarias” (subrayas y negrillas fuera de texto).
33 “Artículo 14. Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación Superior, además

de los que señale cada institución, los siguientes: // a) Para todos los programas de pregrado, poseer título
de bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la
Educación Superior. // b) Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el título
en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines. // c) Para los programas de especialización,
maestría y doctorado, referidos al campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la
filosofía, poseer título profesional o título en una disciplina académica […]” (subrayas y negrillas fuera
de texto).

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

se desarrollan con posterioridad a uno de pregrado y que, para ingresar a ellos, se
requiere poseer un título profesional o un título en una disciplina académica.

Sobre la facultad de exigir el dominio de un idioma extranjero como requisito de grado, la
Corte Constitucional, en la sentencia C-1053 de 200134, sostuvo que las instituciones de
educación superior pueden diseñar sus planes de estudio y fijar, de acuerdo con estos,
requisitos académicos adicionales dirigidos a alcanzar los objetivos y propósitos del
respectivo programa. Al respecto, señaló:

[…] cabe precisar que los establecimientos educativos que imparten formación a
quienes aspiran a obtener el título de abogado, pueden exigir los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de
los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria
que les reconoce el artículo 69 constitucional (subrayas y negrillas fuera de texto).

Esta postura fue reiterada y precisada en la sentencia SU-783 de 200335, en la que la
Corte indicó expresamente que las universidades pueden establecer cursos, pruebas de
conocimiento, exigencias de idiomas y otros requisitos para otorgar el título profesional,
en los siguientes términos:

[…] la Corte considera que las universidades, orientadas por el propósito de
garantizar una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización
de cursos especiales para la profundización en determinados temas, o la
demostración satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de grado,
siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución Política. Esta
interpretación no es nueva, sino que está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la
cual produce efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que la Constitución les
reconoce y en el deber institucional que la misma les impone, lo cual es concordante
con la función social que conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad profesionales
de óptimas calidades en virtud del riesgo social que implica el ejercicio de profesiones
como la abogacía.
[…]
Se hace necesario reiterar que las universidades, en ejercicio de su autonomía
constitucionalmente garantizada no sólo pueden imponer exámenes preparatorios,
sino diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales
para la profundización en determinados temas, o –como ya lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corporación antes citada- la demostración satisfactoria del
dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
Política. Estos requisitos impuestos por las universidades para la obtención del
grado académico deben cobijar por igual a todos los estudiantes de la
institución [...] (subrayas y negrillas fuera de texto).

En línea con lo anterior, esta Sección36 ha reconocido que, en ejercicio de su autonomía,
las instituciones de educación superior están facultadas para incluir en sus planes de

34 Corte Constitucional, sentencia C-1053 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-783 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
36 Postura sostenida, entre otras, en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Primera,

sentencia de 23 de noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2021-00566-00; sentencia de 30
de noviembre de 2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00198-00; y sentencia de 15 de diciembre de
2023, radicación n.° 11001-03-24-000-2022-00161-00, todas con ponencia de la Consejera Nubia Margoth
Peña Garzón.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

estudio la demostración del dominio de un idioma extranjero como requisito para obtener
el título profesional, exigencia que resulta obligatoria para quienes integran la comunidad
universitaria. Así lo ha expresado la Sala:

[L]as universidades pueden incluir en sus planes de estudio los exámenes
preparatorios u otros requisitos distintos, como la prueba de suficiencia de idioma
extranjero […], para cumplir sus objetivos, de manera que el estudiante de derecho
que se matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere la obligación
de acreditar dichos exámenes, para obtener su título profesional, dado que los
reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.

En desarrollo de esa potestad, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario expidió
el Decreto Rectoral núm. 826 de 5 de octubre de 2004 –aplicable al sub examine37-,
mediante el cual adoptó el Reglamento Académico de Pregrado y estableció, en su
artículo 97, los requisitos para obtener el título, entre ellos, la aprobación de un examen
de suficiencia en segunda o tercera lengua, en los siguientes términos38:

ARTÍCULO 97. Para obtener el Grado y el Diploma correspondiente, el estudiante
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber cursado y aprobado todos los créditos de las asignaturas correspondientes
al plan de estudios del programa en el que está matriculado. Se entenderá como no
cumplido este requisito, si se encontraren créditos de cualquier clase de asignatura
reprobados.

2. Haber presentado y aprobado las evaluaciones o trabajos de grado, si los hubiere,
de acuerdo con la reglamentación de cada Programa Académico.

3. Haber aprobado un examen de suficiencia de segunda o tercera lengua
reconocido por la Universidad, de acuerdo con la reglamentación
correspondiente para cada programa. Para tal efecto, el estudiante deberá
acreditar ante el Secretario Académico de la Unidad Académica a la que pertenece,
la presentación y aprobación de este. Los estudiantes que hayan aprobado
exámenes de suficiencia en otro idioma deberán presentarlos para estudio y
homologación ante la Secretaría Académica de la Escuela de Ciencias Humanas […]
(subrayas y negrillas fuera de texto).

