Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00566-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00566-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00566-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00566-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
TESIS: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS, POR MEDIO DE
LOS CUALES LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA OTORGÓ EL TÍTULO
PROFESIONAL, ESTÁN VICIADOS DE NULIDAD POR EXPEDIRSE SIN
EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO PREVISTOS EN
EL REGLAMENTO DE DICHA INSTITUCIÓN.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA1, tendiente a que se declare la nulidad
del artículo 1° (parcial) de la Resolución núm. R-916 de 10 de agosto
de 2017, “Por la cual se confieren unos títulos académicos a
estudiantes de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 40
1
En adelante la UNIVERSIDAD.
2
Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00566-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
de 18 de agosto de 2017 y del diploma núm. 1212-17 de 18 de agosto
de 2017, actos por medio de los cuales otorgó el título de abogado al
señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES.
I.- LA DEMANDA
I.1. LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, por conducto de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el
artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA-, presentó demanda ante esta
Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
“[…] 4.1. Declárese la nulidad parcial del artículo primero de la
Resolución No. R-916 de fecha 10 de agosto de 2017, en
concreto el aparte que confiere a la (el) señor (a) MIGUEL ÁNGEL
CETINA COLMENARES, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 80167168, expedida en Bogotá, el título de
ABOGADO.
4.2. Declárese la nulidad del Acta de Grado No. 40 del 18 de
agosto de 2017 y Diploma No. 1212-17 del 18 de agosto de
2017, actos administrativos con los cuales la Universidad del
Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo primero
de su Resolución No. R-916 de fecha 10 de agosto de 2017 y
otorga el título de ABOGADO a la (el) señor (a) MIGUEL ÁNGEL
CETINA COLMENARES, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No. 80167168, expedida en Bogotá […]”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los
siguientes:
1°. Sostuvo que la UNIVERSIDAD es una institución de educación
superior del orden nacional, vinculada al Ministerio de Educación
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Nacional, que cuenta con nueve (9) facultades, entre ellas, la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, a través de la cual ha ofertado
el programa de pregrado de Derecho.
2°. Adujo que para la fecha en que el señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES2 se matriculó en el programa de Derecho, esto es, en
el primer semestre del año 2011, la UNIVERSIDAD tenía previsto
como requisito de grado la presentación y aprobación de la prueba de
suficiencia de idioma extranjero – PSI, de conformidad con lo previsto
en el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011,
“Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde
se unifican las condiciones y características de la participación
de los estudiantes de los programas de pregrado, en el
Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y
procedimientos para la presentación de la Prueba de Suficiencia
de Idioma Extranjero – PSI”.
3°. Señaló que el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales, con base en la información registrada en el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico -SIMCA-, expidió paz y
salvo académico a favor del estudiante MIGUEL ÁNGEL CETINA
2
Tercero con interés directo en las resultas del proceso.
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COLMENARES quien, dentro de la oportunidad otorgada por la
Secretaría General, presentó la documentación exigida para el
otorgamiento del título de abogado a fin de ser incluido en la ceremonia
colectiva de graduación que tuvo lugar el 18 de agosto de 2017, en la
cual recibió el diploma correspondiente.
4°. Aseveró que el rector de la UNIVERSIDAD, mediante la Resolución
núm. 695 de 30 de julio de 2019, conformó un equipo de seguimiento
y apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos
de registro de exámenes preparatorios del programa de derecho, con
el propósito de verificar posibles irregularidades que se habrían
presentado en el registro de tales exámenes. Agregó que lo anterior
también se hizo extensivo a la prueba de suficiencia de idioma
extranjero – PSI, tanto de los estudiantes del programa de derecho,
como de los estudiantes de otras carreras y programas académicos,
pues se advertía una modificación irregular de las notas en el Sistema
Integrado de Matrícula y Control Académico - SIMCA
5°. Lo anterior, con fundamento en una denuncia anónima recibida en
el correo electrónico de la Institución y en el escrito presentado por
uno de los docentes de la UNIVERSIDAD, en los que se informaba
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que a varios estudiantes se les registraron como aprobados los
exámenes en el SIMCA, a pesar de que no los habían superado.
6°. Indicó que, en cumplimiento de la tarea encomendada por el Rector
de la UNIVERSIDAD, el equipo constituido mediante la Resolución
núm. 695 de 2019 procedió a analizar la información consignada en el
SIMCA, en relación con la inscripción, calificación y registro de
exámenes preparatorios de estudiantes, egresados y graduados desde
el año 2015, confrontando dicha información con los respectivos
soportes físicos que reposaban en el expediente de la correspondiente
historia académica.
7°. En lo referente a la prueba de suficiencia de idioma extranjero –
PSI, sostuvo que el Equipo de Seguimiento seleccionó la revisión de los
registros realizados del periodo 2015.1 hasta el 2019.1, consolidando
la existencia de tres posibles tipos de inconsistencias: i) Registro
inconsistente aprobatorio de la PSI por usuario DARCA; ii) Registro
inconsistente aprobatorio de los niveles de idioma extranjero por
usuario DARCA y iii) Registro inconsistente aprobatorio de la PSI por
usuario docente (Coordinador de Programa).
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8º. Señaló que respecto de la situación académica del señor MIGUEL
ÁNGEL CETINA COLMENARES se advirtió que, según la información
registrada en el SIMCA, no existía examen físico que diera cuenta de
la presentación y aprobación de la prueba de suficiencia de idioma
extranjero – PSI en el período académico 2016.2.
9°. Destacó que la UNIVERSIDAD desconoce el medio o mecanismo
utilizado por el señor CETINA COLMENARES para obtener el registro
aprobatorio de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI, sin
haber superado el respectivo examen, situación que ya fue puesta en
conocimiento de las autoridades competentes.
10°. Finalmente, mencionó que los actos acusados de nulidad se
expidieron bajo el supuesto de que el señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES había cumplido con todos y cada uno de los requisitos
previstos para que se le otorgara el título de abogado.
