Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00381-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2021-00381-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2021-00381-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de nulidad
Número único de radicación: 110010324000 2021 00381 00
Demandante: Universidad del Cauca
Demandada: Universidad del Cauca1
Tercero: Katerine Castro Gómez
Temas: Nulidad de actos que otorgan títulos universitarios sin el cumplimiento de los
requisitos -Reiteración jurisprudencial-.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad del
Cauca para que se declare la nulidad del artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm.
R-557 de 26 de mayo de 2017, el Acta de grado núm. 30 de 9 de junio de 2017 y el
Diploma núm. 868-17 de 9 de junio de 2017, mediante los cuales la parte
demandante le otorgó el título de abogada a Katerine Castro Gómez.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Universidad del Cauca2 presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad3, para que se declare la nulidad de:
1 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
3 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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1.1. El Paz y Salvo Académico núm. 8.1.16-20.14/147 de fecha 19 de mayo de
2017.
1.2. El artículo 1.° (parcial) de la R-557 de 26 de mayo de 2017, “Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”,
expedida por el Rector de la Universidad del Cauca.
1.3. El Acta de grado núm. 30 de 9 de junio de 2017, mediante la cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Katerine Castro Gómez.
1.4. El Diploma núm. 868-17 de 9 de junio de 2017, mediante el cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Katerine Castro Gómez.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 4.1 Declárase la nulidad del acto administrativo Paz y Salvo académico No.
8.1.16-20.14/147 de fecha 12 de febrero de 2019 (sic), con el cual el Consejo de la
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca
otorga paz y salvo académico a la parte con interés directo en las resultas del proceso
señor(a) KATERINE CASTRO GÓMEZ, por haber cursado y aprobado todas las
asignaturas y requisitos académicos que integran el Plan de Estudios del Programa
de Derecho.
4.2. Declárase la nulidad parcial del artículo 1 de la Resolución No. 557 de fecha 26
de mayo de 2027, en concreto del aparte que confiere al (la) señor(a) KATERINE
CASTRO GÓMEZ, identificada […], el título de Abogado(a).
4.3. Declárese la nulidad del Acta de grado No. 30 de fecha 09 de junio de 2017 y
Diploma No. 868-17 de fecha 09 de junio de 2017, actos administrativos con los
cuales la Universidad del Cauca materializa parcialmente lo dispuesto en el artículo
primero de la Resolución No. 557 de fecha 26 de mayo de 2017 y otorga el título de
Abogado(a), al (la) señor(a) identificado (sic) […].
4.4. Se ordene la cancelación del registro y/o tarjeta profesional de Abogado(a) del
(la) señor(a) KATERINE CASTRO GÓMEZ, identificado […] si ya hubiese iniciado el
trámite respectivo o ya hubiere obtenido la tarjeta profesional de Abogado(a) […]”4.
Presupuestos fácticos
4 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
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3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones5:
3.1. Katerine Castro Gómez se matriculó al Programa de Derecho de la Universidad
del Cauca, en el segundo período académico del año 2011, razón por la cual le
aplican los artículos 6°. y 8.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011, en el que
se estableció como requisito de grado, para obtener el título de abogada, presentar
y aprobar los exámenes preparatorios.
3.2. La Universidad del Cauca, en la ceremonia de 9 de junio de 2017, le otorgó a
Katerine Castro Gómez, el título de abogada.
3.3. Ante la Universidad del Cauca, el 19 de mayo y el 11 de julio de 2019, se
presentaron quejas por presuntas irregularidades en el registro de exámenes
preparatorios, razón por la cual, mediante la Resolución núm. R-695 de 30 de julio
de 2019 se conformó un equipo de seguimiento y apoyo a la mejora de los
procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes preparatorios
del Programa de Derecho de la Universidad del Cauca, cuya tarea era verificar el
cumplimiento del requisito de presentación y aprobación de exámenes preparatorios
por parte de los estudiantes, egresados y graduados desde el año 2015.
3.4. De la comparación por parte del Equipo de Seguimiento de los registros de
exámenes preparatorios consignados en el Sistema Integrado de Matrícula y
Control Académico - SIMCA, con los soportes físicos que reposan en cada historia
académica de estudiantes, egresados y graduados del Programa de Derecho, se
encontró que Katerine Castro Gómez no contaba con soporte físico que permitiera
verificar que hubiera aprobado el examen preparatorio de Derecho Penal.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política.
• Los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116.
5 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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• El Acuerdo Académico núm. 002 de 17 de febrero de 20117.
Concepto de la violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de
violación, así8:
Primer cargo: Violación de los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de
la Constitución Política.
5.1. Indicó que, en virtud de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de
la Constitución Política y en la Ley 30 de 28 de diciembre de 19929, las
universidades tienen derecho, entre otras, a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, así como crear, organizar
y desarrollar sus programas académicos.
5.2. En razón a ello y con fundamento en algunos pronunciamientos de la Corte
Constitucional al respecto10, la presentación y aprobación de la totalidad de los
exámenes preparatorios, constituyen un requisito sin el cual los estudiantes del
Programa de Derecho de la Universidad del Cauca no podrían adquirir el título de
abogados.
Segundo cargo: Violación de los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011.
5.3. Precisó que, con la declaratoria de nulidad de los actos acusados, no se
produciría ningún restablecimiento de derechos en favor de la parte demandante y,
que es evidente “[…] que los actos administrativos demandados causan un daño
grave, daño altamente nocivo para el orden social y público, ya que las
irregularidades anotadas permitieron que una persona que no cumplía con los
requisitos para otorgársele el título de Abogado (a), está actualmente ejerciendo
una profesión (lo cual implica un riesgo social) […]”.
7 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales”.
8 Cfr. Índice núm. 2 de Samai.
9 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
10 Ver. Sentencia T-310 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. SU 783 de 2003 M.P. Gerardo Monroy
Cabra.
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Tercer cargo: Violación del Acuerdo Académico 02 de 17 de febrero de 201111.
5.4. Adujo que, en el Acuerdo indicado supra, se estableció que los estudiantes
para obtener el título de abogado(a) deberían cumplir, entre otros, con el requisito
de presentar y aprobar los exámenes preparatorios de: i) Derecho Constitucional; ii)
Derecho Administrativo; iii) Derecho Penal; iv) Derecho Laboral; v) Derecho de
Familia; vi) Derecho Civil -bienes, obligaciones y contratos-; y vii) Derecho Procesal
Civil.
