RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2020-00267-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00267-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2020-00267-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-1068 de 22 de noviembre de 2018, respecto de Miguel Herney Ibarra Guerrero; ii) el Acta de Grado núm. 61 de 14 de diciembre de 2018; y iii) el Diploma núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Miguel Herney Ibarra Guerrero estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2020-00267-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

10 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad
Número único de radicación: 110010324000 2020 00267 00
Demandante: Universidad del Cauca
Demandada: Universidad del Cauca1
Tercero: Miguel Herney Ibarra Guerrero

Temas: Nulidad de actos que otorgan títulos universitarios sin el cumplimiento de los
requisitos -Reiteración jurisprudencial-.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad del
Cauca para que se declare la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm.
R-1068 de 22 de noviembre de 2018, el Acta de grado núm. 61 de 14 de diciembre
de 2018 y el Diploma núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, mediante los
cuales la parte demandante le otorgó el título de abogado a Miguel Herney Ibarra
Guerrero.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Universidad del Cauca2 presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad3, para que se declare la nulidad de:

1 Cfr. Índice núm. 3 de Samai.
2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice núm. 3 de Samai.
3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

1.1. El Paz y Salvo Académico sin número de 6 de noviembre de 2018.

1.2. El artículo 1.° (parcial) de la R-1068 de 22 de noviembre de 2018, “Por la
cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y
posgrado”, expedida por el Rector de la Universidad del Cauca.

1.3. El Acta de grado núm. 61 de 14 de diciembre de 2018, mediante la cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogado a Miguel Herney Ibarra
Guerrero.

1.4. El Diploma núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogado a Miguel Herney Ibarra
Guerrero.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 4.1 Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo No. (sic) 06 de
noviembre de 2018, con el cual el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca otorga paz y salvo académico a la
parte demandada señor MIGUEL HERNEY IBARRA GUERRERO, por haber cursado
y aprobado todas la asignaturas y requisitos académicos que integran el Plan de
Estudios del Programa de Derecho.

4.2. Declárase la nulidad parcial del artículo primero de la Resolución No. R-1068 de
fecha 22 de noviembre de 2018, en concreto del aparte que confiere al señor MIGUEL
HERNEY IBARRA GUERRERO, identificado […], el título de Abogado.

4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 61 de fecha 14 de diciembre de 2018
y Diploma No. 2455-18 de fecha 14 de diciembre de 2018, actos administrativos con
los cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el
artículo primero de (sic) Resolución R-1068 de fecha 22 de noviembre de 2018 y
otorga el título de Abogado, al señor MIGUEL HERNEY IBARRA GUERRERO
identificado […].

4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado al señor
MIGUEL HERNEY IBARRA GUERRERO, identificado […] si ya hubiese iniciado el
trámite respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de Abogado […]”4.

4 Cfr. Índice núm. 3 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones5:

3.1. Miguel Herney Ibarra Guerrero se matriculó al Programa de Derecho de la
Universidad del Cauca, en el primer período académico del año 2012, razón por la
cual le aplican los artículos 6°. y 8.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, en
el que se estableció como requisito de grado, para obtener el título de abogado,
presentar y aprobar los exámenes preparatorios, así como la Prueba de Suficiencia
en Idioma Extranjero PSI.

3.2. La Universidad del Cauca, en la ceremonia de 14 de diciembre de 2018, le
otorgó a Miguel Herney Ibarra Guerrero, el título de abogado.

3.3. Ante la Universidad del Cauca, el 19 de mayo y el 11 de julio de 2019, se
presentaron quejas por presuntas irregularidades en el registro de exámenes
preparatorios, razón por la cual, mediante la Resolución núm. R-695 de 30 de julio
de 2019 se conformó un equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los
procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes preparatorios
del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca, cuya tarea era verificar el
cumplimiento del requisito de presentación y aprobación de exámenes preparatorios
por parte de los estudiantes, egresados y graduados desde el año 2015.

3.4. De la comparación por parte del Equipo de Seguimiento de los registros de
exámenes preparatorios consignados en el Sistema Integrado de Matrícula y
Control Académico - SIMCA, con los soportes físicos que reposan en cada historia
académica de estudiantes, egresados y graduados del Programa de Derecho, se
encontró que Miguel Herney Ibarra Guerrero no contaba con soporte físico que
permitiera verificar que hubiera aprobado los exámenes preparatorios de Derecho
Procesal Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Civil -
bienes, obligaciones y contratos-, Derecho Laboral, Derecho de Familia y Derecho
Penal, ni de la presentación y aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma
Extranjero - PSI.

Normas violadas

5 Cfr. Índice núm. 3 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política.

• Los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116.

• El Acuerdo Académico núm. 002 de 17 de febrero de 20117.

Concepto de la violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de
violación, así8:

Primer cargo: Violación de los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de
la Constitución Política.

5.1. Indicó que, en virtud de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de
la Constitución Política y en la Ley 30 de 28 de diciembre de 19929, las
universidades tienen derecho, entre otras, a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, así como crear, organizar
y desarrollar sus programas académicos.

5.2. En razón a ello y con fundamento en algunos pronunciamientos de la Corte
Constitucional al respecto10, la presentación y aprobación de la totalidad de los
exámenes preparatorios, constituyen un requisito sin el cual los estudiantes del
Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no podrían adquirir el título de
abogados.

Segundo cargo: Violación de los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011.

5.3. Precisó que, con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, no se
produciría ningún restablecimiento de derechos en favor de la parte demandante y,

6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
7 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales”.
8 Cfr. Índice núm. 3 de Samai.
9 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
10 Ver. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy

Cabra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

que es evidente “[…] que los actos administrativos demandados causan un daño
grave, daño altamente nocivo para el orden social y público, ya que las
irregularidades anotadas permitieron que una persona que no cumplía con los
requisitos para otorgársele el título de Abogado (a), está actualmente ejerciendo
una profesión (lo cual implica un riesgo social) […]”.

Tercer cargo: Violación del Acuerdo Académico 02 de 17 de febrero de 201111.

5.4. Adujo que, en el Acuerdo indicado supra, se estableció que los estudiantes
para obtener el título de abogado(a) deberían cumplir, entre otros, con el requisito
de presentar y aprobar los exámenes preparatorios de: i) Derecho Constitucional; ii)
Derecho Administrativo; iii) Derecho Penal; iv) Derecho Laboral; v) Derecho de
Familia; vi) Derecho Civil -bienes, obligaciones y contratos-; y vii) Derecho Procesal
Civil; así como la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero - PSI.