I.3.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
La parte actora sostuvo que los actos acusados de nulidad incurren en
las causales de falsa motivación y expedición irregular, pues vulneran
los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política; la Ley 30 de 1992, los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437
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de 2011; y el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de
2011, “Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006
donde se unifican las condiciones y características de la
participación de los estudiantes de los programas de pregrado,
en el Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos
y procedimientos para la presentación de la Prueba de
Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”.
Respecto de la transgresión de las normas antes citadas, indicó que “la
presentación y aprobación de la totalidad de la prueba de suficiencia
del idioma extranjero (PSI) constituye una condición o requisito sin el
cual el estudiante de cualquier carrera o programa de la Universidad
del Cauca, no tendría el derecho a que se le confiera el título al que
aspira, de otorgarse sin el cumplimiento de ese requisito de grado,
dicho título deberá ser dejado sin efectos, tal y como lo ha entendido
y dispuesto la Honorable Corte Constitucional en su Sentencia de
Unificación SU-783 de 2003”.
Aseveró que el señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES no
cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos internos
de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el título de abogado, pues
de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento
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se pudo establecer que el graduado no aprobó la prueba de suficiencia
de idioma extranjero – PSI.
II.- TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
II.1. Admisión. Mediante proveído de 29 de octubre de 20213 se
admitió la demanda de la referencia y se ordenó vincular al señor
MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES, en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso.
II.2. Medida cautelar. Con la demanda, la actora solicitó la medida
de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, a la
cual se accedió mediante proveído de 28 de enero de 20224. Contra la
anterior decisión, el tercero interesado interpuso recurso de súplica,
que fue decidido por la Sala en providencia de 21 de octubre de 2022,
en el sentido de confirmar el decreto de la medida cautelar.5
II.3.- Contestación
3
Visible en el índice núm. 4 del expediente digital.
4
Visible en el índice núm. 17 del expediente digital.
5
Visible en el índice núm. 40 del expediente digital.
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II.3.1. El señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES6, tercero
con interés directo en las resultas del proceso, no contestó la
demanda7.
II.4. El Despacho Sustanciador mediante proveído de 7 de octubre de
20228 prescindió de realizar la audiencia inicial establecida en el artículo
180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A del
CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el
litigio9 y resolvió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes.
En auto de 4 de noviembre de 202210, se corrió traslado a las partes y
al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.
II.5. Alegatos de conclusión
6
Visible en el índice núm. 34 del expediente digital.
7
Conforme se advierte en el informe obrante en el índice núm. 22 del expediente digital.
8
Visible en el índice núm. 31 del expediente digital.
9
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] Siendo ello así, es menester resaltar que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda,
consiste en determinar si la Resolución núm. R-916 de 10 de agosto de 2017, “Por la cual se confieren
unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, y el acta de grado núm. 40 de 18
de agosto de 2017, desconocieron o no los artículos 6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución
Política; 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y el Acuerdo núm. 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante
el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y
características de la participación de los estudiantes de los programas de pregrado, en el
Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la presentación
de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”, conforme con lo expuesto por la parte actora
en la demanda […]”.
10
Visible en el índice núm. 46 del expediente digital.
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II.5.1- La UNIVERSIDAD11 efectuó un recuento de lo reseñado en el
libelo introductorio e insistió en que se debe acceder a las pretensiones
de la demanda porque dentro del proceso está acreditado que el señor
MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES incumplió con el requisito de
presentar y aprobar la prueba de suficiencia de idioma extranjero –
PSI, requerida para obtener el título de abogado.
Al respecto, sostuvo que se acreditó la vulneración de lo previsto en el
Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante
el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se
unifican las condiciones y características de la participación de
los estudiantes de los programas de pregrado, en el Programa
de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos
para la presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma
Extranjero – PSI”, pues las pruebas que reposan en el expediente
dan cuenta de que el egresado no aprobó la prueba de suficiencia de
idioma extranjero – PSI.
II.5.2- El señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES12 sostuvo
que dentro del proceso no se probó que los documentos expedidos por
la UNIVERSIDAD para certificar el cumplimiento de los requisitos de
11
Visible en el índice núm. 53 del expediente digital.
12
Visible en el índice núm. 54 del expediente digital.
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grado para obtener el título de abogado fueran fraudulentos, pues las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la
demandante no acreditaban relación alguna entre los funcionarios
investigados por el llamado “cartel de los preparatorios” y el tercero
con interés directo en las resultas del proceso.
Adujo que para acreditar la inexistencia del soporte documental de la
prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI, la UNIVERSIDAD
demostró que “no realiza la conservación, custodia y archivo de esta
clase de documentos, como está verificado en el historial académico
anexado con la demanda, no reposan documentos que demuestren la
preservación de los exámenes presentados por los estudiantes”.
Agregó que la demanda se fundamentó en las propias falencias de la
UNIVERSIDAD, la cual pretendía trasladarle la carga de la prueba al
tercero con interés directo en las resultas del proceso, el cual sostuvo
actuó de buena fe.
Indicó que la UNIVERSIDAD incurrió en falencias argumentativas al
presentar sus alegatos de conclusión, pues hizo referencia a la no
presentación de los exámenes preparatorios requeridos para obtener
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el título de abogado y a la aprobación de la prueba de suficiencia de
idioma extranjero – PSI, por parte del señor CETINA COLMENARES.
Resaltó que la parte actora no acreditó que la expedición de los actos
administrativos acusados de nulidad hubiere puesto en peligro los
intereses de la sociedad, pues la idoneidad para el ejercicio de la
profesión de abogado por parte del señor CETINA COLMENARES no
se podía poner en duda por el hecho de no encontrarse los soportes de
presentación y aprobación de la prueba de suficiencia de idioma
extranjero – PSI, dado que el tercero con interés directo en las resultas
del proceso aprobó los exámenes preparatorios y demás ejercicios
jurídicos requeridos para obtener el título de abogado.
Finalmente, indicó que ejercer el derecho a la defensa después de cinco
años de haber obtenido el título de abogado era una carga probatoria
injusta para un egresado al que se le certificó el cumplimiento de los
requisitos de grado.
III.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público rindió concepto13 en el que solicitó
acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que
13
Visible en el índice núm. 52 del expediente digital.