De esta disposición se desprende que, para obtener el título de abogado, no bastaba con
presentar una prueba de clasificación ni con acreditar cierto conocimiento del idioma, sino

37 Aunque la aplicabilidad temporal del Decreto Rectoral núm. 826 de 5 de octubre de 2004 no fue objeto

de controversia, la Sala advierte que este reglamento resultaba aplicable a la acreditación de los requisitos
de grado del señor César Augusto Franco Vargas, pues entró en vigor el 1.º de enero de 2005 (artículo
106) y dispuso que «los hechos y situaciones ocurridos con anterioridad a la vigencia del presente
Reglamento se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su ocurrencia y los acaecidos con
posterioridad, por lo que prevé este Reglamento» (artículo 107). Esta conclusión no se desvirtúa por la
eventual circunstancia de que el interesado hubiera ingresado anteriormente al programa, toda vez que la
presentación de la documentación, la verificación de los requisitos de grado y el otorgamiento del título
tuvieron lugar en 2009. En similar sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-365 de 2015, examinó
la situación de una estudiante que había ingresado a la Universidad del Rosario en 1999 y diferenció el
régimen aplicable según el momento en que ocurrieron las respectivas actuaciones académicas: aplicó el
Decreto Rectoral núm. 613 de 2000 a la asignatura inscrita durante su vigencia y el Decreto Rectoral núm.
826 de 2004 a los requisitos de grado que debían cumplirse con posterioridad.
Además, el propio interesado reconoció que debía acreditar la suficiencia en segunda lengua, pues el 19
de noviembre de 2009 presentó ante la universidad el certificado expedido por Wall Street Institute con el
propósito específico de acreditar ese requisito y obtener el título de abogado. Por tanto, el artículo 97 del
Decreto Rectoral núm. 826 de 2004 constituía el parámetro normativo aplicable a la verificación realizada
por la universidad.
38 Samai, índice 107, documento electrónico con certificado 895E23632784EA8C 107B2B44DD772DE9

D66409CF0AAE5EEA B6E0474AB81899DE denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 32 – 55.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

que era indispensable aprobar un examen de suficiencia reconocido por la universidad y
demostrarlo ante la Secretaría Académica correspondiente.

En cuanto a los estudios de posgrado, el artículo 10 del Reglamento Académico adoptado
mediante el Decreto Rectoral núm. 980 de 5 de junio de 2007 -aplicable al sub lite39-
estableció lo siguiente40:

ARTÍCULO 10. De los requisitos de admisión. Podrán ser admitidos en la Universidad
para adelantar estudios quienes llenen los siguientes requisitos:

1. Estar inscrito en la forma y dentro de los términos establecidos por la Universidad.

2. Poseer título de pregrado o su equivalente, de acuerdo con los tratados
internacionales vigentes para Colombia y las normas que determine el Gobierno
Nacional.

3. Presentar y aprobar las pruebas de ingreso que determine cada programa.

4. Los demás que la Universidad exija en su política de admisiones […] (subrayas y
negrillas fuera de texto).

Por tanto, la posesión de un título de pregrado constituía una condición necesaria para
ser admitido en la especialización en Derecho Administrativo, en consonancia con los
artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992.

En el caso concreto, está demostrado que, mediante el contrato de concesión núm. 937
de 200841, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario entregó a Sistemas y
Procesos Avanzados de Enseñanza S.A., denominada contractualmente Wall Street
Institute, unos espacios ubicados dentro de la universidad para prestar el servicio de
enseñanza del idioma inglés, entre otros, a estudiantes de pregrado y posgrado. En
desarrollo de ese acuerdo, el instituto debía practicar los exámenes de nivelación y las
demás pruebas requeridas, así como expedir las certificaciones únicamente a quienes
hubieran finalizado y aprobado los niveles correspondientes42.

Para acreditar el requisito de grado de suficiencia en segunda lengua, los estudiantes
debían finalizar y aprobar el nivel Upper Waystage 3 (UW3) o superarlo mediante el
examen de clasificación y la respectiva comprobación oral. Cumplidas estas condiciones,
Wall Street Institute expedía la certificación que debía presentarse ante la Escuela de
Ciencias Humanas43.

39 El Decreto Rectoral núm. 980 de 5 de junio de 2007 resultaba aplicable al señor César Augusto Franco

Vargas, pues su artículo 78 dispuso: «ARTÍCULO 78. Vigencia.- El presente Decreto rige a partir del 1 de
julio de 2007, deroga el Decreto Rectoral número 739 del 19 de julio de 2002 y las demás disposiciones
que le sean contrarias». Aunque en el expediente no se acreditó la fecha exacta en que el tercero con
interés inició la especialización en Derecho Administrativo, cabe inferir que ello ocurrió después de obtener
el título de abogado, conferido el 14 de diciembre de 2009, puesto que este constituía un requisito para ser
admitido al programa. Asimismo, consta que en 2010 presentó la documentación para obtener el grado y
que el 3 de diciembre de ese año recibió el título de especialista, actuaciones ocurridas durante la vigencia
del referido reglamento.
40 Samai, índice 107, documento electrónico con certificado 895E23632784EA8C 107B2B44DD772DE9