5.5. Puso de presente que, al momento de expedición de los actos acusados, la
Universidad del Cauca no contaba con los soportes físicos que permitieran verificar
que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiere aprobado
debidamente los exámenes preparatorios de Derecho Procesal Civil, Derecho
Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Civil -bienes, obligaciones y
contratos-, Derecho Laboral, Derecho de Familia y Derecho Penal, ni de la
presentación y aprobación de la prueba PSI.

Actuaciones procesales

6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 202212: i) rechazó
la demanda en relación con la pretensión de nulidad del acto indicado en el numeral
1.1 supra; ii) admitió la demanda respecto de los actos indicados en los numerales
1.2, 1.3 y 1.4 supra; y iii) vinculó a Miguel Herney Ibarra Guerrero, en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso. En auto de la misma fecha
se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar13.

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de septiembre de 2023 14: i)
tuvo a Álvaro José Mejía Arias como coadyuvante del tercero con interés directo en

11 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales”.
12 Cfr. Índice núm. 8 de Samai.
13 Cfr. Índice núm. 10 de Samai
14 Cfr. Índice núm. 31 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

el resultado del proceso; y ii) decretó la suspensión provisional de los efectos de los
actos indicados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4 supra, la cual fue objeto de recurso
de súplica15 y confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
auto de 20 de junio de 202416.

Contestaciones de la demanda

Tercero con interés directo en el resultado del proceso

8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso17 contestó la
demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

8.1. Manifestó que los actos acusados no son susceptibles de control judicial al ser
actos meramente académicos, y solicitó adecuar la demanda al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se pretende la nulidad de actos
particulares y concretos.

8.2. Señaló que Miguel Herney Ibarra Guerrero, ingresó al Universidad del Cauca
por un convenio celebrado con la Policía Nacional, que “[…] hacía parte de un
programa de desconcentración y cursos especiales adelantados por la
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, que se iniciaron en virtud de la prerrogativa de
autonomía universitaria de la cual es titular la entidad demandante […]”.

8.3. Indicó que, “[…] el cargo principal en el cual se fundamenta la presente
demanda es la presunta falsa motivación en lo relativo a la ausencia de soportes
documentales que demuestren la presentación de las pruebas enunciadas por parte
del estudiante MIGUEL HERNEY IBARRA GUERRERO, pruebas sobre las cuales
no se afirma ni se manifiesta bajo qué circunstancias se dio la aludida falsa
motivación […]”.

8.4. Precisó que, “[…] las irregularidades que hoy se le pretenden imputar o atribuir
como ilegalidades a mi representado, no son más que situaciones administrativas
de conocimiento general por el ente universitario, que hoy pretende generar un
desgaste judicial en contra de sus propios estudiantes, quienes ya se encuentran
graduados y a quienes no le son trasladables tales irregularidades […]”.

15 Cfr. Índice núm. 35 de Samai.
16 Cfr. Índice núm. 41 de Samai.
17 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice núm. 21 de Samai.
18 Cfr. Índice núm. 21 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

8.5. Adujo que “[…] este medio de control es ejercido debido a un informe
presentado por un “Equipo de Seguimiento”, que concluyó que mi representado
entre otros estudiantes no cumplen con los requisitos para obtener el título, aspecto
que corresponde a una simple afirmación efectuada por un equipo que no tiene
vinculo jurídico con mi representado y mucho menos con los docentes que
realizaron los exámenes preparatorios, y que fue creado por la Universidad para
que llegara a esas conclusiones sin que en ninguna etapa de la elaboración de dicho
informe se haya contado con la participación de los estudiantes afectados […]”.

8.6. Indicó que, “[…] Contrario a lo expuesto por el demandante en el escrito de la
demanda lo que se debe salvaguardar para el presente asunto es el principio
constitucional de la “BUENA FE” creadora de derecho, el cual hasta el momento
cuenta con un ingrediente fundamental como lo es la creación de una situación
particular y concreta en favor de mi representado el señor MIGUEL HERNEY
IBARRA GUERRERO, quien ya se encuentra graduado del programa de Derecho
de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, y en ese sentido ante la ausencia de pruebas
que permitan demostrar la irregularidad o contravención con el ordenamiento
normativo superior, no se puede decretar la nulidad de los actos administrativos
expedidos por la UNIVERSIDAD, para efectos de sancionar una situación de
desorden administrativo evidenciada por la parte demandante y que deviene de sus
órganos internos, al no contar con un protocolo adecuado para el archivo,
clasificación, y organización documental de las pruebas de exámenes preparatorios
[…]”.

8.7. Por último, indicó que “[…] la UNIVERSIDAD DEL CAUCA no ha demostrado
tener mejor derecho que mi representado dentro del asunto en cuestión, dados los
antecedentes que le permiten concluir que no se ha adelantado actuación
administrativa alguna en la cual el tercero interesado haya expresado por escrito su
decisión de autorizar la revocación de dicho acto administrativo, mucho menos que
se le haya vinculado a actuación administrativa de carácter sancionatorio desde lo
disciplinario […]”.

Coadyuvante

9. Álvaro José Mejía Arias, mediante escrito recibido en la Secretaría de la
Sección Primera de la Corporación, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, en los siguientes términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

9.1. Aseguró que, en la Universidad del Cauca, conforme a sus estatutos, “[…] solo
existen dos requisitos de grado vigentes: a) terminación del plan de estudios y b)
trabajo de grado […]”19.

9.2. Indicó que no se podían exigir exámenes preparatorios como requisito de grado
en la medida que el Acuerdo núm. 027 de 25 de julio de 201220 permitía, a los
estudiantes, escoger otras modalidades para obtener el grado.

9.3. Expresó que el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 fue expedido por el
Consejo Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad del Cauca; sin embargo, no fue ratificado por el Consejo Superior de la
Universidad del Cauca, en los términos previstos en los artículos 31 y 32 del
Acuerdo núm. 105 de 1993, razón por la cual “[…] el requisito de grado de exámenes
preparatorios debe inaplicarse y por lo tanto no exigirse ni verificarse para efectos
de estudiarse la legalidad de los tres actos administrativos mediante los cuales se
otorgó el título de abogado […]”21.

9.4. Agregó que, el Sistema Integrado de Matricula y Control Académico SIMCA no
tiene establecidos protocolos de seguridad, y que el manejo y conservación de los
archivos académicos, son responsabilidad de la Universidad y, que, el desorden
administrativo al interior del claustro “[…] podría ser la causa de los problemas
administrativos denunciados y no la acción de los estudiantes, que, entre otras
cosas, son los únicos que no tienen acceso al sistema para poder modificarlo […]”22.