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dentro del proceso existían elementos de juicio para declarar la nulidad
de los actos acusados.
Destacó que al ingresar a la UNIVERSIDAD el señor CETINA
COLMENARES se comprometió a cumplir con el reglamento
académico que preveía la exigencia de la presentación y aprobación de
la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI.
Aseveró que al matricularse en los diferentes programas académicos
los estudiantes conocen las normas que rigen su institución educativa
y, por ende, están obligados a su observancia, máxime si se trata de
aquellas normas que regulan los requisitos para obtener el
correspondiente título profesional.
Finalmente, sostuvo que dentro del proceso se acreditó que el señor
CETINA COLMENARES incumplió con el requisito de grado consistente
en presentar y aprobar la prueba de suficiencia de idioma extranjero –
PSI, prevista en el reglamento de la institución.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
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Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución
Política y teniendo en cuenta lo ordenado en el artículo 149 del CPACA
y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la
referencia.
IV.2. Los actos acusados
En el caso en concreto, la UNIVERSIDAD solicitó la nulidad del artículo
primero de la Resolución núm. R-916 de 10 de agosto de 2017,
respecto del título de abogado que se le otorgó al señor MIGUEL
ÁNGEL CETINA COLMENARES, la cual establece:
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-916 DE 2017
(10 de agosto)
Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus
facultades legales y estatutarias y,
CONSIDERANDO
Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título
correspondiente.
Para optar al título respectivo los graduandos cumplieron con todos
los requisitos de Ley y los exigidos por cada unidad académica y
demás instancias administrativas universitarias.
(…)
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00566-00
Actora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
En mérito de lo expuesto
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: La Universidad del Cauca en nombre de la
República de Colombia y por autorización del Ministerio de
Educación Nacional, en atención a que los graduandos cumplieron
con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les
confiere el título de:
(...)
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
(…)
ABOGADA (O)
MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES
CC. (…) de Bogotá D.C. […]”.
De igual forma, la demandante solicitó la nulidad del acta de grado
núm. 40 de 18 de agosto de 2017, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] ACTA DE GRADO No. 40 del 18 de agosto de 2017
En Popayán, Capital del Departamento del Cauca, República de
Colombia, a las 12:00m., del día viernes dieciocho (18) de agosto
de dos mil diecisiete (2017) y en cumplimiento de la Resolución R-
916 del 10 de agosto de 2017 expedida por la Rectoría de la Alma
Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo
Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por
la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez instalada
la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha
cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El
Rector le toma el Juramento y le otorga el título de:
ABOGADO
A:
MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES
CC. (…) de Bogotá D.C.
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El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogado
Se registra en el Libro de Diplomas No. 081; Folio No: 1212;
Diploma No: 1212-17
La ceremonia finaliza a las 1:00 p.m.
Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado)
JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA RAMIREZ
ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS – Secretaria
General.
Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a dieciocho (18) de
agosto de dos mil diecisiete (2017).
LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaria General […]”.
Por último, se pretende la nulidad del diploma núm. 1212-17 de 18 de
agosto de 2017, en el que se lee:
“[…] La UNIVERSIDAD DEL CAUCA en nombre de la REPÚBLICA
DE COLOMBIA y por autorización del Ministerio Educación
Nacional, en la atención a que MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES (…) ha cumplido con todos los requisitos legales y
estatutarios le otorga el título de ABOGADO con todos los
derechos, privilegios y dignidades que la facultan para el ejercicio
profesional. Popayán, 18 de agosto de 2017. Registrado en el Libro
de Diplomas No. 081, Folio No. 1212, Diploma No. 1212-17 […]”.
IV.3. Problema jurídico
El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad del artículo
1° (parcial) de la Resolución núm. R-916 de 10 de agosto de 2017,
“Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes
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de pregrado y posgrado”, del acta de grado núm. 40 de 18 de agosto
de 2017 y del diploma núm. 1212-17 de 18 de agosto de 2017, actos
por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL CAUCA otorgó el título
de abogado al señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES.
A juicio de la demandante, los actos acusados vulneran los artículos
6º, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; la
Ley 30 de 1992; los artículos 3º, 6º y 137 de la Ley 1437 de 2011; y
el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011,
“Mediante el cual se modifica el Acuerdo No. 005 de 2006 donde
se unifican las condiciones y características de la participación
de los estudiantes de los programas de pregrado, en el
Programa de Formación en idiomas – PFI y los requisitos y
procedimientos para la presentación de la Prueba de Suficiencia
de Idioma Extranjero – PSI”.
El fundamento de la demanda descansa en que el graduado no cumplió
con los requisitos previstos en el reglamento de la UNIVERSIDAD
para optar por el título de abogado, en tanto omitió la presentación y
aprobación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI.
Por su parte, el tercero con interés directo en las resultas del proceso
adujo que no está acreditado el incumplimiento de los requisitos para
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optar por el título de abogado, específicamente la presentación y
aprobación de la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI, por
lo que no se advierte la vulneración de normas superiores, sino un
desorden administrativo por parte del ente universitario, de ahí que se
deba garantizar el postulado de la buena fe, puesto que no hay pruebas
que demuestren un actuar fraudulento.
Para resolver lo planteado, la Sala abordará el estudio de los siguientes
asuntos: (i) la autonomía universitaria; (ii) los requisitos de grado de
los programas universitarios; (iii) el principio de la buena fe; y (iv) la
solución del caso concreto.
(i) La autonomía universitaria
El artículo 69 Superior establece el principio de la autonomía
universitaria en los siguientes términos:
“[…] Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades
del Estado.
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El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.
El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible
el acceso de todas las personas aptas a la educación superior
[…]”.
El mencionado principio constitucional garantiza que las universidades
impartan la enseñanza sin interferencias públicas ni privadas, así como
también les permite la gestión independiente de sus asuntos
administrativos y académicos.
La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]
capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación
administrativa [en virtud de la cual] cada institución universitaria ha
de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas […]”14.
También la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que el
principio constitucional de la autonomía universitaria tiene por finalidad
garantizar que la enseñanza que se imparta en dichos centros
educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder
político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de
14
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.p. Alejandro Martínez Caballero.