D66409CF0AAE5EEA B6E0474AB81899DE denominado “CUADERNO PRINCIPAL(.pdf)”, págs. 56 – 76.
41 El contrato núm. 937 de 2008 fue prorrogado mediante otrosíes suscritos el 28 de enero y el 25 de

noviembre de 2010, y el 25 de noviembre de 2011, por lo cual permaneció vigente hasta el 25 de noviembre
de 2012, según consta en la certificación, contrato y otrosíes obrantes en: ibidem, págs. 304 - 319.
42 Ibidem, págs. 306 - 316.
43 Ibidem, págs. 80 - 84.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Bajo ese contexto, está probado que mediante el certificado núm. 1048 de 28 de agosto
de 2009, suscrito por la señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo en nombre de Wall
Street Institute, se hizo constar que el señor César Augusto Franco Vargas había
presentado el examen de clasificación y superado el nivel Upper Waystage 3 (UW3),
correspondiente al nivel 9 del sistema empleado por esa institución44.

Con fundamento en dicho documento, la Secretaría Académica de la Facultad de
Jurisprudencia informó al decano, el 11 de diciembre de 2009, que el señor Franco
Vargas había presentado y aprobado los exámenes preparatorios y acreditado el
requisito de segundo idioma, por lo cual cumplía las condiciones para obtener el título
profesional45. Posteriormente, mediante el Acta de Grado núm. 147-02-09 y el Diploma
núm. 3308, ambos de 14 de diciembre de 2009, la universidad le confirió el título de
abogado.

No obstante, mediante comunicación de 19 de marzo de 201046, Wall Street Institute
notificó a la señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo, quien se desempeñaba como
asesora comercial, la terminación de su contrato de trabajo con justa causa, por las
irregularidades advertidas en certificados expedidos para acreditar el requisito de
segundo idioma de estudiantes que no habían aprobado los exámenes o niveles
establecidos por el instituto.

En esa comunicación se precisó que, en ejercicio de sus funciones, la señora Velasco
Pardo debía orientar a los estudiantes sobre el procedimiento para acreditar el idioma,
pero no estaba autorizada ordinariamente para suscribir certificaciones de aprobación.
También se indicó que, tras conocer que varios estudiantes habían presentado
documentos sin haber cursado o aprobado los niveles correspondientes, el instituto inició
una investigación en 2009 y practicó una auditoría, en la cual identificó 17 certificados
suscritos por aquella funcionaria cuyo contenido no coincidía con los registros
académicos, entre ellos, el correspondiente al señor Franco Vargas.

En relación con aquél, se informó que la auditoría constató que había presentado un
examen de clasificación en el que fue ubicado en el nivel UW1, pese a lo cual, entregó a
la universidad un certificado según el cual había superado el nivel UW3.

Asimismo, mediante comunicación de 16 de noviembre de 2010, la señora Velasco Pardo
reconoció ante el Wall Street Institute que utilizó su firma para expedir irregularmente
certificados a favor de personas que no habían aprobado la totalidad de los niveles
exigidos. Igualmente, afirmó que actuó en nombre propio y exoneró de responsabilidad
al instituto y a sus directivos47.

También está demostrado que el 12 de noviembre de 2010, la universidad entregó a la
Policía Judicial los originales de siete certificados solicitados por la Fiscalía 137
Seccional, entre ellos, el correspondiente al señor Franco Vargas, los cuales fueron
aprehendidos y sometidos a cadena de custodia dentro de la investigación penal núm.
11001600004920100562648.

La falta de correspondencia entre el contenido del certificado presentado para acreditar
el requisito del segundo idioma y la situación académica del tercero con interés también

44 Ibidem, pág. 88.
45 Ibidem, pág. 79.
46 Ibidem, págs. 80 - 84.
47 Ibidem, pág. 85.
48 Ibidem, págs. 86 - 87.

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

se desprende de sus propias manifestaciones en el procedimiento disciplinario
adelantado por la universidad.

En efecto, mediante comunicación de 23 de febrero de 2011, la Secretaría Académica de
la Escuela de Ciencias Humanas informó a su homóloga de Pregrado de la Facultad de
Jurisprudencia sobre la presunta falsedad de los certificados de inglés presentados por
varios estudiantes, entre ellos el señor César Augusto Franco Vargas, y remitió los
documentos relacionados con las irregularidades advertidas49. Con fundamento en esa
información, mediante el Auto núm. 39/11 de 2 de marzo siguiente, la delegada para
asuntos disciplinarios de la referida facultad abrió proceso disciplinario contra el
interesado por la presunta presentación de un certificado de inglés falso50.

En los descargos presentados el 16 de marzo de 2011, el señor César Augusto Franco
Vargas manifestó que, en junio de 2009, presentó una prueba de clasificación en Wall
Street Institute y fue ubicado en el nivel UW1, inferior al requerido por la universidad para
acreditar el segundo idioma. Relató que otro estudiante le ofreció gestionar, por
$2.000.000, un certificado que acreditara dicho requisito y le aseguró que sería expedido
legalmente por una funcionaria autorizada, razón por la cual, aceptó la propuesta, pagó
$1.500.000 a la señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo y $500.000 al intermediario,
recibió el documento y lo presentó ante la universidad para obtener el título de abogado51.