9.5. Solicitó que “[…] se inapliquen los Acuerdos expedidos por el Consejo
Académico de la Universidad del Cauca y los expedidos por el Consejo de Facultad
de Derecho donde se haga mención a exámenes preparatorios como requisitos de
grado por violar las normas superiores legales y estatutarias […]”23.

Procedencia de la sentencia anticipada

19 Cfr. Índice núm. 5 de Samai.
20 “Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado de la Universidad del Cauca”.
21 Cfr. Índice núm. 5 de Samai.
22 Cfr. Índice núm. 5 de Samai.
23 Cfr. Índice núm. 5 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de julio de 202424, consideró
que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en
el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201125 y, en
consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas, fijó el objeto del
litigio, resolvió sobre las solicitudes probatorias y corrió traslado para alegar de
conclusión.

Alegatos de conclusión

11. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, en sus alegatos de
conclusión, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y,
además, manifestó26:

11.1. Que, “[…] mi representado reafirma que, si presentó los exámenes
preparatorios de los cuales él solo pudo conocer la calificación asignada y por su
parte la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no le dio acceso a la respectiva acta, ni los
docentes guardaron soporte que les permita certificar la actuación como tal, de lo
cual se concluye que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA no pudo demostrar a través
de medios probatorios más allá de las afirmaciones las causales de nulidad
invocadas para el presente asunto […]”.

11.2. Y, solicitó, “[…] dar aplicación al artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 […]
INAPLICAR para el presente caso, por vía de excepción el Acuerdo 02 de 13 de
febrero de 2011 expedido por el CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD
DEL CAUCA, teniendo en cuenta que dicha norma no es vinculante para mi
representado […]”.

12. La Universidad del Cauca, presentó escrito de alegatos de conclusión 27, en el
que reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal28.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

24 Cfr. Índice núm. 46 de Samai.
25 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
26 Cfr. Índice núm. 52 de Samai.
27 Cfr. Índice núm. 53 de Samai.
28 Cfr. Índice núm. 56 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la autonomía universitaria; v) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los requisitos de grado de los
programas universitarios; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

15. Vistos: i) el numeral 1.º del artículo 14929 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201930, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.

16. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso, sin que se observe
vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver
el caso sub examine.

17. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
en la demanda, su contestación y en el escrito de coadyuvancia, de conformidad
con lo previsto en los artículos 187 y 189 de la Ley 1437.

Actos acusados

18. Los actos acusados son los siguientes:

18.1. El artículo 1.° (parcial) de la R-1068 de 22 de noviembre de 2018, “Por la cual
se confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,
expedida por el Rector de la Universidad del Cauca.

“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-1068 DE 2018 (22 de noviembre) Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado. EL
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus facultades legales y
estatutarias y, CONSIDERANDO Los graduandos de pregrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título correspondiente. Para optar al
título respectivo los graduandos cumplieron con todos los requisitos de Ley y los
exigidos por cada unidad académica y demás instancias administrativas
universitarias. En mérito de lo expuesto RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: La

29 En concordancia con el artículo 86, sobre el régimen de transición y vigencia normativa, de la Ley 2080 de

25 de enero de 2021, “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que las y los graduandos cumplieron
con los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les confiere el título
de: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES […]
ABOGADA (O) […] MIGUEL HERNEY IBARRA GUERRERO CC. […] ARTÍCULO
SEGUNDO: La ceremonia de grado, entrega de diplomas y actas de grado tendrá
lugar en Paraninfo Francisco José de Caldas, el día viernes 14 de diciembre de 2018,
a la 1:00 pm y se entenderán perfeccionados una vez cumplido con el orden
establecido por la Rectoría. CÚMPLASE Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria,
a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018) JOSÉ
LUIS DIAGO FRANCO Rector […]”.

18.2. El Acta de grado núm. 61 de 14 de diciembre de 2018, mediante la cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogado a Miguel Herney Ibarra Guerrero.

“[…] ACTA DE GRADO No. 61 del 14 de diciembre de 2018 En Popayán, Capital
del Departamento del Cauca, República de Colombia, a la 1:00 p.m., del día viernes
catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) y en cumplimiento de la
Resolución R-1068 del 22 de noviembre de 2018 expedida por la Rectoría de la Alma
Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas,
para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaria
General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el
graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria
requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el
Juramento y le otorga el título de: ABOGADO A: MIGUEL HERNEY IBARRA
GUERRERO CC. […] El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de
Abogado Se registra en el Libro de Diplomas No. 082; Folio No: 2455; Diploma No:
2455-18 La ceremonia finaliza a las 2:00 p.m. Para constancia se expide la presente
Acta de Grado. (Firmado) JOSE LUIS DIAGO FRANCO – Rector; GABRIELA
RAMIREZ ZULUAGA – Decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales; LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS, Secretaria General. Se expide
en Popayán, Ciudad Universitaria, a catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho
(2018). Secretaria General […]”.

18.3. El Diploma núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogado a Miguel Herney Ibarra Guerrero.

“[…] La Universidad del Cauca en nombre de la REPÚBLICA DE COLOMBIA y por
autorización del Ministerio de Educación Nacional, en la atención a que MIGUEL
HERNEY IBARRA GUERRERO C.C. […] ha cumplido con todos los requisitos legales
y estatutarios le otorga el título de ABOGADO con todos los derechos, privilegios y
dignidades que lo facultan para el ejercicio profesional. Popayán, 14 de diciembre de
2018. Registrado en el Libro de Diplomas No. 082, Folio No. 2455, Diploma No. 2455-
18, Resolución No. 1068 22/11/18 Acta No. 61 14/12/18. El Rector, El Decano de la
Facultad, La Secretaria General de la Universidad […]”.

Problema jurídico

19. De acuerdo con la demanda, la contestación presentada por el tercero
interesado en el resultado del proceso y el escrito de coadyuvancia, el problema
jurídico consiste en determinar si el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-
1068 de 22 de noviembre de 2018, el Acta de grado núm. 61 de 14 de diciembre de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

2018 y el Diploma núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, vulneran: los artículos
6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política; y los artículos 6.°
y 8.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 17 de febrero de 2011; y, en
consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos
acusados.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la autonomía
universitaria

20. Vistos los artículos: i) 69 de la Constitución Política; y ii) 28 y 29 de la Ley 30 de
28 de diciembre de 199231, sobre autonomía universitaria, garantizan que las
universidades públicas y privadas impartan la enseñanza sin la intervención de
terceros y, en ese sentido, darse sus propios estatutos, designar sus autoridades
administrativas y académicas, decidir sobre sus programas académicos,
seleccionar sus profesores y alumnos, entre otros.

21. La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]
capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa [en
virtud de la cual] cada institución universitaria ha de contar con sus propias reglas
internas (estatutos), y regirse conforme a ellas […]”32.