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dichas instituciones, con los límites que establezca la ley. En este
sentido, la Sección Segunda mencionó:
“[…] La autonomía de que trata el artículo 69 constitucional
tiene como finalidad garantizar que la enseñanza que se
imparta en dichos centros educativos esté alejada de cualquier
tipo de intervención del poder político en todos sus ámbitos:
ideológico, administrativo o financiero [15]. En otros términos,
busca el respeto en la libertad de actuar de dichas instituciones.
Lo anterior no significa que las universidades, aun cuando son
entes autónomos, puedan desligarse por completo del Estado,
en la medida que al pertenecer a un estado de derecho están
sometidas también al régimen constitucional y a las leyes. [16]
En ese sentido, la autonomía no es absoluta y el legislador
puede determinar límites a esa libertad de acción a través de
la ley, siempre que estos no se extiendan hasta desvirtuarla o
impedir su ejercicio [17] […]”.18
La Ley 30 de 28 de diciembre de 199219 desarrolló el artículo 69
Superior y dispuso que las universidades públicas pueden darse sus
propios estatutos, designar a las autoridades administrativas y
académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de programas
académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y
seleccionar los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus
[15] Corte Constitucional, sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992, M.p., José Gregorio Hernández
Galindo.
[16] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 26 de marzo de 2014, número de
radicado 11001 03 06 000 2014 00026 00.
[17] Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, M.p., Fabio Morón Díaz.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
25000-23-42-000-2017-05197-02 (0711-21), C.p. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS.
19
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
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regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y la función institucional.20
En este marco normativo, los entes universitarios están facultados para
adoptar las determinaciones que en su normativa interna garanticen
una mejor calidad de la educación y una óptima calidad de formación
de sus egresados.
(ii) Requisitos de grado de los programas universitarios
El artículo 29 de la Ley 30 de 1992 preceptúa:
“[…] Artículo 29. La autonomía de las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones
técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes
aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus
alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
20
Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992.
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g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales
a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) […]” (Resaltado fuera del texto
original).
En relación con la fijación de los requisitos de grado que las
instituciones de educación pueden establecer en sus programas
académicos, la Corte Constitucional ha dicho:
“[…] [L]as universidades, orientadas por el propósito de garantizar
una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de
conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración
satisfactoria del dominio de un idioma, como requisito de
grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la
Constitución Política. Esta interpretación no es nueva, sino que
está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual produce efectos
erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que
la Constitución les reconoce y en el deber institucional que la
misma les impone, lo cual es concordante con la función social que
conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las instituciones
educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad
profesionales de óptimas calidades en virtud del riesgo social
que implica el ejercicio de profesiones como la abogacía
[…]”21. (Resaltado fuera del texto original).
21
Sentencia SU-783 de 2003.
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23
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Específicamente, en relación con los exámenes preparatorios para
optar por el título de abogado, la Corte, en la sentencia C-1053 de
2001, afirmó:
“[…] No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos
que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de
abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros
requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de
abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en
ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69
constitucional […].”(Resaltado fuera del texto original)
De lo trascrito es posible afirmar que las universidades pueden incluir
en sus planes de estudio los exámenes preparatorios u otros requisitos
distintos, como la prueba de suficiencia de idioma extranjero – PSI,
para cumplir sus objetivos, de manera que el estudiante de derecho
que se matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere
la obligación de acreditar dichos exámenes, para obtener su título
profesional, dado que los reglamentos universitarios son normas
vinculantes para la comunidad educativa.
(iii) El principio de la buena fe
La Constitución Política, en su artículo 83, establece que “Las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
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24
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ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
Respecto de dicho principio, la jurisprudencia de la Sección Primera ha
precisado que la presunción de buena fe no implica que las actuaciones
de los ciudadanos dejen de estar sujetas al cumplimiento de una serie
de requisitos indispensables para su ejecución, pues el obrar de buena
fe implica “que se haya realizado la actuación con la diligencia
debida”.22
Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado en relación con
al significado, alcance y contenido de este postulado superior, en los
siguientes términos:
“[…] La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la
buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para
transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y
proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su
función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado [23]
En este orden de ideas la jurisprudencia constitucional ha
definido el principio de buena fe como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”[24]. En este contexto, la buena fe
presupone la existencia de relaciones reciprocas con
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00120-00. C.p.: ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VALDÉS.
[23] Sentencia C-071 de 2004
[24] Sentencia T-475 de 1992
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25
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trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y
credibilidad que otorga la palabra dada” [25]
En este sentido la Corte ha señalado que la buena fe es un
principio que “de conformidad con el artículo 83 de la Carta
Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa
con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico
vigente”[26].
Concretamente con respecto al contenido concreto del artículo
83 Superior, debe la Corte indicar que conforme con este (i) las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella
se presume en las actuaciones que los particulares adelanten
ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico
administrativas […]”27.
De acuerdo con la jurisprudencia en comento, el obrar de buena fe
requiere que el particular haya tenido la debida diligencia en la
ejecución de la actuación ante la Administración, pues, en caso
contrario, no es factible derivar de una actuación negligente una
aplicación favorable a quien no ha cumplido con su deber.
(iv) La solución del caso concreto
Sea lo primero advertir que la Sala, en sentencia de 31 de julio de
202328, ya tuvo la oportunidad de resolver un caso de similares
supuestos fácticos y jurídicos al que se estudia, en el cual la
[25] Ibidem.
[26] Sentencia C-253 de 1996.
27
Corte Constitucional, Sentencia C-1194 de 2008. M.p. RODRIGO ESCOBAR GIL.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2023, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00, C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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26
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA demandó los actos mediante los cuales
había otorgado el título profesional de abogado a un estudiante
matriculado en el primer período académico del año 2013, como parte
de las acciones emprendidas por esa Institución para esclarecer los
hechos relacionados con denuncias anónimas y de algunos docentes
que daban cuenta de un procedimiento irregular en el proceso de
graduación, y que dieron lugar a que se iniciaran investigaciones
internas, así como por parte de la Fiscalía General de la Nación -
Dirección Seccional del Cauca, y de la Contraloría General de la
República.