5.5. Puso de presente que, al momento de expedición de los actos acusados, la
Universidad del Cauca no contaba con los soportes físicos que permitieran verificar
que el tercero con interés directo en el resultado del proceso hubiere aprobado
debidamente el examen preparatorio de Derecho Penal.
Actuaciones procesales
6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 202212: i) rechazó
la demanda en relación con la pretensión de nulidad del acto indicado en el numeral
1.1 supra; ii) admitió la demanda respecto de los actos indicados en los numerales
1.2, 1.3 y 1.4 supra; y iii) vinculó a Katerine Castro Gómez, en calidad de tercero
con interés directo en el resultado del proceso. En auto de la misma fecha se ordenó
correr traslado de la solicitud de medida cautelar13.
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de septiembre de 202314,
decretó la suspensión provisional de los efectos de los actos indicados en los
numerales 1.2, 1.3 y 1.4 supra.
Contestación de la demanda
Tercero con interés directo en el resultado del proceso
8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso15 contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas, así:
11 “Por el cual se adopta la reforma curricular del Programa de Derecho que ofrece la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales”.
12 Cfr. Índice núm. 4 de Samai.
13 Cfr. Índice núm. 6 de Samai
14 Cfr. Índice núm. 24 de Samai.
15 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice núm. 16 de Samai.
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8.1. Manifestó que los actos acusados no son susceptibles de control judicial al ser
actos meramente académicos, y solicitó adecuar la demanda al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se pretende la nulidad de actos
particulares y concretos.
8.2. Aseveró que, “[…] si bien es cierto el Acuerdo 002 de 2011, señala como
requisito de grado, la presentación de una serie de exámenes preparatorios, no
señala cuantos son ni a que asignaturas corresponden, ya que tal regulación solo
pudo definirse hasta la expedición del Acuerdo 01 de 2014 […]”.
8.3. Indicó que, “[…] el cargo principal en el cual se fundamenta la presente
demanda es la presunta falsa motivación en lo relativo a la ausencia de soportes
documentales que demuestren la presentación de las pruebas enunciadas por parte
de la estudiante señora KATERINE CASTRO GÓMEZ, pruebas sobre las cuales no
se afirma ni se manifiesta bajo qué circunstancias se dio la aludida falsa motivación
[…]”.
8.4. Precisó que, “[…] las irregularidades que hoy se le pretenden imputar o atribuir
como ilegalidades a mi representado, no son más que situaciones administrativas
de conocimiento general por el ente universitario, que hoy pretende generar un
desgaste judicial en contra de sus propios estudiantes, quienes ya se encuentran
graduados y a quienes no le son trasladables tales irregularidades […]”.
8.5. Adujo que “[…] este medio de control es ejercido debido a un informe
presentado por un “Equipo de Seguimiento”, que concluyó que mi representado
entre otros estudiantes no cumplen con los requisitos para obtener el título, aspecto
que corresponde a una simple afirmación efectuada por un equipo que no tiene
vinculo jurídico con mi representado y mucho menos con los docentes que
realizaron los exámenes preparatorios, y que fue creado por la Universidad para
que llegara a esas conclusiones sin que en ninguna etapa de la elaboración de dicho
informe se haya contado con la participación de los estudiantes afectados […]”.
8.6. Indicó que, “[…] Contrario a lo expuesto por el demandante en el escrito de la
demanda lo que se debe salvaguardar para el presente asunto es el principio
constitucional de la “BUENA FE” creadora de derecho, el cual hasta el momento
cuenta con un ingrediente fundamental como lo es la creación de una situación
particular y concreta en favor de mi representada la señora KATERINE CASTRO
GÓMEZ, quien ya se encuentra graduado del programa de Derecho de la
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA, y en ese sentido ante la ausencia de pruebas que
permitan demostrar la irregularidad o contravención con el ordenamiento normativo
superior, no se puede decretar la nulidad de los actos administrativos expedidos por
la UNIVERSIDAD, para efectos de sancionar una situación de desorden
administrativo evidenciada por la parte demandante y que deviene de sus órganos
internos, al no contar con un protocolo adecuado para el archivo, clasificación, y
organización documental de las pruebas de exámenes preparatorios […]”.
8.7. Por último, indicó que “[…] la UNIVERSIDAD DEL CAUCA no ha demostrado
tener mejor derecho que mi representado dentro del asunto en cuestión, dados los
antecedentes que le permiten concluir que no se ha adelantado actuación
administrativa alguna en la cual el tercero interesado haya expresado por escrito su
decisión de autorizar la revocación de dicho acto administrativo, mucho menos que
se le haya vinculado a actuación administrativa de carácter sancionatorio desde lo
disciplinario […]”.
Procedencia de la sentencia anticipada
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de agosto de 202416, consideró
que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en
el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 201117 y, en
consecuencia, prescindió de las audiencias, inicial y de pruebas, fijó el objeto del
litigio, resolvió sobre las solicitudes probatorias y corrió traslado para alegar de
conclusión.
Alegatos de conclusión
10. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, en sus alegatos de
conclusión, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y,
además, manifestó18:
10.1. Que, “[…] mi representado reafirma que, si presentó los exámenes
preparatorios de los cuales él solo pudo conocer la calificación asignada y por su
parte la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, no le dio acceso a la respectiva acta, ni los
docentes guardaron soporte que les permita certificar la actuación como tal, de lo
16 Cfr. Índice núm. 52 de Samai.
17 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18 Cfr. Índice núm. 58 de Samai.
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cual se concluye que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA no pudo demostrar a través
de medios probatorios más allá de las afirmaciones las causales de nulidad
invocadas para el presente asunto […]”.
10.2. Y, solicitó, “[…] dar aplicación al artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 […]
INAPLICAR para el presente caso, por vía de excepción el Acuerdo 02 de 13 de
febrero de 2011 expedido por el CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD
DEL CAUCA, teniendo en cuenta que dicha norma no es vinculante para mi
representado […]”.
11. El Ministerio Público rindió concepto, solicitando acceder a las pretensiones de
la demanda19, con base en los siguientes argumentos:
11.1. La Corte Constitucional en la Sentencia C-1053 de 2001 “[…] informó que los
establecimientos educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el
título de abogado pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos para
otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de estudios, “con miras al
cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la
autonomía universitaria que les reconoce el artículo 69 constitucional […]”.