22. Esta Corporación ha considerado que el principio constitucional de la autonomía
universitaria tiene por finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en
dichos centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder
político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de dichas
instituciones, con los límites que establezca la ley33.

23. La Ley 30 desarrolló el artículo 69 de la Constitución Política y dispuso que las
universidades públicas pueden darse sus propios estatutos, designar a las
autoridades administrativas y académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de
programas académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y seleccionar
los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes y establecer, arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función
institucional.

31 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
32 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, C.P. Rafael Francisco Suárez

Vargas, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

24. Por lo expuesto anteriormente, conforme lo ha considerado esta Sección34, los
entes universitarios están facultados para adoptar las determinaciones que en su
normativa interna garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad
de formación de sus egresados.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los requisitos de grado de
los programas universitarios

25. Visto el artículo 29 de la Ley 30 y atendiendo a que la Corte Constitucional,
mediante sentencias C-1053 de 200135 y SU-783 de 200336, consideró que, en el
ejercicio de la autonomía universitaria, las universidades pueden exigir la
presentación de preparatorios, a quienes aspiren a obtener el título de abogado(a),
en los siguientes términos:

“[…] la Corte considera que las universidades, orientadas por el propósito de
garantizar una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización
de cursos especiales para la profundización en determinados temas […], como
requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
Política. Esta interpretación no es nueva, sino que está explícita en la sentencia C-
505 de 2001, la cual produce efectos erga omnes desde la fecha en la que fue
proferida.

[…]
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que la Constitución les
reconoce y en el deber institucional que la misma les impone, lo cual es concordante
con la función social que conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad profesionales
de óptimas calidades en virtud del riesgo social que implica el ejercicio de profesiones
como la abogacía […].

[…]
Se hace necesario reiterar que las universidades, en ejercicio de su autonomía
constitucionalmente garantizada no sólo pueden imponer exámenes preparatorios,
sino diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales
para la profundización en determinados temas, o –como ya lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corporación antes citada- la demostración satisfactoria del
dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
Política. Estos requisitos impuestos por las universidades para la obtención del grado
académico deben cobijar por igual a todos los estudiantes de la institución [...].

3. La sentencia C-1053 de 2001 avaló de manera clara y expresa la posibilidad de
que las universidades fijaran exámenes preparatorios como requisito para obtener el
título de abogado

[…]

34 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,

número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00368-00.
35 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1053 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
36 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-783 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

De lo trascrito se puede afirmar que las universidades pueden incluir en sus planes
de estudio los exámenes preparatorios y de ser esto así estas pruebas se hacen
obligatorias para obtener el grado. No obstante, para precisar lo determinado por la
Corte, la Sala considera necesario, primero, fijar el alcance de la expresión planes de
estudio y, segundo, clarificar si lo expuesto en la sentencia con respecto a la facultad
de incluir los preparatorios como requisito de grado es o no vinculante [...].

[…] la Sala estima que lo señalado por la Corte sí es vinculante en la medida en que
aclara que el alcance de la norma bajo estudio que fija unos requisitos para obtener
el título de abogado no excluye la exigencia de otros requisitos para obtener tal título.
A este argumento se añade que la Corte, dentro del cumplimiento de sus funciones,
fija con criterio de autoridad el alcance de las disposiciones constitucionales. Al
señalar que las universidades pueden exigir preparatorios en el ejercicio de la
autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, la Corte fijó
la validez constitucional de esta forma de ejercer tal facultad como doctrina
constitucional que, ante la inexistencia de otra fuente aplicable, resulta vinculante.
Esto limita cualquier otra interpretación de su legitimidad.

Por otro lado, la Sala considera necesario indicar que el hecho de que una norma
señale una obligación a un sujeto no implica que prohíba que otra norma señale más
obligaciones al mismo sujeto, a menos que la competencia para establecer estas
obligaciones esté radicada exclusivamente en quien fijó la primera obligación. De la
existencia de una norma que establece mandato sólo se deriva la imposibilidad de
existencia simultánea de una norma que prohíba lo prescrito. En esa medida, del
hecho de que el legislador haya establecido que para obtener el título de abogado se
requería terminar materias y escoger entre la presentación de monografía o
judicatura, no se sigue necesariamente que esté prohibido que las universidades
exijan exámenes preparatorios para obtener el título de abogado […]”

26. Esta Sección37 ha considerado que las universidades pueden incluir en sus
planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que el estudiante de
derecho que se matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere la
obligación de acreditar dichos exámenes, para obtener su título profesional, dado
que los reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad
educativa.

Acervo probatorio

27. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
fueron decretadas por el Despacho sustanciador mediante auto de 11 de julio de
202438.

28. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre

37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,

número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00368-00.
38 Cfr. Índice núm. 46 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en el caso sub examine.

Análisis del caso concreto

29. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

30. La parte demandante expresó que Miguel Herney Ibarra Guerrero no cumplió
con los requisitos exigidos por la ley y el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011
para que la Universidad del Cauca le otorgara el título de abogado, toda vez que,
de acuerdo con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento, pudo
establecer que no presentó y aprobó los exámenes preparatorios de Derecho
Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil -bienes,
obligaciones y contratos-, Derecho de Familia, Derecho Laboral y Derecho Procesal
Civil, ni la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero-PSI.

31. El tercero con interés directo en el resultado del proceso y el coadyuvante
argumentaron que se deben negar las pretensiones de la demanda, en la medida
que: i) los actos acusados no son susceptibles de control judicial y la demanda debía
adecuarse al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) el
tercero estaba vinculado a la Universidad a través de un convenio con unas
prerrogativas especiales; iii) el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 no le era
aplicable, toda vez que no fue ratificado por el Consejo Superior de la Universidad
del Cauca; iv) el Acuerdo núm. 027 de 25 de julio de 201239, permitía a los
estudiantes escoger otras modalidades para obtener el grado diferentes a la
presentación de exámenes preparatorios; v) el equipo de seguimiento creado por la
Universidad carecía de competencia e imparcialidad; vi) en virtud del principio de la
buena fe, no podía trasladarse la responsabilidad a los estudiantes por el presunto
desorden en el manejo de la información al interior de la Universidad; vii) al tercero
con interés jurídico en el resultado no se le solicitó su consentimiento para revocar
los actos acusados ni fue vinculado a proceso disciplinario alguno; y viii) el
coadyuvante solicitó inaplicar los Acuerdos expedidos por la demandante en que se
haga mención a exámenes preparatorios como requisitos de grado por violar las
normas superiores legales y estatutarias.