En esa oportunidad, la Sala estudió la exigibilidad de los exámenes
preparatorios en el reglamento interno de la UNIVERSIDAD y la
obligatoriedad del reglamento estudiantil para los estudiantes que se
matricularon por primera vez o reingresaron al programa de derecho a
partir del segundo período académico de 2011, y concluyó que tales
reglamentos académicos son normas vinculantes y de obligatorio
cumplimiento, a fin de acreditar los requisitos para que esa Institución
confiera válidamente el título de abogado.
En el presente asunto, la Sala advierte que la norma que la
UNIVERSIDAD señaló como transgredida es el Acuerdo Académico
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núm. 015 de 2 de noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica
el Acuerdo No. 005 de 2006 donde se unifican las condiciones y
características de la participación de los estudiantes de los
programas de pregrado, en el Programa de Formación en
idiomas – PFI y los requisitos y procedimientos para la
presentación de la Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero
– PSI”, expedido por la UNIVERSIDAD, el cual estableció como
requisito para optar por un título académico, la presentación y
aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI, en
los siguientes términos:
“[…] Artículo 10: La Prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero -
PSI es un examen que evalúa las habilidades comunicativas a nivel
básico y debe ser presentado y aprobado por los estudiantes de las
carreras profesionales, técnicas y tecnológicas establecido por la
Universidad como requisito para optar por el título de grado. La PSI
determina si el estudiante de la Universidad del Cauca posee
conocimientos básicos de un idioma extranjero que le permita
mayores y mejores relaciones internacionales, así como también ser
más competitivo a nivel académico y laboral.
Artículo 11: La prueba de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI
se considera aprobada si:
a. El resultado del examen es igual o superior al 70%.
b. Si al cursar los cuatro niveles del Idioma extranjero escogido en
el PFI, el estudiante obtiene una nota promedio igual o superior a
3.5 (tres, cinco), ésta se homologará a la Prueba de Suficiencia y se
considerará cumplido el requisito de idioma extranjero. La
homologación aplica independientemente si el estudiante pierde
alguno de los niveles, ya sea por faltas o por nota, o haya cancelado
alguno de los niveles en el término establecido para ello.
Igualmente, el estudiante deberá cursar los 4 niveles sin
interrupciones mayores a 2 períodos lectivos en la Universidad del
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Cauca y aprobarlos con una nota promedio igual o superior a 3.5
(tres, cinco).
Artículo 12: Quien sea beneficiario de Amnistía Académica o quien
re-ingrese a la Universidad después de la interrupción de sus
estudios, deberá acogerse al plan de estudios vigente al momento
de su reintegro y por tanto, satisfacer la totalidad de los requisitos
para optar al título correspondiente, entre ellos la presentación y
aprobación de la PSI […]”
Lo anterior en concordancia con el Acuerdo Académico núm. 014 de 3
de noviembre de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el
Plan de estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el
acuerdo 009 de 2003”, expedido por el Consejo Académico, en el
que se indicó lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Para optar al Título de Abogado, el
estudiante deberá, además de cursar y aprobar las asignaturas del
plan de estudios, cumplir con los siguientes requisitos de grado:
a. Realizar la presentación de los exámenes preparatorios.
b. Presentar un trabajo de investigación o realizar una Práctica
Social denominada “Judicatura”.
c. Presentar examen de suficiencia en un idioma extranjero
[…]”. (Negrillas fuera del texto).
Así pues, precisado el alcance de los reglamentos expedidos por la
UNIVERSIDAD, en torno a los requisitos de grado que le eran
exigibles al señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES al ingresar
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al Programa de Derecho, procede la Sala a resolver los cargos de
nulidad formulados en la demanda.
Alega la parte actora que el señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES no cumplió con los requisitos exigidos por la ley y los
reglamentos internos de la UNIVERSIDAD para que se otorgue el
título de abogado, pues de acuerdo con las pruebas recaudadas por el
equipo de seguimiento se pudo establecer que el graduado no aprobó
la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI.
Ahora bien, en el expediente está acreditado que en el año 2017 la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA confirió el título profesional de abogado
al señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES, mediante la
Resolución núm. R-916 de 10 de agosto de 2017, el acta de grado núm.
40 de 18 de agosto de 2017 y el diploma núm. 1212-17 de 18 de
agosto de ese año, actos por medio de los cuales otorgó el título de
abogado al señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES.
Con ocasión de las irregularidades advertidas por la UNIVERSIDAD
en el proceso de graduación de los alumnos de la facultad de derecho,
esa institución expidió la Resolución núm. R-695 de 30 de julio de
2019, “Por la cual se conforma el equipo de seguimiento y apoyo
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a la mejora de los procedimientos académico administrativos
de registro de exámenes preparatorios del programa de
Derecho de la Universidad del Cauca”.
El referido equipo de trabajo procedió a la verificación del cumplimiento
de los requisitos de grado del señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES, para lo cual tuvo en cuenta las siguientes fuentes de
información:
• Historias académicas físicas.
• Archivo Excel “Pruebas Físicas”: Elaboración propia de un archivo
en formato Excel que contiene información de los exámenes
físicos de la PSI, construido mediante la confrontación uno a uno
de los exámenes, en el cual se presenta un listado de las pruebas
físicas realizadas por estudiantes de los programas de pregrado
y posgrado, con fechas de presentación comprendidas entre los
años 2010 y 2020, exámenes trasladados desde la Oficina del
PFI para la custodia de la División de Admisiones, Registro y
Control Académico-DARCA.
• Archivo PDF de elaboración propia “Listas admitidos PFI”:
Contiene el reporte de la consulta realizada a los listados de
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admitidos/inscritos al examen PSI, publicados en la página web
del PFI con fechas comprendidas entre los años de 2014 a 2019.
• Archivo PDF de elaboración propia “Listas admitidos PFI”:
Contiene el reporte de la consulta realizada a los listados de
admitidos/inscritos al examen PSI, publicados en la página web
del PFI con fechas comprendidas entre los años de 2014 a 2019.