11.2. Conforme al reporte del equipo de seguimiento creado por la parte
demandante, se encuentra acreditado que “[…] la señora KATERINE CASTRO
GÓMEZ, incumplió con el requisito de grado consistente en aprobar los exámenes
preparatorios, previsto en el reglamento de la Universidad para obtener el título de
abogada […]”.
11.3. Precisó que, las normas expedidas por la Universidad del Cauca son
vinculantes para los estudiantes, quienes al matricularse se comprometen en
cumplir la normatividad interna del ente universitario y, en ese sentido, “[…] al firmar
su matrícula universitaria, surgió para la señora KATERINE CASTRO GÓMEZ la
obligación de presentar los exámenes preparatorios para optar por el grado de
abogada, al estar contemplado este requisito dentro de la Universidad del Cauca
[…]”.
12. La Universidad del Cauca, guardó silencio en esta oportunidad procesal 20.
19 Cfr. Índice núm. 57 de Samai.
20 Cfr. Índice núm. 59 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la autonomía universitaria; v) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los requisitos de grado de los
programas universitarios; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
14. Vistos: i) el numeral 1.º del artículo 14921 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta
Sección es competente para conocer del presente asunto.
15. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso, sin que se observe
vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver
el caso sub examine.
16. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
en la demanda y su contestación, de conformidad con lo previsto en los artículos
187 y 189 de la Ley 1437.
Actos acusados
17. Los actos acusados son los siguientes:
17.1. El artículo 1.° (parcial) de la R-557 de 26 de mayo de 2017, “Por la cual se
confieren unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado”, expedida
por el Rector de la Universidad del Cauca.
“[…] RESOLUCIÓN NÚMERO R-557 DE 2017 (26 de mayo) Por la cual se confieren
unos títulos académicos a estudiantes de pregrado y posgrado. EL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA en uso de sus facultades legales y estatutarias y,
21 En concordancia con el artículo 86, sobre el régimen de transición y vigencia normativa, de la Ley 2080 de
25 de enero de 2021, “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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CONSIDERANDO Los graduandos de pregrado y posgrado de la Universidad del
Cauca solicitan a la Rectoría se les confiera el título correspondiente. Para optar al
título respectivo los graduandos cumplieron con todos los requisitos de Ley y los
exigidos por cada unidad académica y demás instancias administrativas
universitarias. En mérito de lo expuesto RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: La
Universidad del Cauca en nombre de la República de Colombia y por autorización del
Ministerio de Educación Nacional, en atención a que los graduandos cumplieron con
los requisitos de Ley y los reglamentarios de la Institución, les confiere el título de:
[…] FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES […]
ABOGADA (O) […] KATERINE CASTRO GÓMEZ CC. […] ARTÍCULO SEGUNDO:
La ceremonia de grado y entrega de diplomas tendrá lugar en el Paraninfo “Francisco
José de Caldas”, el día viernes 09 de junio de 2017, a la 3:00 pm y se entenderán
perfeccionados una vez cumplido con el orden establecido por la Rectoría.
CÚMPLASE Se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a veintiséis (26) días del
mes de mayo de dos mil diecisiete (2017) JOSÉ LUIS DIAGO FRANCO Rector […]”.
17.2. El Acta de grado núm. 30 de 9 de junio de 2017, mediante la cual la
Universidad del Cauca otorgó el título de abogada a Katerine Castro Gómez.
“[…] ACTA DE GRADO No. 30 del 09 de junio de 2017 En Popayán, Capital del
Departamento del Cauca, República de Colombia, a la 3:00 p.m., del día viernes
nueve (09) de junio de dos mil diecisiete (2017) y en cumplimiento de la Resolución
R-557 del 26 de mayo de 2017 expedida por la Rectoría de la Alma Máter, se realizó
un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas, para la entrega
de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. La Secretaria General, una vez
instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que la graduanda ha cursado y
aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los
requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el Juramento y le otorga el título
de: ABOGADA A: KATERINE CASTRO GÓMEZ CC. […] El diploma acredita su
idoneidad para ejercer la profesión de Abogada Se registra en el Libro de Diplomas
No. 081; Folio No: 868; Diploma No: 868-17 La ceremonia finaliza a las 4:00 p.m. Para
constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) JOSE LUIS DIAGO
FRANCO – Rector; JOSÉ REINALDO PISSO CÓRDOBA – Decano Encargado
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; LAURA ISMENIA
CASTELLANOS VIVAS, Secretaria General. Se expide en Popayán, Ciudad
Universitaria, a nueve (09) de junio de dos mil diecisiete (2017). LAURA ISMENIA
CASTELLANOS VIVAS Secretaria General […]”.
17.3. El Diploma núm. 868-17 de 9 de junio de 2017, mediante el cual la Universidad
del Cauca otorgó el título de abogada a Katerine Castro Gómez.
“[…] La Universidad del Cauca en nombre de la REPÚBLICA DE COLOMBIA y por
autorización del Ministerio de Educación Nacional, en la atención a que KATERINE
CASTRO GÓMEZ C.C. […] ha cumplido con todos los requisitos legales y estatutarios
le otorga el título de ABOGADA con todos los derechos, privilegios y dignidades que
la facultan para el ejercicio profesional. Popayán, 9 de junio de 2017. Registrado en
el Libro de Diplomas No. 081, Folio No. 868, Diploma No. 868-17, Resolución No. 557
26/05/2017/ Acta No. 30 9/06/2017. El Rector de la Universidad, El Decano de la
Facultad, La Secretaria General de la Universidad […]”.
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Problema jurídico
18. De acuerdo con la demanda y la contestación presentada por el tercero
interesado en el resultado del proceso, el problema jurídico consiste en determinar
si el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, el
Acta de grado núm. 30 de 9 de junio de 2017 y el Diploma núm. 868-17 de 9 de
junio de 2017, vulneran: los artículos 6, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la
Constitución Política; y los artículos 6.° y 8.° del Acuerdo Académico núm. 002 de
17 de febrero de 2011; y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar
la nulidad de los actos acusados.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre la autonomía
universitaria
19. Vistos los artículos: i) 69 de la Constitución Política; y ii) 28 y 29 de la Ley 30 de
28 de diciembre de 199223, sobre autonomía universitaria, garantizan que las
universidades públicas y privadas impartan la enseñanza sin la intervención de
terceros y, en ese sentido, darse sus propios estatutos, designar sus autoridades
administrativas y académicas, decidir sobre sus programas académicos,
seleccionar sus profesores y alumnos, entre otros.