Al decidir la actuación disciplinaria, mediante providencia de 30 de marzo de 2011, el
Consejo de Asuntos Disciplinarios de la Facultad de Jurisprudencia declaró al señor
Franco Vargas responsable de las faltas gravísimas previstas en los numerales 3, 9, 11
y 14 del artículo 6 del Régimen Disciplinario Único, por encontrar demostrado que el
tercero con interés sabía que no había alcanzado el nivel de inglés exigido y que, pese a
ello, pagó por un certificado cuyo contenido no correspondía a la realidad y lo presentó
como requisito de grado, con lo cual indujo en error a la universidad y obtuvo el título
mediante documentación engañosa e información falsa. En consecuencia, le impuso la
sanción de expulsión, cuya ejecución quedó supeditada a la firmeza de la anulación del
título, y ordenó adelantar las actuaciones necesarias para invalidarlo 52.

El interesado interpuso recurso de apelación y sostuvo, en síntesis, que actuó de buena
fe y bajo la convicción errada e invencible de que el certificado era válido, debido a la
relación contractual existente entre la universidad y Wall Street Institute, así como a la
condición de funcionaria del instituto de la persona que lo expidió. Asimismo, atribuyó
responsabilidad a ambas instituciones e invocó, como circunstancias atenuantes, su
buena conducta anterior, el reconocimiento del error, la información suministrada para
esclarecer los hechos y su situación económica y familiar. Subsidiariamente, solicitó que
se le permitiera acreditar el requisito de segundo idioma en lugar de que se anulara el
título53.

Mediante la Resolución núm. 007 de 9 de septiembre de 2011, el Consejo Académico de
la Facultad de Jurisprudencia confirmó la sanción de expulsión y mantuvo la orden de
iniciar el trámite de anulación del título profesional, por considerar que la conducta fue
voluntaria y comportó un grave desconocimiento de los deberes de lealtad y honestidad,
sin que las circunstancias invocadas ameritaran modificar la sanción54.

49 Ibidem, pág. 89.
50 Ibidem, págs. 90 - 92.
51 Ibidem, págs. 93 - 100.
52 Ibidem, págs. 103 - 111.
53 Ibidem, págs. 112 - 118.
54 Ibidem, págs. 121 - 124.

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De la valoración conjunta del material probatorio, la Sala concluye que el señor César
Augusto Franco Vargas no cumplió el requisito de suficiencia en segunda lengua exigido
para obtener el título de abogado, pues, si bien presentó el examen de clasificación en
Wall Street Institute, lo cierto es que fue ubicado en el nivel UW1 y no alcanzó el nivel
UW3 requerido para satisfacer la exigencia prevista en el numeral 3 del artículo 97 del
Reglamento Académico de Pregrado.

Esta conclusión no se desvirtúa por la presentación del certificado núm. 1048 de 28 de
agosto de 2009, suscrito por la señora Shasdy Alejandra Velasco Pardo a nombre de
Wall Street Institute, en el que se hizo constar que el interesado había superado el nivel
UW3, pues los registros del propio instituto demuestran que únicamente alcanzó el nivel
UW1, circunstancia que él mismo reconoció en los descargos rendidos dentro de la
actuación disciplinaria y en este proceso.

Tampoco modifica esa conclusión el hecho de que la señora Velasco Pardo fuera
empleada de Wall Street Institute o que eventualmente hubiese recibido autorización para
expedir alguna certificación, dado que, aun si se admitiera que estaba facultada para
suscribir esa clase de documentos, tal atribución no confería veracidad a su contenido ni
la habilitaba para certificar el cumplimiento de condiciones académicas que no habían
sido satisfechas.

Así pues, el certificado con fundamento en el cual se tuvo por acreditado el requisito de
grado presentaba dos irregularidades concurrentes: de una parte, fue expedido por una
asesora comercial que, según las pruebas recaudadas, no estaba ordinariamente
facultada para certificar la aprobación de los niveles de inglés y, de otra -y principalmente-
, consignó información contraria a la situación académica del interesado. Por tanto, con
independencia de la competencia de quien lo suscribió, el documento no era idóneo para
demostrar la suficiencia en segunda lengua, debido a que, se itera, daba cuenta de la
superación de un nivel de inglés que el señor Franco Vargas no había alcanzado.

En este contexto, la información suministrada por Wall Street Institute, las
manifestaciones de la señora Velasco Pardo y el reconocimiento efectuado por el tercero
con interés respecto del nivel obtenido y del pago efectuado para conseguir el certificado
demuestran que el título de abogado le fue conferido con fundamento en información que
no correspondía a la realidad.

En consecuencia, el Acta de Grado núm. 147-02-09 y el Diploma núm. 3308 se
sustentaron en el supuesto equivocado de que el señor Franco Vargas había acreditado
la suficiencia en segunda lengua. Así, como el material probatorio demuestra que no
cumplió ese requisito, la Sala concluye que los actos mediante los cuales se le otorgó el
título de abogado incurrieron en falsa motivación y fueron expedidos con infracción de los
artículos 24 y 28 de la Ley 30 de 1992 y del artículo 97 del Reglamento Académico de
Pregrado.