• Archivo PDF de elaboración propia “Comunicaciones PFI”:
Contiene las comunicaciones (vía correo electrónico) y
documentos soporte (reporte de resultados por prueba aplicada-
documento base para la creación de los grupos clase, matrícula
de los estudiantes y posterior registro de las calificaciones por
los docentes) remitidos desde el correo del PFI hacia la
dependencia DARCA.
• Archivos PDF de elaboración propia “Comunicaciones DARCA”:
Archivos que contienen, entre otros, comunicaciones (vía correo
electrónico) y documentos soporte (reporte matrícula de los
estudiantes y posterior registro de las calificaciones por los
docentes) recibidas por los funcionarios de la División de
Admisiones, Registro y Control Académico - DARCA.
• Archivos PDF Fiscalía: Se refiere a dos archivos facilitados por la
Fiscalía al Equipo de Seguimiento que contienen los listados de
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resultados de las PSI, obtenidos en la diligencia de inspección
realizada por la Fiscalía al archivo físico de la oficina del PFI.
• Archivo Excel “Grupos Clase”: Archivo plano Excel extraído desde
el sistema SIMCA 2.0, el cual contiene información de la creación
de los grupos clase y su respectiva matrícula por parte de los
funcionarios de la dependencia DARCA, además del reporte de
los usuarios que realizaron los registros de la PSI durante el I
Periodo de 2015 a diciembre de 2019.
• Página Web del PFI: Enlace de acceso a la base externa que
contiene la información publicada en la página web del PFI, en el
que se encuentra calendario de fechas de presentación, listas de
inscripción y resultados publicados en la misma.
• Archivo plano en Excel con todos los registros aprobatorios de
PSI en el sistema SIMCA 2.0 con la información del usuario, fecha
y tipo de registro.
• Archivo en Excel de elaboración propia donde se confrontan los
registros aprobatorios de PSI en el sistema SIMCA 2.0 (2015 a
2019) con los soportes físicos de las pruebas PSI (Exámenes).
• Archivo plano en Excel generado desde el Sistema de Recaudos
de la Universidad del Cauca - SQUID sobre el pago de derechos
pecuniarios por concepto de repeticiones PSI, desde el 2015 a
2019.
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• Archivo de elaboración propia que contiene la unificación de
reportes de las calificaciones de las pruebas PSI obtenidas del
archivo personal de los profesores que aplicaron la prueba.
Con fundamento en lo anterior, el Equipo de Seguimiento y Apoyo
entregó el informe de 9 de abril de 2021, en el que formuló las
siguientes conclusiones:
“[…] IV. CONCLUSIÓN GENERAL
Revisados los elementos de cada una de las fuentes de información
se encuentra que el (la) señor (a) CETINA COLMENARES MIGUEL
ÁNGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80167168 y
código estudiantil No. 100111010651 adscrito (a) al programa de
Derecho, aparece en SIMCA 2.0 con PSI aprobatoria en el período
académico 2016.2, con fecha de registro 3 de mayo de 2017; sin
embargo:
1. No existe examen físico a nombre de CETINA COLMENARES
MIGUEL ÁNGEL, que dé cuenta de una nota aprobatoria en el segundo
período académico de 2016.
2. No aparece en las listas de admitidos para la presentación de las
PSI aplicadas durante el segundo período académico de 2016.
3. No aparece en las listas de resultados de las PSI aplicadas durante
el segundo período académico de 2016.
4. En el rango de auditoria adelantada por el Equipo de Seguimiento
2015 a 2019-1, no se encuentra inscripción, resultado o examen físico
que sustente el registro aprobatorio que se encuentra en SIMCA 2.0.
En mérito de lo anterior, el registro aprobatorio de la prueba PSI
correspondiente al (la) señor (a) CETINA COLMENARES MIGUEL
ÁNGEL adscrito al programa de Derecho, es inconsistente en atención
a que no cuenta con soporte documental que acredite su presentación
y nota aprobatoria […]”.
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Del anterior recuento es dable concluir: (i) que el señor MIGUEL
ÁNGEL CETINA COLMENARES se matriculó al programa de Derecho
de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, cuya reglamentación se adoptó
mediante el Acuerdo núm. 014 de 3 de noviembre de 2004; ii) que el
artículo 2º del referido Acuerdo, en concordancia con el Acuerdo
Académico núm. 015 de 2 de noviembre de 2011, prevé como requisito
para obtener el título de abogado la aprobación de la Prueba de
Suficiencia en Idioma Extranjero – PSI; iii) que el estudiante no acreditó
la presentación y aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma
Extranjero – PSI; y (iv) que la UNIVERSIDAD no podía conferirle el
título de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.
Significa lo anterior que le asiste razón a la demandante al endilgarle a
los actos acusados la violación de las normas superiores en que debían
fundarse, esto es, el Acuerdo Académico núm. 014 de 3 de noviembre
de 2004, “Por el cual se Modifica parcialmente el Plan de
estudios del Programa de Derecho, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales, establecido en el acuerdo 009 de
2003”, en concordancia con el Acuerdo Académico núm. 015 de 2 de
noviembre de 2011, “Mediante el cual se modifica el Acuerdo No.
005 de 2006 donde se unifican las condiciones y características
de la participación de los estudiantes de los programas de
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pregrado, en el Programa de Formación en idiomas – PFI y los
requisitos y procedimientos para la presentación de la Prueba
de Suficiencia de Idioma Extranjero – PSI”.
En este punto, conviene referirse a los argumentos de defensa
expuestos por el tercero interesado, según los cuales no está
acreditado que no haya cumplido los requisitos para optar por el título
de abogado, pues, en su criterio, lo que se observa es una
“desorganización interna” que no le es imputable.
A juicio de la Sala, tal argumento queda desvirtuado con las diferentes
pruebas allegadas al proceso, que dan cuenta de que los actos
administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL
CAUCA le confirió el título de abogado al señor MIGUEL ÁNGEL
CETINA COLMENARES, están viciados de nulidad por violación de la
norma superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos
académicos examinados.
En cuanto al argumento de la aplicación de la carga dinámica de la
prueba, se debe señalar que la jurisprudencia de la Corporación29 ha
29
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005, número único de radicación 68001-23-15-000-1996-
01898-01. C.p. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ.