39 “Por el cual se reglamenta el Trabajo de Grado en los Programas de Pregrado de la Universidad del Cauca”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

Sobre la adecuación del medio de control

32. El Despacho sustanciador, en el auto admisorio de la demanda40, precisó que,
conforme a los criterios de la Sala, “[…] a pesar de que los actos administrativos
acusados son de contenido particular, se presenta la excepción establecida en el
numeral 3 del artículo 137 de la Ley 1437, que permite controvertir un acto
administrativo de carácter particular a través del medio de control de nulidad […]”.

32.1. A su vez, esta Sección ha considerado que los actos por medio de los cuales
se otorgan títulos académicos son de contenido particular que pueden ser
demandados en ejercicio del medio de control de nulidad ante la “[…] existencia de
un interés para la comunidad en general, de tal naturaleza e importancia que
desborde el simple interés de la legalidad en abstracto, para afectar de manera
grave y evidente el orden público social o económico […]”41, por lo que, no es
procedente adecuar la demanda al trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Sobre el control judicial de los actos acusados

33. Esta Sección42, en diferentes oportunidades se ha pronunciado respecto del
control judicial de los actos expedidos por entidades educativas, en los siguientes
términos:

“[…] Al respecto, la Sala trae a colación la providencia de 10 de mayo de 2021, en la
que al resolver un asunto de similares presupuestos al que aquí se estudia, la Sección
indicó:

“[…] Con el propósito de solucionar el referido planteamiento, es necesario recordar el
criterio jurisprudencial que pacíficamente ha sostenido esta Sección desde el año 1994
respecto del control de legalidad de las decisiones definitivas que adoptan las entidades
educativas.

La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha señalado que, al momento de
determinar la competencia de esta jurisdicción, es necesario diferenciar dos tipos de actos
administrativos de las instituciones universitarias. La primera tipología de acto se denominó
“acto académico” y guarda relación con aquella decisión susceptible de control judicial por
estar asociada al cumplimiento de la función pública educativa. La segunda tipología
corresponde a lo que se denominó como el “acto meramente académico”, cuyo contenido
está relacionado con el funcionamiento interno de las instituciones de educación superior,

40 Cfr. Índice núm. 8 de Samai.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 1º de septiembre de

2020.C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00245-00.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre

de 2023. C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020220012200

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

acto frente al cual no puede adelantarse un estudio de legalidad por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo por tratarse del ejercicio de la autonomía universitaria.

Para diferenciar ambos tipos de decisiones, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
la sentencia de 16 de diciembre de 1994 43, enunció una serie de actos no enjuiciables que
«tienen que ver con el fuero interno de las Instituciones de Educación Superior, ya que son
la máxima expresión de su autonomía y forman parte del reglamento que gobierna las
relaciones entre la Institución y sus educandos», tales como «el señalamiento del calendario
académico, los planes de enseñanza e investigación, el sistema, forma y criterio de
calificaciones, de exámenes y de matrículas, entre otros».

La Sección Primera, en la sentencia de 17 de marzo de 200044, en este mismo sentido
precisó lo siguiente:

“[…]la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre actos meramente
académicos, que escapan al control jurisdiccional, como sería, por ejemplo, los relacionados
con una evaluación académica; y actos académicos, que tienen el carácter de
administrativos, por ser consecuencia del cumplimiento de una función administrativa
-la de educación-, pues son expedidos por las instituciones de educación superior,
sean públicas o privadas, en virtud de la delegación que el Estado les ha hecho de
dicha función, verbigracia, el acto acusado en este proceso, a través del cual se le
impuso a la actora la sanción de interdicción académica definitiva, que le impidió
continuar con la presentación de exámenes preparatorios para optar al título de
abogada. (Sentencias de 16 de diciembre de 1994, Expediente núm. 2710, Consejero
ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; y de 30 de abril de 1996, Expediente núm.
1968, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez) […]” 45.

Siguiendo el mismo criterio, en las sentencias de 5 de octubre de 2009 46, de 16 de julio de
201547 y de 21 de abril de 201648, la Sala aclaró que también son actos meramente
académicos los concernientes a las evaluaciones académicas y los de expulsión.

En virtud de este marco jurisprudencial, es dable concluir que los actos demandados en el
presente medio de control claramente corresponden a aquellos que desarrollan la función
administrativa educativa, puesto que van más allá del funcionamiento interno del centro
universitario, en tanto materializan lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política
y en el artículo 24 de la Ley 30.

Como se explicó en precedencia, el constituyente, en el artículo 26 superior, reconoció que
el legislador puede exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de las ocupaciones que
generan riesgos sociales. Bajo este mandato, el artículo 24 de la Ley 30 determina que «el
otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia exclusiva de las
instituciones de ese nivel (educativo)».

Como la abogacía es una profesión de educación superior, la decisión que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de esa actividad, no solo produce
efectos en la relación estudiante-universidad, sino que altera el estatus de ese ciudadano
ante toda la colectividad. Lo anterior significa que ese tipo de decisiones administrativas son
actos académicos pasibles de control judicial porque, evidentemente, no solo atañen al fuero
interno de la autonomía universitaria.

Con fundamento en esta lógica, la Sección Primera del Consejo de Estado, en las sentencias
de 22 de octubre de 202049 y de 16 de diciembre de 202050, se pronunció de fondo en
relación con dos demandas de nulidad interpuestas en contra de las actas individuales de

43 Sentencia del 16 de diciembre de 1994, Rad No.2710, Actor: Carlos José Vásquez Villegas, M.P. Ernesto

Rafael Ariza Muñoz.
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref No. 5583. Consejero

Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora Gladys maría Sierra Mendoza.
45 Este criterio fue reiterado en la sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2009. Radicación No. 2009-

01120-01(AC). Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Jesús Castellanos Amador.
46 Expediente núm. 2009-01120-01, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno
47 Expediente núm. 2010-00564-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
48 Expediente núm. 2014-00355-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López,

Número Único de radicación: 68001-23-31-000-2008-00475-01.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. Hernando Sánchez

Sánchez, Número Único de Radicación: 68001-23-31-000-2008-00483-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

grado expedidas por un instituto universitario, mediante las cuales se conferían dos títulos
profesionales

Por todo lo anteriormente expuesto, el Despacho considera que los actos objeto de
enjuiciamiento en este proceso son controlables en su legalidad por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y, por ende, el primer reparo formulado no cuenta con
vocación de prosperidad […]”.51

33.1. Esta Sala considera que, conforme a los criterios jurisprudenciales indicados
supra, los actos acusados son académicos susceptibles de control judicial toda vez
que otorgaron un título académico, por lo que no lo asiste razón al tercero con
interés al indicar que los actos acusados son meros actos académicos y, que, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la idónea para realizar su control.