Se precisa de todas maneras, que aunque el tercero interesado allegó, con posterioridad
a la continuación de la audiencia inicial de 27 de abril de 2018, los siguientes documentos:
(i) una certificación del SENA de 2 de diciembre de 2011, relativa a la aprobación de un
curso de inglés elemental de 60 horas; (ii) un certificado de Open English, sin fecha, en
el que consta la obtención del nivel 5; (iii) una certificación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de 2 de octubre de 2015, sobre cursos de inglés realizados en
2011 y 2012; (iv) una constancia del Centro de Idiomas Winston-Salem de 20 de
septiembre de 2016, referente a los módulos cursados entre el 17 de mayo y el 13 de
septiembre de ese año, y (v) el resultado del Michigan English Test (MET) presentado el
13 de julio de 2016; estos documentos no pueden ser valorados, debido a que fueron

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

aportados mediante memoriales del 29 de mayo55 y 5 de junio de 201856, después de
agotada la oportunidad probatoria, y no fueron decretados ni incorporados regularmente
al proceso, conforme lo exige el artículo 212 del CPACA.

Además, incluso si pudieran apreciarse, no desvirtuarían la conclusión alcanzada, pues
se refieren a cursos y evaluaciones posteriores al 14 de diciembre de 2009, fecha en la
que se otorgó el título de abogado, y, por tanto, no demuestran que, al expedirse los actos
acusados, el interesado hubiera satisfecho el requisito de suficiencia en segunda lengua.

Ahora bien, respecto de los actos mediante los cuales se confirió al señor César Augusto
Franco Vargas el título de especialista en Derecho Administrativo, la Sala reitera que los
artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 10 del Reglamento Académico de
Posgrados establecen que el ingreso a un programa de posgrado exige poseer
previamente un título profesional.

En el sub examine, la lista de chequeo diligenciada para el trámite de grado de posgrado
registró, como antecedente académico, que el interesado había obtenido el título de
abogado el 14 de diciembre de 200957. Este documento demuestra que la universidad
verificó y tuvo en cuenta la existencia del título profesional para conferirle el título de
especialista en Derecho Administrativo mediante el Acta de Grado núm. 11023 y el
Diploma núm. 1633, ambos de 3 de diciembre de 201058.

Así las cosas, al encontrarse demostrado que los actos mediante los cuales se confirió el
título de abogado fueron expedidos sin el cumplimiento de uno de los requisitos de grado,
aquel título no podía servir de fundamento válido para acreditar la condición exigida para
ingresar al programa de especialización.

En otras palabras, los actos mediante los cuales se otorgó el título de especialista
partieron del supuesto de que el interesado había satisfecho la totalidad de los requisitos
académicos, reglamentarios y legales aplicables, entre ellos, la posesión de un título
profesional válidamente obtenido. Como esta premisa quedó desvirtuada, los actos de
posgrado incurrieron autónomamente en falsa motivación y fueron expedidos con
infracción de los artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992 y del artículo 10 del Reglamento
Académico de Posgrados.

Esta conclusión no desconoce que el señor Franco Vargas hubiera cursado y aprobado
las asignaturas y las demás exigencias propias de la especialización, pues su
cumplimiento corresponde a una etapa distinta de la formación y no subsana la ausencia
de la condición previa exigida para ingresar al programa.

En suma, la Sala encuentra acreditado que: (i) la suficiencia en segunda lengua era un
requisito obligatorio para obtener el título de abogado; (ii) el señor Franco Vargas
presentó una prueba de clasificación, pero obtuvo el nivel UW1, inferior al requerido para
acreditar dicha exigencia; (iii) el certificado aportado hizo constar, en contra de la realidad,
que había superado el nivel UW3; (iv) dicho documento fue determinante para que la
universidad tuviera por cumplido el requisito y le confiriera el título profesional; y, (v) este
último constituyó, a su vez, el presupuesto para ingresar al programa y obtener el título
de especialista en Derecho Administrativo.

55 Ibidem, pág. 321.
56 Ibidem, págs. 324 – 362.
57 Ibidem, pág. 78.
58 Ibidem, págs. 28 – 31.

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

En esas condiciones, los actos que confirieron el título de abogado incurrieron en falsa
motivación, pues se sustentaron en el supuesto desvirtuado de que el señor Franco
Vargas había acreditado la suficiencia en segunda lengua. Asimismo, fueron expedidos
con infracción de los artículos 24 y 28 de la Ley 30 de 1992 y del artículo 97 del
Reglamento Académico de Pregrado, al otorgarse el título sin el cumplimiento de la
totalidad de las condiciones establecidas para obtenerlo.

Por su parte, los actos que otorgaron el título de especialista en Derecho Administrativo
también incurrieron en falsa motivación, pues se fundaron en la premisa de que el
interesado poseía un título profesional válidamente obtenido. Además, desconocieron los
artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 10 del Reglamento Académico de
Posgrados, que exigían esa condición para ingresar al programa.