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sostenido que el juez establece en cada caso concreto cuál de las partes
está en mejores condiciones de probar los hechos alegados30; sin
embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar todos
los medios de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos
alegados31.
Precisamente, en el caso bajo examen, era el ente universitario el
interesado en acreditar que el estudiante no cumplió con la totalidad
de requisitos para optar por el título de abogado, para lo cual allegó
las pruebas que fueron debidamente valoradas y que llevaron al
convencimiento del vicio de nulidad endilgado a los actos acusados, de
modo que, a juicio de la Sala, la parte que estaba en mejor posición de
30
Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar
al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente
el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de
contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
31
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto
de 2006, número único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.p. RUTH STELLA CORREA
PALACIO.
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probar los hechos debatidos cumplió con la carga procesal que le
correspondía, por lo que no tiene lugar el reproche del tercero.
Respecto de la presunción de buena fe de la actuación del egresado,
conviene traer a colación lo indicado en el proveído que decretó la
medida cautelar del proceso:
“[…] Respecto del argumento del señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES relacionado con la aplicación del principio de buena
fe con el que actuó la UNIVERSIDAD al otorgarle el título de
abogado, es preciso traer a colación lo mencionado en el citado
auto de 10 de mayo de 202132, en el que la Sección indicó:
“121. Respecto de la petición del apoderado judicial del tercero
interesado enfocada a que prime y se aplique «el principio de la
buena» y, en consecuencia, se mantengan los efectos jurídicos de
los actos demandados, considera la Sala Unitaria que en el caso
que nos ocupa no se materializan los supuestos fácticos exigidos
para la aplicación del mismo.
(…)
124. Como puede observarse, en virtud del principio de buena
fe, nadie puede contravenir válidamente sus propios actos,
cuando tal comportamiento es objetivamente incompatible
con su conducta precedente.
125. La buena fe está entonces relacionada con la confianza
legítima que exige a las autoridades y a los particulares mantener
una coherencia en sus actos, respetar los compromisos adquiridos
y garantizar la estabilidad de las situaciones jurídicas, cuando no
se suscitan razones objetivas que justifiquen un cambio.
(…)
127. Obsérvese que, cuando la universidad demandante tuvo
conocimiento de los errores del registro calificativo que
fundamentaron su primera decisión, así como del consecuente
incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 6° y 9°
del Acuerdo Académico N° 02 de 2011, acertadamente acudió a
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 10 de mayo de
2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00248-00, Cp. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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esta jurisdicción con el propósito de obtener el respectivo estudio
de legalidad.
128. Tal cuestionamiento de la legalidad de los actos acusados se
justifica si se tiene en cuenta que la decisión inicial de conferir el
título posee un vicio en el consentimiento, en virtud del cual es
posible contravenir el acto académico propio para garantizar el
respeto del ordenamiento superior.
129. Nótese que el tercero con interés, en la oportunidad conferida
para intervenir, no aportó ni solicitó la práctica de algún medio
probatorio (documental, testimonial, o pericial) que permita
deducir que sí aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de
Familia, Derecho Civil Bienes, Derecho Procesal Civil y Obligaciones
y Contratos.
130. Es importante traer a colación que en nuestro sistema jurídico
nadie puede obtener provecho de su propia culpa (nemo auditur
propriam turpitudinem allegans). De manera que el tercero
interesado conocía los requisitos que debía acatar y su silencio no
modifica las consecuencias de no haber aprobado toda la malla
curricular. El error de la institución educativa al momento de
verificar los registros calificativos no subsana la ausencia de los
requisitos académicos que debía cumplir el señor (…) para obtener
el título de abogado […]”. (Resaltado fuera del texto).
Es decir, que a pesar de que el señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES alegó que su actuación fue de buena fe, lo cierto es que
en virtud de dicho principio “nadie puede contravenir válidamente sus
propios actos, cuando tal comportamiento es objetivamente
incompatible con su conducta precedente” 33.
En efecto, el comportamiento que le resultaba exigible al estudiante,
una vez accedió al sistema de registro académico de la UNIVERSIDAD
33
Idem.
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para consultar sus notas, era el de informar oportunamente a las
autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden
administrativo, para obtener un título profesional sin el cumplimiento
de los requisitos legales exigidos.
Es importante destacar que el título profesional es el reconocimiento
expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la
culminación de un programa, por haber adquirido un saber
determinado en una Institución de Educación Superior34; y que,
además, el ejercicio de la profesión del derecho está estrechamente
ligado a la búsqueda del orden justo, como lo ha precisado la
jurisprudencia de la Corporación, teniendo en cuenta que “ […] la
abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades
en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y
en la realización de una recta y cumplida administración de justicia
[…]”.
A este respecto también se refirió la sentencia de 31 de julio de 2023
en comento, al indicar:
“[…] 162. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
profesión de abogado tiene las siguientes connotaciones sociales:
34
Ley 30 de 1992, artículo 24.
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[…] mediante las sentencias de 1º de octubre de 199235 y del
18 de abril de 199736, el Consejo de Estado se encargó de
definir y dar alcance al concepto de “ejercicio de la profesión
de abogado”, así: “El ejercicio de la profesión de abogado es
una actividad que tradicionalmente, se ha: entendido en los
términos precisos de la definición contenida en el Diccionario
de la Real Academia de la lengua española, o sea `... defender
en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de
los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o
puntos legales que se le consultan`, es decir, actuar en defensa
de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos
jurídicos. Esta concepción tradicionalista por considerarse
reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia
del 1 de octubre de 1992 dictada en el expediente No. 0676,
ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en
la medida que el punto es materia de análisis, pues se
encuentra que son muchas las actividades comprendidas en
ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación
del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de
vieja data que circunscribía al litigio. […]” (destaca el
Despacho).
163. De allí que quienes ejercen aquella profesión, están llamados
a cumplir los fines previstos en los artículos 1° y 2° del Decreto
196 de 1971, a saber:
Artículo 1. La abogacía tiene como función social la de
colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de
justicia.