20. La Corte Constitucional definió la autonomía universitaria como la “[…]
capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa [en
virtud de la cual] cada institución universitaria ha de contar con sus propias reglas
internas (estatutos), y regirse conforme a ellas […]”24.
21. Esta Corporación ha considerado que el principio constitucional de la autonomía
universitaria tiene por finalidad garantizar que la enseñanza que se imparta en
dichos centros educativos esté alejada de cualquier tipo de intervención del poder
político y, asimismo, asegurar que se respete la libertad de acción de dichas
instituciones, con los límites que establezca la ley25.
22. La Ley 30 desarrolló el artículo 69 de la Constitución Política y dispuso que las
universidades públicas pueden darse sus propios estatutos, designar a las
autoridades administrativas y académicas, decidir sobre la creación y desarrollo de
23 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
24 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 2 de diciembre de 2021, C.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas, número único de radicación 25000-23-42-000-2017-05197-02.
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programas académicos, definir y organizar labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, conferir los títulos a sus egresados y seleccionar
los profesores, admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes y establecer, arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función
institucional.
23. Por lo expuesto anteriormente, conforme lo ha considerado esta Sección26, los
entes universitarios están facultados para adoptar las determinaciones que en su
normativa interna garanticen una mejor calidad de la educación y una óptima calidad
de formación de sus egresados.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre los requisitos de grado de
los programas universitarios
24. Visto el artículo 29 de la Ley 30 y atendiendo a que la Corte Constitucional,
mediante sentencias C-1053 de 200127 y SU-783 de 200328, consideró que, en el
ejercicio de la autonomía universitaria, las universidades pueden exigir la
presentación de preparatorios, a quienes aspiren a obtener el título de abogado(a),
en los siguientes términos:
“[…] la Corte considera que las universidades, orientadas por el propósito de
garantizar una óptima calidad de formación de sus egresados, pueden exigir
exámenes preparatorios, diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización
de cursos especiales para la profundización en determinados temas […], como
requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
Política. Esta interpretación no es nueva, sino que está explícita en la sentencia C-
505 de 2001, la cual produce efectos erga omnes desde la fecha en la que fue
proferida.
[…]
Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que la Constitución les
reconoce y en el deber institucional que la misma les impone, lo cual es concordante
con la función social que conlleva la educación. En efecto, no sólo es deber de las
instituciones educativas graduar estudiantes, sino brindar a la sociedad profesionales
de óptimas calidades en virtud del riesgo social que implica el ejercicio de profesiones
como la abogacía […].
[…]
Se hace necesario reiterar que las universidades, en ejercicio de su autonomía
constitucionalmente garantizada no sólo pueden imponer exámenes preparatorios,
sino diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales
para la profundización en determinados temas, o –como ya lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corporación antes citada- la demostración satisfactoria del
dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00368-00.
27 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1053 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-783 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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Política. Estos requisitos impuestos por las universidades para la obtención del grado
académico deben cobijar por igual a todos los estudiantes de la institución [...].
3. La sentencia C-1053 de 2001 avaló de manera clara y expresa la posibilidad de
que las universidades fijaran exámenes preparatorios como requisito para obtener el
título de abogado
[…]
De lo trascrito se puede afirmar que las universidades pueden incluir en sus planes
de estudio los exámenes preparatorios y de ser esto así estas pruebas se hacen
obligatorias para obtener el grado. No obstante, para precisar lo determinado por la
Corte, la Sala considera necesario, primero, fijar el alcance de la expresión planes de
estudio y, segundo, clarificar si lo expuesto en la sentencia con respecto a la facultad
de incluir los preparatorios como requisito de grado es o no vinculante [...].
[…] la Sala estima que lo señalado por la Corte sí es vinculante en la medida en que
aclara que el alcance de la norma bajo estudio que fija unos requisitos para obtener
el título de abogado no excluye la exigencia de otros requisitos para obtener tal título.
A este argumento se añade que la Corte, dentro del cumplimiento de sus funciones,
fija con criterio de autoridad el alcance de las disposiciones constitucionales. Al
señalar que las universidades pueden exigir preparatorios en el ejercicio de la
autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, la Corte fijó
la validez constitucional de esta forma de ejercer tal facultad como doctrina
constitucional que, ante la inexistencia de otra fuente aplicable, resulta vinculante.
Esto limita cualquier otra interpretación de su legitimidad.
Por otro lado, la Sala considera necesario indicar que el hecho de que una norma
señale una obligación a un sujeto no implica que prohíba que otra norma señale más
obligaciones al mismo sujeto, a menos que la competencia para establecer estas
obligaciones esté radicada exclusivamente en quien fijó la primera obligación. De la
existencia de una norma que establece mandato sólo se deriva la imposibilidad de
existencia simultánea de una norma que prohíba lo prescrito. En esa medida, del
hecho de que el legislador haya establecido que para obtener el título de abogado se
requería terminar materias y escoger entre la presentación de monografía o
judicatura, no se sigue necesariamente que esté prohibido que las universidades
exijan exámenes preparatorios para obtener el título de abogado […]”
25. Esta Sección29 ha considerado que las universidades pueden incluir en sus
planes de estudio los exámenes preparatorios, de manera que el estudiante de
derecho que se matricule en la institución educativa que así lo prevea, adquiere la
obligación de acreditar dichos exámenes, para obtener su título profesional, dado
que los reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad
educativa.
Acervo probatorio
26. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
fueron decretadas por el Despacho sustanciador mediante auto de 5 de agosto de
202430.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00368-00.
30 Cfr. Índice núm. 52 de Samai.
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27. La Sala procederá a apreciar y valorar la totalidad de las pruebas solicitadas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en el caso sub examine.
Análisis del caso concreto
28. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados en la
oportunidad procesal correspondiente
29. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente, o no, el
estudio de los argumentos planteados por el tercero con interés directo en los
alegatos de conclusión, según los cuales se debe inaplicar el Acuerdo Académico
02 de 2011.