Sobre la vinculación del tercero a la Universidad

34. El tercero con interés directo en el resultado del proceso manifiesta que se
vinculó a la Universidad a través de un convenio suscrito con la Policía Nacional, el
cual tenía unas condiciones especiales distintas a las de los estudiantes del
programa ordinario de derecho; sin embargo, no aportó pruebas que acreditaran
este hecho, ni demostró que el aludido convenio lo exoneraba de la presentación
de preparatorios y la prueba PSI52, por lo tanto, el cargo no prospera.

Sobre el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011

35. La Sala advierte, para efectos de resolver el caso concreto, que los artículos 5.°,
6.° y 7.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 prevén que, para optar al título
de abogado, se deben presentar y aprobar los exámenes preparatorios, así:

“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa
de Derecho:

[…]
PREPARATORIOS
REQUISITOS DE
GRADO JUDICATURA O TRABAJO DE
GRADO
[…]

ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente
Acuerdo rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo período académico de
2011.
[…]

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, C.P. Roberto

Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre

de 2023. C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200025000

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y
aprobar las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes
deberán:

a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (Destacado y subrayado
de la Sala).

36. Esta Sección53 estudió la exigibilidad de los exámenes preparatorios en el
reglamento interno de la Universidad del Cauca y la obligatoriedad del reglamento
estudiantil para los estudiantes que se matricularon por primera vez o reingresaron
al programa de derecho a partir del segundo período académico de 2011,
considerando que:

“[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la malla curricular bajo la
modalidad de créditos y fijó las actividades curriculares obligatorias y electivas que
debían aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011», según lo previsto
en su artículo 6°.

74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02 exigieron la presentación y
aprobación de exámenes preparatorios como un requisito tendiente a obtener el título
de abogado, en los siguientes términos:

[…]

75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de
4 de diciembre de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos administrativos,
sustanciales y procedimentales relacionados con la presentación y aprobación del
requisito de grado objeto de debate.

76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo siguiente:

“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud académica y
profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre las diferentes
asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística del
estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con los
departamentos establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.

ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las
siguientes ramas del Derecho.

1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas, Derecho
de las relaciones Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023,

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal
Especial y Principios y Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y Criminología.

3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de
Familia: Derecho Privado Sucesiones.

4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.

5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial (…)”.

77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el referido
Acuerdo 02 de 2011 es una norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para
aquellos «estudiantes que se matricul(aron) por primera vez o reingres(aron) al
programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011», según lo previsto
en su artículo 6°. Tal disposición exige la aprobación de los exámenes preparatorios
como un componente obligatorio del currículo académico.

78. Esto significa que resulta totalmente acertado el planteamiento expuesto por la
Universidad del Cauca conforme con el cual su normatividad interna exige la
aprobación de los exámenes preparatorios a efectos de optar por el título de abogado.

[…]

84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el Acuerdo 02 de 2011 como
el Acuerdo 001 de 2014 determinan claramente que los estudiantes de Derecho
deben aprobar todos los exámenes preparatorios para optar por el título de
abogado(a). Estos actos administrativos, valga resaltarlo, no solo fueron expedidos
por las autoridades competentes, sino que definen cuáles son las temáticas objeto de
esa prueba de aptitud, y establecen un procedimiento para su desarrollo en virtud del
cual su presentación y aprobación se ve reflejada en distintas constancias
documentales físicas y virtuales […]”.

37. En efecto, esta Sala consideró que: i) el Acuerdo Académico 02 de 2011 “[…]
es una norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes
que se matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho en el
segundo periodo académico de 2011, según lo previsto en su artículo 6° […]”; ii) el
Acuerdo 02 de 2011 exige la aprobación de los exámenes preparatorios como un
componente obligatorio del currículo académico; y iii) tanto el Acuerdo 02 de 2011
como el Acuerdo 001 de 2014 determinan claramente que los estudiantes de
Derecho deben aprobar todos los exámenes preparatorios, así como la
presentación y aprobación de la prueba PSI54, para optar por el título de abogado.

Sobre la ausencia de ratificación e inaplicabilidad del Acuerdo Académico
núm. 002 de 2011 por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca y

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de
2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2022-00199-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

aquellos que hagan mención a exámenes preparatorios como requisito de
grado

38. Sobre el argumento de la ausencia de ratificación del Acuerdo Académico núm.
002 de 2011 por el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, y su
inaplicabilidad, en los términos previstos en los artículos 31 y 32 del Acuerdo núm.
105 de 1993, según el cual no podía exigirse la presentación y aprobación de
exámenes preparatorios como requisito de grado y de aquellos Acuerdos en los que
se hagan mención al requisito de presentación de exámenes preparatorios; esta
Sala ha considerado55 que, en el caso sub examine, no se está discutiendo la
legalidad de los citados Acuerdos ni del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 y,
en consecuencia, gozan de presunción de legalidad sin que pierdan ejecutoriedad.

Sobre la violación al debido proceso por no realizar el trámite previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437

39. El tercero con interés directo en el resultado del proceso señaló que la parte
demandante vulneró el artículo 97 de la Ley 1437 porque no es la titular del derecho
particular y concreto contenido en los actos acusados; en consecuencia, debió
adelantarse el trámite previsto en la normativa citada supra respecto del señor
Miguel Herney Ibarra Guerrero.

40. La Sala precisa que la revocación de actos de carácter particular y concreto,
prevista en el artículo 97 de la Ley 1437, es un procedimiento administrativo en
virtud del cual la administración, de oficio o a solicitud de parte, puede dejar sin
efectos sus propios actos por las causales previstas en la ley; la norma señala que
“[…] si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y
solicitará al juez su suspensión provisional […]” (Destacado de la Sala).

41. La Sala, atendiendo lo expuesto anteriormente, como lo ha considerado en
asuntos similares56. considera que en el presente asunto no se violó lo dispuesto en
el artículo 97 de la Ley 1437, toda vez que nos encontramos en el marco del medio
de control de nulidad según lo previsto en el numeral 3.° del artículo 137 ibidem; en

55 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre

de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020220012200.
56 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de noviembre

de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200025000.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

consecuencia, no se advierte que la Universidad del Cauca, en el caso sub examine,
tuviera que adelantar el trámite de revocatoria directa.

Sobre la vulneración del principio de la buena fe

42. Esta Sección, ha reiterado que en virtud del principio de buena fe “[…] nadie
puede contravenir válidamente sus propios actos, cuando tal comportamiento es
objetivamente incompatible con su conducta precedente [...]”57; y, que, los
estudiantes de la Universidad del Cauca, al advertir las presuntas inconsistencias
en el registro de las notas en el SIMCA, tenían el deber “[…] de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden administrativo,
para obtener un título profesional sin el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos […]”58. por lo que, la salvaguarda de dicho principio, en los términos
solicitados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no puede
ser favorable a quien no ha cumplido con su deber.