Artículo 2. La principal misión del abogado es defender en
justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.
También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las
personas en la ordenación- y desenvolvimiento de sus
relaciones jurídicas.
164. Los entes universitarios, en este contexto, se convierten en el
primer rasero para que la ciudadanía pueda contar con servicios
profesionales con altos estándares de calidad, puesto que, al
conferir un título, el centro universitario certifica que formó a un
servidor de la justicia capaz de promover acciones individuales
y colectivas que respeten la ética y el fin social de su labor.
[35]Sección Quinta, Rad. 0676, actor: Héctor Rodríguez Cruz.
[36] Sección Quinta, Rad. No. 1628, actor: Iván Darío Gómez Lee.
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165. Por ello, antes de titular a un abogado(a), las universidades
deben verificar que ese estudiante cuente con las competencias
necesarias para ejercer su profesión con suficientes estándares
éticos y jurídicos, en el marco de los 21 deberes previstos en el
artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 […]”. (Resaltado fuera del texto
original)
Alega también el tercero que el Equipo de Seguimiento que conformó
la UNIVERSIDAD no era competente para determinar la validez de
los requisitos de grado y, por tanto, los resultados de su gestión no son
vinculantes, la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los
siguientes términos37:
“[…] Aduce el señor (…) que el informe del equipo de seguimiento
no es vinculante, dado que no contó con su participación.
Al respecto, el Despacho precisa que tal informe no se elaboró
en el marco de un proceso sancionatorio, por lo que su traslado
y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso, esto es, en el traslado de la
medida cautelar, oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese
mismo fin.
Por lo anterior, el Despacho considera que no le asiste razón al
apoderado del tercero con interés directo en las resultas del
proceso al indicar que la UNIVERSIDAD no tenía fundamentos
para solicitar la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos demandados, pues, como quedó visto,
del informe en comento se pudo establecer la inexistencia de
los soportes que acrediten la presentación y aprobación de la
totalidad de los exámenes preparatorios, requeridos para
obtener el título de abogado […]”.
37
Ver, entre otras, la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, providencia de 18 de junio de 2021, Rad. núm. 11001032400020200026400, CP. Nubia
Margoth Peña Garzón.
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En cuanto al reproche de la prueba documental aportada por la Fiscalía
General de la Nación al proceso, la Sala encuentra que a pesar de
asistirle al tercero con interés directo en las resultas del proceso, en el
sentido de que dicha prueba está relacionada con la recolección de
información de otras personas, tal circunstancia no desvirtúa el
incumplimiento de los requisitos previstos por el reglamento de la
UNIVERSIDAD para obtener el título de abogado, incumplimiento
que, como se vio, quedó acreditado con las demás pruebas allegadas
al proceso.
Finalmente, la Sala encuentra que las inconsistencias a las que hizo
referencia el tercero con interés directo en las resultas del proceso
respecto del escrito de alegatos que presentó la parte actora, no tienen
incidencia en la resolución del presente asunto, pues, como se indicó,
las diferentes pruebas allegadas al proceso dan cuenta de que los actos
administrativos por medio de los cuales la UNIVERSIDAD DEL
CAUCA le confirió el título de abogado al señor MIGUEL ÁNGEL
CETINA COLMENARES, están viciados de nulidad por violación de la
norma superior en que debían fundarse, esto es, de los acuerdos
académicos examinados.
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Por las razones expuestas la Sala concluye los argumentos esgrimidos
por el tercero con interés directo no tienen vocación de prosperidad.
IV.4. La decisión
De conformidad con los planteamientos expuestos, la Sala declarará la
nulidad de la Resolución núm. R-916 de 10 de agosto de 2017, “Por la
cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado”, respecto del señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES, al igual que la nulidad del acta de grado núm. 40 de
18 de agosto de 2017 y del diploma núm. 1212-17 de la misma fecha,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
se le otorgó el título de abogado al antes citado.
Cabe señalar que, como lo precisó la Sala en la citada sentencia de 31
de julio de 2023, el modelo de gestión documental de la
UNIVERSIDAD presentó graves deficiencias atribuibles al
incumplimiento de los deberes señalados en los artículos 11, 12, 13,
19 y 21 de la Ley 594 de 200038, que le impidieron adoptar adecuadas
decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado respecto del
señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES y, que en
38
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título
profesional que en la presente decisión se está anulando. Dicha
circunstancia da lugar a que la Sala inste a la institución académica
para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a
fin de evaluar si el señor CETINA COLMENARES estaría en
condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación
de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.
Por último, la Sala estima procedente compulsar copia de la presente
decisión a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, con miras a que ejerza sus competencias legales
y reglamentarias tendientes a vigilar que la parte actora subsane los
problemas de gestión documental que afronta; así como también poner
en conocimiento de la Unidad de Registro Nacional de Abogados
(URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia,
para los fines que estime pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual
configuración de una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo de inscripción de la tarjeta profesional de
abogado del señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del artículo primero de la Resolución
núm. R-916 de 10 de agosto de 2017, “Por la cual se confieren unos
títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,
expedida por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, respecto del señor
MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acta de grado núm. 40 de 18 de
agosto de 2017 y del diploma núm. 1212-17 de 18 de la misma fecha,
expedidos por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, a través de los cuales
se le otorgó el título de abogado al señor MIGUEL ÁNGEL CETINA
COLMENARES.
TERCERO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco
de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la
regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si
el señor MIGUEL ÁNGEL CETINA COLMENARES estaría en
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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00566-00
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condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación
de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado.
CUARTO: COMPULSAR copia de la presente decisión a la Dirección de
Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, con miras a
que ejerza sus competencia legales y reglamentarias tendientes a
vigilar que la parte actora subsane los problemas de gestión
documental que afronta.
QUINTO: Por la Secretaría PONER EN CONOCIMIENTO de la Unidad
de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la
Judicatura la presente providencia, para los fines que estime
pertinentes, y teniendo en cuenta la eventual configuración de una de
las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo de
inscripción de la tarjeta profesional de abogado del señor MIGUEL
ÁNGEL CETINA COLMENARES.
SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las
anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Salva voto parcial
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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