30. Vistos los artículos 281 de la Ley 1564, sobre congruencia y 17531 de la Ley
1437, sobre contestación de la demanda y, atendiendo a que esta Corporación 32 ha
considerado que la etapa de alegaciones no constituye la oportunidad procesal para
introducir argumentos nuevos que no fueron planteados en la contestación de la
demanda, so pena de afectar garantías constitucionales como el derecho de
defensa y de contradicción de los sujetos procesales; esta Sala se abstendrá de
emitir pronunciamiento en relación con los nuevos argumentos planteados por el
tercero con interés directo indicados supra.
De los argumentos planteados oportunamente
31. La parte demandante expresó que Katerine Castro Gómez no cumplió con los
requisitos exigidos por la ley y el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 para que
la Universidad del Cauca le otorgara el título de abogada, toda vez que, de acuerdo
31
Modificado por los artículos 37 y 38 de la Ley 2080.
32
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-
2006-01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
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con las pruebas recaudadas por el equipo de seguimiento, pudo establecer que no
presentó y aprobó el examen preparatorio de Derecho Penal.
32. El tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que se
deben negar las pretensiones de la demanda, en la medida que: i) los actos
acusados no son susceptibles de control judicial y la demanda debía adecuarse al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) el equipo de
seguimiento creado por la Universidad carecía de competencia e imparcialidad; iii)
en virtud del principio de la buena fe, no podía trasladarse la responsabilidad a los
estudiantes por el presunto desorden en el manejo de la información al interior de
la Universidad; y iv) al tercero con interés jurídico en el resultado no se le solicitó su
consentimiento para revocar los actos acusados ni fue vinculado a proceso
disciplinario alguno.
Sobre la adecuación del medio de control
33. El Despacho sustanciador, en el auto admisorio de la demanda33, precisó que,
conforme a los criterios de la Sala, “[…] a pesar de que los actos administrativos
acusados son de contenido particular, se presenta la excepción establecida en el
numeral 3 del artículo 137 de la Ley 1437, que permite controvertir un acto
administrativo de carácter particular a través del medio de control de nulidad […]”.
33.1. A su vez, esta Sección ha considerado que los actos por medio de los cuales
se otorgan títulos académicos son de contenido particular que pueden ser
demandados en ejercicio del medio de control de nulidad ante la “[…] existencia de
un interés para la comunidad en general, de tal naturaleza e importancia que
desborde el simple interés de la legalidad en abstracto, para afectar de manera
grave y evidente el orden público social o económico […]”34, por lo que, no es
procedente adecuar la demanda al trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Sobre el control judicial de los actos acusados
33 Cfr. Índice núm. 9 de Samai.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 1º de septiembre de
2020.C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00245-00.
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34. Esta Sección35, en diferentes oportunidades se ha pronunciado respecto del
control judicial de los actos expedidos por entidades educativas, en los siguientes
términos:
“[…] Al respecto, la Sala trae a colación la providencia de 10 de mayo de 2021, en la
que al resolver un asunto de similares presupuestos al que aquí se estudia, la Sección
indicó:
“[…] Con el propósito de solucionar el referido planteamiento, es necesario recordar el
criterio jurisprudencial que pacíficamente ha sostenido esta Sección desde el año 1994
respecto del control de legalidad de las decisiones definitivas que adoptan las entidades
educativas.
La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha señalado que, al momento de
determinar la competencia de esta jurisdicción, es necesario diferenciar dos tipos de actos
administrativos de las instituciones universitarias. La primera tipología de acto se denominó
“acto académico” y guarda relación con aquella decisión susceptible de control judicial por
estar asociada al cumplimiento de la función pública educativa. La segunda tipología
corresponde a lo que se denominó como el “acto meramente académico”, cuyo contenido
está relacionado con el funcionamiento interno de las instituciones de educación superior,
acto frente al cual no puede adelantarse un estudio de legalidad por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo por tratarse del ejercicio de la autonomía universitaria.
Para diferenciar ambos tipos de decisiones, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
la sentencia de 16 de diciembre de 1994 36, enunció una serie de actos no enjuiciables que
«tienen que ver con el fuero interno de las Instituciones de Educación Superior, ya que son
la máxima expresión de su autonomía y forman parte del reglamento que gobierna las
relaciones entre la Institución y sus educandos», tales como «el señalamiento del calendario
académico, los planes de enseñanza e investigación, el sistema, forma y criterio de
calificaciones, de exámenes y de matrículas, entre otros».
La Sección Primera, en la sentencia de 17 de marzo de 200037, en este mismo sentido
precisó lo siguiente:
“[…]la jurisprudencia de esta Corporación ha distinguido entre actos meramente
académicos, que escapan al control jurisdiccional, como sería, por ejemplo, los relacionados
con una evaluación académica; y actos académicos, que tienen el carácter de
administrativos, por ser consecuencia del cumplimiento de una función administrativa
-la de educación-, pues son expedidos por las instituciones de educación superior,
sean públicas o privadas, en virtud de la delegación que el Estado les ha hecho de
dicha función, verbigracia, el acto acusado en este proceso, a través del cual se le
impuso a la actora la sanción de interdicción académica definitiva, que le impidió
continuar con la presentación de exámenes preparatorios para optar al título de
abogada. (Sentencias de 16 de diciembre de 1994, Expediente núm. 2710, Consejero
ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz; y de 30 de abril de 1996, Expediente núm.
1968, Consejero ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez) […]” 38.
Siguiendo el mismo criterio, en las sentencias de 5 de octubre de 2009 39, de 16 de julio de
201540 y de 21 de abril de 201641, la Sala aclaró que también son actos meramente
académicos los concernientes a las evaluaciones académicas y los de expulsión.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre
de 2023. C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020220012200
36 Sentencia del 16 de diciembre de 1994, Rad No.2710, Actor: Carlos José Vásquez Villegas, M.P. Ernesto
Rafael Ariza Muñoz.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Ref No. 5583. Consejero
Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actora Gladys maría Sierra Mendoza.
38 Este criterio fue reiterado en la sentencia de esta Sección de 5 de octubre de 2009. Radicación No. 2009-
01120-01(AC). Consejero Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Jesús Castellanos Amador.
39 Expediente núm. 2009-01120-01, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno
40 Expediente núm. 2010-00564-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
41 Expediente núm. 2014-00355-01, Consejera Ponente María Elizabeth García González
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En virtud de este marco jurisprudencial, es dable concluir que los actos demandados en el
presente medio de control claramente corresponden a aquellos que desarrollan la función
administrativa educativa, puesto que van más allá del funcionamiento interno del centro
universitario, en tanto materializan lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política
y en el artículo 24 de la Ley 30.