Sobre la no exigencia de los exámenes preparatorios como requisito de grado
porque el Acuerdo núm. 027 de 2012 permitía escoger otras modalidades de
grado

43. La Sala advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.º del
Acuerdo 027 de 2012, las modalidades de trabajo de grado eran: i) trabajo de
investigación; ii) práctica profesional; iii) estudios de profundización; iv) exámenes
preparatorios; v) actividad proyectual; y vi) concierto de grado.

44. El artículo 4.º ibidem dispone que los Consejos de Facultad, por sugerencia de
los Comités de Programa, deberán definir las modalidades de trabajo de grado para
cada programa de acuerdo a sus características y particularidades, así como
establecer las condiciones, requisitos, procedimientos y términos que reglamenten
cada modalidad.

45. La Sala considera que en efecto el Acuerdo núm. 027 de 2012 permitía escoger
otras modalidades de trabajo de grado. No obstante, la reforma curricular adoptada

57 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de

2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024800.
58 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 5 de octubre de

2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200026000.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

en el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 fue avalada por el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en las sesiones de 16 de
diciembre de 2010 y 8 de febrero de 2011, y aprobada por el Consejo Académico
de la Universidad del Cauca, donde se determinó que la modalidad correspondiente
para el programa de Derecho sería la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios; y, en consecuencia, los estudiantes deberían cumplir con dicha
modalidad de requisito de grado.

Sobre la imparcialidad del equipo de seguimiento creado por la parte
demandante

46. El tercero interesado en el resultado del proceso manifiesta que el equipo de
seguimiento y apoyo creado por la Universidad del Cauca, a través de la Resolución
núm. R-695 de 2019, carecía de imparcialidad y competencia para determinar que
los estudiantes auditados no habían cumplido con los requisitos para obtener sus
títulos profesionales; sin embargo, no aportó prueba alguna que permitiera
confirmar su afirmación.

47. En tal sentido, esta Sección59 ha considerado que “[…] el juez establece en cada
caso concreto cuál de las partes está en mejores condiciones de probar los hechos
alegados60; sin embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar todos los medios
de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos alegados […]”.

47.1. Al verificar el informe presentado por la Universidad del Cauca se ha
considerado que “[…] no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por
lo que su traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso […], oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese mismo fin […]”61.

48. Por lo tanto, la Sala concluye que el cargo formulado por el tercero con interés
directo en el resultado del proceso no prospera, en tanto el informe de equipo de
seguimiento cuenta con los soportes que permiten establecer el incumplimiento o

59 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 6 de junio de 2024,

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200029000.
60 Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 18 de junio de

2021, C.P. Nubia Margot Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00264.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

no en la presentación de la totalidad de los exámenes preparatorios para optar al
título de abogado, garantizándose su contradicción en el proceso de la referencia.

Sobre los requisitos de grado de Miguel Herney Ibarra Guerrero

49. La Sala advierte, en el caso sub examine, que Miguel Herney Ibarra Guerrero
se matriculó al Programa de Derecho de la Universidad del Cauca en el primer
período académico del año 201262, razón por la cual, la reforma curricular adoptada
mediante el Acuerdo citado supra le era aplicable; en consecuencia, como se
explicará infra, debió cumplir con la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios, como modalidad de requisito de grado, así como la presentación y
aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero -PSI.

50. Asimismo, se encuentra probado que el Rector de la Universidad del Cauca,
mediante la Resolución núm. R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y
apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros
de exámenes preparatorios del Programa de Derecho, el cual tenía a su cargo la
tarea de verificar, a partir del año 2015, el cumplimiento de las obligaciones
académicas de los estudiantes, egresados y graduados.

51. En el documento que se denominó “[…] INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO (PREPARATORIOS)
[…]”, se señaló lo siguiente:

“[…] IV. CONCLUSIONES

1.El señor IBARRA GUERRERO MIGUEL HERNEY, cédula de ciudadanía No.
[…] y código estudiantil […], presenta siete (07) registros de preparatorios con
nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes
fuentes de información (registro informático y soportes físicos) se estableció que
ninguno (0) cuenta con soporte documental en la historia académica.

2. Los preparatorios Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional, Bienes, Obligaciones y Contratos, Derecho Laboral, Familia y
Procesal Civil, registrados el 21 de septiembre de 2017 en estado de aprobados
entre los periodos académicos 2016.2 y 2017.2, carecen de evidencia física o
documental en la hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última
condición se indica con una X en la columna "Sin soporte en hoja física". Hecho
del que se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con la
"modalidad" que refiere a la forma de presentación del preparatorio que puede
ser escrito u oral; "fecha de presentación" que alude al día, mes y año de
presentación del examen preparatorio; "calificación" que detalla la nota
cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio.

62 Cfr. Índice núm. 3 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca - SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre
el primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, el
estudiante IBARRA GUERRERO MIGUEL HERNEY efectuó tres (03) pagos por
concepto de preparatorios, uno (01) asociado a preparatorio perdido y dos (02)
pagos que no asociados a un acta o registro de presentación de preparatorio.

4. Conforme a lo anterior:

4.1. El Preparatorio Derecho Penal aparece registrado como aprobado en
2017.2 (con fecha de registro el 21 de septiembre de 2017); sin embargo, el
reporte SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no
reporta pagos por este concepto y no existe soporte documental que acredite
su presentación y nota probatoria.

4.2. El Preparatorio Derecho Administrativo aparece registrado como aprobado
en 2017.1 (con fecha de registro el 21 de septiembre de 2017); sin embargo, el
reporte SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no
reporta pagos por este concepto y no existe soporte documental que acredite
su presentación y nota probatoria.

4.3. El Preparatorio Derecho Constitucional aparece registrado como aprobado
en 2016.2 (con fecha de registro el 21 de septiembre de 2017); sin embargo, el
reporte SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no
reporta pagos por este concepto y no existe soporte documental que acredite
su presentación y nota probatoria.

4.4. El Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos aparece registrado como
aprobado en 2016.2 (con fecha de registro el 21 de septiembre de 2017); sin
embargo, el reporte SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la
Universidad entre el primer periodo académico de 2011 y el primer periodo
académico de 2019, no reporta pagos por este concepto y no existe soporte
documental que acredite su presentación y nota probatoria.