Por consiguiente, el análisis de los cargos formulados por la parte actora permite concluir
que el Acta de Grado núm. 147-02-09 y el Diploma núm. 3308 de 14 de diciembre de
2009, así como el Acta de Grado núm. 11023, únicamente en lo relacionado con el señor
César Augusto Franco Vargas, y el Diploma núm. 1633 de 3 de diciembre de 2010,
adolecen de vicios de nulidad. No obstante, antes de adoptar la decisión correspondiente,
la Sala examinará los otros argumentos de oposición formulados por el tercero con
interés.

3.4.2. De los argumentos de oposición

(i) Vulneración del principio de buena fe y confianza en la funcionaria de Wall
Street Institute

El tercero interesado sostuvo que actuó de buena fe y bajo la convicción de que el
certificado con el que acreditó la suficiencia en el idioma inglés era válido, debido a que
recibió el documento de una funcionaria de Wall Street Institute, entidad que operaba en
las instalaciones de la universidad.

En cuanto a la buena fe, esta Sección59 ha sostenido que, de conformidad con el artículo
83 de la Constitución Política, dicha presunción no significa que las actuaciones de los
ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos
indispensables para su ejecución. Por el contrario, su invocación presupone que el
interesado haya obrado con la diligencia debida, pues, en nuestro sistema jurídico, nadie
puede beneficiarse de su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

En este caso, la Sala no desconoce que la relación contractual entre la universidad y Wall
Street Institute, así como la vinculación laboral de la señora Shasdy Alejandra Velasco
Pardo, podían generar una apariencia institucional; sin embargo, tales circunstancias no
explican razonablemente que el señor Franco Vargas aceptara y presentara un certificado
en el que constaba que había superado el nivel UW3 -necesario para acreditar el requisito
de segundo idioma-, pese a conocer que en el examen de clasificación únicamente había
alcanzado el nivel UW1.

Además, el documento fue obtenido mediante el pago de $2.000.000 a la referida
funcionaria y a otro estudiante, por fuera del procedimiento ordinario de formación,
evaluación y certificación. Por tanto, la confianza invocada no podía extenderse a una

59 Consultar, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre de 2017, radicación n.º 11001-03-24-000-
2010-00120-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; sentencia de 2 de noviembre de 2023, radicación
n.º 11001-03-24-000-2020-00243-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y sentencia de 17 de octubre de
2024, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00292-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

información académica que el propio interesado sabía que no correspondía al resultado
obtenido.

En consecuencia, aunque el tercero con interés afirmó que le aseguraron que el trámite
era legal, lo cierto es que conocía que el contenido esencial del certificado, esto es, la
superación del nivel UW3, no coincidía con el resultado de su examen y que había
acudido al pago de una suma de dinero por fuera de los mecanismos institucionales para
obtenerlo. Por ello, no puede concluirse que hubiera actuado amparado por el principio
de buena fe.

(ii) Responsabilidad atribuida a la universidad y a Wall Street Institute

El tercero con interés afirmó que no podía atribuírsele de manera exclusiva la
responsabilidad, dado que la universidad aceptó el certificado sin verificarlo y que, junto
con Wall Street Institute, omitió los controles necesarios para detectar oportunamente la
irregularidad.

Sobre el particular, la Sala recuerda que, al resolver la excepción de «falta de integración
del litisconsorcio necesario» en la audiencia inicial de 24 de noviembre de 2014, se
descartó la necesidad de vincular a Wall Street Institute, por cuanto no existía una relación
jurídica sustancial que exigiera su comparecencia, el control judicial recaía
exclusivamente sobre los actos académicos expedidos por la universidad y la decisión no
beneficiaría ni perjudicaría a dicho instituto. Sin embargo, en esa oportunidad no se
resolvió la excepción de «existencia de culpas compartidas», cuyo estudio corresponde
a la sentencia por su naturaleza de mérito, como se precisó en el auto de 20 de octubre
de 2017.

En este contexto, a Sala advierte que la eventual distribución de responsabilidades entre
el tercero con interés, la universidad y Wall Street Institute resulta ajena al objeto de esta
controversia, pues, el medio de control ejercido no tiene por finalidad establecer la
comisión de conductas sancionables ni atribuir responsabilidad subjetiva a quienes
intervinieron en la expedición y aceptación del certificado.

Se precisa que, el juicio recae objetivamente sobre la legalidad de los actos mediante los
cuales se otorgaron los títulos y, en consecuencia, no resulta necesario acreditar una
intención defraudatoria, sino determinar si el interesado cumplió los requisitos
académicos exigidos y si los actos se sustentaron en hechos ciertos.

En ese sentido, aunque la universidad hubiera omitido verificar oportunamente el
certificado, la jurisprudencia de esta Sección60 ha precisado que «[e]l error de la
institución educativa al momento de verificar los registros calificativos no subsana la
ausencia de los requisitos académicos que debía cumplir (…) para obtener el título de
abogado […]». Así, las fallas que se hubieran presentado durante la verificación pueden
explicar la expedición de los actos, pero no subsanan el incumplimiento del requisito
académico ni impiden que la universidad acuda a la jurisdicción para solicitar su nulidad.

Por estas razones, la excepción denominada «existencia de culpas compartidas» no está
llamada a prosperar.