Como se explicó en precedencia, el constituyente, en el artículo 26 superior, reconoció que
el legislador puede exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de las ocupaciones que
generan riesgos sociales. Bajo este mandato, el artículo 24 de la Ley 30 determina que «el
otorgamiento de títulos en la educación superior es de competencia exclusiva de las
instituciones de ese nivel (educativo)».
Como la abogacía es una profesión de educación superior, la decisión que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desarrollo de esa actividad, no solo produce
efectos en la relación estudiante-universidad, sino que altera el estatus de ese ciudadano
ante toda la colectividad. Lo anterior significa que ese tipo de decisiones administrativas son
actos académicos pasibles de control judicial porque, evidentemente, no solo atañen al fuero
interno de la autonomía universitaria.
Con fundamento en esta lógica, la Sección Primera del Consejo de Estado, en las sentencias
de 22 de octubre de 202042 y de 16 de diciembre de 202043, se pronunció de fondo en
relación con dos demandas de nulidad interpuestas en contra de las actas individuales de
grado expedidas por un instituto universitario, mediante las cuales se conferían dos títulos
profesionales
Por todo lo anteriormente expuesto, el Despacho considera que los actos objeto de
enjuiciamiento en este proceso son controlables en su legalidad por parte de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo y, por ende, el primer reparo formulado no cuenta con
vocación de prosperidad […]”.44
34.1. Esta Sala considera que, conforme a los criterios jurisprudenciales indicados
supra, los actos acusados son académicos susceptibles de control judicial toda vez
que otorgaron un título académico, por lo que no lo asiste razón al tercero con
interés al indicar que los actos acusados son meros actos académicos y, que, la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no es la idónea para realizar su control.
Sobre el Acuerdo Académico núm. 002 de 2011
35. La Sala advierte, para efectos de resolver el caso concreto, que los artículos 5.°,
6.° y 7.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 prevén que, para optar al título
de abogado, se deben presentar y aprobar los exámenes preparatorios, así:
“[…] ARTÍCULO QUINTO - Adoptar el siguiente plan de estudios del Programa
de Derecho:
[…]
PREPARATORIOS
REQUISITOS DE
GRADO JUDICATURA O TRABAJO DE
GRADO
[…]
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López,
Número Único de radicación: 68001-23-31-000-2008-00475-01.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. Hernando Sánchez
Sánchez, Número Único de Radicación: 68001-23-31-000-2008-00483-01.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sala Unitaria, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-0324-000-2020-00248-00.
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ARTÍCULO SEXTO - La reforma curricular adoptada mediante el presente
Acuerdo rige para estudiantes que se matriculen por primera vez o
reingresen al programa de Derecho en el segundo período académico de
2011.
[…]
ARTÍCULO SÉPTIMO - Para optar al título de abogado, además de cursar y
aprobar las actividades curriculares del plan de estudios los estudiantes
deberán:
a. Presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
b. Presentar y sustentar un trabajo de investigación o hacer una práctica en la
judicatura.
c. Presentar y aprobar el examen de suficiencia en idioma extranjero.
d. Cursar y aprobar la actividad física formativa. […]” (Destacado y subrayado
de la Sala).
36. Esta Sección45 estudió la exigibilidad de los exámenes preparatorios en el
reglamento interno de la Universidad del Cauca y la obligatoriedad del reglamento
estudiantil para los estudiantes que se matricularon por primera vez o reingresaron
al programa de derecho a partir del segundo período académico de 2011,
considerando que:
“[…] 73. El Acuerdo 02 de 17 de febrero de 2011 reformó la malla curricular bajo la
modalidad de créditos y fijó las actividades curriculares obligatorias y electivas que
debían aprobar «los estudiantes que se matriculen por primera vez o reingresen al
programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011», según lo previsto
en su artículo 6°.
74. Por su parte, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 02 exigieron la presentación y
aprobación de exámenes preparatorios como un requisito tendiente a obtener el título
de abogado, en los siguientes términos:
[…]
75. En desarrollo de estas disposiciones, el Consejo de la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca expidió el Acuerdo 001 de
4 de diciembre de 2014, a efectos de reglamentar los aspectos administrativos,
sustanciales y procedimentales relacionados con la presentación y aprobación del
requisito de grado objeto de debate.
76.El citado Acuerdo 001 de 2014, en su artículo 1º, señala lo siguiente:
“(…) ARTICULO 1. Los exámenes preparatorios son prueba de aptitud académica y
profesional, para evaluar los conocimientos generales sobre las diferentes
asignaturas de la carrera, el criterio jurídico y la formación socio humanística del
estudiante. Podrán ser orales o escritos. El Comité de Programa en conjunto con los
departamentos establecerá las temáticas a evaluar en los diferentes exámenes de
preparatorios.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00240-00.
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Núm. único de radicación: 110010324000 2021 00381 00
ARTICULO 2. Los exámenes preparatorios de grado se deberán presentar en las
siguientes ramas del Derecho.
1. DERECHO LABORAL: Teoría General del Trabajo y Relaciones Jurídicas, Derecho
de las relaciones Laborales, Derecho laboral Colectivo, Derecho Procesal Laboral,
Derecho de la Seguridad Social.
2. DERECHO PENAL: Derecho Penal General, Teoría del Delito; Derecho Penal
Especial y Principios y Fundamentos del Derecho Procesal Penal; Estructura y
Contenidos del Proceso Penal, Oralidad Procesal y Criminología.
3 DERECHO PRIVADO I: Personas y Teoría del Negocio Jurídico: Derecho de
Familia: Derecho Privado Sucesiones.
4. DERECHO PRIVADO II: Bienes; Obligaciones; Contratos Privados.
5. DERECHO PRIVADO III: Teoría General del Proceso; Derecho Procesal Civil
General; Derecho Probatorio; Derecho Procesal Civil Especial (…)”.
77. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el referido
Acuerdo 02 de 2011 es una norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para
aquellos «estudiantes que se matricul(aron) por primera vez o reingres(aron) al
programa de Derecho en el segundo periodo académico de 2011», según lo previsto
en su artículo 6°. Tal disposición exige la aprobación de los exámenes preparatorios
como un componente obligatorio del currículo académico.