4.5. El Preparatorio Derecho Laboral aparece registrado como aprobado en
2017.2 (con fecha de registro el 21 de septiembre de 2017); sin embargo, el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

reporte SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el
primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no
reporta pagos por este concepto y no existe soporte documental que acredite
su presentación y nota probatoria.

4.6. El Preparatorio de Familia aparece registrado como aprobado en 2017.1
(con fecha de registro el 21 de septiembre de 2017); sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer
periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, no reporta
pagos por este concepto y no existe soporte documental que acredite su
presentación y nota probatoria.

4.7. El Preparatorio Procesal Civil, aparece registrado como aprobado en
2017.1; sin embargo, fue presentado y reprobado por el estudiante en una (01)
oportunidad así:

• 18 de noviembre de 2016, (perdido), no aprobado.

Entre esta fecha de presentación del preparatorio Procesal Civil y la fecha de
registro de aprobación inconsistente en SIMCA (21 de septiembre de 2017), no
se encontraron pagos ni soportes que acrediten su presentación y nota
aprobatoria.

4.8. Los pagos de referencias (ID FACTURA) 25659192 y 25778235 con fechas
7/02/2017 y 1/03/2017, respectivamente, no están asociados a un acta de
presentación de preparatorio. Los registros inconsistentes corresponden a siete
(07) preparatorios (Derecho Penal, Derecho administrativo, Derecho
Constitucional, Bienes, Obligaciones y Contratos, Derecho Laboral, Familia y
Procesal Civil). […]”.

52. En el documento que se denominó “[…] REGISTRO INCONSISTENTE DEL
REQUISITO DE GRADO PRUEBA DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO
(PSI) […]”, se señaló lo siguiente:

“[…] IV. CONCLUSIONES

Confrontadas todas las fuentes de información, respecto del señor IBARRA
GUERRERO MIGUEL HERNEY, identificado con cédula de ciudadanía No. […]
y código estudiantil […], se encuentra:

3. El registro de PSI es realizado el 11 de enero de 2017 (marcado como
aprobado en un período anterior, 2013.2) por el usuario
“GLORIABELALCAZAR” a través del módulo “modificación por historia
académica” (no es registrado por el docente).

4. No aparece en las publicaciones de las listas de inscritos admitidos para la
presentación de las PSI aplicadas entre 2014 y 2019.1 (rango de auditoría)

5. No aparece en las publicaciones de las listas con los resultados obtenidos en
las PSI aplicadas entre 2014 y 2019.1 (rango de auditoría)

6. No existe comunicación de la oficina del PFl solicitando un registro
extemporáneo (más de tres años después del supuesto aprobado).
Adicionalmente, no se encuentran actas o documentos que autoricen un registro
especial apartado del protocolo que privilegia el registro directo por el docente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

7. No aparece un examen físico de PSI (entre 2014 y 2019.1) a nombre de señor
IBARRA GUERRERO MIGUEL HERNEY, que dé cuenta de su presentación y
nota aprobatoria.

8. No se encontró información sobre IBARRA GUERRERO MIGUEL HERNEY
en los archivos personales facilitados por los docentes.

9. Se concluye que no existe soporte documental que acredite la presentación
y nota aprobatoria de la PSI por parte de IBARRA GUERRERO MIGUEL
HERNEY
e presenta siete (07) registros de preparatorios con nota aprobado (A) en SIMCA
2.0, de los cuales una vez verificadas las diferentes fuentes de información
(registro informático y soportes físicos) se estableció que ninguno (0) cuenta con
soporte documental en la historia académica […]”.

53. Con base en los informes indicados supra, sobre la verificación del cumplimiento
de los requisitos de grado que presentó el equipo de seguimiento y apoyo a la
mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes
preparatorios del Programa de Derecho, se colige que, de conformidad con lo
previsto en los Acuerdos indicados supra, Miguel Herney Ibarra Guerrero, no aprobó
la totalidad de los exámenes preparatorios ni la Prueba de Suficiencia en Idioma
Extranjero, con lo cual se acreditó la violación por parte de los actos acusados de
las normas en que debían fundarse, en especial, de los artículos 5.°, 6.º, y 7.° del
Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 y, en consecuencia, declarará la nulidad de
los actos acusados, en la medida que la Universidad del Cauca no podía conferirle
el título de profesional en derecho, contrariando su propio reglamento.

54. Lo anterior, como ya lo ha advertido esta Sección63, desvirtúa la presunta
desorganización interna que alega el coadyuvante; en tanto que, a partir de los
registros de calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de
pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión
Financiera y de la Historia Académica de Miguel Herney Ibarra Guerrero, se logró
comprobar que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no cumplía
con los requisitos para optar al título de abogado.

55. Asimismo, la Sala advierte que la Universidad del Cauca no reportó haber
iniciado algún procedimiento disciplinario64 contra Miguel Herney Ibarra Guerrero, o
de los demás estudiantes con modificaciones en sus registros académicos; en tanto
que, conforme a lo previsto en el Acuerdo núm. 002 de 1988, solo se puede

63 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de noviembre

de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200006000.
64 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de

2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024000.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

sancionar a los estudiantes que incumplan sus deberes, pero en este caso, el
tercero perdió la calidad de estudiante al momento del grado.

56. Por último, conforme lo ha considerado esta Sección65 en asuntos similares:

56.1. Debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del Cauca
presentó graves deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 14 de julio de 200066 que le
impidió adoptar adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de
grado y, en consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título
profesional que en la presente decisión se está anulando, se instará a la institución
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
si Miguel Herney Ibarra Guerrero estaría en condiciones de culminar el proceso de
graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el
título de abogado.

56.2. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la
Corporación comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del
Consejo Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.

Conclusiones de la Sala

57. La Sala considera que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de
legalidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-1068 de 22 de
noviembre de 2018; ii) el Acta de Grado núm. 61 de 14 de diciembre de 2018; y iii)
el Diploma núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, motivo por el cual debe
accederse a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declarará su
nulidad.

Condena en costas

58. Vistos: i) el artículo 188 de la Ley 1437; ii) el artículo 365 de la Ley 1564 de 12
de julio de 2012, en especial el numeral 8.°, sobre condena en costas, la Sala

65 Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de

27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
11001032400020210044400; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
24-000-2020-00240-00.
66 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que
se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución
núm. R-1068 de 22 de noviembre de 2018, respecto de Miguel Herney Ibarra
Guerrero; ii) el Acta de Grado núm. 61 de 14 de diciembre de 2018; y iii) el Diploma
núm. 2455-18 de 14 de diciembre de 2018, expedidos por la Universidad del Cauca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Miguel Herney Ibarra Guerrero
estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de
los requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Núm. único de radicación: 110010324000 2020 00267 00

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.