(iii) Cumplimiento de los demás requisitos, vulneración de derechos fundamentales
y acreditación posterior del segundo idioma

60Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
noviembre de 2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-00241-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

El tercero interesado afirmó que cursó y aprobó las asignaturas de los programas de
Derecho y de la especialización en Derecho Administrativo; que el dominio de un segundo
idioma era un requisito accesorio para ejercer la abogacía; y que la anulación de los títulos
resultaba desproporcionada y vulneraba sus derechos a la educación, al trabajo y a
escoger profesión u oficio, motivo por el cual, solicitó que se le permitiera acreditar
posteriormente esa exigencia.

En primer lugar, se precisa que la aprobación de las asignaturas y de los demás
componentes académicos no sustituye el requisito de suficiencia en una segunda lengua,
pues, como se explicó, en ejercicio de la autonomía universitaria, las instituciones de
educación superior pueden incorporar en sus planes de estudio cursos, pruebas de
conocimiento y la demostración del dominio de un idioma extranjero como condiciones
para obtener un título, las cuales, una vez establecidas en el reglamento académico,
resultan obligatorias para la comunidad universitaria.

En este sentido, la Corte Constitucional61 ha precisado que las universidades, con el
propósito de garantizar la calidad de la formación de sus egresados, pueden exigir
«exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de
cursos especiales para la profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de grado». Por consiguiente, el
hecho de que el señor Franco Vargas hubiera aprobado las asignaturas del programa de
Derecho no autorizaba a la universidad para dispensarlo del requisito previsto en el
artículo 97 del Reglamento Académico de Pregrado ni convertía esa exigencia en
accesoria, pues constituía uno de los presupuestos para obtener el título y debía
acreditarse junto con las demás condiciones académicas.

La misma conclusión se impone respecto del título de especialista en Derecho
Administrativo, toda vez que, se insiste, aun cuando el interesado hubiera cursado y
aprobado las asignaturas del posgrado, los artículos 11 y 14 de la Ley 30 de 1992 y el
artículo 10 del Reglamento Académico de Posgrados exigían poseer previamente un
título profesional para ingresar a la especialización. Por tanto, al quedar desvirtuado el
presupuesto académico que sustentó el título de abogado, también desapareció la
condición que permitió el ingreso al programa de especialización y el otorgamiento del
título correspondiente.

En segundo lugar, la Sala advierte que la declaratoria de nulidad no resulta
desproporcionada cuando se demuestra que un acto administrativo contraviene el
ordenamiento jurídico, pues su retiro constituye la consecuencia propia del control
objetivo de legalidad y no una sanción impuesta al beneficiario.

Es de anotar que, en asuntos similares, la Sección ha declarado la nulidad de los actos
mediante los cuales se otorgaron títulos académicos bajo el supuesto de haberse
satisfecho la totalidad de los requisitos de grado, cuando las pruebas demostraron el
incumplimiento de alguna de las exigencias establecidas en la normativa interna de la
respectiva institución educativa. Así lo analizó la Sala al resolver las demandas
promovidas en ejercicio del medio de control de nulidad contra los diplomas y actas de
grado que no se ajustaron a los reglamentos de la institución educativa y que, por tanto,
no podían continuar surtiendo efectos en el ordenamiento62.

61 Corte Constitucional, sentencia SU-783 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
62Consultar, entre otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023, radicación n.º 11001-03-24-000-2020-
00240-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y sentencia de 15 de diciembre de 2023, radicación n.º
11001-03-24-000-2022-00161-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

En el caso concreto, se reitera que, los actos acusados se sustentaron en dos premisas
contrarias a la realidad, estas son, que el señor Franco Vargas había acreditado la
suficiencia en idioma extranjero exigida por la normativa universitaria, y que poseía un
título profesional válidamente obtenido para ingresar al posgrado. Su anulación,
entonces, no desconoce la aprobación de las asignaturas ni de los demás componentes
académicos de ambos programas, sino que responde a la comprobación de que fueron
expedidos sin el cumplimiento de requisitos indispensables y, por consiguiente,
incurrieron en falsa motivación e infracción de las normas en que debían fundarse.

En tercer lugar, tampoco se configura la vulneración de los derechos a la educación, al
trabajo y a escoger profesión u oficio. Precisamente, en la Sentencia SU-783 de 200363,
al resolver un planteamiento semejante, la Corte Constitucional concluyó que la exigencia
de requisitos de grado establecidos por las universidades no desconoce tales garantías,
por cuanto encuentran su «sustento directo en la autonomía que la Constitución les
reconoce y en el deber institucional que la misma les impone, lo cual es concordante con
la función social que conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad profesionales de
óptimas calidades en virtud del riesgo social que implica el ejercicio de profesiones como
la abogacía».

En efecto, el derecho a la educación garantiza el acceso y la permanencia en el sistema
educativo en las condiciones previstas por el ordenamiento jurídico, pero no comprende
la facultad de obtener o conservar un título sin cumplir integralmente los requisitos
académicos aplicables. De igual modo, los derechos al trabajo y a escoger profesión u
oficio no eximen del cumplimiento de las condiciones previstas para acreditar la idoneidad
profesional, especialmente cuando el artículo 26 de la Constitución64 permite exigir títulos
de idoneidad para el ejercicio de determinadas profesiones.