78. Esto significa que resulta totalmente acertado el planteamiento expuesto por la
Universidad del Cauca conforme con el cual su normatividad interna exige la
aprobación de los exámenes preparatorios a efectos de optar por el título de abogado.
[…]
84. En este orden de ideas, en criterio de la Sala, tanto el Acuerdo 02 de 2011 como
el Acuerdo 001 de 2014 determinan claramente que los estudiantes de Derecho
deben aprobar todos los exámenes preparatorios para optar por el título de
abogado(a). Estos actos administrativos, valga resaltarlo, no solo fueron expedidos
por las autoridades competentes, sino que definen cuáles son las temáticas objeto de
esa prueba de aptitud, y establecen un procedimiento para su desarrollo en virtud del
cual su presentación y aprobación se ve reflejada en distintas constancias
documentales físicas y virtuales […]”.
37. En efecto, esta Sala consideró que: i) el Acuerdo Académico 02 de 2011 “[…]
es una norma vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos estudiantes
que se matricularon por primera vez o reingresaron al programa de Derecho en el
segundo periodo académico de 2011, según lo previsto en su artículo 6° […]”; ii) el
Acuerdo 02 de 2011 exige la aprobación de los exámenes preparatorios como un
componente obligatorio del currículo académico; y iii) tanto el Acuerdo 02 de 2011
como el Acuerdo 001 de 2014 determinan claramente que los estudiantes de
Derecho deben aprobar todos los exámenes preparatorios46, para optar por el título
de abogado.
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Núm. único de radicación: 110010324000 2021 00381 00
Sobre la violación al debido proceso por no realizar el trámite previsto en el
artículo 97 de la Ley 1437
38. El tercero con interés directo en el resultado del proceso señaló que la parte
demandante vulneró el artículo 97 de la Ley 1437 porque no es la titular del derecho
particular y concreto contenido en los actos acusados; en consecuencia, debió
adelantarse el trámite previsto en la normativa citada supra respecto de Katerine
Castro Gómez.
39. La Sala precisa que la revocación de actos de carácter particular y concreto,
prevista en el artículo 97 de la Ley 1437, es un procedimiento administrativo en
virtud del cual la administración, de oficio o a solicitud de parte, puede dejar sin
efectos sus propios actos por las causales previstas en la ley; la norma señala que
“[…] si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y
solicitará al juez su suspensión provisional […]” (Destacado de la Sala).
40. La Sala, atendiendo lo expuesto anteriormente, como lo ha considerado en
asuntos similares47. considera que en el presente asunto no se violó lo dispuesto en
el artículo 97 de la Ley 1437, toda vez que nos encontramos en el marco del medio
de control de nulidad según lo previsto en el numeral 3.° del artículo 137 ibidem; en
consecuencia, no se advierte que la Universidad del Cauca, en el caso sub examine,
tuviera que adelantar el trámite de revocatoria directa.
Sobre la vulneración del principio de la buena fe
41. Esta Sección, ha reiterado que en virtud del principio de buena fe “[…] nadie
puede contravenir válidamente sus propios actos, cuando tal comportamiento es
objetivamente incompatible con su conducta precedente [...]”48; y, que, los
estudiantes de la Universidad del Cauca, al advertir las presuntas inconsistencias
en el registro de las notas en el SIMCA, tenían el deber “[…] de informar
oportunamente a las autoridades educativas las incongruencias en sus resultados
académicos y no pretender beneficiarse indebidamente del desorden administrativo,
47 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de noviembre
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200025000.
48 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024800.
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para obtener un título profesional sin el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos […]”49. por lo que, la salvaguarda de dicho principio, en los términos
solicitados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no puede
ser favorable a quien no ha cumplido con su deber.
Sobre la imparcialidad del equipo de seguimiento creado por la parte
demandante
42. El tercero interesado en el resultado del proceso manifiesta que el equipo de
seguimiento y apoyo creado por la Universidad del Cauca, a través de la Resolución
núm. R-695 de 2019, carecía de imparcialidad y competencia para determinar que
los estudiantes auditados no habían cumplido con los requisitos para obtener sus
títulos profesionales; sin embargo, no aportó prueba alguna que permitiera
confirmar su afirmación.
43. En tal sentido, esta Sección50 ha considerado que “[…] el juez establece en cada
caso concreto cuál de las partes está en mejores condiciones de probar los hechos
alegados51; sin embargo, ello no es óbice para que las partes cumplan el deber de
lealtad que les asiste en el proceso y que les impone suministrar todos los medios
de que disponen para acreditar la veracidad de los hechos alegados […]”.
44. Al verificar el informe presentado por la Universidad del Cauca se ha
considerado que “[…] no se elaboró en el marco de un proceso sancionatorio, por
lo que su traslado y contradicción debe realizarse en las oportunidades previstas
para el efecto, en este proceso […], oportunidad en la que no se cuestionó la
veracidad del citado informe, ni se aportaron pruebas con ese mismo fin […]”52.
45. Por lo tanto, la Sala concluye que el cargo formulado por el tercero con interés
directo en el resultado del proceso no prospera, en tanto el informe de equipo de
seguimiento cuenta con los soportes que permiten establecer el incumplimiento o
no en la presentación de la totalidad de los exámenes preparatorios para optar al
título de abogado, garantizándose su contradicción en el proceso de la referencia.
49 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 5 de octubre de
2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200026000.
50 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 6 de junio de 2024,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200029000.
51 Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 18 de junio de
2021, C.P. Nubia Margot Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2020-00264.
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Núm. único de radicación: 110010324000 2021 00381 00
Sobre los requisitos de grado de Katerine Castro Gómez
46. La Sala advierte, en el caso sub examine, que Katerine Castro Gómez se
matriculó al Programa de Derecho de la Universidad del Cauca en el segundo
período académico del año 201153, razón por la cual, la reforma curricular adoptada
mediante el Acuerdo citado supra le era aplicable; en consecuencia, como se
explicará infra, debió cumplir con la presentación y aprobación de los exámenes
preparatorios, como modalidad de requisito de grado.
47. Asimismo, se encuentra probado que el Rector de la Universidad del Cauca,
mediante la Resolución núm. R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y
apoyo a la mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros
de exámenes preparatorios del Programa de Derecho, el cual tenía a su cargo la
tarea de verificar, a partir del año 2015, el cumplimiento de las obligaciones
académicas de los estudiantes, egresados y graduados.
48. En el documento que se denominó “[…] INFORME SOBRE LA VERIFICACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE GRADO (PREPARATORIOS)
[…]”, se señaló lo siguiente:
“[…] IV. CONCLUSIONES
1. El (la) señor(a) CASTRO GÓMEZ KATERINE, […], presenta siete (07)
registros de preparatorios con nota aprobado (A) en SIMCA 2.0, de los cuales
una vez verificadas las diferentes fuentes de información (registro informático y
soportes físicos) se estableció que seis (06) de ellos cuentan con soporte
documental en la historia académica:
Preparatorio Derecho Administrativo
Preparatorio Bienes, Obligaciones y Contratos
Preparatorio Derecho Constitucional
Preparatorio de Familia
Preparatorio Derecho Laboral
Preparatorio Procesal Civil
2. El preparatorio Derecho Penal, registrado el 08 de octubre de 2015, en estado
de aprobado en el período académico 2015.2 carece de evidencia física o
documental en la hoja de vida o historia académica del estudiante, esta última
condición se indica con una X en la columna "Sin soporte en hoja física". Hecho
del que se deriva la imposibilidad de registrar información relacionada con la
"modalidad" que refiere a la forma de presentación del preparatorio que puede
ser escrito u oral; "fecha de presentación" que alude al día, mes y año de
presentación del examen preparatorio; "calificación" que detalla la nota
cualitativa o cuantitativa que el estudiante obtuvo en el examen preparatorio.
53 Cfr. Índice núm. 3 de Samai.
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3. Según reporte generado desde el Sistema de Recaudos de la Universidad del
Cauca - SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre
el primer periodo académico de 2011 y el primer periodo académico de 2019, el
(la) señor(a) CASTRO GÓMEZ KATERINE efectuó seis (06) pagos por
concepto de preparatorios, asociados a seis (06) preparatorios aprobados.
4. Conforme a lo anterior:
4.1. El preparatorio Derecho Penal aparece registrado como aprobado en
2015.2 (con fecha de registro 08 de octubre de 2015); sin embargo, el reporte
SQUID, que da cuenta de los pagos realizados a la Universidad entre el primer
período académico de 2011 y el primer período académico de 2019, no reporta
pagos por este concepto y no existe soporte documental que acredite su
presentación y nota aprobatoria. […]”. (resaltado de la Sala)
49. Con base en los informes indicados supra, sobre la verificación del cumplimiento
de los requisitos de grado que presentó el equipo de seguimiento y apoyo a la
mejora de los procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes
preparatorios del Programa de Derecho, se colige que, de conformidad con lo
previsto en los Acuerdos indicados supra, Katerine Castro Gómez, no aprobó la
totalidad de los exámenes preparatorios, con lo cual se acreditó la violación por
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parte de los actos acusados de las normas en que debían fundarse, en especial, de
los artículos 5.°, 6.º, y 7.° del Acuerdo Académico núm. 002 de 2011 y, en
consecuencia, declarará la nulidad de los actos acusados, en la medida que la
Universidad del Cauca no podía conferirle el título de profesional en derecho,
contrariando su propio reglamento.
50. Lo anterior, como ya lo ha advertido esta Sección54, desvirtúa la presunta
desorganización interna que alega el tercero interesado; en tanto que, a partir de
los registros de calificación de preparatorios del sistema SIMCA 2.0, del reporte de
pagos por concepto de preparatorios entregado por la División de Gestión
Financiera y de la Historia Académica de Katerine Castro Gómez, se logró
comprobar que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no cumplía
con los requisitos para optar al título de abogada.
51. Asimismo, la Sala advierte que la Universidad del Cauca no reportó haber
iniciado algún procedimiento disciplinario55 contra Katerine Castro Gómez, o de los
demás estudiantes con modificaciones en sus registros académicos; en tanto que,
conforme a lo previsto en el Acuerdo núm. 002 de 1988, solo se puede sancionar a
los estudiantes que incumplan sus deberes, pero en este caso, el tercero perdió la
calidad de estudiante al momento del grado.
52. Por último, conforme lo ha considerado esta Sección56 en asuntos similares:
52.1. Debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del Cauca
presentó graves deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 14 de julio de 200057 que le
impidió adoptar adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de
grado y, en consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título
profesional que en la presente decisión se está anulando, se instará a la institución
académica para que, en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos
internos que la regulan, adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar
54 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de noviembre
de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200006000.
55 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de
2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001032400020200024000.
56 Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de
27 de junio de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
11001032400020210044400; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de julio de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
24-000-2020-00240-00.
57 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
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Núm. único de radicación: 110010324000 2021 00381 00
si Katerine Castro Gómez estaría en condiciones de culminar el proceso de
graduación con la acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el
título de abogada.
52.2. Asimismo, se ordenará a la Secretaría de la Sección Primera de la
Corporación comunicar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del
Consejo Superior de la Judicatura la presente sentencia, para lo de su competencia.
Conclusiones de la Sala
53. La Sala considera que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de
legalidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución núm. R-557 de 26 de mayo
de 2017; ii) el Acta de Grado núm. 30 de 9 de junio de 2017; y iii) el Diploma núm.
868-17 de 9 de junio de 2017, motivo por el cual debe accederse a las pretensiones
de la demanda y, en consecuencia, declarará su nulidad.
Condena en costas
54. Vistos: i) el artículo 188 de la Ley 1437; y ii) el artículo 365 de la Ley 1564 de 12
de julio de 2012, en especial el numeral 8.°, sobre condena en costas, la Sala
considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que
se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de: i) el artículo 1.° (parcial) de la Resolución
núm. R-557 de 26 de mayo de 2017, respecto de Katerine Castro Gómez; ii) el Acta
de Grado núm. 30 de 9 de junio de 2017; y iii) el Diploma núm. 868-17 de 9 de junio
de 2017, expedidos por la Universidad del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INSTAR a la institución académica para que, en el marco de su
autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan, adopte las
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Núm. único de radicación: 110010324000 2021 00381 00
medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Katerine Castro Gómez estaría
en condiciones de culminar el proceso de graduación con la acreditación de los
requisitos que le hacen falta para optar por el título de abogada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación,
COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) del Consejo
Superior de la Judicatura la presente providencia, para lo de su competencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones
a que haya lugar.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los suscritos Magistrados
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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