Finalmente, en relación con la posibilidad de acreditar posteriormente el requisito de
segundo idioma, la Sala advierte que ello tampoco impide declarar la nulidad, dado que
la legalidad de los actos administrativos debe examinarse «a la luz de las circunstancias
de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento o existentes al momento de su
expedición»65, de ahí que, la eventual acreditación posterior del requisito no tenga la
virtualidad de sanear los actos demandados.

Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que no corresponde a esta jurisdicción sustituir a las
autoridades universitarias para tener por acreditado el requisito ni autorizar un nuevo
trámite de grado, por cuanto, tales asuntos deben ser valorados por la universidad, en
ejercicio de su autonomía y con arreglo a los reglamentos aplicables y a la situación
académica y disciplinaria del interesado.

En consecuencia, estos argumentos tampoco desvirtúan los cargos de nulidad.

(iii) Imposición de una doble sanción

63 Corte Constitucional, sentencia SU-783 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
64 “ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de

idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social. // Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. // La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles” (negrillas fuera de texto).
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de mayo

de 2010, radicación n.° 25000-23-27-000-2005-01869-01. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

El señor Franco Vargas sostuvo que la anulación de los títulos, sumada a la expulsión de
la institución universitaria, comportaba una doble sanción por los mismos hechos.

Este argumento tampoco está llamado a prosperar, por cuanto, la expulsión fue adoptada
en ejercicio de la potestad disciplinaria de la universidad y tuvo por finalidad sancionar la
conducta atribuida al interesado. En contraste, la declaratoria de nulidad solicitada en este
proceso no tiene naturaleza punitiva ni pretende reprochar nuevamente su
comportamiento, sino controlar objetivamente la legalidad de los actos de grado
expedidos sin el cumplimiento de sus presupuestos académicos.

Por tanto, aunque ambas actuaciones tienen origen en los mismos hechos, difieren en su
naturaleza, objeto y finalidad, pues, la primera impone una consecuencia disciplinaria,
mientras que la segunda retira del ordenamiento actos administrativos afectados por
vicios de legalidad. En consecuencia, no se configura la doble sanción alegada.

Por todo lo expuesto, comoquiera que los argumentos de oposición no lograron desvirtuar
el análisis de legalidad realizado en el acápite 3.4.1., la Sala declarará la nulidad del Acta
de Grado núm. 147-02-09 y del Diploma núm. 3308, ambos de 14 de diciembre de 2009,
mediante los cuales se otorgó al señor César Augusto Franco Vargas el título de abogado,
por incurrir en falsa motivación e infringir los artículos 24 y 28 de la Ley 30 de 1992 y el
artículo 97 del Reglamento Académico de Pregrado.

Asimismo, se declarará la nulidad del Acta de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de
2010, únicamente en lo relacionado con el señor Franco Vargas, y del Diploma núm. 1633
de la misma fecha, mediante los cuales se le confirió el título de especialista en Derecho
Administrativo, por incurrir en falsa motivación y desconocer los artículos 11 y 14 de la
Ley 30 de 1992 y el artículo 10 del Reglamento Académico de Posgrados.

3.4.3. Otras determinaciones

La universidad solicitó que, como consecuencia de la nulidad, se ordenara al señor César
Augusto Franco Vargas devolver los originales de los diplomas núms. 3308 y 1633. La
Sala negará esta petición, por cuanto la declaratoria de nulidad priva de efectos jurídicos
a los actos mediante los cuales se otorgaron los títulos, con independencia de que el
interesado conserve los documentos que los materializan. En consecuencia, la orden de
devolución resulta inane, pues, una vez ejecutoriada esta providencia, dichos diplomas
no podrán acreditar válidamente los títulos conferidos.

De otro lado, la actora solicitó informar al Consejo Superior de la Judicatura para los
efectos correspondientes respecto de la tarjeta profesional. En atención a que la nulidad
de los actos mediante los cuales se otorgó el título de abogado podría ocasionar la
pérdida de fuerza ejecutoria del acto de inscripción profesional, se pondrá esta
providencia en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia (URNA) para que, en el marco de sus competencias, adopte las
determinaciones a que haya lugar.

3.5. Costas

La Sala considera que, conforme al artículo 188 del CPACA, no hay lugar a imponer
condena en costas, teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento
jurídico en abstracto, donde el interés que mueve al actor es público y no es otro distinto
al de defender la prevalencia del principio de legalidad.

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Radicado: 11001-03-24-000-2013-00442-00
Demandante: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Acta de Grado núm. 147-02-09 de 14 de diciembre
de 2009 y del Diploma núm. 3308 de 14 de diciembre de 2009, a través de los cuales el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario otorgó el título de abogado al señor César
Augusto Franco Vargas.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acta de Grado núm. 11023 de 3 de diciembre de
2010, únicamente en lo relacionado con el señor César Augusto Franco Vargas, y del
Diploma núm. 1633 de 3 de diciembre de 2010, a través de los cuales el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario le otorgó el título de especialista en Derecho
Administrativo.

TERCERO: Por Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
(URNA) la presente providencia, para los fines que estime pertinentes, ante la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor César
Augusto Franco Vargas.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones
de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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